Contrato financiado con fondos de Monticello enfrenta a Mostazal con empresa representada por tesorero UDI

“¿Qué tal? Mi nombre es Alejandro Irarrázabal, gerente general de la empresa (MultiAssist). Además, soy tesorero de la UDI. Les comento para que no existan malos entendidos”. Así, poniendo sobre la mesa su condición de miembro de la directiva central de la UDI, Alejandro Irarrázaval dio inicio a una reunión con el alcalde de Mostazal, Sergio Medel (UDI), y varios concejales de esa comuna. Su presentación resultó curiosa, porque en esa cita Irarrázaval actuaría exclusivamente en su rol de máximo ejecutivo de MultiAssist y con dos objetivos precisos: cobrar $500 millones a la Municipalidad de Mostazal por la instalación y mantención de luminarias LED y evitar que las autoridades comunales, encabezadas por su correligionario Medel, persistieran en llevar a su empresa a los tribunales por incumplimiento de contrato.

Viendo que sus buenos oficios iniciales resultaban infructuosos, Irarrázaval jugó una segunda ficha: aseguró ante al alcalde y los concejales que si la municipalidad perdía el juicio tendría que despedirse de, a lo menos, unos mil millones de pesos. A diferencia de lo que ocurre en la mayoría de las comunas rurales, en las oficinas municipales de Mostazal no es raro que se midan los ingresos y egresos de su presupuesto en miles de millones. Ubicada en la frontera norte de la Sexta Región, Mostazal es uno de los municipios más ricos del país. Aunque parezca increíble, su presupuesto por habitante duplica al de Rancagua (la capital regional) o Ñuñoa.

La bonanza de Mostazal es el fruto de albergar dentro de sus límites al Casino Monticello, el más cercano a Santiago, que cada año deja a la comuna unos $6.500 millones por el impuesto específico a los juegos de azar, cifra que corresponde al 60% del presupuesto total que maneja la municipalidad. El año pasado Monticello pagó $13.211 millones por este impuesto, suma que se divide en partes iguales entre el Gobierno Regional y el municipio donde se emplaza el casino.

Alcalde Sergio Medel
Alcalde Sergio Medel

El manantial dorado de Monticello atrajo hasta Mostazal a diversos emprendedores deseosos de obtener una tajada de la generosa relación entre el casino y la municipalidad. Entre ellos figuran los controladores y ejecutivos de MultiAssist, una empresa que no solo era administrada por el entonces tesorero de la directiva central de la UDI, sino que forma parte del Grupo MOK, entre cuyos fundadores se cuenta a Roberto Carrasco, formalizado por ser cómplice del fraude tributario a través de operaciones forward que cometió el Grupo Penta e investigado por triangular dineros para la fallida campaña presidencial de Laurence Golborne (vea el reportaje de CIPER y de Qué Pasa).

El contrato de MultiAssist con Mostazal –para instalar las luminarias y mantenerlas durante cinco años, con el compromiso de generar un 55% de ahorro energético– fue firmado por dos representantes de esa empresa: Marcos Carrasco, hermano y socio de Roberto Carrasco, y por Alejandro Irarrázaval. Este último también tiene un hermano involucrado en el control de la empresa: Rodrigo Irarrázaval, quien es presidente y socio del Grupo MOK.

El controversial paso de MultiAssist por Mostazal involucra también a otro personaje con buenas conexiones en la UDI: Álvaro Lavín Aliaga, histórico hombre de confianza de Gonzalo Cornejo –asesor de Pablo Longueira y ex alcalde de Recoleta– y de su esposa, la diputada gremialista Claudia Nogueira.

Hasta ahora, no se ha podido identificar a los funcionarios municipales que redactaron las bases de la licitación y algunos concejales sospechan que fueron confeccionadas por particulares interesados en “orientar” el resultado. En este punto es donde emerge Lavín Aliaga: en una reunión de la Comisión de Trabajo del Concejo Municipal de Mostazal, su nombre fue mencionado por el encargado de Proyectos de la comuna, Pablo Medina, como la persona que entregó al alcalde Medel las bases de la licitación que favoreció a MultiAssist.

Las bases, dijo Medina a los concejales, “me las hizo llegar el administrador municipal (Freddy Alfaro), pero el origen de las bases viene de Álvaro Lavín, quien envió un correo electrónico al alcalde, indicando que estas eran las bases de MultiAssist” (vea el acta de esa sesión).

La Contraloría Regional ha cuestionado las bases porque, a su juicio, incluyeron una cláusula abiertamente perjudicial para la municipalidad: las partes podían poner fin anticipado al contrato por eventuales incumplimientos, pero el municipio estaría obligado a cancelar una indemnización equivalente al triple del monto que quedaría sin pagar, aún cuando el incumplimiento fuese de la empresa (vea las bases de la licitación y el informe de la Contraloría Regional). Ese es precisamente el punto al que echó mano Alejandro Irarrázaval cuando se presentó como tesorero de la UDI ante el alcalde y los concejales: quería que le pagaran por los cinco años que estipulaba el contrato, aunque la municipalidad le había puesto término al tercer año, alegando que no se cumplió el ahorro energético de 55% que la empresa prometió.

Para los concejales Gonzalo Meza (ex UDI) y Denisse León (PRSD), está claro que las bases no tuvieron su origen en el municipio. “No existe un funcionario que pueda asegurar quién escribió o realizó las bases”, dice Meza. Y aunque las sospechas de los concejales apuntan a Lavín, éste fue enfático en señalar a CIPER que él no las redactó y que probablemente solo las revisó, como lo hizo con otras licitaciones, dentro de las responsabilidades propias de su trabajo.

Esclarecer quién redactó las bases no es el único misterio en esta licitación: la Contraloría no tiene certeza de que la empresa haya presentado toda la documentación requerida para la licitación, porque no pudo encontrar esos papeles ni en el municipio ni en la plataforma de Mercado Público.

LA HISTORIA DE LAVÍN ALIAGA

Actualmente, Alejandro Irarrázaval ya no es el tesorero de la UDI. Hace unos cinco meses salió de la directiva central de la colectividad gremialista, cambio que se efectuó sin difusión pública. De hecho, una nota de La Segunda publicada el pasado 8 de junio dio a conocer el cambio, indicando que se había efectuado un mes antes y que pasó “casi inadvertido”. Lo sucedió Pía Margarit, quien debe enfrentar la falta de financiamiento que afecta al partido desde que se iniciaron las investigaciones de la Fiscalía por aportes ilegales a la política.

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Álvaro Lavín

El presente de Álvaro Lavín Aliaga se ve más complejo. La fiscal Ximena Chong, que lleva la acusación de cohecho contra el senador Jaime Orpis (UDI) por haber recibido dinero de Corpesca, está investigando los pagos que una sociedad de Lavín Aliaga obtuvo de la misma pesquera del Grupo Angelini. Dos fueron las facturas para Corpesca, por una suma global de $17 millones, que emitió la sociedad Centro de Estudios Sociales y Ciudadanos (CESC), en la que participan Lavín Aliaga y el ex alcalde de Recoleta, Gonzalo Cornejo. Ambas facturas fueron rectificadas por Corpesca, pues no existen pruebas que acrediten que CESC realmente hizo los trabajos. La primera factura fue por $2,25 millones y se extendió en enero de 2012, cuando Cornejo aún se desempeñaba como asesor de Pablo Longueira en el Ministerio de Economía.

La fiscal Chong también está rastreando si Cornejo y Lavín hicieron asesorías para el Congreso. El Senado ya le informó que no, mientras que el 5 de julio pasado la Cámara de Diputados le envió a la fiscal una serie de contratos e informes que Lavín hizo para la esposa de Cornejo, la diputada Claudia Nogueira.  Entre 2012 y 2014 la parlamentaria le pagó a Lavín Aliaga un total de $32,7 millones.

En 2010 la diputada Nogueira fue formalizada por fraude al Fisco debido a que con las asignaciones de la Cámara pagaba asesorías a personas de su confianza, las que luego le depositaban el dinero a la misma parlamentaria. Este tipo de operaciones son idénticas a las que se le detectaron también al senador Orpis. No obstante, los antecedentes de la diputada Nogueira quedaron inmaculados, pues ella se allanó a devolver $30 millones al Congreso Nacional, además de donar cinco millones a Un Techo para Chile y firmar durante 18 meses.

Álvaro Lavín Aliaga fue administrador municipal de Recoleta bajo la alcaldía de Gonzalo Cornejo. En 2008, la secretaria que tuvo Cornejo en esa municipalidad, Lily Cabello, declaró que el entonces alcalde le pasó sobres con más un millón de pesos para que se los entregara a Lavín Aliaga y dos socios de la empresa Gestión Municipal Avanzada (GMA): Jaime Jullian e Iñaki Busto. Estos últimos eran, al mismo tiempo, asesores de Cornejo y administraban GMA, empresa investigada precisamente por irregularidades en convenios que había suscrito con Recoleta.

DEMANDAS CRUZADAS

Según funcionarios de la Municipalidad de Mostazal, consultados por CIPER, fue MultiAssist la que se acercó a ofrecer sus servicios de instalación de luces LED, que gastan menos energía que las tradicionales. Desde 2008 la mantención de luminarias estaba a cargo de Realectric Limitada. Aunque el contrato era por un año, éste fue renovándose sin licitación, lo que fue cuestionado por la Contraloría. Eso forzó al municipio a llamar a una nueva licitación en 2012, en la que se incluyó el reemplazo del alumbrado público por tecnología LED. MultiAssist fue la única empresa que presentó una oferta y, por lo tanto, se adjudicó el contrato, que se financiaría con fondos del impuesto específico de casinos.

Pero a comienzos de 2015 la Contraloría puso el ojo en el contrato, descubriendo que el proceso tenía defectos desde la redacción de las bases en adelante. CIPER revisó los documentos de la licitación y detectó que no se fiscalizó el cumplimiento del ahorro energético pactado para autorizar los pagos del contrato. Éste establecía que el monto a pagar debía calcularse de acuerdo al cumplimiento de la tasa de ahorro energético prometida en la licitación, pero por al menos seis meses se canceló el monto total sin considerar que no se había cumplido la meta de ahorro. Eso significó un sobrepago de 24%.

El inspector técnico que debía revisar el proyecto es José Gómez, actual encargado de seguridad ciudadana del municipio. Consultado por la Contraloría, Gómez reconoció que no tenía conocimiento sobre consumo energético ni acerca de la fórmula establecida para calcular el pago.

De hecho, ante la misma Contraloría el secretario municipal, Alonso Arribillaga, declaró que “ningún funcionario de la entidad edilicia tenía conocimiento respecto de la aplicación de las fórmulas matemáticas establecidas en las bases que rigen la licitación”. Según cuentan los concejales Meza y León, empleados de MultiAssist debieron ir a un concejo municipal a explicar la fórmula.

juzgado-civil-rancaguaAnte los reparos de la Contraloría, la municipalidad decidió recuperar los sobrepagos que había hecho, argumentando que el ahorro energético comprometido era de 55% y sólo se llegó a 31%. La empresa atribuyó esa brecha a que el municipio instaló más luces LED de menor calidad, pero de todos modos la municipalidad cobró el vale vista de garantía que dejó MultiAssist al licitar el servicio. Eso desató demandas cruzadas entre el municipio y la empresa que se tramitan en el Primer Juzgado Civil de Rancagua.

Hubo al menos dos reuniones a fines de 2015 en que MultiAssist intentó llegar a un acuerdo extrajudicial. Según el concejal Pablo Garrido (Ind.), quien participó en ambos encuentros, Alejandro Irarrázaval les dejó claro que, de seguir con el juicio, el municipio arriesgaba perder más de mil millones de pesos por intereses y perjuicios. Pero la empresa no pedía poco: el equivalente a los 60 meses adjudicados (más de $500 millones), a pesar de que sólo prestó servicios durante tres años. Hasta ahora no hay acuerdo.

Ni el alcalde Medel ni MultiAssist quisieron dar su versión sobre el litigio que los enfrenta.

PISCINA SIN AGUA Y ESTADIO SIN PISTA

La controversia con MultiAssist no es la única que se ha generado en Mostazal por los aportes de Monticello. Como el dinero proveniente del casino debe aplicarse exclusivamente en “obras de desarrollo”, la comuna debiese brillar, pero no es así. El alcalde Medel (UDI) asumió en 2008, el mismo año en que la municipalidad comenzó a recibir los “fondos casino”, y si bien no se le ha imputado responsabilidad en irregularidades, sí se han visto envueltos funcionarios de su confianza. A fines de julio fueron formalizados por fraude al fisco y negociación incompatible el ex administrador municipal, Freddy Alfaro, y la ex directora de Desarrollo Comunal, Carla Parraguez.

Alfaro y Parraguez –quienes contrajeron matrimonio tras retirarse de la municipalidad– están acusados de visar el pago de honorarios por trabajos que, según la Contraloría, no cuentan con evidencia de que se hayan efectuado. Es más, la Contraloría acreditó que una de las personas que cobró esos honorarios nunca concurrió a la municipalidad y que sus pagos se depositaron en una cuenta de Carla Parraguez.

Además, el actual administrador municipal, Florentino Marchant, está acusado de exigir pagos a funcionarios a honorarios. La Contraloría Regional, en su informe del 14 de junio de este año, indicó que presentaría estos antecedentes a la Fiscalía y que los incluiría en un futuro sumario: “Sobre el particular, atendido que los hechos singularizados en este numeral podrían revestir carácter de delito, situación que no compete calificar a este Órgano de Control, se ha estimado pertinente remitir los antecedentes del caso al Ministerio Público para los fines que resulten procedentes (…). Sin perjuicio de ello, junto con mantener la observación, esta Entidad de Control incluirá esta materia en el proceso sumarial que sustanciará“. Fiscalía lo investiga por posible cohecho.

CIPER analizó los gastos realizados con “fondos casino” y es evidente que muchos de ellos no califican como “obras de desarrollo”: viajes de vecinos a la playa y a la nieve; espectáculos con artistas como “El Puma” Rodríguez; celebraciones del día de la madre; compras de juguetes, mercadería y gas, para fines asistenciales; un viaje de intercambio escolar a Brasil al que también viajó el alcalde, acompañado de su hija, que no era alumna del liceo municipal.

Otras iniciativas que sí califican como “obras de desarrollo” resultaron ser un desastre y también están siendo investigadas. Una de ellas fue el proyecto para remodelar el estadio de la comuna, cuyo diseño tuvo un error de cálculo de tal magnitud que cuando las obras ya estaban en marcha se percataron de que no cabía la pista atlética proyectada originalmente. La pista fue sustituida por una franja para trote que no cumple los estándares oficiales, pero el costo del proyecto se mantuvo inalterable ($790 millones) porque se sumaron obras compensatorias (como cierres y graderías), lo que motivó una investigación de la Contraloría.

Otra obra cuestionada es una piscina municipal semi-olímpica que está abandonada e inutilizable por fisuras y que también originó un sumario de la Contraloría porque la municipalidad le pagó al constructor (Ingeniería y Construcción Mudel) por trabajos sin avances o que simplemente nunca se hicieron.

APENAS UN SEMÁFORO

Aparte de la imponente construcción de Monticello que está en la entrada norte de Mostazal, no hay señales evidentes de lo que ha dejado el casino a la comuna. Los vecinos reclaman, por ejemplo, que hay apenas un semáforo y que solo cuentan con un consultorio y una posta en sectores rurales, donde viven 21 mil de los 27 mil habitantes de la comuna. Aunque los datos de la encuesta Casen muestran una caída en los índices de pobreza, hay amplias zonas de los 520 kilómetros cuadrados de la comuna donde el desarrollo parece no haber llegado. Por ejemplo, parte del sector “Angostura”, uno de los que más se ha densificado, aún no cuenta con alcantarillado y el agua potable sigue siendo entregada con camiones aljibes.

El primer informe de la Contraloría que prendió la luz roja en el municipio de Mostazal llegó el 31 de diciembre del 2012. Se trata de una auditoría integral a la municipalidad que empezó a desenmascarar los problemas de orden y control interno. Entre otras cosas, se determinó que se pagaban honorarios con los “fondos casino” a personas que realizaban labores que ya estaban dentro de los roles de los funcionarios de planta y contrata del municipio. En total fueron más de $82 millones que se pagaron a 22 personas que realizaron trabajos que, a ojos de la Contraloría, debían ser ejecutados por reparticiones municipales (ver informe de Contraloría).

El uso de los “fondos casino” se ha expandido a todo tipo de cosas. Contraloría constató que existe una serie de gastos improcedentes, como la compra de juguetes, celebración de días de la madre y del padre, fiestas de fin de año y distintos tipos de conmemoraciones. Por ejemplo, una cena por $5,3 millones para celebrar el “día de la educación”; $12,8 millones para la adquisición de 247 cajas de pollo y de 500 cajas de longaniza con ocasión de las Fiestas Patrias en 2011; $6,8 millones para comprar alimentos y bebidas para fiestas de fin de año; $25 millones para la adquisición de 4.180 juguetes, que también beneficiaron a funcionarios municipales y donde se detectaron 289 niños repetidos en las nóminas de las junta de vecinos.

Por escrito, desde el municipio respondieron a CIPER que en un dictamen de 2009 la Contraloría estableció que el gasto en obras de desarrollo “comprende no sólo las obras materiales, sino también los servicios y acciones que ejecuten los municipios en favor de los habitantes de la comuna, dentro del ámbito de su competencia, precisando que estas obras, servicios y acciones deben satisfacer de modo directo e inmediato una necesidad o interés de la población”. Sin embargo, la misma Contraloría ha determinado que muchos gastos de Mostazal no cumplen con esa condición.

De hecho, la conclusión final de la primera alerta de la Contraloría es tajante: “Considerando los antecedentes e irregularidades (…) esta entidad se encuentra sustanciando, mediante Resolución Exenta N°532, de 12 de noviembre de 2012, un sumario administrativo para perseguir las eventuales responsabilidades administrativas derivadas de tales incumplimientos e irregularidades”.

Tribunales de Familia: las graves deficiencias del sistema de peritos

Los peritos psicológicos se han convertido en actores clave del sistema de justicia de familia. A ellos se les consulta, por ejemplo, por la idoneidad de los padres para cuidar a sus hijos. Sus opiniones profesionales también pueden entregar indicios de abusos o de violencia que han experimentado los niños. Como resultado, sus peritajes muchas veces son determinantes para que un juez le quite la tuición a un padre o envíe a un menor al Sename como medida de protección. Pese a jugar ese rol decisivo en la vida de una familia, en Chile estos peritos operan sin regulación: no hay norma que los certifique ni nadie que fiscalice su idoneidad.

La alta demanda de peritajes no alcanza a ser cubierta por el sistema público, situación que abrió una ventana para que los privados se adueñaran de un mercado que les trae excelentes réditos económicos, sin asegurar su calidad. No hay norma que regule las tarifas que estos peritos privados pueden cobrar a las partes. En el catastro hecho por CIPER aparecieron grandes diferencias de precio: mientras que unos piden $300 mil por cada persona periciada, otros llegan a cobrar sobre un millón de pesos. Esto ocurre porque no hay piso ni techo que limite los ingresos de estos profesionales.

Esta falta de control permite que al sistema ingresen profesionales sin la preparación mínima –académica y laboral– para ejercer. CIPER revisó una serie de informes periciales y encontró inconsistencias en los antecedentes académicos de peritos de dos de las empresas más cuestionadas entre los actores del sistema.

Andrés Aldunate, director  de Nova Sum
Andrés Aldunate, director de Nova Sum

El Centro de Diagnóstico y Tratamiento Nova Sum es un nombre que se repite en los Tribunales de Familia. Basta una búsqueda rápida en internet para que aparezcan reclamos de pacientes disconformes, y tanto abogados litigantes como peritos judiciales lo mencionan cuando quieren ejemplificar la crisis de los peritos privados. Uno de sus socios fundadores, Andrés Aldunate, se presenta en el registro de peritos de la Corte de Apelaciones como psicólogo de la Universidad Central y candidato a magíster en Psicología Clínica en la Universidad de Chile. Pero la verdad es otra.

CIPER pudo verificar que Aldunate solo cursó tres ramos de ese magister y que, meses antes de postular como perito judicial, ya había sido eliminado del sistema de la Facultad de Ciencias Sociales de esa casa de estudios.

El sicólogo Aldunate – quien dijo a CIPER haber realizado “más de mil” peritajes- ha sido cuestionado por distintos actores del circuito de los Tribunales de Familia (abogados litigantes, peritos y familias que han sido periciadas por su empresa). Sus informes levantan serios reclamos y por distintos motivos: no graba las entrevistas, recomienda tratamientos que su propia empresa ofrece y hay párrafos que se repiten íntegros en informes de causas distintas, entre otros.

Otro de los peritos que exhibe una serie de reclamos detectado por CIPER es Carolina Alarcón, socia del Centro de Atención Psicológico y Social Profam, quien se identifica en sus informes periciales como psicóloga clínica. Sin embargo, Alarcón, quien estudió en México, nunca ha acreditado sus estudios en Chile y en 2015 su universidad informó a la Secretaría de Educación del Estado de Colima que la alumna no se tituló.

Pero el sistema pericial privado no es el único que falla. Los peritos públicos también tienen problemas. El Servicio Médico Legal (SML) y los proyectos de Diagnóstico Ambulatorio (DAM) –que dependen del Sename– son los encargados de hacer los informes para quienes no pueden pagar un perito privado. La sobrecarga laboral y la falta de recursos con los que conviven estas instituciones, no les permite a los profesionales atender la demanda existente. Es más, se les permite faltar a su presentación en audiencia, instancia en la que deberían explicar y defender el trabajo realizado. La suma de estos factores ha propiciado la multiplicación de los peritos privados.

EL SISTEMA EN CAÍDA

El Poder Judicial tiene un registro de peritos psicológicos. Sólo en las Cortes de Apelaciones de Santiago y San Miguel hay más de 200 inscritos. Este listado quedó como un residuo del sistema anterior a la reforma de los Tribunales de Familia de 2004, pero la ley no se ocupó de actualizar ni de ajustar las exigencias. Para ingresar al registro sólo es necesario entregar el currículum, el certificado de título y contar con al menos cinco años de experiencia como sicólogo. No es requisito tener una formación específica.

Cuando las partes en un juicio ofrecen presentar un peritaje ante un tribunal, no se le exige al profesional que se hará responsable de ese estudio estar inscrito en ese listado oficial. Sólo si es un juez de familia el que ordena el peritaje, éste se escoge obligatoriamente entre los psicólogos registrados.

Inscritos o no, es el juez el responsable de exigir la idoneidad de los peritos en la audiencia preparatoria, solicitando títulos y lo necesario para acreditar su aptitud. Un trámite que según los propios abogados litigantes de familia no se está cumpliendo.

La falta de regulación de los peritos va más allá. Porque si un juez encuentra incongruencias en el historial laboral y académico de un perito, debe informar a la Corte de Apelaciones. Pero eso no significa que se estudiará el caso para que, si en definitiva se comprueban las falencias, ese sicólogo sea excluido del registro. Solo es un aviso que se tendrá en cuenta en el próximo llamado de peritos cuando se cumpla el bienio de su inscripción.

Sobre las debilidades del sistema, Francisco Maffioletti, académico del magister de Psicología Jurídica y Forense de la Universidad Diego Portales y perito de la empresa Peritajes Psicológicos, explicó a CIPER:

juzgado-de-familia-2–Hoy día un perito puede realizar un trabajo para el tribunal sólo por el hecho de ser profesional del área. Cualquier psicólogo puede ser llamado a un juicio como perito. No se lo puede inhabilitar pero, ¿cuál es la formación necesaria, además del título de pregrado, desde el punto de vista legal? Ninguna.

El trabajo de estos profesionales está guiado por dos normativas: la Ley de Tribunales de Familia y la Resolución Exenta N° 8.083 del SML. En la primera se establece que no se puede pedir la inhabilitación de los peritos, pero que “durante la audiencia podrán dirigírseles preguntas orientadas a determinar su objetividad e idoneidad, así como el rigor técnico o científico de sus conclusiones” (ver documento). Esta norma debería actuar como un “filtro”, lo que muchas veces no sucede. La ley permite, si las dos partes están de acuerdo, que los peritos no asistan a la audiencia, lo que es bastante habitual.

La normativa del SML, por su parte, indica que los peritajes psicológicos deben dar respuesta a la pregunta psico-legal que hace el juez. Por ejemplo, responder si una persona es o no apta para estar a cargo de un niño. Además, el SML detalla los procedimientos básicos y la estructura que debe tener el informe. Añade que el estándar a seguir es el que instruye la guía de la Asociación Estadounidense de Psicología (APA, por su sigla en inglés). Pero no hay una norma que permita fiscalizar que los peritajes se realicen correctamente.

CIPER tuvo acceso a más de una decena de informes periciales y corroboró que puntos esenciales de estas instrucciones no siempre se cumplen. Por ejemplo, no es raro que no haya registro de las entrevistas (como sugiera la APA), ni un análisis previo de los antecedentes de la causa. A ello se agrega que en los informes no se explica por medio de qué instrumento y qué respuestas se llegó a las conclusiones.

Un informe encargado por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) en 2010 a los abogados Claudio Fuentes Maureira, Felipe Marín y Erick Ríos, de la Universidad Diego Portales, y que evaluó el funcionamiento de los Tribunales de Familia, ya advertía de los problemas identificados por CIPER. Según el estudio, en ninguna de las audiencias observadas en que se ofreció prueba pericial se discutió la idoneidad del profesional propuesto.

Cuando una de las partes ofrece un peritaje como prueba en la audiencia preparatoria, el juez debe exigir el currículum y todos los antecedentes disponibles para verificar que el perito sea idóneo para la tarea. El problema es que este “filtro” no está funcionando: “las partes ven muy reducidas sus posibilidades de controvertir y controlar la información que dicha prueba aporta al juicio. No siempre es de la mejor calidad y no siempre es genuinamente imparcial y ocurre que todo el sistema opera como si siempre lo fuera”, se lee en el informe de los abogados de la UDP (ver documento).

Pedro Maldonado, juez del 4° Juzgado de Familia de Santiago, reconoce que “en los juicios actualmente, en todo ámbito, la opinión de los peritos es vital para poder resolver, porque hay cuestiones que sólo pueden ser explicadas por expertos. Lo que falta es una mayor formación en el análisis pericial forense: formación académica para los peritos y para los abogados para cuestionar esos informes”.

Claudio Fuentes Maureira
Claudio Fuentes Maureira

Abogados que actualmente litigan en Tribunales de Familia dijeron a CIPER que el diagnóstico que hicieron los profesionales de la UDP en 2010 ha empeorado. Culpan en gran parte al colapso del sistema, que ha visto aumentar el número de causas por tuición, visitas, régimen comunicacional y de protección.

De hecho, según las estadísticas oficiales del Poder Judicial, el número de causas ingresadas a los Tribunales de Familia casi se duplicó entre 2008 y 2014. Si en 2008 el sistema recibió 340.720 causas, en 2014 esa cifra llegó a los 648.576. Al revisar el desglose de esa cifra, uno de los mayores aumentos se refiere a solicitudes de “relación directa y regular con el niño” (visitas). En 2008 sólo hubo 20 mil peticiones, mientras que en 2014 la cifra bordeó las 90 mil.

A una modificación de la ley realizada en 2008 se sumó en 2013 la Ley 20.680, que entregó mayor igualdad en términos de visitas y cuidado de los hijos para ambos padres, algo que a la postre potenció el mercado de los peritos en Chile. Al tener los hombres mayores derechos, aumentaron sus demandas por más tiempo e incluso tuición total de sus hijos. Para conseguir eso, necesitaban peritos que los declararan aptos para las funciones parentales.

Cecilia Arrieta, presidenta de la Asociación de Abogados de Familia, dijo a CIPER que “está lleno de peritos privados que, inscritos en la Corte o no, no tienen ningún aval. La única opción para ver su idoneidad es cuando se está en el juicio y se le puede consultar para revisar su calidad profesional. Aunque es muy raro que el juez concluya que no es idóneo si ya está en el listado de peritos de la Corte”.

Ese es, precisamente, el caso de Andrés Aldunate, el psicólogo de Nova Sum, quien dijo a CIPER haber hecho más de mil peritajes desde que empezó su carrera, y que está inscrito en este registro con datos falsos.

EL MÉTODO ALDUNATE

“Carmen” (no es su nombre real) recuerda bien la amabilidad con que la trató el sicólogo Andrés Aldunate durante las tres sesiones en que la recibió en las oficinas de Nova Sum, en calle Huérfanos. Las dos primeras fueron breves: en una le explicó cómo sería el proceso, le aplicó el test de Rorschach y la hizo dibujar un árbol y un hombre bajo la lluvia; en la segunda le mostró imágenes difuminadas y le pidió que contara una historia. Ninguna duró más de media hora.

En la tercera sesión sólo le dio una instrucción:

–Relátame tu historia de pareja con tu ex, desde el día cero.

Son más de quince años que “Carmen” tuvo que recordar y resumir en lo que resultó ser un monólogo de una hora. Aldunate solo observó y tomó apuntes. Igual que en las dos sesiones anteriores, no grabó. En el relato de Carmen afloró todo lo vivido durante su relación. Según ella misma dijo a CIPER, habló de esos años con romanticismo, angustia y dolor, “cosas que fuera de contexto pueden ser malinterpretadas”. Cuando terminó de hablar, Aldunate hizo su única intervención de esa hora: “Ya tengo lista la figura. Eso sería todo”.

Un mes después, Carmen perdió la tuición de su hijo.

El informe que entregó Andrés Aldunate está basado en una metodología que él diseñó, en la que no es necesario dejar registro de las pericias y que entrega “automáticamente” las conclusiones. Él mismo explicó a CIPER cómo funciona su sistema:

informe-novasum-chico–Nosotros tenemos un esquema de triangulación en que el cruce de ciertos resultados de los tests nos dan entre tres o cuatro respuestas. Es un Excel, donde ponemos los resultados, cruzamos las variables y ese es el párrafo que aparece en los informes, con ciertos cambios, claro. En algunos casos les ponemos algunos énfasis –aclaró.

Esto explica la anomalía que identificó CIPER al revisar los informes de Nova Sum, donde párrafos completos de los “resultados formales” se repetían en peritajes hechos a distintas personas.

Además, CIPER constató que, a diferencia de otros profesionales, Aldunate no hace citas textuales de sus entrevistas, ni explica cómo llegó a los resultados que describe. Al ser consultado sobre esta carencia, el psicólogo explicó:

-No citamos textualmente porque yo no lo considero un dato relevante. No estamos haciendo un análisis discursivo. Lo que ponemos en los informes son las conclusiones del análisis, pero poner el paso a paso de cómo llegamos a cada punto, a mí parecer, podría hacer más compleja aún la lectura de esos informes. No creo que sea errado hacerlo así.

Verónica Gómez, psicóloga con magíster en Intervención Psicojurídica y Forense de la UDP, piensa distinto. La profesional dijo a CIPER que cada vez son más los informes en los que no se siguen los procedimientos mínimos para hacer una pericia:

–Se ha tomado como práctica no grabar o no tener registro alguno de las entrevistas. Sin ese material es difícil analizar con profundidad a la persona, mucho menos dar un resultado pericial de personalidad o habilidades parentales. Además, algunos informes vienen con resultados de pruebas proyectivas, que ayudan al momento de evaluar indicios, pero que no son objetivas. Por eso es necesario establecer una metodología y procedimiento estandarizado en el sistema.

El abogado litigante y experto en materias de familia Francisco Estrada cree que esta laxitud en el sistema de peritos psicológicos causa un círculo vicioso que juega en contra de lo que debería defender: las familias. “Lo que tenemos es una ilusión del diagnóstico. Qué ocurre: las causas se cierran y se vuelven a abrir porque el sicólogo no era el indicado, no hizo bien su diagnóstico, después el terapeuta tampoco era idóneo y el problema persiste en el tiempo”, opina Estrada

Claudio Fuentes Maureira, académico de la UDP y uno de los autores del informe que revisó en 2010 el funcionamiento de estos tribunales, indicó a CIPER que el peso que tienen las pruebas periciales es casi absoluto:

–La prueba pericial tiene muchos problemas debido a su complejidad técnica. Además se puede notar un fenómeno que se le puede llamar “la delegación”. Si eres un juez que tiene que tomar una decisión tremendamente compleja, y hay un peritaje que dice A, ¿qué termina ocurriendo con algunos jueces de familia? Confían en el perito y fallan A. Entonces terminan delegando, en la práctica, la decisión del caso en el perito. Porque claro, se confía en la decisión del perito. Pero el problema es que ese perito no siempre es idóneo y, en la práctica, muchos de ellos nunca van a declarar y así es muy difícil o casi imposible cuestionar su informe.

EL DICTAMEN DE LOS PERITOS

Otro problema que han detectado los distintos actores del sistema es que los peritos no se limitan a hacer un diagnóstico o responder la pregunta encargada por el juez que lleva la causa, sino que incluyen recomendaciones de la decisión legal que deberían tomar los jueces.

El juez Maldonado lo explica así:

–Uno de los errores más comunes de los peritos es adentrarse en ámbitos que no les corresponde. Por ejemplo, cuando un perito sugiere al final de su informe que el juez debe acoger la demanda de cuidado personal. Eso, metodológica y teóricamente es incorrecto, porque el perito tiene que dar datos concretos que el juez interpreta.

Francisco Estrada
Francisco Estrada

El Centro de Diagnóstico y Tratamiento Nova Sum es uno de los que realiza este tipo de prácticas. En casi todos sus informes revisados por CIPER aparecen al final del texto, en la sección de “Opinión Profesional”, una serie de párrafos que van más allá de la pregunta judicial hecha por el tribunal, y que es lo único que deberían responder.

Pero el trabajo de estos sicólogos no siempre termina con los peritajes. En los informes a veces se sugieren tratamientos de revinculación y de habilidades parentales que luego, en muchos casos, ellos mismos entregan. Por ejemplo, en uno de los informes analizados por CIPER se sugiere terapia reparatoria para el niño y otra de revinculación para los padres.

Nova Sum, el centro de propiedad de Andrés Aldunate, cobra en promedio por este tipo de terapias -que tienen una duración mínima de tres meses con cuatro sesiones mensuales- $300 mil por persona. Si el núcleo familiar es de tres personas, tendrán que desembolsar casi un millón de pesos en tres meses.

Esta práctica está reñida con la ética profesional. Así lo dice explícitamente la Guía para Evaluaciones de Custodia Infantil en Procesos de Ley Familiar de la APA (validada en Chile por la resolución del SML): los psicólogos que conducen estos peritajes y luego se hacen cargo de la psicoterapia de los examinados, son ejemplos claros de las “relaciones múltiples” que los psicólogos deberían evitar, pues sus obligaciones éticas respecto de los conflictos de interés debería obligarlos a negarse a entregar estos servicios (ver documento).

PERITOS CON FALSOS ANTECEDENTES

La presidenta de la Asociación de Abogados de Familia, Cecilia Arrieta, reconoce que existe un problema grave en el sistema de pericias en los Tribunales de Familia. “Como asociación hay una preocupación sobre este tema hace tiempo, y tenemos la sensación de que se ha agudizado más ahora”. La abogada da un ejemplo: “En Santiago, al menos en mi experiencia, habitualmente no te piden el certificado de título de los peritos”.

La falta de exigencia de formaciones específicas para realizar pericias judiciales ha permitido que personas sin la calificación adecuada trabajen incluso como peritos de la Corte. Sólo se les pide el título de sicólogo y no hay un chequeo de que el resto de sus antecedentes sea verídico.

Que Andrés Aldunate esté registrado como perito forense de la Corte de Apelaciones de Santiago, ilustra bien esta anomalía. En ese registro no hay detalles que avalen su formación específica en esta área. Su currículum menciona ocho capacitaciones en temas variados (algunas de sólo ocho horas), pero no se señala dónde las realizó.

Aunque para postular a perito judicial le bastaba con el título de pregrado, como psicólogo clínico de la Universidad Central, Aldunate aseguró ante la Corte que era “Magíster en Psicología Clínica Adultos mención Constructivista ©”. Esa pequeña “c” significa que es candidato a magíster, una nomenclatura que en la academia normalmente se usa para quienes optan al grado de doctor.

–En realidad, soy egresado (del magíster). Tuve un problema con la universidad porque no he podido entregar la tesis (…) Hace como dos años me llegó un correo de la universidad diciendo que como no me había flexibilizado con el tema de la tesis, me habían retirado del magister. Pero estamos en conversaciones para ver si la puedo entregar. Pero es sólo eso, una formalidad –aseguró Aldunate a CIPER.

La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, donde dice haber cursado el magister, dio una versión muy distinta: “Andrés Aldunate Garcés cursó sólo tres asignaturas del Magíster en Psicología Clínica de Adulto de nuestra facultad el año 2010 (se matriculó los años 2009 y 2010). El Sr. Aldunate fue eliminado en julio de 2015 por exceder los tiempos reglamentarios de permanencia en los programas de magíster de nuestra facultad”.

La Universidad de Chile envió a CIPER la resolución N° 101 del 16 de junio de 2015, en que resuelve la eliminación académica de Aldunate del programa de magister (ver documento). La postulación de Aldunate al registro de peritos de la Corte de Apelaciones, fue hecha dos meses después.

CIPER encontró un caso aún más extremo. Carolina Alarcón Vásquez, socia de Profam – junto a Claudia Svilanovich y Claudio Concha-, se identifica en sus informes ante los juzgados de familia como psicóloga clínica. Sin embargo, nunca acreditó sus estudios en Chile.

logo-uvamAlarcón cursó la Licenciatura en Psicología en el Centro de Estudios Universitarios Vizcaya de las Américas en México entre 2005 y 2008. CIPER encontró informes periciales de Alarcón desde 2010. Desde entonces Alarcón pudo realizar su labor de perito para juzgados de familia sin problemas. Hasta que en noviembre de 2014 un hombre que perdió la tuición de su hija -luego de protagonizar una guerra de peritajes con Alarcón y su empresa Profam-, la denunció. La causa está abierta en la justicia penal (ver recuadro).

A través de Transparencia de la Secretaría de Educación del Estado de Colima (México), CIPER tuvo acceso a la carpeta académica de Alarcón. Según esta documentación, en julio de 2015, su título habría sido anulado. La razón: “La obtención del título de licenciada en psicología, bajo la modalidad de examen general profesional nunca tuvo lugar, pues de la simple lectura del expediente escolar de la ex alumna, se observa que aún no cumple con todos los trámites necesarios para titularse” (ver acta).

Es más, a simple vista sus estudios cursados en México no son comparables a las mallas curriculares chilenas. La universidad donde realizó sus estudios divide su enseñanza en cuatrimestres (4 meses consecutivos), de los cuales Alarcón cursó ocho con un total de 64 cursos realizados en tres años y medio (ver ramos cursados por Alarcón en México).

Las diferencias curriculares quedan claras al hacer la comparación con la malla de Psicología de la Universidad de Chile (casa de estudios que valida los títulos extranjeros) donde son 54 cursos divididos en 10 semestres, o sea cinco años.

El problema es que, incluso validando su título, la casa de estudios mexicana que se lo entregó es parte del grupo de establecimientos universitarios conocidos comúnmente en México como “universidades patito”: instituciones privadas de muy mala calidad y que buscan el lucro ante todo.

Pese a no haber acreditado su formación ante ningún organismo en Chile, Alarcón ha realizado peritajes en juicios donde se ha decidido el futuro de decenas de niños y, en más de una ocasión, ha aparecido en programas de televisión dando su opinión de experta sobre casos de alta connotación pública (ver video).

CIPER se contactó con Alarcón para preguntarle sobre su situación académica, pero respondió que no se referiría al tema. Personas cercanas a ella aseguraron que sí se tituló en México y que los documentos oficiales que dicen lo contrario habrían sido rectificados este año, pero no entregaron copia. Aún si esto fuera cierto, no poseía certificado de grado al momento de hacer los peritajes judiciales y nadie se los exigió.

LA DEMANDA POR EJERCICIO ILEGAL DE LA PROFESIÓN

La querella contra Carolina Alarcón (y una de sus socias de Profam) fue presentada en noviembre de 2014 por asociación ilícita, uso ilegal de instrumento privado y ejercicio ilegal de la profesión. El juez del 6° Juzgado de Garantía de Santiago dictaminó que sobre los dos primeros hechos se sobreseía a ambas. No la sobreseyó por ejercicio ilegal de la profesión. El fallo fue confirmado en la Corte de Apelaciones.

Fuentes del Ministerio Público informaron a CIPER que, en virtud de nuevos antecedentes que llegaron desde México, se encuentra en investigación la veracidad de los títulos que acreditarían la calidad de psicóloga de Carolina Alarcón.

La asesoría tributaria que le ahorró $41 mil millones en impuestos a la ANFP

“Este es un día sumamente importante para el fútbol y bastante esperado para gran parte del país”. Así presentó el actual mandamás del fútbol chileno, Arturo Salah, el resumen ejecutivo de la auditoría forense realizada por Deloitte. Un informe destinado a transparentar las cuentas de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP). Pero que, al mismo tiempo, abrió un flanco que la directiva del fútbol prefiere no ahondar: el perdonazo a la gigantesca deuda tributaria de la asociación que gestionó su defenestrado ex presidente, Sergio Jadue, y que benefició a los dirigentes de todos los clubes que hoy pretenden mostrar al calerano como único culpable de los turbios manejos del fútbol.

Cuando Jadue tomó el timón de la ANFP, el Servicio de Impuestos Internos (SII) le exigía pagos, por diversas contingencias tributarias, que sumaban $43.709 millones. Pero al final solo se cancelaron $2.455 millones, lo que representa poco más de un 5% del monto original. En la auditoría forense que Salah presentó a la prensa el miércoles 25 de mayo pasado no hay mención alguna a los $41.254 millones que la ANFP se ahorró en impuestos adeudados, más las multas e intereses, que le cobraba el SII.

Solo en las últimas páginas del dossier que Salah entregó a los periodistas aparecía, de manera tangencial, una pequeña hebra que podía relevar esta generosa rebaja que hizo el SII a los empresarios del fútbol. Esa pista era un gasto objetado de $218 millones que había sido pagado por la directiva de Jadue al bufete de abogados tributaristas Aste, Jaramillo y Celaya (AJC).

La objeción a este desembolso provocó un duro enfrentamiento público entre Deloitte, la consultora que hizo la auditoría forense, y AJC, dos firmas que disputan el mercado de asesorías tributarias para grandes contribuyentes (ver recuadro).

Reunion de Directorio de la Anfp para conocer Auditoria ForenseCIPER siguió el rastro de este pago objetado y constató que AJC trabajó para la ANFP desde 2011 hasta fines de 2015 (incluso cuando Jadue ya se había entregado a la justicia de Estados Unidos). En ese periodo el bufete resolvió diversos problemas que la asociación arrastraba con el SII, algunos desde fines del siglo pasado. CIPER tuvo a la vista documentos que confirman que AJC consiguió reliquidaciones y condonaciones que evitaron el ingreso a las arcas fiscales de más de $41 mil millones que debía cancelar la ANFP.

Esta mega-rebaja tributaria le permitió a Sergio Jadue levantar el embargo que en 2011 el SII impuso a los flujos del Canal del Fútbol (CDF) y, posteriormente, a los terrenos que la ANFP posee en Quilín. Además, gracias al perdonazo Jadue pudo contar con fondos para repartir más de $23 mil millones a las sociedades anónimas que administran los clubes, las que tampoco pagaron impuestos pues se acogieron a una franquicia tributaria que obliga a invertir estos recursos exclusivamente en el fútbol infantil y juvenil. Una obligación cuyo cumplimiento sigue en duda (ver reportaje de CIPER).

Desde 1999 la ANFP mantenía un conflicto con el SII debido a que la asociación hacía uso de una antigua exención tributaria destinada a organizaciones que promueven el deporte sin fines de lucro. En opinión de Impuestos Internos, la ANFP ya no podía acceder a este beneficio porque dejó de estar compuesta por clubes sin fines de lucro y ahora sus integrantes son sociedades anónimas. Sólo por este motivo, la ANFP llegó a adeudar $38.987 millones en 2010. CIPER revisó la documentación que acredita que, mediante reliquidaciones y condonaciones, la asociación pagó sólo $1.712 millones, equivalentes a un 4% del monto que le cobraban inicialmente.

La asesoría tributaria objetada en la auditoría forense también resolvió una disputa por impuestos impagos que enfrentó a la ANFP con VTR, y que involucraba el pago de $4.722 millones. Además, regularizó otros problemas tributarios complejos, como los impuestos impagos por el contrato del cuerpo técnico de la selección nacional que encabezó Jorge Sampaoli, que simulaba ser un contrato por derechos de imagen, pero que encubría el pago de remuneraciones (ver reportaje CIPER).

DEUDA ORIGINAL Y FLUJO DEL CDF

El principal problema de la ANFP con el Fisco no nació con la administración Jadue. La ANFP acumulaba impuestos impagos por un total de $38.987 millones, correspondientes a impagos por transacciones y utilidades, desde el período tributario de 1999 hasta 2010. La disputa se originó porque la asociación se consideraba amparada por la Ley 8.834 de 1947, que deja exenta de tributos a las entidades deportivas sin fines de lucro, derecho que no era reconocido por el SII. Para solucionar este entuerto se contrató al bufete AJC. La asesoría determinó que la ANFP dejó de ser beneficiada con esa exención en 2005, cuando la ley dio origen a las sociedades anónimas deportivas profesionales (SADP). Los consultores sugirieron reconocer la deuda solo a contar de ese año, pero renegociar con el SII.

cdfEn el acuerdo logrado con la Dirección de Grandes Contribuyentes del SII se estableció que la ANFP no debe pagar impuestos por los dineros que le entrega el CDF (sobre $32 mil millones anuales). Esto, porque los profesionales de AJC convencieron al SII de que el CDF y los clubes son los que deben pagar tributos por esos dineros, ya que la ANFP actúa sólo como mandataria de ellos: recibe los fondos desde el CDF y se los traspasa a los equipos.

Tras un largo proceso de negociación con el SII, la ANFP concretó el acuerdo. Esto la benefició con una potente reliquidación de la deuda: de los $38.987 millones originales pasó a una deuda de $6.453 millones, pero además obtuvo una condonación del 90% de los intereses y multas. De esta manera llegó a cifra definitiva que terminó pagando: $1.440 millones.

Adicionalmente, los asesores de la ANFP lograron convencer al SII de que los dineros que recibe del CDF tienen que ser considerados como “gastos”, debido a que solo los recibe y luego traspasa a los clubes, por lo que no le corresponde tributar por esos flujos. Esta nueva lectura de los impuestos que deben pagar los dineros del CDF disminuyó en $600 millones la carga impositiva de la ANFP entre 2011 y 2014.

VTR Y DERECHOS TELEVISIVOS

Antes de la puesta en marcha del CDF la transmisión del fútbol chileno se comercializaba al mejor postor por cifras mucho menores a las que se manejan hoy. En diciembre de 1994 la ANFP, presidida por Ricardo Abumohor, le entregó a Cable Express los derechos del campeonato nacional. En la negociación se decidió no gravar con IVA los pagos, pero quedó estipulado en el contrato que si el SII exigía cancelar ese impuesto, Cable Express se haría cargo.

Y así sucedió. En noviembre de 1999 el SII contactó a la ANFP para exigir el pago del IVA por la venta de derechos televisivos. La ANFP se hizo la desentendida durante años, hasta noviembre de 2011, cuando la Tesorería General de la República embargó los flujos del CDF para saldar la deuda, más intereses y multas: $4.722 millones en total.

Para entonces los clubes de Primera A y Primera B se sustentaban principalmente gracias a los dineros del CDF, por lo que el embargo era un problema mayúsculo para la entonces naciente administración de Sergio Jadue. Frente a la emergencia, la ANFP puso en acción a sus asesores tributarios: consiguieron que la Tesorería cambiara el embargo de los flujos del CDF por el de los terrenos de Quilín (ver reportaje CIPER).

SIIUna vez aceptada la propuesta de reemplazo de embargo, los abogados comenzaron las negociaciones con VTR (sucesora de Cable Express) para que pagara la deuda, pero la empresa lo fue aplazando. La demora se debía a que VTR esperaba conseguir una condonación de intereses y multas, pero esas tratativas se congelaron en 2012 tras conocerse la controversial “mega-condonación” concedida por el SII a Johnson’s.

Ante esta situación, los abogados de la ANFP iniciaron un juicio ejecutivo para que VTR reconociera la deuda. La situación se agravó cuando la Tesorería volvió a pedir el embargo de los flujos del CDF el 5 de octubre de 2012. Pero eso nunca se ejecutó. Y si bien VTR desconoció la deuda en el juicio ejecutivo, el 17 de octubre le pagó al Fisco $1.360 millones, correspondientes a la reliquidación de la deuda, más una condonación.

LA PELEA POR LA ANFP

El round entre Deloitte y AJC, debido a la auditoría encargada por la ANFP generó un fuerte remezón entre los asesores de grandes contribuyentes que planifican rebajas de impuestos. Deloitte sostuvo que la ANFP había hecho pagos por $418 millones al bufete AJC, pero que no había encontrado antecedentes que justificaran el pago de $218 millones de ese total.

En una carta a El Mercurio, Christian Aste, miembro del bufete AJC, ex socio de Deloitte y responsable de las regularizaciones tributarias de la ANFP en el periodo de Sergio Jadue, apuntó a que el informe de la auditoría buscó enlodar la seriedad de su nombre y una oportunidad para quedarse con el cliente: “Un principio básico de auditoría es confirmar con la contraparte. Yo fui socio de Deloitte y tengo un prestigio que a nadie le permitiré comprometer. Lo mínimo era pedirme información”, se lee en la publicación.

Consultado por CIPER, Aste dijo que el CEO de Deloitte, Jorge Rodríguez, le respondió su carta con un e-mail en el que le explicó que enfatizaron el caso de los pagos hechos por la ANFP a AJC por los problemas de control interno de la asociación, debido a que los acuerdos fueron concretados por correo electrónico y no por un contrato. Sobre este punto, Aste dijo que le parecía “curiosa” la objeción: “Cuando fui socio de Deloitte pactaba servicios bajo el mismo sistema: por correo electrónico. Y tengo los medios para probarlo”.

CIPER solicitó una entrevista con un responsable de Deloitte para abordar este tema, pero la respuesta de la encargada de comunicaciones fue negativa: “Tenemos como política no emitir comentarios sobre procesos realizados a clientes”.

En la ANFP señalaron que “el informe final desarrollado por la empresa auditora Deloitte recoge las observaciones e incorpora las inquietudes y antecedentes entregados por el señor Cristián Aste”. Dicho informe, cuyo contenido aún no es público, fue entregado por Deloitte después del resumen ejecutivo que se dio a conocer la prensa y en la ANFP no informaron si los antecedentes aportados por Aste fueron suficiente para subsanar los cuestionamientos iniciales.

 

(Esta nota fue actualizada el 16/6/2016)

Un millón de dólares le donaron a CEMA municipios y entes públicos en la última década

Son cerca de $9 mil millones los que ha ingresado a sus arcas la Fundación CEMA Chile, tras la liquidación de una parte de los más de 230 inmuebles que el Estado le entregó en forma gratuita durante la dictadura. Tal como reveló CIPER (ver reportaje),  en la práctica, CEMA ha operado durante décadas como un rentable negocio inmobiliario para la familia Pinochet gracias a las propiedades -repartidas de norte a sur- que recibió la fundación que preside Lucía Hiriart a perpetuidad.

Pero el flujo de dineros del Estado hacia la fundación de la viuda de Pinochet ha continuado en democracia y en la última década.
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Porque a la venta de una parte del millonario patrimonio inmobiliario que recibió del Estado, CEMA ha sumado otras vías de ingresos financieros. Una “caja chica” con dineros allegados por distintos municipios y entidades públicas destinados supuestamente al funcionamiento de las sucursales de la fundación en el país.

La indagación de CIPER detectó que desde el 2004, CEMA ha recibido $682 millones (US$1 millón, al valor actual) en donaciones, realizadas principalmente por municipalidades. Además de los $291 millones entregados por la Municipalidad de Viña del Mar, y visados –según dio a conocer Contacto (Canal13) por su alcaldesa Virginia Reginato (UDI), CIPER encontró aportes provenientes de otros 88 municipios.

Según un registro del Ministerio de Hacienda (Registro Central de Colaboradores del Estado y Municipalidades) que contiene la lista de los principales donantes de CEMA, Viña del Mar es secundada por dos comunas de la Región Metropolitana: Vitacura y Providencia, con $40 millones y $28 millones, respectivamente. En cuarto lugar, figura el municipio de Santa Bárbara (Octava Región), con aportes  que en total suman $23 millones (ver todos los aportes de municipios a CEMA).

cemaEn la nómina recopilada por CIPER, destacan varios hechos. El primero de ellos es que no solo municipios entregaron dineros a CEMA. Existen cuatro transferencias que totalizan  $11,2 millones realizadas por el Gobierno Regional del Maule (Gore VII Región) a la sede de CEMA en Linares.  Desde el Gobierno Regional señalaron  a CIPER que estos aportes fueron entregados durante la administración de Sebastián Piñera, por el entonces intendente Rodrigo Galilea, como parte de los fondos de cultura que entrega el organismo a distintas instituciones.

Otras 100 transferencias por un total de $4,9 millones provienen de la Tesorería General de la República, dinero que benefició a dos sedes de CEMA ubicadas en Iquique y Coihaique. Desde la Tesorería informaron a CIPER que esos dineros corresponden a subsidios amparados en la Ley 20.255 de bonificación a la contratación de mano de obra en zonas extremas.

También aparece una única transferencia de $2,8 millones hecha por la Subsecretaría de Hacienda a CEMA en la Región Metropolitana. Versiones recogidas por CIPER apuntan a que se trata de dineros entregados en 2012 para la implementación de una sucursal de CEMA en Quilpué (ver fichas). En ese momento, el subsecretario de Hacienda era el ex diputado Julio Dittborn (UDI).

Otro de los aportes llamativos es la donación de $5,4 millones que salió de las arcas de la Municipalidad de Taltal (Región de Antofagasta), dinero que nunca llegó a la sede de esa localidad. Los recursos, parcelados en 20 transferencias, ingresaron directamente a la caja del que fuera el cuartel general de CEMA Chile en Santiago hasta 2013, ubicado en Avenida Bilbao 1145 (Providencia).

Los aportes de municipios y entidades públicas han ido a parar a diez sedes regionales de CEMA, las que cuentan con sus propios ruts y patrimonio. Tal como reveló CIPER en febrero pasado, la fundación de Lucía Hiriart cuenta con al menos 186 filiales en Chile (ver reportaje).

La venta de las propiedades entregadas por el Estado a CEMA Chile forma parte de una de las aristas abiertas en el marco de la investigación judicial del llamado Caso Riggs, en el que se indaga sobre el origen del millonario patrimonio de Pinochet y su familia, parte del cual se ocultaba en cuentas y sociedades fuera de Chile. A fines de mayo, la defensa de Lucía Hiriart apeló a la sentencia de primera instancia dictada a mediados de 2015 por el ex ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Manuel Antonio Valderrama (hoy ministro de la Corte Suprema), y pidió la restitución de 24 propiedades a nombre de Augusto Pinochet, tres automóviles de lujo y casi US$ 5 millones.

EL MANTEL MÁS LARGO

El 17 de enero de 2015, el concejo municipal de Quilpué (Región de Valparaíso), aprobó un aporte para la sede comunal de CEMA. Fueron $2,2 millones destinados a pagar “gastos operacionales, sueldos de secretaria, gastos de oficina y útiles de aseo, luz, agua, teléfono y gas”, según consta en el acta de concejo (ver documento). No era la primera donación a CEMA que hacía la comuna liderada por el alcalde Mauricio Viñambres (PS). Según el registro de Hacienda, desde ese municipio se han realizado 35 transferencias a esa fundación por un total de $21,3 millones.

placa-fundacion-cema-chileLos fines de las donaciones son diversos. El 23 de octubre de 2013, por ejemplo, el concejo de la Municipalidad de Mulchén (Región del Biobío), liderada por Jorge Rivas (DC), aprobó una donación a la sede de CEMA en esa localidad por $500 mil. El objetivo: “financiar el término de la confección del mantel más largo de Mulchén”. Ese mismo año, CEMA le vendió un terreno a ese municipio en $1,5 millón. La paradoja es que el predio había sido cedido en 1985 por la propia alcaldía a la fundación.  En total, la comuna de la Octava Región realizó con distintos fines siete transferencias a CEMA por un total de $3 millones (ver documento).

El 12 de marzo de 2015, la Municipalidad de Tiltil decidió otorgarle $300 mil a CEMA destinados a la compra de “dos máquinas de coser” para la realización de un taller de costura en la comuna. En junio de 2014, en tanto, el concejo municipal de Curicó aprobó una donación de $1,2 millón a CEMA, dinero que la fundación destinaría “a la capacitación de 22 centros de madre de la comuna, beneficiando a un total de 296 socias”. Casi un año después, el 25 de mayo de 2015, el concejo volvió a dar luz verde a una donación por $2 millones a la fundación de Lucía Hiriart, “destinados a cubrir los gastos de materiales y cancelación de monitoras”. En los registros cotejados por CIPER, aparecen 14 transferencias desde ese municipio por un monto de $11,2 millones.

El 7 de enero de este año, la alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato, propuso ante el consejo comunal la aprobación de una subvención de $26 millones para la fundación con la que Lucía Hiriart controla un patrimonio que hasta hoy no ha sido posible cuantificar.  Tal como reveló Contacto, el municipio viñamarino ha instruido transferencias por $291 millones a CEMA. Se pactó que esta última donación, aprobada por el concejo en enero pasado, se realizara en 12 cuotas a objeto de financiar más de 30 ítems, desde la compra de hornos, calculadoras y combustible, hasta la mantención de vehículos y arriendo de oficinas administrativas. A ellos se agregan costos fijos relativos al pago de luz, agua, gas, teléfono e internet.

Requinoa, en la Sexta Región, es otra de las comunas que ha favorecido a CEMA. La municipalidad ha realizado 21 traspasos a la fundación por un total de $12,7 millones. En la sesión de concejo municipal del 20 de enero de 2010, presidido por el alcalde Antonio Silva (IND), se autorizó una donación por $1,2 millón para la institución sin fines de lucro. Lo curioso es que inicialmente se había pactado un monto distinto: $800 mil. Pero en esa sesión del consejo del 20 de enero, tomó la palabra el concejal Sergio Cabezas. En el acta quedó registrada su intervención: “En consideración al excelente trabajo que realiza CEMA Chile, (el concejal) sugiere rebajar de los gremios $250 mil a cada uno y aumentar a CEMA y Cruz Roja”.

Y así se hizo. Para recaudar los aumentos propuestos por Cabezas, se redujo el monto de las donaciones a Coaniquem (bajó de $700 mil a $500 mil) y a la Asociación de Funcionarios de la Salud, entre otros. CEMA recibió $400 mil adicionales ($1,2 millón en total), mientras que la Cruz Roja solo $100 mil (ver documento).

Aunque el monto entregado no parece relevante, la Municipalidad de San Vicente (Sexta Región), tiene un récord: ser el más constante en la entrega de donaciones. Ha realizado 97 aportes, por goteo, los que suman $4 millones. Desde el municipio señalaron que esas donaciones se ejecutaron durante la pasada administración de Virginia Troncoso (UDI), alcaldesa que además entregó a CEMA una propiedad en comodato. Aclararon que la actual administración le puso término a los aportes y al préstamo del inmueble.

DIVISIONES REGIONALES

Al igual que el Ejército, CEMA Chile ha mantenido una estructura basada en divisiones regionales, las que cuentan con su propia directiva, pero siempre subordinadas a lo que dicte el aparato central. Así, cada una de las organizaciones sale a tocar las puertas de municipios y otras entidades públicas en busca de financiamiento.

En esta investigación se detectaron 10 divisiones regionales de CEMA (con diez ruts distintos) que han sido objeto de ayudas económicas.

cema-chileEn la Región Metropolitana, los aportes de fondos se han realizado al cuartel general de la Fundación CEMA Chile, ubicado hasta 2013 en Francisco Bilbao 1145. Ese año, el inmueble fue vendido a la Inmobiliaria Delabase II en $625 millones. La propiedad había sido entregada por el Ministerio de Bienes Nacionales en 1985 a la fundación espejo de CEMA: Apoyo Social (FAS), creada por Lucía Hiriart, una de sus hermanas, y sus hijas Lucía, Verónica y Jaqueline Pinochet. Actualmente, ambas fundaciones tienen como sede central una casa en Bilbao 1049.

Desde el 2004, la sede central de CEMA ha recibido donaciones de 18 municipios por un total de $123 millones. Las comunas que más dinero han entregado son Vitacura ($39 millones), Providencia ($27 millones), Lo Barnechea ($16 millones) y Puente Alto ($10 millones). En esta región, CEMA posee a lo menos 27 bienes raíces y ha vendido más de 40 desde el retorno de la democracia.

En la Quinta Región, los aportes para la sucursal de CEMA suman $340 millones, proveniente de las arcas de nueve municipios de la zona, entre los que destacan: Viña del Mar con $291 millones, Quilpué ($21 millones), Villa Alemana ($12 millones) y San Esteban ($5,5 millones). En esta región, CEMA Chile llegó a tener 20 propiedades: 12 aún están a su nombre y nueve fueron vendidas.

Más al sur, la sede regional de la fundación en el Biobío –ubicada en Veteranos del ’79 N° 430, Concepción– recibió aportes de 17 municipios por un total de $92 millones. Las comunas de Santa Bárbara ($22,9 millones), Coihueco ($13,6 millones) y Tomé ($10,2 millones) son las que más dinero aportaron a la institución. En esta región, CEMA mantiene 18 propiedades inscritas a su nombre y ha vendido cerca de 23 bienes raíces. Según la encuesta CASEN 2011, un 21,5% de la población de la región del Biobío se mantiene por debajo de la línea de la pobreza, cuando la media nacional es 14,4%.

Otra partida de dinero del Estado lo recibió la unidad de CEMA en el Maule (Séptima Región), la que registra aportes de 15 comunas. Pero la institución que preside la viuda de Pinochet no solo ha recaudado dineros de distintas arcas municipales. En esta región, los aportes suman $58 millones, de los cuales $11,2 millones corresponden a transferencias decididas por el GORE.

En las regiones de La Araucanía y Los Ríos, las donaciones son más modestas. Mientras que la sede de CEMA de la IX Región recibió aportes por $15,7 millones de siete municipios, la de la XIV Región obtuvo $10 millones provenientes de cinco comunas.

El avión privado que arrendó Jadue y que le costó a la ANFP $138 millones

Eran las 2:19 de la madrugada del 26 de junio del 2014, cuando el avión Piper matrícula CC-PZB de la empresa Transportes Australis tocó la losa del Aeropuerto Arturo Merino Benítez. La aeronave venía de Cabo Frío, Brasil, donde estuvo 15 días a completa disposición de la directiva y de funcionarios de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) durante el mundial de fútbol. Por ese servicio, la ANFP tuvo que desembolsar $138 millones.  

Ese y otros montos –además de las rutas que siguieron los dineros de la ANFP bajo el periodo Jadue– son objeto de una auditoría forense a cargo de Deloitte, que busca establecer responsabilidades en el escándalo financiero que estalló en la corporación a raíz de las malas prácticas contables y administrativas de la pasada administración.  Los primeros resultados de la auditoría se pondrán a disposición del Consejo de Presidentes de la asociación el miércoles 25 de mayo.

Uno de los gastos que están bajo la lupa de los auditores de Deloitte es precisamente el del servicio de aerotaxi que contrató la ANFP durante el Mundial de Brasil 2014. CIPER habló con el piloto del vehículo aéreo, Luis Faúndez, y con uno de los socios de Transportes Australis, Pablo Vargas, quienes afirmaron que el servicio fue contratado para saltarse las demoras en los aeropuertos por la gran cantidad de gente que estaría viajando y siguiendo el mundial de fútbol.

El piloto de la nave dijo a CIPER que el avión tenía que estar disponible 24/7 frente a cualquier solicitud del directorio. Y así fue. La bitácora de vuelos del avión muestra desplazamientos que llaman la atención (ver infografía con los trayectos).

Uno de ellos es el vuelo que la aeronave realizó el 22 de junio entre Cabo Frío y Sao Paulo, solo un día antes del partido de Chile contra Holanda en la fase de grupos. El contrato de la ANFP con Transportes Australis, gestionado por Mauricio Etcheverry –mano derecha de Jadue en la ANFP–, establecía un cobro por horas efectivas de vuelo (US$4.500 la hora) y no por pasajero. Lo llamativo de ese viaje del 22 de junio, que tuvo un costo de US$13.500 ($7,4 millones), es que se realizó con un solo pasajero a bordo: Nibaldo Jaque. Los motivos del costoso y exclusivo traslado del ex secretario general de la ANFP en el avión Piper –con capacidad para ocho pasajeros–, aún están bajo una nebulosa.

Sergio Jadue, Mauricio Etcheverry y Nibaldo Jaque
Sergio Jadue, Mauricio Etcheverry y Nibaldo Jaque

De acuerdo a El Mercurio, Jaque está en la mira de la actual dirigencia de la ANFP por los millonarios préstamos entregados a Deportes Concepción –club donde Jaque fue accionista– durante el período de Sergio Jadue. Según la misma nota, Jaque sería el primer querellado desde la caída de Sergio Jadue (ver reportaje de CIPER).

CIPER revisó las bitácoras de viaje del avión, los trayectos que realizó y quiénes lo abordaron (tripulantes y pasajeros), durante el periodo que estuvo en Brasil. La indagación da cuenta que la aeronave despegó 14 veces de aeropuertos brasileros, cumpliendo 44,2 horas de vuelo efectivas y trasladando durante esas dos semanas a 12 dirigentes y funcionarios de la ANFP.

Además de Nibaldo Jaque, la nómina de pasajeros que utilizaron la aeronave incluye al ex presidente de la ANFP, Sergio Jadue y al ex vicepresidente del organismo –y uno de los primeros dirigentes en traicionar la confianza del calerano–, Cristián Varela.A ellos se sumó una corte de funcionarios de la ANFP cercanos a Jadue, encabezada por Alfredo Asfura,  Yamal Rajab (* ver Nota de la Redacción) y José Antonio Acosta, entre otros (ver lista de pasajeros).

El misterioso viaje de Jaque no es la única interrogante que se abre en este polémico episodio que vuelve a protagonizar la antigua dirigencia de la ANFP. La investigación de CIPER detectó que la empresa que prestó el servicio de aerotaxi en Brasil, Transportes Australis, está vinculada al ex presidente del Canal del Fútbol (CDF) Alberto Eguiguren, quien también es hombre de confianza del propietario de Santiago Wanderers, Nicolás Ibáñez. Una de las empresas que aparece como socia constituyente de Transportes Australis es Inversiones Australis, sociedad creada en enero de 2010 por Asesorías e Inversiones Los Espinos, de propiedad de Eguiguren, y VG Noramco, uno de cuyos socios es Pablo Vargas.

Consultado por CIPER, Alberto Eguiguren negó ser socio de Transportes Australis, asegurando que la sociedad “pertenece a un cliente de mi oficina de abogados”. Además fue tajante al señalar que no realizó gestiones para favorecer a la empresa aérea en este negocio:

–Yo no tuve ningún rol en este negocio. No lo conversé con el señor Jadue, como tampoco con algún otro dirigente o funcionario de la ANFP –dijo el abogado a CIPER.

Alberto Eguiguren fue uno de los primeros dirigentes en salir en defensa de Sergio Jadue cuando estalló el caso FIFA en 2015. En una entrevista a El Mercurio de julio de 2014, señaló: “Creo que (la ‘comisión sobornos’ liderada por Jaime Estévez) le va a dar la razón a Sergio y la tranquilidad para poder seguir libre de comentarios de personas malintencionadas que lo único que buscan es su salida y dañar su imagen. Son personas que buscan el poder, que tienen ambición y que quieren la figuración que les da este tipo de cargo”, sentenció.

SOBREVOLANDO BRASIL

Habían pasado cinco días desde la llegada de la selección chilena a Toca da Raposa II, su lugar de concentración durante el torneo, cuando el avión Piper CC-PZB de Transportes Australis despegó desde el Aeropuerto Arturo Merino Benítez con rumbo a Brasil. Era el  10 de junio de 2014 y en el avión sólo iban sus pilotos. Según información solicitada por CIPER a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), la nave realizó una parada en Foz de Iguazú, para cargar combustible, antes de llegar a su destino final: Belo Horizonte (vea bitácora de viaje).

Al día siguiente de su llegada a tierras cariocas, el avión volvió a despegar. Esta vez con destino a Cuiabá, sede donde Chile jugaría el 13 de junio su partido inaugural contra el combinado australiano. En ese vuelo iban los funcionarios de la ANFP Alejandro Montoya, Yamal Rajab, Patricio Jerez, José Luis Pino, Marco Antonio Alfaro Maulén y algunos miembros del cuerpo técnico.

seleccionLos viajeros eran los integrantes del llamado “grupo de avanzada” de la ANFP, quienes debían llegar con antelación a las sedes donde jugaba la selección nacional para asegurarse de que todo estuviera preparado para el arribo de los jugadores. El avión regresó el mismo día a Belo Horizonte solo con la tripulación a bordo (vea bitácora de viaje).

Al día siguiente, el 12 de junio de 2014, el avión viajó desde Belo Horizonte a Sao Paulo para recoger a Sergio Jadue, Cristián Varela, Nibaldo Jaque, Alfredo Asfura y al periodista José Antonio Acosta. Todos ellos habían asistido a la jornada inaugural del mundial de fútbol en el Arena de São Paulo. Inmediatamente fueron trasladados a Cuiabá justo a tiempo para el primer partido de Chile (vea bitácora de viaje).

Según la información recogida por CIPER, el avión pasó dos noches en Cuiabá, y el 14 de junio los pilotos lo condujeron a Cabo Frío, donde quedó aparcado a la espera de nuevos desplazamientos. Al día siguiente, la nave realizó un viaje a Belo Horizonte solo con la tripulación (vea bitácora de viaje).

El 16 de junio el avión se trasladó a Río de Janeiro, sede en la que dos días después Chile enfrentó a España. Entre los pasajeros se encontraban Manuel Ojeda, Felipe Passi, Patricio Jerez, José Luis Pino y Marco Antonio Alfaro Maulén (vea bitácora de viaje).

Ese mismo día el avión retornó a Belo Horizonte, solo con la tripulación. Y al día siguiente se desplazó a Cabo Frío a la espera de instrucciones.

Para entonces, Chile había jugado dos partidos (contra Australia y España) y su juego deslumbraba a espectadores y comentaristas. El equipo liderado por Bravo, Sánchez, Vidal y Medel marchaba puntero en su grupo, junto a Holanda, y había eliminado al campeón del mundo vigente, España.

El último partido de la fase de grupos fue contra Holanda (23 de junio) en Sao Paulo. Tres días antes, el avión privado contratado por la ANFP se trasladó desde su hangar en Cabo Frío al “búnker” de La Roja en Belo Horizonte. Desde allí emprendió nuevamente viaje a Sao Paulo con  Manuel Ojeda, José Antonio Acosta, Patricio Jerez, José Luis Pino y miembros del cuerpo técnico a bordo. La aeronave volvió ese mismo día a Cabo Frío sin pasajeros.

EL VUELO EXCLUSIVO DE JAQUE

El avión alcanzó a estar dos días en Cabo Frío antes de emprender un nuevo vuelo. Fue un día antes del último partido por la fase grupal que enfrentó a Chile con Holanda el 22 de junio en el Arena de Sao Paulo. Este podría haber sido uno más de la decena de viajes que realizó la aeronave en Brasil con miembros de la ANFP, a no ser porque a bordo iba un único pasajero: Nibaldo Jaque (vea bitácora de viaje).

El viaje de Cabo Frío a Sao Paulo duró poco más de tres horas y tuvo un costo para la ANFP de US$13.500 ($7,4 millones). Si bien no existen vuelos comerciales desde Cabo Frío a Sao Paulo, el desplazamiento de Jaque costó más de 60 veces el valor de un pasaje aéreo en un vuelo comercial estándar de Santiago a Sao Paulo (US$220, aproximados).

Nibaldo Jaque
Nibaldo Jaque

Luis Faúndez, piloto del avión privado, dijo a CIPER que este viaje estaba programado desde un comienzo y que desconoce cómo Jaque llegó a Cabo Frío, lugar desde donde el avión despegó. Pero sí asegura que ellos no lo trasladaron al punto de partida. La bitácora de vuelo del avión Piper confirma lo dicho por Faúndez.

CIPER intentó contactar a Nibaldo Jaque, pero hasta el cierre de este reportaje no se obtuvo respuesta.

EL REGRESO Y EL COSTO FINAL

El 25 de junio, tres días antes del partido por octavos de final de Chile frente a Brasil, el avión privado que se arrendó para trasladar a funcionarios y dirigentes de la ANFP, regresó a Chile. Los registros de la DGAC, muestran que el avión matrícula CC- PZB aterrizó en el aeropuerto Arturo Merino Benítez a las 2:19 am del 26 de junio.

A bordo solo iban los tripulantes de cabina. El viaje era largo, por lo que el avión realizó dos paradas: primero en Asunción (Paraguay), por combustible; y otra en Córdoba (Argentina), por el clima. En total, más de 10 horas de vuelo.

Según la bitácora de la aeronave de Transportes Australis contratada por la ANFP, el avión realizó 14 viajes en Brasil (con y sin pasajeros), completando 44,2 horas de vuelo efectivas. El costo total fue de US$198.900, sin incluir las tasas de aeropuerto (FBO) y el arriendo de un teléfono satelital (obligatorio por regulación aérea). En total, la ANFP desembolsó US$242.109 ($138 millones), por el servicio de aerotaxi.

Tres días más tarde de la llegada del avión a Santiago, el 28 de junio, el travesaño de la Arena Mineirao impidió que Chile continuara con su participación en el Mundial de Fútbol. Nadie imaginó que dos años después del regreso de los directivos de la ANFP a Chile, el aerotaxi que los trasladó por Brasil durante el Mundial provocaría fuertes turbulencias.

Según los antecedentes recogidos por CIPER, la auditoría forense de Deloitte incluirá en la lista de operaciones financieras que podrían configurar delito la contratación de este avión privado. En esa auditoría es probable que se dilucide el oneroso gasto en que incurrió la ANFP para asegurar que un grupo reducido de sus directivos llegara con todas las comodidades a los partidos que jugó Chile en Brasil. Y también, por qué Nibaldo Jaque fue el único que tuvo el privilegio de utilizar el avión para viajar solo desde las hermosas playas de Cabo Frío a Sao Paulo para presenciar el cierre del grupo B del campeonato mundial.

Nota de la Redacción:

Transportes Australis entregó a CIPER la nómina oficial de los directivos y funcionarios de la ANFP que utilizaron su avión durante la primera fase del Mundial de Fútbol 2014. En ese documento, aparece como pasajero de uno de los vuelos (realizado el 11 de junio de 2014 desde Belo Horizonte a Cuiabá) el coordinador de transporte de la ANFP durante el torneo, Yamal Rajab. Con posterioridad a la publicación de este reportaje, Rajab se contactó con CIPER para señalar que él finalmente no se embarcó en ese vuelo, y que otro funcionario tomó su lugar. Para respaldar sus dichos, envió a este medio un correo electrónico interno de la ANFP, fechado el 10 de junio de 2014, en el que aparece una lista de los pasajeros que abordaron el vuelo del día 11, y en ella en lugar de Yamal Rajab figura Manuel Ojeda, también funcionario de la ANFP.

Las pruebas de que los dirigentes del fútbol fueron cómplices del hoyo financiero que dejó Jadue

El 3 de noviembre de 2014 Sergio Jadue se sentía protegido en su templo de Quilín. Ese día, fue reelecto por unanimidad a la cabeza de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) y su administración solo recibía elogios de sus pares. Jadue fue alzado como el artífice de los mejores contratos de la historia de la asociación y, con la ayuda de una generación dorada de jugadores que ya había brillado en el Mundial de Brasil, nada podía fallar. Un año más tarde, un misil disparado por el FBI desde Nueva York y que llevaba la marca de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), derrumbó su templo.

A partir de ese momento, los dirigentes de los 32 clubes del Consejo de Presidentes de la ANFP intentaron crear una muralla entre ellos y las millonarias coimas que el propio Jadue confesó  haber recibido, y los desfalcos que fueron apareciendo en la asociación. Ese muro ya no existe. Porque lo que Jadue hizo durante los cinco años que estuvo al mando de la asociación (2011-2015), tuvo el beneplácito y el silencio de todos. Para ello, hizo uso de su mejor jugada: repartir los millonarios ingresos que recibía la ANFP entre los clubes asociados, además de otorgarles créditos blandos que sobrepasaron los límites establecidos.

En total, las sociedades anónimas del futbol ingresaron a sus arcas más de $42 mil millones entre créditos y contratos de “La Roja”, a lo que se suma la suculenta cifra que proviene del Canal del Fútbol (CDF), la que solo en 2015 les significó otros $32.800 millones. Así, a fines del 2014, la ANFP se había transformado en un verdadero banco que entregaba dinero a cambio de subordinación y silencio.

Las consecuencias de todo aquello están hoy a la vista: un déficit que, según la directiva actual, supera los $9 mil millones. Entre los dirigentes de clubes y de la ANFP hay unanimidad: Sergio Jadue es el único culpable. Distintos directivos aseguraron a CIPER que nunca supieron de las maniobras realizadas por la directiva anterior, porque “la información era entregada por Jadue de manera confusa y en medio de ‘fuegos de artificio’, una estrategia que el calerano manejaba como un maestro”.

anfpLa indagación de CIPER desmiente esa versión. Porque tanto el directorio pasado como el Consejo de Presidentes de la ANFP –del cual eran parte cinco miembros del actual directorio (ver nómina)– fueron informados y alertados del profundo hoyo financiero que se estaba acumulando.

Una de las pruebas de ello está en un puñado de documentos de la ANFP que CIPER revisó: estados financieros anuales, informes semestrales, controles de finanzas y las actas del directorio y del consejo de presidentes donde estos informes fueron presentados.

Allí figuran los seis aumentos de remuneraciones del cuerpo técnico de Jorge Sampaoli entre 2012 y 2015, los millonarios créditos a los clubes que sobrepasaban el máximo autorizado; y también, como lo informó La Tercera, las abultadas cifras que estaban gastando los clubes por sus plantillas técnicas y de jugadores. Un gasto sin control que dejó a 11 clubes con pérdidas que superan los $12 mil millones durante 2015, según informó El Mercurio.

La revisión que hizo CIPER de esos archivos confirma la estrategia utilizada por Jadue: muestra cómo desde que se instaló en el timón de la ANFP en 2011, se dispararon los préstamos que se otorgaban a los clubes. Si en 2011 alcanzaban a $550 millones, en 2014 llegaron a $2.153 millones. En total, durante todo el período de Jadue, la ANFP prestó más de $6.500 millones a los clubes asociados.

El resultado de ese despilfarro quedó a la vista de todos a fines de 2014: al 31 de diciembre de ese año, los clubes adeudaban $3.428 millones a la ANFP (ver documento). Según el estatuto de la ANFP, el máximo de préstamos a cada club no puede superar los $50 millones (lo que da un total de $1.600 millones al año). Cuando se informó a los directivos de los 32 clubes que la deuda llegaba casi a los $3.500 millones, todos supieron que la norma se había violado. Pero nadie dijo nada.

Pero eso no es todo. Porque los clubes seguían fuertemente endeudados y estaban acosados por las empresas de factoring. La prueba es que, a fines de 2013, la ANFP solicitó un crédito al BBVA y al Banco Penta por US$30 millones en total, para saldar las deudas que tenían algunos clubes con los factoring. La garantía para los bancos -y que se dejó establecida en acta- fueron las próximas cuotas que los clubes recibirían del CDF, con la condición de que el máximo que podía alcanzar el préstamo por club sería de US$1 millón (ver documento).

El acuerdo no fue respetado. Porque Unión La Calera, el club que presidió Jadue y que le permitió ser elegido presidente de la ANFP, recibió US$2 millones, el doble de lo establecido, un “regalo” que no le impidió descender esta temporada a Primera B. Los mismos US$2 millones recibió Deportes Concepción,  club que fue propiedad de Nibaldo Jaque, secretario general de la ANFP y el más estrecho aliado de Jadue. Nadie sabe qué hizo ese club con la danza de millones que llegaron a sus arcas. Hoy, sus jugadores están impagos, el club expulsado del fútbol profesional por morosidad y su sede cerrada. Pero la ANFP no ha presentado querella por sus deudas, para que sea la justicia la que identifique quién o quiénes se quedaron con esos millones.

No solo los clubes de Jadue y Jaque se beneficiaron de estos últimos préstamos. También lo hizo Ñublense, el club propiedad del hermano del tesorero de la ANFP, Alexander Kiblisky, el que obtuvo US$1,2 millones, sobrepasando también el límite acordado. Del resto de los 32 clubes, 18 solicitaron el máximo (US$1 millón), mientras que Curicó y San Felipe pidieron US$400 mil y US$500 mil, respectivamente (ver nómina).

AQUÍ NO SE PAGAN IMPUESTOS

La directiva de Sergio Jaduetuvo un trofeo mayor de dinero a repartir: los contratos por derechos correspondientes a la selección nacional. Fue la mejor arma de Jadue para obtener sumisión y silencio de los 32 clubes. Entre 2012 y 2015 repartió casi $23 mil millones: $10 mil millones del contrato con MegaSports, $2 mil millones del contrato con Nike, $8.500 millones por adelanto y entradas de la Copa América y $1.600 millones que en los balances solo se registra como “flujo ANFP”.

Todos estos dineros tuvieron un beneficio adicional: no pagaron impuestos porque se entregaban a los clubes a cambio de una promesa que la ANFP garantizó: fomentar el desarrollo del fútbol joven. Una promesa que todo indica que no se cumplió.

La fórmula que acordaron en la ANFP para repartir estos dineros, que provienen del valor en alza que fue teniendo la selección nacional en el mercado, fue que debían ser rendidos a final de cada año para su revisión. CIPER tuvo acceso a la documentación oficial respectiva y ella indica que a fines de 2015 más de la mitad de los $23 mil millones repartidos, no ha sido rendido. Un dato grafica la falta de control: en 2012 ni un solo club rindió los $1.600 millones repartidos por ese concepto.

LA “FÓRMULA” DEL FÚTBOL JOVEN

La regencia de Jadue partió con una promesa clave que fue tomada del programa con el que su “padrino” Jorge Segovia (principal controlador de Unión Española y de la Universidad SEK), llegó en 2010 a la presidencia de la ANFP, de la que debió salir al poco tiempo en medio del primer escándalo: “La selección chilena, un aporte de todos”.  El incentivo que acompañó ese slogan fue que los excedentes de la selección “deben ser distribuidos entre todos los asociados en forma igualitaria” (ver reportaje CIPER “Las platas de la Roja: El botín detrás de la guerra del fútbol).

copaEn esa época (2010), los ojos del mundo del fútbol estaban puestos en el grupo de los 23 jugadores de la selección chilena y que se convirtieron en el mayor susto de la España campeona del mundo en Sudáfrica. Una generación dorada que, por su calidad y personalidad, iba a traer contratos millonarios para la ANFP. La promesa que Jadue les puso a los clubes sobre la mesa el día de su elección, los engolosinó  a todos. Y así fue, porque los millones llegaron.

La primera remesa de dólares llegó en noviembre de 2012. Sergio Jadue se presentó ante el directorio (conformado por Jorge Segovia, Cristián Varela, Nibaldo Jaque, Jaime Baeza y Alexander Kiblisky, quien se excusó ese día) con una oferta que dejó boquiabierta a todos. Había llegado a un acuerdo por los derechos televisivos y comerciales de la selección chilena para las clasificatorias a Rusia 2018 por US$106 millones. El oferente: MegaSports, perteneciente a Carlos Heller, entonces solo dirigente de Azul Azul (sería presidente a partir de abril de 2014) y cabeza del Grupo Bethia.

El acta de esa sesión dice: “El presidente explicó la oferta que hizo la empresa (MegaSports) y detalló cuáles son los derechos que pretende adquirir. Asimismo, las reuniones que hubo y los derechos que se excluyeron”. El acuerdo contó con la aprobación unánime del directorio, el que elogió la gestión de Sergio Jadue (vea acta).

Casi un mes después, el 18 de diciembre de 2012, se realizó el Consejo de Presidentes donde Jadue informó de la oferta. Apoyado en un powerpoint, explicó los beneficios: “es casi un cien por ciento de aumento” comparado con la administración pasada. Y detalló: por los derechos televisivos y comerciales de la selección chilena se pagarían US$20 millones al contado al momento de suscribir la firma, y el resto (US$86 millones) en 48 cuotas iguales y sucesivas.

Pero eso no fue todo lo que revisaron los dirigentes de los 32 clubes. El segundo punto de la tabla fue la fórmula de reparto de esos dineros. Un obstáculo impedía concretar la promesa hecha por Jadue. Por ser una corporación de derecho privado sin fines de lucro, no podía repartir dineros entre sus asociados. Y se hacía prácticamente imposible al considerar que la mayor parte de los 32 clubes asociados eran sociedades anónimas que sí tienen fines de lucro. Todos sabían que  Impuestos Internos (SII) estaba encima: había iniciado una cobranza asociada a las transacciones y utilidades de la ANFP (se cerró el 27 de enero de 2014 con un pago de $1.691 millones, menos del 5% de lo que debieron pagar, ver reportaje de CIPER “Copa América: La operación relámpago de la ANFP para evitar otro round con el SII).

No contaban con la astucia del calerano (o de sus gestores, el más importante Jorge Segovia, entonces aún vicepresidente de la ANFP) y de la directiva que lo secundó. Porque en esa misma sesión en que el consejo de presidentes aprobó el contrato con MegaSports,  Sergio Jadue presentó la fórmula que permitiría sortear el obstáculo por la “vía legal”: los dineros se repartirían con excepción tributaria bajo el objetivo de promover el desarrollo del fútbol joven.

Sergio Jadue
Sergio Jadue

Jadue llevó a esa sesión a un asesor tributario, quien explicó el modelo a los presidentes: “Todos los ingresos que son propios de la ANFP van a tener que pagar impuestos. Entonces, qué se me ocurre a mí, apelando a la realidad de la corporación: lo que se tiene que hacer es asumir ciertos gastos que son propios de los clubes y que son necesarios para que el ‘producto selección’ pueda venderse a mejor valor, que es mejorar los cadetes. Esto, lógicamente, tienen que resolverlo ustedes, pero a mí se me ocurre que tiene una buena defensa (ante el SII) que la ANFP asuma los gastos de financiamiento de los cadetes de los clubes y directamente con rendición de gastos de los clubes y, de esa forma, logramos ‘netear’ el ingreso de la ANFP y no le generamos el ingreso tributario a los clubes”. Así registró el acta la “fórmula” acordada.

Un ejecutivo de la ANFP que fue parte de la elaboración de este plan, explicó a CIPER por qué el fútbol joven era la solución perfecta: “Entregaba la justificación ideal para el SII, que era la formación de futuras estrellas del balompié nacional. Un reparto del dinero que era justificado y que tiene que ser rendido”.

LA PELOTA GIRA CON NIKE

Con la fórmula establecida, sólo faltaba que llegaran los demás contratos. En el intertanto, había que mantener el reparto funcionando, por lo que se distribuyeron los dineros que entregó la Conmebol para organizar la Copa América en Chile, y los ingresos por venta de entradas del mismo evento.

La bicicleta funcionó en perfectas condiciones hasta marzo de 2015, cuando se anunció el proceso de licitación para vestir a “La Roja”. Fueron invitadas a participar las marcas deportivas Under Armour, Brooks, Penalty, Puma, Nike y Adidas. De ellas, sólo llegaron los sobres con ofertas de las tres últimas (ver documento).

Un ejecutivo de la ANFP fue el encargado en abril de 2015 de abrir los sobres ante el consejo de presidentes. Puma ofreció un pago anual de 81.875 UF ($2.055 millones), Nike ofertó 182.449 UF ($4.479 millones) por año y Adidas 176.176 UF ($4.422 millones) también anual. Además, dos empresas ofertaron un pago up front (por adelantado) por la firma del contrato: la de Nike fue de 80.650 UF ($2.026 millones) y la de Adidas, 56.650 UF ($1.421 millones). Adidas y Puma ofertaron contratos por cuatro años, mientras que Nike ofreció ocho años.

Sergio JadueAl finalizar la presentación de las ofertas, Sergio Jadue dijo las palabras mágicas: “Como nosotros tenemos presupuesto, los up front lo vamos a repartir en reparto igualitario a los clubes para que ustedes lo utilicen de buena manera”. La opción de Nike fue elegida en forma unánime por el consejo porque era la que repartía el mayor monto de manera inmediata.

Solo Jorge Lafrentz, representante de Santiago Wanderers, esbozó una tímida cautela sobre los montos que se estaban repartiendo: “Es delicado hablar el tema de montos, porque, lo que ocurre, es que en la imagen popular creen que hay danzas de millones y millones y millones de dólares; que todos los clubes con esto se hacen ricos; y hay que ser muy cuidadosos y austeros en la comunicación de las cifras para que no exista mala interpretación, porque, por otra parte, hay distribución del Canal del Fútbol” (ver acta).

Lafrentz tenía razón. El 12 de agosto de 2015, dos días después de la firma del contrato, se repartieron $2.026 millones. La demora entre la adjudicación (abril) y el inicio de contrato (agosto) tuvo una explicación que fue un presagio de la tormenta que se les vendría encima solo meses más tarde: “Debido a que Nike está siendo investigada a propósito del caso FIFA y FBI en la venta de derechos indumentaria deportiva de la selección de Brasil”, le explicó al directorio de la ANFP, el secretario ejecutivo. Por esta misma razón, la casa matriz de Nike en Estados Unidos, pidió que el contrato tuviera una fiscalización externa. La ANFP no lo creyó necesario y no aceptó.

Hoy el problema principal para la ANFP no es Nike, sino poder demostrar que los dineros repartidos entre los 32 clubes sin pago de impuestos, bajo la promesa de que se utilizarían en la promoción y desarrollo del fútbol joven, efectivamente tuvieron ese destino. El dinero reservado para las divisiones inferiores de los clubes, se encuentra en tela de juicio. Y ello, porque en algunos clubes simplemente esa inversión no se ve.

Durante los cinco años de Jadue se repartieron unos $714 millones por club por ese concepto. Y la responsabilidad no es solo de la ANFP. Administrativos de la asociación que tuvieron relación con esas rendiciones, aseguraron a CIPER: “En Impuestos Internos sólo se hace una revisión documental, pero nadie, ni la ANFP ni la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) o el Ministerio de Justicia, que recibe las rendiciones y memorias anuales, revisa si la compra de indumentaria, comida o tanta otra cosa que se dice en el papel, es real o no”.

Directivos de la ANFP reconocieron a CIPER que no tienen la capacidad de fiscalizar de verdad cómo se invierte el dinero del fútbol joven, por lo que solo realizan una revisión documental de los gastos. Lo mismo que luego hacen funcionarios del SII.

CIPER tuvo acceso al instructivo que entregó la ANFP para estas rendiciones (ver instructivo). El proceso consta de dos etapas: la primera, es una planilla excel modelo que incluye tablas por remuneraciones, honorarios, facturas y un resumen de todos los gastos. En la segunda fase, se envían copia de todos los documentos a la ANFP, donde quedan archivadas. En el propio instructivo se incentiva el relajo: allí se estipula que el club que no cumpla con la rendición deberá devolver sólo el 20% de la “cifra no rendida”.

CIPER solicitó a la ANFP acceso a estas rendiciones de fútbol joven. No hubo respuesta. También consultó al SII detalles sobre la fiscalización de estas rendiciones. Tampoco hubo respuesta.

CIPER tuvo acceso a un correo electrónico de la Unidad de Control Financiero (UCF) de la ANFP, enviado a miembros del directorio el 27 de noviembre de 2015. Allí se detallan todas las rendiciones que han hecho los clubes de los dineros entregados para el desarrollo del fútbol joven, además de la identificación de aquellos que están en deuda. En total, de los casi $23 mil millones que se repartieron durante el mandato de Sergio Jadue, más de $12 mil millones aún no se rendían (ver nómina).

TODOS SABÍAN

El 24 de abril de 2015 todos los miembros del Consejo de Presidentes de la ANFP recibieron el estado financiero del período 2014. Allí, nuevamente había constancia del déficit acumulado. En el acta respectiva consta que solo un consejero (identificado como representante de la U. de Chile) expresó su preocupación por las cuentas de la ANFP. Específicamente, sobre el aumento de costos en la selección chilena:

Nos gustaría poder preguntar acerca de un incremento importante que ha habido en los costos de la selección nacional. ¿Cómo se ve eso hacia el futuro y cómo ven ustedes esa situación? Porque una parte importante del aumento de los costos de la asociación tiene que ver con eso”, dijo el consejero.

Al parecer, la respuesta por parte de la directiva fue insatisfactoria, porque el consejero insistió: “Nosotros no tenemos ningún problema respecto a la aprobación del gasto que se hizo, más bien, saber cuáles son las razones por las cuales ha aumentado el gasto en la selección. Porque de acuerdo a la cifra que nosotros disponemos, ha aumentado de los $6 mil millones (en 2011) a $11.500 millones (en 2014)” (ver acta).

Fue el propio Sergio Jadue quien le respondió: “Básicamente, en gastos en jugadores, los premios, premios del cuerpo técnico que no estaban presupuestados, la gira que se realizó de los trabajos preparativos para el mundial, etc. Ese es más o menos el desglose de los ítems más importantes de lo que usted hace mención”.

Jorge Sampaoli, ex entrenador de la Selección Chilena.
Jorge Sampaoli, ex entrenador de la Selección Chilena.

En ese momento, Sergio Jadue ya había negociado dos nuevos aumentos con Jorge Sampaoli, además de otro monto de US$200 mil que se incluyó en un anexo y que obligaba al DT a realizar charlas y revisar la malla curricular del Instituto Nacional del Fútbol (INAF), una tarea que cumpliría en un “informe oral” (ver reportaje de CIPER “Ultimátum de Justicia: La ANFP cuadra la caja o se querella por las platas ‘perdidas’”).

En el mismo informe financiero de abril que conocieron todos los dirigentes, aparecen las “cuentas por cobrar a clubes”. Fue la fórmula de ocultar en el balance los préstamos que la ANFP había entregado a los equipos, vulnerando incluso las normas que imponían límites. En el “estado financiero” que revisó CIPER, ese ítem corrobora el explosivo aumento del endeudamiento de los clubes: los préstamos no pagados pasaron de $334 millones en 2013 a $3.428 millones en 2014. No hubo un solo directivo de club que reclamara o que alertara sobre ese monto. Solo silencio y aprobación. Todos aceptaron el balance (ver “estado financiero”).

Meses más tarde, en agosto del 2015, los directivos de los clubes tuvieron otro remezón cuando recibieron el estado financiero del primer semestre de ese año, con los flujos de caja proyectados (del 31 de julio hasta diciembre). Para que nadie dijera que no entendió, el informe fue acompañado de una presentación en powerpoint. Allí se incluyen los $149 millones que la ANFP pagó a los abogados estadounidenses que Jadue contrató para su defensa en el “escándalo FIFA”. Y los  $960 millones más que se le pagarían a Sampaoli y su cuerpo técnico en la nueva adecuación del contrato. Una modificación que le significaría a la ANFP pagar otros $400 millones en impuestos, como consta en el informe.

Sobre el déficit acumulado, ese informe es muy claro. Tras la Copa América y considerando los premios que se debían pagar a los jugadores por haber salido campeones en ese torneo continental, el flujo de caja proyectado a diciembre preveía un déficit de $3.477 millones (ver documento). Una vez más, nadie dijo nada.

Debieron pasar más de dos meses -y cuando ya era evidente que Sergio Jadue se hundía junto a los otros directivos de la Conmebol- para que en el directorio de la ANFP se escuchara una voz disidente. En noviembre de 2015, cuatro miembros de la directiva de la asociación por primera vez le enrostraron a Jadue haber negociado solo con Nibaldo Jaque un contrato. Hasta ese momento nunca les importó que Jadue gestionara solo los contratos de MegaSports, los aumentos para Sampaoli y tampoco que decidiera unilateralmente los montos de los préstamos a clubes. Y fue la renovación que Jadue hizo con Santa Mónica (por US$3 millones), empresa española dedicada a la compra y venta de derechos comerciales deportivos, la que encendió la primera mecha en el directorio (ver contratos con Santa Mónica).

Jadue abandono la reunión abruptamente y evidentemente ofuscado. Días después viajó a Estados Unidos donde confesó haber recibido US$2,2 millones en coimas como vicepresidente de la Conmebol (vea reportaje de CIPER: “Sergio Jadue: el juego sucio que le reportó US$2,2 millones).

Si para muchos la imagen de Jadue, saliendo de Chile rodeado de carabineros, marcó el fin de una etapa, lo que los dirigentes del fútbol chileno no pueden decir es que recién ese día empezaron a saber lo ocurrido. Como se ha dicho, todos supieron en distintos momentos el déficit que se estaba acumulando. Y muchos de ellos participaron de las decisiones que beneficiaron a sus clubes y que dejaron un forado en la corporación que hoy lideran.

Arturo Salah asumió como presidente de Blanco y Negro S.A. (Colo Colo) en abril de 2013, meses después del primer reparto de la ANFP a los clubes por el contrato de MegaSports. En el período de Jadue, Colo Colo recibió $714 millones para el fútbol joven. A noviembre de 2015, Blanco y Negro aún no había rendido $378 millones, correspondiente a los repartos de 2012, 2014 y 2015.

Arturo Salah
Arturo Salah

Durante su período como presidente de la concesionaria del Club Social y Deportivo Colo Colo, Salah estuvo presente en dos repartos de dineros por fútbol joven (segundo anticipo de MegaSports y primer anticipo de la Copa América 2015) y fue parte del consejo de presidentes que acordó pedir un crédito por US$30 millones a los bancos BBVA y Penta para saldar los factorings.

En similar situación están Aldo Corradosi (Audax Italiano y actual tesorero de la ANFP) y Juan Carlos Silva (Deportes Iquique, actual director de la ANFP), ambos también empezaron a acudir al consejo en 2013, como representantes de sus clubes (no eran presidentes). Y a diferencia de Salah, allí se mantuvieron hasta su elección en el actual directorio, por lo que participaron en un total de cinco reparticiones de dineros (se agrega el segundo anticipo por la Copa América y el contrato con Nike). En noviembre de 2015, Audax Italiano aún no había rendido $308 millones del fútbol joven, mientras que Deportes Iquique estaba al día.

La complicidad de Sebastián Moreno (Cobresal) y de Gaspar Goycoolea (San Luis), secretario general y vicepresidente respectivamente de la actual directiva que encabeza Salah, es mayor: estuvieron desde el principio y participaron de la decisión de la fórmula del “fútbol joven” con la cual se evitaba pagar impuestos por los dineros que la ANFP repartiría entre los clubes. Ambos llevaron a sus clubes la primera tajada del contrato con MegaSports. Moreno fue presidente de Cobresal desde junio de 2012 hasta enero de 2016, cuando entró junto a Salah a la directiva de la ANFP. Goycoolea fue presidente de San Luis desde 2008 hasta julio de 2014. Su club se benefició en 2013 con un préstamo de $55 millones.

El “crédito” de US$1 millón que le entregó la ANFP a Sampaoli sin garantía

La Asociación Nacional de Fútbol (ANFP) no tiene en su poder ningún documento que obligue legalmente a Jorge Sampaoli a devolver los $730 millones (US$1 millón, al valor de enero de 2016) que le pagaron junto con su indemnización y que supuestamente el entrenador reintegrará cuando encuentre un nuevo trabajo. El reembolso de este dinero, que corresponde a más de la mitad del total que recibió al poner fin a su relación laboral con la asociación, pende únicamente de la buena fe del director técnico. La única carta que tiene la ANFP en su mano es que en el finiquito firmado por ambas partes se menciona un acuerdo para que Sampaoli reintegre el dinero. Pero, según confirmó a CIPER un alto dirigente de la asociación, ese documento no constituye garantía alguna para forzar la devolución.

Ejecutivos que tuvieron acceso a los pagos que hizo la ANFP a Sampaoli mientras este se desempeñó como DT de la selección, confirmaron a CIPER que la cifra de su finiquito sobrepasa al menos en $793 millones lo que efectivamente le correspondía como indemnización legal.

Los mismos ejecutivos corroboraron que hasta mayo de 2015 la mitad del sueldo del entrenador se pagó como “derechos de imagen”. Y confirmaron que se hizo así para rebajar impuestos. Los pagos los hizo la ANFP a una sociedad que Sampaoli constituyó en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes. Ese dinero se depositaba cada mes en una cuenta de una sucursal del banco suizo UBS en Estados Unidos. Estos pagos eran tramitados, en representación de Sampaoli y de sus colaboradores (Sebastián Becaccece y Jorge Desio), por el abogado Álvaro Rosenblut, socio del bufete Albagli Zaliasnik.

Arturo Salah
Arturo Salah

El acuerdo que puso fin a la gestión de Sampaoli en la Roja fue suscrito el 19 de enero pasado por el entrenador y el presidente del fútbol profesional, Arturo Salah, y significó un pago para el entrenador de $1.342 millones. Así lo acreditó la semana pasada un artículo de The Clinic que difundió copias de los tres cheques que suman ese monto y que fueron entregados por la ANFP al director técnico. La versión oficial de la asociación para explicar esa cifra indicó que el argentino había renunciado a la totalidad de sus premios por el título de la Copa América, que sumaban unos US$2,8 millones.

Los dineros pagados a Sampaoli, según la declaración que publicó en enero el propio sitio web de la ANFP, incluyeron “indemnizaciones legales, que comprenden vacaciones, remuneración por los días de enero y premios que se le adeudaban por los últimos partidos clasificatorios”. Pero estos ítems solo suman $612 millones, por lo que aún no se explica a título de qué la ANFP le entregó los restantes $730 millones (un millón de dólares, según el cambio de la época), como una suerte de “crédito” sin interés, bajo el compromiso incierto de que el entrenador debe restituirlos cuando encuentre un nuevo empleo.

Ejecutivos que conocieron las cuentas entre la ANFP y Sampaoli, señalaron a CIPER que el último sueldo mensual que recibió el director técnico fue de US$158.333 líquido. Efectivamente, esa es la cifra contenida en el aumento de sueldo que Sergio Jadue pactó con Sampaoli en mayo de 2015 y que estaba vigente a la fecha en que se firmó el finiquito. Al cambio del 19 de enero de este año, ese monto en dólares equivalía a $115 millones mensuales (cerca de $120 millones bruto).

Al desvincularse de la asociación, el director técnico debió recibir una indemnización de tres sueldos por sus tres años de servicio en la selección chilena ($360 millones), un sueldo por vacaciones pendientes y el pago correspondiente a los 18 días que trabajó en enero ($69 millones). Esto da un total de $549 millones. Sin embargo, la ANFP le entregó $793 millones adicionales, los que se desglosarían en $63 millones por saldos de premios pendientes de partidos clasificatorios y los ya mencionados $730 millones correspondientes a una suerte de “préstamo” hasta que encuentre un nuevo trabajo.

La sospecha que circula entre los dirigentes del fútbol, es que los $730 millones adicionales encubren el pago de una parte de los premios de la Copa América. La ANFP ha defendido este acuerdo señalando que fue beneficioso para el fútbol nacional, pero sin entregar detalles que avalen esa afirmación.

En una entrevista concedida a El Mercurio de este domingo 24 de abril, Arturo Salah nuevamente le hizo una finta a este tema: “Lo que firmamos fue un arreglo conveniente para la ANFP por el riesgo patrimonial que había”, dijo Salah, evitando entrar en detalles. De esta forma, se alineó con lo que ya había declarado el vicepresidente de la ANFP, Andrés Fazio, quien señaló que esa asociación podía perder hasta US$10 millones si llevaba a juicio a Sampaoli, aunque nunca se ha explicado la razón de tan nefasto pronóstico legal.

Una declaración que la ANFP envió en respuesta a las consultas de CIPER, por medio de su agencia de comunicaciones, tampoco despeja estas incógnitas: “La negociación final con Sampaoli resguardó los intereses de la ANFP, disminuyendo los riesgos que representaba pagar un monto mucho mayor a raíz de los complejos contratos firmados anteriormente (entre el DT y la asociación)”. Esta respuesta insiste en que hay un “mutuo acuerdo” entre Sampaoli y la ANFP que obligaría al ex entrenador a devolver el millón de dólares cuando firme un nuevo contrato, pero no se hace cargo de la consulta de fondo respecto de la existencia de documentos que establezcan una garantía para asegurar ese reembolso.

LA RUTA DEL DINERO

Para manejar su dinero, Jorge Sampaoli resultó ser tan obsesivo como lo es para analizar el fútbol y siempre se preocupó de manejar sus remuneraciones directamente con el ex presidente de la ANFP, el defenestrado Sergio Jadue. En los tres años que el argentino dirigió la Roja consiguió modificar en siete ocasiones el contrato para reajustar sus ingresos. No obstante, hay un documento que firmó Jorge Sampaoli con el ex mandamás de la ANFP que no se ha hecho público y al que CIPER tuvo acceso. Se trata de un “precontrato de trabajo” firmado el 21 de noviembre de 2012 por Jadue y el cuerpo técnico, y que demuestra que el monto originalmente pactado como sueldo fue dividido después en dos contratos diferentes, con el objeto de rebajar el pago de los impuestos.

Sergio Jadue
Sergio Jadue

En el precontrato (vea acá ese documento) los tres integrantes del cuerpo técnico aparecen como personas naturales y se establece un pago total por remuneraciones de US$900 mil líquidos anuales y otros US$900 mil por los derechos de imagen. Nada de eso se hizo. Se optó por suscribir dos contratos distintos: uno laboral y otro por derechos de imagen. Sólo en el primero, Sampaoli y sus ayudantes figuran como personas naturales. En el segundo aparecen sus sociedades constituidas en Islas Vírgenes: Alta Lake Investing (Sampaoli), Greenboro Investors (Becaccece) y James Bay Investors (Desio).

Los pagos efectuados a las sociedades constituidas por los miembros del cuerpo técnico en un paraíso fiscal, fueron revelados por CIPER en diciembre pasado (vea el reportaje “ANFP paga US$500 mil al SII por contrato con sociedad de Sampaoli creada en paraíso fiscal). Luego, The Clinic expuso íntegramente el contrato entre la ANFP y estas sociedades.

Para cobrar los montos comprometidos en este contrato por derechos de imagen, que encubría el pago del 50% de las remuneraciones del cuerpo técnico para evitar el pago impuestos, Sampaoli contó con los servicios del abogado Álvaro Rosenblut.  En los últimos días hábiles de cada mes, Rosenblut enviaba a la ANFP un correo electrónico con una factura para cobrar la “comercialización y licencia de derechos de imagen” de cada uno de los miembros del cuerpo técnico (vea las facturas de las tres sociedades).

En los correos, que CIPER tuvo a la vista, Rosenblut indicaba cómo realizar el pago y pedía que, una vez efectuada la transferencia, se le notificara a través de un e-mail,en el que debía incluirse “el código de rastreo y número de la nota de depósito”. CIPER intentó comunicarse durante tres días seguidos con el abogado Rosenblut, dejando cada vez mensajes en su oficina, pero no obtuvo respuesta.

Los pagos solicitados por Rosenblut se hacían a nombre de la sociedad de Sampaoli constituida en Islas Vírgenes, pero el dinero se depositaba en una cuenta de la sucursal del banco suizo UBS ubicada en la ciudad estadounidense de Stamford. Así lo indican los datos contenidos en los formularios enviados por Rosenblut a la ANFP para hacer las transferencias.

anfpEl UBS es el mismo banco donde Sergio Jadue tenía los US$2,2 millones que recibió en coimas por los derechos televisivos y comerciales de las copas América, América Centenario, Libertadores y Sudamericana (vea el reportaje de CIPER “Acuerdo de Jadue con Fiscalía incluye incautación de hasta US$ 2,2 millones y cuenta en banco UBS”).

El sistema de pagos dirigidos a las sociedades creadas en Islas Vírgenes funcionó hasta mayo de 2015. En esos días, una asesoría tributaria contratada por la ANFP indicó que el Servicio de Impuestos Internos (SII) podía sancionar gravemente este vínculo contractual, ya que disfrazaba el pago de remuneraciones y premios como “derechos de imagen”, rebajando el pago de impuestos de manera indebida (vea el reportaje de CIPER “La operación relámpago de la ANFP para evitar otro round con el SII).

Por esta razón, a contar de mayo del año pasado, se finiquitó el contrato con estas sociedades offshore y se unificaron todas las remuneraciones en un solo contrato laboral. En esta normalización, Sampaoli aprovechó de negociar otro aumento de sueldo, el que además incluyó un nuevo reajuste a partir de diciembre de 2015. Así se llegó a la cifra de US$158.333 líquidos mensuales que el entrenador cobraba al momento de su finiquito.

Aunque el nuevo directorio de la ANFP que encabeza Arturo Salah ha manifestado su sorpresa por el déficit de $ 9 mil millones que dejó la gestión de Sergio Jadue, lo cierto es que al menos desde agosto de 2015 todos los dirigentes del fútbol estaban en conocimiento de esas cifras. Ese mes se expusieron, primero ante el directorio y luego frente al Consejo de Presidentes, las cuentas de la corporación, donde ya se proyectaba que a diciembre de 2015 el déficit sería de $4 mil millones. Eso, sin contar los premios de la Copa América para los jugadores, que sumaban otros $5 mil millones. Además, todavía estaba pendiente el pago de más de $4 mil millones por los premios para el cuerpo técnico por el título del torneo continental, monto que finalmente no se pagó.

CIPER tuvo a la vista el informe de las finanzas de la ANFP que se presentó al directorio y al Consejo de Presidentes en agosto de 2015. Allí están incluidas las cuentas hasta el 31 de julio y su proyección hasta diciembre de ese año. En el detalle que explicó el millonario déficit que ya afectaba a la ANFP, se informó que cerca de $1.300 millones se debían al aumento de sueldo para el cuerpo técnico pactado en mayo de 2015.

En el informe que fue leído a los dirigentes de todos los clubes se señalaba expresamente que uno de los factores que gatillaron el déficit fue el “incremento de sueldo del cuerpo técnico de la selección absoluta” por $960 millones. También se informó que esto traía aparejado un incremento de $400 millones en los impuestos que debían pagarse por los reajustes de las remuneraciones de Sampaoli y sus colaboradores.

Sebastián Beccacece, Jorge Desio y Jorge Sampaoli
Sebastián Beccacece, Jorge Desio y Jorge Sampaoli

Finalmente, el déficit también fue acrecentado por US$500 mil ($350 millones) que la ANFP debió pagar al SII a fines del año pasado. Con ese monto se rectificaron los impuestos impagos de las remuneraciones del cuerpo técnico que habían sido encubiertas como “derechos de imagen” y pagadas a las sociedades offshore de Sampaoli y sus ayudantes.

De esta forma, de los $9 mil millones de déficit que declara la ANFP, unos $1.700 millones corresponden a dineros relacionados con pagos para Sampaoli y su cuerpo técnico: $960 millones de aumento de sueldo en 2015, $400 millones en impuestos asociados a ese incremento de remuneraciones y $350 millones por la rectificación tributaria del contrato irregular por “derechos de imagen”.

Tras revisar el informe financiero expuesto al Consejo de Presidentes en agosto de 2015, tampoco se explica el asombro que han manifestado los actuales dirigentes por la contratación de abogados estadounidenses para representar a Sergio Jadue y a la ANFP en el juicio por los sobornos de la Confederación Sudamericana de Fútbol. En la misma presentación se expuso a todos los dirigentes de los clubes que parte del déficit se debía al pago de $149 millones para estos abogados (vea el reportaje de CIPER “La asesoría jurídica que contrató Jadue con platas de la ANFP para su defensa en EE.UU.”).

Celco vuelve a tribunales por planta Valdivia: intenta eliminar norma de calidad del agua

A 12 años del desastre ecológico que terminó con la vida de miles de cisnes cuello negro en Valdivia, el Ministerio de Medio Ambiente (MMA) publicó en noviembre pasado una norma de calidad del agua que, por primera, vez regula específicamente la cuenca del río Valdivia. Celulosa Arauco y Constitución (Celco), propiedad del grupo Angelini y que fue encontrada culpable por la Corte Suprema de contaminar el agua y causar la muerte de los cisnes, inició ahora acciones legales para invalidar la nueva regulación, alegando que le sería imposible adecuarse a las nuevas exigencias.

Esta Norma Secundaria de Calidad Ambiental (NSCA) establece los límites de distintas sustancias que el río puede sostener y, que en caso de sobrepasarse, implicaría que el curso de agua sea declarado como saturado. El objetivo es conservar el entorno, que incluye al Santuario de la Naturaleza Carlos Andwanter y su humedal, en un estado lo más cercano posible al que tendría sin la presencia humana. Pero las nuevas exigencias han generado rechazo entre las empresas asentadas en la zona, crispando el clima. Tanto, que en menos un mes ya habían ingresado tres reclamos ante el Tribunal Ambiental de Valdivia. Además del que presentó Celco, también reclamaron la Corporación para el Desarrollo de la Región de los Ríos (Codeproval, de la que también es parte Celco) y Forestal Calle Calle.

cisnes-volando-ríocrucesLa dictación de la norma tiene un historial de polémica. A comienzos de 2014, las autoridades ambientales del recién asumido gobierno de Michelle Bachelet se percataron de que la Contraloría había tomado razón de la NSCA del río Valdivia el 10 de marzo –un día antes del cambio de mando– y que ese decreto tenía cambios importantes con respecto al anteproyecto elaborado luego de un largo proceso de evaluación científica y participación ciudadana. Entre otras cosas, el punto de toma de muestra más cercano a la planta de Celco se había alejado unos 17 kilómetros, lo que implicaba que al momento de medirse la concentración de sustancias, éstas estaban mucho más diluidas. Se decidió entonces no publicar decreto, que se reformuló ahora con parámetros más rígidos y un punto de captación a sólo tres kilómetros de la planta.

Desde Celco indicaron a CIPER que, con esta nueva norma, cualquier descarga de sustancias al río va ser inviable y que, incluso, la operación de la planta corre un riesgo importante en su funcionamiento a largo plazo.

La empresa, que en 2014 fue condenada a pagar $5.200 millones por los daños ambientales causados al río, hace clara su posición en el escrito presentado ante el tribunal ambiental:

Los parámetros de calidad de las aguas considerados en la norma, tendría como única consecuencia (indirecta) aumentar aún más las ya altísimas exigencias impuestas a Planta Valdivia y, por cierto, la imposibilidad técnica de adaptarse a ellas”, dice el escrito firmado por los abogados representantes de Celco, Mario Galindo y Andrés Bordalí (ver documento).

EL DECRETO QUE ENCENDIÓ LAS ALARMAS

En abril del 2014, unos meses después de que Celco fuera encontrado culpable de la contaminación del río Cruces –parte de la cuenca del río Valdivia–, se estaba por dar el paso más significativo para la protección de la cuenca de la Región de Los Ríos. Tras el visto bueno de la Contraloría, estaban listos para su publicación en el Diario Oficial los decretos que normaban las aguas que atravesaban por la cuenca de Valdivia, además de Biobío y Maipo. Sin embargo, el Ejecutivo decidió detener el proceso y volver a revisar su contenido, impidiendo la entrada en vigencia de las normas para la protección de estos caudales.

Las alarmas se habían encendido en el Ministerio de Medio Ambiente cuando una profesional alertó a las jefaturas de que el decreto Nº55/2013, que regulaba las aguas de la cuenca del río Valdivia (ver documento), había sufrido cambios de última hora que relajaban las exigencias. Hubo modificaciones entre el anteproyecto que se envió al Consejo de Ministros y también entre el acuerdo que éste organismo envió al Presidente Sebastián Piñera y el documento que finalmente se envió a la Contraloría. A la luz del resultado final, las sospechas eran que el más beneficiado era Celco, justamente la empresa que había generado el desastre ambiental que justificaba la norma.

En concreto, habían flexibilizado los parámetros normados y la posición del área de vigilancia RC II, el punto cercano a la planta de Celco. Los parámetros normados en el anteproyecto eran 17 (ver documento), no obstante, en el decreto enviado por la administración de Sebastián Piñera sólo se mencionaban 15. Aunque se agregaban dos nuevas sustancias, se eliminaron de la lista cuatro: sodio, calcio, magnesio y potasio. Y también se descartaron las mediciones “totales” en el lecho del río por las “disueltas”, que son las que se miden en el cauce, como fue el caso de los metales (cobre, aluminio y hierro). Además, se modificaron los límites permitidos de algunas sustancias. Por ejemplo, el sulfato pasó de un rango de entre 3  y 7 mg/litro en el anteproyecto, a entre 5 y 10 mg/litro en el decreto de 2013.

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El nuevo gobierno también detectó importantes cambios en las coordenadas establecidas para la toma de muestras del río Cruces. De hecho, este cambio -dice el ministerio en su escrito ante el Tribunal Ambiental de Valdivia- se realizó entre la aprobación del decreto por el Consejo de Ministros y la toma de razón de Contraloría. En específico, se modificó el punto final del área de vigilancia RCII, dejando a la planta de Celco en el inicio del área de vigilancia RCIII. Las muestras se toman en el punto de término de cada zona, en consecuencia, este cambio significaba que el control de la norma se desplazaba a aproximadamente 20 Km aguas abajo de las descargas de la Planta Valdivia de Celco, en vez de los tres establecidos originalmente. En ese momento, Carla Peña, seremi de Medio Ambiente de la Región de los Ríos, explicó esta situación a La Tercera:

Entre la firma del ex presidente y la toma de razón de Contraloría, se estableció finalmente que el punto de muestra sería a 20 km, por lo tanto la disolución que van a tener los metales pesados será mayor y no podremos dar cuenta del impacto de Celco en la zona.

El ministerio trabajó dos años para establecer nuevas NSCA, retomando gran parte de los elementos establecidos en el anteproyecto original, además de agregar metales pesados y sodio (ver documento). En su respuesta al Tribunal Ambiental en la causa ingresada por Celco, el procurador fiscal del Consejo de Defensa del Estado Valdivia, Natalio Vodanovic (en representación del MMA), explicó las medidas tomadas (ver documento):

  • Modificación de áreas de vigilancia: En el decreto del 2013, las dos fuentes más importantes que descargan al río, tanto de forma puntual como difusa (Celco y el poblado de San José de la Mariquina), quedaban en la misma área de vigilancia (RCIII), con la única posibilidad de ser controladas aproximadamente 20 km aguas abajo, en el sector de Cahuincura. Esta distribución no permitía evaluar por separado los potenciales impactos que estas fuentes podrían generar en la calidad fisicoquímica del río así como en el ecosistema asociado.
  • Parámetros normados: Se restableció la propuesta contenida en el anteproyecto de la norma, considerando la importancia de los metales totales en los ecosistemas acuáticos y la calidad natural e histórica para sulfato, cloruro, sodio y oxígeno.
  • Niveles de calidad: Se mejoraron los niveles de calidad ambiental del oxígeno, sulfato, sodio, cloruro, fosfato y metales, en consideración a los niveles establecidos en el anteproyecto, a la calidad actual de las aguas de la cuenca y considera una clase óptima y media para su monitoreo.

Celco alega que estas normas establecidas en el Río Cruces están entre las más estrictas a nivel mundial y hacen inviable las descargas de la compañía, ya reguladas por su Resolución de Calificación Ambiental (RSA).

El ministro (S) de Medio Ambiente, Marcelo Mena, explica que esta no es una norma de emisión (como la que tiene aprobada la empresa), sino que regula la calidad de las aguas. “La norma está diseñada para proteger los ecosistemas de los ríos de Valdivia y no tiene relación con una fuente (de descarga) en particular”, asegura. Enfatiza que se continuará defendiendo en tribunales la vigencia de la regulación, un mensaje que transmitió este jueves 11 a las comunidades de la zona de Valdivia.

planta-valdiviaAunque el decreto se publicó en noviembre, se estableció un periodo de seis meses para diseñar un plan de vigilancia, que contempla cuatro mediciones anuales. Aún si se exceden los límites establecidos para la concentración de los distintos parámetros, en ningún caso significa el cierre inmediato de la planta de Celco o de otras fuentes de descarga. La medición es como un semáforo: los resultados pueden óptimos, medios o saturados. En este último caso, lo que corresponde es diseñar un plan de descontaminación, un proceso largo (como el que se vive hoy en Santiago) y participativo, que sí puede contemplar límites a las descargas. Un plan de este tipo se traduce en un decreto, que podría invalidar las resoluciones de calificación ambiental de las empresas que actualmente funcionan en la cuenca, reconocen en el gobierno.

CELCO: NO HAY TECNOLOGÍA QUE PERMITA CUMPLIR LA NORMA

El escrito presentado por Celco ante el Tribunal Ambiental de Valdivia plantea un escenario dramático para la compañía. Como ejemplo, argumentan que las exigencias superan incluso las de la regulación del agua potable en Chile. Si bien esto es cierto, desde el gobierno replican que ambas normas no son comparables y que, por ejemplo, el agua potable contiene cantidades de cloro que son inocuas para el ser humano y serían dañinas para ecosistema acuático.

En su reclamo, la empresa argumenta que no existe coherencia entre el costo económico y social y el beneficio estimado de la norma:

–Por una parte, no se observan beneficios ambientales claros (se debe tener presente que, según último reporte de la Universidad Austral de Chile, la calidad ambiental del río es buena) y, por la otra, dada la imposibilidad técnica de hacer cumplir la norma (no existe tecnología disponible para la industria de producción de celulosa que permita cumplir con los estándares).

Según argumentan desde la empresa, el río en su estado natural (arriba de la descargas de la planta) ya se encuentra saturado según los estándares de la nueva norma. “¿Qué esperan que pase río abajo?”, se preguntan. Pero las autoridades ambientales replican que los estudios utilizados para elaborar la regulación dan cuenta de que eso no es efectivo.

En su defensa, fuentes de la empresa usan la carta de los beneficios sociales y económicos que significa el funcionamiento de la planta Valdivia para la región. Argumentan que la sustentabilidad no es sólo ambiental, sino que debe considerar otros componentes. Celco emplea a 5 mil personas en la región, entre trabajadores de la planta y la actividad forestal ligada a ésta.

“Estamos dando la pelea en tribunales para convocar a un proceso participativo que apunte a tener una norma donde se proteja la calidad de agua del río, su flora y fauna y la salud humana, y que de alguna una forma sea compatible con el desarrollo social y económico de la región”, explican en Celco.

Pese al escenario fatal que esboza el escrito presentado por la empresa en tribunales, fuentes de la compañía reconocen que existe un “plan B”, que es el no menos polémico ducto que descargaría los desechos de la Planta Valdivia hacia el mar a través de la bahía de Mehuín. Si bien ya cuenta con autorización ambiental, esa alternativa también despierta la férrea oposición de las comunidades locales.

FOX: los nexos con la red de sobornos del fútbol de la principal interesada en el CDF

La compra del Canal del Fútbol (CDF) está en su recta final y aún no hay certeza de cómo se cerrará un negocio que está valorado en US$900 millones, el más importante del fútbol criollo. En la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) poco se comenta sobre el tema: “Hay cosas más importantes”, es la respuesta cuando se pregunta en la sede de Quilín por el estado del negocio. Como si la instalación del nuevo DT de la Roja tuviese más peso en los clubes que los más de $40 mil millones que les reparte por año el CDF. Esa sola cifra indica que no hay algo más gravitante para los dueños de los equipos que el cierre de este contrato, que debe quedar finiquitado el próximo 31 de marzo. De hecho, hay clubes que arriesgan la quiebra sin los dineros que reciben del CDF, como sucede con Wanderers.

La ANFP ya formalizó su intención de adquirir el 20% del CDF que está en manos de inversionistas liderados por Jorge Claro. El tema es cómo se va a financiar esa adquisición, pues el porcentaje que controla Claro está valorado en US$180 millones. Una posibilidad es recurrir a un préstamo sindicado (otorgado por varios bancos). Otra es concesionar la señal a una cadena internacional por un periodo de tiempo, a cambio de que facilite el financiamiento de la compra. Una tercera vía es vender completamente el CDF y repartir el dinero entre los clubes, oferta que ha sido formulada por las cadenas Turner y la catarí BeIN Sports.

El tema fue uno de los puntos centrales abordado por el Consejo de Presidentes de la ANFP en su sesión de este jueves 4 de febrero, la primera dirigida por Arturo Salah. Entre los clubes, el ofrecimiento más seductor es el de la cadena FOX. CIPER consultó tanto a FOX como a la ANFP si esta oferta se había formalizado, pero de la primera no recibió respuesta y en la segunda informaron que no hablarían por el momento sobre los detalles del negocio.

directorioanfpNo obstante, fuentes de la ANFP que conocen las negociaciones indicaron que las cadenas FOX, Turner y BeIN Sports ya oficializaron su interés en participar en la operación, lo que se formalizó mediante la firma de un acuerdo para incorporarse a una licitación que será manejada por BTG Pactual. Las mismas fuentes indicaron que como las tratativas corren contra el tiempo, a principios de enero se le consultó a la contraparte representada por Jorge Claro si se podía flexibilizar la fecha tope del 31 de marzo y la respuesta, inicialmente, fue positiva.

Algunos clubes conocieron en reuniones informales la oferta de FOX en 2015. Los detalles del ofrecimiento se esparcieron entre los integrantes del Consejo de Presidentes. En ese círculo se señala que el lobby a favor de la cadena estadounidense lo lideran Mario Conca -hombre de confianza del dueño del club Universidad de Chile, Carlos Heller– y Cristián Varela, socio de la productora ChileFilms (ver reportaje de CIPER “Cristián Varela, dueño de ChileFilms: el primer ganador de la Copa América”).

La oferta de FOX es repartir $45 mil millones anuales a los clubes, con un aumento de 5% cada año, a cambio de la concesión del CDF por 12 años. La fórmula se basa en una agresiva planificación tributaria destinada a rebajar el pago de impuestos del CDF para aumentar la cifra a repartir entre los clubes (vea el reportaje de CIPER “La milagrosa fórmula para rebajar impuestos del CDF). Lo que seduce a los clubes es mantener el nivel de ingresos actual y no perder la propiedad de esta verdadera mina de oro del fútbol local.

En medio de las turbulencias provocadas por la caída del ex presidente de la ANFP, Sergio Jadue, el 26 de noviembre FOX anunció que desistía de pujar por el CDF. No obstante, volvió a la carga tras la llegada del nuevo directorio comandado por Arturo Salah. Pero la ANFP tendrá que medir muy bien sus pasos antes de embarcarse en un negocio con FOX, debido a que el nombre de esa cadena ya figura en la carpeta de la fiscal estadounidense Loretta Lynch, quien investiga los sobornos pagados a los dirigentes de la FIFA y de la Confederación Sudamericana (Conmebol).

En esa pesquisa sobre la Conmebol apareció el nombre de una empresa constituida en el paraíso fiscal de Islas Caimán en 1997: T&T Sports Marketing. En la propiedad de T&T se unieron dos gigantes de los negocios oscuros ligados al fútbol latinoamericano: la brasileña Traffic y la argentina Torneos. Es la huella de T&T la que ha salpicado ahora a FOX.

El 3 de diciembre pasado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos amplió sus acusaciones en la investigación a la Conmebol e indicó que “tres ejecutivos asociados con T&T” sobornaron a lo menos a 15 dirigentes sudamericanos para obtener los derechos de las copas continentales de clubes (Libertadores y Sudamericana). Uno de esos ejecutivos -se lee en el documento- es el argentino Alejandro Burzaco, controlador de la empresa Torneos, quien ya declaró ante la justicia de Estados Unidos. Es decir, T&T habría sido el brazo operativo que pagó las coimas a la plana mayor de la Conmebol, entidad en la que participaba el chileno Sergio Jadue, quien recibió US$2,2 millones en sobornos.

Sede Conmebol
Sede Conmebol

Según señala la investigación de la fiscal Lynch, T&T Sports Marketing es propiedad de Torneos y “un grupo de inversores que incluye una filial de una importante compañía de Estados Unidos cuya identidad es conocida por el gran jurado”.

Esa filial de una “importante compañía” es Fox Pan American Sports, una subsidiaria del conglomerado 21st Century Fox.Según documentación entregada por la propia cadena FOX a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés), T&T es considerada como subsidiaria de 21st Century Fox (Ver el documento). Esa información fue proporcionada a la SEC en 2014.

Según reportó Wall Street Journal el año pasado, Fox Pan American Sports adquirió en 2011 el 50% de T&T. En la misma nota del diario se cita a una portavoz de Fox que argumenta que la compañía no tiene control operacional sobre T&T.

En todo caso, ya en 2004 la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia de Argentina (CNDC), había acreditado que la cadena FOX, a través de Pan American Sports, era propietaria del 50% de T&T Sports Marketing. El porcentaje restante pertenecía a Torneos y, en menor medida, a un fondo de inversión. A pesar de los vínculos establecidos en los documentos de la SEC de Estados Unidos y en los registros de la CNDC argentina, la acusación de la fiscal Lynch no se dirige ni contra FOX ni contra T&T (Ver documento).

CIPER pidió entrevistas y envió preguntas a los responsables de FOX para Latinoamérica, pero no obtuvo respuesta.

CAMBIO EN EL EQUIPO

Fox Pan American Sports, la propietaria del 50% de T&T, es operada por la cadena estadounidense a través de Fox International Channels (FIC). El 12 de enero pasado el mercado internacional de la TV fue sacudido por una noticia que no estaba en los cálculos de los entendidos: el máximo jefe de FIC, el argentino Hernán López, abandonó ese puesto y anunció que se dedicaría a montar un negocio personal de podcast en línea.

López es considerado un crack del negocio de la TV. Tras cinco años como CEO de Fox International Channelsy 18 trabajando para FOX, se estima que fue el principal artífice de la expansión global de esa cadena, que pasó de facturar US$30 millones a US$3 mil millones por año, como él mismo lo deja entrever en su carta de despedida.

En FOX justificaron su salida como parte de la reorganización que realizará la compañía para manejar los 350 canales que posee en el mundo. Sin embargo, ejecutivos ligados a los negocios de la TV estiman que la inesperada salida de López podría ser parte de una operación de “control de daños” en caso de que la investigación de la fiscal Lynch se oriente a escarbar en la relación de T&T con Fox International Channels, el brazo del grupo FOX que dirigía el argentino.

LA GÉNESIS DEL NEGOCIO

El vínculo entre FOX y T&T se empezó a tejer a principios de 2002. Entonces se forjó una alianza comercial entre Liberty Media, PSE Holdings e International Sports Programming, las que constituyeron Fox Pan American Sports en el Estado de Delaware, un paraíso fiscal dentro de Estados Unidos, donde se registran más corporaciones que habitantes.

camaradosCDFSegún la documentación a la que tuvo acceso la revista uruguaya Caras y Caretas, el acuerdo entre las tres empresas fue el siguiente: Fox aportaba dinero y sus activos de los canales Fox Sports Latin America y Fox Sports World Español, mientras que Liberty colocaba capital efectivo y PSE Holdings entregaba su participación de 50% en T&T Sports Marketing. Al mismo tiempo, Liberty ya tenía acciones de Torneos, empresa que controlaba una porción de T&T.

En 2004 la CNDC argentina revisó la concentración económica que significaría esta alianza. Fue entonces cuando dejó establecido que FOX tenía el 50% de las acciones de T&T y que por su ingreso a esa compañía había negociado “los derechos de transmisión de la Copa Libertadores y la nueva Copa Panamericana” (Ver documento). De esta manera, se daba la paradoja de que la empresa que compraba los derechos televisivos de los torneos continentales de clubes -T&T, perteneciente a Fox- los revendía a su propio socio mayoritario.

T&T es la predecesora de la empresa investigada por pagar coimas para quedarse con los derechos de la Copa América: Datisa, cuyo nombre de fantasía es WeMatch. De hecho, Datisa reúne en su propiedad a tres compañías, dos de las cuales eran las controladoras originales de T&T: Traffic y Torneos. A ellas se unió la argentina Full Play. Los sobornos por la Copa América fueron acordados por Datisa y los dirigentes de la Conmebol.

FOX, Datisa y Full Play no son las únicas compañías que tienen vínculos con T&T Sports Marketing. De manera indirecta, DirecTV tambiénmantiene lazos con T&T. La operadora de televisión satelital, que cuenta con casi 20 millones de suscriptores en Latinoamérica, es propietaria de un 40% de Torneos, la que a su vez participa en la propiedad de T&T y Datisa. Incluso, DirecTV tiene registrada a T&T como una subsidiaria ante la SEC estadounidense (Ver ese registro de la SEC).

EL FACTOR URUGUAYO

El vínculo de FOX con el fútbol sudamericano ya suma casi 15 años. Desde 2002 transmite sus torneos continentales y últimamente agregó partidos clasificatorios para el Mundial. De hecho, puede transmitir en la TV por cable los partidos que la Roja juega en Chile gracias a un acuerdo entre Fox Sports y MegaSports, la empresa de Carlos Heller que ostenta los derechos de la selección nacional hasta Rusia 2018 (vea reportaje de CIPER “Copa América: las huellas en Chile de los empresarios del fútbol internacional acusados de corrupción).

Si FOX pudo transmitir entre 2002 y 2015 las copas Libertadores y Sudamericana, fue porque T&T le vendió los derechos de esos torneos. La Conmebol le había entregado a T&T la exclusividad de esas competencias hasta 2022. Así, FOX no sólo es dueña del 50% de T&T, sino que también era su mejor cliente. Esta suerte de “intermediación” de T&T, que recibía los derechos de la Conmebol para entregárselos a FOX, navegó sin contratiempos hasta 2015, año en que se destapó en Estados Unidos el pago de los sobornos. En noviembre del 2015 la confederación decidió suspender el trato que tenía con T&T hasta 2022 y renegociar directamente los derechos con Fox International Channel (FIC) (Ver el contrato 2002 y la renegociación con FIC).

Wilmar Valdez, presidente AUF.
Wilmar Valdez, presidente AUF.

En declaraciones recogidas por el diario uruguayo El Observador, el ex timonel interino de la Conmebol tras las detenciones de sus dirigentes titulares, Wilmar Valdez, señaló que la confederación resolvió renegociar los derechos de los torneos continentales con FOX a fines de 2015, debido a que temía acciones legales de la cadena, que quedaba fuera del negocio por la salida de T&T. La Conmebol renegoció con Fox International Channels (FIC), cuando todavía la dirigía el argentino Hernán López, y le entregó a FOX los derechos de las copas hasta 2018. Desde 2019, dijo Valdez, el negocio será licitado.

Gran parte de la documentación que acredita las irregularidades de la relación entre T&T y la Conmebol ha visto la luz gracias a las recientes investigaciones de la prensa de Uruguay, impulsadas por un proceso judicial que se inició por la acusación del empresario de la TV local Francisco “Paco” Casal. El dueño del canal GolTV denunció que la Conmebol decidió entregar los derechos de las copas continentales de clubes a T&T a pesar de que él había hecho una oferta sustancialmente mayor.

La acusación de Casal es tramitada en la Justicia Especializada en Crimen Organizado de Uruguay. Según alega el dueño de GolTV, la decisión de la Conmebol de rechazar su oferta y vender los derechos a T&T en US$372 millones, privó a la confederación de recibir US$433 millones adicionales. Casal sostiene que esto constituye un ilícito que lesionó el patrimonio de la Conmebol, de sus asociaciones nacionales federadas y de los clubes, que no recibieron todo el dinero que les correspondía por participar en esos torneos.

Inicialmente, siete clubes de Uruguay, incluido el popular Peñarol, respaldaron la denuncia. Pero luego desistieron y la acusación ahora sólo está apadrinada por la Mutual Uruguaya de Futbolistas (Mufp). Dirigentes de clubes uruguayos han revelado que fueron sometidos a presiones por Gorka Villar -ejecutivo de la Conmebol e hijo del presidente del fútbol español, Ángel María Villar-, quien los habría amenazado con dejar al fútbol uruguayo fuera de las competencias internacionales si persistían en estas denuncias.

Fue en Uruguay también donde el miércoles de esta semana la U. de Chile enfrentó a River Plate de Montevideo, en la primera acción de un elenco nacional en esta nueva versión de la Copa Libertadores. Allí, las radios chilenas que quisieron transmitir el cotejo se encontraron con la negativa de FOX. Según una nota de El Dínamo, la cadena les cobraba US$70 mil (unos $50 millones) por los derechos de transmisión del torneo. En los círculos de la ANFP algunos interpretaron este round como un adelanto de los obstáculos que pueden suscitarse si no hay un buen entendimiento con la cadena en el negocio del CDF.

El popular relator de radio Cooperativa, Ernesto Díaz Correa, no se amilanó con ese golpe: “Llegó el canal fome y nos está matando”.

La asesoría jurídica que contrató Jadue con platas de la ANFP para su defensa en EE.UU.

Dos son los contratos que encendieron las alarmas en el Ministerio de Justicia cuando sus funcionarios revisaron las cuentas de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP). En ambos detectaron una posible lesión al patrimonio de la asociación, por lo que exigieron a la nueva directiva, presidida por Arturo Salah, que informe sobre los alcances de esos contratos y que se querelle en caso de que se constaten irregularidades. En el primero, la acción judicial podría afectar al ex presidente de la entidad, Sergio Jadue. El segundo conduciría a la ANFP a un nuevo round con Jorge Sampaoli después de la dura negociación por el término de su labor.

El primero de estos contratos es el que la ANFP firmó con el bufete de abogados estadounidenses Chaffetz Lindsey LLP y el co-consultor Martin J. Auerbach, por US$250 mil. Este fue el monto por el que se contrató una consultoría jurídica que debía determinar cómo podía afectar a la ANFP y a Sergio Jadue en particular la investigación de la Fiscalía de Estados Unidos sobre los sobornos a los dirigentes de la FIFA y Conmebol. Lo que llamó la atención de los funcionarios de Justicia es que la prestación beneficiaría a Jadue aún cuando ya no ostentara el cargo de presidente del fútbol chileno (Ver contrato). A la luz de lo que hoy se sabe, Jadue lo firmó sabiendo que era culpable y que estaba siendo investigado por el FBI, por lo que tenía claro que este sería un servicio pagado con platas de la ANFP y que solo lo beneficiaría a él.

El segundo contrato que está en la mira del ministerio es el que estipuló un pago de US$200 mil a Jorge Sampaoli para que revisara la malla curricular del Instituto Nacional del Fútbol (INAF). Hay indicios contundentes de que el entrenador no realizó la labor en los términos pactados, por lo que en el Ministerio de Justicia han pedido que la ANFP acredite que los servicios efectivamente se realizaron (ver reportaje CIPER “Ultimátum de Justicia: La ANFP cuadra la caja o se querella por las platas ‘perdidas’).

Dos miembros del actual directorio de la ANFP -Juan Carlos Silva y Andrés Fazio- informaron a CIPER que, aunque siguen rastreando la documentación interna, no hay pruebas de que Sampaoli haya cumplido con los servicios para el INAF descritos en el contrato. Por eso, es altamente probable que la ANFP vuelva a enfrentarse con Sampaoli por la eventual restitución de los US$200 mil. Incluso, apurada por el Ministerio de Justicia, podría llevar el tema hasta los tribunales. De lo contrario, la secretaría de Estado podría actuar contra el actual directorio de la asociación por no cautelar el patrimonio de la ANFP. La asociación es una corporación sin fines de lucro bajo la tuición del Ministerio de Justicia y, por lo mismo, debe responder todos sus requerimientos.

Andrés Fazio, vicepresidente de la ANFP
Andrés Fazio, vicepresidente de la ANFP

El Ministerio de Justicia también pide que la ANFP aclare si efectivamente fueron restituidos los pagos que recibió el directorio de Sergio Jadue. La secretaría de Estado estimó que esos desembolsos eran improcedentes, por tratarse del directorio de una corporación sin fines de lucro, y ordenó su reintegro.  Juan Carlos Silva dijo a CIPER que, salvo el caso de Jadue, todos los restantes miembros del directorio que encabezó el calerano ya restituyeron el dinero, operación que se completó el viernes 15 de enero, cuando el ex secretario general de la ANFP, Nibaldo Jaque, depositó poco más de $8 millones en las cuentas de la ANFP.

Respecto de los $34 millones que Jadue debe restituir por estos pagos improcedentes, el vicepresidente de la ANFP, Andrés Fazio, señaló a CIPER que en los registros de la asociación sólo figura el ingreso de un cheque del ex presidente por ese monto, pero que nunca se cobró. El cheque, dijo, no lo han podido encontrar en la ANFP.

Juan Carlos Silva, actual director de la ANFP, dijo que espera concordar esta semana con su contraparte del Ministerio de Justicia cuál es la vía que deben utilizar para comunicarse con Jadue, a objeto de pedirle que deposite el dinero para subsanar el problema. Sergio Jadue está bajo protección de las autoridades de la justicia de Estados Unidos, por lo que Silva indicó que desean aclarar si para comunicarse formalmente con él deben hacerlo por medio del consulado o por otra vía.

Andrés Fazio dijo a CIPER que el extraviado cheque de Jadue fue fechado en septiembre. Por ello, señaló que aunque lo encontraran, no podrían depositarlo, debido a que ya caducó. La explicación que han recibido sobre las razones por las que no se cobró el documento cuando fue emitido, sostuvo Fazio, apunta a que se resolvió guardar el documento a la espera de la resolución definitiva de la apelación que el mismo Jadue hizo frente al dictamen del Ministerio de Justicia que exigió la restitución de los fondos.

Por todas estas razones, el Ministerio de Justicia ofició el viernes 15 de enero a la ANFP para que en un plazo de diez días hábiles clarifique sus cuentas y verifique si los contratos con Sampaoli y los abogados de Estados Unidos afectaron el patrimonio de la asociación. Ahora la pelota está en los pies de la nueva directiva encabezada por Arturo Salah. Uno de los profesionales que ha revisado las cuentas y contratos que se firmaron bajo la gestión de Sergio Jadue, comentó: “No sabemos cuántos muertos más vamos a encontrar en el clóset de la ANFP”.

Hasta el momento, la respuesta de la ANFP al ministerio ha sido parcial. El encargado de llevar la relación con esa secretaría de Estado es uno de los directores de la asociación, Juan Carlos Silva, quien informó a CIPER que el pasado miércoles 27 de enero solicitó una prórroga para recabar todos los antecedentes que se le piden.

US$105 MIL PARA ABOGADOS DE EE. UU.

En el contrato de asesoría legal firmado el 24 de junio de 2015 con el bufete Chaffetz Lindsey LLP y el co-consultor Martin J. Auerbach, se acordó que la cifra a pagar sería US$250 mil (cerca de $160 millones al cambio de esa fecha). El servicio contratado fue una consultoría sobre los alcances de la investigación del pago de sobornos en la FIFA y la Conmebol, lo que incluía la revisión de hasta 15 mil documentos de las carpetas investigativas de la acusación realizada por la fiscal estadounidense Loretta Lynch.

Sergio Jadue, ex timonel ANFP
Sergio Jadue, ex timonel ANFP

Los abogados debían evaluar cómo estas pesquisas podían afectar a la ANFP o a su presidente Sergio Jadue. Pero la asesoría para Jadue, según dice el contrato, se realizaría aunque él ya no fuera presidente de la asociación. El propio Jadue, que en esa fecha –fines de junio de 2015- estaba en pleno conocimiento de que se le investigaba por las coimas pagadas en la Conmebol por amañar la entrega de los derechos comerciales de la Copa América, la Libertadores y la Sudamericana, es quien aparece firmando el contrato.

La firma contratada se describe como un bufete tipo “boutique”: pequeño, pero exclusivo. Fue creada en 2009 para resolver disputas en cortes de Estados Unidos para clientes “americanos o extranjeros” y cuentan con asistencia en español.

CIPER envió consultas por correo electrónico al bufete, preguntando si habían cobrado el dinero, si efectuaron los servicios descritos en el contrato, si entregaron un producto de la consultoría y quién era su contraparte en la ANFP. Aníbal Sabater, uno de los abogados que según el contrato se haría cargo del servicio, sólo respondió escuetamente: “Los servicios a que hace referencia no se llevaron a cabo y no realizamos ningún servicio profesional a la asociación o individuo a que hace referencia”.

No obstante la respuesta de Sabater, Andrés Fazio indicó a CIPER que la ANFP alcanzó a pagar un adelanto de $105 mil dólares por el contrato de los abogados (sobre $66 millones). También señaló que hasta ahora no han encontrado registro de que se ese dinero haya sido restituido, tampoco informes que sean producto de esta consultoría o de otro comprobante que acredite que efectivamente se prestó, aunque sea en parte, este servicio. Asimismo, no hay rastros de que el contrato se haya anulado, dijo Fazio. Agregó que siguen buscando en los registros de la ANFP referencias a este desembolso, pero que de persistir las dudas sobre el destino del dinero se interpondrán querellas y se intentará recuperar los fondos, porque de no hacerlo el nuevo directorio puede ser considerado por el Ministerio de Justicia como co-responsable de esta posible pérdida patrimonial de la ANFP.

CIPER verificó que ante la justicia estadounidense, Sergio Jadue es representado por William M. Brodsky, del bufete Fox, Hovan & Camerini, junto al argentino Santiago Sáenz Valiente y al chileno José Forteza Gómez. Al menos en la documentación pública del caso no aparece el bufete Chaffetz Lindsey ni Martin J. Auerbach. No es primera vez que Brodsky toma un caso relacionado con el fútbol profesional, pues ya representó a la FIFA en un polémico litigio contra Mastercard.

EL INFORME DE SAMPAOLI

El otro documento que está bajo el microscopio es un anexo del contrato de comercialización y licencia de los derechos de imagen de Jorge Sampaoli. Este contrato lo firmó la ANFP con la sociedad que ostentaba esos derechos: Alta Lake Investing Limited, constituida en Islas Vírgenes y representada por Sampaolí, quien firma el contrato. Este acuerdo por derechos de imagen en realidad encubrió el pago del 50% de las remuneraciones y premios por desempeño del cuerpo técnico de la selección nacional que encabezó Sampaoli. De esta forma, no se pagó el impuesto a la renta por esos ingresos, lo que fue sincerado por la ANFP en diciembre de 2015, cuando canceló US$500 mil al Servicio de Impuestos Internos para regularizar la situación (Ver reportaje CIPER “ANFP paga US$500 mil al SII por contrato con sociedad de Sampaoli creada en paraíso fiscal).

Jorge Sampaoli, ex entrenador de la Selección Chilena.
Jorge Sampaoli, ex entrenador de la Selección Chilena.

El anexo de ese contrato que ahora está en la mira de las autoridades fue publicado originalmente en The Clinic. Se firmó el 1 de julio de 2014, apenas dos días después del retorno de la Roja a Santiago tras su emocionante desempeñó en el Mundial de Brasil. El servicio que se pactó fue (Ver anexo contrato INAF):

Realizar un análisis detallado de la malla curricular de la carrera de Director Técnico impartida por el Instituto Nacional del Fútbol (INAF) y una propuesta formal de las rectificaciones y modificaciones que se deben incorporar con el objeto de fortalecer y mejorar la metodología de enseñanza (…). El informe se deberá entregar y aprobar por el INAF durante el año 2014”.

Ese contrato incluyó otros dos servicios: una clase magistral de Sampaoli a los entrenadores de Primera A y Primera B de no menos de dos horas y dos charlas de más de 45 minutos que la ANFP podría comercializar.

Tanto Juan Carlos Silva como Andrés Fazio señalaron a CIPER que hasta el momento no han encontrado registros que comprueben que estos servicios (análisis de la malla del INAF con una propuesta de rectificación, una clase magistral para entrenadores de equipos profesionales y dos charlas que serían comercializadas) efectivamente se realizaron.

El pasado 20 de enero, Martín Mihovilovic, rector del INAF, dijo a CIPER que Sampaoli solo hizo un reporte oral: “Se tuvo una conversación con ellos (el cuerpo técnico de la Roja) acerca de la dirección de la carrera. Nos dieron algunas líneas a seguir respecto de modernización del fútbol. A partir de eso, acabamos de modificar nuestros planes, incorporando los aportes de esas conversaciones, pero en general pensaron que nuestros planes eran muy completos”.

Andrés Fazio informó que en los archivos de la ANFP figura una nota de débito extendida por la sociedad constituida en Islas Vírgenes y representada por Sampaoli por US$200 mil, pero la glosa indica que se pagó por servicios que no tienen relación alguna con lo que fue contratado. El vicepresidente de la asociación se excusó de entregar detalles sobre estos servicios, pues indicó que aún están investigando y que podría entorpecer la auditoría forense sobre las cuentas de la ANFP que debía partir el martes 2 de febrero y que fue pedida en el informe del ex contralor Ramiro Mendoza.

-Las dudas que tiene el Ministerio de Justicia sobre una posible lesión al patrimonio de la ANFP en este contrato por US$200 mil con la sociedad que representa Sampaoli, ¿es una duda que el nuevo directorio comparte?

-Totalmente. No corresponde la glosa al carácter del contrato y se cancela sin haber respaldo de las acciones que se solicitaban en el contrato –respondió Fazio.

Consultado por una posible querella contra Sampaoli y los dirigentes o funcionarios de la ANFP que autorizaron esos pagos, Fazio no lo descartó. Según señaló, van a esperar el informe de la auditoría forense para interponer todas las acciones legales que resulten pertinentes.

PROBLEMAS DE CAJA

El martes 19 de enero, cuando se anunció el acuerdo para poner fin al vínculo contractual con Sampaoli, Andrés Fazio por primera vez dio luces sobre el déficit económico que enfrenta la ANFP: “Lo que se viene es aún más difícil, porque la situación económica de la ANFP es preocupante, las condiciones son muy débiles (…). Será un trabajo arduo para poder cumplir con todos los compromisos. Habrá que cuidar los recursos. Los ingresos del 2015 fueron extraordinarios y el saldo final es patético”, dijo entonces.

chile_campeónEn conversación con CIPER, Fazio entregó nuevos detalles sobre la situación de las arcas de la ANFP. Según explicó, 2015 fue el año en que la asociación cosechó los mayores ingresos en toda su historia: US$50 millones (unos $35.500 millones), lo que se explica por los fondos que dejó la Copa América y que se sumaron a otros ingresos regulares, como el contrato por derechos de imagen y comercialización de la Roja, así como por la indumentaria del conjunto nacional.

Pero, el mismo Fazio informa que 2015 también fue el año en que más se gastó: US$60 millones, lo que dejó un déficit de US$10 millones (cerca de $7.110 millones) que el directorio espera superar en tres años. El dirigente señala que muchos gastos originados en 2015 no fueron provisionados, entre ellos los premios a los jugadores de la selección por el título continental que aún no se han pagado (y que suman un total de $5 mil millones).

El cuadro financiero de la ANFP se agrava si se toma en cuenta que la asociación enfrenta una serie de gastos millonarios que no estaban previstos originalmente. Uno de ellos fueron los US$500 mil (cerca de $350 millones) que pagó al SII para regularizar los impuestos que no se pagaron entre 2012 y 2014 por remuneraciones a Sampaoli camufladas como “derechos de imagen”. Ese medio millón de dólares sólo corrigió la situación hasta diciembre de 2014, por lo que todos los ingresos del cuerpo técnico de la Roja por los derechos de imagen en 2015 deben pagar el impuesto a la renta completo.

En la conversación con CIPER Fazio agregó un dato que puede reabrir las disputas con Sampaoli: la ANFP está solicitando opiniones a expertos tributarios respecto de a quién le corresponde pagar esos impuestos de 2015, si a Sampaoli o a la asociación.

Por último, en las cuentas de la ANFP no estaba previsto pagar impuestos por las utilidades que dejó la Copa América. Las ganancias que arrojó el Comité Organizador Local (COL) de ese torneo sumaron más de $10 mil millones. Bajo la gestión de Sergio Jadue esos excedentes fueron disfrazados como gastos por cobrar transferidos a la ANFP para no pagar impuestos. La revisión que hizo el equipo del ex contralor Ramiro Mendoza dejó en evidencia que ese tratamiento contable no resistía análisis. Lo mismo estimaron otras dos consultoras de expertos tributarios requeridas por la ANFP.

Si a los premios adeudados a los jugadores por el éxito obtenido en la Copa America se suma el pago de impuestos correspondiente a 2015 que no estaba previsto y que deben ser cancelados en abril próximo, los números de las cuentas de la ANFP estarán tan rojos como la camiseta de la selección.

Ultimátum de Justicia: La ANFP cuadra la caja o se querella por las platas “perdidas”

Vea también: “Copa América: La operación relámpago de la ANFP para evitar otro round con el SII

Después de poner fin a la compleja, dura y mediática negociación con Jorge Sampaoli, el presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), Arturo Salah, debe concentrarse en problemas mucho más urgentes y graves que la búsqueda de un nuevo entrenador para la Roja. El acuerdo con Sampaoli aparentemente descomprimiría el ambiente en que aterrizó el nuevo directorio de la ANFP, porque la partida del seleccionador es la arista que más interesa a la hinchada dentro de la crisis del fútbol y, por lo mismo, monopolizó el enfoque de la prensa. Pero eso no ocurrió.

Arturo Salah despidiéndose de Jorge Sampaoli
Arturo Salah despidiéndose de Jorge Sampaoli

En la sede de Quilín se siguen viviendo días cargados de tensión, debido a que enfrentan un ultimátum del Ministerio de Justicia que les dio diez días -a contar del viernes 15- para aclarar las cuentas de la asociación y un compromiso con el ex contralor Ramiro Mendoza -hasta ahora incumplido- para publicar su informe sobre las irregularidades en los dineros de la Copa América.

Cumplir con los compromisos contraídos tanto con la ministra de Justicia, Javiera Blanco, como con el ex contralor Mendoza, equivalen a incubar una tormenta perfecta que promete volver a sacudir a la ANFP tanto o más que por su reciente round con el cuerpo técnico de la selección.

En ambos casos quedarán expuestas impactantes irregularidades que hasta ahora solo han corrido como trascendidos en la prensa. Entre las más graves están:

  • No hay documentos que acrediten que los $19 mil millones declarados como ingresos por las entradas de la Copa América corresponden a la suma que efectivamente se recaudó, por lo que existen fundadas sospechas de que en este ítem pudo haber desvíos de dinero.
  • No hay huellas de los US$491 mil (unos $350 millones) entregados por la Conmebol junto con el dinero del premio al ganador del torneo continental.
  • La falta de justificación de un contrato por US$200 mil (unos $140 millones), firmado inmediatamente después del Mundial de Brasil, para que Sampaoli prestara una asesoría al Instituto Nacional del Fútbol (INAF), cuyo único producto fue un escueto “informe oral”.
  • Irracionales premios pactados con el cuerpo técnico para la Copa América Centenario 2016 (que se jugará en Estados Unidos) y el Mundial de Rusia 2018 por cifras astronómicas para el mercado local, discordantes con las escuálidas arcas de la ANFP.

A este cuadro se suma que el defenestrado ex presidente de la ANFP, Sergio Jadue, ha estado colaborando activamente con la investigación del Ministerio Público sobre las cuentas de la asociación, a cargo del fiscal Carlos Gajardo. Esto promete destapar nuevas irregularidades, ya no relacionadas únicamente con los sobornos repartidos por la Conmebol en el exterior, sino con el manejo de dineros y negocios de la ANFP en Chile que podrían salpicar a otros dirigentes que hasta ahora han librado de las acusaciones.

Sergio Jadue
Sergio Jadue

El acuerdo para desvincular al cuerpo técnico encabezado por Jorge Sampaoli consiste en que el entrenador cancelará a la ANFP solo US$1 millón de los US$6,3 millones estipulados originalmente en su cláusula de salida. Además, renunciará a sus premios por la Copa América, que suman US$2,4 millones. Finalmente, la asociación le pagará su finiquito y vacaciones pendientes, que alcanzan a US$1,8 millón. En el balance final, Sampaoli se vio obligado a cancelar un total de US$1,6 millón (equivalentes a unos $1.161 millones) para liberarse de su compromiso con la selección chilena.

El acuerdo incluye al preparador físico Jorge Desio, pero deja fuera al ex asistente técnico de Sampaoli y actual entrenador de la Universidad de Chile, Sebastián Beccacece, quien mantiene su litigio con la ANFP por el pago de su cláusula de salida.

En todas las negociaciones siempre se tuvo en cuenta que ya a comienzos de diciembre pasado la ANFP tuvo que desembolsar US$500 mil, lo que no tenía contemplado originalmente, para rectificar los impuestos no pagados por el contrato de derechos de imagen de Sampaoli, el que fue suscrito por el entrenador a través de una sociedad constituida en Islas Vírgenes Británicas (Ver reportaje CIPER “ANFP paga US$500 mil al SII por contrato con sociedad de Sampaoli creada en paraíso fiscal).

A pesar de que la ANFP recibió US$7,5 millones de la Conmebol para organizar la Copa América y supuestamente otros $19 mil millones por venta de entradas para ese mismo torneo, las finanzas de la asociación se encuentran en estado de emergencia. Eso obligó a Salah a ser inflexible en la mesa de negociación para que el saldo final de la despedida de Sampaoli arrojara números azules para la ANFP.

El estrecho margen financiero de la asociación fue admitido por el vicepresidente de la entidad, Andrés Fazio, el mismo martes 19 cuando ya se veía una luz al final del túnel en la negociación con Jorge Sampaoli: “Ha sido un proceso muy duro, pero lo que se viene es aún más difícil, porque la situación económica de la ANFP es preocupante, las condiciones son muy débiles (…). Será un trabajo arduo para poder cumplir con todos los compromisos. Habrá que cuidar los recursos. Los ingresos del 2015 fueron extraordinarios y el saldo final es patético”.

EL ULTIMÁTUM DE LA MINISTRA

El viernes 15 de este mes el Ministerio de Justicia despachó un oficio a la ANFP  en el que le dio un plazo de diez días para presentar un estado de las cuentas de la corporación que acredite si las dietas pagadas al directorio que lideró Sergio Jadue fueron devueltas a la asociación. Fue una denuncia enviada al ministerio sobre la ilegalidad de pagar dietas al directorio de una corporación sin fines de lucro -como lo es la ANFP- lo que dio inicio a la inspección de las cuentas y contratos de la entidad en la secretaría de Estado.

Sergio Jadue recibió sobre $34 millones desde febrero a agosto del año recién pasado por este concepto, lo que fue considerado inadmisible por el Ministerio de Justicia -que tiene la tuición sobre las corporaciones sin fines de lucro- y que ordenó la restitución de esos fondos. Pero todavía no recibe respuesta que acredite si ese dinero realmente se reembolsó a las arcas de la ANFP.

Ministra de Justicia, Javiera Blanco
Ministra de Justicia, Javiera Blanco

El miércoles 13, Salah se reunió con la ministra Javiera Blanco, ocasión en que la secretaria de Estado exigió formalizar la respuesta a los requerimientos ministeriales. Dos días después, el viernes 15, el ministerio despachó el oficio a la ANFP en el que le dio el plazo de 10 días para regularizar la situación. El ultimátum se cursó porque hasta ahora las respuestas que ha recibido esa cartera desde la ANFP se consideran claramente insatisfactorias.

La ministra espera, además, un compromiso público de la asociación para transparentar su administración. Basada en que se trata de una corporación sin fines de lucro, Javiera Blanco ha hecho ver que para mantener ese estatus legal la ANFP debe presentarle un detallado cronograma de trabajo con acciones tendientes a fortalecer la fiscalización pública de sus cuentas. Y para el ministerio ese cronograma no puede extenderse más allá de marzo de este año.

Para el ministerio es imperioso que Salah demuestre la voluntad real de la ANFP de hacer un giro radical al caos que ha imperado en las cuentas. Lo que se espera es que la ANFP presente acciones legales contra quienes resulten responsables de eventuales ilícitos en el manejo de los fondos de la asociación. De no hacerlo, el ministerio podría interpretar que el nuevo directorio no está cautelando el patrimonio de esa corporación.

Las rigurosas exigencias de la ministra Blanco se deben a que el Departamento Jurídico del Ministerio de Justicia ha revisado minuciosamente las cuentas y contratos de la ANFP. Y en ese examen ya se detectaron anomalías que justificarían que el ministerio pida la cancelación de la personalidad jurídica de esa corporación (Ver reportaje CIPER “La ANFP arrinconada por el SII, la Fiscalía, el Ministerio de Justicia, la SVS y la amenaza de clausura).

LA COLABORACIÓN DE JADUE

Entre las sorpresas que han arrojado las revisiones de las cuentas que se han hecho en el Ministerio de Justicia y en la Fiscalía se menciona una ampliación del contrato de Jorge Sampaoli, fechada el 1 de julio de 2014, inmediatamente después del retorno de la Roja tras su emotivo desempeño en el Mundial de Brasil. El seleccionador recibió US$200 mil por analizar la malla curricular de la carrera de entrenador impartida por el INAF. No existe comprobante alguno que acredite si Sampaoli ejecutó esa labor.

Martín Mihovilovic, rector del INAF, dijo a CIPER que desconocía los valores pactados por ese servicio, que no lo pagó el instituto y que se incluyó en los contratos del entrenador con la ANFP, por lo que cree que el dinero salió directamente de las arcas de la asociación. Además, afirmó que Sampaoli solo hizo un reporte oral: “Se tuvo una conversación con ellos (el cuerpo técnico de la Roja) acerca de la dirección de la carrera. Nos dieron algunas líneas a seguir respecto de modernización del fútbol. A partir de eso, acabamos de modificar nuestros planes, incorporando los aportes de esas conversaciones, pero en general pensaron que nuestros planes eran muy completos”.

Jorge Sampaoli
Jorge Sampaoli

Otro pacto acordado entre Sergio Jadue y Jorge Sampaoli que resulta llamativo para quienes han revisado los contratos de la ANFP, es el que se suscribió el 3 de diciembre de 2013 y que fijó los premios a pagar al cuerpo técnico por la Copa América Centenario 2016, que se jugará en Estados Unidos, y por la clasificación y desempeño en el Mundial de Rusia 2018. Los valores acordados oscilaban entre US$6 millones y US$10 millones, lo que no guarda proporción con los ingresos proyectados por la ANFP para ese periodo.

Uno de los integrantes del directorio que encabezó Jadue dijo a CIPER que el calerano firmó ese contrato sin informar los detalles y que causó mucho revuelo cuando se conocieron los montos involucrados. De hecho, fue motivo de discusión, porque la proyección de los ingresos no permitía comprometer cifras tan altas. La respuesta de Jadue, según relata el mismo dirigente, fue que nunca se pagarían esos montos porque Sampaoli dejaría la selección antes del Mundial de Rusia.

Cercanos a Sergio Jadue han dicho que sus aportes a la investigación en Estados Unidos no han sido significativos, pues la información que ha entregado no se aparta de lo que ya declaró el ex dirigente colombiano Luis Bedoya. Esto le traería problemas para optar a beneficios en la justicia estadounidense (como una eventual rebaja de pena o cumplimiento en libertad). Por lo mismo, se espera que Jadue comience a entregar datos sobre dineros y tratos de la Conmebol que favorecieron a chilenos. Y eso afectaría a dirigentes que estuvieron vinculados a la gestión de esos fondos o a negocios financiados con esos recursos.

Desde su residencia temporal en Miami, el calerano ha estado en constante comunicación con Chile. Uno de los destinos de sus mensajes ha sido el Ministerio Público, pues también está colaborando con la investigación que lidera el fiscal Carlos Gajardo. En esa pesquisa, el fiscal Gajardo ya tiene acreditado el paradero de los US$2,2 millones detectados inicialmente por la justicia de Estados Unidos y que corresponde a sobornos que Jadue recibió en la Conmebol por amañar la entrega de los derechos televisivos y comerciales de la Copa América, Copa Centenario y Copa Libertadores.

EL POSTERGADO COMPROMISO CON MENDOZA

El lunes recién pasado se cumplió un mes desde que el ex contralor Ramiro Mendoza entregó oficialmente el informe que le encargó la propia ANFP sobre las cuentas de la Copa América. Un lapso de tiempo bastante extenso si se toma en cuenta que los dirigentes de la asociación se comprometieron con Mendoza a hacer público el informe, lo que hasta ahora no ocurre.

La publicación del texto de 38 páginas, más una serie de anexos, dejaría en evidencia las sospechas de que no se registraron en la contabilidad todos los ingresos producidos por la venta de entradas. Además de aportar US$7,5 millones para organizar el torneo, la Conmebol dejó en manos de la ANFP el negocio de los boletos. De acuerdo con el informe de Mendoza, no hay indicios de las razones técnicas por las cuales el directorio de la ANFP, que al mismo tiempo ofició como Comité Organizador Local (COL) de la Copa América, entregó el negocio a la empresa TicketPro en una licitación privada de la cual no hay registros. Lo que sí quedó claro fue la familiaridad y escasa rigurosidad con que los ejecutivos de TicketPro y los encargados de la contabilidad de la ANFP manejaron las cuentas.

Según el rastreo hecho por Mendoza, los ingresos por venta de entradas que se anotaron en la contabilidad alcanzaron a poco más de $19 mil millones. De esta suma, se depositaron $4.400 millones directamente en las cuentas de la ANFP, a pesar de que debían ser entregados al COL. Además, el formato de rendición pactado originalmente (después de cada partido) fue alterado sin explicación alguna y se aceptó que TicketPro rindiera de manera global al final del torneo.

Ramiro Mendoza
Ramiro Mendoza

La irregularidad más grave detectada por el equipo del ex contralor en relación a la venta de boletos fue que los comprobantes de los ingresos son correos electrónicos y una planilla Excel con anotaciones incomprensibles, sin el nombre del responsable de su confección ni de su autorización.

Por lo anterior, el informe de Mendoza señala que no le fue posible pronunciarse sobre la veracidad de los antecedentes de estos ingresos. Esto significa que los ingresos por venta de entradas pudieron ser superiores, pero que no se anotó el total en las cuentas del COL. De hecho, ese es uno de los focos en que se ha centrado la atención del Ministerio de Justicia y de la Fiscalía.

Asimismo, de la revisión hecha por el ex contralor se desprende que no hay claridad respecto del destino de US$491 mil que la Conmebol envío junto con los US$4 millones pactados como premio por ganar la Copa América. El destino de estos recursos, así como la verdadera cifra recaudada por los tickets de ese torneo, es parte de lo que debe aclarar Arturo Salah con urgencia ante el Ministerio de Justicia y la Fiscalía mientras busca reemplazante para la banca de la Roja. Según publicó The Clinic este miércoles 20, la ANFP ya habría resuelto anunciar este lunes 25 la licitación de una auditoría forense, medida que fue sugerida por el ex contralor Mendoza, para aclarar las cuentas de la Copa América.

ANFP paga US$500 mil al SII por contrato con sociedad de Sampaoli creada en paraíso fiscal

Medio millón de dólares (alrededor de $350 millones) desembolsó la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) para regularizar el contrato por “derechos de imagen” que había suscrito el defenestrado presidente de esa organización, Sergio Jadue, y el equipo técnico de la selección nacional, que encabeza el entrenador Jorge Sampaoli. De esta forma, a los casi US$6,2 millones en derechos de imagen y premios pagados a Sampaoli y sus colaboradores entre 2013 y 2014, se sumaron ahora otros US$500 mil.

El problema se originó porque este contrato por los derechos imagen, que incluyó el pago de los premios del cuerpo técnico de la Roja por la clasificación a Brasil 2014 y por haber escalado hasta octavos de final de ese torneo, se efectuó directamente entre la ANFP y tres sociedades off shore constituidas en un paraíso fiscal, las cuales debían recibir el dinero destinado a Sampaoli y sus colaboradores: el ayudante técnico Sebastián Beccacece y el preparador físico, Jorge Desio.

Dos personas que conocieron estos pagos señalaron a CIPER que las tres sociedades fueron constituidas en las Islas Vírgenes Británicas, lo que fue ratificado por un reportaje de The Clinic que publicó íntegramente el contrato, donde se identifican estas sociedades creadas en el paraíso fiscal (vea una copia de ese contrato). Las mismas fuentes indicaron que el contrato presentaba una grave anomalía, pues estipulaba que los pagos eran por los “derechos de imagen” del cuerpo técnico y no por los premios acumulados gracias a la clasificación de la Roja en Brasil y a su actuación en ese Mundial. Esta anomalía provocó que se pagaran menos impuestos que si se hubiese declarado el objeto real del contrato. Luego, el dinero se envió a las cuentas de las sociedades domiciliadas en el paraíso fiscal.

Sebastián Beccacece, Jorge Desio y Jorge Sampaoli
Sebastián Beccacece, Jorge Desio y Jorge Sampaoli

Pocos días antes de dejar abruptamente el país el 17 de noviembre pasado, Sergio Jadue intentó arreglar el entuerto. Para ello, el contrato con Sampaoli fue revisado minuciosamente por profesionales especializados en derecho tributario. “Si bien todo el proceso de pago pasó por el Banco Central y no hay irregularidad en el hecho de que se esté pagando a una sociedad en el extranjero, el problema es que se modificó el verdadero objeto del pago”, señaló a CIPER un especialista que conoció los antecedentes.

Se inició entonces una negociación con Sampaoli respecto a quién debía cancelar los impuestos adeudados. El entrenador se negaba a hacerse cargo del gasto, cuenta un dirigente que presenció las tratativas, porque la fórmula había sido ideada por la ANFP. La tensión llegó a tal punto que, según informó la misma fuente, Sampaoli habría amenazado con no viajar a Uruguay, donde Chile jugaría el último partido de este año en el proceso de clasificación para el Mundial de Rusia 2018. Ante la presión, la ANFP accedió a pagar los tributos, Sampaoli viajó con la Roja a Montevideo y ese 17 de noviembre marcó dos hitos: Chile perdió categóricamente  ante Uruguay y Jadue sorpresivamente partió a entregarse a la justicia estadounidenses por haber recibido sobornos en la Confederación Sudamericana (Conmebol).

BENEFICIO TRIBUTARIO

Para sanear tributariamente el contrato de Sampaoli, la ANFP aprovechó un artículo transitorio de la Reforma Tributaria sobre repatriación de capitales. Se trata de un “incentivo” que hasta el 31 de diciembre de este año permite declarar las rentas que se encuentran en el extranjero, pagando una tasa de sólo 8%, lo que regularizó los dineros que en su origen no habían tributado correctamente. La norma no exige que los fondos reingresen al país después de acogerse al beneficio.

CIPER tuvo a la vista la documentación donde quedó registrado el pago al SII por más de $350 millones, equivalentes a US$500 mil, que hizo la ANFP.

Sergio Jadue
Sergio Jadue

Una fuente que conoció el proceso de rectificación ante el SII, explicó que son tres las sociedades que recibieron los pagos de la ANFP y cada una de ellas es representada por los integrantes del cuerpo técnico de la selección. La de Sampaoli recibió el 50% del pago (es decir, unos US$3 millones), mientras que las de Beccacece y Desio cobraron el 25% cada una (alrededor de US$1,5 millón).

El sistema tributario chileno se rige por el principio de “renta mundial”, por lo que cualquier persona domiciliada en el país debe declarar todos sus ingresos, aunque el contribuyente sea extranjero o el dinero se encuentre en otra jurisdicción. Además, se considera renta de fuente chilena -que por lo tanto debe tributar en el país- aquella que provenga de cualquier actividad desarrollada en Chile. Es decir, sí o sí esta renta del cuerpo técnico, correspondiente a sus premios por el desempeño en el proceso del Mundial Brasil 2014, debió declararse en el país.

De acuerdo a alguien que conoció la operación, que el dinero haya terminado en un paraíso fiscal, aunque provocó una baja en los impuestos, no tenía como fin principal pagar menos tributos. De hecho, asegura, el ahorro finalmente fue marginal, pues se pagó primero por los supuestos “derechos de imagen” y luego se agregó el 8%. El objetivo era cumplir una exigencia de Jorge Sampaoli, quien quería manejar su dinero en el exterior porque eso le daba mayor flexibilidad, dadas las restricciones cambiarias existentes en Argentina.

La salida ideada para arreglar la irregularidad podría acarrearle otros problemas a la ANFP. Según explicó un abogado tributarista, si el pago a Impuestos Internos fue realizado por la asociación, el SII puede aceptarlo, pero la ANFP no tendría justificación contable haber incurrido en el desembolso, pues el impuesto era en realidad adeudado por Sampaoli y su equipo.

Los premios para el equipo técnico de la Roja ya habían hecho noticia la semana pasada, cuando se supo de modificaciones al acuerdo inicial sobre los bonos por desempeño que se le pagaron en la reciente Copa América. Originalmente, la ANFP destinó US$800 mil para Sampaoli y sus colaboradores como premio por el torneo continental, pero ahora se conoció la existencia de un contrato suscrito el 30 de septiembre pasado (casi tres meses después de terminado el certamen) que elevó la cifra a más de US$6 millones.

Tanto el Ministerio de Justicia, que está revisando todos los contratos y documentos contables de la ANFP para resolver si pide la cancelación de su personalidad jurídica (ver reportaje de CIPER “La ANFP arrinconada por el SII, la Fiscalía, el Ministerio de Justicia, la SVS y la amenaza de clausura), como la comisión que encabezó el ex contralor Ramiro Mendoza, ya habían puesto bajo la lupa los contratos entre Jadue y Sampaoli.

INVASIÓN A LA PRIVACIDAD

El entrenador de la selección nacional ha dado dos entrevistas -una a Canal 13 y otra a TVN- en las que se ha quejado de que la prensa ha invadido su privacidad al informar sobre el contenido de los contratos que firmó con la ANFP.

“Se habla más de contratos que de otra cosa. Hay una norma que se ha quebrantado, que es la confidencialidad de los contratos. Se están invadiendo temas privados que yo no puedo salir a aclarar a cada rato”, dijo el director técnico a Canal 13.

Los alcances de los contratos suscritos por el cuerpo técnico de la Roja también han sido noticia por la renuncia del ayudante de Sampaoli, Sebastián Beccacece, quien dejó el banco de la selección adulta para migrar al de la Universidad de Chile. Para materializar su renuncia, su contrato con la ANFP estableció una clausula de salida, que le impone a Beccacece pagar US$2,3 millones a la asociación para poder finiquitar la relación antes del término de contrato. Sampaoli y su ayudante han argumentado que este pago no debe hacerse, porque existiría un acuerdo de palabra entre Jadue -cuando era presidente de la ANFP- y Beccacece para eximir al ayudante técnico de esa clausula de salida. El Consejo de Presidentes de la ANFP no avaló esa versión y exigió, en su sesión del jueves 17 de diciembre pasado, que Beccacece pague la suma acordada.

anfp-sede-quilin-2La tensión entre el cuerpo técnico y la ANFP por estos desencuentros ha ido en aumento. La prensa deportiva especula que Sampaoli -nominado en la terna para definir al mejor entrenador de 2015 a nivel mundial- podría terminar renunciando a la Roja para emplearse en un club europeo. De hacerlo, y con el precedente de lo decidido por el Consejo de Presidentes en el caso de Beccacece, lo más probable es que la ANFP le exija a Sampaoli que pague su propia cláusula de salida, que se eleva a unos US$6 millones, según cifras citadas por La Tercera. Y si se produce esa controversia, posiblemente la hasta ahora exitosa relación de Sampaoli con el fútbol chileno terminará en el Tribunal de Arbitraje Deportivo de la FIFA (TAS).

CIPER intentó obtener una versión oficial de la ANFP, donde el gerente de comunicaciones, Héctor Olave, argumentó que la entidad no se puede a referir al tema, ya que se trata de un contrato entre privados sujeto a cláusulas de confidencialidad. Para conocer la versión de Sampaoli se tomó contacto con la jefa de prensa de la selección nacional, María José Vasconcelos, quien informó que el entrenador se encuentra de vacaciones y no es posible contactarlo.

Nota del editor: Este artículo fue actualizado el 13 de enero de 2016.