El primer año de la reforma educacional y el círculo virtuoso que no fue

La posibilidad de una reforma educacional sustantiva en Chile vive días difíciles. Mientras las ideas conservadoras han logrado avanzar producto de la exitosa coordinación de sus diversos voceros, a saber, los partidos de oposición, la Confepa, los sectores conservadores de la DC y los “expertos” educacionales de la vieja Concertación; las ideas progresistas, en cambio, han retrocedido. Hoy existe una posibilidad cierta de que el proyecto de Inclusión vea diluir sus contenidos más transformadores y que los proyectos aún no enviados al Parlamento no representen apuestas verdaderamente transformadoras.

Los únicos incentivos que ha enfrentado el gobierno son a moderar su postura: el bajo crecimiento económico, la eficiente presión de los sostenedores, las protestas de los apoderados que rechazan los cambios, la baja densidad del movimiento estudiantil y su bajo o nulo compromiso con los aspectos positivos de la propuesta inicial

En esta columna discuto las que considero las causas de este retroceso, enfatizando que aun cuando la primera responsabilidad ha sido del gobierno y sus deficiencias técnico-políticas, la falla es generalizada y ha sido toda la izquierda, dentro y fuera del gobierno, la que no ha estado a la altura de las circunstancias.

El análisis de la situación actual debe partir por reconocer la complejidad de acometer una reforma de estas características. Dific ultad que no está solo en la elaboración técnica y política del nuevo diseño educacional, sino que está también en las características de la transición: la necesidad de que cada una de las reformas parciales vaya formando un todo coherente y la importancia de que estas reformas y sus logros parciales vayan fortaleciendo el apoyo político y social en torno a la orientación general, de modo de hacer políticamente sustentable el tránsito del viejo al nuevo sistema.

Frente a este difícil desafío, el problema de primer orden ha estado en el actuar del gobierno. Sin embargo, cabe mencionar que a diferencia de los gobiernos de la Concertación, algunos de los proyectos hasta ahora enviados denotan un intento serio por hacer importantes cambios de rumbo en el esquema educacional chileno.

¿Qué se le puede criticar al gobierno desde una perspectiva favorable a una reforma educacional sustantiva? En mi opinión dos han sido los principales problemas. Por un lado, es innegable que la coalición de gobierno llegó muy mal preparada para emprender esta reforma. Al respecto se debe considerar que desde el 2011 se tuvieron más de dos años para haber llegado con ideas y fórmulas mucho más acabadas, en algunos casos con más de alguna alternativa de los distintos componentes de la reforma, sobre todo si se iba a tener la irresponsable idea de autoimponerse la regla de presentar grandes reformas en menos de 100 días. No es descartable como explicación principal de este déficit, la necesidad de la Nueva Mayoría de atrasar lo máximo posible las definiciones políticas, como una forma de mantener unida una coalición muy heterogénea.

Así, lo central no es si se debió o no partir por la reforma al sistema público, ya que aquello también implicaba una alta resistencia. El problema fue que se comenzó sin tener definido el diseño general. Aquello tiene consecuencias muy concretas, por ejemplo, no es claro que los nuevos recursos provenientes de la reforma tributaria vayan a ser suficientes, lo que puede hacer inviable los proyectos que se tramiten al final del gobierno (por ejemplo, los de educación superior). A su vez, la forma en que se propone terminar con el copago (objetivo que comparto plenamente) impone importantes restricciones al posible cambio del sistema de financiamiento de las escuelas públicas y privadas (el peso de los componentes de oferta y de demanda), posibilidad de cambio que el gobierno ha decidido mantener hasta ahora en la más absoluta ambigüedad.

Por otro lado, el segundo problema del gobierno -en este caso claramente no fruto de un “error”- es que se ha tratado de hacer una reforma educacional con las ideas de la Nueva Mayoría, pero con las formas de la Concertación: grandes cambios con una sociedad desmovilizada. El ejemplo paradigmático de este enfoque fueron los diálogos ciudadanos. Estos diálogos fueron “exitosos” en contener al mundo social, e irrelevantes para la definición de política. El gobierno sigue viendo al movimiento social como un problema, un estorbo, y no como un actor clave que debe sumar y movilizar para hacer políticamente viable una reforma que, como hemos señalado, genera una poderosa resistencia.

En otro plano, el panorama no es más alentador si se analiza el rol que ha jugado el movimiento estudiantil, y en general la izquierda fuera de la Nueva Mayoría. Su estrategia, equivocada a mi juicio, parte de un diagnóstico distinto al esbozado en los párrafos anteriores. En vez de ver un diseño difuso, pero con una intención reformadora por parte del  gobierno, ven un diseño claro, donde ya todo está definido, con un carácter no reformador, igual al de los gobiernos pasados de la Concertación. Así, cada moderación de los proyectos del gobierno, cada ambigüedad discursiva (de las cuales ha habido en exceso), se interpreta como otra prueba más de que no hay nada nuevo en la Nueva Mayoría. No ven una coalición con tensiones relevantes, con fragilidades e improvisaciones, donde el carácter está en disputa; y, por lo mismo, cuando el gobierno se modera no se preguntan por su responsabilidad en ese resultado, sino que ven aquello como una confirmación de que el carácter del gobierno ya está definido de antemano, de que tenían razón en no ser parte de la Nueva Mayoría.

Necesitamos entrar en un círculo virtuoso, en que las apuestas más osadas del gobierno refuercen y se vean reforzadas por la movilización de los actores sociales. Para esto no es necesario estar de acuerdo en todo

El mejor ejemplo para ilustrar las falencias de este diagnóstico y estrategia política de la izquierda que está fuera de la Nueva Mayoría y del movimiento social es lo sucedido en el debate sobre lucro y arriendos. El debate partió con una osada propuesta de ley por parte del Ministerio de Educación, la que buscaba eliminar efectivamente el lucro en la educación escolar, sobre la base de anular toda posibilidad de arriendo. La propuesta, entre otras cosas, implicaba que la Iglesia Católica no podría seguir financiando parte de sus actividades (no educacionales) en base al autoarriendo de inmuebles. La reacción frente a esta propuesta por parte de la izquierda extra NM y del mundo social fue una mezcla de silencio (nadie instaló en el debate el porqué una propuesta de este tipo complicaría a la Iglesia Católica), relativización de la importancia de la medida (enfatizando que iban a lucrar de otras maneras) y en algunos casos de crítica frontal (se decía que el gobierno no había entendido nada de la movilización social, y que esta propuesta tergiversaba lo que realmente se quería). El resultado final fue el más esperable: la Iglesia Católica y otros sostenedores “hicieron la pega”, presionaron eficientemente, y lograron que se retrocediera parcialmente en esta medida, incorporándose, entre otras cosas, una indicación que permite arrendar a un tercero no relacionado cuando este último no tiene fines de lucro, un traje hecho a la medida de la Iglesia Católica.  Al respecto, no deja de ser irónico que una vez que se mandó esta indicación surgieran voces desde la izquierda y el movimiento social criticando la medida, argumentando que constituía un importante retroceso, cuando antes no se había considerado como un importante avance.

Este ejemplo no es una excepción, ya que desde que se mandó la primera versión del proyecto que intenta poner fin al lucro, copago y selección; los únicos incentivos que ha enfrentado el gobierno son a moderar su postura: el bajo crecimiento económico, la eficiente presión de los sostenedores laicos y eclesiásticos, las protestas de los apoderados que rechazan los cambios, la baja densidad del movimiento estudiantil y su bajo o nulo compromiso con los aspectos positivos de tal propuesta inicial, etc. El gobierno podría resistir y tener un compromiso con las reformas a toda prueba, pero sería ingenuo pensar que producto del 2011 y de la incorporación del PC, pasaríamos de un conglomerado con un carácter neoliberal prácticamente uniforme, como fue en las cuatro primeras administraciones de la Concertación, a un gobierno que empujaría las reformas profundas contra viento y marea.

En resumidas cuentas, las deficiencias técnico-políticas del gobierno, así como la mutua desconfianza entre el gobierno y el movimiento social, configuran un escenario que hace peligrar la viabilidad política de un proceso de reforma. De este modo, revertir este difícil momento pasa, entre otras cosas, porque los distintos sectores que abogan por una reforma profunda, cambien su estrategia y, así como las fuerzas conservadoras, logren empujar en una misma dirección desde sus distintas coaliciones políticas.

No hay ninguna posibilidad de desplegar este círculo virtuoso sin que el gobierno mantenga y fortalezca su compromiso transformador. Ese es el rol irremplazable de los sectores progresistas que son parte de la Nueva Mayor

Necesitamos entrar en un círculo virtuoso, en que las apuestas más osadas del gobierno refuercen y se vean reforzadas por la movilización de los actores sociales. Para esto no es necesario estar de acuerdo en todo, ni mucho menos converger todos en un mismo sector político (es cosa de ver como lo hace el mundo conservador), sólo se requiere que cada uno haga su parte: el gobierno debe proponer leyes que tengan un carácter transformador, en una dinámica que no apueste por la neutralización del mundo social, y el mundo social y la izquierda extra NM debe recuperar su capacidad de movilización, su capacidad de propuesta, y apoyar sin cálculos ni temores las propuestas del gobierno que cumplan con una orientación transformadora.

Ante todo, no hay ninguna posibilidad de desplegar este círculo virtuoso sin que el gobierno mantenga y fortalezca su compromiso transformador. Ese es el rol irremplazable de los sectores progresistas que son parte de la Nueva Mayoría. Y en justamente ahora, en el debate de la nueva institucionalidad para la educación pública, donde ese rol se debe jugar. Una propuesta que exprese una decidida preferencia por la educación publica, para revertir la historia reciente y avanzar hacia un país donde ella tenga un peso especifico relevante y sea paradigma de calidad, podría constituir el primer paso para la configuración de un movimiento social y ciudadano que de sustentabilidad política a la reforma. Una propuesta deslavada y timorata, que no exprese con fuerza esa preferencia, solo nos va a llevar a un 2015 de confrontación y estancamiento de la reforma.

 

La fallida promesa democrática

El acuerdo tributario entre la derecha y parte de la Nueva Mayoría no solo nos recuerda a la Concertación y su capacidad infinita para diluir toda reforma económica sustancial; nos recuerda también la difícil relación entre democracia y poder económico.

Esta compleja relación está en la base de la crítica que Gerald Cohen le hiciera, desde una posición igualitarista, al principio de diferencia de John Rawls (1). El principio de diferencia puede ser enunciado de la siguiente manera: se aceptará desigualdad siempre y cuando ésta permita mejoras de bienestar para los más desfavorecidos. De este modo, si fuese verdad lo que dice el empresariado y la derecha, en cuanto a que el aumento de los impuestos a los sectores de más ingresos terminaría perjudicado a los pobres (algo discutible, en este caso al menos), encontraríamos en Rawls una justificación ética para el accionar de la derecha política y económica.

Cohen, sin embargo, no consideraba esta argumentación moralmente válida. El centro de su crítica a la aplicación del principio de diferencia adopta la siguiente forma: resulta aceptable -justo- sacrificar igualdad si tal sacrificio es condición para mejorar la situación de los menos favorecidos, siempre y cuando la causalidad que media entre la desigualdad y el bienestar de los desfavorecidos -el hecho que la desigualdad sea condición necesaria-, no sea endógena para un sector de la sociedad, en tal caso la validez moral del enunciado dependerá de qué persona lo sostenga.

Cohen argumentaba que no tiene el mismo valor moral la afirmación de un detective que dice: señora si no pagamos la fianza lamentablemente su hijo será ejecutado, respecto a la misma afirmación hecha por los secuestradores, señora si no paga la fianza lamentablemente su hijo será ejecutado. En este caso, la palabra “lamentablemente” no puede ser efectivamente sentida por los secuestradores, pues de ellos depende la existencia del hecho por el cual supuestamente se lamentan, son ellos los que hacen cierta la premisa de la afirmación.

Nada muy distinto a la postura del empresariado chileno, a saber, no es moralmente aceptable su afirmación de que si se suben los impuestos serán las personas de menores ingresos las que pagarán las consecuencias, pues depende de ellos, de sus decisiones de inversión, que aquello sea cierto. A este comportamiento de los empresarios se le suele llamar huelga de capital. En otras palabras, no es un principio moralmente aceptable el que nos propone renunciar a lo que deseamos mayoritariamente como sociedad, si producto de la acción desestabilizadora de una minoría esa política que deseamos implementar se vuelve indeseable (o muy costosa).

Así, la crítica de Cohen a Rawls da cuenta de una relación entre poder político y poder económico inherente a las sociedades capitalistas. A su vez, permite distinguir dos agendas políticas que la izquierda debiese empujar. Por un lado, dado los márgenes de lo posible, que se determinan en parte por el poder de veto de los capitalistas (la huelga de capital), la izquierda debe hacer sus mayores esfuerzos para lograr ubicar las políticas distributivas de ingresos en la frontera de tales márgenes. Por otro lado, consciente de lo inaceptable de dicho poder de veto, la izquierda debe promover a largo plazo una agenda que tenga como fin la eliminación de este poder.

Estas dos estrategias, la primera enunciada -pero no llevada a la práctica- por los gobiernos de la Concertación y la segunda simplemente olvidada, son complementarias y ambas necesarias para enfrentar, con cierta probabilidad de éxito, el problema de la desigualdad en Chile.

Como suele ser un debate ausente, en lo que queda me centro en la segunda estrategia (i.e., la limitación del poder de veto).

LIMITAR EL PODER DE VETO DE LA ELITE

El sistema de AFPs, además de no dar pensiones dignas, representa una excepción a la lógica capitalista, ya que en este caso la acumulación de riqueza no necesariamente implica mayor poder para quienes la acumulan. Bajo el argumento que lo único importante es la rentabilidad de los fondos, se implementó un sistema en que los ahorros de los trabajadores no le permiten a estos tener mayor incidencia en el curso que toma la sociedad. Más aun, lo más probable es que sus ahorros actúen en contra de sus intereses.

Los mecanismos detrás de esta excepción son múltiples, aunque todos se deben al hecho que la decisión de dónde invertir se basa principalmente en la rentabilidad de la inversión. Por ejemplo, si aumentan los impuestos en el país, los fondos de las AFP -con cierto límite- se pueden ir a otro país, lo que puede afectar el empleo, pudiendo limitar la deseabilidad de tales reformas: ¡una huelga de capital con los propios ahorros de los trabajadores! A su vez, los fondos pueden favorecer empresas que paguen bajos salarios o que tengan prácticas antisindicales; también pueden permitir el desarrollo de empresas que contaminan más que el promedio; todo esto es posible si tales empresas dan una mayor rentabilidad que el resto. De esta manera, a diferencia de la elite económica, que sí logra una sobre representación en el campo político producto de su capacidad de ahorro, los trabajadores comunes y corrientes prestan forzosamente los ahorros de toda su vida aun cuando la dinámica de inversión de tales ahorros limite su poder de negociación al interior de la empresa, destruya el medio ambiente donde habitan o restrinja el conjunto de políticas distributivas viables.

Así como transformar el sistema de pensiones puede limitar el poder de veto de la elite, existen otras agendas políticas que también pueden tener efectos en la misma dirección. A saber, se puede desconcentrar la propiedad privada con una sustantiva política industrial, toda vez que las economías basadas en innovación suelen tener derechos de propiedad más difusos que las economías basadas en la explotación de recursos naturales. También se pueden elevar los impuestos a la riqueza y a las herencias (apostando por su eliminación) o dar un mayor peso relativo a la inversión del Estado, con una preocupación especial por la densidad democrática en tales decisiones. Por último, la izquierda no debe abandonar su búsqueda por transformaciones más radicales de las lógicas capitalistas, por ejemplo experimentando y estudiando los efectos de las cooperativas y de la democracia al interior de las empresas, incluyendo sus decisiones de inversión.

Cabe reconocer cierta ingenuidad en el trasfondo de mis palabras, problema que creo es inherente a toda postura que piensa que es posible hacer transformaciones profundas de modo gradual. En efecto, si la izquierda desarrolla una estrategia que se propone, etapa por etapa, desmantelar los mecanismos que la elite posee para estar sobrerrepresentada políticamente, ¿por qué la elite no utilizaría su poder, aún no debilitado en tal momento, para detener tal estrategia en las primeras etapas? En otras palabras, el gradualismo con horizonte radical presupone la menor capacidad de la elite de prever el derrotero lógico de una estrategia transformadora de este tipo. Y sabemos, gracias a decenas de ejemplos históricos, algunos de ellos dolorosamente cercanos, que este no es el caso.

Sin embargo, la ingenuidad no está solo de mi parte. Existe también una importante cuota de ingenuidad en la elite económica, si es que piensa que era posible echar a correr el ideal democrático, en que los pueblos serían los dueños de su destino, sin que nunca se cumpla tal promesa.

(1) Gerald Cohen (1991). Incentives, Inequality, and Community. The Tanner Lectures on Human Values. Stanford University (http://tannerlectures.utah.edu/_documents/a-to-z/c/cohen92.pdf).

 

Lucro y educación

El debate respecto a si permitir o no el lucro en educación tiene distintos planos. En un plano más general, esta discusión se refiere al rol del mercado y la democracia en una sociedad, y a los límites que se ponen el uno al otro. En un plano estrictamente educacional, este debate dice relación con la capacidad efectiva de los mecanismos de mercado para asegurar ciertos estándares de calidad educativa y, aunque en esto se ponga menos énfasis, respecto al potencial impacto de las dinámicas de mercado en la formación integral de los estudiantes. El mercado no es sólo una forma de distribuir recursos; al igual que otras instituciones económicas, su carácter también afecta los valores, las preferencias y personalidades de los individuos.

En esta columna, el análisis se centra en la capacidad efectiva de las dinámicas de mercado para promover una educación de calidad para todos. El punto de partida es que existen buenas razones para desconfiar de un diseño institucional con el afán de lucro como motor.

Partamos por lo esencial: el fin de lucro y la calidad educativa sólo pueden ser objetivos complementarios en un contexto en el que los dueños de los colegios con fines de lucro se vean forzados a mejorar la calidad educativa como la única forma de aumentar sus utilidades. Esto, aunque a veces se olvida, no debiese sorprender a nadie, ya que ésta es justamente la ventaja potencial (y también pobreza moral) del mercado: la competencia nos fuerza a trabajar por la calidad de vida de los otros, aun cuando nuestro único fin sea el beneficio individual. Esta fue precisamente la buena nueva de Adam Smith.

Así las cosas, cabe discutir la efectividad de los mecanismos que obligarían a los dueños de colegios con fin de lucro a hacer sus mejores esfuerzos para mejorar sus prácticas educativas. Por un lado, la elección de colegios por parte de las familias en un contexto en que el financiamiento va atado a la demanda –y por lo tanto tiene consecuencias en el presupuesto del establecimiento– teóricamente podría tener este rol. Sin embargo, hay una larga lista de elementos que dificultan este mecanismo, por nombrar algunos: (a) los padres no sólo seleccionan por el potencial aprendizaje de sus hijos, también consideran la distancia, el credo religioso, la composición socioeconómica del colegio, etc.; (b) los padres pueden tener dificultad para evaluar la calidad de un colegio, sobre todo cuando los colegios –como pasa en Chile– tienen estudiantes tan distintos entre sí. De esta manera, tanto las consideraciones de las familias que van más allá de la calidad educativa como, a su vez, las dificultades que éstas tienen para entender y procesar la información relativa a la calidad del establecimiento, dan cierto poder de mercado al dueño del establecimiento, lo que se traduce en su capacidad de aumentar sus utilidades sin necesidad de mejoras educativas.

Por otro lado, un mecanismo alternativo o complementario al rol disciplinador de la demanda, es la fiscalización de los colegios por parte de alguna autoridad pública. La limitante en este caso dice relación con la multidimensionalidad y complejidad del proceso educativo, lo que queda ilustrado con la experiencia del SIMCE, prueba que ha sido uno de los ejes centrales de la fiscalización del Estado: Si lo que necesitas para poder tener utilidades es lograr que los estudiantes de tu colegio tengan un buen desempeño en una prueba de alternativas, ¿por qué gastar dinero en recursos pedagógicos que desarrollen su creatividad u otros aspectos de su desarrollo integral?

De este modo, parece haber buenas razones para pensar que no existen mecanismos suficientemente efectivos para forzar la complementariedad entre el afán de lucro y la calidad educativa.

¿Qué dice la evidencia empírica al respecto, incluso restringiendo la definición de calidad al valor agregado por el colegio en el SIMCE? Un trabajo de José Zubizarreta,  Ricardo Paredes y Paul Rosenbaum, que está por aparecer en la prestigiosa revista Annals of Applied Statistics, compara el rendimiento académico de estudiantes que se cambian de un colegio público a un colegio privado con fines de lucro con aquellos que lo hacen a un colegio privado sin fines lucro. El trabajo utiliza datos del SIMCE en el Gran Santiago para los alumnos que cursaron octavo básico en su antiguo colegio en 2004 y con el resultado que obtuvieron en segundo medio en 2006 en sus nuevos colegios. Se encuentra que los alumnos que se cambian a un colegio sin fines de lucro aumentan sus puntajes en matemáticas en aproximadamente 12 puntos por sobre los que se cambian a un colegio con fines de lucro, y, en el caso de lenguaje, el aumento es de aproximadamente 6 puntos.

En total, son cerca de 18 puntos que los alumnos de colegios sin fines de lucro obtienen por sobre los con fines de lucro, lo que es una diferencia considerable (a modo de comparación, esta diferencia es entre dos y tres veces más grande que el efecto que se estima por la implementación de la jornada escolar completa en Chile a fines de la década de los 90, según un estudio de Cristián Bellei publicado en la revista Economic Educational Review). Un análisis de sensibilidad sugiere que los resultados son relativamente robustos a sesgos de variables no observadas.

Incluso en el caso hipotético, contrario a la evidencia presentada, de que en promedio las dinámicas de mercado promovieran una mayor calidad educativa, no se debe soslayar el elemento diferenciador del mercado. En una industria cualquiera, la muerte y nacimiento de empresas puede ser un signo de vitalidad de la industria, un reflejo de las consecuencias de la innovación. En otras palabras, cuando un mercado funciona bien hay ganadores y perdedores, tensión que empuja hacia la creación de nuevas ideas y el desarrollo del mercado.  ¿Tiene sentido algo así en educación? ¿Estamos dispuesto a aceptar que  algunos estudiantes reciban educación de menor calidad como forma de asegurar el buen funcionamiento del mercado? Dado que los estudiantes tienen una sola vida y una sola oportunidad de tener una buena educación, este no parece ser el mejor camino.

 

Las culpas de la focalización

Uno de los discursos que instaló la dictadura y que la Concertación hizo suyo es la idea de la focalización de los recursos del Estado.

El argumento a favor de focalizar es el siguiente: sea cual sea el nivel de gasto al cual el Estado se puede comprometer de manera sostenible, si nuestra mayor preocupación es mejorar la vida de las personas con menores recursos económicos, el gasto del Estado debe concentrarse en este grupo objetivo.

En mi opinión, este criterio es pertinente en diversos ámbitos de la política pública. Un buen ejemplo es cuando se discute el subsidio a los combustibles. Sin embargo, la focalización puede implicar diversos problemas, donde -como muchos han enfatizado en el debate educacional-  el riesgo de aumentar la segregación es uno de ellos.

En salud y educación la elite ha desarrollado un sistema aparte para sus miembros, lo que ayuda a explicar la poca urgencia con que el sistema político ha abordado el déficit en los respectivos sistemas públicos

Otro potencial problema de la focalización, el cual abordo en este texto, es que aún cuando analíticamente tiene sentido hacer el ejercicio de discutir cómo asignar los recursos del Estado asumiendo un monto fijo y determinado, la focalización puede terminar perjudicando a los más pobres si la forma en que se distribuyen los recursos tiene un efecto no despreciable sobre el monto a distribuir.

El argumento que voy a desarrollar se deriva de dos premisas que son particularmente válidas para el caso chileno.

Premisa 1: Aunque no es el único factor, las preferencias políticas de cualquier grupo-sector-clase social están fuertemente determinadas por la forma como tales políticas afectan su calidad de vida.

Premisa 2: Las preferencias políticas de la elite económica están sobre representadas en la determinación de la orientación de las políticas públicas. Esto quiere decir, por una parte, que la elite económica tiene la posibilidad de incidir en la deliberación democrática -o sea, estar sobre representada-  a través de una serie de mecanismos directos, tales como: el financiamiento de campañas, el lobby, el enfoque editorial de sus medios de comunicación, etc. Estos mecanismos pueden, en principio, ser parcialmente desactivados por una mejor regulación, pero nada de aquello ha sucedido en Chile.

Además, la elite económica tiene una serie de mecanismos para incidir -o sea, estar sobre representada- en la deliberación democrática. Estos mecanismos son difíciles de regular-limitar, toda vez que son consustanciales al orden capitalista y su inherente concentración de la propiedad de medios de producción.

Nada más claro para ilustrar este punto que las recientes palabras del ministro de Hacienda, Felipe Larraín, quien señaló: “las propuestas de la Concertación y el PC están afectando la inversión”. Más allá del poco sustento empírico de estas palabras (pues Bachelet no es un “problema” para el mercado), sí grafican una característica propia del capitalismo, a saber, quienes concentran los recursos económicos pueden limitar los márgenes de lo socialmente posible a través de sus decisiones de inversión. Es decir, el propio ejercicio de sus intereses, en este caso la decisión de inversión, presiona al sistema político por el resguardo de tales intereses.

Sobre la base de estas dos premisas vuelvo al argumento central de esta columna.

Si la focalización de los recursos públicos genera un servicio de mala calidad, que sin embargo, no afecta el estándar de vida de la elite económica, este sector no tendrá mayor interés en mejorar tal servicio (premisa 1); Además, dado el mayor peso de la elite en el debate político (premisa 2), será menos probable aunar los recursos necesarios para mejorar dicho servicio deficitario. En otras palabras, la focalización reducirá el monto recaudado para la implementación de tal política pública.

Ejemplos que avalan este mecanismo sobran. Basta con pensar en la salud y la educación en Chile, servicios en los cuales la elite ha desarrollado un sistema aparte para sus miembros, lo que sin duda ayuda a explicar la poca urgencia con que el sistema político ha abordado el déficit en los respectivos sistemas públicos. ¿Cuánto más se invertiría en educación pública si los hijos de los dirigentes de la Sofofa tuvieran a sus hijos en tales escuelas? ¿Se hubiese necesitado de los movimientos del 2006 y 2011 para poner en el debate público la crisis de la educación si la elite económica tuviese a sus hijos en el sistema subvencionado y público? ¿Cuánto más se invertiría en salud pública si la elite compartiera el miedo de los pobres y la clase media de que su hospital no tenga la tecnología que puede salvar sus vidas?

La moraleja es simple: una condición necesaria para vivir en un mejor país, es lograr que la elite viva en el mismo país que el resto

Así, tener sistemas nacionales de educación y salud, en el que todos accedan al mismo servicio, no es sólo un asunto de igualdad de oportunidades, integración y derechos sociales; sino que es además un elemento indispensable para asegurar la calidad de estos servicios en países en los que, como Chile, la elite tiene distintos mecanismos, institucionales y extra institucionales para determinar el cauce de las políticas públicas. La universalidad del gasto -o sea la no focalización- en educación y en salud puede finalmente redundar en una mejor salud y educación para los sectores más vulnerables.

La moraleja es simple: una condición necesaria para vivir en un mejor país, es lograr que la elite viva en el mismo país que el resto.

El fin del lucro y las razones para dudar de la promesa de Bachelet

Para ser honesto, no creo que vaya perdonar alguna vez a Michelle Bachelet la aprobación de la LGE y la imagen de los presidentes de la Concertación y la derecha con las manos arriba celebrando su acuerdo. Señalo esto porque en el debate político no sólo pesan los argumentos y las razones, sino también la experiencia, la confianza… la guata.

Si producto de la presión social ha sido un gobierno de derecha el que ha propuesto sacar a la banca privada del sistema universitario, por cierto que es posible terminar con el lucro en un gobierno de la Concertación

Pienso que así como otras generaciones ven en Bachelet a la mujer valiente de compromiso y lucha contra la dictadura, muchos de mi generación vemos en ella la personificación de un sector político que tuvo agallas para enfrentar a la dictadura, pero que, con el tiempo, perdió la vocación transformadora. Tratando de ser justo, creo que ambas generaciones tienen el derecho de anclar sus expectativas en las experiencias que han marcado su vida política.

Hecha esta aclaración, este artículo está dirigido al lector indeciso, a quien tibiamente le entusiasman los últimos anuncios de la ex presidenta. El propósito es convencerlo de que hay buenas razones para dudar. Para ello, discuto momentos del gobierno de Bachelet en su reacción al movimiento pingüino del 2006, los que a mi juicio dan cuenta de los riesgos de depositar en su nuevo gobierno las esperanzas de transformación.

GUERRA COMUNICACIONAL

El 21 de mayo del 2006, cuando las movilizaciones de los secundarios ya levantaban las demandas de desmunicipalización, fin a la LOCE y fin al lucro; el discurso de la presidenta no hizo mención a tales demandas. En cambio, se centró en los episodios de violencia, señalando:

“Quiero ciudadanos críticos, conscientes, que planteen sus ideas y sus reivindicaciones. Pero esa crítica debe hacerse con un espíritu constructivo, con propuestas sobre la mesa y, lo más importante, a cara descubierta y sin violencia. Quiero ser muy clara: lo que hemos visto en semanas recientes es inaceptable. ¡No toleraré el vandalismo, ni los destrozos, ni la intimidación a las personas! Aplicaré todo el rigor de la ley. La democracia la ganamos con la cara descubierta y debemos continuar con la cara descubierta”. (Lea el discurso completo).

Mi lectura de estas palabras es que fueron un intento por deslegitimar las movilizaciones, polemizando en torno a sus formas y no a su fondo (práctica común en los gobiernos concertacionistas). Quitando la discutible alusión a la forma cómo se derrotó a la dictadura, este párrafo bien podría ocuparse para argumentar a favor de la “Ley Hinzpeter”.

Las preguntas que surgen de este evento son: ¿cómo es posible que un gobierno de centro izquierda haya tenido esa estrategia comunicacional frente a un movimiento estudiantil inédito y esperanzador, cuyas demandas buscaban una mayor igualdad educacional? ¿Qué hubiera pasado si la estrategia de poner el acento en la violencia hubiese dado sus frutos?

Por suerte el movimiento pingüino ganó la pelea comunicacional y el gobierno cambió su estrategia: escuchó las demandas y -en lo que fue una valiosa apuesta del gobierno de la ex presidenta- convocó a un innovador consejo para discutirlas: el Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación. Lamentablemente, después Bachelet mudó nuevamente su estrategia y finalmente llegó a un acuerdo “entre cuatro paredes” con la derecha.

¿ERA EL CONGRESO EL PROBLEMA?

El informe del Consejo de Educación fue un reflejo de lo dividida que estaba y está la sociedad chilena respecto a qué hacer con la educación. Por un lado, la derecha junto con el sector liberal de la Concertación y, por el otro, el mundo social se sumó con sectores progresistas de la Concertación.

La apuesta de las fuerzas transformadoras con arraigo en el mundo social debe ser articular un frente político-electoral que tensione a la Concertación desde fuera y que sea una real amenaza electoral frente a los otrora exitosos intentos de moderación, que de seguro se expresarán con fuerza en el nuevo gobierno de Bachelet

Frente a un informe que exigía dirimir posturas, Bachelet en una primera instancia apostó por el segundo grupo. En efecto, su texto inicial proponía para todos los establecimientos escolares que recibieran financiamiento público, el término de la selección hasta sexto básico por cualquier motivo y el fin al lucro. La propuesta fue duramente atacada, entre otros actores, por la Iglesia Católica, lo que llevó a Bachelet a retirarla y a configurar un grupo de negociación que ya no incluía al mundo social. (Un texto que resume la postura católica es esta columna del cardenal Errázuriz en la que alega en contra del fin del lucro y a favor de la posibilidad de seleccionar por proyecto educativo.

Así nació la LGE, en la que no sólo se borró lo relativo al lucro, sino que además se mantuvo la selección por “proyecto educativo”, lo que implicaba que colegios religiosos que recibían financiamiento del Estado, podían seleccionar estudiantes de acuerdo a las características de sus padres (e.g. si estaban casados).

Por estos días la ex presidenta ha señalado que ella siempre se jugó por mayores transformaciones (e.g. contra el lucro) y que fue la derecha quien no se lo permitió. Hay tres hechos que cuestionan aquello.

Primero, el problema no era sólo la derecha. Fue pública la disputa que existió en la DC pues destacados dirigentes de ese partido criticaron la propuesta de fin al lucro, mientras los militantes que estaban a favor de ella alegaban que tal medida era un acuerdo del congreso ideológico recién acontecido.

Segundo, si enfrentada al rechazo de la derecha y de parte de la Concertación Bachelet hubiese querido dar una señal clara contra el lucro, bastaba con pedir a su ministra de Educación que lo fiscalizara en la Educación Superior (era un fenómeno conocido al menos desde el gobierno de Lagos). Como en aquel nivel educacional el lucro era ilegal, no se necesitaban de los votos de nadie para tal decisión, sólo era un asunto de voluntad (así han argumentado los diputados concertacionistas al votar en la acusación al ministro Beyer).

La presidenta ya mostró cómo frente a la presión puede pasar de las banderas anti-lucro al envío de proyectos que sólo convencen y alegran a la derecha

Tercero, en la votación final de la LGE, mientras toda la derecha votó a favor, entre la Concertación y los independientes hubo 12 votos en contra y 7 abstenciones. En palabras simples, el segundo proyecto enviado por Bachelet fue visto por sus propios parlamentarios como conservador y nadie de la derecha lo vio como una amenaza a su visión educacional. Fue público como uno de los diputados más respetados de la Concertación y cercano a Bachelet, Carlos Montes, tuvo una postura contraria a la LGE y sólo luego de múltiples presiones el gobierno logró que se abstuviera.

En esta misma línea, la diputada Clemira Pacheco (socialista), señaló: Este es mi gobierno. Yo soy concertación. Pero también soy crítica. Por eso voté que no a la LGE”.

LA GUINDA DE LA TORTA

El golpe que significó la LGE a toda esperanza de cambio se vio reforzado por una decisión que, más allá de las negociaciones propias del ejercicio del cargo, era de exclusiva responsabilidad de la presidenta.  El 18 de abril del 2008, luego de la destitución de Yasna Provoste, Mónica Jiménez fue nombrada ministra de Educación.

Si el gobierno y la presidenta tenían aún alguna intención de aprovechar el tremendo impulso transformador de la revolución pingüina, ¿por qué nombrar en el cargo a la que seguramente era hasta la fecha la ministra más conservadora desde la vuelta a la democracia?

Con todo, no se trata de discutir qué es lo que realmente quiere o quería Bachelet (difícil sería cuestionar su militancia y trayectoria de izquierda), sino de pensar cuáles son las reales posibilidades de transformación con Bachelet y cuál es la mejor estrategia para que ello suceda. Después de todo, si producto de la presión social ha sido un gobierno de derecha el que ha propuesto sacar a la banca privada del sistema universitario, por cierto que es posible terminar con el lucro en un gobierno de la Concertación.

En mi opinión, la apuesta de las fuerzas transformadoras con arraigo en el mundo social debe ser articular un frente político-electoral que tensione a la Concertación desde fuera, que politice a la juventud movilizada (dejando de lado cierto purismo) y que sea una real amenaza electoral frente a los otrora exitosos intentos de moderación, que de seguro se expresarán con fuerza en el nuevo gobierno de Bachelet. La presidenta ya mostró cómo frente a esa presión puede pasar de las banderas anti-lucro al envío de proyectos que sólo convencen y alegran a la derecha.

Como muchos ya han señalado, esta estrategia no implica cerrarse a posibles acuerdos electorales focalizados en los distritos en que se pueda doblar, ya que en cualquier escenario es importante “tener los votos” en el Parlamento. Pero la moraleja de toda esta historia es que lo peor que podrían hacer las fuerzas transformadoras es sumarse al llamado a conformar un “Parlamento para Bachelet”.

Bachelet será la próxima presidenta de Chile, de eso poca duda cabe, pero la historia nos susurra al oído: esta vez las transformaciones no dependan de ella.

 

 

La U. del Mar y la generación estafada

Nadie está en condiciones de negar que el cierre de la Universidad del Mar y el conjunto de irregularidades que causaron esta decisión representan un hecho de suma gravedad en la historia del sistema de educación superior chileno. Más allá de las garantías que el Estado debe entregar a los estudiantes de esta universidad (e.g. la continuidad de sus estudios), el daño es irreparable, sobre todo para quienes al estar cerca de su titulación verán depreciada la valoración social y económica de sus títulos. Son más de 18 mil estudiantes estafados. Es un drama social del cual los dueños de la universidad y la inmobiliaria asociada, el Estado y los gobiernos de las últimas décadas son todos responsables.

En última instancia, lo que expresa paradigmáticamente el cierre de la Universidad del Mar es la incompatibilidad entre los objetivos educacionales y las dinámicas de mercado.

Sin embargo, la gravedad de la situación no asegura un consenso respecto a las causas profundas de este hecho. El cierre de la Universidad del Mar abrirá la pregunta respecto de qué es lo que realmente ha fracasado. Así, mientras el gobierno argumentará que éste es un caso puntual, donde ha fallado el sistema de acreditación y fiscalización, los estudiantes -que en esto parecen haber convencido a la ciudadanía- defenderán que la falla es sistémica y que la crisis vivida en la Universidad del Mar es solo la punta del iceberg.

En esta columna argumento, desde distintas perspectivas, a favor de la tesis del movimiento estudiantil. En particular, me interesa sumar argumentos a lo que a estas alturas es parte del sentido común de la ciudadanía, a saber, que el problema es el rol del mercado en la educación y el afán de lucro -ilegal en este caso- de los sostenedores.

En primer lugar, como una forma de aprender para el futuro y también como un juicio político-histórico, se debe reconocer que la crisis de la acreditación y el cierre de la Universidad del Mar ha pulverizado la tesis que dominó la política educacional -especialmente superior- de los gobiernos de la Concertación, en los que cada vez que se criticaba la anarquía, los déficit de calidad y el negociado del sistema de educación superior; se repetía la frase “el sistema fue exitoso pues logró expandir fuertemente la matrícula: siete de cada 10 estudiantes son primera generación de su familia en estudiar en la universidad”. Hoy sabemos que muchos de ellos no terminaron la universidad, que para más de un tercio no era rentable económicamente el haber estudiado en la universidad y que, como ha quedado claro los últimos meses, miles de ellos han sido estafados. La moraleja es simple, no debemos aceptar nunca más la lógica de hacer que crezca la matrícula a cualquier precio y luego ver cómo arreglamos el desorden en el camino.

En segundo término, los hechos recientes muestran las dificultades adicionales que el afán de lucro imprime a cualquier diseño de acreditación educacional. El sistema de acreditación es necesario y desafiante de diseñar aun cuando no existiese el interés de lucrar por parte de los sostenedores. Por ejemplo, una universidad cuyo fin último sea el desarrollo de un proyecto educativo en particular, se puede ver beneficiada por la interacción con la agencia de acreditación, en la medida que esta última le ayude a identificar sus falencias institucionales y las trabas que no le permiten cumplir su objetivo educacional.

El tema es más complejo en el caso de una institución cuyo fin último es el lucro (i.e. el retiro de utilidades por parte de sus dueños), toda vez que en tal caso el objetivo del sistema de acreditación se contrapone al interés de los dueños: la acreditación busca que los recursos se inviertan en calidad y, en cambio, los dueños sólo invertirán en calidad en la medida que la agencia acreditadora o la presión de la demanda los obligue. Así, mientras en el caso de universidades sin fines lucro las agencias acreditadoras pueden ayudar a los planteles educacionales a lograr su objetivo, el que es compartido por la agencia (lo que más allá de las buenas intenciones no es una tarea fácil); en el caso de las universidades con fines de lucro, la agencia acreditadora y la universidad tienen objetivos contrapuestos, lo que obviamente hace mucho más difícil el diseño institucional de acreditación, pues éste debe forzar o incentivar un tipo de comportamiento no deseado. En otras palabras, el carácter de los sostenedores, sus intereses últimos, sí importan, ya que estos facilitan o dificultan el control de calidad.

En última instancia, lo que expresa paradigmáticamente el cierre de la Universidad del Mar es la incompatibilidad entre los objetivos educacionales y las dinámicas de mercado. En general, las ventajas del mercado respecto a otras formas de organizar la producción y distribución de bienes y servicios, están dadas por su capacidad de utilizar y coordinar (a través de precios) la información descentralizada para efectos de decidir qué, cuánto y cómo producir. Si quienes deben decidir a qué universidad asistir, por diversas razones, no son capaces de discernir la calidad de tales universidades y requieren de un organismo centralizado que les guíe al respecto (como la Comisión Nacional de Acreditación), entonces el mercado no tiene en este ámbito las ventajas que sí tiene en otras dimensiones de la sociedad.

“En el caso “idílico” en que el mercado lograra imprimir sus dinámicas al ámbito educacional, tendríamos que aceptar el sacrificio de los sueños de miles de jóvenes, como la única forma de promover una dinámica pro-calidad en el sistema educacional”.

Más aún, en el mejor de los casos, cuando el mercado funciona, sus dinámicas implican la destrucción y creación de nuevos bienes y servicios (en el peor: altas utilidades y bienes y servicios de mala calidad). Esto, aplicado al contexto educacional, significa que cada cierto tiempo generaciones de estudiantes, seguramente los más vulnerables, enfrentarían un proceso de decaimiento de sus planteles educacionales terminando en algunos casos con el cierre de estos. Es decir, en el caso “idílico” en que el mercado lograra imprimir sus dinámicas al ámbito educacional, tendríamos que aceptar el sacrificio de los sueños de miles de jóvenes, como la única forma de promover una dinámica pro-calidad en el sistema educacional. Ante todo, la competencia y la consecuente existencia de ganadores y perdedores, lo que en este contexto es sinónimo de inequidad educacional, es una característica intrínseca de los mercados.

En este escenario, y a la luz del indignante caso de la Universidad del Mar, la agenda para el movimiento social y fuerzas políticas progresistas ha de estar clara. Se debe antes que nada sanear el sistema, parando el negociado y -en una segunda etapa- articular una estructura educacional coherente, donde además de una robusta y referencial red de universidades estatales, los sostenedores privados contribuyan a la diversidad de proyectos educativos. Es decir, un sistema donde se atraiga a privados cuyo interés y motivación última sea la educación y en el que exista un moderno sistema de fiscalización y acreditación que guíe y ayude a las instituciones privadas y estatales para lograr sus complejas metas y objetivos educacionales.

Reforma Tributaria: Cuatro mitos y un funeral

Vea al Presidente Sebastian Piñera explicando la reforma en Cadena Nacional

Mito 1: Un gobierno preocupado de la clase media

Más allá de la importancia de incrementar el gasto social, objetivo que la reforma aborda tímidamente, nunca se ha entendido por qué era necesario además, reducir las tasas impositivas de quienes pagan impuesto a la renta. Al respecto el gobierno ha insistido por la prensa que tales reducciones tributarias tienen como principal beneficiaria a la clase media, sin embargo, la realidad dice algo totalmente distinto.

“Mientras en el debate acerca de la gratuidad en la educación superior el gobierno argumentó que no pagaría la educación de los ricos y en el mejor de los casos daría beneficios al 70% de menores ingresos, hoy en el debate tributario nos trata de convencer que el 19% de mayores ingresos es la clase media”.

Por un lado, aproximadamente el 81% de las personas no paga impuesto a la renta, es decir, 8 de cada 10 chilenos (los de menores ingresos) no recibirán ningún beneficio tributario. Por otro lado, dentro de los beneficiados por tales reducciones, el 19% restante, será el uno por ciento de mayores ingresos el que reciba los mayores beneficios. Por ejemplo, mientras quienes ganan $600 mil al mes ahorrarán menos de $10 mil al año, quienes ganan $6 millones al mes ahorrarán un poco más de un millón de pesos al año.

En este punto sorprende la inconsistencia del gobierno. Mientras en el debate acerca de la gratuidad en la educación superior el gobierno argumentó que no pagaría la educación de los ricos y, en el mejor de los casos, daría beneficios al 70% de menores ingresos, hoy en el debate tributario nos trata de convencer que el 19% de mayores ingresos es la clase media. Es decir, para el gobierno el mismo grupo socioeconómico es clase media cuando se les baja el impuesto y clase alta cuando no se les quiere pagar la universidad.

Mito 2: Oponerse a la reforma tributaria es oponerse a los consensos

Resulta del todo lógico que en una democracia existan consensos, donde las partes ceden en pos de arribar a un acuerdo. Lo cuestionable es que en Chile usualmente los consensos a los que arriba el sistema político poco tienen que ver con lo que piensa la mayoría. Por ejemplo, luego del pingüinazo del 2006, el consenso entre la derecha y la Concertación fue que se seguiría permitiendo el lucro en los colegios que reciben financiamiento público. Y ello, a pesar de que las encuesta de mayor prestigio en el país indicaron que un 80% de la población está en contra de tal posibilidad.

En este mismo sentido, ¿qué pasaría si cada uno de los chilenos supiera que el sector de ingresos que más se beneficiará con las reducciones impositivas son las personas que ganan sobre los $5 millones al mes? ¿Sería posible lograr una mayoría país en torno a la medida? No es difícil imaginar una respuesta a esta pregunta.

Así, lo que irrita no son los consensos, sino que estos estén tan alejados del sentir mayoritario.

Mito 3: Aprobar este pequeño aumento no merma las posibilidades de una futura gran reforma

La Concertación ha dicho públicamente que su intención era: (1) aprobar las alzas de impuestos, (2) no aprobar las reducciones, sobre todo si éstas beneficiaban a los sectores de altos ingresos.

Como ya hemos señalado, el punto 2 no se cumple y es obsceno como la reforma beneficia a los sectores de más altos ingresos. Pero lo más grave de esto es que parece muy poco probable que luego se tenga fuerza para quitarle a estos sectores tal beneficio. Si tal posibilidad es remota, seguramente era mucho mejor no aprobar la reforma y esperar un mejor momento donde se pudiera lograr un alza de impuestos a la altura de las necesidades del país, sin otorgarle beneficios a los sectores de más altos ingresos, beneficios que seguramente no podrán ser retirados en el mediano plazo. Este fue un chantaje del gobierno a la Concertación, al cual no se debió haber cedido.

Mito 4: Los estudiantes no tienen propuesta

Los estudiantes tienen una propuesta muy clara: quieren derechos universales en educación, pues tienen una concepción del sistema educacional como espacio de encuentro y de igualdad de oportunidades, donde además de aprender saberes se aprende a convivir en la diversidad. Para que esto sea una realidad, se requiere que a los colegios y universidades no se acceda según la capacidad de pago. Y en esto no hay que inventar la rueda. En general, los países que se acercan a este ideal tienen un Estado que recauda recursos entre los sectores de mayor ingreso, para luego financiar la educación de todos de forma igualitaria.

Tales sistemas no son necesariamente regresivos, como acusa el gobierno, pues quienes financian la educación son las familias de mayores recursos. La diferencia con el caso chileno es que, al hacerlo a través de impuestos, se hace mucho más difícil que tales sectores logren educar a sus hijos en guetos educacionales. Así, lo que los estudiantes proponen (para qué hablar del lucro) es simplemente lo que es una realidad en otros países y que va en la dirección opuesta a la reforma aprobada, en la que -más allá de los recursos que se recaudan- se le reducen los impuestos a las familias más pudientes, recursos que podrían haber sido empleados en la educación de todos.

El funeral

Luego del acuerdo por la LGE, de manos alzadas entre la derecha y la Concertación en el gobierno de Bachelet, parecía una tarea titánica que la Concertación, o los grupos que buscan una alianza con ella, nos convencieran respecto a la pertinencia de una nueva articulación política entre la izquierda y este conglomerado. Creo que ayer hemos asistido al funeral de esta idea.

“Para la izquierda la moraleja es clara. Mientras la Concertación no sienta que puede perder apoyo electoral haciendo acuerdos como el tributario, los seguirá haciendo. Con la Concertación no hay que acordar programas, hay que competir”.

La historia se repite. Tal como el 2006, el 2011 es el movimiento social el que pone el tema en la agenda y logra generar las condiciones políticas para el debate. Al principio la Concertación se entusiasma (no tanto cuando era gobierno), abre la cancha -el 2006 con el Consejo de Educación, ahora con su recepción y declaraciones de amor al movimiento social-, así se genera la sensación de que una gran reforma es posible. Luego la derecha dice que ella no es partidaria de tales cambios y ya sea desde el gobierno o la oposición, siempre termina logrando que sean sus argumentos los que primen. El resultado de este proceso no solo ha estado, las dos veces, muy por debajo de las expectativas, sino que, además, ha generado una gran frustración entre los jóvenes que ven que convencer al país no basta para lograr los cambios. Todo ello lleva con razón a estos jóvenes a valorar en menor medida nuestro sistema democrático.

Para la izquierda la moraleja es clara: mientras la Concertación no sienta que puede perder apoyo electoral en caso de hacer estos acuerdos, los seguirá haciendo (desde la oposición o el gobierno). Con ellos no hay que acordar programas si cuando el movimiento irrumpe y se toma la agenda se comprometen a todo y en menos de un año acuerdan una reforma en la dirección opuesta. Con ellos hay que competir. Así, el gran desafío para la izquierda es captar la rabia y decepción con el actuar de la Concertación y transformar ese desaliento en una nueva fuerza, en una alternativa política que le compita y se relacione con ésta de forma pragmática, sin caer en el caricatura de que derecha y Concertación son lo mismo, pero desde una posición de fuerza electoral.

Cae el CAE, en la búsqueda del tiempo perdido

La salida de los bancos del financiamiento de la Educación Superior es un triunfo indiscutible del movimiento social. Por nombrar solo algunas razones que sustentan aquello: tal iniciativa no estaba en el programa del gobierno actual; va en contra de la lógica de la derecha, que promueve con particular afán al mercado y el lucro como solución de los problemas públicos (no sería sorprendente que se opusiera el instituto Libertad y Desarrollo, por ejemplo); y además, era parte de las demandas de los estudiantes. Nadie con dos dedos de frente puede pensar que esto hubiera pasado sin mediar las movilizaciones de 2011.

Se trata, también, de un acierto político del ministro Harald Beyer, quien sigue el ejemplo de numerosos gobiernos de todo signo que han optado por mantener en el ámbito público las herramientas de financiamiento de la Educación Superior, entre ellos Estados Unidos, el Reino Unido y prácticamente la totalidad de América Latina y los países de la OECD.

“La entrada de los bancos era una piedra de tope para cualquier acuerdo, por lo que nunca lo aceptamos. Sin embargo, no tuvimos la fuerza para doblarles la mano a los gobiernos de la Concertación en la calle”.

Así, cabe preguntarse, qué pasó para que a sólo 6 años de su implementación, se plantee cambiar un sistema de financiamiento estudiantil (al menos una parte relevante de él) que estaba pensado como una solución de largo plazo. Más aún, vale la pena preguntarse, qué pasaba por la cabeza del presidente Ricardo Lagos y de su ministro Sergio Bitar cuando crearon el CAE en 2005.

A partir de estas preguntas a muchos les vendrá a la mente la imagen de un descompensado Ex Ministro Bitar, quien tuvo que recurrir incluso a su paso por la Isla Dawson para intentar justificar vía “empate moral” la incorporación de la banca al financiamiento universitario en una supuesta búsqueda de equidad. Comprobado por diversos organismos el efecto nocivo de tal medida (incluso por algunos economistas liberales), el nefasto impacto del CAE se hace hoy evidente, tristemente predicho en 2005 por una de las revistas de la FECH: “Con la Ley de Bitar, lleve una carrera, pague mil”.

¿Cómo llegamos a esto? Pues bien, sucedió que, como tanta veces pasa con la tecnocracia, desde el gobierno de turno se presentó el CAE como la única forma de financiar la educación de los estudiantes de la universidades que no estaban en el Consejo de Rectores. Era eso o nada; eran los bancos o dejar a todos los estudiantes sin el sueño de una carrera universitaria. Hoy, a la luz de los resultados, tal punto de vista se revela como un grueso error.

Para el movimiento estudiantil de la época, la entrada de los bancos era una piedra de tope para cualquier acuerdo, por lo que nunca lo aceptamos. Sin embargo, no tuvimos la fuerza para doblarles la mano a los gobiernos de la Concertación en la calle. Marchamos y nos movilizamos, sin embargo, el gobierno nos ganó la pelea por el sentido común. Mientras Lagos y su ministro Bitar tuvieron el talento para presentar su propuesta como la mejor de las ideas (o la única viable), a nosotros nos faltó talento y audacia para organizarnos junto con los estudiantes de universidades no tradicionales, los que serían los principales perjudicados (y no los favorecidos, como señalaba el gobierno de la época). Nunca pudimos salir de la lógica en la cual nosotros, los estudiantes de las universidades del Consejo de Rectores, aparecíamos como el grupo de privilegiados que no querían que el resto tuviera acceso al financiamiento.

“De concretarse el retiro de la banca privada volveríamos al 2005. ¿Es esto suficiente? Claramente no. La educación ya era desigual y un negocio en 2005. Ahora debemos ir en búsqueda del tiempo perdido”.

Peor aún, los entonces líderes de la Concertación no sólo mostraron una posición anacrónica al respecto introduciendo el CAE, sino que incluso faltaron a su palabra empeñada con los estudiantes agrupados en la CONFECH 2005 y 2006, con quienes firmaron acuerdos que –se suponía- fortalecerían las componentes públicas en el sistema de financiamiento (o sea la parte sin bancos), y le darían formalidad a ello vía la modificación al Decreto 938 que rige la asignación del Fondo Solidario de Crédito Universitario. El decreto no fue modificado, y las asignaciones en el presupuesto al sistema público fueron generosas sólo en el año 2006, para luego migrar al tenebroso CAE.

Así las cosas, de concretarse el retiro de la banca privada volveríamos al 2005 ¿Es esto suficiente? Claramente no. La educación ya era desigual y un negocio en 2005. Ahora debemos ir en búsqueda del tiempo perdido. En concreto, en cuanto al financiamiento universitario, no sólo se requiere una acreditación robusta y una regulación de los aranceles para que este cambio sea conducente, sino que más importante aún se precisa terminar con la lógica de financiar a las universidades principalmente a través de la demanda. El Estado no debe ser neutro y debe financiar con especial dedicación los planteles que son de su propiedad, así como las universidades privadas que han mostrado un compromiso con el país y su desarrollo (notables casos en regiones): no debemos replicar en nuestro sistema universitario el desastroso diseño de financiamiento a la demanda del sistema escolar el cual en 30 años ha destruido la educación pública.

En el plano más político la propuesta tendrá muchos coletazos. Por un lado, a la Concertación le jugará en contra la victoria comunicacional y política que obtuvieron al derrotar al movimiento estudiantil que se gestó para frenar el CAE, ya que de aprobarse la salida de los bancos quedará la sensación de un retroceso, de una medida que nunca debió ser, y de lo paradójico que resulta que sea la derecha, presionada por el movimiento social y por los hechos (pues el sistema no mostraba ser eficiente), la que termine poniendo Estado donde la Concertación había puesto al mercado. La Concertación, como en tantas otras áreas, le deberá una explicación al país.

“La Concertación, como en tantas otras áreas, le debe una explicación al país.”

Por otra parte, el movimiento social tendrá el desafío de transformar este triunfo en energía para continuar con la gran batalla que significa transformar el sistema educativo chileno. No será fácil, pues el gobierno quedará en una cómoda posición (a la izquierda de lo hecho por la Concertación) y no serán pocos los que desde dentro del movimiento propondrán el tomar una postura de no reconocer su propio logro por el susto de “caer en las trampas del gobierno”. A su vez, la prensa dirá que con esto ya no queda nada por reclamar y que las próximas movilizaciones carecen sentido, dirán que la salida de los bancos se debe a la habilidad del nuevo equipo del ministerio y quitarán todo crédito a la presión social. En ese marco, el desafío para el movimiento social será gritar con alegría el gol, para no regalárselo a Harald Beyer, sin dar la sensación de que se ha ganado el partido.

Por mi parte estoy contento al constatar que incluso con un gobierno cuyo Presidente hizo su fortuna sobre la base del negocio de los bancos se puede lograr sacar a estos de la educación superior. Queda mucho, claro que sí. Nos falta más de la mitad del trayecto, pero estoy optimista pues creo que con ideas nobles, gente en la calle y apoyo ciudadano todo es posible.