Así operó la máquina que armó Longueira para financiar su actividad política

Hasta marzo de este año existían los datos, pero no confesiones. Se sabía que desde el círculo férreo de Pablo Longueira se articuló una red de boleteros para recibir cientos de millones de grandes empresas. Pero poco había sobre el destino de esas platas. Los datos decían que Soquimich había sido la única financista de las dos fundaciones –Chile Justo y Web-, que Longueira creó en 2006 cuando su apetito presidencial se desató. Pero la ruta del dinero no estaba trazada. La única certeza era que todos los millones confluían en el comando de operaciones que el ex senador y ex ministro de la UDI tenía montado en Costanera Andrés Bello con Nueva Los Leones (Providencia).

Todo cambió el 6 de abril pasado. Ese día, Carmen “Coca” de Castro, una de las principales colaboradoras de Longueira, rompió el silencio cuando declaró ante el Ministerio Público:
Respecto del destino de estos fondos, según lo que me dijo Titi (Valdivielso), estos correspondían a un aporte para un fondo común, para apoyar a los distintos candidatos a diputados, concejales, alcaldes en campañas vinculadas al partido UDI (…) Creo que Pablo Longueira apoyaba la recaudación de fondos para campañas de jóvenes candidatos a alcaldes, concejales y diputados, quienes tenían dificultades de financiamiento, y la Titi trabajaba con Pablo Longueira, era su jefa de gabinete y su asistente personal (…) Existía un fondo común para financiar todas estas situaciones, y en su administración no tuve injerencia alguna”.  

Su confesión fue suficiente para comenzar a hilar los cabos sueltos que se acumulan en la indagatoria judicial que se inició en marzo de 2016 y que tiene formalizado a Longueira por delitos tributarios y cohecho.

La reconstrucción de la ruta del dinero realizada por CIPER indica que al menos $1.300 millones pagados por SQM y otras 13 empresas pasaron por una red de boleteros, sociedades y fundaciones ligadas a Pablo Longueira y su entorno.

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Carmen “Coca” De Castro junto a Pablo Longueira y Pablo Zalaquett

La línea de tiempo que reconstruyó CIPER con la captación de esos dineros desde el círculo de hierro de Longueira está alimentada por muchos relatos e imágenes. En la mayoría de ellos aparecen jóvenes universitarios cobrando cheques y vale vista en cajas de bancos para luego entregar esos millones en efectivo a un junior o a una asesora del ex senador. Su equipo se las arreglaba para mantener activa la correa transmisora del financiamiento ilegal. En paralelo, se reclutaba a nuevos boleteros. Había que mantener la máquina aceitada.

La declaración de Coca de Castro permite tejer datos. Ahora puede entenderse que Longueira pidiera un préstamo de $100 millones a sus amigos de Copra para financiar campañas de la UDI en 2009, y que luego utilizara el dinero proveniente de SQM para devolver ese préstamo. Todo servía para engordar el “fondo común” que financiaba campañas. Millones que sirvieron para aportarle a las candidaturas de Pablo Zalaquett, Jorge Castro, Emilio Amstrong, Gustavo Alessandri Balmaceda, Paula Phillips y del propio Longueira.

CIPER revisó las cartolas de las cuentas corrientes que Longueira y su principal asistente, Carmen Luz (Titi) Valdivielso han utilizado en los bancos Santander y BCI, y cruzó esos datos con las declaraciones judiciales que han entregado testigos claves de su entorno. En esos relatos está el detalle: cómo el dinero obtenido gracias a la emisión de boletas falsas viajó incluso dentro de maletines con un destino, la sede de las fundaciones Chile Justo y Web.

AMIGOS FINANCISTAS

Durante años Pablo Longueira cimentó parte de su poder en la UDI gracias a sus estrechos lazos con el mundo empresarial, como los que creó con la dupla histórica al mando de SQM: Julio Ponce Lerou y Patricio Contesse. Solo ahora se revelan los detalles de las operaciones al margen de la ley que realizó para obtener de SQM aportes por al menos $1.000 millones.

Su sintonía política con empresarios vinculados al negocio de la educación lo benefició con otro aporte para financiar campañas: un préstamo de $100 millones que le hizo en 2009 Copra, la inmobiliaria de sus amigos históricos de la UDI, Marcelo Ruiz, Ignacio Fernández y Luis Cordero.

Los $100 millones, sin intereses, los devolvió en varias cuotas con pagos desde la cuenta corriente de la también representante legal de sus fundaciones: Titi Valdivielso. Fue el tesorero de Copra, Enrique Herrera Rodríguez, quien reveló la existencia de préstamos políticos a Longueira:

“En diciembre del año 2009 hubo seis operaciones desde Copra por un total de $100 millones (…) en ese entonces el gerente era Ignacio Fernández, quien era el representante y actuaba en forma personal con poder de firma. Él me mencionó en esa fecha que iba a girar esos cheques y que tenían por finalidad financiar campaña política de la UDI en el periodo 2009 (…) tanto Ignacio (Fernández) como Marcelo (Ruiz) y Lucho (Cordero) eran personas estrechamente ligadas a la UDI y amigos de Pablo Longueira, por lo que esta situación no me llamó la atención” (declaración del 11 de octubre de 2016).

Universidad San Sebastián, en cuya propiedad participan los dueños de Copra
Universidad San Sebastián, en cuya propiedad participan los dueños de Copra

Ese préstamo se hizo efectivo a través del pago de siete cheques. Seis de ellos están fechados el 11 de diciembre de 2009, a solo dos días de la elección presidencial y parlamentaria, la que por primera vez desde el retorno a la democracia le entregó a la derecha la mayoría en la Cámara de Diputados.

Todos los cheques emitidos por Copra fueron cobrados por cercanos a Longueira. El primero, por $15 millones, lo cobró Cristián Navarro Gordnich, un suboficial de Carabineros que estaba a cargo de la seguridad del entonces senador. Otros dos cheques por $15 millones cada uno fueron cobrados por Alejandro Miranda, quien era el director ejecutivo de la Fundación Web. En 2014 Miranda figura como socio de Connectiva, la empresa que creó junto a Gonzalo Cornejo (uno de sus aliados históricos en la UDI) para prestar asesorías parlamentarias a los diputados gremialistas.

Otros $30 millones (a través de dos cheques) fueron cobrados por Karin Grollmus, la periodista que acompañó a Longueira como asesora de prensa durante su paso por el Ministerio de Economía, y que antes participó en las campañas presidenciales de Joaquín Lavín en 1999 y 2005. El sexto cheque (por $10 millones) lo cobró el junior de las fundaciones, Bruno Vera. Estos seis cheques fueron pagados en efectivo en dos sucursales del Banco Estado: Tobalaba y Providencia.

El último cheque del préstamo de $100 millones de Copra fue por $15 millones y se emitió el 12 de enero de 2010. Fue cobrado por Titi Valdivielso en la sucursal Tobalaba del Banco Estado.

Tres meses después de otorgado ese préstamo, dos de los dueños de la inmobiliaria Copra y estrechos amigos de Longueira fallecieron en un accidente aéreo: Marcelo Ruíz e Ignacio Fernández. Ambos iban rumbo a Concepción en una avioneta modelo Piper a prestar ayuda tras el terremoto del 27 de febrero de ese año y a verificar los daños de la sede local de la Universidad San Sebastián, de la cual eran directivos y dueños.

Después de la muerte de Ignacio y de Marcelo en marzo de 2010, se puso en contacto conmigo la Titi (Valdivielso), quien me llamó directamente para decirme que existía esta deuda con Copra, me reafirmó lo que yo ya sabía, me solicitó la cuenta corriente de Copra y me comentó que era con el objeto que se fueran devolviendo las platas que le había prestado Ignacio Fernández, a lo cual accedí” (declaración de Enrique Herrera del 11 de octubre de 2016).

Luis Cordero Barrera, uno de los dueños de Copra
Luis Cordero Barrera, uno de los dueños de Copra

La devolución del préstamo político se efectuó a través de tres depósitos en efectivo, once transferencias electrónicas desde la cuenta corriente de Valdivielso en el Banco BCI y un cheque emitido por Carmen “Coca” de Castro. Todas estas operaciones se materializaron entre junio de 2010 y mayo de 2011. CIPER reconstruyó esa ruta y comprobó que las platas de las boletas de SQM calzan con los pagos a la inmobiliaria.

El pago de la primera cuota fue posible gracias a la boleta falsa que emitió el ahijado de Longueira, Rubén Carvacho, a SQM el 27 de septiembre de 2010. Casi un mes después SQM le pagó $5 millones. El 25 de octubre Carvacho depositó la misma cantidad en la cuenta corriente de Titi Valdivielso en el Banco BCI. Lo hizo en la sucursal Coraceros de Viña del Mar. Dos días después, el 27 de octubre, Valdivielso utilizó ese dinero para transferir esos mismos $5 millones a Copra.

Un mes después, la cónyuge de Carvacho, Carolina Chamorro, también emitió una boleta falsa a SQM por $5 millones. El 23 de noviembre los mismos $5 millones fueron depositados en la cuenta corriente de Valdivielso, en la sucursal de Reñaca del Banco BCI. Un día después ese dinero figura en la transferencia que le sirvió a la asesora de Longueira para pagar la segunda cuota a Copra, a cuya cuenta transfirió $3 millones.

El análisis de la cuenta corriente de Valdivielso no deja lugar a dudas. Hasta antes que Carolina Chamorro le transfiriera los $5 millones -de la boleta falsa a SQM- su saldo era de $2,4 millones. Ese monto no le alcanzaba para pagarle a Copra. Solo después que tuvo en su cuenta el dinero originado en SQM, pudo concretar el pago de la segunda cuota del préstamo.

En febrero de 2011 la mano derecha de Pablo Longueira  hizo otras tres transferencias a Copra. Esos tres nuevos pagos de la deuda coinciden con depósitos en efectivo que recibió en su cuenta corriente, los que tienen su correlato en tres boletas falsas pagadas por SQM.

Entre el 19 y el 20 de enero de 2011 SQM recibió tres boletas falsas, como lo reconocieron sus titulares en la Fiscalía: una de Nicolás Guíñez por $5 millones, otra de Antonia Alessandri por $3 millones y una de Ana Carolina Palacios por $7 millones. Una vez que los tres boleteros recibieron el pago, le depositaron el monto exacto pagado por SQM a la cuenta de Carmen Luz Valdivielso el 11, el 14 y el 18 de febrero respectivamente. El monto de esos depósitos le permitió a Valdivielso poder abonarle a Copra tres nuevas cuotas por $10 millones en total entre el 22 y el 23 de febrero de 2011.

Carmen Luz "Titi" Valdivielso
Carmen Luz “Titi” Valdivielso

Guíñez, Alessandri y Palacios son parte de la red de boleteros que operaba en torno a las fundaciones de Longueira y donde Carmen Luz Valdivielso ocupaba un rol central. Tanto Antonia Alessandri como Ana Carolina Palacios (su cuñada) declararon que fue ella quien les solicitó emitir esas boletas.

Esa misma operación se repitió un mes después, cuando la cuenta corriente de Valdivielso recibió otros tres depósitos que coinciden con pagos de SQM a boleteros reclutados por ella: $3 millones a Patricio Martínez, $7 millones a Ana Carolina Palacios y $5 millones a Gustavo Alessandri Bascuñán. Dinero recibido, dinero transferido. El 8, el 13 y el 28 de abril Valdivielso realizó giros a Copra por un total de $11 millones.

La relación de Pablo Longueira con los dueños de Copra ha sido tan estrecha que hay otros negocios en que aparecen vinculados. A través de la Inmobiliaria del Inca, Copra participa en la Compañía Minera Maagal, donde Pablo Longueira también ha sido accionista a través de una de sus sociedades familiares.

MILLONES EN EFECTIVO

En 2011 Pablo Longueira volvió a recurrir a Copra para obtener financiamiento. A través de Luis Cordero pidió otros $25 millones. Ese préstamo se concretó con el pago de un cheque a nombre del ex senador el 15 de febrero de 2011.

Don Luis Cordero me llamó para informarme que don Pablo Longueira me llamaría para pedirme $25 millones señalándome que se le iba a otorgar este préstamo a través de un mutuo. Ese mutuo se realizó ante notario y se pagaron los impuestos respectivos” (declaración de Enrique Herrera del 11 de octubre de 2016).

El gerente general de Copra agregó que ese préstamo está prácticamente saldado. En efecto, el 27 de septiembre de 2013 el hijo mayor de Longueira, Juan Pablo, apareció en las oficinas de Copra con $23.192.385 en efectivo. Se desconoce su procedencia. Ese mismo día, el dinero fue depositado en una cuenta corriente de Copra. El saldo del préstamo era de $1,8 millón.

Su cercanía con los financistas de la UDI quedó patentada una vez más en esos días de alta tensión cuando los controladores del Grupo Penta, Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano, decidieron aportarle $100 millones.

Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano, controladores de Penta
Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano

“Para la campaña de primarias de Pablo Longueira, Lavín (Carlos Eugenio) y Délano (Carlos Alberto) lo financiaron con cerca de $100 millones (…). Me pidieron que se lo entregara a Longueira en efectivo. Esta suma yo la transferí a mi cuenta Settelman del Banco Penta por dos montos de $50 millones y solicité que se me entregara el dinero en efectivo en mi propia oficina… Me la entregaron en un sobre-bolso café. Yo fui con el bolso a la oficina de Lavín y se lo mostré (…). Luego, mi secretaria Mylene llamó al contacto y yo se los entregué, pero no recuerdo quién era. Esto lo hice en mi oficina” (declaración de Hugo Bravo, ex gerente general de Empresas Penta, del 2 de octubre de 2014).

Los $100 millones entregados a Longueira por Hugo Bravo  fueron confirmados ante la Fiscalía por los dos controladores de Penta, Lavín y Délano.

En julio de 2013, tras haber ganado la primera elección primaria de su sector, Pablo Longueira se deprimió y  abandonó la carrera presidencial. Su preocupación central era pagar deudas de campaña y solventar su vida mientras su organismo se recuperaba.

En una investigación anterior CIPER detalló las maratones de recaudación de dineros que entonces protagonizaron tres de sus colaboradores: Carmen Luz (Titi) Valdivielso, Bruno Vera y Vicente Correa Bulnes (ver reportaje “Los secretos de la millonaria campaña de Pablo Longueira en las primarias de 2013).

Durante esos mismos meses, Longueira recibió otro aporte, que lo alivió. Desde junio de 2013 la Fundación Jaime Guzmán le pagó un cheque por $6,3 millones mensual. El primer pago se concretó el 3 de junio de ese año, cuando Longueira aún seguía en carrera. Ese aporte se mantuvo, al menos, hasta diciembre de 2013, según consta en la cuenta corriente que el gremialista tiene en el Banco Santander.

El vínculo de Longueira y la Fundación Jaime Guzmán es estrecho. Al punto que en los estatutos de su Fundación Chile Justo se establece que en caso de disolverse, será la Fundación Jaime Guzmán la que heredará sus bienes.

En total, entre junio y diciembre de 2013 la Fundación Jaime Guzmán le pagó a Pablo Longueira $44 millones.

EL “FONDO COMÚN” DE LONGUEIRA

La declaración judicial de Carmen Coca De Castro aportó un dato clave para entender parte del destino final de la ruta del dinero que se captaba desde el comando de operaciones de Longueira.  Su rol en esta trama ha sido importante. Partió trabajando con Pablo Zalaquett cuando este era alcalde de La Florida, y se vinculó estrechamente a Longueira desde 2005 cuando participó en su campaña senatorial. Al año siguiente se convertiría en una pieza esencial de las dos fundaciones que el senador creó como su nueva plataforma política.  Fue la primera persona del círculo de hierro de Longueira que se decidió a hablar ante los fiscales.

Cuando el 6 de abril pasado los persecutores le preguntaron por el destino de los $5 millones que la boletera Solange Hermosilla le depositó en su cuenta corriente en 2009 (dinero proveniente de SQM), De Castro reveló la existencia del “fondo común” para financiar campañas.

Al igual que Valdivielso,  Carmen (Coca) De Castro se preocupó de reclutar boleteros. Alfonso Mora Domínguez (sobrino de Longueira y entonces estudiante de Derecho de la Universidad Católica) declaró que fue ella quien en 2012 le solicitó conseguir un ingeniero comercial y un abogado para que emitieran boletas falsas a SQM. Ese año, De Castro era la jefa de la campaña electoral de Pablo Zalaquett, quien buscaba seguir al mando de la alcaldía de Santiago.

De Castro asumió entonces que los dineros conseguidos a través de boletas falsas se usaron para financiar campañas. Y Mora Domínguez agregó: “Creo que el dinero era para pagar gastos de deudas o proveedores de la campaña de Pablo Zalaquett”. La misma De Castro, quien también ha sido directora de las dos fundaciones creadas por Longueira,  aparece pagando el arriendo de la sede de ellas en Providencia entre enero de 2013 y febrero de 2016. En total, de su cuenta corriente personal salieron $123 millones con ese fin. Además, en enero de 2011 emitió un cheque por $10 millones para pagar parte del préstamo de Copra a Longueira. Hasta ahora se desconoce el origen de los millones utilizados por ella para realizar esos pagos.

El “fondo común” -que según De Castro servía para financiar campañas de la UDI- también alcanzó  para otros candidatos  a las municipales  del 28 de octubre de 2012. CIPER revisó en detalle una segunda cuenta corriente de Titi Valdivielso, en el Banco Santander, y halló traspasos de dinero a postulantes de la UDI.

Dos días antes de esos comicios, el 26 de octubre, Valdivielso le transfirió $3 millones a Emilio Amstrong, el arquitecto que compitió por la alcaldía de Concepción en representación del gremialismo y que hoy es consejero regional del Bío Bío. Cinco días después la misma cifra fue transferida por Valdivielso a Jorge Castro, el entonces candidato UDI a la reelección de la alcaldía de Valparaíso, y que hoy es candidato a diputado de Chile Vamos en cupo gremialista por el distrito de la ciudad puerto.

Jorge Castro, ex alcalde de Valparaíso
Jorge Castro, ex alcalde de Valparaíso

Una tercera beneficiada fue Paula Phillips, quien también recibió $3 millones el 20 de septiembre de 2012, cuando ella era candidata de la UDI a concejal por Lo Barnechea. Obtuvo la reelección y hoy es también directora de la Corporación La Esperanza, la ONG dedicada a la rehabilitación de adictos a las drogas que creó el senador Jaime Orpis, desaforado por cohecho, fraude al fisco e ilícitos tributarios en la investigación judicial por el financiamiento ilegal de Corpesca.

Los $9 millones que Carmen Luz Valdivielso les giró a Emilio Amstrong, Jorge Castro y Paula Phillips también podrían venir de SQM. La ruta fue la siguiente: entre el 14 y el 21 de septiembre de 2012, Titi Valdivielso recibió $21 millones en su cuenta corriente del Banco BCI. Quienes le depositaron ese dinero fueron Antonia Alessandri, Patricio Contreras, Ana Carolina Palacios y Alfonso Mora Domínguez, todos ellos por dineros pagados a través de boletas falsas. Ese monto salió rápidamente de la cuenta corriente de Valdivielso en el BCI. Ella misma los transfirió a otra de sus cuentas en el Banco Santander.

El 20 de septiembre de 2012 Valdivielso giró desde su cuenta del BCI $3 millones a su cuenta del Santander, los mismos que terminarían depositados en la cuenta corriente de Paula Phillips, y el 21 de septiembre firmó un cheque por otros $18 millones a un destinatario no identificado.
Un mes después nuevos pagos de SQM a boleteros terminaron en su cuenta corriente en el BCI. El 16 de octubre de 2012 Ana Carolina Palacios le depositó a Valdivielso  otros $5 millones que había recibido de la minera. Un día después Valdivielso le giró al junior de las fundaciones, Bruno Vera, un cheque por $5 millones. Se desconoce en qué se utilizó ese monto cuando se transformó en dinero en efectivo.

Entre el 25 y el 29 de octubre la cuenta de Valdivielso recibió otros $9 millones a través de transferencias electrónicas de remitentes desconocidos. Ese dinero le permitió girar $3 millones a Emilio Amstrong y la misma suma a Jorge Castro.

El 19 de noviembre de 2012 la operación volvió a repetirse casi calcada. Ese día varios boleteros (Antonia Alessandri, Carlos Feres Ducci, Diego Coopman y un cuarto no identificado) le depositaron a Valdivielso en total $20 millones. Un día después, una vez más Bruno Vera cobró el cheque por los mismos $20 millones. “El cheque que se me exhibe lo cobré por instrucciones de la señora Titi. Lo cobré en el Banco BCI y el dinero se lo entregué a ella el mismo día” (declaración de octubre de 2016).

Gustavo Alessandri Balmaceda
Gustavo Alessandri Balmaceda

Gustavo Alessandri Balmaceda, ex diputado RN en los inicios de la transición,fue otro de los candidatos beneficiado por los aportes ilegales a la política que se articulaban desde las dos fundaciones de Longueira:

En el año 1992 nos conocimos (con Longueira), me pareció un hombre correcto y franco, discutimos, nos abrazamos, le dije que no peleáramos más, que yo quería ser su amigo, y desde ahí nunca más nos separamos” (declaración del 18 de mayo de 2017).

El nuevo amigo de Longueira, quien fue candidato a diputado como independiente por La Florida en 2009 y fue derrotado, ha sido director de las fundaciones de Pablo Longueira. Fue citado a declarar en mayo pasado por los $10 millones que recibió de SQM a través de dos boletas falsas de marzo de 2010 y junio de 2011. “Es un aporte que me hicieron desde SQM para pagar parte de las grandes deudas que contraje para financiar las campañas. La Titi (Valdivielso) me dijo que SQM efectuaba aportes a la política, que estaba apoyando a los candidatos”, fue su explicación.

Alessandri Balmaceda es hermano por parte de padre del alcalde de Santiago, Felipe Alessandri Vergara, y su hijo es el actual alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri Bascuñán, quien emitió cinco boletas falsas a SQM por $23 millones en total y una al Banco BCI por $5 millones. Cuando en julio de 2016 el actual alcalde de Zapallar declaró ante los fiscales, afirmó: “Ella (Carmen Luz Valdivielso) me dijo que era para financiar algún candidato o actividad política”.  Y confirmó los dichos de otros boleteros sobre la ruta que seguía el dinero: “Cuando lo cobraba en efectivo, el dinero se lo entregaba directamente a Carmen Luz (Titi) en las oficinas de Nueva Los Leones 281, en un sobre”.

La familia Alessandri planea expandir su presencia en la política: Gustavo Alessandri Balmaceda es candidato a diputado por el gremialismo en el Distrito 6 (V Región interior, que incluye la comuna de Zapallar).

MILLONES EN MALETINES

El dinero que el círculo duro de Longueira recolectaba a través de boletas falsas a empresas, recorría siempre un camino similar. El testimonio judicial de uno de los boleteros, Nicolás Guíñez, lo grafica:

El junior (Bruno Vera) me pedía que lo acompañara hasta las dependencias de la fundación (…) él llevaba el maletín con el dinero, como siempre, ya que cada vez que nos juntábamos a retirar el valor del cheque o vale vista, él llevaba y me entregaba el documento a cobrar o lo tenía el banco y me daban la colilla, y el junior siempre estaba a mi lado, el dinero nunca pasaba por mis manos, él siempre tomaba el dinero de la ventanilla y lo guardaba en un maletín”.

Así, el junior de las fundaciones se paseaba por distintos bancos de Santiago recolectando el dinero de los boleteros. Uno de ellos, Ricardo Jorquera, entonces estudiante de Derecho de la Universidad Finis Terrae, lo relata así:

Recuerdo que tuve que dar mis datos para que giraran los dos cheques, a los días me llamaron para decirme que estaban listos los cheques y que me juntara en el Paseo Ahumada afuera de un banco que no recuerdo. Me iba a estar esperando una persona gorda y baja. Me pareció que era un junior, yo llegué y no sé cómo nos juntamos porque era una persona que yo no conocía. Él traía los cheques y me dijo que los cobrara y que después tenía que pasarle la plata a él en efectivo. Eran en total $11,4 millones (pagados por SQM). Yo hice la fila y él me esperó atrás, y cuando cobré los cheques, me dirigí a él y le entregué todo el dinero. Luego nos separamos”.

maletinEn otras ocasiones la propia Carmen Luz Valdivielso acompañaba a los boleteros a cobrar el dinero a los bancos. Así lo recordó el estudiante de Derecho de la Finis Terrae, Sebastián Prat: “Una vez le entregué el dinero fuera del Banco BCI, cuando me acompañó un estafeta de la Titi y ella me esperó fuera del banco. Al salir del banco le entregué el dinero en efectivo a ella” (declaración de agosto de 2015).
Bruno Vera reconoció ante laFiscalía su rol en la recolección del dinero: “Recuerdo haber acompañado a personas a hacer esos trámites pero no recuerdo los nombres de esas personas. Recuerdo haber acompañado a la señora Titi y a Juan Pablo Longueira, pero no sé cuánto dinero cobraban ellos pues yo no pasaba a la cajatodo lo que yo hago lo hago por indicación de doña Titi. Yo para salir de la oficina debo pedirle permiso a ella” (declaración de abril de 2016).

Carmen Luz Valdivielso no perdía el tiempo. Cualquier ocasión especial le servía para sumar boleteros. Rubén Carvacho (ahijado de Longueira) recuerda que en septiembre de 2010 fue a ver a su padrino a las oficinas de Nueva Los Leones para contarle que había aprobado su examen de grado e invitarlo a su juramento ante la Corte Suprema. Esto fue lo que ocurrió cuando él pasó a despedirse de Valdivielso:

Me preguntó si tenía boletas de honorarios y me preguntó si podía hacer una boleta. Yo le respondí que sí y no le pregunté para que la quería. Yo no cuestioné que me pidiera la boleta, porque como era la asistente de mi padrino, me pareció bien”. Ese mismo día Titi Valdivielso le pidió al ahijado de Longueira que su señora también emitiera una boleta falsa.

La investigación judicial en curso ha logrado determinar que el protagonista principal en el origen de los dineros entregados ilegalmente por SQM al entorno de Longueira era el propio ex senador. El testimonio más claro de la cadena de mando que operaba lo entregó Katherine Bischof, la histórica secretaria del entonces gerente general de SQM, Patricio Contesse:

Puedo señalar que don Patricio Contesse no conocía a Titi Valdivielso, al menos nunca se reunió con ella mientras yo fui su secretaria, ya que Titi siempre hablaba conmigo. A su consulta, nunca la Titi me solicitó por cuenta propia que yo generara o creara pagos para proveedores. En otras palabras, toda creación de proveedor que yo disponía se hiciera era por instrucción de don Patricio Contesse, quien me indicaba que me iban a contactar o que me iban a llegar documentos para procesar a pago. Y con dicha instrucción, y una vez recibido el certificado o el documento contable, yo gestionaba el proceso de pago. Puedo señalar a su pregunta que cada cierto tiempo don Pablo Longueira se reunía con Patricio Contesse” (declaración de abril de 2017).

La amistad entre Longueira y Contesse está latamente documentada. De hecho, su intercambio de correos electrónicos fue el que destapó la intervención de SQM en un artículo de la Ley de Royalty del gobierno de Sebastián Piñera, lo que terminó con Pablo Longueira formalizado por cohecho (ver reportaje “La ruta del artículo que le permitió a SQM el beneficio de la invariabilidad tributaria).

La estrecha amistad entre Patricio Contesse y Pablo Longueira también favoreció a uno de los más estrechos aliados en la política y los negocios del ex líder de la UDI: Cristián Leay. El ex miembro del directorio de TVN tenía incluso sus oficinas comerciales en la misma sede de las fundaciones de Longueira. El dato interesante es que nadie sabe a cambio de qué SQM le pagaba UF500 semestrales ($13,3 millones) al Centro de Estudios Nueva Minería, sociedad comercial formada por Leay en 2006, el mismo año que Longueira creó sus fundaciones.

A pesar del elevado monto involucrado en las boletas falsas a través de las cuales SQM le entregó a Pablo Longueira cientos de millones para financiar campañas y su poder en la UDI, el SII aún no decide iniciar una acción legal en contra del ex senador.

COPRA: LUCRO EN UNIVERSIDADES Y CAMPAÑAS DE LA UDI

Copra es una sociedad que Pablo Longueira conoce bien. Estuvo en su constitución en 1987 junto a Andrés Chadwick, Luis Cordero, Andrés Serrano e Ignacio Fernández. En 1990 Longueira y Chadwick se desligaron de ella, aunque mantuvieron estrechos vínculos políticos y de amistad con el resto de los socios. El grupo siguió invirtiendo en el negocio de la educación y en 1991 crearon la Inmobiliaria Andrés Bello (cuando ingresaron a la propiedad de la universidad del mismo nombre, UNAB), a la que se sumó Marcelo Ruíz.

En 2003 el grupo le vendió su participación en la Andrés Bello a Laureate en US$70 millones. Cuatro años después compraron el control de la Universidad San Sebastián. El motor de ese nuevo negocio ha sido Alejandro Pérez, el ex alto ejecutivo del Grupo Angelini quien debió decirle adiós a su brillante posición luego de la muerte masiva de cisnes de cuello negro en el río cruces de Valdivia provocada por la contaminación de Celco, la empresa que él dirigía.

CIPER explicó en cuatro extensos reportajes el mecanismo utilizado para lucrar por los dueños de esa universidad cuya junta directiva es presidida por Luis Cordero (ver capítulo I, II, III y IV). La Inmobiliaria Andrés Bello cambió de nombre en 2015 (ahora se llama Inmobiliaria del Inca), y Copra sigue apareciendo entre sus socios controladores.

Experto tributarista desnuda la cara antidemocrática del mercado de la elusión

El abogado Francisco Saffie fue un integrante clave del equipo que ideó la Cláusula General Anti Elusión (rige desde 2015), y que busca poner fin a estrategias tributarias que han permitido durante décadas que los contribuyentes de más ingresos paguen menos impuestos sin ser perseguidos por la justicia.

Durante años el Derecho Tributario se entendió en Chile como un terreno para desplegar la astucia, para cumplir “creativamente” con la forma de la ley y obtener beneficios que ésta no contempla. La Cláusula General Anti Elusión intenta poner fin a eso exigiendo que haya relación entre la forma en que la empresa tributa y produce; exige honestidad. Tremenda palabra. La cláusula apunta, en esencia, a establecer que la ley no es una norma que se puede manipular a conveniencia del contribuyente: tiene un sentido que el ciudadano y sus asesores legales deben respetar. Ella ha sido combatida por los tributaristas como poco clara, contradictoria, técnicamente mal hecha.

“Está bajo ataque y va a seguir estándolo”, afirma Saffie. Y la razón, dice, es porque la cláusula genera un cambio de paradigma en la comprensión de la ley tributaria.

Saffie es doctor en Derecho de la Universidad de Edimburgo, autor de una serie de columnas publicadas en CIPER (“Un sistema tributario diseñado para privilegiar a unos pocos”), profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez y director del área tributaria del Estudio FerradaNehme. En las reflexiones que despliega aquí amalgama su experiencia como asesor de empresas, su trabajo en la cocina de las políticas públicas, en la docencia y su convicción de que los impuestos tienen que ser debatidos por la comunidad, no solo por los especialistas.

-¿Por qué le interesa tanto la elusión tributaria?

La elusión es uno de los problemas más importantes que hoy enfrentan los sistemas tributarios del mundo. Y me interesa por las implicancias que tiene en la comprensión política de los impuestos. La elusión se deriva de una interpretación que ciertas personas defienden: que la ley es solo su forma. Y desarrollan estrategias que la dejan sin aplicación, interpretándola literalmente. Esto tiene profundas consecuencias políticas y económicas para el sistema tributario.

-Estamos hablando de profesionales que estudian la ley y usan ese conocimiento para no cumplirla, para encontrar un intersticio por dónde vulnerar su espíritu.

Sí, y la elusión es problemática porque mientras el legislador busca gravar ciertas actividades o conductas, el que elude evita esa voluntad general mediante su voluntad particular: organiza sus negocios en forma tal de ir contra la ley.

-En esencia, ¿la elusión aprovecha los vacíos de la ley?

SIIHay dos formas tradicionales de eludir. Una es buscando intersticios y vacíos; la otra, es creyendo que la ley se interpreta exclusivamente de modo formal. Por ejemplo, si le digo a mi hijo “no puedes ver más televisión en la casa”, y él saca la televisión al balcón o la ve en casa de un amigo, está haciendo una lectura formal de lo que le dije o aprovechándose de un vacío, respectivamente. Lo grave de la elusión es que uso la ley de acuerdo a mis propios intereses en contra del interés común.

-¿Por qué resulta difícil de perseguir judicialmente?

Porque el que elude usa estrategias que no aparecen como un quebrantamiento explícito y, por tanto, es difícil de identificar. Los estudios socio-jurídicos llaman a esto el “cumplimiento creativo de la ley”, una forma de acatar las normas, pero dejando sin efecto su sentido. Es una interpretación formalista del Derecho: sostiene que éste no tiene ninguna substancia o sentido, más allá de las palabras exactas de la ley. Entonces, se argumenta que, como la ley es solo forma, no cometo un ilícito si “formalmente” no la quebranto. Pero las leyes no son solo forma; tienen una interpretación sustantiva, porque se relacionan con cosas que nos importan como comunidad. Por todo ello, sostengo que con la elusión uno queda fuera de la ley, así de claro.

-En los debates sobre la elusión se repite el argumento de que no estoy obligado a pagar más impuestos de los que me corresponden legalmente ni a organizar mis negocios de la manera más gravosa. ¿Qué responde?

Que estoy de acuerdo. Pero no cuando ese argumento se usa para justificar la elusión. Porque se tiende a ridiculizar a los que vemos la elusión como un problema diciendo: “Mire, lo que pasa es que usted quiere que sea como el Padre Hurtado, que dé todo lo que tengo”. Y ello desconoce que la elusión es un problema jurídico de incumplimiento de obligaciones legales. Yo diría: usted no tiene que pagar más impuestos que los que establece la ley, pero tampoco puede salirse del objetivo buscado por la ley.

-También se oye bastante, en casos como el del financiamiento ilegal de la política o el de las empresas zombis: “Así ha sido siempre, lo hacen todos”.

Creo que los abogados se han olvidado que son auxiliares de la administración de justicia. El abogado tiene una cierta fidelidad con el Derecho y no se puede olvidar que el ejercicio privado de la profesión está relacionado con el cumplimiento de la ley.”

Uno puede decidir si es adecuado hoy perseguir judicialmente o no esos hechos; pero eso no quiere decir que como ocurrieron masivamente, no sean un problema jurídico y político. Quizá incluso se podría decir: de acuerdo, entendemos que todo esto está contaminado, pero de aquí en adelante cambiemos el comportamiento reconociendo que estuvo mal hecho.

-¿Debiera haber al menos un compromiso de los candidatos presidenciales sobre estas prácticas?

Algo así debería estar presente en las elecciones que vienen.

LA ANTI ELUSIÓN Y EL NUEVO PARADIGMA

-Usted dice que en los impuestos hay un “interés común”. ¿Se refiere a que el Estado los necesita para financiar la salud, educación y otras políticas públicas?

Sí, pero no solo por eso. Cuando uno mira únicamente el lado económico de los impuestos, pierde de vista cuestiones sustantivas. Si entiendo que el fin exclusivo de los impuestos es recaudar, podría sostener una tesis como la que anda dando vuelta por ahí para solucionar el problema de las boletas falsas en el financiamiento ilegal de la política: mientras yo pague esos impuestos, aunque sea atrasado e incumpliendo la ley, no procedería aplicar el Derecho Penal Tributario. Esa tesis deja de lado la importancia política y el sentido que tienen los impuestos.

-¿Cuál es ese sentido político de los impuestos?

Que todos concurrimos, de acuerdo a nuestra capacidad contributiva, al financiamiento del Estado como ciudadanos. Los impuestos son un mecanismo a través del cual los ciudadanos nos entendemos como iguales. Es, por supuesto, una igualdad artificial, pero sobre ella se construye la democracia. En este sentido entiendo que el Derecho Penal Tributario no protege solo las arcas fiscales, sino que protege nuestro pacto ciudadano. Este aspecto sustantivo de la ley queda más claro si lo llevamos al campo de la protección de la propiedad privada y alguien nos dice que un delito contra la propiedad no es perseguible si nos devuelven lo que nos robaron. Sabemos que no es así. En el Derecho Tributario existe una estrecha conexión con la igualdad política.

-Entonces, el que no haya una regla de impuestos respetada por todos, apunta directo a la desigualdad.

Exactamente. Hay dos dimensiones en las que los impuestos se vinculan con la igualdad. Una es la política: igualdad como ciudadanos que concurrimos conjuntamente al financiamiento del gasto público. La otra dimensión es la material: los impuestos son el mecanismo que tradicionalmente se ha usado para propender a un estado de igualdad en la distribución del producto social. Los impuestos establecen cómo nos entendemos tanto a nivel ciudadano como a nivel de la distribución de la riqueza en la que todos participamos. Por eso, quien elude niega el reconocimiento de esa igualdad.

-Las investigaciones de CIPER nos muestran muchas veces que en la construcción de la ley hay normas que se dejan vagas y ambiguas para que allí se aniden interpretaciones tramposas.

En el área tributaria no me atrevería a decir que se hace intencionalmente. Pero lo que sí es cierto es que muchas políticas que se diseñan con una determinada intención, terminan siendo morigeradas por los intereses que concurren a su confección.

-Veamos las empresas zombis y el uso tramposo que se le da a sus pérdidas. Una persona me decía: “Si compro una empresa con pérdida, pueden decir que compré nada, solo una contabilidad; y sí, eso fue lo que compré en el mercado legal, pagué por ella, no me la robé, compré un bien y la autoridad me lo acepta. Cuando yo uso esas pérdidas para descontar impuestos, no eludo, menos evado”.

En esa interpretación hay una confusión que la Reforma Tributaria puso a la vista. Esa explicación se escuda en el Derecho privado (comercial y civil). Pero uno tiene que distinguir entre lo que es válido comercial o civilmente y el efecto tributario que eso tiene. En el caso de empresas con pérdidas eso es fácil de distinguir.

-¿Por qué?

Porque el descuento de esas pérdidas tiene un sentido: establecer exactamente cuánto generó una empresa para determinar cuánto le corresponde pagar en el año tributario. Pero sostener que, porque existe esa regla, puedo ir a comprar cualquier tipo de empresa con pérdida, fusionarla con la mía y pagar menos impuestos, es ir un paso más allá de lo que el legislador buscó. Tanto así, que el legislador tuvo que hacer modificaciones en el año 2000 para tratar de poner límites a ese uso. El problema es que la técnica legislativa que se usó para resolver esos problemas, la de llenar vacíos con una modificación para el caso particular, junto con la interpretación formalista a la que hice referencia antes, abrieron nuevos espacios para la elusión.

-Y esto es lo que se intenta resolver con la Cláusula General Anti Elusión.

Sí. Ahí es donde se aprecia su importancia: busca cambiar la técnica legislativa y la forma de interpretar el Derecho Tributario. Un cambio de paradigma. Hoy está bajo ataque y en esta próxima elección presidencial va a ser cuestionada de nuevo: van a decir que produce incertidumbre, que no se entiende, que no se puede aplicar. La norma establece un criterio sustantivo, como se hace en todo el mundo, que dice: vaya a revisar la política pública detrás de la norma, su razón, no el caso particular. En ese sentido, la Cláusula General Anti Elusión, que para mí es la parte central de la Reforma Tributaria que hizo la Presidenta Bachelet, lo que hace es que trae de vuelta el Derecho Tributario a lo que suponen las instituciones jurídicas, sus criterios de interpretación y aplicación, que van más allá de sus efectos económicos o contables.

-Esta norma introdujo la exigencia de que los dueños de las empresas digan la verdad cuando declaran sus impuestos. Eso es música.

La elusión es problemática porque mientras el legislador busca gravar ciertas actividades o conductas, el que elude evita esa voluntad general mediante su voluntad particular”

Bueno, eso explica en parte por qué la elusión es tan conflictiva. Porque todo el sistema tributario descansa en la auto-declaración, en la información que los contribuyentes entregan a la autoridad administrativa. Y eso implica que la fe pública está comprometida por la actuación de los particulares, los abogados, los contadores, etc. En el mundo lo que hoy se intenta es contrastar la información que entregan los particulares con la realidad, a través de intercambios de datos y la revisión de las inversiones en el extranjero. Para eso en muchas legislaciones se terminó con el secreto bancario para efectos tributarios. No es como en Chile.

-Si no hay correspondencia entre lo que una empresa gana y lo que declara, se podría decir que el sistema tributario funciona con la lógica de la “Post Verdad”: verdades alternativas.

Hay algo de eso. Lo que pasa es que solo recientemente ha empezado a quedar claro que muchos conflictos políticos sobre la forma en que nos entendemos como comunidad, están contenidos en el sistema tributario. Hasta ahora no se les había prestado debida atención, en parte, porque se entendió que los impuestos eran un tema demasiado técnico, que les correspondía solo a los economistas. Ahora estamos entendiendo que la forma en cómo la sociedad enfrenta los impuestos es una discusión política y ciudadana.

-Y en esa discusión, un argumento reiterado es que la única forma de atacar la desigualdad es con impuestos altos.

Eso es lo que se escucha y no estoy seguro de que sea así. Cuán alta tiene que ser la tasa es un problema que implica un montón de factores. Lo que yo planteo es una discusión previa: cómo entendemos la estructura y la interpretación de las reglas que nos damos como sociedad. El ex primer ministro británico David Cameron decía: no estoy a favor de los impuestos altos, lo que me interesa es que se cumplan las obligaciones establecidas en la ley.

-Entonces, ¿lo más importante no es cómo se diseña una política tributaria, sino cómo se interpreta?

Las dos cosas son clave. Para entenderlo es bueno distinguir entre una política tributaria injusta y la elusión. Miremos, por ejemplo, el Fondo de Utilidad Tributaria (FUT). Muchos economistas consideran que el FUT en sí mismo es elusión. Y la verdad es que se pueden decir varias cosas del FUT: que es una política pública de derecha, que busca incentivar la acumulación del capital a través de lo que ellos denominan inversión y ahorro. A mí me parece que el FUT es injusto porque establece un tratamiento privilegiado al capital. Pero no es elusión el que, usando el FUT, las platas de muchas empresas siguieran eternamente ahorradas o invertidas y que sus dueños no pagaran los impuestos finales. Porque el FUT se hizo para eso. Así fue hecha la ley: eso se buscó.

-Dice que el FUT no es elusión. Pero se hizo mucha trampa usando para gastos personales y familiares dineros del FUT que no pagaban impuestos.

Claro. Y en esas trampas a la ley es cuando aparece la elusión: cuando la norma se esquiva, cuando el rostro de televisión o el médico forman una sociedad familiar y usan una idea que no estaba pensada en la ley (que cualquier actividad económica se “disfrace” de sociedad) para pagar menos impuestos. Eso se confunde con que la ley es problemática per sé.

EL ROL DE LOS ABOGADOS

-Vamos a un factor clave en estas estrategias: el rol de los tributaristas. En investigaciones de CIPER, como la de los paraísos fiscales o el impuesto a la herencia y las empresa zombis, aparecen abogados importantes que diseñan estas estrategias y hacen legal aquellos vacíos por donde se introduce la interpretación tramposa.

Los abogados juegan un rol clave igual que los asesores contables. Pero si a nivel internacional los asesores contables son parte del problema porque la información que entregan a la administración no es fidedigna, en Chile el problema principal surge por la interpretación y el uso que le dan a la ley los asesores legales. La situación en materia tributaria se debe a que hay una hegemonía política y cultural respecto a cómo se entiende el Derecho Tributario, que ha sido exitosamente desarrollada por abogados que defienden intereses privados.

-Así se enseña incluso en las universidades.

En la universidad se enseña una visión particular del Derecho Tributario que las mismas universidades han hecho hegemónica. Pero hoy eso está cambiando. Soy profesor universitario y lo que trato de hacer es mostrar que existe otra comprensión del Derecho Tributario, que está en la literatura, en el derecho comparado. Una mirada que no sale de la chistera del mago, como algunos creen.

-¿Qué lugar tiene la ética en esa visión hegemónica?

Fachadas SIISe ha entendido que los impuestos son un robo, que la ley tributaria no tiene ningún fin, y que la tarea del tributarista es proteger al contribuyente respecto de un Estado que abusa. Esa perspectiva entiende los impuestos como ataques a la propiedad privada. Creo que los abogados se han olvidado que son -según el propio Código Orgánico de Tribunales- auxiliares de la administración de justicia. O sea, el abogado tiene una cierta fidelidad con el Derecho y no se puede olvidar que el ejercicio privado de la profesión está relacionado con el cumplimiento de la ley. Como profesor y ahora como abogado en el mundo privado, trato de hacer eso. Por ejemplo, si alguien me dice que quiere quebrantar la ley o cómo puede conseguir un beneficio que no le corresponde sin que aparezca como un delito, yo no lo haría.

-¿Cuál sería su respuesta?

Le diría: la ley establece beneficios en algunos casos, y para ocupar ese beneficio usted tiene que hacerlo de esta manera. Pero eso es distinto a -usando un ejemplo del Derecho Penal- enseñarle a un narcotraficante a traficar esquivando la ley. Lo que hacen los penalistas es defender los derechos de las personas que son objeto de una investigación para que se garanticen sus derechos procesales, etc. Eso no es lo mismo que defender el narcotráfico. El tributarista que defiende a un particular frente al Estado debiera entender que lo que está haciendo es usar las herramientas que el sistema jurídico le provee para resguardar los derechos de los contribuyentes, pero no puede incentivar un mercado que elude impuestos y vulnera la ley.

-Lo cierto es que en Chile los abogados que hacen estos diseños de elusión quedan al margen de sanción.

Las leyes no son solo forma; tienen una interpretación sustantiva, porque se relacionan con cosas que nos importan como comunidad.”

La Reforma Tributaria trató de cambiar eso con la norma anti elusión. Eso generó mucho anticuerpo. Hoy se establece que, en aquellos casos en que se demuestra que hay elusión, los asesores legales deberían pagar una multa. Al principio esa multa no tenía límite, pero después se estableció un tope de 100 UTA ($55 millones aproximadamente). No es mucho para un mercado que mueve miles de millones y donde los abogados juegan un rol crucial.

-¿Cómo se comporta la Justicia en esta disyuntiva entre visiones sobre el sentido de los impuestos?

Creo que la Corte Suprema ya recogió el cambio de comprensión. Antiguamente, la corte respaldaba la elusión, porque entendía que era legítimo actuar con astucia para no pagar impuestos. Un ejemplo es un fallo de 2003, un recurso de casación que ganó la Sociedad Inmobiliaria Bahía S.A., en que la corte sostuvo que la elusión tributaria era “evitar algo con astucia, lo que no tiene que ser necesariamente antijurídico”. Pero en sentencias más recientes, la corte ha aplicado la lógica de la norma anti elusión antes de que ésta se transformara en ley, asumiendo que la ley no se aplica de manera formalista – para proteger a un interés espurio-, sino que tiene un sentido.

-En este debate, ¿cuál ha sido el rol del Colegio de Abogados?

Ellos han sido especialmente reticentes a este cambio de paradigma. Han sacado declaraciones públicas diciendo que la Cláusula General Anti Elusión manifiesta una especie de restricción al derecho a ejercer cualquier actividad económica.

-Puede que esa actitud se deba a la influencia que tienen en esa institución abogados que se dedican a estas estrategias, como Olga Feliú, Fernando Barros…

En parte se debe a eso, a la manera en que se ha ejercido la profesión; y también, a la manera en que se entendía el Derecho Tributario antes de este cambio. Siguen pensando que debe preservarse lo que había. Se intenta resguardar una visión del Derecho, defendiéndolo en el plano ideológico, pero ocultando las verdaderas razones que hay detrás. Dicen que la norma anti elusión es imperfecta, que atenta contra la Constitución, ocultando lo que persiguen defender.

-En este cruce intenso de intereses, ¿cómo ve al Servicio de Impuestos Internos (SII)?

Me parece una institución respetable. Lamentablemente en el último tiempo algunos funcionarios se vieron involucrados en situaciones de corrupción. Luego estuvo sujeta a presiones políticas. Pero con estas presiones hay que tener ojo. Porque hoy está muy de moda decir que la administración tributaria tiene que ser independiente del gobierno de turno. Creo que es un error. No se puede aislar la administración tributaria creyendo que es una especie de órgano técnico como el Banco Central. Si eso se hace, va a mermar la comprensión que se tiene de la política tributaria porque va a quedar apropiada por los intereses técnicos hegemónicos del momento. Yo preferiría que la forma en que actúe el SII fuera la manifestación democrática del pueblo, de cómo quiere entender los impuestos.

-¿Cómo evalúa la decisión del SII de cerrar la investigación judicial para los casos de boletas falsas que se usaron en el financiamiento de la política, a través de la vía de no querellarse y solo cobrar los impuestos no pagados?

Es una decisión que se veía venir desde que el SII tomó alternativas que iban preparando el camino. Por ejemplo, cuando llamó a los contribuyentes a rectificar voluntariamente sus declaraciones de impuestos, limitó sus posibilidades de actuar. Porque se comprometió -desde el Derecho Administrativo- a no dañar la confianza de los contribuyentes, los que le dieron esa información pensando en recibir la multa y no ser investigados por delitos que pudiesen estar asociados a esas conductas. El problema es que con esa decisión no se vulnera ninguna norma porque el SII actúa conforme a la potestad que le reconoce la ley.

Michel Jorratt, ex director del SII
Michel Jorratt, ex director del SII

-Entonces, cuando el ex director del SII Michel Jorrat decidió querellarse en los casos de Penta y SQM, ¿se extralimitó?

Jorrat tomó la otra alternativa que le daba la ley. No se extralimitó. Lo que muestra este caso es que la vía administrativa debería separarse de la vía penal, dejando esta última a la Fiscalía.

-¿Puede el SII mirar para el lado frente al daño que provoca a la democracia el financiamiento ilegal de la política?

El SII no debería mirar para el lado y concentrarse solo en la recaudación en los delitos tributarios. Así como el Derecho Tributario no es solo un instrumento de recaudación, el Derecho Penal no es solo un medio para amedrentar a las personas (y en el caso del Derecho Penal Tributario, amedrentar para que paguen). Es más, uno podría argumentar que, conforme a la ley vigente, además de la sanción penal corporal podría concurrir la sanción administrativa de multa sin dañar ningún principio legal.

-En una entrevista, el abogado y ex director del SII, Ricardo Escobar, afirmó que en estos casos la multa es suficiente sanción y que si hay personas que creen que aquí triunfó la impunidad, hay que educarlas. ¿Qué le parece esa tesis?

Me parece un tanto osado sostener que la correcta educación pasa por comprender el Derecho Penal Tributario y el Derecho Penal de la forma utilitarista en que él la entiende. Primero, porque no es la única forma y no parece ser la mejor; y segundo, porque genera una desigualdad tremenda en la forma en que concurrimos como ciudadanos iguales ante la ley. Quizá la educación que él propone sea la propia de los tiempos post-neoliberales en que vivimos, en que todo se resuelve a favor de los que triunfan en el mercado y no tenemos respeto por las instituciones democráticas.

-La decisión del SII refuerza una tesis que varios políticos repiten sobre el meollo del financiamiento ilegal de la política: “Para qué tanto escándalo si aquí lo que hay es una mínima elusión tributaria”. Una tesis que silencia el daño a la confianza pública y a la política.

Se tiende a ridiculizar a los que vemos la elusión como un problema diciendo: ‘Mire, lo que pasa es que usted quiere que sea como el Padre Hurtado, que dé todo lo que tengo’.”

Estoy completamente de acuerdo. Se ha intentado hacer creer que el problema del financiamiento ilegal de la política se reduce a un problema del no pago de impuestos. En consecuencia, pagar los impuestos reestablecería el orden. Y eso es un error.

-Un efecto judicial del financiamiento ilegal de la política es que, por primera vez, se han sentado en el banquillo de los acusados empresas, como Corpesca y Soquimich, por la responsabilidad penal como entes jurídicos en el cohecho.

Se empiezan a ver los efectos que tuvo la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y, además, se empieza a ver cómo el Derecho Penal Tributario es una expresión de la importancia que le asignamos al sistema tributario más allá de la recaudación. Eso es clave: entender que la protección de la propiedad privada no se satisface cuando se devuelven las cosas robadas, sino que lo que importa es reestablecer la expectativa de la norma: que no se cometan robos. En el caso tributario, la expectativa debiera ser cumplir la ley como corresponde, no sólo cuánto afectó a la recaudación del Fisco.

-¿Hubo algún camino que pudiera haber evitado los efectos nocivos que ha tenido el desarrollo de las investigaciones sobre financiamiento ilegal de la política?

El financiamiento ilegal de la política generó efectos no deseados, y se puede discutir sobre la prudencia que tuvo la administración en perseguir estos delitos. Pero uno podría haber evitado todo esto diciendo: de aquí en adelante este tipo de casos va a ser perseguido. Y eso habría llevado a una racionalización y sistematización de las reformas legales que se requerían y que hasta ahora no se hacen.

DESAFÍO INTELECTUAL

– Varias personas nos han dicho que si usted se dedicara a hacer diseños tributarios ganaría mucho dinero. ¿Por qué no lo hace?

No veo que mi realización personal pase por la acumulación de dinero a través del uso de la ley en ese sentido.

Ricardo Escobar
Ricardo Escobar, abogado y ex director del SII

-¿Quién le enseñó eso?

Supongo que son influencias de profesores y amigos en cómo entender el rol que uno juega en la sociedad. Tiene que ver con cómo creo que la justicia se expresa en una sociedad sana.

-¿Esta sociedad chilena no le parece sana?

No. Creo que la virtud en esta sociedad radica en la acumulación de riqueza. Y para mí, si bien ahí no hay necesariamente un vicio, tampoco hay una virtud. La acumulación excesiva evidentemente representa un vicio, y parte del vicio es obtener la riqueza a través de medios elusivos que, entre otras cosas, no son muy sofisticados. Yo trabajé como tributarista en empresas grandes y aprendí mucho, pero también me di cuenta de que ahí no había ningún desafío intelectual mayor.

-Académicamente este mundo tributarista se está entendiendo como una pieza central de lo que se ha llamado la “industria de la defensa de la riqueza”.

“Los impuestos tienen un sentido político: que todos concurrimos, de acuerdo a nuestra capacidad, al financiamiento del Estado como ciudadanos”.

En términos sociológicos uno podría entender que el lugar paradigmático donde se regula la riqueza es en el sistema tributario. El Derecho, en general, es expresión de lucha de intereses que se formaliza a través del proceso de creación de ley para ser voluntad general. Y en Chile, dadas las contingencias políticas del pasado esto no ha funcionado del todo bien, se ha impuesto la idea de que el sistema tributario es una forma de proteger el capital. Se decía y se creía que a través de la acumulación se iban producir ciertos efectos económicos, como crecimiento y chorreo incluso. Pero, más allá de si eso se cumple o no, mirar los tributos desde esa perspectiva ha tenido efectos nefastos.

-¿Cuáles?

Por ejemplo, la idea de que puedo condicionar mi aporte a lo que obtengo del Fisco. Creo que la mirada correcta es que debo contribuir sin esperar una retribución directa. La existencia de las instituciones estatales depende de los impuestos, porque incluso lo que se entiende por propiedad privada está ligado a diseños institucionales que son imposibles sin los impuestos. Por supuesto, luego de contribuir participo en el proceso político para decidir cómo se usan esos impuestos. Pero no puedo condicionar cuánto voy a pagar a cuánto voy a recibir, porque no soy dueño de lo que se recauda. Si se pierde de vista la importancia política que tienen los impuestos, parece lógico pasar todo a pagos por servicios, proponer que concesionemos todo: que el Estado actúe como otro agente más al cual yo le pago por lo que recibo, en vez de contribuir con impuestos.

-Los más ricos necesitan también de gente con educación, que les haga trabajos y para eso sirven los impuestos.

La riqueza me puede haber sido asignada como agente de mercado, pero eso no justifica que yo sea el único que se beneficia de ese producto social, porque hay otros que participaron y existen instituciones que permiten esa riqueza. Y esto que suena muy radical para algunos, no lo es, a menos que se use para justificar impuestos muy altos. Pero insisto, esa es una segunda dimensión de la discusión.

-La imposición de la visión financiera de los impuestos conlleva la falta de protección para amplios sectores de la sociedad. Por eso deberíamos debatir esto con urgencia.

Claro, y eso es lo que genera un quiebre social: la manifestación de la injusticia en la distribución del producto. Lo que pasa es que el discurso neoliberal ha llevado a pensar que la generación de la riqueza es responsabilidad de cada uno. Y si eso no ocurre, dice la teoría, es porque existen ciertas deficiencias del mercado que tienen que ser corregidas para que cada uno sea responsable de la generación de la riqueza. Detrás de ello está la promesa de que cada uno accederá a la riqueza que le corresponde a su trabajo o esfuerzo individual.

-Una promesa que no se ha cumplido en ningún país.

No se ha cumplido porque el capitalismo no funciona así. Y en consecuencia, cuando la desigualdad se empieza a hacer manifiesta, la promesa neoliberal genera más conflicto social porque provoca frustración. El neoliberalismo, contra lo que se cree, necesita de las instituciones estatales, pero destruye su significado político. Cuando se incentiva el comportamiento individualista neoliberal, lo que paradojalmente aparece, es que todas las instituciones son problemáticas para la expresión de la individualidad: aparecen como impedimento para la generación libre de mi riqueza. Se reclama contra el abuso argumentando que hay otro que lo está aprovechando (no yo); no se reclama que las instituciones no se respeten.

POLÍTICAS TRIBUTARIAS “INJUSTAS”

-Decía que el FUT es una política tributaria injusta. ¿Por qué?

Como es un impuesto a la renta sobre la base del “consumo” -no se paga el impuesto mientras no se retiren las utilidades para consumirlas-, el sistema establece un privilegio para el capital. Así, en la práctica reconoce dos clases de personas: los que pueden no pagar impuestos por ser dueños del capital, y los trabajadores que tienen que pagar impuestos porque no tienen ningún beneficio.

-Claro, porque no hay forma de no pagar el IVA.

La Norma General Anti Elusión está bajo ataque y en esta próxima elección presidencial va a ser cuestionada: van a decir que produce incertidumbre, que no se entiende, que no se puede aplicar”.

Y tampoco los trabajadores que tienen contrato pueden posponer o no pagar el impuesto de segunda categoría. Y los mayores ingresos del Estado vienen por el IVA. Lo que trató de hacer la reforma tributaria al proponer eliminar el FUT, fue que la estructura tributaria fuese más justa.

-Este aspecto es muy resistido por los empresarios.

Hoy todos dicen que la reforma estaba bien intencionada, y también, que lo que todos quieren es aumentar la recaudación. Pero agregan inmediatamente: el problema es que se hizo mediante instrumentos inadecuados. En eso se esconde ideología. Para descorrer el velo uno tendría que preguntar: ¿qué quieren decir con instrumentos inadecuados? ¿Que tenemos que volver al impuesto a la renta sobre la base “consumo” porque incentiva el crecimiento económico y la mantención del capital? Esa es una discusión que se debiera revivir, porque es fácil decir que todos queremos que se recaude más, pero la pregunta importante es cómo vamos a recaudar. El problema del sistema tributario no es simplemente recaudar, sino cómo se recauda. De nuevo, es un problema de estructura, que no se resuelve simplemente aumentando las tasas.

-Hablemos ahora de otros mecanismos de elusión: los Fondos de Inversión Privados (FIP).

Son mecanismos que, como muchas otras medidas que buscaban incentivar el mercado de capitales y el financiero, se prestaban para mucha elusión. Ahí de nuevo está el conflicto entre una política pública que para incentivar establecía privilegios y la manera en que esa misma política era sobreexplotada con el diseño de los abogados.

Sebastián Piñera

-¿Qué norma se usó cuando Sebastián Piñera no pagó impuestos por la venta de las acciones de LAN a través de Axxion?

La pregunta es: ¿por qué no pagó impuestos por esa venta de acciones? Para no pagar, se usó el 18 ter, una norma que buscaba incentivar el mercado de capitales. Pero en este caso, se obtuvo un beneficio tributario al que no debió acceder, porque la venta de esa sociedad (Axxion) no incentivó el mercado de capitales. Se cumplieron formalmente todos los requisitos: las acciones se pusieron a la venta en la bolsa para cumplir con el requisito de presencia bursátil, pero quienes compraron y vendieron eran sociedades que pertenecían al mismo grupo, se hicieron entre relacionados. Ese es un caso de elusión.

-¿Y qué rol le cabe a los paraísos fiscales en las estrategias de elusión?

Los paraísos fiscales son un caso paradigmático de elusión. Dado la apertura de los mercados y los flujos de capitales en el mundo globalizado, es muy fácil moverse de un lugar a otro y evitar las obligaciones tributarias territoriales. Así, poniendo el capital en un paraíso, evito cualquier conexión con un territorio. Y eso es muy importante para el diseño de un sistema tributario. ¿Puedo establecer un sistema que desconozca cómo se mueven estos capitales? Por ejemplo, un impuesto a la herencia, o un impuesto al patrimonio, tiene que tener en consideración que es muy fácil sacar la plata de Chile. Lo que hoy se discute es cómo miro al interior de un paraíso y puedo cobrarles. Ya nadie duda en el mundo que los paraísos fiscales son problemáticos y la pregunta es cómo se regulan.

Felipe Berríos: “Las mafias en Antofagasta son manejadas por chilenos”

La inmigración se ha instalado en la agenda de la peor forma posible. No a partir de los beneficios y desafíos que representa, sino como parte de una campaña política que para algunos busca imitar a la que llevó a la presidencia a Donald Trump. Para otros, es la ocasión de rescatar el nacionalismo de Sebastián Piñera, cuestionado recientemente por comprar acciones de una pesquera peruana en medio del litigio limítrofe con nuestros vecinos.

La inmigración no es un asunto sencillo que se pueda reducir a comidas nuevas, bailes o colores de piel inusuales en las calles de Chile. Es también un asunto de recursos escasos, de bolsones de pobreza, de servicios públicos colapsados y sometidos a nuevas demandas. Y de algunos empresarios que usan la mano de obra indocumentada para mantener los sueldos bajos, lo que alimenta el recelo del chileno pobre contra el inmigrante pobre. Y de mafias que hoy  lucran con la trata de personas, uno de los negocios más rentables del crimen organizado, y que ya llegó a Chile.

Para el sacerdote Felipe Berrios, instalado en “La Chimba”, un campamento en Antofagasta donde la mayoría de las familias son inmigrantes, estamos lejos de enfrentar el tema con la complejidad que requiere. E insiste en que hay que poner freno decididamente a los intentos de alimentar el odio contra uno de los sectores más débiles: los que llegan a Chile buscando una mejor vida.

-¿Qué le parecen las iniciativas que sorpresivamente aparecieron esta semana exigiendo un cambio a la Ley de Inmigración y la expulsión de extranjeros que delinquen?
No quisiera creer que es el producto de una especie de campaña electoral que imita lo que hizo Donald Trump en Estados Unidos.

– A Trump le resultó, pues salió electo criminalizando a los mexicanos, latinos y musulmanes.
Le resultó, incentivando tal vez lo peor que tiene el ser humano: la desconfianza, la xenofobia y sospechar de todo lo que es distinto. Espero que no sea una imitación de eso. Y también creo que es un muy mal comienzo si empezamos a mirar con sospecha al inmigrante. Además, nadie debe olvidar que en Chile existe un Estado de Derecho, el que también protege a los migrantes como a todos los ciudadanos.

-En un país con tanta desigualdad, renta poner en el radar público un blanco –en este caso, los inmigrantes latinos- en quienes depositar el origen de la ira y la frustración por la falta de acceso a bienes y derechos.
Sí, mi experiencia tanto en Latinoamérica como en África negra me ha mostrado que, en realidad, los ricos y los más pobres son iguales en todas partes del mundo. Los ricos usan la misma manera de vestirse, viajan a los mismos lugares, tienen casi las mismas casas; y los pobres viven las mismas miserias y abandonos. Tal vez por sus deseos aspiracionales, los sectores medios, que son los que diferencian más a los países, son más propensos a toda clase de chovinismo y prejuicios, muy alimentados por campañas de toda índole, comerciales y políticas. Como bien dice usted, a veces pareciera que necesitamos distraer la atención de los problemas más profundos que tiene la sociedad, como son la desigualdad y el clasismo. Por eso, es un caldo de cultivo excelente para esta clase de campañas.

Yo respondería (a Piñera) diciendo que en el último tiempo hemos visto muchos delincuentes en el país y son chilenos. También hemos visto -y soy testigo- que la policía chequea a la gente que entra. Y que la mayoría de las mafias que tenemos en Antofagasta son manejadas por chilenos (…) esa idea de que las fronteras están abiertas, entra cualquiera, comete delitos y no le hacen nada, es falsa.

– ¿Renta incentivar el odio?
Sí, para despertar el miedo. El miedo vende.

– ¿Cómo ha constatado usted que vende ese miedo?
Hay distintas clases de miedo: el miedo a que me asalten, a que me quiten lo mío, el miedo a que pueda llegar otra persona con más cualidades que yo para el trabajo que hago, a que me confundan con una clase social a la cual yo no quiero pertenecer, a no responder a los patrones que me ha puesto la propaganda de lo que es felicidad o de “personas de bien”. Son distintos miedos que activan ya sea las campañas para que la gente consuma más o para que adhiera a ciertas maneras de pensar. Y se hacen despertando estos miedos, que son irracionales.

-En el origen de esta campaña, podría estar un mensaje subliminal que busca asfixiar el reclamo creciente por la desigualdad y por reformas que la corrijan: “Oiga, su problema no es la desigualdad, sino los inmigrantes que le quitan su trabajo”.
Exactamente. O también: “Nunca vamos a poder salir de la pobreza o la desigualdad si llega gente de afuera a quitarnos el trabajo”. Y claro, estos son resortes que funcionan, pero son tremendamente peligrosos. Un ejemplo de eso es que la humanidad todavía no olvida lo que pasó con Hitler.

-¿Cómo graficaría esa amnesia respecto a lo que ocurrió con Hitler?
Algunos creían que era una cuestión de campaña, tal como se dijo de Trump en Estados Unidos: es sólo una cuestión de campaña, después va a cambiar. De Hitler se decía lo mismo, y no cambió. Es más, de un pueblo tan romántico, tan culto como era el alemán, sacó lo peor de sí mismo contra los judíos, que hoy día pueden ser el símil de los inmigrantes que vienen a Chile.

-Eso se entiende bien cuando se escucha decir a Trump que “los mexicanos” -y con eso engloba a todos los latinos- nos mandan lo peor: a violadores, criminales y narcotraficantes.
Mire, sobre ese punto –y lo digo con mucho pudor- mi hermana acaba de editar un libro, junto a un grupo de sociólogos, sicólogos, historiadores, cuyo título es  El ADN de los chilenos”. Después de un estudio científico, allí se demuestra que los chilenos somos todos mestizos: no hay nadie 100% europeo ni 100% amerindio, somos todos mezcla. Y eso es una riqueza para nosotros.

-Esa conclusión puede ser leída como un insulto por otros chilenos.
Claro, por la gente que cree que porque es más rubia, o con los ojos claros, o que dice que tal origen de tal nacionalidad son mejores para el trabajo, o mejores para pensar, o que los mapuches son propensos al alcoholismo, se creen superiores. Ese estudio científico demuestra que son puros prejuicios culturales, acompañados de años de historias falsas. Y también de chistes, con los que hay que tener un cuidado tremendo, porque podemos ahora enfocarlos en un arma peligrosa -puede ser el fenómeno que está pasando en Chile- sin entender que es una riqueza para nosotros que vengan inmigrantes.

 Esta inmigración no la organizó el Estado, como otras inmigraciones de nuestra historia. Esta la ha hecho el mercado. Y al mercado solo le importa la ganancia y se desentiende de los otros problemas

-Otra mentira que esconde el discurso que dice que “los inmigrantes nos quitan el trabajo”, es que la “importación” de mano de obra barata sirve para mantener en el suelo los salarios de, por ejemplo, los temporeros.
Claro, se explica más ese abuso si se entiende que esta inmigración no la ha organizado el Estado de Chile, como otras inmigraciones pasadas en que el Estado invitó o acogió a migrantes. Esta vez es una inmigración que ha hecho el mercado. Y al mercado solo le importa la ganancia. Se desentiende de los otros problemas y la pelota se la pasa al Estado.

-Y se trata de personas que muchas veces vienen huyendo de condiciones terribles.
Claro, entre los inmigrantes tenemos grupos que huyen de la miseria y otros que huyen de la violencia, como los colombianos. Y es tremendo, porque no reconocemos su aporte a pesar de que ellos hacen trabajos que los chilenos no estamos dispuestos a hacer. Y está comprobado por las estadísticas, que los inmigrantes pagan sus imposiciones e impuestos: colaboran con el país, vienen a trabajar y quedarse.

-Antofagasta es una de las regiones con mayor explosión de inmigrantes en los últimos años…
Casi el 10% de la población. Y puedo decirle que la violencia es más bien comunicacional que real. Por ejemplo, me ha tocado ya en dos partidos de fútbol entre Colombia y Chile, en que son los medios de comunicación los que empiezan a decir que habrá violencia. Entonces se preocupan las autoridades y llegan carabineros a caballo, carros policiales, y eso crea un ambiente. Y al final, no pasó absolutamente nada en ninguno de los dos partidos. Y una vez que hubo una pelea fue semejante a las que que se producen cuando juegan Colo Colo y la Chile.

Felipe Berrios en el campamento La Chimba.
Felipe Berríos en el campamento La Chimba. (Foto: Magaly Visedo)

-¿Los medios de comunicación incentivan la violencia?
Exactamente, hay una incentivación de los medios de comunicación cuando replican y responden a estos rumores y prejuicios. Con ocasión del último partido de fútbol, incluso me llamaron periodistas preguntando: “¿Cómo está la situación en Antofagasta?”. Y claro, había resguardo policial, pero no estaba pasando absolutamente nada.

-El negocio del odio y la xenofobia entonces renta para políticos, medios de comunicación que buscan aumentar su rating y algunas empresas que buscan impunidad para pagar salarios miserables.
A mi juicio estamos frente a un problema: se ha instalado en Chile una “híper prevención”, o sea, hay en las autoridades un miedo a que se les señale con el dedo porque no han hecho su labor entonces sobreactúan.

-Y yendo al fondo del problema: ¿han hecho las autoridades su trabajo respecto a esta explosión de inmigración?
Es complicado explicar el problema, porque tenemos que tocar la ideología del mercado. Eso significa que estamos ante un desafío mayor. Lo mismo que pasa con el problema de la salud, la educación: no podemos arreglar con parches de leyes cuestiones que son inherentes a un sistema, a una ideología más profunda y que tenemos que cambiar en Chile. Porque, por ejemplo, todos están de acuerdo que es mejor que se mezclen los alumnos en las escuelas, pero no quieren que sus hijos se mezclen…

¿Los medios de comunicación incentivan la violencia? Exactamente, hay una incentivación de los medios de comunicación cuando replican y responden rumores y prejuicios

-Y tienen que mezclarse porque de lo contrario seguiremos consolidando ghetos y todo lo que ello conlleva: pobreza, discriminación y educación y salud para pobres distinta a la de los más pudientes.
Quiero ser responsable al decir lo que sucede con los inmigrantes: lo que yo he visto aquí es que más que discriminarlos en los hospitales y escuelas por ser inmigrantes, los discriminan por ser pobres.

-¿Qué hace de Chile hoy un país atractivo para los inmigrantes de Latinoamérica?
Yo les he preguntado a los inmigrantes con los que vivo en este campamento, por qué no vuelven a sus tierras si viven acá en condiciones precarias. Y por ejemplo, en el campamento “Luz Divina 6”, que son como 100 familias, prácticamente todos ellos han recibido subsidios, y dicen: “en mi país jamás habría tenido acceso a una casa. Aquí llevo cuatro o cinco años y voy a recibir una vivienda, y mis hijos van a tener una vivienda”. Hay cinco razones que se repiten por las que dicen que les atrae estar en Chile. Primero, la mejor educación. Es cierto, a la educación en Chile le falta mucho, pero comparativamente, si un niño peruano o boliviano llega con tercero medio, aquí baja inmediatamente dos cursos, es decir a Primero Medio. Esa es más o menos la diferencia. Otra razón es la mejor salud. Yo les digo: “¿si es mejor la salud porqué se van a atender a su país?”. Y me responden: “sí, es mejor la salud en Chile, pero en mi país yo puedo conversar con el médico”.

-La atención pública en Chile no deja tiempo para que el médico pueda explicarle mejor su situación al paciente…
Aquí en Chile en sectores populares, no. Tercera razón: les gusta la libertad de la mujer. Aunque en Chile para mi somos muy machistas, pero en comparación las mujeres acá tienen más libertad para educarse, para opinar, para trabajar e incluso pueden ser protegidas si son golpeadas por sus maridos…

– ¿Aquí hay menos violencia contra las mujeres que en otros países?
Aquí, si le pegas a una mujer corres el riesgo de que tus vecinos aleguen o llamen a Carabineros y te lleven preso. Y pasa, aquí en el campamento hemos llamado a Carabineros porque estamos viendo una pelea y eso es novedoso en Latinoamérica. Y la cuarta razón es el cuidado por los niños. No puedes dejar a los niños solos en las casas, porque el vecino llama a Carabineros y te los pueden quitar por descuido.

La experiencia me ha mostrado que los ricos y los pobres son iguales en todas partes del mundo. Los ricos usan la misma manera de vestirse, viajan a los mismos lugares, tienen casi las mismas casas; y los pobres viven las mismas miserias y abandonos. Los sectores medios, que son los que diferencian más a los países, son más propensos a toda clase de chovinismo y prejuicios, muy alimentados por campañas de toda índole, comerciales y políticas

-Lo que usted dice da tiritones, porque que les quiten los niños significa que la solución es que los manden a una casa del Sename, donde ya sabemos que sufrirán todo tipo de abusos además del abandono.
-Lo interesante es que, en otros países, esos niños simplemente no sólo no van al Sename, sino que el niño cae al bracero, o al canal, o se quema la casa con el niño y ni siquiera es noticia. Por eso digo que hay que tener cuidado solo con criticar al Sename, porque las fallas del Sename se insertan en donde vale la persona que produce y consume. Y ni los viejos ni los discapacitados ni los niños producen ni consumen como se quiere. Por eso, no sacamos mucho con ponerle plata al Sename sino cambiamos la cultura.

Y la última razón que escucho de ellos es que este país les gusta porque es estable, sus hijos pueden tener proyección hacia el futuro. Esas son las razones más importantes que ellos esgrimen para venirse a vivir a Chile.

 -Esas respuestas avalan otro argumento que se ha escuchado: que como Trump se apronta a cerrar más las fronteras de Estados Unidos a los latinos, es viable esperar en Chile -por las razones que describe- una oleada de inmigrantes que se va a volcar hacia el sur.
Obviamente por las condiciones nuestras, van a tener más interés en venir a Chile que a otros países latinoamericanos, y ahí hay una contradicción: hay sectores que alegan que Chile está pésimo y, por otro lado, nos damos cuenta de esto otro. Bueno, tenemos que estar abiertos y con alegría a que venga gente de otros países porque la diversidad cultural es una riqueza: nos hace más inteligentes, más alegres e inclusos

-¿Ha cambiado Antofagasta con los extranjeros?
Obvio que ha cambiado. Vamos a aprender a vestirnos no sólo de gris y estamos aprendiendo a cocinar mejor y a valorar la diversidad… ¡Qué contradictorio es todo esto! Ahora surge este temor a los inmigrantes y no nos damos cuenta de que Chile se hizo con inmigrantes. Pero nadie alega contra los croatas, los alemanes, los ingleses, los españoles…

– Porque mientras sean europeos está bien.
Claro y aunque el europeo que llegaba era pobre, le abríamos las puertas. Pero si se trata de un latino, moreno y pobre… Y no nos damos cuenta de que nos enriquecen el ADN, culturalmente y, además, nos ayudan económicamente. Ahora, tenemos que ser inteligentes en cómo los acogemos. Obviamente, si los tiramos a la periferia, si ponemos tantas trabas…

Qué distinto sería si autoridades, gente conocida o los curas nos atendiéramos en hospitales públicos, hiciéramos cola en los policlínicos, fuéramos una y otra vez a los campamentos, a las poblaciones más periféricas y apartadas, porque a lo mejor así  la sociedad se fijaría en esos lugares.

-Tirarlos a la periferia es abrir la puerta a que se formen cinturones de miseria alrededor de algunas ciudades, como ha pasado en Antofagasta.
Exactamente, esto es reflejo de algo más interesante que hay detectar, porque hay un muro que es todavía mucho más cruel que el que promete Trump, y es el muro de los prejuicios, no es de cemento ni se puede fotografiar y hacer campañas con él: es el muro ideológico que tenemos internamente.

-¿Cómo es ese muro personal y colectivo?
De rechazo al que es distinto, al que tiene la piel de otro color o habla de otra manera. El rechazo que antes había hacia el más pobre, ahora los prejuicios apuntan hacia los inmigrantes. Estamos ante muros que son invisibles y que son mucho más tremendos que un muro de tres metros de concreto.

-Sebastián Piñera identificó el peligro delincuencial con las bandas de extranjeros que se han instalado en Chile.
Yo respondería diciendo que en el último tiempo hemos visto muchos delincuentes en el país y que son chilenos. Segundo, hemos visto también -y soy testigo- que la policía realmente chequea a la gente que entra. Y que la mayoría de las mafias que tenemos en Antofagasta son manejadas por chilenos. Entonces, esa idea de que las fronteras están abiertas, entra cualquiera, comete delitos y no le hacen nada, es falsa. La policía es estricta con quien comete un delito sea chileno o extranjero. Hay que tener cuidado cuando se dice y repite esa frase, porque da la sensación de que aquí se deja entrar a cualquiera y se hace vista gorda porque es inmigrante, y no es así.

Lo que es tremendamente grave es que esa frase produce sospechas contra el inmigrante. Y eso además, es una sinrazón histórica, porque Chile se ha hecho de inmigrantes.

-¿Y cómo paramos esa criminalización del inmigrante latino? Ya entramos a la campaña presidencial  y será un tema.
Tenemos que ser muy firmes. Jesús fue expulsado de su país y nació en Belén, que no era su tierra. A modo de ejemplo. para leer los apellidos de diputados y senadores pareciera que tengo que hablar otra lengua, porque hay una cantidad de nombres de origen alemán, belga y otras nacionalidades. Es cosa que también revisemos a nuestros ancestros.

-¿Cómo se debe enfrentar esa campaña?
Insisto: hay que atajar esa campaña desde la raíz, hay que ponerse firmes, porque si no vamos a crear un odio que no solo es falso, sino que es además estúpido.

-Principalmente, porque las cifras respecto del porcentaje de extranjeros involucrados en delitos en Chile demuestran que esa criminalización es falsa.
Claro, es falsa. Un prejuicio, que es peor que una mentira, porque las mentiras las puedes identificar, pero lo complicado del prejuicio es que se van tomando por ciertos y nadie sabe de dónde surgen ni quién los promueve, pero todos vamos alentándolos. Se comete un asalto, entonces no nos centramos en el asalto sino que le ponemos apellido: “colombiano asaltó”, “peruano asaltó”. Pero las cifras desmienten esos prejuicios.

-Uno de los economistas más connotados, Joseph Stiglitz, afirmó en un estudio que publicó CIPER que las mafias internacionales más importantes y dañinas son las que usan y abusan de los paraísos tributarios. De ello no se habla.

Bueno, hay muchas cosas que no se hablan. La globalidad en que vivimos ahora, con medios de comunicación y redes sociales fuertes que hacen que uno esté inmediatamente enterado de las cosas, tiene muchas cosas positivas y también otras muchas negativas. Entre estas últimas, está el incentivo a los nacionalismos, la mentira y la concentración del poder. Por ejemplo, cuando se habla de los desastres ecológicos se nos olvida que una de las mayores cosas que van en contra de la ecología es la concentración de la riqueza. Y es esa concentración la que permite la existencia de los paraísos fiscales.

El Mercurio publicó un análisis de Bloomberg que dice que mientras Estados Unidos e Inglaterra cierran sus fronteras, Chile mantiene abierta su puerta a los extranjeros. Suena a crítica…
No lo veo como una crítica. Ojalá sea así, porque habla muy bien de los chilenos. Y si no nos mueve una cuestión de inteligencia, de darnos cuenta de que los seres humanos estamos hechos para convivir y mientras más grande sea la diversidad más ricos somos humanamente; veámoslo por último desde la sobrevivencia. Porque con la tasa de crecimiento que tenemos no vamos a poder sostener ni a los viejos ni la producción. Necesitamos mano de obra.

-¿Es urgente cambiar la Ley de Inmigración?
Mientras más cortapisas le ponemos a la gente… Lamentablemente Chile termina para los chilenos en La Serena y a lo demás le llamamos “el norte”. Pero la realidad dice que aquí en Arica, Iquique, Antofagasta, Calama, estamos mucho más cerca cultural y físicamente de Perú y Bolivia que de Santiago. Y por la tremenda frontera que tenemos, somos incapaces de controlarla. Entonces, mientras más cortapisas ponemos, más incentivos hay para que sean las mafias las que traigan a la gente y controlen nuestras fronteras. Nosotros no tenemos que pelear contra los inmigrantes, sino contra las mafias que los explotan.

-Y los que ganan dinero con la trata de personas, como el empresario y ex candidato presidencial Francisco Javier Errázuriz, quedan en la impunidad. Después de haber traficado con trabajadores paraguayos y haber zafado de ese juicio por demencia, apareció muy lúcido en un remate.
Creo que tenemos ciertos polvos mágicos en Chile, porque tenemos a otro que llegó en silla de ruedas y después salió andando… Parece que el clima de Chile cura la demencia. Lo que tenemos que hacer es acoger a los inmigrantes y darles visa de trabajo, una manera también de saber lo que está pasando con ese ciudadano. De otra manera, son las mafias las que los dominan, los hacen ingresar “en negro” a Chile, y luego les venden contratos de trabajo para que simulen ante Extranjería.

– ¿Eso está pasando en Antofagasta?
Sí, y en Santiago, y por eso tenemos que ser inteligentes. Exigir más visas y poner más trabas es no entender el mundo moderno. Mire lo que está pasando en Europa. Yo vivía en el Congo, en Burundi, donde la gente estaba hambrienta y miraba la televisión. Esa es la posibilidad que tienen ahora: pueden ver a través de la televisión lo que pueden tener en Europa, entonces están dispuestos a arriesgar sus vidas para llegar allá. Porque entre la vida que tienen y lo que pueden tener allá hay un universo de diferencia.

-Hay quienes se aprovechan de los inmigrantes que llegan ilegales a Chile y pagan salarios bajo el mínimo. No hay capacidad fiscalizadora de la autoridad para terminar con eso y muchos inmigrantes trabajan en jornadas extenuantes por salarios míseros. Esa explotación subsiste y sin control.
Y por otro lado, tenemos sindicatos que bregan por que se prohíba contratar inmigrantes. Es complejo el concepto de “salario mísero”, porque en el mundo globalizado en que es “fácil” el traslado, lo miserable que puede ser para mí que me paguen $260.000 al mes, en otro país es un lujo.

Felipe Berrios
Felipe Berríos – Campamento La Chimba (Foto: Magaly Visedo)

-Pero estamos en Chile, convengamos que un empleador que paga menos que el salario mínimo, está profitando de gente sin papeles y, además, alterando el mercado laboral al bajar la vara de los salarios. Eso genera resentimiento, porque el trabajador chileno dice: “yo me niego a trabajar por esa miseria, pero estos inmigrantes lo aceptan”.
Creo que todos debemos atacar un sistema que establece que la moneda de cambio es el dinero. Y no es así: ¡es la calidad de vida! El país, y todos nosotros en ese empuje, se desarrolla si hay mejor calidad de vida. Alguna vez tenemos que dar ese paso. Mientras creamos que la moneda de cambio es el dinero, habrá explotación del ser humano por el ser humano.

-Su reclamo de calidad de vida para la gente que debe pasar tres horas en transporte, bajos sueldos, deudas y la imposibilidad de ocuparse cada día de los hijos, es un lujo asiático.
Por eso mismo no podemos medir el desarrollo de Chile solo por los ingresos per cápita, sino que por la calidad de vida. Así, podríamos darnos cuenta que si en una pega yo gano $400.000 y en otra $1 millón, hay que evaluar cuál de las dos alternativas me brinda mejor calidad de vida, quizás la de $400.000 me permita una mejor calidad de vida. O que puedo tener mejor calidad de vida en regiones que en Santiago. A mí me han concientizado desde chico que si el dinero es la vara con que se mide la vida, eso me va a distorsionar los valores, la justicia, la economía, todo.

-Supongo que está consciente de que para muchos sus palabras suenan a la prédica de un sacerdote jesuita y nada más.
No es la prédica de un cura. Veo a la gente enojada, fue lo que más me llamó la atención cuando volví de África: que los chilenos andamos todos enojados, con rabia. Y decía por qué están enrabiados, si están todos gordos y llenos de cosas, y yo vengo de un país donde la gente está flaca, no tiene cosas y está feliz. Entonces, empecé a darme cuenta de que no es el dinero lo que mide la vida. No es la prédica de un cura, porque muchas veces los curas también estamos midiendo las cosas a través del dinero. Tendremos que darnos cuenta en algún momento de que la diferencia entre un país desarrollado y uno no desarrollado no es la plata, sino la calidad de vida. Porque ahí me doy cuenta de que si pago salarios miserables y gano $15 millones al mes, vivo en una casa lujosa, cómoda y protegido con guardias, no es calidad de vida lo que tengo, sino solo más plata. Porque no voy a ser feliz, ni mis hijos van a ser felices, si ando con miedo a que me roben. Vivir como si residiera en un país rico y los demás como si estuvieran en Bangladesh, no es calidad de vida.

-En Antofagasta la desigualdad se manifiesta de manera brutal. La gente de “La Chimba” tiene muy poco. ¿Cómo los ve mirar esos otros barrios y el casino donde hay abundancia?
En Antofagasta tenemos un ingreso per cápita de US$37.000, pero como dice Nicanor Parra, tenemos dos panes, yo me como dos, tú ninguno. Promedio: un pan por persona. Entonces, ese ingreso per cápita de US$37.000 es desequilibrado total: hay gente que vive como en Europa, y otra gente que vive en un campamento en que no tenemos agua potable, ni alcantarillado ni electricidad… Bueno,  tenemos electricidad porque estamos colgados.

Eso lo produce una cultura de mentalidad extractiva -la que tenemos en Chile- de sacar y sacar y ganar yo lo que más pueda sin importarme el daño ecológico ni el daño humano que produzco. Y el desafío es pasar a una cultura inclusiva: darse cuenta de que no soy más rico ni más desarrollado si tengo más plata, sino si mi país es mejor porque mis conciudadanos  viven mejor.

– ¿Y lo ve mejor a su país desde que se instaló nuevamente a vivir aquí?
Creo que sí, hemos avanzado en muchas otras cosas… Y esas cosas nos hacen darnos cuenta de otras que antes pasaban inadvertidas y que ahora se ven que son delito. Tenemos que avanzar mucho más y soy optimista. Tenemos que dar pasos decisivos y hacer reformas profundas, hay que hacerlas, y se nos está quedando afuera la regionalización y la salud.

-Cristián Dueñas, un investigador del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, dijo: “Existe un riesgo de racismo activo en las calles. Me preocupa que, sin políticas claras, cualquier populista o demagogo pueda impulsar ataques racistas”.
Estoy de acuerdo con eso, y por eso también me asusta mucho la crítica constante en contra de los políticos. Que tenemos partidos políticos y políticos de mala calidad, puede ser cierto, pues ellos son un reflejo de la sociedad chilena, pero cuidado, no se ataca el problema destruyendo a los políticos, la política y a los partidos. Se ataca pidiéndoles a los mejores jóvenes y a la mejor gente que ingresen y sean activos en la política. De lo contrario, es caldo de cultivo para los poderosos que son los que marcan el paso, y para los demagogos que se agarran al poder. En eso nos falta lucidez. Los más interesados en que se subrayen los aspectos podridos de los políticos y en que se deteriore el sistema de partidos en Chile, son los más poderosos y los demagogos.

¿Es urgente cambiar la Ley de Inmigración? “Mientras más cortapisas ponemos (a la inmigración), más incentivos hay para que sean las mafias las que traigan a la gente y controlen nuestras fronteras. No tenemos que pelear contra los inmigrantes, sino contra las mafias que los explotan (…) Exigir más visas y poner más trabas es no entender el mundo moderno”

-Los parlamentarios que representan su zona, ¿han propuesto políticas públicas importantes en favor de los inmigrantes?
No soy experto en el tema. Vivo con inmigrantes y llevo años compartiendo con ellos en Chile y fuera de Chile, en los campos de refugiados. Y creo que sí hay gente en Chile interesada en el tema y no demagógicamente. Pero también veo que hay un peligro tremendo con el Brexit y el triunfo de Trump de que esto se convierta en una herramienta demagógica que nos traiga muchos problemas. Lamentablemente, a veces copiamos lo peor de los países que están más avanzados.

-Hemos visto en el último tiempo una procesión de candidatos y dirigentes políticos que, cuando van a Antofagasta, visitan su campamento, “La Chimba”, como si fuera una pecera.
¡Yo quería pasar inadvertido! Cuando volví del Congo, venía machucado, tal vez ha sido la experiencia que más me marcó en la vida, y le dije al provincial lo que quería: repensar mi servicio, la iglesia, Chile, desde la marginalidad. Lamentablemente se supo que yo volvía para acá, fue noticia y había periodistas. Y ahí pensé en la estrategia del judo, de usar la fuerza del otro para lo que yo quiero. Y me dije: “Ya que estoy aquí voy a tratar de mostrar cómo viven los inmigrantes en los campamentos de Antofagasta”. Por eso encuentro tremendamente interesante que vengan a la pecera, porque aquí puedo mostrarles lo que es vivir en un campamento. Cómo vive esta gente que se levanta temprano a trabajar, lo que pasa cuando uno no tiene agua ni alcantarillas, cuando hay moscas y ratones. Y puedo mostrárselo a personas que van a ser candidatos a senador o Presidente de la República. Es una oportunidad única de mostrarles una realidad a la que, de otra manera, no tienen alcance. Que distinto sería si autoridades, gente conocida o los curas nos atendiéramos en hospitales públicos, hiciéramos cola en los policlínicos, fuéramos una y otra vez a los campamentos, a las poblaciones más periféricas y apartadas, porque a lo mejor así  la sociedad se fijaría en esos lugares.

-¿Ha trabajado usted alguna propuesta para mejorar la situación de los inmigrantes?
Hay propuestas concretas, como los desalojos selectivos. Quienes vivimos en campamentos, que ahora en Chile en su mayoría están compuestos por migrantes, sabemos perfectamente quienes son los mafiosos. Muchas veces no son más de cuatro o cinco que echan a perder la convivencia, trafican con drogas o migrantes. Y son intocables. La gente los conoce perfectamente y está dispuesta a denunciarlos, pero para eso hace falta que las autoridades actúen pronta y efectivamente contra ellos. Otra propuesta: ubicar en las ciudades las zonas de mayor concentración de migrantes y hacer de esos lugares o barrios “zonas protegidas por el Estado” y que las autoridades intervengan directamente a quienes viven allí, chilenos y migrantes, ayudándolos con regularizar sus papeles, trabajos y otras dificultades. Invitar a ONGs a trabajar en esos lugares e ir arrebatándole esos territorios al dominio de  las mafias. Son acciones concretas que no significan muchos recursos, concentran esfuerzos y cambian la calidad de vida de las personas, migrantes y vecinos.

 

Patricio Aylwin y las heridas de 1973

En 1973 sus manos grandes y su rictus irónico se hicieron muy familiares para la gran mayoría de chilenos. Ya sea desde el Congreso, desde su sitial de senador por Talca, Linares y Maule; o desde algún acto del partido democratacristiano, del cual era presidente, Patricio Aylwin aparecía todos los días en las radios, los diarios o en las pantallas de televisión. Concitó odios y admiración. Fue uno de los protagonistas más importantes del drama que vivió nuestro país en 1973.

Seis veces presidente de su partido, le tocó redactar y negociar el Estatuto de Garantías que la Democracia Cristiana pactara con la Unidad Popular en 1970, luego participaría en un diálogo que fracasó y más tarde asumió la responsabilidad de “explicar”, como él mismo lo dice, el golpe de Estado ante sus aliados en el mundo y en Chile.

El año 1976 abandonó la presidencia de la DC, “cansado y agotado” de estrellarse contra un muro. “Pude haber tenido un estándar de vida bastante distinto del que tengo si me hubiera dedicado a ganar plata. Pude haber sido un brillante profesor de Derecho, pero dejé mi cátedra y cerré mi estudio cuando fui elegido senador. He luchado con los medios que sé luchar. Si me piden que coloque bombas o que tome una metralleta, eso no lo sé hacer”.

Sus últimas palabras son casi un murmullo.

Salvador Allende y Patricio Aylwin
Salvador Allende y Patricio Aylwin

No resulta fácil hablar con el Patricio Aylwin de 1973, tampoco con el de 1974 y 1975. Las heridas están abiertas, las dudas y las interrogantes que seguramente muy pocas veces compartirá, subyacen en la conversación. Difícil es para toda una generación de nuestros dirigentes reconocer errores. Hay veces que en esta profesión uno se siente violando intimidad y dolor. Esta es una de ellas.

Usted formó parte de la comisión que redactó y negoció el Estatuto de Garantías que pactó su partido con la Unidad Popular en 1970. ¿Realmente creyó que Salvador Allende tenía posibilidades de gobernar de forma normal?
-Pensaba que había que distinguir las posiciones ultras de sectores del Partido Socialista, las tendencias a mi juicio totalitarias del PC y separarlas de la tradición democrática del Presidente Allende y de la formación democrática de otros sectores que, aunque minoritarios, lo acompañaban, como era el radicalismo y una parte del Partido Socialista. Siendo un gobierno minoritario, tendría que optar por someterse a las reglas del juego democrático.

¿Tuvo temor de que la UP quisiera romper con el sistema democrático?
-Creía en la buena fe de Salvador Allende y sigo creyendo. Tenía y tengo mucha desconfianza del PC, porque no obstante las buenas intenciones de sus planteamientos, el PC chileno tiene una trayectoria prosovietica que lo marca y lo hace desconfiable.

¿No le parece extraño que fueran precisamente los comunistas los que propiciaron un “compromiso histórico con la DC”?
-Nunca confié en ese “acuerdo histórico”. Recordemos que Luis Corvalán declaró que “con Tomic ni a misa”. Yo sabía que el PC aceptaría ese acuerdo en cuanto lo beneficiara, pero no para acompañarnos en un proceso de profundización del proceso democrático del país. Teníamos razón en nuestras desconfianzas y en creer en la viabilidad de un gobierno socialista, siempre y cuando a Salvador Allende lo hubieran dejado hacer.

¿Quiénes? ¿Estados Unidos?
-Fundamentalmente si lo hubiera dejado su partido. Antes de hablar de Estados Unidos hay que decir que la responsabilidad fundamental estuvo en Chile. Al día siguiente de asumir Salvador Allende, Luis Corvalán y Carlos Altamirano aseveraron que se había conquistado el gobierno pero no el poder, y que el objetivo era conquistar el poder total. El poder total a mi juicio es incompatible con la democracia.

¿Cuál cree usted que fue el grado de importancia que tuvo la intervención norteamericana en Chile?

Richard Nixon
Richard Nixon

-La elección de Allende hizo perder los estribos a Nixon, y el Departamento de Estado y el Consejo de Seguridad y la CIA hicieron todo lo posible para impedir el ascenso de Allende a la presidencia. Ese es un hecho histórico y conocido. Pero creo que de parte del gobierno chileno hubo algunos errores que le dieron ocasión a Estados Unidos para poner en práctica sus malos deseos.

En sus memorias, el embajador norteamericano en Chile en ese período, Nathaniel Davis, dice: “Se autorizó el gasto de US$250 mil para Frei y su equipo de confianza”.
-Le puedo decir lo siguiente: cuando en 1974 se dieron a conocer los informes de la Comisión Church sobre la inversión encubierta en Chile, los presidentes de la DC de esa época nos reunimos y emitimos una declaración conjunta. Benjamín Prado, Narciso Irureta, Renán Fuentealba y yo dijimos que ninguno de nosotros supimos jamás de entregas de dinero norteamericanas y menos de la CIA al PDC. Frei tampoco recibió jamás esos dineros. El mismo embajador Davis dice que la mayor parte de esas ayudas no tenían fines de desestabilización, sino que servían para mantener en funcionamiento a los partidos de oposición en un régimen que pretendía acaparar el poder total. También dice que la mayor parte de los dirigentes no supieron de la llegada de esos dineros.

¿Afirmaría usted que el paro de los camioneros no fue sustentado con esos dineros?
-Esa es otra cosa. El PDC no impulsó ese paro. Si llegó esa plata, a alguna parte fue. No puedo poner en duda que la plata llegó, porque el mismo señor Davis lo dice. Habla de un total de seis millones 900 mil dólares, de los cuales un millón 900 mil los recibió El Mercurio, según los datos que da el señor Davis. Del resto, en definitiva quedaban como 580 mil dólares que habría recibido el PDC. Esas son las únicas platas de las cuales yo puedo opinar y puedo decir que por mi mano no pasaron y no supe de ningún democratacristiano que las recibiera. Creo que esos dineros pueden haber llegado en forma indirecta. Nosotros teníamos dos radios y recibían publicidad. Es probable que empresas, organismos o agencias que existían hayan recibido aportes –por ese conducto–  en nombre de instituciones, amigos o partidos amigos. En esos casos uno no se puede poner a preguntar cuál es el origen del dinero.

LOS SOCIALISTAS Y EL DIÁLOGO

Usted asumió la presidencia del PDC en abril de 1973, cuando la suerte de este país ya está echada…
-Si así lo hubiera creído, no asumo la responsabilidad. No me hago cargo de un muerto. Yo pensaba salvar la democracia de mi país y el sistema institucional con todos sus defectos. Mi lema fue no dejarle pasar una al gobierno. ¿Por qué? Sostenía que la directiva que me había precedido, encabezada por mi amigo Renán Fuentealba, era muy dura en el lenguaje con el gobierno de la UP, pero en el hecho, esa firmeza en la palabra se diluía al dejarnos envolver en negociaciones que no terminaban nunca. Los sectores más ultras se aprovechaban para seguir avanzando en la tesis: “Avanzar sin transar”. Altamirano en su libro sostiene que siempre se opuso a toda negociación con el PDC.

Pero Carlos Altamirano no era la Unidad Popular.

Carlos Altamirano
Carlos Altamirano

-Allende en definitiva no tuvo ñeque para imponerse sobre el señor Altamirano. El error histórico que cometió fue ayudar a desbancar a Aniceto Rodríguez y elegir a Carlos Altamirano como secretario general de su partido. Creo que las conversaciones que tuvimos fracasaron a fines de julio de 1973 porque el PS dijo: ¡No!

¿Qué le dirá a Carlos Altamirano el día que se reencuentren?
-Somos civilizados. Además, él está de vuelta, ha evolucionado y se ha dado cuenta de los errores que cometió. No entiendo de otra manera su actual posición de respaldo a la línea del PS de Núñez y a su no identificación con el PS de Almeyda.

¿Cuál es la diferencia?
-El PS de Núñez está en una línea razonable para volver a reconstruir la democracia en Chile. El PS de Almeyda, al querer reconstruir el eje socialista comunista, está siendo un estorbo para recuperar la democracia.

Usted fue un protagonista importante del diálogo entre su partido y la Unidad Popular que fracasó en 1973…
-No es para contarlo en una entrevista. Estoy escribiendo un libro sobre el particular. Cuando se hizo el llamado al diálogo, yo pronuncié un discurso en el Senado como presidente de mi partido refiriéndome a la materia. Dije que Chile estaba al borde de un quiebre de su sistema democrático y que lo más grave era que los chilenos habían perdido la confianza en la democracia. Dije que la DC, el patrimonio que podía exhibir era su lealtad histórica al orden democrático constitucional y que nos jugaríamos aunque fuera contra todos por salvar el sistema. Que yo estaba dispuesto a conversar y aceptaba cualquier llamado al diálogo. Pocos días después se produjo el llamado del Presidente Allende en un discurso que pronunció en la UNCTAD a mediodía. En la tarde llegó a verme al Senado Gabriel Valdés, que en ese entonces era funcionario internacional, y me dijo: “Vengo de almorzar con el Presidente Allende y me ha dicho que dar este paso ha sido terriblemente duro para él, porque le significaba el rompimiento con su partido. El PS no acepta el diálogo al cual él ha llamado. Te lo advierto para que tú no pongas dificultades”. De inmediato tomé el teléfono y llamé a La Moneda. Hablé con Frida Modak y le dije: “Dígale al presidente  que he sido informado de su llamado al diálogo, que cuente conmigo y que me diga cuándo nos podemos reunir. Yo estoy listo a partir del viernes (era un miércoles), pues necesito pedir autorización a mi partido”. El edecán del presidente me comunicó que el día lunes se iniciarían las conversaciones. Cuando ese lunes llegamos con Osvaldo Olguín a La Moneda nos recibió el presidente Allende, acompañado de Carlos Briones y Clodomiro Almeyda. Cuando reanudamos las conversaciones a las 10 de la noche, Allende estaba acompañado por Humberto Mardones. Almeyda ya no estaba. Para mí era un signo de que el obstáculo que el PS le puso al presidente Allende por la idea de negociar se tradujo en la decisión, la tarde del lunes, de dar un no categórico al diálogo.

¿No había contactos entre la DC y las Fuerzas Armadas en esos momentos?
-Yo personalmente y el partido oficialmente nunca tuvimos contacto con las Fuerzas Armadas.

¿Juan de Dios Carmona lo hizo entonces a título personal?
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-El los tuvo, pero yo sólo tuve contactos oficiales. La directiva de mi partido, por ahí por el 12 de agosto, se reunió con el general Prats, el almirante Montero y el general Ruiz Danyau, en la  casa del general Prats, para analizar la situación que vivía el país. Cuando el Presidente Allende formó su último gabinete, yo fui personalmente a hablar con el almirante Montero para ofrecerle la colaboración del PDC y el almirante Montero invitó a Sergio Molina para conversar sobre aspectos del manejo de la situación económica. Cuando el diálogo fracasó y nos reunimos por última vez con el Presidente Allende.

¿Fue en esa oportunidad cuando Allende le habría dicho: “Tóquenme, pues esta es carne de estatua”?
-No, no fue en esa oportunidad. Se lo voy a explicar. El diálogo fracasó el 1 de agosto. El cardenal Silva Henríquez me llamó el 15 de agosto, para decirme que quería invitarnos a Allende y a mí a comer a su casa. Esa reunión se concretó el 17 de agosto. Allí le pedí a Allende resolver el problema de las áreas de la economía. Allende me planteó que si yo decía que era capaz de ponerme de acuerdo con Carlos Briones en una fórmula para resolver el asunto, él le diría a Briones que se entendiera conmigo. Le pedí además que resolviera el problema de los mineros despedidos y el asunto de la papelera.

¿Qué acordaron en esa reunión?
-Llegamos a acuerdo en una serie de cosas. Nombrar una comisión con un señor Pey, designado por Allende y Sergio Molina, para que ellos acordaran, previo estudio de la situación de la papelera, el reajuste de sus precios. Sobre los mineros, Carlos Briones resolvería el problema de la reincorporación y además se reuniría conmigo para tratar el problema de las áreas de la economía. Al día siguiente nos juntamos con Carlos Briones en mi despacho del Senado. Tuvimos varias reuniones y redactamos los textos atingentes. En definitiva, él no logró obtener respaldo de los partidos de la UP. Como nos podían sorprender en esas conversaciones y eso crearía dificultades, decidimos nombrar representantes. Él designó a Iván Auger y yo a José Florencio Guzmán. Ellos siguieron reuniéndose. El sábado 8 de septiembre, en un matrimonio, Guzmán se me acercó y me dijo que la noche anterior había tenido una larga conversación con Auger, que éste venía de conversar con Allende y lo había encontrado muy abatido y preocupado. Y en esa conversación le habría dicho: “Iván, esta es carne de estatua”, golpeándose la pierna. Así fue como escuché esa frase.

¿Pensó que esa frase se haría realidad en el corto tiempo?
-Allende me merece mucho respeto, pero no cabe duda que él tenía cierta dosis de autosuficiencia, admiración por él mismo, cierta vanidad personal. La frase me pareció muy propia de él. 

ALIANZAS DE AYER Y DE HOY

¿Cuáles fueron a su juicio los principales obstáculos que usted encontró para que el diálogo fructificara?
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-El país vivía una sicosis. En el seno de la UP se especulaba todo los días con el Golpe, en la oposición con el autogolpe, y frente a eso la posición de las Fuerzas Armadas era un misterio. Personalmente creí, hasta el 11 de septiembre, que el general Pinochet era un hombre de absoluta confianza de Salvador Allende.

Pero había otros generales, como Bonilla y Sergio Arellano Stark, que no ocultaban sus simpatías con el PDC y tampoco su tendencia golpista.
-Exactamente, sabíamos eso, pero a mi Bonilla nunca me dijo que estuviera dispuesto a dar un Golpe de Estado. Yo no se lo oí. No me cabía duda de que al interior del Ejército y en la derecha había sectores golpistas. La derecha quería el Golpe.

¿Cómo se explica entonces que usted aceptara una alianza política con la derecha?
-Yo fui forzado por la UP. Fue una situación que se nos impuso. Solos nos habrían hecho pebre y le habríamos dado el gusto a la UP de que obtuvieran el poder total.

 Hoy día algunos sectores de su partido podrían utilizar el mismo argumento para fundamentar una determinada política de alianza. ¿Por qué no aceptar unirse con sectores de pensamiento diferente si así se evita que lo hagan pebre?
-Yo lucho por el restablecimiento de la democracia, creo que la unidad con quienes patrocinan procedimientos de rebelión popular impracticables y que le dan argumentos al señor Pinochet para quedarse indefinidamente, no ayudan.

Sin embargo, usted hizo alianza en el año 1973 con sectores derechistas que provocaron atentados terroristas que volaban oleoductos, hacían barricadas y…
-Yo no hice ninguna alianza en 1973. La CODE (Confederación Democrática, opositora a la UP) nació en julio de 1972. Fue un acuerdo suscrito por Renán Fuentealba y en ese momento ni se habían volado oleoductos ni ninguna de esas cosas. Tampoco entró jamás al CODE Patria y Libertad.

También existía el Comando Rolando Matus, que dependía del Partido Nacional.
-Yo no sé de quién haya sido ese comando, pero esos hechos son posteriores. Yo fui a negociar con el Presidente Allende en medio de las críticas del Partido Nacional, que no quería que la DC se entendiera con Allende.

¿Participó usted en alguna reunión preparatoria del Golpe?
-Absoluta y categóricamente: ¡No!

LA DC Y EL 11 DE SEPTIEMBRE

¿No se arrepiente hoy día de haber asumido el 11 de septiembre una posición de apoyo al Golpe?
-Le soy muy franco. Hoy no diría algunas de las cosas que dije entonces. El 12 de septiembre, la directiva de mi partido sacó una declaración en la que dijimos que lamentábamos lo ocurrido, pero lo explicábamos como fruto de la situación a la que había llegado el país. Dijimos también que confiábamos que las Fuerzas Armadas, por su tradición institucional -cosa en la que realmente creíamos entonces- actuarían por el sólo lapso que las circunstancias lo requieran. Esperábamos también que no hubiera persecuciones injustas.

El día 13 de septiembre de 1973, trece destacadas personalidades de su partido firmaron otra declaración condenando el Golpe.

Patricio Aylwin y Eduardo Frei Montalva
Patricio Aylwin y Eduardo Frei Montalva

-Hubo dos opiniones en ese momento. Yo sigo manteniendo la que tuve entonces. La responsabilidad fundamental de lo que ocurrió la tiene la UP. Nosotros hicimos un documento que circuló entre las bases, donde condenamos los atropellos a los derechos humanos. Se lo hicimos llegar al ministro del Interior, el general Bonilla. En enero de 1974 le mandamos una carta al general Pinochet, que por supuesto no tuvo respuesta.

En una declaración formulada a la revista Cosas usted dijo que hasta el año 1976 habían autorizado a militantes democratacristianos para ocupar cargos en el régimen.
-Es efectivo.

A principios de 1976, la iglesia Católica había denunciado ante los tribunales de justicia 445 casos de detenidos-desaparecidos. Son los peores años de la represión. ¿No se arrepiente de haber autorizado a militantes de su partido a participar de la acción criminal de este régimen?
– … La verdad es que su pregunta me impacta. Realmente la información que uno tenía en esa época sobre estos hechos era bastante rudimentaria. Personalmente no tenía información sobre todos los casos que después conocimos. No entendimos esa presencia en labores subalternas como un aval a la política de represión.

¿Tenía realmente esperanzas de que el poder en manos de la Fuerzas Armadas fuera un hecho transitorio?
-Nunca he perdido las esperanzas. Hice una apuesta que este gobierno no duraba menos de dos años, pero tampoco más de seis. Ese juicio mío era compartido por el cardenal Silva Henríquez, con el cual había conversado. Nos equivocamos los dos.

UNA MAYORÍA DE COBARDES

Si usted fuera miembro de la directiva de la DC hoy día, ¿propiciaría la inscripción de su partido?
-Esa es una de las grandes decisiones que tenemos que tomar. Personalmente, admitiendo que el asunto es muy dudoso, voy a defender al interior de mi partido que nos inscribamos.

En agosto de 1984, en una entrevista que le hizo Raquel Correa, usted afirmó: “Soy un decidido partidario de que el PDC no entre en el juego de la Ley de Partidos Políticos. Si la mayoría de partidos no la acoge, la ley será formal, sin vigencia, lo que demostrará la orfandad del régimen”.
-Estamos en abril de 1987 y el cuadro ha cambiado bastante. En esa época creía que estábamos al borde de un quiebre del régimen. Creía que 1985 iba a ser el año decisivo. Había un proceso nacional de repudio al régimen. En estos años he cambiado de parecer. No es cierto que se pueda provocar el aislamiento del régimen. Se inscribe Renovación Nacional, el Partido Nacional, la Social Democracia anuncia que se inscribirá. Ya hay un espectro, una parte del cuadro. Si estamos luchando por elecciones libres, hay que tener el instrumento para ir a ellas y uno de esos instrumentos es el partido político que presente la alternativa. Quedarnos afuera es atarse las manos y actuar exclusivamente en el campo de la protesta. La experiencia de los dos últimos años ha demostrado que con todo el valor moral que tiene, la protesta no es un instrumento eficaz para terminar con el actual régimen. Usted me dirá que voy retrocediendo de barricada en barricada y es probable, pero no se puede negar que contra todo lo que esperábamos el régimen ha salido bastante más firme de lo que creíamos.

¿Por el apoyo que concita o por la debilidad de una oposición que no sabe ponerse de acuerdo?
-Probablemente por lo último. Este régimen ha logrado mantenerse porque tiene el apoyo monolítico de las Fuerzas Armadas, el apoyo del poder económico…

¿Y el Poder Judicial?
-Sí, también ha sido un apoyo.

Su padre fue presidente de la Corte Suprema. ¿Qué siente cuando ve actuar al Poder Judicial como en el caso Letelier, por ejemplo?
-Siento mucha pena, indignación también. No soy de los que he callado esta opinión. El régimen se mantiene también porque la oposición no ha sido capaz de configurar una alternativa clara para el país.

¿Cómo explica usted que ayer, en la época de la Unidad Popular, propiciara la movilización como un instrumento de lucha y hoy día la desestime?
-Porque el gobierno de la UP era democrático y esta es una dictadura.

¿Piensa usted que la gente sabe pelear en democracia, pero no sabe hacerlo en dictadura?

Clodomiro Almeyda
Clodomiro Almeyda

-Los chilenos no sabíamos lo que era pelear en dictadura. No está claro que hayamos aprendido. Hay motivos para estar desilusionados de este país en general. Nosotros creíamos que los chilenos eran valientes; la verdad es que los hechos han demostrado que algunos chilenos eran valientes, pero que la enorme mayoría es bastante cobarde.

¿Qué sucedió con el grupo que usted, Clodomiro Almeyda y otros, conformaban en la universidad?
-En ese grupo estaba Carlos Altamirano, Clodomiro Almeyda, Felipe Herrera, Carlos Andrade. En febrero de 1945 tuvimos una reunión de 10 días en el fundo de Clodomiro Almeyda. Todos los días nos reuníamos a conversar. Nos habíamos propuesto cambiar este país. La discusión era si entrábamos a la Falange o al Partido Socialista. Al final resolví y les dije: “Yo, porque soy cristiano, debo entrar a la Falange; ustedes que tienen una formación más bien marxista deben entrar al Partido Socialista”.

Ustedes compartían ideales y todos han jugado papeles protagónicos en la historia de este país, ¿no se siente fracasado?
-Lo he sostenido y además está impreso. Una vez en un discurso dije: “Cuando tenía 20 años y mi generación tenía 20 años, en este país había mucha injusticia, mucha desigualdad, pero había libertad”. Nosotros estábamos orgullosos de la democracia chilena. Los hombres de aquella época nos propusimos, unos en el marco de las ideas socialcristianas, otros en el marco de las ideas socialistas, otros radicales, superar esa injusticia, transformar este país, construir un nuevo Chile justo, humano, solidario, sobre la base de conservar la libertad. Al cabo de 50 años, hoy día hay más injusticia y no tenemos libertad. Somos una generación fracasada.

“The Panama Papers”: Respuesta de CIPER a Hernán Büchi

El ex ministro de Hacienda, Hernán Büchi Buc, emitió el martes 5 de abril un comunicado –que no llegó a la redacción de CIPER– en el que sostiene: “El medio de comunicación electrónico Ciper me ha mencionado como una de las personas que estarían incluidas en los denominados ‘Panamá papers’, como parte de una sociedad offshore, constituida por el estudio de abogados Mossack Fonseca. Al respecto debo decir que esa información no es efectiva, no soy ni he sido nunca cliente de la referida oficina de abogados, ni tengo participación en las sociedades contenidas en esos antecedentes”.

Hernán Büchi se refiere a la investigación de CIPER publicada el lunes 4 de abril sobre los chilenos vinculados a las sociedades en paraísos fiscales gestionadas por Mossack Fonseca (ver reportaje).

Allí se dice que “en los registros del bufete panameño, Hernán Büchi aparece como accionista de la sociedad Compton Investment Inc., registrada en Seychelles en enero de 2011 y cuya directora es la abogada argentina y esposa del ex ministro, María Eleonora Urrutia”. Y se agrega: “La sociedad se abrió a través de las oficinas de Mossack Fonseca en Montevideo, Uruguay, y según los registros aún se mantiene activa”.

Al respecto, debemos puntualizar que entre los 11,5 millones de registros que pertenecen al bufete panameño y a los que tuvo acceso CIPER, el nombre de Büchi y el de su esposa –María Eleonora Urrutia– se mencionan en al menos una docena de documentos que acreditan que Hernán Büchi sí ha participado como accionista de Compton Investments Inc., sociedad de la cual su esposa es la única directora, tal como lo acredita un certificado emitido por la oficina de Mossack Fonseca en Seychelles.

El primero de esos documentos es un correo electrónico, fechado el 9 de febrero de 2011, y lo envía Juan Grasso, del estudio jurídico contable DFG (Dauber Ferrari Grasso) de Montevideo (Uruguay) a la oficina de Mossack Fonseca en ese mismo país.

En ese correo, Grasso escribe: “Natalia: te envío documentos de directora y accionistas. Hoy te confirmo transferencia. Saludos, Juan”. Adjunto a ese correo electrónico, Grasso envió copia de dos pasaportes: el de María Eleonora Urrutia y el de Hernán Büchi. Para resguardar la privacidad de ambos, CIPER no publica las copias de esos pasaportes.

La respuesta de la ejecutiva de cuentas de la oficina de Mossack Fonseca, Natalia Sández, llegó un día después. En el “Asunto” del correo electrónico fechado el jueves 10 de febrero de 2011, se lee: “COMPTON”. “Hola Juan, agradezco me confirmes la siguiente información. 1-. ¿La dirección facilitada corresponde a Hernán Alberto Büchi y a María Eleonora Urrutia? 2-. Confirmar si Alberto Büchi y María Eleonora Urrutia son los accionistas de la sociedad, y si es el caso, cómo se dividirán las acciones. 3-. ¿Requieren que nosotros te proveamos del sello corporativo?”, preguntó Sández.

Una hora más tarde, Juan Grasso respondió en otro correo electrónico: “1-. Corresponde a los dos. 2-. El capital autorizado es de US$50.000. Son los accionistas de la sociedad. Habíamos visto contigo de poner las acciones a nombre de los dos con la cláusula de que si le sucede algo a uno, las acciones le quedan al otro. 3-. Si el sello no es requerimiento legal para trámite de algún tipo no lo requeriremos. Saludos”.

En el mismo set de documentos filtrados del bufete Mossack Fonseca, CIPER encontró dos certificados. El primero fue emitido el 11 de enero de 2011 y certifica que COMPTON INVESTMENTS INC. es una compañía domiciliada en Seychelles (paraíso fiscal), que cuenta con un capital autorizado de US$50.000, “dividido en 50.000 acciones con valor par de US$1.00 cada una”. Asimismo, el documento da cuenta que “María Eleonora Urrutia o Hernán Alberto Büchi con tenencia conjunta y derecho de sobrevivencia, es titular de 50 mil acciones de US$1 cada una” (ver certificado).

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El segundo documento tiene fecha 28 de noviembre de 2011 y es un “certificado de incumbencia” de COMPTON INVESTMENTS INC. En él se lee: “Nosotros, Mossack Fonseca &Co. (Seychelles) Limited, agentes registrados de COMPTON INVESTMENT INC. (…) con su oficina registrada en Suite 13, Primer Piso, Oliaji Trade Centre, Francis Rachel Street, Victoria, Mahé, República de Seychelles, certifica que: 1-. La compañía fue incorporada en la República de Seychelles como una compañía internacional de negocios numerada 085280 el 11 de enero de 2011. 2-. El director de la compañía es María Eleonora Urrutia. 3-. Los accionistas de la compañía son: EL PORTADOR -25,000 acciones Certificado No. 1 y EL PORTADOR -25,000 acciones Certificado No. 2. 3-. Capital autorizado de la compañía es US$ 50.0000 dividido en 50.000 acciones con valor par de US$1.00 cada una”. El certificado lo firma Mayka Villarreal, secretaria asistente de Mossack Fonseca & Co. (Seychelles) Limited, agente registrado (ver certificado).

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En los registros filtrados CIPER encontró otro documento referido a Compton Investment Inc. Se trata de un certificado notarial emitido por el Notario Cornelius Gregorius Du Toit, de Sudáfrica. Está fechado el 5 de enero de 2012 y en él se lee que el notario “certifica y confirma” que ese día examinó el certificado de incumbencia y determina que los hechos que éste contiene “son completos, precisos y verdaderos”.

En el capítulo chileno de la investigación liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), publicado por CIPER el lunes pasado, también se informó que en la sociedad offshore constituida por María Eleonora Urrutia y Hernán Büchi en Seychelles, la esposa de Büchi aparecía como la directora, y que en 2012 esa sociedad tuvo movimientos. En efecto, en los registros del bufete Mossack Fonseca se encuentra una carta enviada el 25 de febrero de 2011 por Natalia Sández, de la oficina del bufete en Uruguay, a Tomás de León, ejecutivo de Mossack Fonseca en Panamá. En ella Sández señala:

Estamos enviando hoy a través de courier especial el juego de documentos legalizado ante el Consulado de Chile a los efectos de cambiar el nombramiento del DIRECTOR. El mismo debe estar a nombre solamente de María Eleonora Urrutia. También estamos enviando para su corrección registro de directores y acta inaugural. Agradecemos nos confirmen recepción de documentos enviados”.

El segundo cambio que experimentó la sociedad Compton Investment Inc. en 2012 también está registrado. CIPER informó en su reportaje: “En octubre de 2012, la mitad de las acciones de Compton fueron absorbidas por la sociedad Deleo International Corp., con domicilio en Islas Vírgenes Británicas, a la que los archivos de Mossfon identifican como “propietaria de inmuebles fuera de Uruguay”.

En los registros de Mossack Fonseca aparecen varios documentos que dan cuenta de esta transformación. El 11 de octubre de 2012, Juan Grasso, del bufete uruguayo DFG, le envió un correo electrónico a Natalia Sández, ejecutiva de la oficina de Mossack Fonseca en Uruguay: “Espero que anden bien. Necesito transformar a Compton en una sociedad con acciones nominativas. Espero instrucciones y costos”.

La transformación de Compton se realizaría pocos días después. Otro documento del bufete panameño da cuenta que la sociedad Deleo International Corp., con domicilio en Flemming House, Wickhams Cay P.O. Box 662 Road Town Tortola British Virgin Islands, se hizo de las 50 mil acciones emitidas por Compton Investments Inc.

Si bien esa operación está fechada el 17 de octubre de 2012, otro correo electrónico del mismo set de documentos del bufete Mossack Fonseca, aporta un dato interesante sobre este movimiento. El 18 de octubre, Natalia Sández, de la oficina de Mossfon en Uruguay, le escribió a Juan Grasso: “Juan, te llamé recién a tu celular. Corregir: las acciones al portador fueron emitidas el 2011. La fecha de la firma del acta debe decir 17 th day of October, 2012. Requerimos recibir copia del certificado de incorporación y domicilio completo del nuevo accionista (Deleo International Corp.). Favor enviarnos copia del acta en la cual se encuentran los registros contables de la sociedad e información sobre las actividades que la sociedad lleva a cabo”.

El 30 de octubre de 2012, Grasso le respondió a Sández en otro correo electrónico: “Es propietaria (Deleo) de inmuebles fuera de Uruguay”.

LA RESPUESTA DE ELEONORA URRUTIA

Como en los registros filtrados del bufete Mossack Fonseca la sociedad Compton Investment Inc. aparece activa, CIPER contactó a través de una carta enviada por correo electrónico a quien figura en esos registros como la directora de esa sociedad. Así lo hizo con otros 50 directores o beneficiarios finales de las compañías vinculadas a Chile que aparecen en esos registros.

En la carta enviada el 22 de marzo le informamos que “en el desarrollo de la investigación en curso, hemos revisado registros que la identifican como beneficiaria final o directora de una sociedad offshore creada en Seychelles: Compton Investments Inc., sociedad que a su vez ha emitido acciones (50.000) a la sociedad Deleo International Corp.. Luego de explicarle quiénes participaban en esta investigación, le formulamos cinco preguntas.

A continuación las preguntas hechas por CIPER y las respuestas de la abogada Eleonora Urrutia:

1-. ¿Por qué abrió sociedades en jurisdicciones offshore?

Respuesta: “No soy ciudadana chilena y dado mi estatus no me ha correspondido tributar en Chile en base a mi renta global”.

2-. ¿Abrió a través de sus sociedades cuentas corrientes con bancos en esa jurisdicción?

R: “La sociedad no tiene cuenta bancaria en una jurisdicción offshore”.

3-. En caso de tenerlas, ¿declaró usted sus cuentas a la autoridad fiscal chilena o a otras autoridades similares pagando los impuestos respectivos?

R: “Conforme (2) no aplica la pregunta”.

4-. Si lo hizo, ¿se acogió a la ventana legal que abrió el Ministerio de Hacienda para repatriar capitales chilenos en el extranjero durante 2015?

R: “La norma citada no me es aplicable”.

5-. ¿Continúan activas estas sociedades? ¿Es usted todavía su beneficiaria final?

R: “La sociedad no es una Passive NFFE en los términos definidos en FATCA, OECD y recientemente importados en Chile”.

Al final de la carta enviada por CIPER a la abogada Urrutia, se le señaló: “Estamos, por supuesto, abiertos a discutir cualquier preocupación que usted pueda tener. Estaríamos muy agradecidos si confirmara la recepción de esta carta”.La abogada Eleonora Urrutia no tomó contacto con nosotros y solo se limitó a enviar las respuestas consignadas, agregando algunas consideraciones sobre el tenor de nuestra investigación. Al publicar el reportaje el lunes 4 de abril, incluimos lo esencial de su respuesta. Dado el desmentido emitido por Hernán Büchi, su esposo, estimamos pertinente dar a conocer las opiniones que la abogada dejó allí consignadas:

“Concluyo con algo más relevante a los fines que me parecería está usted investigando. Lo que para usted es a priori ilegítimo – ya que bien indica no es ilegal – como puede ser el caso de poseer un activo en una jurisdicción de las llamadas offshore, para mí no sólo es legítimo sino también de alto valor moral ya que hace a la propiedad y seguridad de las personas y su trabajo. Y confirmo mi impresión cuando veo que Chile se desliza por el camino de la inseguridad, que sumado a actitudes impunes como la suya, terminan después en amenazas, extorsiones, raptos, y más genéricamente en la intimidación a las personas con actitudes patoteriles que en nada contribuyen a la sana convivencia democrática. Desde luego ninguno de estos actuares son bien vistos ni menos permitidos en países del continente europeo, en los Estados Unidos ni en países de larga tradición jurídica como el caso de algunos asiáticos, aunque ciertamente con una base judicial distinta”.

“Por el contrario, lo que para usted es legítimo – chapucear en la privacidad de las personas sin más autoridad que la amenaza de publicar información (incluso se da el lujo de colocar un plazo!) que no es atinente, ni verídica ni consistente – para mí no sólo es ilegítimo e inmoral sino rayano en lo ilegal”.

“Por lo demás, imagino que usted ha tomado las precauciones debidas en el caso para saber que la información que está usando ha sido obtenida de manera legal por usted, su equipo o por los numerosos colegas que menciona la acompañan en esta tarea, y que de ninguna manera se ha cometido un delito o cuasidelito al hacerse de ella”. 

“Como testimonio, ya que no tengo certeza que se dará molestia en leer esta respuesta ni me dedicará el tiempo que le he tenido que dedicar a usted y menos confío en su ética respecto de lo que hará con la información que obra en su poder, adjunto copia oculta a profesionales imparciales de mi conocimiento ya que tampoco quiero molestarlos con el asunto sino en caso de ser estrictamente necesario”.

Por último, debemos decir que efectivamente no se le envió carta a Hernán Büchi, tal como él lo señala en su comunicado. Pensamos erróneamente que si bien los documentos de Mossack Fonseca lo identifican a él y a su esposa como únicos accionistas en partes iguales y con “derecho de sobrevivencia” de  Compton Investments Inc, bastaba con escribirle a  la abogada María Eleonora Urrutia, quien aparece como directora.

 

Mónica González
Directora de CIPER

Estos son los dos contratos que firmó Pablo Longueira y que le otorgaron el beneficio tributario a SQM

“Estamos en las horas decisivas.
Un abrazo mi General.
Del Coronel Longueira”.

El mensaje salió desde la casilla Hotmail del entonces senador Pablo Longueira (UDI) a las 14:20 del 26 de agosto de 2010. Su destinatario, el “general”, era Patricio Contesse, gerente general de Soquimich (SQM), quien solo 21 días antes le había hecho llegar a Longueira la propuesta de un artículo que le permitiría a la minera no metálica acceder a la invariabilidad tributaria contemplada en el proyecto de ley que modificaría el royalty, además de pagar tasas más bajas hasta 2017. Longueira, a su vez, había hecho llegar el artículo enviado por Contesse al gobierno como si él fuera el autor. Efectivamente estaban en las “horas decisivas”, porque solo cinco días más tarde, el 31 de agosto, el Ejecutivo envió al Congreso el texto legal tal cual lo planearon el “coronel” y el “general”.

Gracias a la ayuda de Longueira, exactamente un año después, el 26 de agosto de 2011, SQM formalizó su acceso al beneficio tributario a través de la suscripción de un contrato con el Estado. Y según pudo confirmar CIPER a través de las escrituras notariales, quien firmó como contraparte fue justamente Pablo Longueira, ahora convertido en ministro de Economía del gobierno de Sebastián Piñera.

Pablo Longueira
Pablo Longueira

Es poco probable que al momento de canalizar hacia el gobierno el llamado “artículo Contesse”, Longueira haya planificado que sería él quien firmaría –esta vez como ministro– el contrato con SQM, pero esa circunstancia no planeada se enmarca en otra que no es casual: antes, durante y después de su gestión ministerial, personas y sociedades vinculadas a Longueira recibieron pagos de SQM por servicios que la propia empresa no pudo acreditar que hayan sido prestados. Cálculos de un estudio encargado por la misma compañía arrojan que esos pagos pueden sumar hasta $730 millones durante el periodo 2009-2015 (ver reportaje).

Este lunes 28 el fiscal Pablo Gómez pidió la formalización de Pablo Longueira por el delito de cohecho y la de Patricio Contesse por soborno.  El doble rol de Longueira, como facilitador del beneficio al que accedió SQM y autoridad que oficializó ese beneficio a través del contrato respectivo, podría dificultar aún más su situación legal ya que el ex ministro también será formalizado por delitos tributarios asociados a la emisión de boletas por servicios no prestados. Según la acusación de la Fiscalía, esas boletas ocultaban pagos ilícitos.

TODOS LOS CAMINOS PASAN POR LONGUEIRA

Tal como reveló CIPER el 7 de marzo, los correos electrónicos que están en manos del Ministerio Público han revelado parte de la trama oculta detrás de la elaboración del proyecto de ley que buscaba aumentar el impuesto específico a la minería –más conocido como royalty– para financiar parte de la reconstrucción del país después del terremoto de 2010. Y esa trama se inicia el 5 de agosto de 2010, cuando Longueira recibió del fiscal del Ministerio de Minería, Franco Devillaine, un borrador del artículo del proyecto de ley que se refería a las empresas chilenas. Solo once minutos después, el entonces senador le reenvió el documento al gerente general de SQM.

A la medianoche de ese mismo 5 de agosto, Patricio Contesse le respondió a Longueira que el proyecto del gobierno era “una burla” y le envió adjunto otra redacción del artículo. Ello, porque el proyecto original solo contemplaba extender el beneficio de la invariabilidad tributaria a las empresas que ya habían suscrito un contrato con el Estado cuando se dictó la primera ley de royalty, en 2005. Un requisito que dejaba fuera a SQM. Para sortear ese obstáculo, Contesse le envió a Longueira una nueva versión del artículo, la que recibió del fiscal de SQM, Matías Astaburuaga. La investigación de la Fiscalía deberá determinar a qué abogado le encargó SQM la redacción de ese artículo.

Gracias a las gestiones de Longueira, el artículo que finalmente se envió al Congreso y que aprobaron los parlamentarios es prácticamente el mismo que el que se redactó en SQM (ver Cambio clave de la ley de royalty que benefició a SQM salió del computador de Contesse).

Según informó después The Clinic, Longueira hizo llegar el 11 de agosto de 2010, la versión del artículo entregada por Contesse al entonces ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Larroulet, omitiendo solo la autoría de SQM. Ese mismo día el ministro Larroulet se lo envió al ministro de Minería, Laurence Golborne. Debido a esta cadena de mensajes, en las últimas semanas han sido citados a declarar ante el Ministerio Público tanto Larroulet como sus ex colegas de gabinete Felipe Larraín (Hacienda) y Laurence Golborne. También declaró el ex Presidente Sebastián Piñera, quien se ofreció como testigo y defendió la validez de la ley. Lo que busca la Fiscalía es determinar la ruta exacta que siguió el “artículo Contesse” para convertirse en ley, lo que incluye su tramitación en el Congreso. Es por ello que el jueves 24 el fiscal Pablo Gómez tomó declaración al senador Ricardo Lagos Weber (PPD), quien participó en la negociación del royalty.

Patricio Contesse
Patricio Contesse

Lo concreto es que en aquellos días de 2010 tanto el senador como el gerente general de SQM supieron pronto del éxito de sus gestiones ante el gobierno. En el correo electrónico que encabeza esta nota, enviado el 26 de agosto, el “coronel” de la UDI le informa al “general” Contesse –el mote se debe a que el gerente general de SQM hizo el curso de oficiales de reserva del Ejército– que ya había recibido el texto de parte de “Rodrigo” (probablemente se refería al subsecretario de Hacienda, Rodrigo Álvarez). La versión definitiva se la envió Longueira a Contesse el 1 de septiembre, cuando el proyecto ingresó al Congreso, ante lo cual el gerente respondió: “Pablo en la ley quedó la redacción del asunto de la minería chilena”.

Para concretar el beneficio contemplado en el cambio legal era necesario que SQM firmara un convenio con el Estado. Y pese a que la ley se publicó en el Diario Oficial el 21 de octubre de 2010, no fue hasta agosto del año siguiente que la minera suscribió el primero de los dos contratos en que el ministro Pablo Longueira firmó como contraparte.

LOS BENEFICIOS DE LOS CONTRATOS QUE FIRMÓ LONGUEIRA

La nueva ley de royalty establecía que para acogerse a la invariabilidad tributaria las empresas mineras debían firmar un contrato con el Ministerio de Economía. CIPER pidió a través de la Ley de Transparencia las copias de los dos contratos suscritos por SQM y confirmó que ambos llevan la firma del ministro Pablo Longueira.

En el primero de ellos, fechado el 26 de agosto de 2011 y protocolizado en la notaría de Ricardo San Martín, las partes son el Estado de Chile y SQM Salar. El proyecto que se acoge al artículo cuarto transitorio de la Ley 20.469 se denomina “Proyecto Minero Salar”, el que según la empresa comenzó a explotarse antes de la entrada en vigencia de la ley, tal como lo exige la normativa. Por el Estado firmó el entonces ministro Pablo Longueira y por la empresa lo hicieron Patricio de Solminhiac y Ricardo Ramos, entonces subgerente general y gerente de Finanzas de SQM respectivamente (ver contrato).

En el Archivo Judicial se encuentra el documento que describe el proyecto de SQM Salar y que acompaña el contrato con el Estado. Se explica que las faenas comenzaron en 1993, cuando SQM firmó el primer contrato de arrendamiento con la estatal Corfo, dueña de las pertenencias mineras del Salar de Atacama (ver reportaje El día en que el Estado le entregó el control del Salar de Atacama a Ponce Lerou). El proyecto, ubicado en la comuna de San Pedro de Atacama, contempla una faena de 907 mil hectáreas desde donde se extraen salmueras y luego de un proceso industrial se obtienen sales con contenido de potasio, sulfato de potasio, cloruro de sodio, cloruro de potasio, cloruro de magnesio, cloruro de litio, carbonato de litio y sus derivados, y ácido bórico. A septiembre de 2010, el patrimonio del proyecto era de US$660 millones y a esa fecha los ingresos por ventas de mineral ascendían a los US$449 millones.

Cuatro meses después de que Longueira firmara el contrato con SQM Salar, el 22 de diciembre de 2011, el Estado suscribió un segundo contrato, esta vez con SQM Nitratos. Al final del documento se leen las firmas de Longueira como ministro de Economía y de Patricio Contesse como gerente general de SQM, junto a su gerente de Finanzas Ricardo Ramos (ver contrato). En un documento adjunto, se detalla el proyecto de SQM Nitratos: la explotación y venta de mineral de caliche, el que es luego procesado por otras empresas que obtienen sales de nitrato, nitrato de sodio, sulfato de sodio y yodo, entre otros derivados. Las faenas, que se ubican en las regiones Primera y Segunda, son Pedro de Valdivia (recientemente cerrada), María Elena, Pampa Blanca y Nueva Victoria. En total, Nitratos tiene derecho a explotar el equivalente a 2,1 millones de hectáreas y el patrimonio del proyecto ascendía a US$65 millones a septiembre de 2010. Los ingresos a esa fecha eran de US$80 millones.

Fiscal Pablo Gomez
Fiscal Pablo Gómez

Los convenios detallan los beneficios que SQM obtendrá a partir de la invariabilidad y que son los mismos que están contenidos en el llamado “artículo Contesse”. En primer lugar, se establece que aunque los contratos fueron firmados en 2011, los cambios comenzarán a regir a partir de 2010 y que durante los primeros tres años calendario (2010-2012) se aplicará el impuesto específico definido en la Ley de Rentas, que para ese periodo operó según una tabla que variaba entre 5% y 14%, dependiendo de los márgenes operacionales de cada empresa.

La idea del Ejecutivo era subir los impuestos en ese trienio para que la administración Piñera aumentara su recaudación a fin de financiar la reconstrucción. Como originalmente el proyecto estaba pensado en subir los impuestos a empresas que tenían contratos de invariabilidad tributaria vigente, entre 2013 y 2017 se volvió a una tasa de 5% y se extendió el periodo de invariabilidad desde 2018 hasta 2025, con una nueva tasa que oscila entre 5% y 14%, dependiendo de los márgenes de cada empresa. Como SQM no tenía contratos previos, si se hubiera aplicado el borrador original del gobierno, habría tenido que pagar a partir de 2010 esa tasa de entre 5% y 14%. Pero, además,no habría gozado del beneficio de la invariabilidad, por lo que el impuesto que habría debido pagar podía subir. En resumen, pura ganancia.

Los contratos especifican también el alcance de la invariabilidad tributaria de que gozan hasta 2025 los proyectos de SQM Salar y SQM Nitratos: no se les aplicarán eventuales alzas al impuesto específico; no se verán afectadas por nuevos impuestos mineros, como cánones o regalías (royalties); tampoco deberán pagar más si aumentan las patentes de exploración o explotación.

LOS PAGOS DE LONGUEIRA

SQM encargó un informe al estudio estadounidense Shearman & Sterling con el objeto de evaluar una eventual responsabilidad de la empresa bajo las normas de la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), que castiga la corrupción de las compañías que hacen negocios en Estados Unidos. Si bien el informe señala que no se encontraron evidencias de actos que vulneren esa ley, en su evaluación de riesgo de soborno determinó que Pablo Longueira está “vinculado a más de 20 proveedores sospechosos que recibieron más de $730,5 millones de SQM durante el periodo septiembre de 2009-marzo 2015”.

CIPER analizó luego los pagos recibidos por Longueira y las personas naturales o jurídicas ligadas a él de parte de otras empresas, que han sido rectificados o que están bajo investigación por el Ministerio Público. El monto supera los $900 millones (ver reportaje Los pagos bajo investigación a Longueira y su red de boleteros suman más de $900 millones).

No sólo se trata de pagos a personas cercanas a Longueira, sino que existen desembolsos hechos directamente a una sociedad de la que es propietario junto a su esposa: Asesorías e Inversiones LB S.A. Esos pagos, que fueron rectificados por SQM por no encontrarse evidencia de que correspondieran a servicios efectivamente prestados, comenzaron cuando Longueira ya había dejado la primera línea de la política: entre enero y agosto de 2015 la minera le pagó $5 millones mensuales a la sociedad de Longueira.

En los periodos anteriores, mientras fue senador, ministro y candidato presidencial, el rol más complejo lo tiene su asesora Carmen Luz “Titi” Valdivielso. En los expedientes de Impuestos Internos (SII) y de la Fiscalía existen varios testimonios que la señalan como responsable de gestionar los pagos de quienes emitían boletas para distintas empresas, entre ellas SQM. Particularmente gráfico es el testimonio de los hermanos Nicolás y Gustavo Guíñez, quienes relataron que junto a numerosos estudiantes de Derecho en la Universidad Finis Terrae boleteaban por instrucciones de Valdivielso y después le entregaban el dinero al junior de las fundaciones de Longueira.

Los correos electrónicos que analiza el Ministerio Público dan cuenta de que Valdivielso gestionaba directamente los pagos de SQM. Por ejemplo, el 18 de noviembre de 2010 –poco después de la promulgación de la ley de royalty minero– Valdivielso utiliza la cuenta de correos pablosenador@longueira.cl para preguntarle a la secretaria de Patricio Contesse, Katherine Bischof, si estaba listo el vale vista de la boleta de Ana Carolina Palacios. Valdivielso es cuñada de Palacios, quien reconoció ante el SII que nunca prestó servicios a SQM. La empresa le pagó $45 millones entre junio de 2009 y septiembre de 2012, cuando Longueira ya era ministro.

En todo caso, los mayores montos desembolsados por SQM fueron aquellos donados a dos de las fundaciones de Longueira: Chile Justo y Fundación Web, actualmente bajo investigación. Mientras la primera recibió $75 millones, a la segunda se donaron $350 millones.

 

Este artículo fue actualizado el 30 de marzo de 2016

El asesino de Eugenio Berríos

Alto, atractivo, elegante, con don de mando, hombre de mundo, experto en inteligencia, tirador eximio, jugador de polo y rodeado de una aureola que le significó incluso el apelativo del “James Bond chileno”. Esas son algunas de las características que se le atribuyen al mayor (R) Arturo Rodrigo Silva Valdés, miembro del Servicio Secreto de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) y quien aparece identificado por al menos dos testimonios como el autor chileno –el otro sería uruguayo– de los disparos que terminaron con la vida del químico de la DINA, Eugenio Berríos.

Pero Silva Valdés tiene otros atributos que contribuyeron a engrandecer su leyenda. Es dueño de los secretos de dos de los hombres más poderosos de Chile: Augusto Pinochet y Agustín Edwards, el director y dueño del diario El Mercurio. De ambos fue su jefe de seguridad personal, dueño de su retaguardia y desplazamientos.

Agustin Edwards
Agustin Edwards

El nombre de Silva Valdés ya era conocido en tribunales. Saltó a la palestra cuando el ministro Sergio Muñoz lo procesó como encubridor en el asesinato de Tucapel Jiménez. Pero su identificación se conoció en el corazón de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) antes de que fuera procesado. Y se tomaron medidas. Para entonces se desempeñaba como escolta personal de Agustín Edwards. Una función que abandonó abruptamente.

Uno de los aspectos que restan por dilucidar en su historial es si efectivamente en septiembre de 1994, Arturo Silva fue enviado en comisión de servicio a trabajar para Agustín Edwards por el entonces director de Inteligencia del Ejército, general Eugenio Covarrubias. Porque después, cuando se produce su retiro de la institución castrense, su relación laboral con El Mercurio y con Edwards pasa a ser asumida por la empresa de seguridad SERPROTEC S.A.

Esta empresa tiene dos socios principales: Juan Luis Herrera Villena e Inversiones Canelo Seis y Compañía, cuyos socios principales son Agustín Edwards Eatsman, Agustín Edwards del Río e Inversiones Nacionales.

Valdés no llegó solo a trabajar para Edwards. Un grupo de hombres, todos formados en la CNI y en el reducido y selecto equipo del Servicio Secreto, lo acompañó. Entre ellos estaban Nelson Hernández Franco, quien en 1982 se desempeñaba bajo la chapa de “Marcos de la Fuente” en la CNI y que también fue procesado por el asesinato de Tucapel Jiménez; Marcelo Sandoval, Nelson Román e incluso una mujer: Erika Silva. Más tarde se incorporaría como jefe el mayor Eduardo Martínez Wogner, quien fuera ayudante del director de la CNI.

El general Eugenio Covarrubias seguía muy de cerca los pasos de la escolta de seguridad de Agustín Edwards. Y sus nexos se estrecharon cuando su hijo, también de nombre Eugenio Covarrubias, asumió la gerencia de SERPROTEC, cargo que conservó hasta 1999.

Arturo Rodrigo Silva Valdés
Arturo Rodrigo Silva Valdés

No todo en la vida de este exclusivo experto en seguridad ha sido adrenalina y gloria. A sus más de 500 viajes por el mundo hay que contraponer la muerte de uno de sus hijos. Una herida que lo desestabilizó y que lo dejó vulnerable para la vida. Hoy, a pesar de sus acciones en Ecogas Limitada, Ceqsachile S.A. y Consultsistem Chile S.A., su mundo vuelve a desplomarse.

ASESOR VIP

Arturo Silva comenzó a destacarse por sus dotes en labores de inteligencia a principios de los ’80 cuando formaba parte de los escuadrones de la CNI. Hay quienes dicen que en ese entonces lo llamaban “Alvarito”, haciendo la relación con Álvaro Corbalán, el poderoso jefe operativo del organismo de seguridad. Eran tiempos en que los vasos comunicantes entre la CNI y el DINE eran fluidos y difusos. Una relación que hoy algunos oficiales califican de “perversa” porque involucró al organismo de inteligencia institucional, destinado a la seguridad territorial, en operaciones criminales, como el asesinato de Tucapel Jiménez.

Hoy la jueza Olga Pérez investiga otro hecho similar y que podría acarrear consecuencias de proporciones: el asesinato a través de toxinas botulínicas del ex Presidente Eduardo Frei Montalva. Su muerte acaeció días antes de que un escuadrón del DINE asesinara a Tucapel Jiménez (1982) (ver reportaje de CIPER).

Pero el tiempo de gloria de Silva llegó con ocasión del plebiscito de 1988, cuando pudo desplegar todos sus dotes al convertirse en el principal “asesor de seguridad” del general Augusto Pinochet.

Su función se iniciaba al momento en que el general decidía hacer un viaje. Allí entraba en acción. Viajaba hasta el lugar escogido, se entrevistaba con los invitantes y con los organismos de inteligencia militar del país, hacía una completa revisión de las condiciones de los hoteles posibles para escoger uno y teniendo siempre al menos dos alternativos en caso de emergencia; los hospitales cercanos, los vehículos que se utilizarían, los choferes, ambulancia, chequeos y fichas médicas a la mano. Revisaba hasta el último detalle, incluyendo la selección de los hombres que integrarían su escolta de seguridad, y luego se sentaba junto a Pinochet y su edecán del momento para dar cuenta del programa elegido y afinar.

Su misión debiera haber terminado allí, pero fue tal la cercanía, la confianza y el afecto que Pinochet depositó en él, que fue una costumbre que cuando el viaje se iniciaba, Arturo Silva Valdés se convertía en su sombra. Al punto que en más de una ocasión, los hoteles donde se hospedó Pinochet quedaron registrados a su nombre. Así ocurrió en octubre de 1993, cuando Pinochet viajó a Brasil de vacaciones y la prensa recogió que el ex dictador habría utilizado la falsa identidad de Arturo Silva Valdés en el Hotel Intercontinental de Ríos de Janeiro.

Pero para entonces Silva se había convertido en un agente ultra secreto del DINE. Un camino que inició en 1990 cuando fue elegido como uno de los brazos operativos de la operación “control de bajas”, la salida clandestina del país de aquellos militares en peligro de ser encarcelados o procesados por secuestro, tortura o homicidio en tiempos de dictadura.

Así, Silva Valdés fue la pieza clave que operó en la fuga de Luis Arturo Sanhueza Ross y de Carlos Herrera Jiménez. Silva Valdés preparó esa operación viajando a Argentina el 7 de septiembre de 1991, regresó el 12 y volvió a salir el mismo día que Herrera: el 19 de septiembre de 1991. Fueron días intensos. Ya estaba decidida y preparada la fuga de Eugenio Berríos. Pero ésta fue revestida de todos los cuidados especiales: Berríos no debía caer en manos argentinas. Fue Arturo Silva quien preparó hasta el último detalle y cuando Berríos cruzó la frontera por el sur en dirección a Río Gallego el 26 de octubre de 1991, Silva hacía lo propio hacia Argentina pero por vía aérea.

Jaime Torres Gacitúa
Jaime Torres Gacitúa

A partir de entonces controló cada uno de los pasos de Berríos en su nueva residencia. Y también las del otro paquete que mandó a guardar en Uruguay: Luis Arturo Sanhueza Ross.

La historia que sigue fue contada en la edición N° 32 de Siete+7. Pero hay un capítulo que detallar. Cuando en noviembre del ‘92 Berríos escapó de sus custodios desde la localidad de Parque del Plata, a 50 kilómetros de Montevideo, Arturo Silva Valdés estaba allí controlando paso a paso su captura. Junto a él, el mayor Jaime Torres Gacitúa, uno de sus mejores amigos y también “asesor de seguridad” de Pinochet y miembro del Servicio Secreto del DINE.

Cuando finalmente recuperan a Berríos, comienza la otra historia. Una que culmina –según los testimonios– con el asesinato de Berríos, el que habría sido ejecutado por Silva Valdés y el teniente coronel uruguayo Eduardo Radaelli (ver recuadro). Testigo de la operación fue el mayor Torres Gacitúa. Allí quedaría sellado un pacto entre oficiales de inteligencia que revela que la “Operación Cóndor” sigue siendo un peligro latente.

SERVICIO SECRETO BAJO IMPRONTA BRITANICA

El traspaso de la banda y la piocha que simbolizan el poder presidencial que el general Pinochet hizo al Presidente Patricio Aylwin el 11 de marzo de 1990, dando inicio a la transición, fue el detonante para otros movimientos en las sombras. A poco andar la auditoría del Ejército, a cuya cabeza estaba el general Fernando Torres Silva, tocó la campana de alerta.

Fernando Torres Silva (Fuente: memoriaviva.com)
Fernando Torres Silva (Fuente: memoriaviva.com)

Según un alto oficial del Ejército de la época, fue con instrucciones precisas del alto mando que se realizó la primera reunión entre la auditoría y el director de Inteligencia de la institución, más el jefe del Servicio Secreto que dependía del DINE, en la que se hizo un minucioso análisis de qué juicios estaban “maduros”: qué procesos estaban en peligro de obtener la identificación de torturadores, secuestradores y homicidas uniformados.

Fue en ese núcleo que se diseñó la estrategia para sacar de Chile a los militares “en peligro”. Y el brazo operativo fue precisamente la joya inexpugnable y más compartimentalizada del DINE, el Servicio Secreto que durante largos años dirigió el oficial Maximiano Ferrer Lima y que se creó bajo la asesoría del MI6, el Servicio Secreto de Gran Bretaña bajo el acicate de la invasión inglesa a Las Malvinas en 1982.

Esa unidad quedó al descubierto en el curso de la investigación del asesinato del líder sindical Tucapel Jiménez, desarrollada por el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Sergio Muñoz. Pero ha sido la investigación de la jueza Olga Pérez, que investiga el asesinato del químico Eugenio Berríos, la que ha permitido develar la identidad de sus miembros así como la ejecución de otras operaciones de corte criminal llevadas a cabo por el grupo.

Según declaraciones del brigadier Víctor Pinto Pérez, jefe del Comando de Inteligencia del Ejército (CIE), a mediados de 1982 –la invasión a Las Malvinas se produjo en abril– escogió a un pequeño grupo de oficiales de inteligencia para que viajaran a Gran Bretaña y allá se interiorizaran del funcionamiento del MI6 para crear en Chile una unidad de corte similar, claro está guardando las proporciones.

Fue el mayor Maximiliano Ferrer Lima uno de los oficiales que jugó un importante rol en la DINA como el “capitán Max”, uno de los fundadores del Servicio Secreto del Ejército en su calidad de jefe de la Unidad de Contraespionaje del CIE.

¿Por qué incorporar al Servicio Secreto, destinado a la misión de blindar la seguridad territorial en actividades de encubrimiento de asesinos y torturadores? Esa es la pregunta clave que hoy deben responder los responsables de una gestión fracasada. Porque un somero análisis de las operaciones fuga llevadas a cabo el ’91 permiten concluir que todas ellas fracasaron. Y principalmente, por los engaños y desaciertos en que incurrieron los hombres encargados del “control de bajas”.

eugenio-berrios
Eugenio Berríos

Así sucedió con Luis Arturo Sanhueza Ross, con Carlos Herrera Jiménez y con Eugenio Berríos. No sólo no pudieron escamotear a la justicia sino que terminaron enlodando a la institución y de paso, comprometiendo incluso la seguridad nacional.

Si hubiesen declarado en su momento ante los tribunales, esa página el Ejército ya la habría dado vuelta y sin ninguno de los costos en dinero, imagen y vulnerabilidad de la seguridad nacional.

También, y un hecho no menor, es que todas esas operaciones significaron un millonario gasto financiero y terminaron anidando focos de corrupción que hasta hoy no han sido investigados. Algunas preguntas a modo de ejemplo: ¿a quién rendía cuenta Arturo Silva Valdés de los gastos en que incurría para pagar pasaportes falsos, viajes múltiples y estadía de los custodios y los fugados en el extranjero? ¿De dónde salían esos fondos? Y si es efectivo que el gas Sarin y otras toxinas botulínicas mortales se vendieron a Irak o a otros países a fines de los ’80, ¿cuántos millones de dólares se recibieron y en qué cuentas se depositaron?

 

RADAELLI: EL OTRO DISPARO

En 1993, cuando el escándalo del secuestro y desaparición de Eugenio Berríos estalló ante la opinión pública en Uruguay, provocando lo que llamaron “un golpe técnico” de los militares, el teniente coronel Eduardo Radaelli debió ser traído en emergencia desde el Zaire, donde se hallaba en “misión de paz”.

Tomás Casella (Fuente: elmuertoquehabla.blogspot.com)
Tomás Casella (Fuente: elmuertoquehabla.blogspot.com)

Y si en un principio se pensó que el oficial sería castigado y procesado, junto al teniente coronel Tomás Casella, muy pronto la presión militar dejó en evidencia que el Presidente Lacalle estaba bajo tutela.

Han transcurrido nueve años. Radealli sigue activo y hoy debe enfrentar una acusación de homicidio. Sabe que no está solo. Es considerado la cabeza “pensante” de un grupo de oficiales nacionalistas de inteligencia del Ejército que se nuclearon en torno al ex comandante en jefe, teniente general Fernán Amado. En la época del escándalo de Berríos, Amado era jefe de Intendencia del Ejército.

En ese mismo grupo cerraba filas Casella y otro de los involucrados en el secuestro y asesinato de Berríos: el teniente coronel Wellington Sarli. Los tres oficiales no son desconocidos en Uruguay. Están vinculados a actos de terrorismo de Estado durante la dictadura de ese país. En especial, una serie de atentados con bombas perpetrados en contra de disidentes a fines de los ’80, los que incluyeron una bomba en el estudio jurídico del entonces Presidente Julio María Sanguinetti.

Eduardo Radaelli (Fuente: euromundoglobal.com)
Eduardo Radaelli (Fuente: euromundoglobal.com)

Al grupo se lo conoció bajo la sigla “Guardia de Artigas”, un grupo que nació bajo el amparo de la logia mayor y más poderosa –“Tenientes de Artigas” – pero bajo un perfil más clandestino. La trastienda de la pugna de poder de entonces hizo enfrentarse al general Amado con Sanguinetti. Más tarde, cuando estalló el escándalo Berríos, las trenzas volvieron a disputarse el poder. Según testimonios de oficiales chilenos, una presa que estuvo al medio de la disputa fue la producción de armas químicas que Berríos habría comenzado a realizar para el grupo de sus custodios uruguayos. Lo cierto es que Amado denunció escuchas telefónicas. Responsabilizó al director de Inteligencia, general Aguerrondo, el que finalmente debió partir a retiro. Ahora las nuevas trenzas se mezclan con las viejas y actuales luchas en una pugna por el poder y la impunidad. Y Radaelli está en el centro del huracán.