Los negocios de Lucía Hiriart: el desconocido multirut de la Fundación CEMA

La orden que recibió Diego Núñez en su oficina de La Serena fue la misma que el ministro Víctor Osorio dio a los otros 14 seremis de Bienes Nacionales del país: debían investigar en sus respectivas regiones qué había pasado con cada uno de los inmuebles que el Estado cedió gratis durante la dictadura a la Fundación CEMA Chile. El objetivo: informar cuántos siguen en manos de la entidad sin fines de lucro que preside desde hace 42 años Lucía Hiriart, cuántos están arrendados y cuántos fueron vendidos. En su respuesta –que el seremi anticipó en un comunicado el  11 de enero– Núñez informó que en la IV Región son tres las propiedades bajo su lupa: una en La Serena, una en Coquimbo y otra en Vicuña.

Lucia Hiriart
Lucía Hiriart

El seremi Núñez no lo sabía, pero tras esas propiedades se escondía el punto de partida de una ruta que CIPER descubrió y que lleva directamente a unos 186 rut distintos asociados a CEMA y a varios de los inmuebles que le regaló el régimen militar y que no figuran en los registros oficiales.

Lo ocurrido en la IV Región confirmó que nadie sabe hoy con certeza cuántos bienes le transfirió el Fisco a CEMA. La única lista oficial es la que elaboró el Ministerio de Bienes Nacionales y que incluye 134 inmuebles que le fueron donados entre 1977 y 1989 (ver lista). A ellos se agregan los casi 20 inmuebles que recibió en concesión la fundación, cuyo destino se desconoce.

Pero basta una mirada al catálogo de propiedades asociadas a cada uno de esos rut que descubrió CIPER, para comprobar que el listado de Bienes Nacionales es una mínima parte del volumen que llegó a tener el lucrativo imperio inmobiliario que edificó CEMA con la subvención del Estado. Y a la vez, del complejo entramado que levantó para ocultar y enajenar esos bienes fuera de toda fiscalización.

VÍCTOR M. AVILES: EL ABOGADO DE CEMA

Uno de los éxitos de CEMA en los ’70 y ‘80 fue su capacidad para ramificarse por todo el país y penetrar los sectores más populares a través de sus centros de madres, bajo el mando de la esposa de Pinochet. Con el apoyo de toda la estructura de administración del Estado, estableció una amplia red de sedes regionales, provinciales y comunales en los cientos de inmuebles que el régimen le donó. Fue quizás una de las estrategias más exitosas de la dictadura para sumar simpatizantes.

Una vez retornada la democracia, su modelo de financiamiento cambió: de depender de las subvenciones y donaciones del Estado -salvo por unos pocos municipios que le siguieron entregando recursos–, pasó a obtener sus ingresos casi exclusivamente de la venta y arriendo de esos inmuebles.

Hubo una excepción, pues lo que inexplicablemente se mantuvo fueron los aportes que por ley debían entregarle la Polla y la Lotería de Concepción, y que se cortaron solo a fines de 2005. Para graficar la cuantía de esos ingresos basta decir que entre 1994 y 2003, CEMA recibió de la Polla $1.300 millones.

Pero esas sedes y oficinas territoriales resultaron ser mucho más que eso: lo que CEMA hizo fue dar forma a una extensa red de filiales con personalidad jurídica, rut y patrimonio propios (ver listado). Para mantener esa estructura oculta por tantos años, ha sido clave el papel del abogado Víctor Manuel Avilés Mejías (esta nota fue actualizada: carta de Víctor Manuel Avilés Hernández y respuesta de la directora de CIPER).

Avilés Mejías fue abogado de la DINA y fiscal de la Fundación CEMA. De hecho, es él, como fiscal de la fundación, quien redujo a escritura pública en abril de 1979, un importante cambio a sus estatutos, los que fueron aprobados por el Ministerio de Justicia “por orden del Presidente de la República” en julio de 1981 (ver escritura).

En ese cambio, se creó el cargo de director administrativo de la fundación, el que fue ocupado por el coronel de Ejército Hugo Jara González (actual profesor de la Universidad Bernardo O’Higgins), con las más amplias facultades y poderes ya que, a proposición de Lucía Hiriart, el consejo de la fundación decidió delegar todas sus atribuciones y poderes en el nuevo director administrativo (a quien subrogaba el fiscal Avilés Mejías), principalmente respecto de adquirir, vender y administrar los bienes, cuentas corrientes y depósitos a plazo y créditos en bancos, además de celebrar toda clase de contratos.

En ese nuevo entramado muy pronto toda la administración de las propiedades –arriendos, venta y recepción de inmuebles donados- quedó en manos exclusivas del fiscal de CEMA. El abogado Avilés Mejías tenía experiencia en apropiación de activos del Estado. Además de su participación en la DINA, en diciembre de 1973 fue nombrado por Pinochet como representante del Ministerio de Economía en el “Consejo Coordinador de Adquisiciones y Enajenaciones de las Fuerzas Armadas”.

En 2004, cuando estalló el escándalo por la cuantiosa fortuna que la familia Pinochet mantenía oculta en el Banco Riggs y otras entidades financieras en el extranjero, fue el mismo abogado Víctor Manuel Avilés Mejías quien ungió de interlocutor de los dineros y propiedades que manejaba CEMA con los ministros que llevaron el juicio en Chile.

Bien poco fue lo que aportó Avilés Mejías. Porque ya entonces los peritajes policiales establecieron que no había registros contables históricos. Tampoco de las propiedades que recibió la Fundación CEMA del Estado. Y también, que la entidad no había cumplido por largos años –salvo en el último periodo- con su única obligación como entidad sin fines de lucro: enviar al Ministerio de Justicia su memoria y balance anual.

Y así como muchas de las propiedades que el Estado le donó fueron ingresadas a sus registros con valor $1, no hubo forma de saber el destino de los millones que faltaron de los $1.248 millones que le pagó la Universidad Mayor a CEMA por la casona “El Claustro del Novecientos” (Portugal Nº 351, allí funcionó la Corporación de Mejoramiento Urbano, CORMU, hasta septiembre de 1973) y que jamás ingresaron a la caja de CEMA. Tampoco quedó ni una sola huella de la llamada “Unidad de Exportaciones” de la fundación ni del inmueble que compró CEMA en Washington para habilitar una sede y que funcionó entre 1981 y 1987 a cargo del oficial Sergio Fernández Castillo.

Los nuevos antecedentes hallados por CIPER cambian por completo el escenario, precisamente en los días en que la Corte de Apelaciones de Santiago debe revisar el recurso que presentó el Consejo de Defensa del Estado para reabrir la investigación sobre el patrimonio de la entidad que controla la familia del ex dictador Augusto Pinochet. Porque la Fundación CEMA Chile ya no es una sola entidad, como se ha creído hasta ahora.

SEIS RUTS PARA UN MISMO NOMBRE

Han existido al menos seis personas jurídicas distintas con el nombre Fundación CEMA Chile, aunque sólo dos siguen vigentes. Las cuatro restantes presentaron término de giro ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) hace ya varios años (ver certificados). La primera lo hizo en 1990, mientras que las otras tres lo hicieron en 2003, poco antes de que la fundación pasara a ser parte de la investigación judicial por la fortuna que la familia Pinochet tenía oculta en el extranjero.

De las dos que quedan, una es la que todos conocen: aquella que tiene su domicilio en Providencia y que supuestamente maneja todo el patrimonio de la fundación. La otra, en cambio, tiene su sede en Iquique, en la misma dirección que se anuncia en el sitio web de CEMA, y maneja su propio patrimonio. De hecho, según su informe comercial, es titular de tres inmuebles en esa ciudad con un avalúo fiscal que suma más de $68 millones. Esas propiedades hasta hoy no figuran ni en las nóminas del Ministerio de Bienes Nacionales ni en los informes periciales de la Policía de Investigaciones (PDI), y tampoco en los catastros que la misma fundación ha entregado a la justicia.

placa-fundacion-cema-chileCuando en noviembre de 2015 el pinochetismo conmemoraba el centenario del ex dictador, CIPER publicó un reportaje que entregó tres revelaciones importantes. Primero, que la fundación que controla la viuda de Pinochet sigue vendiendo las propiedades que obtuvo gratis del régimen militar. Segundo, que sus ingresos por ese concepto ya se alzan por sobre los $6.300 millones, incluyendo las ventas de terrenos a las universidades Bernardo O’Higgins, Mayor y San Sebastián. Y tercero –quizás lo más importante–, que aún hoy se desconoce el número real de bienes que le fueron transferidos por el Estado a CEMA y el destino final de los dineros que ha obtenido por su venta (ver reportaje de CIPER).

Fue a partir de esa investigación de CIPER que los ministerios de Justicia y Bienes Nacionales iniciaron una ofensiva coordinada con el CDE para tratar de recuperar los bienes que todavía estén en poder de CEMA. En esa estrategia, cada institución cumple un rol. Lo que viene depende en gran parte de lo que resuelva la Corte de Apelaciones frente al recurso que presentó el CDE.

Ahora, con la nueva arista del “multirut de CEMA” que revela CIPER en este reportaje, se abre un área desconocida en esa investigación. ¿Cuántas filiales ha creado CEMA? ¿Cuántos inmuebles poseen en total? ¿Cuántos ya han sido vendidos y a dónde han ido a parar esas platas? ¿Qué otros negocios han realizado?

Al menos 12 filiales de CEMA siguen activas. Sólo entre ellas suman un patrimonio inmobiliario cuyo avalúo fiscal bordea los $4.545 millones. Falta dimensionar en ese cálculo todos los inmuebles que pueden estar repartidos entre los otros 174 ruts vinculados a CEMA que pudo detectar CIPER. Y si bien todos registran término de giro ante el SII, por lo que no debieran realizar actividades comerciales, los hechos demuestran que no es así: algunas de esas filiales “inactivas” aún arriendan o venden bienes raíces. Así lo prueba lo ocurrido con la primera propiedad que CIPER descubrió y que dio origen a este reportaje.

COQUIMBO: LA PUNTA DE LA MADEJA

La hebra parte en La Serena, a media cuadra de la Plaza de Armas, en uno de los inmuebles que el seremi Diego Núñez dijo estar investigando: la casa ubicada en Los Carrera Nº 564. La propiedad pasó a ser de CEMA en 1985, cedida por el Ministerio de Bienes Nacionales a través de un decreto supremo. Como la fundación sólo la ocupaba parcialmente, en abril de 2014 le arrendó una parte a la Municipalidad de La Serena para que se instalara allí un centro para desarrollar un programa conjunto con el Sernam, enfocado en dar tratamiento a hombres que han abusado de sus parejas. Cuando el contrato se renovó en marzo de 2015, el precio a pagar por el municipio fue de $450 mil mensuales (https://dev.ciperchile.cl/mujeres-solteras-de-merida-venezuela/). Pero lo más llamativo en ese documento es la entidad propietaria: no es CEMA, sino que una de sus filiales.

En la Cuarta Región han existido cinco filiales de CEMA: una en La Serena, dos en Coquimbo, una en la provincia de Elqui y una en Salamanca; todas con rut distinto y oficialmente inactivas (dating apps de san pedro). La última en poner término a su giro fue la Fundación CEMA Chile IV Región Coquimbo, y lo hizo en enero de 2007. A pesar de ello, es la misma entidad (con el mismo rut) que ocho años después figura como titular en los contratos de arriendo con la municipalidad.

Sede de CEMA en Los Carrera 566, en La Serena
Sede de CEMA en Los Carrera 566, en La Serena

En su ligar chicas bellvei, Fundación CEMA Chile IV Región Coquimbo aún aparece como dueña de seis inmuebles, cinco de los cuales fueron antes propiedad fiscal. Pero sólo uno está incluido en la nómina del Ministerio de Bienes Nacionales: la casa de calle O’Higgins Nº 262, en Vicuña, también mencionada por el seremi en su comunicado.

En la lista del ministerio no aparecen ni las tres direcciones de Ovalle ni la vivienda de Padre Cornelio Van Speek Nº 22, en Coquimbo, que sí están en su informe Dicom. Esta última supuestamente fue vendida en 2002 en apenas $3 millones, pero en los registros del SII todavía figura como propiedad de CEMA (https://dev.ciperchile.cl/creixell-dating-websites/). Los cuatro inmuebles son parte de un lote de más de 50 bienes raíces que CIPER identificó a fines de 2015 y que a pesar de haber sido transferidos a CEMA por el mismo ministerio, no figuran en sus registros (algaida pagina conocer gente).

La sexta propiedad vinculada a la filial de CEMA en Coquimbo no aparece en ninguno de los catastros de bienes conocidos de la fundación. Ubicada en Aníbal Pinto Nº 3092, en el sector Vista Hermosa de La Serena, tiene un avalúo fiscal de $17 millones. No hay información respecto al origen de ese inmueble.

Tampoco hay información en ese informe sobre la casa que le arrienda al municipio de La Serena. Simplemente no aparece entre los inmuebles que pertenecen a Fundación CEMA Chile IV Región Coquimbo, aunque en los contratos dice claramente que esa entidad es la propietaria. En la municipalidad dicen no saber si el inmueble fue vendido. Y aunque la información disponible en el sitio web de Impuestos Internos señala que el dueño actual es una empresa privada, una vez cotejados los archivos correspondientes en el Conservador de Bienes Raíces de La Serena,  se constata que el inmueble sigue siendo propiedad de CEMA Chile (actualizado).

LAS 12 IDENTIDADES VIGENTES DE CEMA

No había nadie el martes 26 de enero en la sede que tiene CEMA en la calle Veteranos del 79, en Concepción, a un costado del Parque Ecuador. Estaba cerrado por vacaciones. Por eso nadie le abrió al seremi de Bienes Nacionales del Bío Bío, Eric Aedo, cuando llegó a inspeccionar. Ésa es una de las cinco propiedades que están en la VIII Región y que, de acuerdo a los registros del ministerio, fueron cedidas a CEMA. Y según dijo Aedo a Radio Bío Bío, probablemente esté pronta a salir a la venta. Sería un gran negocio: la casa tiene una tasación fiscal que supera los $502 millones. Su valor comercial es mucho más que eso. Si la Fundación CEMA Chile Concepción, que es la verdadera dueña de esa y otras ocho propiedades en la región, la sacara al mercado, se estima que podría obtener fácilmente unos $2.200 millones de pura ganancia.

Fundación CEMA Chile Concepción es la verdadera identidad de CEMA en el Bío Bío. Fue esa filial la que vendió a fines de 2014 el inmueble de Chillán y que permitió a CIPER descubrir más de 100 propiedades que le fueron cedidas por el Estado y que no aparecen en los registros. Es también la que maneja el mayor patrimonio: el valor fiscal de sus inmuebles supera los $1.133 millones, lo que equivale a una cuarta parte de lo que suman las 12 filiales de CEMA que aún están vigentes (ver certificados).

Sede de CEMA en Linares, calle Chacabuco 467. El inmueble es propiedad de Fundación CEMA VII Región del Maule.
Sede de CEMA en Linares, calle Chacabuco 467. El inmueble es propiedad de Fundación CEMA VII Región del Maule.

Todas ellas registran algún tipo de actividad tributaria. Algunas tienen como giro la venta al por menor de artesanías. Otras, los servicios personales de educación. Unas tributan por actividades de asesoría empresarial y en materia de gestión o simplemente por un giro más genérico y ambiguo: “actividades de otras asociaciones”. Pero todas tienen algo en común: son los vehículos que ha creado CEMA para administrar su millonario patrimonio inmobiliario.

La fundación de Lucía Hiriart tiene una “identidad secreta” doble en la región de Valparaíso. Allá opera bajo dos ruts: uno es el de Fundación CEMA Chile 5ª Región; el otro, el de Fundación CEMA Chile Viña del Mar. Sólo la primera posee inmuebles: un sitio en Los Andes avaluado en más de $53 millones y que hasta ahora no figura en ninguno de los listados conocidos con el detalle de sus propiedades.

Poco más al sur, en las regiones de O’Higgins y el Maule, CEMA también funciona a través de personas jurídicas independientes. La Fundación CEMA Chile VI Región es dueña de inmuebles distribuidos en las comunas de Rancagua, Peumo, Rengo, Pumanque, San Fernando, Chimbarongo, Nancagua, Placilla y Olivar. Por su parte, la Fundación CEMA Chile VII Región del Maule posee 17 propiedades en ocho comunas diferentes. En ambos casos, gran parte de los inmuebles proviene de donaciones fiscales o municipales.

En el norte, lo mismo pasa en Antofagasta y la Fundación CEMA Chile Provincia El Loa. Y en la zona austral, CEMA tiene filiales con rut vigente en las regiones de La Araucanía, Los Lagos, Los Ríos y Aysén.

El ministro de Bienes Nacionales, Víctor Osorio, aseguró a CIPER que “no hay ninguna otra organización de la sociedad civil o del sector privado que haya recibido tantas propiedades gratis del Estado como CEMA”. Su aseveración se basa sólo en las 134 propiedades de las cuales consta registro en los archivos y catastros del ministerio. Lo extraño es que no considera las otras propiedades que CIPER encontró en noviembre ni aquellas que están repartidas en la red de personas jurídicas vinculadas a CEMA. Simplemente porque la existencia de esta red era hasta ahora desconocida.

LA TRIPLE VÍA PARA RECUPERAR LOS INMUEBLES

El gobierno empezó a mover las piezas del tablero ofensivamente a comienzos de diciembre pasado. Los primeros en sentarse a la mesa fueron los abogados del Ministerio de Justicia y del Consejo de Defensa del Estado. Buscaban una fórmula para impedir que CEMA siguiera lucrando con las propiedades que le regaló el Estado, y para ello debían actuar coordinados. Delinearon entonces un plan para atacar por dos frentes distintos: uno administrativo y otro judicial.

En lo formal, CEMA ha cumplido con la entrega de información que le exige la ley: en la Subsecretaría de Justicia están todas sus memorias y balances desde 1994 hasta 2014. Pero es poco lo que se puede inferir de esos documentos. La información que contienen es muy vaga y no incluyen datos desagregados respecto a la venta de inmuebles ni otras fuentes de ingresos. Menos sobre su red de filiales. Es por eso que desde Justicia ya le pidieron a CEMA que informe en detalle sobre la venta de bienes raíces, el destino y las inversiones que se han hecho con esos ingresos y las actividades que realiza para cumplir sus objetivos. La primera respuesta fue insatisfactoria. Mientras se espera una segunda réplica más detallada, el ministerio puso a un grupo de especialistas a revisar toda la información contable de la fundación.

Pero como la cartera de Justicia no tiene las atribuciones ni las herramientas para hacer un catastro exhaustivo de los inmuebles que el Estado regaló a CEMA desde 1974 a la fecha, ahí es donde se incorpora el Ministerio de Bienes Nacionales.

La cartera que dirige Víctor Osorio se comprometió a actualizar la nómina de inmuebles cedidos a CEMA. Osorio sabe que los 134 que ya tienen acreditados son sólo una pequeña parte del total. Para cumplir su tarea, tendrían que revisar los antecedentes disponibles en sus propios sistemas de catastro, en sus archivos físicos y en cada secretaría regional. También solicitar antecedentes al Archivo Nacional y al SII. Y salir a fiscalizar en terreno cada una de las direcciones individualizadas. La idea es llegar lo más cerca posible a un número definitivo de propiedades entregadas a la fundación, determinar cuántas fueron vendidas, cuántas siguen en su poder y qué uso se les está dando.

Juan Ignacio Piña, presidente del CDE, junto al ministro de Bienes Nacionales, Víctor Osorio.
Juan Ignacio Piña, presidente del CDE, junto al ministro de Bienes Nacionales, Víctor Osorio.

Con los dos ministerios recopilando datos, el CDE se concentró en la vía judicial. Como la arista CEMA del Caso Riggs está paralizada desde que el ministro Manuel Valderrama la sobreseyó de manera temporal en agosto de 2013, su misión inmediata es hacer que se reactive. El primer paso fue requerir la reapertura a Javiera González, la ministra que quedó a cargo de la causa luego de que Valderrama pasara a integrar la Corte Suprema.

Más que reactivar la investigación, lo que el CDE pedía era abrir una nueva arista que poco o nada tiene que ver con las cuentas de la familia Pinochet en el extranjero, pero sí con los traspasos de bienes desde el Estado a la fundación, su posterior venta y el destino final de ese dinero. González consideró que la petición no tenía relación con la causa original, así que la derivó al presidente de la Corte de Apelaciones, el ministro Mauricio Silva, quien dejó la decisión en manos del 34° Juzgado del Crimen. Allí la jueza Claudia Salgado revisó la solicitud y la rechazó (ver resolución). Eso ocurrió el 29 de diciembre.

El CDE volvió a la carga con un recurso que ingresó a la Corte de Apelaciones y que será revisado próximamente. De lo que pase allí depende casi toda la estrategia que busca devolver al patrimonio del Estado el dominio de los inmuebles que se entregaron a CEMA.

Pase lo que pase en el tribunal, en los ministerios y en el CDE tienen claro que sus posibilidades de recuperar las propiedades dependen de la propia continuidad de CEMA.  Por eso deben evitar a toda costa que se le cancele la personalidad jurídica. Si eso ocurre, el plan que diseñó Lucía Hiriart para no perder el millonario patrimonio que logró acumular CEMA se pondría en marcha y los bienes de CEMA pasarían directamente a formar parte del patrimonio de su familia.

De acuerdo al estatuto vigente de la Fundación CEMA, en caso de disolución, una parte de su patrimonio se entregaría a la Corporación de Damas de la Defensa Nacional y la otra iría a parar directamente a manos de la “Fundación de Apoyo Social”, entidad sin fines de lucro creada en 1983.

El único directorio que se le conoce lo encabeza la propia Lucía Hiriart y lo integran sus tres hijas como vicepresidentas: Lucía, María Verónica y Jacqueline Pinochet Hiriart. La secretaria general de la Fundación de Apoyo Social es Margarita Moreno Zambrano, quien fuera jefa de gabinete de Lucía Hiriart y actual suplente del notario Eduardo Avello en Santiago. Entre sus directores, destacan: Tatiana Hiriart Rodríguez (hermana de Lucía Hiriart), Adriana Benavente de Canessa (esposa del ex vicecomandante en jefe del Ejército y ex senador designado, Julio Canessa), Gastón Acuña Mac-Lean y el reverendo Alfredo Ruiz Tagle.

Carta de V.M. Avilés Hernández y respuesta de la directora de CIPER

El abogado Víctor Manuel Avilés Hernández envió la siguiente carta a CIPER, luego de lo cual este reportaje fue modificado: lea aquí la carta.

Respuesta de Mónica González, directora de CIPER:

1-. Luego de la comunicación del abogado Víctor Manuel Avilés Hernández, hicimos una exhaustiva investigación sobre la identidad del abogado que se comunicó con distintas autoridades del país para recabar información sobre el desarrollo de algunas de las investigaciones administrativas en curso que se refieren a la Fundación Cema Chile, y que dijo ser “abogado” e “hijo del abogado Víctor Manuel Avilés Mejías”, lo que nos permitió contar con nuevos antecedentes y en base a ello llegar a la convicción de que esa persona no es el abogado Víctor Manuel Avilés Hernández.

2-. Por razones que hasta ahora no es posible precisar, alguien se hizo pasar por el abogado Víctor Manuel Avilés Hernández, el único hijo hombre de Avilés Mejías, abogado que efectivamente trabaja para la Fundación Cema Chile.

3-.  El abogado Víctor Manuel Avilés Hernández no ha participado en ninguna gestión que diga relación con los actos irregulares por los que hoy está siendo investigada la Fundación Cema Chile, que dirige aún la señora Lucía Hiriart.

4-. Lamentamos los inconvenientes que esta situación haya ocasionado al señor Avilés Hernández.

Mónica González

Directora

 

NOTA DE LA REDACCIÓN

En la versión original de este reportaje se informó que la casa de calle Los Carrera 564, en La Serena, que fue transferida gratuitamente a la Fundación Cema Chile en 1985, era hoy propiedad de Inmobiliaria Santillana. La fuente de esa información es el registro oficial de avalúos fiscales del Servicio de Impuestos Internos (SII), organismo que tenía un error en los datos publicados en su sitio web. Es la primera vez desde que el SII tiene estos antecedentes disponibles a través de su sitio web, que este equipo se topa con un error de esa naturaleza. Tras revisar los documentos originales del Conservador de Bienes Raíces de La Serena, pudimos comprobar que Cema Chile sigue siendo propietaria de la casa y por lo tanto la Inmobiliaria Santillana no tiene ninguna relación con el inmueble. Lamentamos los problemas que pudo provocarle a esta empresa y a su propietario el error en la información.

Lavado de activos: Cómo se cocinó el cambio legal que eliminó el riesgo de cárcel para el delito de cuello y corbata

El ex subsecretario de Minería Pablo Wagner es por lejos el más complicado de los políticos imputados en la investigación por los pagos irregulares del Grupo Penta: enfrenta una acusación triple por delito tributario, cohecho y lavado de activos. Pero podría ser peor. Si no hubiera sido por un cambio legal que entró en vigencia en febrero de 2015, poco antes de que lo formalizaran, probablemente arriesgaría penas de cárcel efectiva. No tanto por el uso de boletas falsas o el supuesto soborno que recibió del holding controlado por Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, ambos delitos con muy bajas sanciones en el ordenamiento jurídico chileno, sino que por el lavado de dinero. La pena partía en los cinco años y un día y podía extenderse hasta los 15 años de cárcel. Entonces, de haber resultado culpable, la libertad vigilada no habría sido para él una opción. Pero el Congreso aprobó una modificación de las penas y abrió una puerta de salida a todos los imputados por delitos económicos y casos de corrupción que además cargan con una acusación por blanquear las ganancias obtenidas ilícitamente.

Pablo Wagner
Pablo Wagner

El lavado de activos se define como el uso de distintos mecanismos para ocultar o disimular ingresos originados en actividades ilegales e introducirlos en el sistema económico y financiero (ver definición). Pero no cualquier ganancia ilícita puede derivar en lavado. Al menos no en la legislación chilena. La ley establece un catálogo limitado de delitos que sirven de base para el blanqueo de activos. Ahí están el narcotráfico, terrorismo y tráfico de armas, además de algunos delitos vinculados a hechos de corrupción, como el cohecho y otros asociados a las leyes que regulan el mercado de valores y el sistema bancario (ver ley). Con la modificación de comienzos de 2015, esa lista se amplió. Qué nuevos delitos serían incluidos fue uno de los principales rounds que se dieron en el Congreso durante la larga tramitación de la nueva ley. Al final, se agregaron la asociación ilícita, la trata de personas, la pornografía infantil, el contrabando, la piratería (propiedad intelectual) y el que es considerado como el más grave de los delitos tributarios: la devolución fraudulenta de impuestos.

Mientras que algunos de los delitos en la lista tienen penas muy altas, en otros las sanciones son bajísimas. Es el caso de varios delitos económicos y de corrupción. Por eso fue que en el Congreso se agregó también un nuevo párrafo que estableció una regla de proporcionalidad que cambiaría en adelante cómo se sanciona el blanqueo de capitales en Chile: la pena por lavado no podrá superar la sanción máxima del delito base que le precede.

Fue esa modificación la que hizo que las sentencias que pedía la Fiscalía Centro Norte para los tres ex ejecutivos de La Polar –Pablo Alcalde, María Isabel Farah y Julián Moreno–, principales responsables de uno de los mayores fraudes corporativos de la última década, se fueran desinflando hasta el punto en que prácticamente se esfumaron las posibilidades de que cumplieran penas efectivas de cárcel (ver reportaje de CIPER). Ese mismo cambio legal fue el pilar de las negociaciones que lideró el fiscal José Morales para acordar un juicio abreviado que permitió que los tres fueran condenados, aun cuando no pisen ni un solo minuto la cárcel: el acuerdo fue una pena de cinco años que Alcalde, Farah y Moreno cumplirán en libertad.

Un efecto similar está teniendo sobre la investigación que llevan adelante los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena por la entrega fraudulenta de acreditaciones universitarias (ver reportaje de CIPER). Tanto el ex presidente interino de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), Luis Eugenio Díaz, como los ex rectores de las universidades del Mar y Pedro de Valdivia, Héctor Zúñiga y Ángel Maulén, enfrentan acusaciones por cohecho y lavado de activos. Por ese último delito, en diciembre de 2014 la fiscalía pidió para cada uno una pena de cinco años y un día (ver acusación). Tres meses después cambió la norma y la petición se desinfló. Ahora, como mucho, arriesgan una sentencia que en su versión más severa podría alzarse hasta los tres años, pero lo más probable es que llegue a los 541 días en el caso de Díaz, quien también enfrenta una acusación de fraude tributario. Lo mismo corre para Zúñiga y Maulén, aunque en su caso hay posibilidades de que la pena sea incluso menor, de apenas 61 días. Fue así que se allanó el camino a una negociación aún en curso para acordar un juicio abreviado.

La idea de cambiar la norma partió tras la evaluación que el capítulo sudamericano del Grupo de Acción Financiera para el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (GAFISUD) realizó en 2006 sobre cómo en Chile se perseguía el lavado de dinero (ver informe). El resultado fue lapidario: el país no cumplía los estándares, y si quería ser parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), tendría que hacer algo al respecto.

La legislación chilena no contemplaba todos los delitos base recomendados por los organismos internacionales, no existía una normativa que previera el decomiso de bienes de origen ilícito ni había mecanismos de coordinación eficaces entre las distintas instituciones encargadas de perseguir el lavado. Más deficientes todavía eran los canales de cooperación con jurisdicciones extranjeras. El secreto bancario aún era un impedimento para que la Unidad de Análisis Financiero (UAF), la entidad que depende del Ministerio de Hacienda y que está encargada de “prevenir e impedir la utilización del sistema” para lavar activos y financiar el terrorismo, pudiera acceder sin trabas a información confidencial. El número de entidades públicas y privadas obligadas a reportar operaciones sospechosas aún era limitado, todavía no existía la responsabilidad penal de personas jurídicas y no había datos fehacientes que permitieran medir la efectividad de la institucionalidad vigente para perseguir penalmente estos delitos.

Luis Eugenio Díaz, Héctor Zúñiga y Ángel Maulén
Ángel Maulén, Luis Eugenio Díaz y Héctor Zúñiga el día de su formalización.

Sobre las sanciones penales, el GAFISUD sólo recomienda que sean proporcionales, ya que cada país condena de forma distinta los diferentes delitos base. Por eso, la fórmula que finalmente se aplicó en Chile con el detalle de qué delitos serían incluidos en el catálogo y qué penas se aplicarían, fue de factura 100% nacional.

Para algunos abogados consultados por CIPER, lo que resultó de ese proceso terminó estableciendo dos categorías para castigar el lavado de dinero: la de los narcos que pagan con cárcel y la del delincuente de cuello y corbata que cumple su sentencia en libertad. Otros dicen que no es tan así, y que lo que se promulgó fue la única vía para hacer que el sistema judicial accediera a aplicar condenas en este tipo de casos y así mejorar su persecución, facilitando la incautación de bienes, independiente de si la condena termina o no enviando al imputado a la cárcel. Varios aseguran también que respecto a las sentencias, el problema no está tanto en la ley de lavado, sino que en las bajas penas de los delitos base. En lo que todos sí están de acuerdo, es en que los jueces siguen reacios a fallar contra los acusados de blanquear activos originados en juicios de corrupción y delitos económicos, porque entre ellos aún está radicada la cultura de que el lavado es un delito sólo de traficantes.

LA VIEJA ESCUELA DEL LAVADO

Al principio, el lavado de activos era un delito asociado exclusivamente al narcotráfico. Apareció tipificado recién en 1995 como parte de la antigua Ley de Drogas. Pero no hubo ninguna condena en esa primera etapa. Cinco años después, Chile se hizo parte del GAFISUD y en 2003 se promulgó la ley que dio origen a la UAF, ampliando también el catálogo a otros delitos base, siguiendo la tendencia internacional. El lavado ya no era sólo algo de narcos, sino también de traficantes de armas, terroristas, pedófilos, proxenetas, secuestradores, infractores de las leyes de mercado de valores y de bancos, así como funcionarios públicos corruptos. No eran todos los delitos recomendados por los organismos internacionales, pero era un inicio. Para todos corría la misma sanción: desde cinco años y un día hasta 15 años de prisión. Aun así, en los dos años que siguieron ningún juez sentenció a nadie por lavado de activos: la estadística de condenados por la justicia antigua por blanqueo de dinero quedó en cero.

La Reforma Procesal Penal vino aparejada de un aumento en las causas que perseguían el lavado de activos. También comenzaron a aparecer condenas. La primera fue en 2007, por un caso de tráfico de drogas que investigó José Morales cuando era fiscal jefe de Los Vilos. La segunda, la tercera, la cuarta y la quinta también fueron por delitos asociados al tráfico de estupefacientes. Lo mismo con la gran mayoría de las sentencias que vinieron en los años siguientes: la concepción del lavado como un delito de narcos nunca desapareció.

Son 81 las condenas que el Poder Judicial ha dictado entre 2007 y 2015 por lavado de dinero. De ellas, el 78% fue por tráfico de drogas. Por casos de corrupción sólo ha habido 12 sentencias y apenas una por infringir la Ley de Mercado de Valores: la que involucra a los tres ex ejecutivos de La Polar. Lo que más llama la atención es que todas las que han tenido como base la malversación de fondos públicos, el fraude al Fisco, el cohecho o cualquier otro delito económico o de corrupción, han sido obtenidas a través de juicios abreviados. Es decir, producto de una negociación entre las fiscalías y las defensas de los imputados. Ninguno puso un pie en la cárcel. Más que sentencias, son acuerdos entre persecutores y perseguidos que luego son ratificados por el tribunal. Si no hay acuerdo, se van a juicio oral. Y cada vez que eso ha ocurrido, los acusados han terminado absueltos.

Mauricio Fernández
Mauricio Fernández

–Si se le pregunta a cualquier juez oral de Chile si está dispuesto a condenar a cinco años y un día por lavado a un imputado que cometió un delito base que tiene una pena máxima de 541 días, o incluso de tres años, ninguno dirá que sí. Es más, no hay ni un solo fallo que demuestre que eso haya ocurrido. Simplemente no se ha dado. Si propusimos una norma de proporcionalidad, fue después de analizar lo que estaba pasando: fue una estrategia para fomentar que otros delitos sean investigados por lavado, sobre todo los económicos, y que efectivamente puedan terminar en condena –dijo a CIPER Mauricio Fernández, director de la Unidad de Lavado de Dinero, Delitos Económicos y Crimen Organizado (ULDDECO) de la Fiscalía Nacional.

Más de 13 años lleva Fernández a cargo de esa unidad, y fue desde esa posición que se convirtió en uno de los principales promotores de los cambios a la ley que persigue el lavado de activos. Él representó al Ministerio Público durante los nueve años que se tramitó el proyecto en el Congreso. Participó en las comisiones parlamentarias y en las reuniones de coordinación con el Ejecutivo. De hecho, fue clave para destrabar el muñequeo más duro que se dio en todo el proceso: llegar a un acuerdo sobre qué delitos serían incluidos en el catálogo y en cómo solucionar la disparidad entre las penas del lavado y las del delito base.

LA MODIFICACIÓN ENTRA AL HORNO

El diputado Juan Bustos (PS) fue el primero en notar que tras la redacción, tal como estaba, había un gran riesgo. Era el 12 de diciembre de 2007, y en esa sesión de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados se discutía el contenido del texto que el gobierno de Michelle Bachelet poco antes había ingresado al Congreso para su tramitación. Cuando llegaron a la parte en que el Ejecutivo proponía limitar las penas por lavado de activos para equipararlas a las de cada delito base, a Bustos, que era penalista, no le gustó y pidió aplazar la votación para buscar una fórmula alternativa. El parlamentario –quien murió ocho meses después– consideró que el nuevo párrafo propuesto podría “crear un problema de confusión conceptual, ya que podría darse el caso de defraudaciones importantes cuya pena límite será la establecida para el delito base”.

Juan Bustos
Juan Bustos

En todo caso, el proyecto no partió con el texto del Ejecutivo, sino que como una moción que un grupo de siete parlamentarios presentó en agosto de 2006 con la única intención de levantar el secreto bancario para las investigaciones de lavado (ver historia de la ley). El proyecto original era simple y acotado: con dos artículos, pretendía que los fiscales pudieran investigar movimientos financieros y sortear la confidencialidad de la información bancaria con la sola autorización de un juez de garantía. Exactamente lo mismo que el Tribunal Constitucional (TC) había echado abajo ese mismo año en la tramitación de un proyecto previo por falta de quórum (ver sentencia del TC).

Fue en esa moción que la primera administración de Bachelet vio la oportunidad de incluir una reforma mucho mayor que extendiera los límites de la UAF y el Ministerio Público para prevenir y perseguir el blanqueamiento de capitales, tal como lo recomendaba GAFISUD. Por eso, en 2007 presentó una “indicación sustitutiva total” que cambió por completo la iniciativa (ver recuadro). Fue entonces que aparecieron por primera vez sobre la mesa los nuevos delitos base y la regla de penas proporcionales. Las riendas de la tramitación las tomó el Ministerio de Hacienda a través de su entonces asesora y posterior jefa de la UAF, Tamara Agnic, actual superintendenta de Pensiones, hoy fuertemente cuestionada por permitir que Cuprum y Provida crearan AFPs de papel para fusionarse y así obtener millonarios beneficios tributarios (ver reportaje de CIPER).

Tres años demoró el proyecto en pasar al Senado. Para cuando eso ocurrió, en agosto de 2009, la Cámara había aprobado dos cambios sustanciales. Primero, incluir al catálogo de delitos base todas las infracciones contempladas en la Ordenanza de Aduanas y en las leyes de propiedad intelectual e industrial, además de todas las estafas del Código Penal y las asociaciones ilícitas. Se ampliaba así enormemente el campo de acción para la fiscalía y la UAF. Pero lo segundo fue lo más importante: la fórmula más “flexible y diferenciada” que propusieron los diputados Juan Bustos, Jorge Burgos (DC, hoy ministro del Interior) y Cristián Monckeberg (RN) para reemplazar la regla de proporcionalidad planteada inicialmente por el gobierno.

La nueva fórmula ya no limitaba las penas del lavado según la sanción del delito base. En cambio, lo que la Cámara aprobó fue una nueva pena única que podía variar entre los 541 días y los cinco años cuando el delito que precede el lavado no tuviera pena de crimen. A eso se sumaba una multa de 200 hasta 1.000 UTM. Así quedaban establecidas dos penas distintas para el lavado de dinero: para los delitos base con sanciones sobre los cinco años se mantenía el castigo original, de hasta 15 años, mientras que la nueva pena se aplicaría para todos los delitos sancionados con menos de cinco años. Una propuesta que el Ministerio Público y el gobierno apoyaron inicialmente porque respetaba la proporcionalidad y mantenía la autonomía del lavado de activos sin disminuir tanto las penas, como habría ocurrido al limitarlas según las del delito base.

Ninguno de esos acuerdos sobreviviría a su paso por el Senado ni a la implacable podadora del asesor externo que definió el futuro del proyecto.

ACOSTA Y SU PODADORA

Más de un año demoró la Comisión de Constitución del Senado en aprobar en general el proyecto tal cual salió de la Cámara. Y aunque hubo senadores que señalaban lo imperativo que era terminar 2010 con la ley aprobada para cumplir con las exigencias de la OCDE, a partir de noviembre de ese año, cuando el texto volvió a manos de la comisión para su discusión en particular, en vez de apurarse todo se puso más lento.

La ralentización coincidió con el cambio de timón que trajo la administración de Sebastián Piñera. Según cuenta a CIPER un abogado que trabajó esos años en el Ministerio de Hacienda, la decisión del nuevo gobierno “fue quitarle las riendas del tema a la UAF, la que empezó a participar cada vez menos debido a una discrepancia respecto de los delitos base que se estaban incluyendo. Agnic quería agrandar la lista con todas las recomendaciones de GAFISUD, una institución que ella incluso llegó a presidir durante 2012. Pero el gobierno de Piñera, al contrario, intentaba achicar la lista”.

Juan Domingo Acosta
Juan Domingo Acosta

En 2011 la comisión del Senado sólo discutió el tema una vez, en una sesión de enero, y el trabajo no se retomó sino hasta agosto de 2012. Después de siete sesiones en que se revisó el proyecto, a fines de octubre de ese año el texto quedó a la espera de nuevas indicaciones del Ejecutivo, las que demoraron otros siete meses en llegar. Para entonces, ya había intervenido el influyente asesor externo que provocó un profundo recorte en el catálogo de delitos base y que propuso echar abajo la fórmula de los diputados para la proporcionalidad de las penas: el abogado Juan Domingo Acosta. Este reputado penalista defendió a los ejecutivos de Farmacias Cruz Verde en el juicio por colusión de precios y ha representado a la familia de Carlos Alberto Délano y los intereses de Minera Dominga en la investigación contra el ex subsecretario Pablo Wagner por supuesto cohecho y el consecuente lavado de activos.

Acosta todavía era socio en su estudio de abogados con el senador Alberto Espina (RN) cuando intervino en octubre de 2012 ante la comisión de Constitución del Senado, de la cual Espina es miembro. El tercer socio era el fallecido abogado Carlos Zepeda, un cercano consejero del entonces Presidente Sebastián Piñera, quien lo nombró presidente del directorio de TVN. Espina, Zepeda & Acosta llegó a ser llamado “el estudio de abogados preferido de La Moneda”. Pese a la presencia de su socio Espina en la comisión, Acosta aseguró a CIPER que no fue el senador quien lo invitó a participar en el análisis de los cambios legales: dice que asesora tanto a esa como a otras comisiones legislativas ad honorem por ser su “responsabilidad como profesor de Derecho”.

Acosta convenció a los senadores de que las penas que proponía el proyecto seguían siendo “inusualmente altas” y que además era inconveniente incluir tantos delitos base. Decía que no tenía sentido meter en el catálogo todas las infracciones de las leyes de Aduanas, de propiedad intelectual e industrial y la gama completa de estafas incorporadas en el Código Penal, por la desproporción entre las sanciones de esos delitos y las del lavado. Había entonces que recortar lo que ya se había aprobado. Quienes más apoyaron a Acosta en la comisión fueron el senador Espina y su par Hernán Larraín (UDI). Una postura muy distinta a la que planteaban la Fiscalía Nacional y la UAF, que aspiraban a incluir la mayor cantidad de delitos a la lista. Los representantes de esas dos últimas instituciones tuvieron que sentarse a negociar una propuesta final al proyecto. Pero no con los senadores, sino con Acosta. Como se ha vuelto habitual en los temas complejos, la “cocina” salía del Congreso.

–Mi informe fue bastante crítico y obviamente no coincidía con varias de las cosas que planteaban el Ministerio Público y la UAF. La comisión nos propuso que nos reuniéramos los tres para ponernos de acuerdo en lo posible, y en efecto, llegamos a un acuerdo –dice Acosta.

Fue en esa negociación que Mauricio Fernández, el director de la ULDDECO del Ministerio Público, cumplió un rol clave para destrabar la discusión. “Si queríamos incluir delitos con penas bajas para que puedan ser perseguidos por lavado de dinero, teníamos que acceder a tener una regla de proporcionalidad”, dice a CIPER. De hecho, él fue quien propuso en el Senado volver a limitar las penas del lavado a las del delito base, algo que Acosta respaldó y que la comisión votó a favor. A cambio, acordaron incluir al catálogo sólo uno de los delitos incluidos en cada una de las normativas cuestionadas por el asesor externo de la comisión. De la Ordenanza General de Aduanas, quedó sólo el contrabando. De las leyes por propiedad intelectual, la piratería. Y de las estafas, sólo aquellas por más de 400 UTM (casi $18 millones). Así finalmente salió aprobado el proyecto del Senado en abril de 2014. Pero aún quedaba un detalle por afinar.

EL ROUND DEL DELITO TRIBUTARIO

Uno de los puntos fuertes de la nueva ley, según Mauricio Fernández, es que obliga al Servicio de Impuestos Internos (SII) a informar a la UAF cada vez que detecte una operación sospechosa. Eso estaba explicando en la Cámara de Diputados cuando surgió el tema de los paraísos fiscales. El diputado Leonardo Soto (PS) fue el primero que los mencionó como una vía para blanquear dinero sucio. El guante lo recogió el abogado Javier Cruz, sucesor de Tamara Agnic a la cabeza de la UAF. Dijo que en efecto son muy importantes para las empresas a la hora de tomar decisiones tributarias, que sí son usados para transferir dineros de origen ilícito a pesar de que ha aumentado sobre ellos la fiscalización y, lo más importante, que los delitos tributarios no habían sido incluidos como base para el lavado de activos en el proyecto que estaban discutiendo.

-¿Qué puede hacer la Unidad de Análisis Financiero (UAF) si se efectúan importantes alertas de movimientos de dinero hacia paraísos fiscales? –le preguntó Soto.

–La UAF no puede iniciar investigaciones fuera de los delitos señalados en los artículos 27 y 28 (delitos base) –respondió Cruz.

Javier Cruz
Javier Cruz

Así fue que cobró fuerza la idea de incluir al catálogo los delitos tributarios. Fernández dijo que si se aprobaba, podrían indagar sin tener que esperar que el SII resuelva si perseguirá al contribuyente infractor por la vía administrativa o penal. Es decir: el Ministerio Público podría investigar un lavado de dinero asociado a un delito tributario “saltándose” al SII. Los diputados después votaron lo que envió el Senado. Aprobaron mantener lo de las penas proporcionales, pero rechazaron el catálogo de delitos base para llevarlo a una comisión mixta y tratar allí de meter en la nómina los delitos asociados a la evasión de impuestos.

La comisión mixta emitió su informe a mediados de octubre de 2014. Por esos días ya se empezaban a conocer los detalles de los alcances que tenía la máquina que había montado Penta para evadir impuestos y cómo se había ramificado al financiamiento de la política (ver reportaje de CIPER). Juan Domingo Acosta fue nuevamente invitado. Él es de la idea de que el delito tributario no tenía que incluirse: “En la evasión tributaria no hay tal cosa como un botín delictual previo”, argumentó. Eso sí, dijo que si había que incluir alguno, correspondía hacerlo con el más grave: la devolución fraudulenta de impuestos. Y además, que el SII debería tener la atribución exclusiva de perseguir el lavado originado en un delito de ese tipo. Una posición muy similar a la que planteó otro abogado invitado a la comisión: Sebastián Guerrero, entonces socio del estudio Guerrero, Olivo, Novoa y Errázuriz, del que fue fundador Jovino Novoa. Mientras Novoa renunció en enero de 2015, en medio del caso Penta, Sebastián Guerrero dejó el estudio en diciembre pasado.

Hubo un tercer abogado invitado esta vez: Gonzalo Medina. Aunque dijo estar de acuerdo con Acosta en la atribución exclusiva del SII, se manifestó a favor de incluir los delitos tributarios como base para el lavado de activos, porque así lo “acoge la teoría moderna”.

La comisión tomó parte de la propuesta de Acosta e incorporó sólo el fraude para obtener la devolución indebida de impuestos, pero sin restringir la acción penal sólo al SII. Apenas un par de semanas después de que Medina interviniera a favor de incluir el delito tributario como base para el lavado de activos, se revelaron los pagos irregulares del Grupo Penta al ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner. Medina asumió su defensa y la de su cuñada, Carolina De la Cerda, quien emitió las boletas falsas a solicitud de Wagner. Los dos enfrentan hoy una querella del SII por el delito tributario que Medina ayudó a incluir como delito base para el lavado de activos (ver querella). Pero como Wagner también está acusado de cohecho, la disminución de penas para igualarlas al delito base de todos modos lo beneficia, tal como ya sacaron provecho los ex ejecutivos de La Polar y podrían hacerlo quienes participaron en la venta de acreditaciones universitarias.

Mauricio Fernández asegura que a pesar de la reducción en las penas, la modificación legal no implica un real beneficio para los delincuentes de cuello y corbata acusados por lavado de activos. Dice que el problema no está en la nueva ley, sino que en las bajas penas de los delitos base, que en el caso del cohecho, llega a ser “una vergüenza”. Y agrega:

–El problema es que nunca ha habido pena de cárcel efectiva para el corrupto. Ni antes ni después de esta ley. Si se suben las penas de esos delitos base, ahí mismo se acaba esta discusión. Ese es el verdadero debate de fondo que se tiene que dar.

LOS OTROS CAMBIOS QUE TRAJO LA NUEVA LEY

La “indicación sustitutiva total” que presentó el gobierno de Bachelet en 2007 no se restringió sólo a ampliar el catálogo de delitos base y reducir las penas para el lavado asociado a delitos de cuello y corbata. Fue mucho más allá, con el objetivo de mejorar las atribuciones que tienen tanto la UAF como el Ministerio Público para perseguir el blanqueo de activos.

El texto que entró en vigencia en febrero de 2015 amplió el campo de acción de la UAF para “prevenir e impedir la utilización del sistema financiero y de otros sectores de la actividad económica” no sólo para el lavado de dinero, sino también para el financiamiento del terrorismo. Aumentó también el número de entidades obligadas a reportar operaciones sospechosas, sumando a la lista todas las bolsas de valores y productos reguladas por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), las organizaciones deportivas profesionales, las cooperativas de ahorro y crédito, las representaciones de bancos extranjeros y las empresas de depósito de valores, además de todas las entidades públicas que forman parte de la administración del Estado, desde ministerios a municipalidades, e incluyendo a la Contraloría, el Banco Central y las Fuerzas Armadas. Todas ellas deberán mantener registro de su información por al menos cinco años. Los cambios también facilitaron el acceso a información financiera secreta o reservada al reducir la burocracia en la Corte de Apelaciones para obtener un permiso judicial.

Por otro lado, se estableció que un imputado por lavado de activos sólo podrá pedir al juez de garantía que limite el secreto de la investigación una vez que sea formalizado y que los bienes decomisados podrán ser destinados total o parcialmente a la persecución de dicho delito. También se señala que se podrán incautar bienes equivalentes a los obtenidos por el delito, tanto a solicitud del fiscal como de alguna autoridad extranjera cuando se trate de investigaciones que contemplen cooperación internacional.

La nueva ley establece además un registro público que debe mantener la UAF con toda la información de las entidades privadas obligadas a reportar operaciones sospechosas, sean o no reguladas por alguna superintendencia. Y para los funcionarios públicos que no denuncien algunos de los delitos contemplado en la nueva normativa, se establecieron penas que pueden llegar a los tres años y multas que se alzan hasta las 400 UTM (unos $18 millones).

 

Gratuidad amenazada: Los riesgos que corre el proyecto emblemático de Bachelet en el TC

Nadie es capaz de sostener con certeza que los 200 mil estudiantes de la educación superior que según el gobierno iban a estudiar gratis durante 2016, vayan a poder hacerlo. La versión oficial del Ejecutivo es que existe plena confianza en que todo fue diseñado correctamente para poder sacar adelante la primera etapa de la prometida gratuidad a través de una glosa en la Ley de Presupuestos. Una apuesta polémica: la llamada “gratuidad sin reforma” (ver reportaje de CIPER). Pero en la interna, ni en el Ministerio de Educación (Mineduc) ni en el Congreso están en condiciones de asegurar que esos alumnos, todos pertenecientes al sector más vulnerable de la población –los primeros cinco deciles–, puedan ser los primeros beneficiarios de la principal promesa de campaña de Michelle Bachelet. Ni siquiera los rectores de las universidades públicas y privadas que cumplen con los requisitos para optar al beneficio saben con seguridad si finalmente se va a poder llevar a cabo. El proyecto completo se tambalea.

No es por un tema de recursos. La Ley de Presupuestos 2016 ya fue aprobada y los más de $536 mil millones que el Estado reservó para financiar la gratuidad están asegurados, así que el Mineduc podrá disponer de ellos. El problema es que aún no se sabe si ese dinero podrá o no destinarse a su objetivo. Todo dependerá de lo que dictamine durante las próximas semanas el Tribunal Constitucional (TC). La decisión quedó en sus manos luego de que un grupo de 31 diputados de oposición –un cuarto de los parlamentarios que integran la Cámara Baja– presentara un requerimiento por considerar que la glosa 05, aquella que establece los requisitos para que las instituciones de educación superior puedan acceder a esos recursos públicos, es inconstitucional (ver requerimiento).

Son dos las principales líneas argumentativas en las que se basa el texto de los parlamentarios para impugnar la glosa. La primera es de forma: el gobierno habría utilizado la Ley de Presupuestos para legislar y regular otras materias que debieran ser objeto de una ley especial. Varios expertos consultados por CIPER coinciden en que ese es el punto débil del requerimiento y que es muy probable que sea rechazado en el TC. Además, señalan que por sí solo no es capaz de anular por completo la intención de Bachelet de poner en marcha la gratuidad en 2016 tal y como está pensada.

Distinto es lo que ocurre con el segundo argumento que la oposición incorporó en el requerimiento: los requisitos establecidos por el Ejecutivo para determinar si una universidad, instituto profesional (IP) o centro de formación técnica (CFT) es “elegible” para acceder a esos fondos fiscales serían discriminatorios y arbitrarios. Básicamente, porque dejaría fuera del beneficio a miles de alumnos que cumplen las condiciones socioeconómicas mínimas, pero que están matriculados en instituciones que no tienen las características establecidas para ser “elegibles”. En términos jurídicos, ya no es un tema de forma, sino que de fondo. Si esta premisa es acogida por la mayoría de los ministros del TC, es probable que el diseño para echar a andar la gratuidad el próximo año se venga abajo. El impacto podría incluso ir más allá y poner en riesgo los fundamentos del proyecto de ley que el Mineduc se comprometió a presentar durante este mes al Congreso y que pretende sentar las bases para reformar por completo el sistema de educación superior, instaurando la gratuidad como un régimen permanente.

Diputados Jaime Bellolio y  José Edwards (Foto: bibiochile.cl)
Diputados Jaime Bellolio y José Edwards (Foto: bibiochile.cl)

Dependiendo de qué decida el TC –acoger o rechazar el requerimiento de forma total o parcial–, en el gobierno ya se plantean múltiples escenarios y los distintos mecanismos disponibles para enfrentar un eventual fallo adverso. CIPER revisó los antecedentes para identificar cada una de esas opciones. Desde la elaboración de una ley corta para sacar adelante la gratuidad tal como está planteada, pero por una vía independiente de la Ley de Presupuestos, hasta la reasignación de los recursos. Está también la opción de las becas, una puerta que el gobierno no quiere abrir porque debilita el principio de la educación gratuita como un derecho social. Todo podría retrotraerse al plan original y beneficiar sólo a las 25 universidades del Consejo de Rectores (Cruch), lo que implicaría disminuir el número de alumnos beneficiados considerablemente.

En una carta enviada a La Tercera, un lector se pregunta sobre la lógica detrás del requerimiento: “¿Qué sentido puede tener quitarle el beneficio a alguien que lo necesita, para dárselo a otro que también lo necesita?”. Para él, si el TC se acoge a criterios estrictamente jurídicos, debería rechazar la impugnación. Lo mismo señaló a CIPER una fuente que ha participado del análisis jurídico del gobierno, pero agregó que tras el debate hay un fuerte componente político e ideológico que será clave en la decisión del tribunal:

-Es la primera discusión importante del TC con su nueva composición, y es mucho lo que se juega. En un momento en que incluso se cuestiona la legitimidad de su propia existencia como instancia, sería grave que quedara en evidencia que el voto sea más que nada político –dijo.

Esta nueva composición se inauguró en septiembre pasado, cuando la Corte Suprema designó como integrante a José Ignacio Vásquez, un abogado al que se identifica como cercano a la oposición, en reemplazo del socialista Francisco Fernández, rompiendo así el equilibrio político del tribunal e inclinándolo hacia la derecha.

Aunque se espera una votación dividida, al interior del TC señalan que más allá de las identificaciones políticas de los ministros, es muy probable que sólo se acoja parte del requerimiento. Hasta ahora, nadie ha mostrado sus cartas.La definición será clave cuando toque revisar los argumentos de fondo, que apuntan a la gratuidad como una política discriminatoria, el punto que una persona que conoce en detalle el proceso definió a CIPER como “el corazón del requerimiento”. Es por todo lo anterior que los detalles en la redacción del fallo final serán importantísimos para determinar el futuro de esta política pública.

La cuenta regresiva comenzó a correr el jueves 3 de diciembre, apenas el requerimiento fue declarado admisible en el tribunal. El TC tiene desde entonces diez días, prorrogables por otros diez, para dar a conocer su determinación. Los alegatos ya se fijaron para el próximo miércoles 9 de diciembre. Pero las fechas que vienen lo único que hacen es acrecentar una incertidumbre que desde que se planteó la gratuidad para 2016 no ha hecho más que crecer.

Aún no se sabe qué instituciones van a adscribir a la gratuidad. Aquellas que cumplen con los requisitos para ser “elegibles” –las que integran el Cruch más las universidades Diego Portales, Alberto Hurtado y Católica Silva Henríquez– tienen hasta el 22 de diciembre para manifestar formalmente ante el Mineduc su interés por ser parte del proceso. Eso, a pesar de que aún –según alegan los rectores– no hay claridad sobre cómo se calcularán los nuevos aranceles regulados y cómo el Estado hará frente al eventual déficit producto de la diferencia entre ese nuevo arancel y el valor real que cobran actualmente a sus alumnos. Algunas universidades “elegibles” calculan ese déficit por sobre los $1.000 millones anuales, lo que haría inviable su participación al menos en esta primera etapa. E incluso si se suman, una posibilidad real es que al día siguiente, el 23 de diciembre, cuando se cumpla el plazo máximo que establece la ley, el TC emita un fallo que vuelva todo a fojas cero. Todo, pocos días antes de que el 27 de este mes los jóvenes que aspiran a ingresar a la educación superior en 2016 reciban los resultados de la PSU. 

UN MISIL CONTRA LA GRATUIDAD

Nunca antes hubo tantos estudiantes rindiendo la PSU al mismo tiempo. Fueron más de 289 mil los jóvenes que este año dieron la prueba, haciendo de la versión 2015 la más masiva de todas las que se han realizado desde que partió en 2003 como instrumento de selección para acceder a la educación superior. En esa inédita masividad, mucho tuvo que ver la promesa del gobierno de contar con la gratuidad a partir del próximo año: jóvenes que siempre vieron la educación superior como una meta inalcanzable, por no tener los recursos para acceder a ella, ahora creían que la gratuidad les abría las puertas para convertirse en profesionales. Una promesa que para el 20 de noviembre, cuando el Senado aprobó y despachó la partida de Educación de la Ley de Presupuestos, parecía empezar a consolidarse. Pero que apenas tres días después se congeló con el requerimiento que presentaron los parlamentarios ante el TC.

Estudiantes UniversitariosLa Constitución contempla un tratamiento especial para la Ley de Presupuestos, pues a diferencia de otras leyes, puede promulgarse y comenzar a operar aunque el TC aún la esté revisando. El objetivo es no paralizar al Estado si un artículo es impugnado. Si bien los constitucionalistas consultados aseguran que esta es la primera vez que se recurre por el contenido de una glosa, existe una amplia jurisprudencia del TC respecto a la Ley de Presupuesto. De hecho, el requerimiento de los parlamentarios de oposición contra la gratuidad cita varios fallos antiguos para sustentar su reclamo y parte con uno que resulta curioso por varias razones: la derecha invoca una presentación hecha por el ex Presidente Salvador Allende en 1972; se trata del primer fallo dictado por el Tribunal Constitucional; se refiere a la Constitución de 1925 y no a la actual, que data de 1980; y uno de los ministros que votó en esa ocasión fue Adolfo Veloso, padre de Paulina Veloso, la abogada que representará esta vez al gobierno chileno.

El fallo motivado por el reclamo de Allende es utilizado para respaldar la tesis de que no pueden incluirse dentro de la Ley de Presupuestos disposiciones que van más allá de su objetivo principal: definir las autorizaciones de los gastos. A juicio de los recurrentes, la cuestionada glosa “impone una regulación sobre la educación superior que excede el contenido constitucional de la Ley de Presupuestos”.

Los expertos consultados que han analizado el escrito presentado por la oposición difieren sobre la solidez jurídica de este punto, pero en su mayoría creen que es el que tiene mayor posibilidad de “caerse”. Entre otras cosas, porque en la práctica muchas de las glosas presupuestarias contienen las “instrucciones” de cómo debe gastarse el dinero asignado para cada ítem, de manera parecida a como se hace con la gratuidad. Si llegara a aceptarse el cuestionamiento de los parlamentarios, comenta un constitucionalista, se daría la contradicción de que se critica la falta de deliberación democrática al no debatir sobre la gratuidad en un proyecto específico, pero el efecto será una partida “en blanco”, sin texto que especifique las reglas básicas para la entrega de los recursos o, dicho de otra forma, sin ninguna deliberación respecto a cómo deben gastarse.

De cualquier modo, si el TC acoge sólo este punto, el gobierno estaría frente a un escenario manejable. Como se trata de un cuestionamiento meramente formal, basta con que presente una ley específica –la Ley Corta de la que se ha hablado– que convierta en articulado el contenido de la glosa. “Podría copiar y pegar el mismo texto”, grafica un abogado. El diputado Jaime Bellolio (UDI), uno de los requirentes que ha liderado la oposición a la gratuidad, concuerda con que en este escenario el gobierno probablemente podría salvar el obstáculo con una ley especial.

La salida sería más compleja si el Tribunal Constitucional acoge la tesis de que los requisitos para la gratuidad “constituyen una discriminación arbitraria contra los estudiantes de los cinco primeros deciles” que estudian en universidades privadas no pertenecientes al Cruch o que pretenden hacerlo a contar del próximo año. En este caso, las soluciones para el gobierno dependerán de los cuestionamientos constitucionales que acoja el fallo, los que son poco previsibles. Lo que es un hecho –y así lo reconoce Bellolio– es que el requerimiento fue redactado explícitamente con la idea de cuestionar las reglas de gratuidad establecidas en la glosa, pero no el gasto aprobado para este ítem. Se abrirá entonces una disputa que ya ha comenzado a esbozarse y que tiene muchos ingredientes políticos e ideológicos, pero también comunicacionales. 

El Ejecutivo ha dicho que explora diversas soluciones de carácter administrativo (que sólo dependen de la voluntad del gobierno y no de una ley). Entre ellas, se ha mencionado la posibilidad de restringir el beneficio a las universidades pertenecientes al Cruch, dejando fuera a las tres universidades privadas que eran “elegibles” de acuerdo a las normas de la glosa. Una de las alternativas que se analiza es hacer que las instituciones firmen un convenio con el Mineduc, el que regularía las exigencias y la relación entre ambas partes. Este tipo de convenios había sido considerado en la idea original del gobierno, pero se eliminó ante las críticas de las universidades, reacias a comprometerse a firmar un documento ante la incertidumbre de los montos máximos del nuevo arancel regulado, entre otras cosas.

El requerimiento no sólo se refiere a las universidades, sino que también cuestiona los requisitos que se exigen a los institutos profesionales o centros de formación técnica para acceder a los nuevos fondos para becas. Específicamente se busca que no se limite solo a aquellos que no tienen fines de lucro o que se comprometen a convertirse en personas jurídicas sin fines de lucro, un punto clave para el gobierno, pues busca evitar que los aportes públicos terminen convertidos en utilidades para los dueños de las instituciones.

Por ello, el gobierno ha dicho que si el Tribunal Constitucional le da la razón a los parlamentarios, el resultado será que menos alumnos se verán beneficiados, tanto a nivel universitario como técnico profesional. Para Bellolio, en cambio, esta afirmación es sólo una “campaña del terror” que busca responsabilizar la oposición por disminuir el número de estudiantes que accederán a la gratuidad.

Jaime Bellolio
Jaime Bellolio

La alternativa, dice Bellolio, es simple: entregar becas que no discriminen arbitrariamente, lo que para él significa que favorezcan a todos los estudiantes de un mismo quintil. Están dispuestos, asegura, a aceptar que se suban los requisitos a las instituciones –como los años de acreditación–, siempre y cuando eso también se aplique a las universidades del Cruch, incluyendo a las estatales (las universidades Arturo Prat, Tecnológica Metropolitana, de Los Lagos y Católica de Temuco no cumplen con los cuatro años de acreditación requeridos, por ejemplo, e igual pueden optar a la gratuidad).

El problema es que la propuesta de la derecha de entregar becas choca con varios principios que sustentan la promesa de gratuidad, principalmente la concepción de la educación superior como un derecho social. Un derecho que además implica que la educación gratuita se impartirá sólo en instituciones de calidad y que no lucren con fondos públicos. La “gratuidad sin reforma” que se busca establecer a través de la Ley de Presupuesto 2016 es el primer paso de una reforma global a la educación superior, que se regiría por los mismos criterios.

Lo que estamos viendo es el comienzo de una pugna entre el gobierno y la oposición por responsabilizarse mutuamente por un eventual recorte de estudiantes beneficiados. La pregunta es si el Ejecutivo podrá mantenerse en su posición actual a pesar de que la derecha insistirá en que la plata está aprobada y es Bachelet la que se niega a entregar becas. Es en ese terreno en que se librará la batalla comunicacional, un área en que el gobierno se ha mostrado débil.

A esta tensión se suma el hecho de que hay universidades privadas del Cruch que han puesto en duda su adhesión al sistema de gratuidad, como la Pontificia Universidad Católica (PUC). Con la información actual –insuficiente según los rectores–, son varias las instituciones a las cuales simplemente los números no les dan para sumarse al proyecto del gobierno. ¿Quedará el beneficio restringido a las universidades estatales? Esa situación acomodaría a parte del ala izquierda de la Nueva Mayoría, que ve con recelo que el Estado financie a universidades privadas –incluso a aquellas que son parte del Cruch, como la PUC–, pero pondría en pie de guerra al ala más conservadora de la coalición, particularmente la DC. De todos modos ya hay instituciones privadas, como las universidades Católica del Norte y Católica de Valparaíso, que han anunciado su decisión de unirse a la gratuidad propuesta por el Mineduc.

REFORMA EN RIESGO

Más allá de lo que pase con la gratuidad para el 2016, el fallo del Tribunal Constitucional podría marcar el futuro de la Reforma a la Educación Superior, cuyo proyecto de ley el gobierno prometió enviar antes de fin de año. El compromiso programático es llegar al final de esta administración con educación gratuita para los estudiantes pertenecientes al 70% más vulnerable de la población –algo que ya se ve difícil con la situación económica actual–, además de terminar con el lucro y aumentar las exigencias de calidad. El fallo del TC podría poner cortapisas al contenido y el cronograma del proyecto.

Jaime Bellolio reconoce que el requerimiento busca fijar ciertos límites que incluso van más allá del ámbito educacional, particularmente respecto a lo que él llama “discriminación arbitraria”. De partida, los requirentes ante el TC apuntan a que los criterios de un eventual fallo favorable se apliquen a la Reforma a la Educación Superior. De fondo, están los viejos fantasmas de la derecha y de las universidades privadas. Como afirma Bellolio, una de las grandes preocupaciones es la pregunta sobre cuánto puede afectar el sistema de financiamiento estatal de la gratuidad a la autonomía y el proyecto educativo de las universidades.

Marcha-Estudiantes1Esos temores chocan con la realidad que quedó al desnudo desde las manifestaciones universitarias de 2011: un sistema que ha generado niveles alarmantes de endeudamiento estudiantil, costos que finalmente termina pagando al Estado, y cuya rentabilidad ha ido a parar a universidades privadas de dudosa calidad y que han usado todos los resquicios para lucrar con los servicios educativos. Cualquier reforma que no ponga coto a ese sistema, donde los principales perjudicados son los jóvenes más vulnerables, resulta difícil de sostener hoy políticamente ante la opinión pública.

El fallo del TC resulta preocupante para el gobierno porque podría limitar su margen de maniobra. Como grafica un constitucionalista, hace tiempo ya las sentencias del TC han demostrado que pueden tener impacto en la formulación de políticas públicas relevantes. Como ejemplos, cita el caso de la píldora del día después, cuando en 2008 el tribunal prohibió su distribución en el sistema público. O los diversos fallos respecto a la Ley de Isapres que empujaron una reforma que hasta hoy no se ha concretado.

LAS DISPUTAS QUE AUMENTARON LA INCERTIDUMBRE

Una de las cosas que ha marcado el diseño de la gratuidad ha sido la incapacidad del gobierno de delinear una propuesta clara y capaz de enfrentar las presiones desde el mundo político y desde los grupos de interés (universidades públicas y privadas, centros de formación técnica, estudiantes). Como resultado, las propuestas cambiaron una y otra vez a los largo de este año, tanto antes como después de enviar la famosa glosa al Congreso, en septiembre pasado.

La propuesta original, anunciada por la Presidenta Bachelet en su discurso del 21 de mayo, beneficiaba a los estudiantes pertenecientes al 60% más vulnerable de la población que asistieran a alguna de las 25 universidades del Cruch o a los ocho centros de formación técnica o institutos profesionales acreditados y sin fines de lucro.

Las críticas desde el interior de la Nueva Mayoría hicieron cambiar el plan en agosto: se extendería a las universidades privadas sin sociedades con fines de lucro asociadas a su estructura, acreditadas por cuatro años y con participación triestamental. Pero para mantener el control del presupuesto, sólo beneficiaría a los estudiantes del 50% más vulnerable. Así se envió al Congreso en la Ley de Presupuesto, pero las presiones de la Democracia Cristiana, alineada en esto con la oposición, casi hicieron bajar el corte hasta el 40%. La DC se convirtió en un actor clave en la última etapa de la tramitación presupuestaria. Al igual que la derecha, el partido se negaba a apoyar el proyecto por considerarlo discriminatorio y dejar fuera a la mayor parte de los estudiantes de CFT e IP.

Michelle Bachelet
Michelle Bachelet

La tramitación del la glosa del presupuesto fue dura y se discutieron modificaciones hasta último minuto. Las dificultades por ceder a las demandas y cuadrar el presupuesto terminaron con un cambio en la estructura de financiamiento de la educación superior. Por un lado se redujo a la mitad el aporte vía Aporte Fiscal Indirecto (AFI) –que se entrega a las universidades que reciben alumnos con más altos puntajes–, aumentando el financiamiento a las universidades estatales a través de convenios marco, entre otras reasignaciones. Eso liberó fondos para aumentar el número de becas para los estudiantes de CFT e IP. Para acceder a la gratuidad se mantuvieron los requisitos que deben cumplir las universidades del Cruch y privadas: estar acreditadas por al menos cuatro años, no tener participación de entidades que tengan fines de lucro y garantizar la participación triestamental. La discusión determinó que la gratuidad beneficiará a los estudiantes de los cinco primeros quintiles, se pagará un arancel regulado y las matrículas no podrán aumentar más de un 2,7% con respecto a este año.

En el papel la cosa parece clara, pero los rectores reclaman que aún hay mucha incertidumbre. La glosa dice que habrá un decreto que fijará el arancel regulado –el que aún no existe– y se dictará un reglamento que establecerá los efectos de incumplir con lo dispuesto en la ley. Se habla de simulaciones oficiales que dan cuenta de que los números cuadran, pero son varias las instituciones que prevén importantes déficits.

Así las cosas, aún si el TC rechaza el requerimiento de la derecha, no es claro cuántas universidades privadas adherirán a la gratuidad. De las tres que no son del Cruch y que cumplen los requisitos, sólo la Católica Silva Henríquez ha aceptado las condiciones del Mineduc. La UDP y la UAH han sido críticas del proceso y su participación se ha puesto en duda. En la universidad jesuita, comentaron que con la información que se conoce, sería irresponsable comprometerse a sumarse a la gratuidad. De todos modos, este viernes 4 hubo reuniones del Mineduc con los rectores de estas dos universidades privadas, que podrían haber aclarado en parte el panorama.

Para las universidades privadas –Cruch y no Cruch elegibles– es complejo no sumarse a la gratuidad. De no hacerlo, estas casas de estudio se verán presionadas por sus estudiantes, que quedarían fuera del beneficio. Ser excluidas por un fallo del TC les quitaría ese peso. Sin embargo, eso también tendría un impacto en el perfil de los postulantes del próximo año, que se verán atraídos por universidades gratuitas que quizás antes no habrían considerado. Algo similar a lo que pasará con las otras privadas que no cumplen con los requisitos establecidos por el Mineduc y deberán seguir cobrando aranceles.

LAS UNIVERSIDADES DE LOS MINISTROS DEL TC

Lo que determinen los ministros del Tribunal Constitucional sobre la gratuidad en la educación superior tendrá un impacto directo en el segundo “empleador” de muchos de ellos, porque ocho de los diez integrantes del TC hacen clases en universidades. Sólo María Luisa Brahm Barril y Nelson Pozo Silva no están vinculados a ninguna casa de estudios. Aunque es imposible adivinar si su experiencia académica influirá de alguna la manera en la forma en que los ministros perciben el debate sobre la gratuidad, es interesante constatar cómo se reparten en universidades públicas y privadas, Cruch y no Cruch:

Marisol Peña: Profesora titular del Departamento de Derecho Público en Facultad de Derecho de la PUC. Cursos que imparte: Derecho Político, Instituciones del Estado de Derecho Chileno, Derechos Fundamentales y Derechos Humanos. Desde el año 2005 forma parte del Consejo de la misma facultad. Además, integra la Comisión de Categorización Académica de la Facultad.

Juan José Romero Guzmán: Profesor asociado del Departamento de Derecho Económico, Comercial y Tributario de la Facultad de Derecho de la PUC. Director del Magister en Derecho de la Empresa UC-LLM Internacional. Cursos que imparte en la Facultad de Derecho UC: Derecho Económico I, Derecho Económico II.

Carlos Carmona Santander: Profesor titular de Derecho Público en la Universidad de Chile.

José Ignacio Vásquez: Profesor asistente de Derecho Público en la Universidad de Chile y profesor de la Universidad del Desarrollo

Domingo Hernández Emparanza: Profesor conferenciante de la Universidad de Talca

Gonzalo García Pino: Profesor de Derecho Constitucional y Teoría Política y Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado.

Iván Aróstica Maldonado: De acuerdo a su curriculum oficial, ha sido profesor invitado en cursos de doctorado (U. Internacional SEK), magíster (U. del Desarrollo, Adolfo Ibáñez y Diego Portales) y varios diplomados, aunque no aclara si imparte algún curso en la actualidad.

Cristián Letelier Aguilar: Profesor de Derecho Minero en la Escuela de Derecho de la Universidad Santo Tomás.

Lucía Hiriart sigue vendiendo propiedades que el Estado cedió a CEMA: ingresos suman $6.300 millones

Fue una sorpresa que Lucía Hiriart llegara al evento que un grupo de seguidores organizó para este miércoles 25 de noviembre en su parcela de Los Boldos: la conmemoración de los 100 años del natalicio de su difunto esposo, el ex dictador Augusto Pinochet Ugarte. Lo más probable era que no asistiera. Con casi 92 años, hoy apenas se puede mover sin la ayuda de un andador. Según un reportaje de La Tercera, aunque “mentalmente se encuentra bien”, su situación es delicada: dos veces se ha roto la cadera en el último par de años. Ya no es la mujer fuerte que solía ser. De sus 17 años en el poder sin contrapeso no quedarían más que recuerdos si no fuera porque aún se mantiene inamovible en un cargo que asumió hace 42 años, cuando apenas comenzó la dictadura, y que no quiere soltar.

Porque desde que se instaló como presidenta de la Fundación Cema Chile, se apropió de esa institución como si fuera su fundo, y de paso, de un millonario patrimonio que ya se calculaba en unos $3.350 millones en 2005, cuando los dineros de la fundación pasaron a ser parte de la investigación por el millonario desvío de dineros públicos a las cuentas que Pinochet y su familia ocultaban en el Riggs y otros bancos y paraísos fiscales fuera del país.

Lucía Hiriart
Lucía Hiriart

El 92% de ese monto lo constituyen los inmuebles que el Fisco le donó a la fundación entre fines de los ’70 y 1990. Los mismos que le sirvieron a Cema para hacer lucrativos negocios inmobiliarios una vez recuperada la democracia y transformarse así en una inagotable fuente de recursos para la familia Pinochet. Lo grave es que hasta hoy, Lucía Hiriart dispone de ese patrimonio como si fuera su fortuna personal.

Hasta ahora se creía que eran 113 las propiedades que el Estado tenía repartidas por todo el país y que entregó gratis a Cema. Así lo señalan los registros que el Ministerio de Bienes Nacionales envió a CIPER hace tres años (ver lista). Pero una silenciosa venta en Chillán, a fines de 2014, da cuenta de que el número real de inmuebles regalados a Cema es mucho mayor que los reportados por el ministerio, que la maquinaria para venderlos sigue en marcha y que los ingresos que la fundación ha obtenido por ese concepto ya se alzan por sobre los $6.312 millones.

Un informe pericial contable realizado por la Policía de Investigaciones (PDI) en octubre de 2005, señala que después de 1990, el modelo de financiamiento de la fundación cambió. De depender de las subvenciones y donaciones del Estado, pasó a obtener sus ingresos casi exclusivamente de la venta y arriendo de inmuebles. Sólo entre 1996 y 2004, la PDI constató ingresos por más de $3.741 millones por concepto de inmuebles enajenados. Pero el monto exacto sigue siendo desconocido, ya que gran parte de esas ventas no fue incluida en el patrimonio contable de la fundación.

Dice el informe: “Las debilidades de control interno observadas en la administración de bienes inmuebles y otras operaciones propias de la gestión administrativa permiten a estos peritos dudar de que el producto de la venta de todas las propiedades transferidas por el Estado a la fundación haya ingresado a las arcas de la entidad”.

A mediados de 2012, CIPER publicó una serie de reportajes que revelaron cómo la institución sin fines de lucro de la que Lucía Hiriart se apropió, una vez acabada la dictadura, se dedicó a vender las propiedades que obtuvo gratis del Estado (ver reportajes). El negocio no sólo benefició a Cema, sino que también a las universidades Bernardo O’Higgins, Mayor y San Sebastián, las que hoy funcionan en terrenos que fueron de Cema y que antes eran propiedad fiscal. Sólo considerando las ventas en Santiago, el monto superaba entonces los $3.783 millones. Pero ahora, tras conocer la venta en Chillán, CIPER dio con nuevos antecedentes que permiten hacer un cálculo que incluye otras ventas en Santiago y en el resto del país y que deriva en una cifra que casi duplica a la anterior.

CIPER volvió a revisar la información entregada por el Ministerio de Bienes Nacionales y cruzó los datos con los registros del Servicio de Impuestos Internos (SII) y diferentes Conservadores de Bienes Raíces, además de otros antecedentes incluidos en la carpeta que forma parte de la investigación judicial sobre la fortuna oculta de la familia Pinochet y que está caratulada con el nombre de Cema Chile. De esa arista que involucra a la fundación –y que fue sobreseída temporalmente en agosto de 2014 por el ministro Manuel Valderrama–, surgen datos interesantes.

Además de un profundo desorden contable, allí aparecen US$ 100 mil dólares que el consejo de la entidad donó a su presidenta, Lucía Hiriart, para cubrir sus gastos mientras acompañaba a su marido durante su detención en Londres, dinero que le fue entregado en dos partidas de US$50 mil (en 1998 y 1999). También figuran los contratos que les hizo Cema a sus hijos Augusto y María Verónica Pinochet Hiriart (entonces esposa del controlador de SQM, Julio Ponce Lerou) por trabajos de los cuales no quedó ningún registro. Tampoco del monto de sus remuneraciones. Y los tres créditos que Cema le entregó a su hija Jacqueline y de los cuales sólo reembolsó la mitad.

Los nietos y bisnietos de Lucía Hiriart también gozaron de la ayuda social de Cema. Su nieta María Verónica Pinochet Molina -hija de Augusto Pinochet Hiriart-, fue contratada como “relacionadora pública” de la fundación. Y en los registros aparece además que dos de los hijos de María Verónica recibieron dinero para pagar su educación.

Lo nuevo de esta historia -que está congelada en tribunales-, es que la última venta de un inmueble de Cema en Chillán, en diciembre de 2014, entrega una pista que guía directamente a otras 105 propiedades de origen fiscal y que no aparecen registradas en la información que el Ministerio de Bienes Nacionales entregó a CIPER hace tres años (ver lista completa).

Eso significa que el total de los inmuebles que Cema recibió gratis del Estado de Chile y que fueron vendidos por su presidenta, se desconoce. Con la información que ahora recoge CIPER se han podido identificar al menos 218 inmuebles que el Estado cedió a Cema para cumplir su rol social a favor de “la familia chilena” y que a 25 años del fin de la dictadura Lucía Hiriart ha seguido vendiendo en su beneficio.

LA PISTA DE CHILLÁN

Hasta fines de 2014, Cema fue dueña de la propiedad ubicada en Avenida Ecuador Nº 395, en Chillán. El terreno abarca 4.080 m2 y lo obtuvo gratis en marzo de 1987, luego de que la Municipalidad de Chillán (bajo la administración del alcalde Juan Héctor Canahuate) se lo traspasara “irrevocablemente” para construir allí su sede provincial y comunal. La donación fue avalada por el Ministerio del Interior y lleva la firma de Pinochet. La única prohibición establecida en el contrato fue que el bien raíz no podía ser enajenado por un período de cinco años a partir de su inscripción a nombre de Cema, tal como lo estipula el DFL 789 de 1978, que regula la adquisición y disposición de bienes municipales.

Por entonces, el terreno estaba eriazo y avaluado en poco menos de $4,5 millones. El 26 de diciembre del año pasado, cuando Cema lo vendió, lo hizo en más de $783,7 millones.

Inmueble que Cema vendió en Chillán a fines de 2014
Inmueble que Cema vendió en Chillán a fines de 2014

Hace varios años que Cema dejó de usar ese inmueble. Al menos desde 2002 esa dirección corresponde a las oficinas de los dos Juzgados de Policía Local de Chillán. Cema se lo arrendó a la municipalidad con el compromiso de que ésta lo destinaría exclusivamente a ello u a otros fines “relacionados estrictamente a su gestión administrativa”, quedando excluida la posibilidad de instalar allí un “centro comunitario, juntas de vecinos, clubes deportivos, sedes sindicales y otros análogos” (ver contrato). El valor establecido para el arriendo fue de $700 mil mensuales. A ese monto se le debían restar $100 mil que corresponden a lo que Cema debe pagar al municipio como arriendo de su nueva sede a sólo dos cuadras de distancia.

Cuando Cema decidió poner a la venta el terreno, notificó al municipio y le hizo saber que, como arrendatario, tendría la primera opción de compra. En octubre de 2013 el director de Control de la municipalidad, Wenceslao Vásquez, sugirió al alcalde Sergio Zarzar (RN) encargar un informe en derecho: ¿era legal que se vendiera un terreno que la municipalidad donó con un fin específico? (ver oficio de Vásquez). Consultado por CIPER, Vásquez dijo que el informe nunca se pidió formalmente, ya que los mismos abogados del municipio revisaron los antecedentes y señalaron que como la donación no estableció otras prohibiciones, además del plazo de cinco años para enajenar, y como a ese momento ya habían pasado casi 25 años, no había irregularidades en el proceso.

La municipalidad no ejerció su opción de compra y el 26 de diciembre de 2014, Cema vendió el terreno a la Sociedad Agrícola Covadonga, representada por José Antonio Díaz Iriondo. A fines de ese mes, el nuevo dueño envió una carta a la municipalidad para avisar que el arriendo subiría a partir de enero de 2015: en vez de $700.000, serían 230 UF, que a la fecha equivalían a más de $5,6 millones. Un precio que no prosperaría: a fines de febrero de este año firmaron un nuevo contrato de arrendamiento por 49,5 UF mensuales (poco más de $1,2 millones).

Lo que más llama la atención en esta transferencia es que, a pesar de que Cema se hizo de la propiedad a través de una donación del municipio, este inmueble  no figura en la lista de 113 propiedades que el Estado le cedió a Cema y que el Ministerio de Bienes Nacionales entregó a CIPER en 2013. De hecho, de los 49 bienes raíces que todavía figuran a nombre de CEMA Chile en un informe de bienes de la fundación fechado en junio de 2014, muchos no aparecen en la nómina.

DONACIONES SIN REGISTRO

Si la antigua sede de Cema en Chillán no aparece en los registros del Ministerio de Bienes Nacionales, es porque fue una donación directa no desde el Gobierno Central, sino que desde el municipio. Las condiciones son básicamente las mismas que con los bienes que entrega el ministerio: prohibición de cinco años para enajenar y si en ese período la fundación no usa el inmueble para lo cual se le entregó, tendrá que devolverlo. Pero son normas distintas, porque aunque todos son bienes del Estado, unos son de propiedad fiscal (Ley 1.939) y los otros de propiedad municipal (DFL 789).

Es por eso que tampoco aparecen en la lista los inmuebles de Avenida Angamos Nº 497, en Antofagasta; el de calle Prat sin numeración, en Huasco; el de Portales Nº 81, en Casablanca; ni los otros 43 que durante la dictadura le entregaron de forma gratuita a Cema otras municipalidades del país. CIPER pudo corroborar que la fundación de Lucía Hiriart ya se ha desprendido de –al menos– 17 de ellos, lo que le ha significado ingresos por poco más de $969 millones.  

Otras donaciones de bienes fiscales que no figuran en los registros gubernamentales son las que provienen de los distintos Servicios de Vivienda y Urbanismo (Serviu). Al comparar los registros con los que la propia fundación entregó a los tribunales en 2005, aparecen siete propiedades entregadas a Cema por esa vía. Una se ubica en Río Ibáñez, en la Región de Aysén. Las otras seis están en la Región de Valparaíso. En Los Andes hay una. En San Antonio son dos. Las otras tres se reparten así: dos en La Ligua y una en Concon, pero fueron vendidas entre 1993 y 2003. El valor de venta de las tres últimas propiedades fue de $20 millones.

placa-fundacion-cema-chileLo que no se explica es que en la respuesta que envió el Ministerio de Bienes Nacionales a CIPER en 2013, son 52 inmuebles los que no aparecen mencionados y que sí fueron entregados a Cema por esa repartición. Una omisión de la cual da cuenta un nuevo catastro ministerial al que tuvimos acceso para este reportaje (ver catastro). Un ejemplo: la propiedad ubicada en la calle Atamu Tekena de Isla de Pascua, que el Estado le entregó en 1988 a la fundación y que ésta vendió en $10 millones en 2004, no aparece en la lista de 2013, pero sí en la nueva. Otro ejemplo: la de calle Nelson Nº 171, en el Cerro Barón de Valparaíso, entregada gratis a Cema en 1987 y vendida en 1998 por $25 millones. En todo caso, de esos 52 inmuebles omitidos, la mayoría tampoco aparece en el nuevo registro. CIPER logró encontrarlos tras revisar los listados anexos en distintos informes policiales incluidos en la carpeta de la Corte de Apelaciones.

El desorden en el registro de las propiedades que el Estado le entregó a Cema ha hecho que aun hoy sea imposible determinar con certeza cuántos inmuebles le fueron regalados a la fundación de Lucía Hiriart. Los datos que la misma institución entregó a la justicia hace ya una década no calzan con los registros del Conservador de Bienes Raíces. En parte, porque algunos terrenos fueron loteados y vendidos por separado a sus socias. Son las llamadas “Villas Cema”. En su informe Dicom, la fundación registra 44 bienes raíces a su nombre. Solo en Renca hay 17, todos en el sector de Esmeralda con José Miguel Infante, el cual fue entregado a Cema en una sola transferencia en 1988. El paño hoy contempla toda la Villa Araucanía, la que es atravesada por unas ocho cuadras, y que registra la venta de 77 viviendas durante la década del ’90.

El caos en los registros de la fundación es tal que tampoco allí hay claridad respecto a cuántas propiedades componen su patrimonio inmobiliario y cuál es su verdadero valor. En los registros de Cema que tuvo a la vista la PDI, entre los pocos inmuebles que sí fueron ingresados a su contabilidad, por lo menos 18 figuran tasados en $1. Por eso, la policía estableció en un informe que el patrimonio de la entidad está “distorsionado” y “no es fidedigno”. Quien tuvo a su cargo las finanzas de Cema desde fines de los ‘70, Nancy Vargas, lo explicó así en una declaración ante la PDI en 2005:

Nunca se llevó un registro contable de las propiedades, ya que por instrucciones del directorio, éstas debían ser llevadas y administradas por la fiscalía de la fundación (…) Varias propiedades están ingresadas contablemente con valor de $1: corresponden a inmuebles donados a la fundación por Bienes Nacionales que, al no contar con su valor de tasación, se ingresaron con ese valor para mantener un registro. La decisión fue tomada por el Departamento de Finanzas (de Cema). Cuando en marzo de este año iniciamos un catastro de las propiedades de la fundación, pudimos enterarnos que existen varias que no están registradas, en especial inmuebles en provincias. Pese a encontrarse registradas en los respectivos conservadores de bienes raíces, la fundación no tiene mayores antecedentes de ellas, aun cuando estaban siendo ocupadas por las respectivas sedes”.

Pero el desorden no sólo tenía que ver con la gestión de las propiedades. Todos los registros contables desde 1996 hacia atrás fueron incinerados. Y con ello, gran parte de las pruebas que podrían haber determinado si parte de los US$ 21,8 millones de origen desconocido que había en las cuentas de Pinochet en el extranjero provenía o no de la Fundación Cema Chile. Lo que sí encontraron los detectives fueron los libros de actas de su consejo. Y allí aparecieron nuevas irregularidades que dan cuenta de cómo la familia Pinochet utilizó a la fundación para obtener recursos, los que incluso si se acaba la fundación, irán a parar al clan.

LA OTRA FUNDACIÓN DE LOS PINOCHET

A Lucía Hiriart nadie la eligió para ocupar la presidencia de Cema. La hoy viuda de Pinochet llegó a esa posición en 1973 solo por ser la “esposa del Presidente”, en este caso de facto. Fue el punto de partida para transformar por completo la institución que la esposa del entonces presidente Carlos Ibáñez del Campo había creado dos décadas antes con el fin de prestar ayuda a la familia chilena, principalmente de “los hogares obreros”, por medio de una red de centros de madres creados en distintos puntos del país. Todo lo que vino después es lo que la PDI consideró para concluir en uno de sus informes que desde que la esposa de Pinochet asumió el cargo, la fundación “ha sufrido una serie de cambios, todos dirigidos a mantener el control en manos de la señora Lucía Hiriart”.

Lucía Hiriart junto a sus hijas Lucía y Jacqueline
Lucía Hiriart junto a sus hijas Lucía y Jacqueline

Fue algo paulatino, pero muy bien pensado. Primer paso: la nueva presidenta y su equipo de consejeras –compuesto por el resto de esposas de los integrantes de la Junta de Gobierno– eliminaron de los estatutos todas las alusiones sobre “la clase obrera” o “el pueblo”. Segundo paso: para ser presidenta de la fundación el requisito ya no era ser primera dama, sino que ahora había que ser la cónyuge del comandante en jefe del Ejército. Tercer paso: cambiar el foco. El objeto de la entidad dejó de ser el “bienestar material y espiritual” de niños y mujeres de escasos recursos en general, y pasó a centrarse sólo en “la mujer socia de los centros de madres”. Les impartirían talleres de artesanía y cocina, entre otros, y les entregarían viviendas sociales. Todo en los terrenos y edificios cedidos gratuitamente por el Estado. Fue así como llegaron a tener una red en todo el país.

Fueron movidas inteligentes. Lucía Hiriart creaba así su propio club de mujeres en los sectores más vulnerables de la población, y de paso, aseguraba en sus manos el control total sobre Cema y su patrimonio. Más adelante, en 1997, cuando su marido estaba por dejar la comandancia en jefe del Ejército, modificó de nuevo los estatutos para que nadie la sacara de allí. Para ser presidenta de Cema ya no sería requisito ser la esposa del comandante en jefe, sino que sería elegida por el consejo de la fundación. Un consejo sobre el cual ella misma tenía el control. Fue así que terminó de apropiarse de la entidad a perpetuidad.

Tanto es así que incluso cuando Cema ya no exista, la familia Pinochet podrá seguir lucrando con ella.

Según su última modificación de estatuto, dos entidades se repartirán el patrimonio de Cema en caso de liquidarse. Una es la Corporación de Damas de la Defensa Nacional, entidad creada por esposas de oficiales de las tres ramas de las Fuerzas Armadas y que administran residencias de retiro para la tercera edad (ver sitio web). La otra es la Fundación de Apoyo Social, de la cual lo único que se sabe es que obtuvo personalidad jurídica en 1983 y que su único directorio conocido lo integran la misma Lucía Hiriart como presidenta, sus tres hijas –Lucía, María Verónica y Jacqueline– como vicepresidentas y su hermana Tatiana en el cargo de primera directora 

TODO QUEDA EN FAMILIA

“Asesorías en materia de transportes”. Fue por ese concepto que Augusto Pinochet Hiriart fue destinado en 1978 “en comisión de servicios” desde el Ejército hasta la fundación que presidía su madre, la primera dama. Al menos eso es lo que dice en las actas de Cema que revisó la policía. Como los registros contables de esos años fueron eliminados, es imposible saber cuánto se le pagó y qué tipo de asesorías realizó, si es que realizó alguna. No fue el único miembro de la familia que figuró como empleado de la fundación.

Ya antes se había acordado en una sesión del consejo que en la fundación “no deben trabajar parientes, salvo los casos de personal de exclusiva confianza y altamente calificado”. Eso fue en abril del ’76, el mismo día que una de las hijas de la presidenta de Cema, María Verónica Pinochet Hiriart, quedaba a cargo de sus nuevas “galerías artesanales”.

En marzo de 1997, la hermana del general Pinochet, María Teresa Pinochet Ugarte, figuraba como vicepresidenta regional de Cema. Ese mismo año, apareció una nueva generación: María Verónica Pinochet Molina ingresó a la fundación que preside su abuela como “encargada de Relaciones Públicas”. Cuando la PDI le preguntó por su trabajo en la fundación, reconoció que no tenía título ni estudios superiores, que sus labores eran “más bien menores” y que no estaban “plenamente identificadas con los de una relacionadora pública”. Aún así ejerció el cargo por cinco años y durante todo ese período se le pagó un sueldo mensual de poco más de $500 mil. A eso se suma que en 2001 fue beneficiada con una “ayuda social” por concepto de “servicios educacionales” para dos de sus hijos, dinero que devolvió a Cema en 2005, en medio de la investigación de la justicia.

Otra miembro del clan Pinochet Hiriart se vio directamente favorecida con los recursos de la fundación: Jacqueline, la menor de los cuatro hijos del general, recibió de Cema tres préstamos que suman un total de $11 millones. Sólo devolvió la mitad de ese monto.

LA HERENCIA DE RAIMUNDO DE LARRAÍN

Así como Cema le sirvió a Lucía Hiriart para contar con US$100 mil cuando su marido estaba con prisión domiciliaria en Londres (además del enorme flujo de dinero que empresarios chilenos le hicieron llegar), hay antecedentes que indican que hubo otras partidas de dinero que fueron recibidos por la viuda de Pinochet a nombre de la fundación, pero que nunca llegaron a sus arcas.

 Raimundo de Larraín (fuente: genealogiachilenaenred.cl)
Raimundo de Larraín (fuente: genealogiachilenaenred.cl)

Fue Doris Manley, la esposa del general Santiago Sinclair, quien contestó el teléfono. Era 1989, y al otro lado de la línea, la cónyuge del entonces vicecomandante en jefe del Ejército y miembro de la Junta de Gobierno, escuchó la voz de una mujer que parecía molesta. Era Elena Larraín Valdés, quien llamaba para pedirle explicaciones. Hacía poco que se había ejecutado en Nueva York el testamento de su hermano, el afamado escenógrafo, diseñador de vestuario y fotógrafo de modas, Raimundo de Larraín, y le parecía indignante que nadie de la Fundación Cema Chile la hubiera llamado a ella o a alguien de su familia para agradecerle su legado.

Mal que mal, eran US$ 150.000 que su hermano, viudo de Margaret Strong Rockefeller –nieta del cofundador de la Standard Oil, el magnate norteamericano John D. Rockefeller–, había reservado especialmente para la institución. Manley le respondió que debía haber un error. Y fue en esa conversación que se enteró de que ese dinero había sido enviado a Chile y lo había recibido directamente la presidenta de Cema, la esposa del general Augusto Pinochet y por esos días aún primera dama, Lucía Hiriart.

La contadora Nancy Vargas también se refirió a ese episodio cuando fue interrogada por la PDI en 2005: la plata que Raimundo de Larraín dejó en herencia jamás ingresó a las arcas de la fundación. Nunca se acreditó el destino final de ese dinero.

Nota de la Redacción: Este reportaje fue actualizado el miércoles 25 de noviembre a las 19:05.

Farmacia municipal de Recoleta desnuda cómo la industria infla los precios de los medicamentos

A tres minutos de haber comenzado su exposición, Marcos Fernández hizo una pregunta que demostró que casi todos los que habían llegado a esa reunión estaban en la misma sintonía y que buscaban solucionar el mismo problema. Frente a él, sentados en el zócalo de la Municipalidad de Recoleta, había alcaldes, concejales, funcionarios y representantes de a lo menos 130 comunas del país. Habían llegado desde Antofagasta, Iquique, Tocopilla, Petorca, Olivar, Molina, Putaendo, LlayLlay, La Ligua, Ancud, Puente Alto, Quinta Normal, Independencia y hasta Punta Arenas, entre otras tantas. Ante la pregunta de Fernández, muchos levantaron su mano y miraron alrededor para ver cuántos más lo hacían.

-¿Cuántas comunas de las que están acá representadas compran medicamentos para sus vecinos a través de sus direcciones de Desarrollo Comunitario a las grandes cadenas de farmacias que están coludidas? –fue la pregunta.

Marcos Fernández
Marcos Fernández

Fernández, quien a mediados de octubre se convirtió en el gerente general de la Farmacia Popular Ricardo Silva Soto, la primera farmacia municipal en Chile que entregará medicamentos a precio de costo a sus habitantes, miró rápidamente a los asistentes y sonrió. La gran mayoría tenía su mano arriba. Siguió:

-Todas las comunas estamos gastando dinero, así que lo que aquí planteamos es que esos mismos recursos los gastemos de una forma mucho más eficiente: ocupando un canal de compras municipal a través del mecanismo de la farmacia popular.

Era el viernes 30 de octubre por la mañana, y Fernández era uno de los principales expositores del seminario “Creando Farmacias Populares”, organizado por la Municipalidad de Recoleta. Él era el encargado de explicar en detalle el innovador modelo que el alcalde Daniel Jadue (PC) está llevando a cabo para permitir a los habitantes de su comuna que cuenten con Ficha de Protección Social, acceder a medicamentos que no están disponibles en los consultorios y a un valor que promete ser un 70% más bajo que el precio de mercado o incluso más.

Una apuesta cuyo primer efecto ha sido demostrar cómo las utilidades de la industria de fármacos han abultado excesivamente y sin control los precios de los medicamentos en Chile. De allí que, si el proyecto de Jadue logra consolidarse y extenderse a otros municipios, facilitará a la población el acceso a fármacos de alto costo, mejorará la economía de los hogares al reducir su gasto en salud e impactará en la eficiencia del uso de los fondos municipales al permitir la reasignación de recursos.

Basta mirar el cuadro de precios comparados que preparó la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco) de Recoleta para entender por qué el nuevo programa social ha generado tanto interés en municipios de todo Chile y, a la vez, el rechazo de la industria farmacéutica.

Por ejemplo, el Acebron es un anticoagulante que en las tres grandes cadenas de farmacias –Ahumada, Cruz Verde y Salcobrand– se vende entre $13.790 y $14.810. En la farmacia municipal de Recoleta, los usuarios inscritos podrán conseguirlo pagando más de diez veces menos: $1.280 (*ver Nota de la Redacción al final del reportaje). El Dazolin es un medicamento para el tratamiento del Alzheimer que en el mercado cuesta entre $58.880 y $73.890, pero en la nueva farmacia municipal de Recoleta se va a entregar a sólo $16 mil. Y el Ipran, un antidepresivo que las farmacias privadas venden entre $38.640 y $41.490, con la iniciativa de Jadue se podrá adquirir a $2.280.

-Cuando vemos la diferencia de valores y nos encontramos con precios aumentados en un 1.000% o incluso más, y sabemos que esto es lo que puede extender y mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos, fundamentalmente de las personas mayores, acercarles una farmacia municipal deja de ser sólo una posibilidad y se convierte en un imperativo ético y moral –dijo el alcalde esa misma mañana al dar inicio al seminario.

Aunque el equipo que comanda Daniel Jadue demoró cerca de un año y ocho meses en estudiar, diseñar, desarrollar y poner en marcha el proyecto, el modelo es bastante simple. De partida, no es una farmacia común y corriente, sino que un programa social del municipio. No estará abierta a todo público ni funcionará todos los días: la autorización que le dio el Instituto de Salud Pública (ISP)para operar señala que sólo abrirá tres veces a la semana entre las 12:00 y 16:00 y que únicamente podrá suministrar medicamentos a “los usuarios inscritos en la Dirección de Desarrollo Social” de la municipalidad (ver autorización).

Tampoco venderá los fármacos que tenga en stock, sino que funcionará sólo como un canal de compra y dispensa, sin fines de lucro. O sea, como un simple intermediario para que los cerca de 1.500 vecinos que ya se han registrado compren barato sus remedios. Ni siquiera los gastos operativos, que bordean los $4 millones mensuales –según aseguró Marcos Fernández a CIPER–, se traspasarán a los precios: es un costo que asumirá el municipio como una subvención.

A pesar de que tendrá a disposición el petitorio mínimo que el ISP exige a cualquier farmacia para poder funcionar, será en bajas cantidades, y sus principales esfuerzos estarán destinados a conseguir los fármacos que demanden sus beneficiarios a través de recetas médicas. Es un modelo cooperativo: primero se reúne la demanda para luego, en base a esas necesidades, salir a buscar la oferta al mejor precio posible. La clave está en eso último: cómo acceder a medicamentos a bajo costo.

Daniel Jadue
Daniel Jadue

El municipio comprará directamente al distribuidor del Estado, la Central Nacional de Abastecimiento (Cenabast), a la que Jadue se refiere como su “socio estratégico”. Y si el medicamento requerido no está disponible por esa vía, podrá negociar directamente con los laboratorios o incluso importarlo del extranjero. Es ese mecanismo el que ha sido aplaudido por el Ministerio de Salud (Minsal), apoyado por el ISP y el que ha seducido a muchas municipalidades para replicar el proyecto de Recoleta. Sobre todo aquellas 52 que no cuentan con ninguna farmacia en su territorio.

Pero también es en ese punto donde las farmacias privadas ven en el nuevo modelo una amenaza a su negocio. Lo consideran anticonstitucional, una competencia desleal. Hasta ahora sólo han levantado la voz las farmacias de barrio, que en total suman unos 1.463 locales en todo el país. A las otras 1.492 que pertenecen a alguna de las tres grandes cadenas –condenadas por colusión de precios en 2008–, que concentran más del 90% de las ventas netas del mercado y que controlan cada peldaño en la escala de distribución y venta y, por lo tanto, los abultados precios finales, las farmacias municipales -como la de Recoleta- ni siquiera llegan a hacerles cosquillas.

LA DOBLE CARA DEL MERCADO

En Chile hay dos mercados completamente distintos para los medicamentos: el público y el privado. El origen, en todo caso, es el mismo. Son los mismos fármacos y los mismos laboratorios que los producen. En muchos casos, son incluso las mismas marcas. Solo el precio es diferente. Una brecha de hasta un 3.000%, según la denuncia que en julio de 2015 hicieron los representantes de la Federación Nacional de Trabajadores Farmacéuticos. De ahí proviene la diferencia de precios que detectaron en la Dideco de Recoleta. Los baratos son los que adquiere Cenabast, la entidad encargada por ley de comprar medicamentos e insumos clínicos que abastecerán de forma exclusiva a hospitales, consultorios y centros de salud administrados por el Estado. Los otros, los que llegan a las farmacias para satisfacer la demanda privada de la ciudadanía, son los caros.

La diferencia se explica por la lógica que rige el sistema: las reglas del mercado. Los laboratorios farmacéuticos, concuerdan varios expertos consultados por CIPER, buscan siempre obtener la mayor rentabilidad posible en cada uno de los escenarios donde les toque jugar. Y como en Chile el precio de los medicamentos tampoco está sujeto a regulación, la venta en farmacias escapa a todo control.

Si Cenabast logra precios reducidos es porque compra mediante licitaciones donde los valores de oferta son públicos e involucra enormes volúmenes de productos. La regla es del todo o nada: el que gana se lleva toda la demanda del Estado. Y frente a ese sistema, los laboratorios optan por reducir sus posibles ganancias, bajar los precios y asegurar la venta. Muy distinta a la ruta que siguen los fármacos que llegan a los estantes y góndolas de las farmacias privadas.

cenabast-La Fiscalía Nacional Económica (FNE), el Ministerio de Salud y el Instituto de Salud Pública (ISP) han renunciado a regular este mercado. Se refugian en una labor técnica y no han desarrollado las competencias necesarias como en otros países, donde las agencias sí se preocupan del modelo de acceso a medicamentos antes de aprobar su venta, abordan los precios o tienen sistemas de reembolso a través de seguros de salud que les permiten contenerlos. Pero como en Chile nadie reembolsa nuestros gastos en medicamentos, nadie regula el precio y éste se termina regulando por lo que los pacientes están dispuestos a pagar. Y eso lo determinan los mismos actores que controlan un mercado altamente concentrado en cada uno de sus niveles –explica Juan Pablo Morales, químico farmacéutico y director ejecutivo de la ONG Políticas Farmacéuticas.

La libertad para fijar precios tiene que ver con la estructura de la industria. Antes de llegar a las manos del consumidor, los medicamentos pasan por tres etapas: producción, distribución y dispensa. “El problema es que en cada nivel hay muy pocos actores que concentran una alta cuota del mercado”, agrega Morales. Y en cada uno de ellos el precio se infla un poco más.

FIJACIÓN DE PRECIOS: EL TRIPLE MARGEN

La primera etapa es cuando el fármaco sale del laboratorio. Si hubiera muchos oferentes, los precios tenderían a bajar, pero eso no ocurre en este mercado. Salvo en el caso de los genéricos, la oferta la manejan monopolios controlados por quienes poseen las patentes de los fármacos, u oligopolios conformados por los muy pocos actores que son capaces de producirlos.

Desde esa posición, los laboratorios componen sus precios en parte por los costos de producción, pero también por el retorno esperado a la innovación y los gastos en marketing y posicionamiento de ese medicamento en el mercado, incluyendo los incentivos para la prescripción de médicos y personal de farmacias. Se calcula que el 40% del precio final de venta corresponde a ese tipo de costos asociados. Por eso, sobre todo cuando son únicos productores, fijan precios con utilidades altísimas. Ese es el primero de los tres márgenes que influyen en los elevados precios que pagan las personas por un medicamento: las ganancias de los laboratorios en su venta a los distribuidores mayoristas, las llamadas droguerías.

farmacias_sb-ahConstituyen la etapa intermedia entre que el medicamento sale al mercado y llega a los puntos de venta. Según los registros del ISP, son cerca de 150 las droguerías que operan en el país, pero al final son sólo tres o cuatro las que dominan este tramo de la cadena. En una presentación elaborada en 2014 sobre la evolución del mercado farmacéutico, el actual subfiscal nacional económico, Mario Ybar, se refiere a ellas como “el cuello de botella” de la industria. Como están verticalmente integradas con las grandes cadenas de farmacias, es a través de ellas que Cruz Verde, Ahumada y Salcobrand ejercen su poder en el mercado a través de la negociación directa con los laboratorios y el control de los precios. Las droguerías son el corazón de su negocio, y es precisamente el área más desregulada de la cadena.

Su dominio se basa en el volumen de compra y su espalda financiera. Es simplemente economía de escala: con un patrimonio mayor, pueden comprar en grandes cantidades; y al aumentar la demanda, obtienen un mejor precio de los fabricantes. Es desde esa posición privilegiada que las cadenas quedan con el sartén por el mango.

Un informe elaborado en 2010 por el consultor argentino Carlos Vassallo (a pedido del Minsal), señala que gran parte del valor final que se le asigna a un fármaco se define en este nivel, sobre todo a lo que se refiere a su accesibilidad y garantía del suministro. Eso les permite manejar el precio y establecer un segundo margen de utilidades: las que provienen de las transacciones entre las distribuidoras y las farmacias, que son al final empresas relacionadas. ¿Qué porcentaje representa del precio final del medicamento? No se sabe con certeza.

Manuel Espinoza es médico, doble magíster en Epidemiología y en Bioestadística, master en Economía de la Salud y doctor en Economía de la Universidad de York, en Inglaterra. Es también académico de la Universidad Católica, asesor científico en el ISP y coordinador técnico del Observatorio Nacional de Medicamentos de esa institución. El estudio de cómo se comporta el mercado farmacéutico es su especialidad. Pero nunca ha tenido acceso a los datos que le permitan calcular el impacto de esta etapa en el precio final de los medicamentos. Así lo señaló a CIPER: “No hay información fidedigna disponible porque no hay transparencia en el mercado”.

El director del ISP, el doctor Alex Figueroa, también reconoce que, a pesar de que la información sí existe, está en manos de las empresas: es privada y el instituto que dirige no tiene las atribuciones para obtenerla. Lo que sí se sabe es que el tercer margen de ganancias que infla el precio de los medicamentos es precisamente el que surge de la venta final en las farmacias. Y que en todo el proceso el valor del medicamento puede llegar a elevarse hasta 20 veces.

Toda esa cadena es la que se ha saltado el alcalde Daniel Jadue con la farmacia municipal en Recoleta mediante su asociación con Cenabast. La fórmula que garantiza precios bajos a los vecinos de su comuna. Algo que las farmacias independientes no pueden hacer, ya que por ley están impedidas de comprarle a Cenabast. A ellas no les queda más que jugar bajo las reglas que ponen las grandes cadenas que dominan el mercado. Y ahí, quien lleva la batuta, es Cruz Verde y su empresa matriz, la droguería Socofar.

-Socofar compra a los laboratorios y vende a las mismas farmacias a un precio que es siete veces su valor. Y eso que es parte de una de esas cadenas de farmacias. Lo que hace es usar la misma estrategia de las inmobiliarias en la educación superior: es gente que está encubriendo utilidades con distintas razones sociales –acusó el alcalde Jadue durante el seminario del 30 de octubre en Recoleta.

EL IMPERIO DE LA CRUZ VERDE

cruz-verde-farmaciaNo todas las cadenas de farmacias son igual de grandes. La muestra más visible está en el número de locales en el país: Salcobrand tiene 412, Ahumada 440 y Cruz Verde 640 (ver datos del ISP). En otras palabras, Cruz Verde controla el 21,8% de los puntos de venta de fármacos en Chile. Pero la mayor diferencia tiene que ver con su posición dominante en el mercado de la distribución. Cada una tiene su propia droguería. En el caso de Salcobrand y Ahumada, son exclusivas: sólo compran para surtir a su propia red de farmacias. No así Cruz Verde, que a través de Socofar se ha convertido en el principal proveedor de la industria, tanto para su propia red como para farmacias independientes. Ya en 2010 se estimaba que manejaba el 20% de la oferta mayorista. No hay datos más actualizados.

El negocio de Socofar partió a mediados de los ’50 como una pequeña distribuidora para la Farmacia Munnich, que la familia de Guillermo Harding Alvarado tenía en Valparaíso. Casi 30 años después, cuando Harding creó la primera Farmacia Cruz Verde en Viña del Mar, no lo hizo como persona natural, sino que a través de Socofar. Para entonces, la regulación de los precios de los medicamentos por parte del Estado y las barreras para el ingreso al negocio ya eran una barrera superada. Desde ahí comenzó la construcción de su imperio.

Primero fue algo local. Un reportaje de revista Qué Pasa señala que para 1992, Cruz Verde ya lideraba las ventas en la V Región, y que fue su dueño, Guillermo Harding, quien desató la primera gran guerra de precios de la industria farmacéutica. Fue en respuesta al desembarco ese mismo año en Viña del Mar de las farmacias Ahumada, Salco y Brand –que hasta 2001 fueron dos empresas distintas–, lo que Harding consideró una “invasión de su territorio”.

Fue también la primera colusión de precios de las cadenas (ver reportaje de CIPER). Todo terminó al año siguiente en la FNE: la farmacia de Harding confesó que había participado “presionada” en una coordinación de precios con la competencia y las cuatro empresas fueron multadas.

Ese mismo año, Cruz Verde aumentó considerablemente su capital: pasó de $35 millones a $1.500 millones. Su matriz Socofar, ya tenía un fondo social que superaba los $10.000 millones. Desde entonces, su crecimiento ha sido sostenido.

Las claves de su expansión han sido su sistema de franquicias y los precios diferenciados. Así lo señaló Mario Ybar en su presentación para la FNE: Socofar ofrece a las farmacias descuentos por volumen de productos. Para acceder a ellos, les exige el uso de la marca Cruz Verde. Si no están de acuerdo, no hay problema y pueden comprarle a precio de mercado, mucho más caro. Pero si éstas acceden, aceptan también dos cláusulas que cierran aún más el mercado: no pueden vender su local sin autorización de Socofar ni comprar medicamentos a otras droguerías.

Guillermo Harding
Guillermo Harding

A fines de 2008, la FNE abrió una nueva investigación contra las grandes cadenas de farmacias por haberse coludido para aumentar el precio de venta de 222 medicamentos. A esa altura, Socofar se había convertido en un holding con inversiones ya no sólo en el mercado farmacéutico, sino que también en diversas sociedades del rubro inmobiliario y de transportes. Había incluso adquirido su propio laboratorio para fabricar medicamentos genéricos: Mintlab. De hecho, una de las acusaciones por colusión apuntaba a un acuerdo que Socofar suscribió con Salcobrand, su competencia, para venderle medicamentos producidos en ese laboratorio (ver artículo de La Tercera).

Cuatro años después, cuando el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) condenó a Cruz Verde y Salcobrand por la colusión –aunque desestimó la acusación por el convenio de venta–, Harding ya había agregado a su grupo de empresas la cadena de productos de perfumería y belleza Maicao y había expandido sus operaciones de venta mayorista y minorista de medicamentos a Costa Rica y Colombia. Poco después se retiraría de Costa Rica y, en Chile, se ampliaría al mercado de la salud oncológica, lo que nuevamente le significó una investigación de la FNE.

A marzo de 2014, tras dividirse en dos sociedades distintas, sólo el capital de Socofar ya superaba los $33.000 millones. Un año después, Harding recibió distintas ofertas de compra desde el extranjero. De nuevo se prendieron las alertas en la FNE. Tras meses de negociaciones y un due diligence que valorizó al holding en US$ 998 millones, en agosto de 2015 el grupo mexicano FEMSA adquirió el 60% de la propiedad, haciéndose del control de su red de farmacias en Chile y Colombia, de las perfumerías Maicao y del laboratorio Mintlab. Pero Harding sigue allí, con el 40% de las acciones y la presidencia del directorio. Según un artículo de La Tercera, es parte de su plan para seguir expandiéndose por Sudamérica.

“¿Por qué no hay mayor regulación en este mercado?”, se pregunta Juan Pablo Morales, de la ONG Políticas Farmacéuticas, y esboza una respuesta:

-Para entenderlo, hay que mirar la cantidad de interrelaciones que existen entre laboratorios, distribuidoras y farmacias. Ninguno de esos actores se dedica de forma exclusiva a su negocio. Tienen un paraguas enorme de inversiones anexas. Están tan interconectados que su posible regulación afecta la rentabilidad y el funcionamiento de muchas otras industrias asociadas con intereses ligados al poder económico del país. Un poder altamente concentrado y que se relaciona muy estrechamente con la clase política. La no regulación no se debe entonces a falta de evidencias. Sólo los escándalos han permitido que se regule el sistema. Cuando no los hay, la incapacidad y falta de competencia de las instituciones, más la falta de voluntad política del Estado, provoca que no haya una regulación preventiva.

DOS INICIATIVAS PARA ABRIR EL ACCESO A FÁRMACOS

Las farmacias independientes son las más afectadas por cómo funciona el sistema. Como no tienen capacidad de compra en grandes cantidades, sus posibilidades de acceder directamente con los laboratorios o los distribuidores a precios competitivos son escasas. Por eso, generalmente tienen los precios de venta más altos. Eso ocurre a pesar de que la misma Ley de Fármacos establece que laboratorios, importadores y distribuidores de medicamentos “no podrán realizar prácticas que impliquen discriminar a las farmacias o almacenes farmacéuticos en razón de su tamaño o por no pertenecer a una cadena de farmacias o a una asociación o agrupación de compra”.

farmacia-popular-recoleta-pendonA juicio de los representantes de la Asociación de Farmacias Independientes, los principales opositores a la farmacia municipal de Recoleta, ese artículo de la Ley de Fármacos es el que todas las instituciones regulatorias del Estado se han negado a fiscalizar.

Las farmacias de barrio también se hicieron presentes en el seminario del 30 de octubre en Recoleta. En la ronda de preguntas, una mujer cogió el micrófono e increpó al alcalde Daniel Jadue. Le dijo que ella era representante de esa asociación de empresarios farmacéuticos y que consideraba que su modelo de farmacia popular era una amenaza a su negocio, sobre todo si llegaba a replicarse en otras comunas del país. Aseguró que no era legal, ya que los municipios están impedidos por ley a realizar actividades comerciales y que su política se había olvidado de incluir a su sector, renunciando a buscar una asociación con ellos y generándoles, en cambio, competencia a precios que ellos jamás podrían alcanzar.

Jadue fue tajante en su respuesta: que no era ilegal pues no había comercialización, que no es que los hayan olvidado sino que simplemente el foco del programa siempre fueron los vecinos y no los comerciantes de farmacias, y que si no podían comprar a Cenabast, no es problema de él ni del municipio, sino que es algo que deben resolver los parlamentarios en el Congreso.

“Avanzar hacia un mejor acceso a precios razonables”. Ese el objetivo del Ministerio de Salud, desde donde hace meses se viene anunciando que abogará para que Cenabast pueda abrirse a la venta directa a farmacias independientes y de barrio. Así lo dijo a El Mercurio el subsecretario de Salud Pública, Jaime Burrows, a fines de julio de 2015. Que presentarían una indicación al proyecto de ley que se tramita en el Senado desde marzo y que pretende regular los medicamentos bioequivalentes genéricos y evitar la integración vertical de laboratorios y farmacias.

Pero eso no ha ocurrido. El proyecto duerme sin urgencia en el Congreso.

Otra iniciativa es la que surgió al interior del ISP: una mesa de trabajo compuesta por economistas de la salud, abogados y ex directores del instituto y de Cenabast para generar un diagnóstico respecto a las barreras de acceso a los medicamentos en la población. El director de la entidad, Alex Figueroa, dijo a CIPER que es un proyecto que aún está en etapa inicial, que apenas se han reunido dos veces, y que pretenden revisar la información del mercado, comparar la realidad chilena con otros países y, en un plazo de un mes, generar propuestas que puedan enviar al Minsal.

Lo que se busca es diseñar políticas que permitan garantizar el acceso a medicamentos a la población y posiblemente establecer un mecanismo para monitorear y controlar los precios del mercado. Una regulación inédita en las últimas cuatro décadas.

Mientras todo eso se discute y se dilata, el germen que se plantó en Recoleta se empieza a expandir por el país. En Calama ya anunciaron la instalación de la primera farmacia municipal del norte. En Puerto Montt prometen instalar dos sucursales en Alerce, Mirasol o en el centro de la ciudad. En Valparaíso y Frutillar también pretenden replicar el modelo, y en Talagante, San Felipe, Panguipulli, Huechuraba y Tocopilla, sólo por mencionar algunos, la propuesta ya está en discusión.

-He tenido visitas de más de 30 municipios que ya están empezando los procesos. A nosotros nos tomó un año y ocho meses porque había que atreverse a mirar distinto, buscar la fórmula, innovar y ejecutar –dijo Jadue.

 

*Nota de la Redacción: En la versión original de este reportaje se mencionó como ejemplo la diferencia de precios del medicamento Hidroronol-T, que según la información entregada por la Municipalidad de Recoleta, en las cadenas de farmacias se encontraba por sobre los $104 mil, mientras que en la nueva farmacia municipal se podría adquirir a tan solo $10.000. CIPER corroboró que esa información es errónea, ya que el valor de ese fármaco en el sector privado no supera los $7.000. Lamentamos el error.  

La Polar: las pruebas y las negociaciones a las puertas del juicio oral

“Ya está ampliamente comprobado que el fraude en La Polar sí existió, que hubo delito, y eso nadie lo puede discutir. Ya está prácticamente amarrado y demostrado”. La frase no la dijo el fiscal José Morales, jefe de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, quien ha dirigido por cuatro años y cuatro meses la investigación de uno de los más grandes casos de corrupción corporativa de los últimos años en Chile. Tampoco uno de los abogados de los 817 querellantes de la causa, en su mayoría accionistas minoritarios de la empresa de retail. La afirmación provino de un abogado que ha defendido a uno de los nueve ex ejecutivos de La Polar acusados de haber creado un intrincado modelo para distorsionar los resultados financieros de la empresa y así defraudar al mercado, obtener dividendos ilícitos y, luego, intentar esconder esas ganancias.

Efectivamente, a días de la audiencia que dará inicio a la fase final del proceso, el lunes 2 de noviembre, ya no hay duda de que el fraude en La Polar no fue un acto aislado, sino que una práctica sistemática cuyo pilar fue la repactación unilateral de las deudas de miles de clientes que tenían tarjeta de crédito de la multitienda y que estaban en mora. La mayoría provenía de los estratos sociales más vulnerables.

El procedimiento -conocido internamente como la “normalización”-, partió como un proceso manual, a cargo de agentes que operaban en un call center. Después se profesionalizó cuando con un software se automatizaron las operaciones. Casi un millón de créditos en mora fueron “normalizados”, o sea, pasaron a integrar la cartera de deudas en proceso de pago de la multitienda, mejorando así artificialmente los resultados financieros de la empresa, los que luego eran entregados al mercado.

Fue así que los ejecutivos de La Polar fueron inflando por años una burbuja financiera, hasta que en junio de 2011 explotó, dejando a la vista una máquina para engañar a clientes, accionistas, directores, auditores, empresarios y a todos los reguladores del mercado de valores. A la vez, evidenció las graves negligencias y omisiones por parte de esos mismos actores del mercado que –a sabiendas o no– se dejaron engañar.

No fueron pocas las señales de que los antecedentes que la empresa entregaba a los inversionistas eran, a lo menos, dudosos. Hay pruebas de ello, pero aun así, la mayoría omitió esos datos (ver reportaje de CIPER). Cuando vino el descalabro, las AFP tenían invertidos cerca de US$ 700 millones en acciones y bonos de La Polar, dinero proveniente de los fondos de pensiones de millones de trabajadores. De hecho, eran dueñas del 24% de las acciones de la empresa. Un patrimonio que se desplomó apenas la noticia se difundió por el mercado.

La-Polar-51También las corredoras de bolsa pasaron por alto las señales, recomendando a sus clientes invertir en títulos de la multitienda hasta el último minuto previo a la debacle. Miles de personas perdieron los ahorros de toda su vida.

La negligencia también incluye a los auditores externos que revisaron y aprobaron la información contable de la compañía. Primero fue Ernst & Young, cuyo ejecutivo a cargo de auditar a La Polar terminó convirtiéndose en un cercano asesor de la gerencia. Luego, Pricewaterhouse Coopers (PwC), sancionada por las superintendencias de Valores y Seguros (SVS) y de Bancos (SBIF) por no haber cumplido los diversos procesos y pruebas de auditoría (ver reportaje de CIPER).

Lo mismo ocurrió con Feller Rate, la clasificadora de riesgo que trabajó con La Polar, también sancionada por el ente regulador, al igual que varios de los directores y ejecutivos que dirigieron La Polar en la época que se llevó a cabo el fraude.

La investigación administrativa que la SVS hizo en paralelo al trabajo de la fiscalía, determinó diversos grados de responsabilidad de la mayoría de los involucrados, tanto de gerentes y ejecutivos que montaron el fraude como de las personas e instituciones que permitieron que sucediera. Para muchos estableció multas millonarias que algunos intentaron anular judicialmente. Distinto ha sido el escenario en la arista penal.

La cantidad de actores involucrados derivó en que la lista inicial de imputados del Ministerio Público incluyera a 31 personas y cuatro empresas relacionadas a La Polar. A medida que la investigación avanzaba la nómina se fue depurando. Esa fue la estrategia del fiscal José Morales: ir de a poco focalizando los esfuerzos y la atención hacia los principales artífices y beneficiarios del fraude. 

A LA CAZA DE “LOS TRES PECES GORDOS”

De los 31 imputados del comienzo, sólo nueve fueron sentados por la fiscalía en el banquillo de acusados. Y de estos últimos, dos ya tienen condena: Nicolás Ramírez, ex gerente general de La Polar (2009-2011), y Pablo Fuenzalida, ex gerente de Informática. Ambos acordaron con Morales un juicio abreviado en 2014. Ramírez fue condenado a cinco años de libertad vigilada, mientras que Fuenzalida fue sentenciado a dos años de presidio remitido. Ambos ahora figuran en la lista de testigos.

Con ellos dos fuera, Morales presentó a comienzos de junio de 2015 en el 2º Juzgado de Garantía de Santiago, la acusación definitiva contra los otros siete formalizados, paso previo a la preparación de un juicio oral (ver acusación). Pero tres de ellos no llegarán a esa instancia, pues negociaron en agosto de este año la suspensión condicional del proceso. Así, sólo cuatro acusados seguirán hasta la etapa final: el ex presidente de la multitienda, Pablo Alcalde; la ex gerenta de Administración, María Isabel Farah; el ex gerente de Productos Financieros, Julián Moreno; y el ex gerente de Finanzas, Santiago Grage.

Pablo Alcalde
Pablo Alcalde

De los cuatro, sólo los tres primeros constituyen piezas clave en el rompecabezas judicial que ha ido armando Morales. Alcalde, Moreno y Farah son los ex ejecutivos que algunos abogados vinculados al caso llaman “los tres peces gordos”, responsables de diseñar y ejecutar el modelo del fraude y los principales beneficiados con las ganancias ilegales. Los tres están acusados de entregar información falsa al mercado, infringir la Ley de Bancos y lavado de activos. Moreno y Farah suman a los cargos el uso de información privilegiada. Pruebas en su contra se cuentan por miles. Son, para la fiscalía, el premio mayor: si terminan sin condena, la investigación completa sería un fracaso.

Son más de 330 los tomos con las evidencias que Morales y su equipo han reunido en los cuatro años que lleva en curso la indagatoria. Para el juicio, el fiscal pretende llevar 243 testigos que incluyen a los mismos acusados, accionistas perjudicados, superintendentes, fiscalizadores, policías, ex fiscales, corredores de bolsa, ejecutivos bancarios y notarios, entre otros, además de 36 peritos. También lista en la acusación más de mil documentos, 1.995 correos electrónicos y otros 338 medios de prueba.

CIPER accedió a esos documentos. Entre ellos se encuentra un extenso informe pericial del Centro de Estudios y Asistencia Legislativa de la Universidad de Valparaíso (CEAL) y otro de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile (FEN), ambos igual de lapidarios sobre el rol de los ejecutivos en el fraude al mercado. Hay también 18 informes reservados elaborados por la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y el Banco Central para demostrar el lavado de activos.

Abogados querellantes y defensores consultados por CIPER coinciden en que la investigación ha sido muy completa y que, por los delitos vinculados a la Ley de Mercado de Valores, los acusados deberían ser condenados. Pero también señalan que, aún cuando hay pruebas sólidas sobre la participación de Alcalde, Moreno y Farah en el lavado de dinero, se trata de un delito que por distintos motivos, es muy difícil de probar ante el tribunal. Por eso, dudan que los imputados terminen cumpliendo penas efectivas de cárcel. Fuentes de la fiscalía señalan que comparten esa duda. Es por ello que Morales ha intentado buscar un acuerdo que le permita amarrar las condenas. Y si no fuera por la negativa de Pablo Alcalde, lo más probable es que ese acuerdo ya existiría.

LA OFERTA DE MORALES   

La audiencia del 2 noviembre para preparar el juicio oral podría ser, de cierta forma, la revancha del fiscal José Morales. Hace sólo una semana era uno de los favoritos para suceder a Sabas Chahuán al mando de la Fiscalía Nacional por los siguientes ocho años. Fue uno de los candidatos más activos a la hora de tejer redes y conseguir el apoyo político para llegar a ese puesto (ver reportaje de CIPER). Tras ser votado en la quina que la Corte Suprema propuso a la Presidenta Michelle Bachelet, el lobby a su favor se intensificó. Llegó incluso a ser retratado como la carta de consenso en el Senado. Pero Bachelet desechó su nombre y propuso como nuevo fiscal nacional a Jorge Abbott, quien fue ratificado en la Cámara Alta el pasado 21 de octubre.

Morales llega al juicio oral de La Polar con una mochila: las críticas por su actuar en el Caso Cascadas y su negativa a formalizar al controlador de SQM, Julio Ponce Lerou. Chahuán sacó a Morales de esa causa en julio de este año, luego de que los denunciantes solicitaran su remoción. Alegaron la inexistencia de una línea investigativa y ausencia de diligencias para esclarecer la realidad del esquema fraudulento que sancionó la SVS y que implicó multas por más de US$ 164 millones a Ponce y a varios de sus hombres de confianza. Morales estuvo dos años a la cabeza de esa investigación sin que mostrara avances sustantivos, y sólo formalizó a dos personas a comienzos de 2015.

Quienes han conocido de cerca el trabajo de José Morales, aseguran que su excelente labor persiguiendo los delitos de La Polar es precisamente lo que levanta sospechas por lo que no hizo con las Cascadas. Dicen que con la multitienda incautó todos los servidores, computadores, discos duros, cuentas corrientes y documentos que correspondían y que lo hizo a tiempo, además de obtener peritajes clave e informes contundentes para comprobar los delitos. Pero también señalan que conoce los riesgos de ir a juicio oral y que, a pesar de que tiene plena confianza de ganar, ha intentado asegurar las condenas de Pablo Alcalde, Julián Moreno y María Isabel Farah negociando una salida alternativa.

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Fiscal José Morales

Una fuente de la fiscalía dijo a CIPER a comienzos de octubre que hace al menos dos meses que las relaciones entre Morales y los acusados están estancadas. A pesar de que el fiscal lo ha negado públicamente, su interés es pactar un juicio abreviado. Y ya ha habido conversaciones al respecto. Moreno y Farah, para quienes la fiscalía ha pedido 10 años de cárcel y un comiso de bienes que en conjunto suman más de $1.150 millones –sin contar inmuebles y participaciones en sociedades–, estarían abiertos a cerrar el trato y acabar lo antes posible con el proceso.

¿Qué les ofrece Morales? Una fórmula matemática para incautar de forma equitativa y proporcional entre los imputados el dinero de origen ilícito que habrían obtenido y reducir a todos la pena solicitada a tan solo cinco años. De aceptar, la fiscalía no ejercería presión para que fueran penas efectivas. Considerando el período que ya cumplieron en reclusión preventiva y la irreprochable conducta anterior, lo más probable es que cumplan condena en libertad.

El problema es que la oferta de Morales y su equipo es, hasta ahora, un paquete: o aceptan los tres o ninguno. Y el ex presidente de La Polar, Pablo Alcalde, ha rechazado esa opción. En la fiscalía aseguran que se debe a que es el único de los imputados que tiene la espalda financiera para afrontar los costos de ir a un juicio oral y extender el proceso por al menos un año. Para él, Morales ha pedido una sentencia de 12 años de cárcel y el comiso de los $375,9 millones que obtuvo en bonos por cumplimiento de metas entre 2006 y 2009, además de la participación en sus sociedades y sus inversiones en fondos mutuos.

A pesar de la reticencia de Alcalde, Morales aún no cierra la puerta a un acuerdo, el que debe cerrarse antes o durante la audiencia del 2 de noviembre (ver recuadro). Una vez concluida esa instancia, ya no habrá vuelta atrás. En ese caso, el fiscal sabe que tiene las pruebas suficientes para lograr condenas que posiblemente no llevarán a Alcalde, Moreno y Farah a la cárcel,  pero que sí permitirán –como dijo a El Pulso“el establecimiento de una verdad jurídica y los hechos que dañaron la credibilidad del mercado y el funcionamiento del sistema de valores chileno”.

EL ORIGEN DEL FRAUDE

Aunque la investigación judicial marca como punto de partida el año 2006, lo cierto es que el origen del modelo que convirtió fraudulentamente a Alcalde, Moreno y Farah en unos de los gerentes mejor pagados del mercado, fue mucho antes. Fue en 1999, cuando los empresarios Norberto Morita y Raúl Sotomayor adquirieron a través del fondo de inversiones Southern Cross el control de La Polar, entonces en quiebra, por tan sólo US$ 25 millones.

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Norberto Morita

Cuando reclutaron a los ejecutivos que administrarían la multitienda, les ofrecieron algo más que sueldos a precio de mercado y millonarios bonos. Les propusieron un programa de incentivos que prometía ganancias de un millón de dólares por encima de sus remuneraciones en sólo tres años. ¿Cómo? Convirtiendo a los gerentes en accionistas de la sociedad matriz con la que Morita controlaba La Polar: Inversiones Siglo XXI. Pero no participarían directamente, sino que a través de sociedades creadas especialmente para ello, para así disminuir su carga tributaria.

El plan fue cuidadosamente diseñado por el influyente estudio de abogados Barros & Errázuriz. Fue así que Morita y Sotomayor cimentaron las bases de un sistema que más adelante derivaría en uno de los mayores casos de corrupción corporativa del país (ver reportaje de CIPER).

Pablo Alcalde asumió como gerente general de la empresa, y para ingresar al programa de incentivos, creó la empresa Asesorías Galicia. Julián Moreno, que desde 1998 era gerente corporativo de Productos Financieros, hizo lo propio con su sociedad Asesorías Río Najerillas. Y María Isabel Farah, gerenta de Administración, creó Asesorías Horus para invertir en la matriz de La Polar.A ellos se sumarían otros gerentes:los ya condenados Nicolás Ramírez y Pablo Fuenzalida, y el ex gerente de Negocios, Daniel Meszaros. Esas sociedades se convertirían más adelante en la plataforma perfecta para traspasar dineros y esconder el patrimonio de sus dueños (ver la ruta de las sociedades de los gerentes).

La promesa de Morita y Sotomayor se cumplió: cuando en 2003 La Polar se abrió a la Bolsa, el valor de la empresa se quintuplicó. Los resultados financieros que presentaban como gancho para los inversionistas eran excelentes. Los ingresos netos crecieron en tres años un 131% y se tradujeron en utilidades que en el mismo período aumentaron en más de 1.010%.

Lo que no se decía era que ya por esa fecha había 1.789 clientes cuyas deudas habían sido repactadas sin su consentimiento. La práctica ya llevaba tres años en operaciones, y el volumen fue aumentando cada año. Así, los resultados financieros y contables que conocía el mercado, aunque falsos, eran cada vez mejores. Las AFP se habían convertido en grandes accionistas y las corredoras de bolsa recomendaban invertir en La Polar.

En ese primer período, los ejecutivos sumaron millonarios ingresos extra transando acciones, cuyo valor se había disparado. Sólo como ejemplo: entre noviembre de 2003 y enero de 2005, Farah registró ingresos por más de $892,7 millones y Alcalde, que como gerente general era quien más alta participación tenía en Inversiones Siglo XXI, sólo en enero de 2005 recibió más de $2.777 millones.

Para fines de 2005, La Polar ya había “normalizado” poco más de 199 mil deudas, pero la real explosión vino al año siguiente. Solo en 2006 se repactaron sin consentimiento cerca de 177 mil créditos en mora, es decir, el 47% de todas las renegociaciones ficticias que La Polar había realizado hasta esa fecha (ver tabla de repactaciones).

Ese año, antes de que Southern Cross vendiera su participación en La Polar, se implementó un segundo incentivo para retener a los ejecutivos: un plan de compra de acciones para la plana gerencial. Para ello, los ejecutivos se asociaron bajo el alero de una nueva sociedad: Inversiones Alpha (ver mapa de las sociedades). El plan se llevaría a cabo por etapas, mediante una compleja operación comandada por Morita y Sotomayor para subsidiar el precio de compra de las acciones.

Aunque en lo formal los socios de Southern Cross habían vendido su participación en La Polar, en la práctica seguían teniendo el control, ya que fueron ellos mismos quienes financiaron la compra de las acciones por parte de los ejecutivos. Como esas acciones quedaron prendadas en garantía de la deuda hasta 2009, fue recién ahí que Morita y Sotomayor se retiraron (ver reportaje de CIPER). Ninguno de los dos fue formalizado, aunque a Morita sí lo sancionó la SVS con una multa de 1.500 UF. A pesar de que intentó revertir la sanción por la vía judicial, en abril de 2015 la Corte de Apelaciones la ratificó.

Alcalde, que ese mismo año fue elegido en una encuesta por sus pares, directores y gerentes de empresas IPSA, como el “ejecutivo de la década” por su labor en La Polar, dejó la gerencia general y pasó a ser presidente del directorio. Nicolás Ramírez asumió como gerente general. Moreno y Farah se mantuvieron en sus mismos cargos. Ese mismo año el sistema de repactaciones unilaterales dejó ser manual y se automatizó mediante un software.

Durante todos esos años las operaciones de “normalización” siguieron al alza de forma explosiva. Al final, cuando ya en 2011 el modelo se vino abajo, se reveló que las repactaciones secretas habían alcanzado a casi un millón de clientes y que detrás de ellas se podían ver las huellas de Alcalde, Moreno y Farah.

LAS PRUEBAS QUE HUNDEN A LOS EX EJECUTIVOS

Son miles los documentos incluidos en la carpeta de investigación que corroboran la existencia de las repactaciones unilaterales, la distorsión que provocaron sobre los estados financieros de La Polar y los efectos que tuvo la entrega de esa información falsa al mercado. Un abogado querellante en la causa dijo a CIPER que “la discusión ahora es qué tan demostrada está la responsabilidad de cada uno de los imputados en esos delitos. Porque no basta con decir que cierto ejecutivo debía estar en conocimiento de los hechos. El estándar de prueba debe ser mucho mayor. Si esto llega a juicio oral, es en ese punto donde se van a concentrar los alegatos”.

El primero en caer es Julián Moreno, gerente corporativo de Productos Financieros. Fue bajo su alero que se puso en ejecución el sistema de repactación unilateral de deudas. La acusación de la fiscalía lo sindica no sólo como quien impartía las indicaciones para llevar a cabo las “normalizaciones”, sino que además fue quien solicitó la aplicación informática que permitió la automatización del proceso. Él fue también quien diseñó la “base mayo”, un archivo computacional maestro donde se determinaba cuántas repactaciones se iban a hacer y se registraba el valor de las carteras. Fue también quien segmentó por colores las deudas según tramo de morosidad.

Julián Moreno
Julián Moreno

En resumen, Julián Moreno no sólo puso en marcha un sistema para aumentar falsamente la cartera de créditos por cobrar, sino que además ocultó la real morosidad de los clientes y el riesgo real que esas deudas le ocasionaban a la cartera. Tal fue el impacto en los resultados globales de la compañía que lo que se presentaba en diciembre de 2010 como utilidades acumuladas por casi $164,5 millones, en julio del año siguiente, cuando la burbuja reventó, eran en realidad pérdidas acumuladas por más $408,5 millones.

En el siguiente escalón está María Isabel Farah, que como gerente de Administración tenía a cargo la elaboración de los estados financieros con la información falsa que le entregaba Moreno. Pero su rol no sólo se restringía a recibir la información y procesarla para los documentos que después enviarían a inversionistas y entidades reguladoras. Era ella quién determinaba el volumen de las provisiones que requería la empresa, y según esos cálculos, se establecían lo montos que debían ser objeto de repactación.

La investigación de la fiscalía estableció que esos cálculos eran subvalorados “por la omisión deliberada de la valoración del riesgo asociado a una importante cantidad de créditos que, figurando como vigentes, en realidad eran créditos morosos que habían sido renegociados unilateralmente por la compañía, situación conocida por la imputada desde 2006”.

Las pruebas de la fiscalía le permiten también aseverar en su acusación que Pablo Alcalde, primero como gerente general y después como presidente del directorio, no sólo sabía de todos esos movimientos al menos desde 2008, sino que además coordinó las acciones entre Farah y Moreno para “mantener y mejorar la efectividad de estas prácticas irregulares”.

De hecho, previo a las presentaciones ante el directorio, los tres se reunían para coordinar la información que darían a conocer a sus miembros. Respecto a las renegociaciones unilaterales o la subvaloración de las provisiones, la fiscalía dice que simplemente lo omitían en los informes que entregaban al directorio y al comité de directores. Se le acusa además, de haber aprobado estados financieros y memorias sabiendo que contenían información falsa. Fue Alcalde quien firmó entre 2006 y 2011 las declaraciones de responsabilidad que garantizaban la supuesta veracidad de la información que se entregaba a la SVS y al mercado.

Todas las pistas que evidencian el rol activo de Alcalde, Moreno y Farah en la entrega de información falsa al mercado se encuentran respaldadas en las memorias anuales de La Polar, sus estados financieros, sus FECUS, sus actas de directorio y de juntas de accionistas, hechos esenciales y en los miles de correos electrónicos incautados, los cientos de documentos recabados y las decenas de declaraciones tomadas por los fiscales durante el período de investigación. Todo eso está también ratificado en dos informes periciales.

El primero fue el del CEAL (enero de 2013). En 415 páginas, analiza en detalle los procesos internos de La Polar, desde la repactación unilateral de las deudas hasta la difusión de los resultados contables y financieros al mercado. Y concluye que los mecanismos empleados “implican la contravención de las normas legales y contables vigentes” y que Alcalde, Moreno y Farah sabían muy bien lo que estaba ocurriendo, ya que constantemente recibían los únicos documentos que informaban de las repactaciones: los informes de gestión preparados por la gerencia que encabezaba Farah.

Luego vino el de la FEN (junio de 2013). En 200 páginas se analizan los efectos de las repactaciones en la contabilidad de La Polar, calculando un detrimento patrimonial que a julio de 2011 bordeaba los $579 mil millones. Y agrega: Desde 2006 hasta 2010, la compañía distribuyó indebidamente dividendos, bonos y remuneraciones de los ejecutivos, e incentivos al directorio, sobre la base de utilidades líquidas ficticias, es decir, utilidades inexistentes”. Si se suman los montos que Alcalde, Moreno y Farah percibieron por ese concepto, la cifra se alza por sobre los $3.011 millones.

Un informe policial de julio de 2013, también establece cómo los tres obtuvieron ganancias por el solo hecho de mejorar artificialmente los resultados de la empresa. ¿Cómo? Por bonos por cumplimiento de metas. Alcalde recibió como premio por su gestión al menos $375,9 millones entre 2006 y 2011; Moreno unos $165,8 millones y Farah otros $120 millones.

Los persecutores y peritos llegaron a esas y otras conclusiones –como por ejemplo, que los dos últimos sí usaron información privilegiada y que obtuvieron así un total de al menos $874,3 millones– cruzando la información contable de la empresa con los datos de sus cuentas bancarias personales y de sus sociedades, sus antecedentes tributarios, sus transacciones bursátiles e incluso sus inversiones en bienes raíces. Todo ello también sirvió para probar que los ex ejecutivos acusados no sólo obtuvieron ganancias ilegales, sino que además intentaron esconderlas.

LAVADO DE ACTIVOS: EL PUNTO DÉBIL

En octubre de 2011, CIPER publicó un extenso reportaje sobre cómo Alcalde, Moreno y Farah, junto a otros dos ex gerentes investigados, ejecutaron operaciones que pretendían bloquear el acceso a su millonario patrimonio y al eventual pago de indemnizaciones. Tras el descalabro y su posterior salida de La Polar, dos de ellos liquidaron sus sociedades conyugales, otros modificaron y constituyeron sociedades y una cedió el usufructo de varios de sus bienes inmuebles a familiares (ver reportaje). Eran los primeros indicios de que los ex ejecutivos intentaban ocultar el origen ilícito de esas platas. Ese fue el punto que la fiscalía tomó como partida para su acusación por lavado de activos.

En la carpeta investigativa de la fiscalía, las evidencias que prueban el lavado de dinero ya juntan diez tomos. En ellos se encuentran declaraciones judiciales de ejecutivos bancarios, corredores de bolsa, notarios y familiares de los imputados; además de cartolas bancarias y de transacciones bursátiles, cheques y vales vista. Todos los ingresos y egresos de las cuentas corrientes de los acusados, de sus fondos mutuos y sus carteras de inversión, han sido constantemente monitoreados. Lo mismo con las cuentas de sus sociedades e incluso de algunos familiares. Si han enviado dinero al extranjero, la fiscalía lo sabe. De eso dan cuenta los 15 oficios reservados que entregó la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y los tres informes que envió el Banco Central (ver lista de informes).

María Isabel Farah
María Isabel Farah

Así se supo, por ejemplo, que entre junio y julio de 2011, tras revelarse públicamente el fraude, Asesorías Horus, la sociedad de Farah, liquidó $880 millones en acciones, fondos que luego fueron repartidos entre las cuentas personales de la misma Farah, su hija y otros familiares. De ahí también salieron los primeros $100 millones que la ingeniera comercial pagó a su abogado, Alex Carocca.

Lo mismo hizo Julián Moreno con su sociedad Asesorías Río Najerillas: obtuvo $250 millones en el mismo período por la venta de acciones, dinero que repartió entre su cuenta personal y la de su hija. En esa misma época, Pablo Alcalde transfirió a su esposa unos $442,5 millones, que luego retiraría a través de vales vista. Movimientos como esos hay muchos.

Las pruebas, concuerdan los abogados consultados por CIPER, pueden ser suficientes para demostrar el delito, pero es difícil que el tribunal otorgue una sentencia. Dicen que siempre la tipificación del lavado de activos “es discutible”, y que el éxito de la fiscalía se medirá en los fundamentos jurídicos que permitan constatar la intencionalidad de esconder los dineros productos de acciones ilegales.

La polémica modificación a la ley que entró en vigencia a comienzos de 2015 se convierte en este punto en un importante impedimento para que los ex ejecutivos de La Polar cumplan penas efectivas. Y ello, porque establece que las penas por lavado no podrán ser mayores a las del delito del cual provienen los bienes obtenidos. Todo eso el fiscal José Morales lo sabe:

-En Chile no hay condena por delitos de lavados de dinero. Es importante para la fiscalía y por supuesto que va representar un esfuerzo adicional convencer al tribunal de eso. Es parte de los desafíos que enfrenta el Ministerio Público -dijo a El Pulso.

 

UNA AUDIENCIA, CUATRO POSIBLES ESCENARIOS

El lunes 2 de noviembre, en la audiencia para preparar el juicio oral, los escenarios que se presentan –según los abogados consultados por CIPER- son los siguientes:

1) La fiscalía persiste en su posición del “acuerdo en paquete” y ante la negativa de Alcalde de acordar una salida por juicio abreviado, se van los tres “peces gordos” a juicio oral. Con 245 testigos, unos 7.500 correos y casi 2.000 documentos, la fiscalía demoraría unos tres meses en exponer su caso, y luego vendrían las presentaciones de las defensas y los demás querellantes (ver artículo en La Tercera). Se estima que el proceso se extendería por, a lo menos, un año más.

2) La fiscalía cede y negocia una salida con Farah y Moreno. Ambos van a juicio abreviado y dejan a Alcalde solo. Ya el juicio oral se reduce sólo a comprobar su participación en los hechos, y los demás se convierten en testigos de cargo contra Alcalde.

3) Es Alcalde el que cede y junto a Farah y Moreno acuerda un juicio abreviado con la fiscalía. Cinco años para cada uno, que lo más probable es que termine en pena remitida, y una incautación patrimonial proporcional que en total sumaría entre $2.500 y $3.000 millones, según las estimaciones del propio Morales. Sería la opción óptima para el fiscal. Un abogado dijo a CIPER: “Si eso sucede, sería impresentable, porque las pruebas para condenarlos en un juicio están”. Hasta ahora, es el menos probable de los escenarios.

4) No hay audiencia preparatoria. El tribunal acoge la solicitud de la defensa de Moreno de reabrir la investigación para acceder a nuevas diligencias. Esto, dicen los abogados, es lo más probable que suceda, porque corresponde a una estrategia de ganar tiempo para negociar un acuerdo que incluya a Alcalde.

 

 

Los fallos contra Eguiluz que permitirán su formalización sin querella del SII en Caso SQM

Un importante fallo para el futuro de la investigación del financiamiento ilegal de la política emitió la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones el viernes 11 de septiembre (ver fallo). En una decisión dividida, los magistrados rechazaron el recurso de amparo que una semana antes presentó el ex vicepresidente nacional de Renovación Nacional (RN) y miembro del Consejo Regional del Bío Bío, Claudio Eguiluz, en un intento por evitar convertirse en uno más de los políticos sentados en el banquillo de los acusados por uso de boletas falsas. El recurso era la última carta que tenía para impedir su formalización, fijada para este lunes 14 de septiembre.

Con el fallo de la Corte de Apelaciones, esa posibilidad se esfumó y no le quedará más que asistir a esa audiencia. La decisión del tribunal de alzada constituye además un sonado fracaso para una estrategia jurídica que también ha seguido el ex senador Jovino Novoa (UDI) y que busca paralizar la indagación del Ministerio Público si es que no hay una querella personalizada del Servicio de Impuestos Internos (SII). Eguiluz aún podría buscar un pronunciamiento de la Corte Suprema, aunque ya es muy tarde para evitar su formalización.

A Eguiluz la Fiscalía lo acusa de haber emitido 25 boletas a SQM por servicios sin respaldo entre 2011 y 2014, las que suman $112,5 millones. Además, Eguiluz emitió otra boleta a la filial SQM Salar, recibió $45 millones de SQM a través de dos de sus empresas y se investigan millonarios pagos a través de terceros. En total, son más de $460 millones bajo sospecha (ver diagrama en reportaje de CIPER).

Claudio Eguiluz
Claudio Eguiluz

En todo caso, la importancia del fallo no radica sólo en que ahora Eguiluz podrá ser investigado en uno de los principales y más grandes casos de corrupción de los últimos años en Chile. La decisión que se aprobó con el voto favorable de los ministros Jaime Balmaceda y Pedro Advis, y la negativa de la abogada Claudia Chaimovich, deja a firme una sentencia previa del mismo tribunal que le sirve de llave al Ministerio Público para sortear la principal dificultad para la persecución penal del financiamiento ilegal de la política con platas de SQM: la renuencia del SII a querellarse contra los emisores de boletas y facturas falsas.

La ley establece que en delitos en materia tributaria, el SII tiene la atribución exclusiva y excluyente de interponer querellas y denuncias. Si eso no se cumple, el Ministerio Público no puede investigar. Con ese argumento, Eguiluz pudo eludir una primera formalización a fines de julio de 2015. Sin embargo, la Fiscalía recurrió a la Corte de de Apelaciones y el 26 de agosto salió el primer fallo que abría la puerta a iniciar oficialmente una investigación contra Eguiluz y los demás emisores de boletas y facturas que si bien no figuran como responsables en las denuncia que presentó el SII, sí aparecen individualizados en ellas (ver primer fallo).

Aunque ya en marzo se sabía que Claudio Eguiluz había recibido millonarios pagos de SQM, el detalle de sus boletas fue informado oficialmente a la Fiscalía en la ampliación que el SII presentó el 2 de abril de 2015 a la querella que poco antes había interpuesto contra la minera controlada por Julio Ponce Lerou por delito tributario. El suyo era uno de los 15 nombres que aparecían en el documento acusatorio y que estaban vinculados a RN (ver reportaje de CIPER). Luego, a fines de mayo, una boleta que emitió a SQM Salar apareció en una rectificación de impuestos que la misma empresa hizo ante el SII y que también informó a la Fiscalía. En ninguno de los dos documentos se sindica a Eguiluz ni a ninguno de los emisores de boletas como autores de los delitos denunciados.

¿Por qué entonces ese primer fallo de la Corte de Apelaciones permitió la formalización de Eguiluz? La respuesta está en la misma querella inicial del SII. Además de enfocar la denuncia en siete personas, el texto dice que la acusación se hace extensiva “contra todas las demás personas que resulten responsables como autores, cómplices o encubridores del ilícito denunciado, a fin de que el Ministerio Público proceda a investigar los hechos que se describen, formalizando en su oportunidad a los denunciados y a quienes en el curso de la investigación aparezcan como partícipes del delito ya señalado”.

Y no sólo eso. En su parte final, la querella concluye que se tenga interpuesta denuncia criminal “en contra de todas las demás personas que resulten responsables por estos mismos hechos”.

Esas dos frases incluidas en la querella del SII fueron determinantes para que los magistrados consideraran –también en una votación dividida– que tanto Eguiluz como las demás personas individualizadas como emisores de boletas pudieran ser objeto de persecución por su eventual responsabilidad penal en los delitos allí relatados. Por lo tanto, se ordenó la formalización de Eguiluz. Fue así que el juez Daniel Aravena lo citó para el lunes 14 de septiembre a las 9:00 al Octavo Juzgado de Garantía junto a Giorgio Martelli, el ex diputado Alejandro Sule (PR), el ex gerente general de SQM, Patricio Contesse, el abogado Roberto Guzmán, la contadora Clara Bensán (exDC), y David Flores (PPD). Si llegara a no presentarse, Eguiluz podría ser detenido.

Fue ese primer dictamen el que la defensa de Eguiluz intentó echar atrás con su recurso de amparo del 4 de septiembre. Su formalización nuevamente quedaba en suspenso, pero el nuevo fallo de la Corte de Apelaciones una semana después, confirmó que deberá presentarse y que la excusa de que el SII no se ha querellado ya no le servirá. La decisión judicial constituye además un precedente importante para las demás personas involucradas en los pagos irregulares de SQM. 

RUTA DE UNA FORMALIZACIÓN

Junto a su abogado Marcelo Torres, Claudio Eguiluz alegaba en su recurso de amparo que la apertura formal de una investigación judicial en su contra por delito tributario era ilegal, ya que el SII no ha presentado ninguna denuncia ni querella contra él por la emisión de esas boletas. Una estrategia que ya antes le había resultado.

Fue el 27 de julio, cuando el Ministerio Público intentó por primera vez formalizarlo y se encontró con un muro en el Octavo Juzgado de Garantía: la jueza Ema Tapia consideró que la ausencia de una querella del SII contra Eguiluz era suficiente para que la fiscalía no pudiera investigarlo, y anuló su formalización. Eguiluz quedaba liberado de la persecución penal.

Aunque sólo días después, el 30 de julio, el SII finalmente sí se querelló contra Eguiluz, no fue por la emisión de boletas falsas, sino que por transgredir la Ley de Donaciones al ocultar “el traspaso gratuito de sumas de dinero desde la Sociedad Química y Minera de Chile S.A.” sin que hubiese existido una contraprestación efectiva de servicios que justificara esos traspasos (ver reportaje de CIPER). Así, se habría burlado el impuesto que Eguiluz debía pagar por recibir una donación. Como esa querella no menciona las boletas falsas que Eguiluz emitió a SQM ni le atribuye responsabilidad por el dinero que otras personas cobraron a la minera para luego entregárselo a él –como lo prueban los mismos testimonios que recoge la querella del SII–, a juicio de su defensa, aún no había justificación para que fuera formalizado.

Sabas Chahuán
Sabas Chahuán

El fiscal nacional Sabas Chahuán decidió recurrir a la Corte de Apelaciones, y el 3 de agosto presentó una apelación a la sentencia de la jueza Tapia. Además de alegar que la magistrada anuló una formalización que no había alcanzado a realizarse y que la oficialización de una investigación es un acto autónomo de la Fiscalía que no es “objeto de nulidad procesal”, fue en ese escrito que el fiscal nacional recalcó las frases contenidas en las querellas para justificar la acusación contra Eguiluz.

23 días después, la Undécima Sala de la Corte de Apelaciones revocó el veredicto de Tapia. Aunque en ese primer fallo se reconoce la atribución exclusiva del SII para interponer denuncia o querella por delitos tributarios, las dos frases que hacen extensiva la denuncia contra quienes resulten responsables según se establezca en la investigación de la Fiscalía fueron clave para que los magistrados consideraran que con ello se podía justificar la formalización.

Lo que vino después es lo que ya se mencionó: tras ser citado a una nueva audiencia para oficializar la investigación como acusado, Eguiluz recurrió al mismo tribunal que ya había fallado en su contra, y no tuvo éxito. Los magistrados de la Cuarta Sala que revisaron su recurso establecieron que no podían manifestarse sobre un fallo adoptado en otra sala de la misma Corte. Por lo tanto, dictaminaron: “El debate sobre la cuestión que motiva el presente recurso de amparo concluyó definitivamente con el fallo de esta Corte que revocó la resolución de primer grado”.

 

Los desconocidos detalles de cómo se implementará la gratuidad universitaria en 2016

**Esta es la tercera versión de este reportaje. Para entender los cambios que motivaron su actualización ya dos veces (21 y 26 de agosto, respectivamente) después de su publicación original, vea la Nota de la Redacción al final del texto**

Poco tiene que ver la gratuidad que el Ministerio de Educación (Mineduc) pretende implementar en 2016 con la reforma al Sistema de Educación Superior. De hecho, son dos cosas completamente distintas e independientes entre sí. Por eso ingresarán en septiembre al Congreso dos proyectos de ley diferentes. Uno de ellos, el que incorpora los cambios estructurales al sistema prometidos en el programa de gobierno, será de larga tramitación. Como en el Ejecutivo saben que esa discusión no acabará antes que finalice 2015, se decidió jugar otra carta y apostar por la gratuidad sin reforma. Ese es el segundo proyecto, una especie de “marcha blanca” de un nuevo sistema de financiamiento público que, para comenzar a operar, no requerirá de ningún cambio al marco normativo vigente. O sea, funcionará bajo las reglas del desregulado modelo que actualmente rige la educación superior.

La vía para implementar la gratuidad prometida el 21 de mayo por la Presidenta Michelle Bachelet será a través dela Ley de Presupuestos 2016. De esa forma, el financiamiento total al que eventualmente podrán optar desde el próximo año los alumnos que pertenezcan a los primeros cinco deciles y que estudien en alguna de las 36 entidades “elegibles”, dependerá exclusivamente de que la glosa presupuestaria para llevarla a cabo sea aprobada en el Congreso. En el Ministerio de Educación estiman que beneficiaría a cerca de 234 mil estudiantes: el 20% de la matrícula total del sistema. Para que ello sea posible se necesitarán entre US$ 300 y US$ 400 millones por sobre los US$ 858 millones que ya destina el Estado cada año para financiar becas y créditos. Así lo señaló a CIPER Francisco Martínez, jefe de la División de Educación Superior del Mineduc (Divesup).

Francisco Martínez
Francisco Martínez

La falta de una normativa específica es la clave para entender las críticas que han surgido desde el mundo académico a la forma en que el gobierno está llevando adelante su política de gratuidad sin reforma. El vicepresidente ejecutivo del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH, que reúne a universidades públicas y privadas tradicionales) y rector de la Universidad de Valparaíso, Aldo Valle, dijo a CIPER que desde el CRUCH “siempre se entendió que el propósito de avanzar en gratuidad, sobre todo atendiendo a los más vulnerables del sistema, requería un cambio sustantivo en el marco regulatorio. Si eso no ocurre, es inconveniente otorgar la gratuidad, ya que no se reconocerían las diferencias entre las distintas instituciones”.

El Sistema de Educación Superior está compuesto por 60 universidades que por ley no pueden lucrar, además de 58 centros de formación técnica (CFT) y 42 institutos profesionales (IP) que sí pueden hacerlo. Esa es la primera diferencia de fondo a la que se refiere Aldo Valle. Entre las universidades, reconoce el rector, también hay diferencias entre aquellas que son del Estado y las que son privadas; y entre éstas últimas, las que respetan el principio de no lucro establecido por ley y aquellas que han implementado distintos mecanismos para violar la norma, desviando utilidades a sus controladores por medio de transferencias a sociedades relacionadas.

-No hemos conversado con el Mineduc sobre las exigencias normativas que se implementarán con el sistema de gratuidad de 2016 para impedir que recursos públicos se vayan a bolsillos privados -asegura Valle.

Si esa conversación no se ha dado es simplemente porque el ministerio no contempla hasta ahora ninguna medida para restringir qué podrán hacer las instituciones que opten a la gratuidad con el dinero que les entregará el Estado. Así lo aseguró el jefe de la Divesup a CIPER: “No es parte ni de la gratuidad de 2016 ni de la reforma ir a ver qué se hizo con el dinero. Las instituciones son autónomas y van a ser incluidas en el sistema si cumplen los requisitos establecidos”. Esos requisitos fueron fijados a grandes rasgos por el gobierno el lunes 3 de agosto, cuando se trazó una nueva hoja de ruta que abrió la posibilidad a que las universidades privadas fuera del CRUCH puedan acceder también al nuevo sistema de financiamiento. Un cambio que lejos de aclarar el escenario y despejar dudas, lo complicó aún más.

Tras el anuncio que oficializó los cambios de criterios, las autoridades del Ministerio de Educación no se han reunido ni con las autoridades del CRUCH ni con representantes de las universidades privadas. En el ambiente reina la incertidumbre. No hay información oficial aún sobre cuáles serán las entidades “elegibles”, por lo que el número de posibles beneficiados y los montos involucrados informados por la ministra Adriana Delpiano, son hasta ahora solo estimaciones. Según informó El Mercurio, recién en noviembre se informaría qué instituciones están dentro y cuáles fuera. En las universidades –públicas y privadas– aún desconocen aspectos clave para programar sus presupuestos y definir la conveniencia o no de sumarse a la gratuidad para el desarrollo de sus proyectos. ¿Cómo se calcularán los aranceles? ¿Qué porcentaje de los costos de la carrera estará cubierto por la gratuidad? ¿Cuál es el piso mínimo que deberán cumplir las instituciones que quieran sumarse? ¿Cuáles son las que cumplen esos requisitos? ¿Y cuál es el margen que tienen aquellas que no los cumplen para adaptarse y ser incluidas en la gratuidad de 2016?

A continuación, las respuestas a esas y otras preguntas que atormentan a las universidades.

NUEVA HOJA DE RUTA

Si el plan original hubiese seguido el curso que Bachelet delineó en su discurso del 21 de mayo, la familia Pérez Vergara podría haber optado a la gratuidad en 2016. Los Pérez Vergara son el grupo familiar ficticio que el Mineduc utilizó hasta hace poco en su sitio web para instruir sobre los deciles y su rol en la reforma educacional. Cumplían el primer requisito: con un ingreso per cápita en su hogar de $160.000, formaban parte del 60% más vulnerable, es decir, del sexto decil. Si alguno de sus tres hijos ingresaba el próximo año a cualquiera de las 25 universidades del CRUCH o a uno de los ocho CFT e IP acreditados y sin fines de lucro, habrían obtenido financiamiento estatal completo de sus estudios. Pero el lunes 3 de agosto por la tarde, al terminar el llamado cónclave de la Nueva Mayoría, el escenario cambió y el gobierno dejó fuera del beneficio a los Pérez Vergara.

Familia_Perez_VergaraBachelet oficializó los cambios esa misma noche. Primero: la gratuidad a partir de 2016 sólo contemplará a estudiantes de los primeros cinco deciles. Por tanto, la cobertura ya no será para el 60% más vulnerable del país, sino que para el 50%. Y segundo: ya no se aplicará sólo en las universidades del CRUCH y los pocos CFT e IP que no tienen fines de lucro y que además están acreditados, sino que también a las universidades privadas que cumplan tres requisitos mínimos: contar con acreditación por cuatro o más años, tener participación de alumnos y/o funcionarios en alguna instancia del gobierno superior institucional, y no tener sociedades con fines de lucro entre los integrantes de sus corporaciones o fundaciones.

-Se diseñó algo que funcionara en base al marco regulatorio vigente y se pusieron condiciones específicas que nos permitirán tener las garantías que la nueva normativa va a ofrecer cuando se apruebe la reforma. Por eso la gratuidad de 2016 no se abre a todas las instituciones, sino que sólo a aquellas que cumplan ciertas características de maduración. Los criterios establecidos dan cuenta de eso y nos dan la confianza de que, a pesar del marco desregulado actual, nos permite avanzar con la gratuidad y conectarla con la nueva ley en el tiempo –dijo Francisco Martínez a CIPER.

Aquellas entidades que cumplan los requisitos serán las “elegibles”. Oficialmente, la única certeza es que dentro de ese grupo están las 25 universidades del CRUCH, aun cuando cuatro de ellas no cumplen la condición de acreditación mínima de cuatro años otorgada por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) (ver recuadro). Sobre las demás, la respuesta que dan en el ministerio es que aún se están revisando sus estatutos para determinar cuáles cumplen las condiciones y cuáles quedarán fuera. El resultado de ese proceso será determinante, ya que no habrá margen para aquellas que queden excluidas.

Como la gratuidad se definirá por la vía del Presupuesto 2016, el gasto fiscal implicado deberá ser lo más exacto posible cuando la glosa ingrese al Congreso. Para ello es esencial tener claridad sobre qué instituciones podrán beneficiarse del nuevo sistema y cuántos alumnos tendrán cubierta la totalidad de sus estudios. Es por eso que el Mineduc fijará una fecha límite para verificar el cumplimiento de los tres requisitos. Si a esa fecha –que aún no ha sido determinada, pero debiera ser dentro del próximo mes– una universidad privada no cumple a cabalidad las condiciones, quedará inapelablemente excluida.

Ejemplo: una universidad cumple con la acreditación mínima y no tiene sociedades con fines de lucro ligadas a su estructura, pero no cuenta con un gobierno triestamental. Tiene dos de tres requisitos, pero queda afuera. Su única opción sería modificar sus estatutos para dar participación a sus alumnos y/o trabajadores en su gobierno superior, aunque sea sólo con derecho a voz, como ocurre en todas las universidades católicas que forman parte del CRUCH. Pero eso es virtualmente imposible: los plazos, aseguran en el Mineduc, no dan, pues las modificaciones a los estatutos deben seguir un procedimiento y ser aprobados por esa cartera. El proyecto deberá entrar al Congreso a más tardar el 30 de septiembre, y para entonces, ya debería estar cerrado el proceso de selección de entidades.

El ejemplo anterior no es hipotético: son al menos siete las universidades privadas que enfrentan ese escenario. Entre todas suman al menos 27 mil estudiantes que pertenecen al 50% más vulnerable y que no accederán a la gratuidad. CIPER pasó por los distintos filtros a las instituciones de educación superior que podrían optar a la gratuidad. Las ordenamos primero según su período de acreditación y revisamos luego sus estatutos para definir cuáles cumplen los demás criterios. Al final, sólo tres universidades que no son parte del CRUCH pasan a la última ronda.

LOS FILTROS PARA LAS “ELEGIBLES”

Si se considera tan sólo el criterio de la acreditación por cuatro años o más, el universo de posibles universidades privadas que optarían a la gratuidad en 2016 se reduce a tan sólo 13. La Universidad Autónoma (UA), propiedad del ex ministro de Justicia Teodoro Ribera, es una de ellas. Los cinco años de acreditación que obtuvo en 2010 y que vencen a fines de octubre de este año le permitirían ingresar preliminarmente al grupo de las “elegibles”. Como el requisito sólo consiste en tener la acreditación, y no en cómo la obtuvo, no serían impedimento los antecedentes que vinculan a esa casa de estudios con el proceso de venta fraudulenta de certificaciones que lideró Luis Eugenio Díaz, cuando dirigió interinamente la CNA (ver reportaje de CIPER).

En ese mismo lote de universidades elegibles por acreditación, figura también la Universidad San Sebastián (USS), acreditada por cuatro años, hasta septiembre de 2016. Según una estimación que realizó Educación 2020, de sus más de 26.500 alumnos matriculados en 2014, el 43,4% se podría beneficiar de la gratuidad por pertenecer a los primeros cinco deciles. Es por eso que su rector, el ex ministro de Economía Hugo Lavados, asumió un rol protagónico en el lobby que han hecho las universidades privadas ante el Mineduc para que se las incluya en el proyecto de gratuidad. En esas gestiones, Lavados ha omitido el hecho de que la USS ha sido investigada por lucro y que tras ella se esconde una estructura que involucra millonarias transacciones con empresas relacionadas a los controladores y que incluso ha operado como financista de campañas políticas (ver serie de reportajes).

Casa central de la UDP: una de las tres universidades privadas "elegibles".
Casa central de la UDP: una de las tres universidades privadas “elegibles”.

En la lista también están la Universidad del Desarrollo (UDD), acreditada por cinco años, y las universidades Andrés Bello (UNAB) y de Viña del Mar (UVM), ambas certificadas por cuatro años. Pero las tres desaparecen una vez que son pasadas por un segundo filtro, aquel que prohíbe la participación de entidades con fines de lucro en sus corporaciones o fundaciones. En el caso de la UDD, su control recae en el Grupo Penta, cuyos dueños hoy están con arresto domiciliario nocturno por la investigación judicial que pesa en su contra por fraude tributario reiterado y el financiamiento ilegal de la política (ver reportaje de CIPER). La UNAB y la UVM también quedan fuera, ya que son filiales del Grupo Laureate, un lucrativo holding de la educación superior con presencia en casi todo el mundo. Las millonarias transacciones con su matriz en el extranjero han sido objeto de investigaciones del Mineduc, del Ministerio Público y del Servicio de Impuestos Internos (ver reportaje).

Con esas tres fuera, son 10 las universidades privadas que quedan en carrera por un cupo en la gratuidad. Pero falta un último filtro, el de la triestamentalidad.

Si bien recién a comienzos de este año se eliminó la norma que impedía a los gobiernos universitarios tener representación de los estudiantes y funcionarios en sus órganos colegiados superiores, el gobierno estableció que esa participación (ya sea en un organismo consultivo o resolutivo) debía ser un requisito base para acceder a la gratuidad en 2016. Para ello se considera el mínimo: que en cualquiera de los órganos superiores de gobierno universitario haya al menos un representante de los alumnos y/o de los trabajadores del plantel con derecho a voz. Tras pasar por ese colador, siete universidades potencialmente elegibles quedan en el camino: además de la Universidad Autónoma y la Universidad San Sebastián, están las universidades Adventista de Chile, Adolfo Ibáñez, de Los Andes, Finis Terrae y Mayor.

Quedan entonces tres universidades privadas que a la fecha cumplen a cabalidad los criterios para la gratuidad de 2016: las universidades Alberto Hurtado (UAH), Católica Silva Henríquez (UCSH) y Diego Portales (UDP). Según los datos de matrícula 2014 publicados en el Mineduc, entre las tres suman poco más de 6.000 estudiantes con el perfil socioeconómico requerido para acceder a la gratuidad. Así se integran a las 25 universidades del CRUCH y los ocho CFT e IP sin fines de lucro y acreditados. La revisión de CIPER coincide con un informe que elaboró el Centro de Estudios de la FECH. Aún no es oficial, y a ninguna de ellas se les ha comunicado la noticia desde el ministerio, pero juntas constituyen el grupo de 36 entidades “elegibles” para la gratuidad del próximo año.

EL PRECIO DE LA GRATUIDAD

El sacerdote Fernando Montes, rector de la UAH, dijo a El Mercurio: “Cumplimos los requisitos de la gratuidad, pero eso mismo nos inquieta más, porque no sabemos si cubrirá los costos reales”. No es el único que tiene esa duda. El vicerrector de Administración y Finanzas de la UCSH, Guillermo Escobar, dijo a CIPER que para esa casa de estudios siguen siendo las principales interrogantes el método que se utilizará para calcular los aranceles y los niveles de cobertura que contemplará el plan del gobierno para aplicar la gratuidad sin reforma.

En una minuta que la ministra Delpiano entregó a parlamentarios durante su visita al Congreso el pasado miércoles 5 de agosto, dice:

El cálculo de la transferencia por gratuidad para las Instituciones de Educación Superior (IES), se basará en el ingreso total esperado, de acuerdo a la información entregada por las instituciones al SIES. Se descontará el pago realizado por los estudiantes pertenecientes a los deciles 6 al 10. En caso que la transferencia por gratuidad sea menor que el arancel regulado (por carrera y acreditación) multiplicado por la matrícula, se entregarán recursos suplementarios restringidos en relación a la brecha entre aranceles reales y de referencia para cada institución”.

Fernando Montes, rector de la UAH.
Fernando Montes, rector de la UAH.

Existe un problema en ese párrafo. Se menciona el “arancel regulado” como uno de los parámetros a considerar para determinar las transferencias de recursos desde el Estado, pero ese es un concepto que recién será incorporado cuando se apruebe la reforma completa al sistema. Mientras tanto, y para todos los efectos de la gratuidad de 2016, es un término inexistente. Lo que sí existe es el “arancel de referencia”, el cálculo hecho por el ministerio sobre el costo de cada carrera para el pago de becas y créditos. Un monto que suele ser conservador si se compara con el arancel real que cobran las distintas instituciones de educación superior. La brecha, en algunos casos, supera el millón de pesos (ver cuadro).

Primer ejemplo: el arancel real promedio de la Universidad de Chile en 2015 es de $3,4 millones, mientras que su arancel referencial promedio es de $2,7 millones. La diferencia entre uno y otro es de casi $690 mil (25,1%). Segundo ejemplo: la Universidad Católica. El arancel real que cobra en promedio a sus alumnos supera los $4 millones. Aun así, de acuerdo al cálculo del costo de sus carreras, el Mineduc fija un arancel de referencia promedio para la UC de $2,9 millones. La diferencia es de un 42,1%. Esa brecha en el caso de la Universidad Diego Portales se alza por encima del 53% y en la Universidad Alberto Hurtado hasta en un 43%.

Actualmente, como el sistema de becas y créditos opera en base a ese arancel de referencia, la mayoría de los estudiantes que han accedido a esos beneficios, no alcanzan a cubrir el arancel real, debiendo hacerse cargo de la diferencia a través de un copago.

Con la gratuidad, ese copago se elimina y se prohíbe, y lo asume el Estado a través de los llamados “aportes suplementarios”. Pero no llegarán a cubrir el total de la brecha. El jefe de la Divesup aseguró a CIPER que para 2016 el fisco pagará, además de la matrícula, el 100% del arancel de referencia, y que si éste último es menor que el arancel real, la diferencia será cubierta sólo hasta un tope del 20%. Esto significa que en aquellas carreras cuya brecha entre arancel real y arancel de referencia sea mayor a ese porcentaje, las instituciones tendrán que tomar una decisión:

-Las instituciones “elegibles” deberán asumir esa pérdida yentonces tendrán que decidir si ingresan o no a la gratuidad –explica Martínez.

Eso es exactamente lo que tendrá que hacer, por ejemplo, la Universidad Técnica Federico Santa María (UTFSM) con su carrera de Ingeniería Civil Ambiental. Este año, a sus alumnos les cobran unos $3,9 millones de arancel, mientras que para el Mineduc el costo referencial es de apenas $2,1 millones. A los alumnos que opten a la gratuidad, el Estado les cubrirá ese último monto y un 20% extra, es decir, casi $2,6 millones. Queda de todas formas un remanente de $1,3 millones que no serán cubiertos por el fisco y que le está prohibido a la universidad cobrárselo al alumno. Por tanto, la universidad deberá asumir esa pérdida. Alrededor de un tercio de las más de 3.000 carreras que imparten las 36 entidades “elegibles” registran una brecha superior al 20% entre sus aranceles reales y los de referencia.

UN AÑO DE GARANTÍA

A juicio del vicepresidente ejecutivo del CRUCH, Aldo Valle, los requisitos establecidos por el gobierno no bastan para evitar que las universidades privadas puedan lucrar con los recursos fiscales provenientes de la gratuidad. Por eso, dice, “se debe incluir en la glosa que el Mineduc envíe al Congreso en la Ley de Presupuesto ciertas cláusulas que establezcan criterios de transparencia y obligaciones para la rendición de cuentas. No puede ser que la regulación vaya a quedar sujeta sólo a lo que las entidades convengan con el ministerio”.

Aldo Valle, vicepresidente ejecutivo del CRUCH
Aldo Valle, vicepresidente ejecutivo del CRUCH

Como no habrá cambios en la normativa antes de que comience a operar la gratuidad en 2016, la relación entre las instituciones que se acojan al nuevo sistema de financiamiento y el ministerio estará regulada no por ley, sino que a través de convenios. Martínez explica que es allí donde se especificarán “las condiciones de implementación que aún se están afinando: cuánto se transfiere y en qué condiciones, y los compromisos a no aumentar la matrícula y a no tener copago”. Dice también que podría incluirse un estándar de transparencia, aunque puntualiza que eso ya existe mediante los balances y estados financieros anuales que las instituciones de educación superior deben entregar desde 2011 al Mineduc. Un punto que está lejos de cumplir con una regulación efectiva.

Todo este sistema de gratuidad sin reforma está diseñado para operar por sólo un año, mientras se discute en el Congreso la modificación completa del sistema. Al preguntarle al jefe de la Divesup por qué el gobierno decidió no esperar la aprobación total de la reforma y adelantar esta marcha blanca, señala que la decisión responde a la sofisticación de la puesta en ejecución del sistema y al interés por darle una gradualidad mayor: “Si esperamos a que la reforma se apruebe podríamos llegar muy encima del término del período presidencial y no tenerlo lo suficientemente implementado. Por eso, después se ajustará al nuevo marco regulatorio, pero mientras tanto, se hará a través de la Ley de Presupuesto”.

-Entonces, si se aprueba la glosa, ¿la gratuidad de 2016 sólo estará garantizada por ese año?

-Claro, y si no se aprueba la reforma durante ese año, se definirá en la Ley de Presupuestos 2017 para el año siguiente. Si se continúa o no por la vía de la discusión presupuestaria es una decisión que se deberá tomar en el momento oportuno, cuando sepamos cuánto le falta a la reforma.

-En el peor de los casos, la gratuidad podría entonces durar sólo un año.

-El peor de los casos es que el Presupuesto de la Nación no exista. Pero eso es hablar de una bola de cristal. Tenemos un proceso del que todo el mundo está informado. Dura un año la gratuidad 2016 vía Ley de Presupuesto, y el mismo Congreso va a estar analizando una ley que va a estar en discusión paralelamente el próximo año y, por lo tanto, estará consciente de lo que se está haciendo.

 

LAS TRADICIONALES QUE NO CUMPLEN EL MÍNIMO

Para asegurar que los recursos irán a parar a instituciones que cumplan estándares mínimos de calidad, el Mineduc estableció que las universidades privadas que quieran optar a la gratuidad deben estar acreditadas por al menos cuatro años. Un requisito que cuatro universidades del CRUCH no cumplen, pero del que quedan eximidas sólo por ser parte de ese consejo. Éstas son:

1. Universidad Arturo Prat (13.719 alumnos, de los cuales 3.443 pertenecen a los primeros cinco deciles) : A fines de 2014 fue acreditada por apenas tres años, plazo que vence en diciembre de 2017. El informe de la CNA que le otorgó esa última acreditación, primero por sólo dos años, señala que la universidad viene “saliendo de un importante proceso de restructuración y de una profunda crisis financiera con total falta de liquidez”. Dice también que, aunque en los últimos años ha registrado un aumento de costos mayor que el de ingresos, “en los últimos dos años la universidad ha mostrado un muy buen manejo financiero lo que le ha permitido salir de la crisis en la que se encontraba y abordar con mayor tranquilidad económica la operación institucional normal”.El informe además señala que se detectó que las carreras no son impartidas homogéneamente en sus distintas sedes y bajos resultados de retención y titulación, y también que observaciones previas seguían sin ser subsanadas (débiles resultados de indicadores académicos e inexistencia de análisis sistemático de ellos, limitada infraestructura y asimetría en recursos de apoyo a la docencia en distintas sedes, instancias acotadas de promoción de académicos y en etapa inicial e incertidumbre en que los recursos le alcancen para sustentar el plan de mejoras y las acciones del Plan Estratégico Institucional. Tras acoger un recurso de reposición, la CNA acordó aumentar a tres años la acreditación de la institución.

2. Universidad Tecnológica Metropolitana (tiene 4.546 alumnos, de los cuales 2.214 pertenecen a los cinco primeros deciles): También está acreditada por tres años, hasta diciembre de 2016. En su caso, la CNA señaló en su informe que a pesar de su proceso de reestructuración, ha empeorado el indicador de estudiantes por profesores jornada completa y media jornada de 34,7 en 2009 a 41,8 en 2012; hay presencia de cargos vacantes en el Consejo Superior; existe una falta de carreras acreditadas al momento de la visita; y se vive una situación disímil entre estudiantes de jornada diurna y vespertina. Respecto a lo económico, señala que “su plan de inversiones es viable solo mediante la utilización de fuentes de financiamiento externas”. Aunque cuenta con créditos garantizados por activos hipotecados, no cuenta con líneas de crédito disponibles para enfrentar contingencias y/o una coyuntura adversa de corto plazo, quitándole flexibilidad a su estructura de financiamiento. Dice el informe: “Ser una entidad estatal permite mitigar estos riesgos”. Fue acreditada por sólo dos años, aunque se aumentó a tres luego de que se acogiera su recurso de reposición.

3. Universidad de Los Lagos (tiene 9.561 alumnos, de los cuales 3.662 pertenecen a los primeros cinco deciles):Acreditada por tres años, también hasta diciembre de 2016. La resolución de la CNA parte diciendo que el informe de autoevaluación interna, aunque extenso, es muy descriptivo y poco analítico, y que no identifica las debilidades de la institución. Los comisionados citan una evaluación de Feller-Rate donde se señala que si bien la estructura de costos ha presentado una disminución, la proporción ha sido menor que la baja en los ingresos –de los cuales el 67% proviene de la matrícula que también viene a la baja–; un nivel de endeudamiento relevante en relación al patrimonio; una liquidez aceptable en una situación normal, pero la universidad no posee la capacidad de generación “para cumplir sus obligaciones y financiar el plan de inversiones estipulado”, por lo que requiere de flujos adicionales provenientes de sus filiales para sustentar su proyecto educativo.

4. Universidad Católica de Temuco (tiene 8.334 alumnos, de los cuales 5.075 pertenecen a los cinco primeros deciles): De las cuatro, es la única universidad que no es pública, sino tradicional privada. También tiene tres años de acreditación, hasta julio de 2018. Fue acreditada a mediados de julio de 2015, por lo que la documentación referida a ese proceso aún no ha sido publicada en el sitio web de la CNA.

NOTA DE LA REDACCIÓN: LOS SORPRESIVOS CAMBIOS QUE OBLIGARON A ACTUALIZAR ESTE REPORTAJE

La que acaba de leer, es la tercera versión que CIPER ha publicado de este reportaje. Si ha sido actualizado en dos ocasiones, no se debe a imprecisiones en el reporteo, sino que a los constantes, polémicos y sorpresivos cambios que el gobierno ha anunciado respecto a su plan para implementar la gratuidad en 2016 para la educación superior. Ese beneficio, según estimaciones del Mineduc, llegaría a unas 234 mil familias vulnerables, pertenecientes a los cinco primeros deciles, cuyos hijos cursan estudios en alguna de las instituciones “elegibles”. Todas esas familias viven hoy en la incertidumbre. En menos de un mes, el ministerio ha hecho y deshecho distintos cambios no sólo en los criterios que determinarán qué universidades, institutos profesionales (IP) y centros de formación técnica (CFT) accederán a la “marcha blanca” de un nuevo sistema de financiamiento público, sino que también en la hoja de ruta para sacar adelante el proyecto. Son esas modificaciones las que han obligado a CIPER actualizar ya dos veces este reportaje. La que sigue es la historia de esos cambios.

La versión original de este reportaje –que es básicamente la misma que acaba de leer– fue subida a nuestro sitio web el martes 18 de agosto por la noche, y en ella se explicaba en detalle cómo el gobierno pretendía implementar su plan de gratuidad en 2016 a través de la Ley de Presupuesto, sin modificar ni un acápite del marco normativo vigente para el Sistema de Educación Superior. Era la polémica implementación de una política de “gratuidad sin reforma”. Ya entonces se explicaba el cuestionado primer cambio de rumbo del gobierno: aunque el 21 de mayo, en su cuenta pública anual, la Presidenta Michelle Bachelet aseguró que sólo las universidades del CRUCH y aquellos CFT e IP acreditados y sin fines de lucro accederían a la gratuidad del próximo año, el 3 de agosto pasado, al término del llamado cónclave de la Nueva Mayoría, las condiciones cambiaron. Ahora también podrían acceder al beneficio las universidades privadas que cumplieran tres requisitos mínimos: contar con acreditación por cuatro o más años, tener participación de alumnos y/o funcionarios en alguna instancia del gobierno superior institucional, y no tener sociedades con fines de lucro entre los integrantes de sus corporaciones o fundaciones.

Los cambios no hicieron más que revolver aún más las aguas. Las universidades privadas comenzaron a criticar públicamente los criterios establecidos por considerarlos ambiguos y poco claros. En definitiva, reclamaban por no tener claridad sobre cuáles estarían dentro y cuáles fuera. CIPER investigó y corroboró en ese primer reportaje que según esas condiciones, son 36 las entidades “elegibles”, aunque desde el gobierno no lo han hecho oficial. Pero poco después, el jueves 20 de agosto, la inesperada publicación de un documento por parte del Mineduc cambiaba los requisitos y obligó a CIPER a actualizar por primera vez este reportaje.

La sorpresiva aparición de ese documento de trabajo en el sitio web del Mineduc, fue como echar combustible a una discusión que ya ardía por todos lados (ver documento). El texto establecía nuevos criterios para la elegibilidad de las instituciones de educación superior que optaran a la gratuidad de 2016. El detalle de esos cambios quedó plasmado en un subtítulo que CIPER agregó el viernes 21 de agosto al reportaje original, llamado “Dos trajes a la medida”, hoy eliminado del texto (ver subtítulo borrado).

Los cambios eran mayores. El documento establecía que sólo las universidades estatales y los ocho CFT e IP acreditados y constituidos como entidades sin fines de lucro tendrían asegurado su cupo en la gratuidad de 2016. En otras palabras, ser parte del CRUCH ya no bastaría para que las nueve universidades tradicionales privadas, las llamadas G9, ingresaran a la “marcha blanca” del gobierno. Por tanto, tendrían que cumplir los mismos requisitos que las demás universidades privadas. Sólo con ese cambio, dos universidades del CRUCH quedaban excluidas: la Universidad Católica de Temuco, que no cumple el mínimo de cuatro años de acreditación, y la Universidad Austral, en cuya estructura orgánica participa una sociedad comercial con fines de lucro con representación en su directorio. Lo más grave es que, para asegurar que ninguna de esas dos quedara afuera, se incluían cambios en los requisitos exigibles a todas las universidades privadas, abriendo la puerta a universidades acreditadas hasta por tres años que además tuvieran certificación de su área de Investigación y a aquellas cuyas fundaciones o corporaciones estuvieran integradas por sociedades lucrativas, siempre y cuando no tuvieran más del 10% de representación en su directorio.

Pasaron cinco días antes de que la ministra Adriana Delpiano echara marcha atrás y señalara públicamente que la difusión de ese documento fue un error, que se trataba de un borrador no oficial y que nada había cambiado desde el anuncio de Bachelet tras el cónclave del oficialismo a comienzos de agosto.

-Cuando usted está trabajando cualquier norma, hay un conjunto de documentos que son borradores y por lo tanto la decisión que se ha tomado en el ministerio es que todo documento que no es oficial, primero no se sube a ninguna página web y segundo, se le pone borrador –dijo a La Tercera el martes 25 de agosto por la tarde.

Ese último cambió volvió a obligar una actualización del reportaje de CIPER, esta vez para borrar la información relativa a ese documento que fue publicado en el sitio web del Mineduc y que en ninguna de sus hojas dice que es un borrador. Por otro lado, la ministra de Educación aprovechó de entregar otra información que cayó como una bomba entre estudiantes, académicos y autoridades de las instituciones de educación superior: el proyecto que incorpora las reformas estructurales del sistema no será presentado ante el Congreso en septiembre, como se había anunciado, sino que a fines de 2015, una vez que ya haya sido aprobada la Ley de Presupuesto y haya claridad sobre si existirá o no la gratuidad sin reforma de 2016.

El fraude que oscurece las licitaciones que ganó LG para iluminar seis comunas con LED

Con la firma de ese contrato, LG Electronics Inc. Chile (LG) cerraba el 5 de marzo de 2014 una racha prácticamente perfecta. Desde hacía un año que la compañía de capitales coreanos venía presentando ofertas en millonarias licitaciones para renovar con tecnología LED el alumbrado público de distintas comunas del país. Primero fue Ercilla, a comienzos de 2013. Luego Chillán Viejo, Huara, Cauquenes, Puchuncaví y, al final, el contrato más grande, el que firmó con la Municipalidad de Renca por $4.885 millones. En total, fueron seis las licitaciones de ese tipo que LG se adjudicó entre 2013 y 2014, la mayoría con la puntuación máxima (ver cuadro). Si se suman todos los contratos, LG se quedó con negocios que le reportarán más de $11.562 millones. Hacia esos negocios apunta hoy una investigación de la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad.

Suena extraño, pero la denuncia que originó la investigación a cargo del fiscal José Morales fue presentada por la misma empresa que se adjudicó los contratos. Todo partió en febrero de 2015, cuando LG demandó por fraude a quien fuera su representante legal durante los últimos diez años, el abogado José Miguel Lira López. Él tenía poder casi absoluto en la empresa y la confianza total de los controladores: firmaba los documentos, revisaba los procesos y estaba a cargo de todos los proyectos en Chile. Un funcionario de la compañía lo define así: “Lira no era la mano derecha de los coreanos en el país; era su única mano”. Ahora es investigado por falsificación y uso malicioso de documento privado e inculpado de haber defraudado a LG por más de $2.200 millones a través de operaciones ilegales de factoring y créditos falsos. Además, es sindicado como uno de los principales responsables de un modelo que involucró a intermediarios externos y funcionarios municipales para garantizar a LG la adjudicación de los contratos millonarios.

CIPER siguió las pistas de las licitaciones que ganó LG y detectó vínculos que revelan anomalías. Los antecedentes revisados incluyen correos anónimos que denuncian el supuesto pago de coimas en Chillán Viejo, un informe de la Contraloría que detectó el sobrepago de unos $74,5 millones en ese mismo municipio y la sentencia del Tribunal de Contrataciones Públicas (TCP) que declaró ilegal la adjudicación del contrato en Renca, pero hay mucho más.

José Miguel Lira (Fuente: cauquenesnet.com)
José Miguel Lira (Fuente: cauquenesnet.com)

Detrás de cada una de las licitaciones hay personas y sociedades que actúan como satélites en las relaciones entre LG y los municipios. Algunos aparecen identificados en documentos oficiales como “consultores independientes”; otros ni siquiera aparecen en los registros. Un ejecutivo de LG que pidió reserva de su identidad, confirmó a CIPER que son los mismos nombres que figuran en al menos siete contratos que aparecieron durante la investigación interna de la empresa. Son los asesores externos que LG contrató para operar en los distintos concursos públicos realizando estudios técnicos, levantando información en terreno, diseñando la estrategia de postulación y, en algunos casos, allanando el camino para obtener las licitaciones sin contrapesos.

Más de $1.200 millones habría pagado LG por esos servicios, pero las auditorías internas no han podido acreditar de manera fehaciente que los trabajos hayan sido efectivamente realizados y menos el destino final de ese dinero.

La licitación de Renca es la más reveladora. No sólo por la enorme cantidad de dinero involucrada ($4.885 millones), sino porque se investiga el rol de funcionarios municipales en la adjudicación y porque uno de los asesores que LG contrató tiene antecedentes penales por soborno en otro municipio.

CIPER solicitó una respuesta oficial de LG sobre esos vínculos y las demás revelaciones de este reportaje, pero sus representantes declinaron emitir comentarios. Señalaron que entregarían todos los antecedentes al Ministerio Público debido a la investigación judicial en curso por fraude contra Lira, quien será formalizado este 13 de agosto.

El puente entre las licitaciones y la acusación por fraude contra el abogado quedó establecido con el primero de esa serie de contratos. Se firmó en octubre de 2012, cuando en Chillán Viejo (Región del Bío Bío), ya se buscaba reemplazar el alumbrado público con luces LED. La empresa contratada por LG para operar en ese proceso fue Techno Innova. Es la misma sociedad que Lira utilizó para defraudar a la compañía.

EL FRAUDE DEL ABOGADO 

El poder casi absoluto que José Miguel Lira tenía en LG era también su secreto. Porque a mediados de 2012, tras siete años en el cargo, le fueron revocados sus poderes de representación ante bancos y entidades financieras y sus facultades para suscribir contratos a nombre de la empresa. Pero eso nunca se hizo efectivo. Los directivos le encargaron inscribir las escrituras que limitaban sus propias atribuciones. Lira nunca lo hizo y, según relató a CIPER un empleado de la multinacional, al parecer nadie lo supo. Hasta que ya fue tarde.

Unos llamados a fines de diciembre de 2014 encendieron las alarmas. Dos empresas de factoring estaban cobrando a LG cuatro facturas de Techno Innova (empresa “asesora” contratada por Lira) por casi $245 millones. No había registro de esas facturas en la contabilidad de la empresa ni tampoco de los supuestos servicios solicitados. La investigación interna revelaría después que Lira era el único que estaba al tanto de su existencia y de la ruta que esas facturas seguirían: serían factorizadas, es decir, pagadas por las dos empresas de factoring a Techno Innova. Pero la deuda finalmente la debía pagar LG.

José Miguel Lira fue despedido el 30 de diciembre de 2014 y en febrero pasado LG presentó una querella en su contra. Poco después, una firma financiera se contactó con LG para cobrar créditos por más de $1.600 millones que Lira habría obtenido a nombre de la compañía. De ellos tampoco había registros. En otra operación similar con la misma financiera, Techno Innova obtuvo un préstamo por otros $367 millones. Lira puso su firma en esa transacción para convertir a LG en el aval de esa deuda.

Desde 2011 que el control de Techno Innova está en manos de Ulises Águila Barra y su esposa Lorena Letelier Cid. A inicios de 2013 se sumaron dos nuevos socios: el coreano San Ouk Ji y Gonzalo Farías Cabezas. Este último tiene un vínculo comercial directo con José Miguel Lira: a fines de 2013, Lira y Farías crearon la Comercializadora y Exportadora Isidora Metals (ver estatutos). Farías se retiró de Techno Innova un año después, el 5 de diciembre de 2014, el mismo día que la empresa emitió a LG las facturas que fueron factorizadas y luego aprobadas por Lira.

Consultado por CIPER, el representante legal de Techno Innova, Ulises Águila, no quiso referirse a esas operaciones, debido a que son objeto de una investigación judicial. En esa causa, José Miguel Lira será formalizado el jueves 13 de agosto por falsificación y uso malicioso de documento privado. Aunque CIPER intentó comunicarse con él, desde su entorno cercano indicaron que se encontraba fuera del país.

SOBREPRECIO EN CHILLÁN VIEJO

En Chillán Viejo pretendían gastar hasta $918 millones para renovar su alumbrado público con luces LED. Así lo establecieron las bases del concurso que la administración del alcalde Felipe Aylwin Lagos (IND) llevó a cabo a comienzos de 2013. Era la cuarta vez que el municipio intentaba licitar el servicio, después de tres intentos fallidos. El contrato lo ganó la única empresa que presentó una oferta: LG, aun cuando superaba ampliamente el precio referencial. Al final, Chillán Viejo aceptó pagar a la multinacional $1.341 millones en 120 cuotas mensuales, es decir, un 46% más del presupuesto original. Este es el único municipio donde hubo denuncias explícitas por pago de coimas y donde la Contraloría detectó sobreprecio.

Es también en Chillán Viejo donde aparece nuevamente el nombre de Techno Innova, pues tuvo un contrato con LG para esa licitación. Su representante legal, Ulises Águila, aseguró a CIPER que se trató de una asesoría técnica que sí se realizó. A pesar de ello, ese contrato forma parte de la serie de convenios que gestionó José Miguel Lira por servicios que, hasta la fecha, LG no ha podido acreditar. Se sospecha que podría tratarse de intermediación ante los municipios.

Presidente de LG y alcalde Chillán Viejo firman contrato para renovar luminaria (Fuente: chillanviejonoticias.blogspot.com)
Presidente de LG y alcalde Chillán Viejo firman contrato para renovar luminaria (Fuente: chillanviejonoticias.blogspot.com)

Un ex ejecutivo de LG contradice esa última versión y asegura que los servicios pactados en esos contratos sí se realizaron, y que si no hay registro de ellos, es por el desorden interno de la empresa. Y sentencia: “Los coreanos no pueden alegar desconocimiento porque los protocolos para las contrataciones son súper estrictos y deben pasar sí o sí por la aprobación del jefe de línea de productos, del gerente comercial y del presidente de LG en Chile. Es cierto que estos dos últimos consultaban a Lira, pero ellos sabían y ponían la firma. Nada se paga si no pasa por ese proceso. Y eso ocurrió con todos estos contratos”.

En la misma línea, Ulises Águila dijo a CIPER que el contrato que pactó Techno Innova con LG no sólo lleva la firma de Lira, sino que también la de Daeho Shin, presidente de LG en Chile entre 2011 y 2015. También niega haber tenido contacto con personas de la Municipalidad de Chillán Viejo. Lo que sí reconoce es que fue él quien contrató como asesor a la persona que funcionarios del municipio identifican como el intermediario de la empresa coreana en esa licitación.

Esos mismos funcionarios señalan que la persona que hizo lobby a favor de LG durante todo el proceso fue Armando Romero Saavedra, conocido por ser muy cercano al alcalde y al administrador municipal y por sus contratos vía trato directo para prestar servicios de web hosting y mantención al sitio web del municipio (ver cuadro). Su rol como intermediario de LG es refrendado por el concejal Jorge del Pozo (PRSD), quien desde un inicio se opuso al proyecto por su alto costo y las irregularidades que a su juicio habrían marcado la licitación. El concejal señaló a CIPER que desde el comienzo se allanó el terreno para que LG se adjudicara el contrato:

-El presupuesto estimado en las bases era tan bajo que no era atractivo para las demás empresas. Por eso no participaron. Pero de alguna forma LG sabía que si ofertaba un precio mucho mayor, igual se lo iba a ganar. Y ni siquiera cumplió con los requisitos, porque no acreditó experiencia en la entrega del servicio: sólo incluyó haber ganado una licitación similar en la comuna de Ercilla apenas dos meses antes y unos trabajos en Peumo donde ni siquiera fue la empresa titular del proyecto.

Del Pozo denunció después ante la Contraloría modificaciones irregulares del contrato: aumentos y disminuciones de obras que si bien no alteraban el precio final, sí extendieron los plazos. La modificación del contrato lleva la firma de José Miguel Lira. La Contraloría investigó y determinó que sí hubo irregularidades: problemas con las fechas de vigencia de las boletas de garantía; el contrato se hizo en base a una normativa peruana que no tiene vigencia en Chile y otras falencias. Pero lo más grave tiene que ver con la modificación denunciada por el concejal. En rigor, el aumento y la disminución de obras pactadas implicaban un menor costo final del proyecto, ya que se cambiaron ciertas luminarias por otras más baratas. Aun así, se mantuvo el precio original, lo que se tradujo en un sobrepago de $74,5 millones.

La Contraloría ordenó el 22 de julio de 2014 la modificación del contrato y sumarios para determinar responsabilidades administrativas. Consultado por CIPER, el alcalde Felipe Aylwin respondió por escrito que el sumario aún está en curso.

Un informe de la comisión de recepción de obras de Chillán Viejo del 7 de julio pasado, señala que algunas de sus observaciones de marzo de 2014 aún no habían sido subsanadas, e indica que por el atraso de 447 días en la ejecución de las obras, LG acumula multas por $280 millones. Dos semanas después, el alcalde Aylwin ordenó a la comisión aprobar la recepción provisoria de obras con observaciones. “Lo anterior evitará demandas al municipio”, escribió el alcalde en su oficio. Según dijo Aylwin a CIPER, “a la fecha el municipio no ha realizado pago alguno”.

LOS CORREOS QUE LA FISCALÍA NO INVESTIGÓ

Tengo entendido que usted está averiguando respecto a las luminarias LED de Chillán Viejo. Pues bien, tiene razón. Hay dos altas autoridades del municipio involucradas y un prestador de servicios externo. Si quiere mayor información, tengo datos, montos involucrados, cómo se gestó todo, si le interesa, responda a este mail”.

Cuando el concejal Jorge Del Pozo recibió ese primer correo, había pasado poco más de un mes desde la firma del contrato. El email no llevaba firma ni alguna forma de identificar el remitente. El concejal dice que no sabía si confiar o no. De todos modos respondió y tres días después recibió más detalles:

Son dos personeros, los más altos cargos de Chillán Viejo. Ellos recibieron algo, y también la persona externa quien fue la encargada de hacer todo el trámite. Incluso fue quien diseñó y confeccionó las bases de licitación de las luminarias para que calzaran justo y sólo para que la empresa adjudicada pudiese ganarla. (Esta persona lleva años trabajando como prestador de servicios, y mágicamente después de este contrato apareció con un vehículo 4×4 de casi $20 millones, con el cual llega todos los días al municipio)”.

luminaria p_blica 1Aunque no está clara la veracidad de la denuncia, algunos datos cuadran y hacen creer a Del Pozo que la “persona externa” es Armando Romero. Al mes de haberse cerrado el proceso, Romero efectivamente compró una camioneta Hyunday Santa Fe, cuya tasación fiscal supera los $12,4 millones. Su valor comercial es mucho mayor. Tiempo después comenzaría su “carrera empresarial”. Entre octubre de 2013 y junio de 2015 creó cinco empresas. Una de ellas lo vincula con el jefe de proyecto de Techno Innova, Marcelo Riffo Sáez, con quien el 7 de mayo de 2014 se asoció para crear la firma Consultoría e Ingeniería Energética, que partió con un capital de $5 millones (ver estatutos).

Del Pozo creía que los dos personeros del municipio a los que se refería su fuente anónima eran el alcalde Felipe Aylwin y el administrador municipal, Ulises Aedo, pero no estaba seguro. Por eso le preguntó en el siguiente correo. Pasaron meses antes de que recibiera respuesta. Cuando su fuente se lo confirmó, ya era público el informe de la Contraloría. Según el informante, las cifras del sobrepago cuadrarían con las supuestas coimas.

Aunque el remitente anónimo se comprometió a enviar más datos, ese fue el último correo que recibió el concejal. Ante la gravedad de la denuncia, Del Pozo envió copia de todos los correos a la Fiscalía Local de Chillán para que se investigara la veracidad de las acusaciones. El fiscal a cargo ordenó a la PDI que averiguara más. Sólo entrevistaron a Del Pozo. No se hicieron más diligencias y la causa quedó archivada.

Consultado por CIPER, Aylwin respondió que “respecto de suposiciones y/o anónimos de cualquier tipo, este alcalde no se pronuncia” (ver respuesta completa). También intentamos comunicarnos con Romero, pero no logramos ubicarlo.

ERCILLA: EL ORIGEN DEL MODELO

La de Chillán Viejo fue la segunda licitación pública en que LG participó. La primera había sido un par de meses antes, en Ercilla, en un proceso que empezó a tomar forma a fines de marzo de 2012, cuando el alcalde José Vilugrón Martínez (UDI) dijo al concejo que una de las debilidades de su comuna era la iluminación y que era el momento preciso para cambiar la historia, mejorar las condiciones de seguridad ciudadana y reducir los altos costos del sistema de alumbrado público (ver acta). “Por lo tanto, quiero dejar a ustedes a don Rodrigo Cisternas para que él nos haga una exposición”, concluyó.

-Hola, buenos días. Mi nombre es Rodrigo Cisternas. Tengo una empresa de consultoría con el tema de eficiencia energética. Ese es mi rubro. Soy ingeniero con mención en energía renovable. Manejo muy bien el tema del alumbrado público.

Cisternas llegó en representación de la sociedad Ingeniería y Servicios C y C, la que había creado unos meses antes junto a su padre. En esa reunión le aseguró al concejo que las luces LED reducirían los costos de energía del municipio entre un 40% y 60%, que su vida útil es hasta cuatro veces más prolongada que la de la luminaria normal, que no contaminan porque no emiten gases ni calor, que resisten los cambios de voltaje, que son “anti-delincuenciales” –algo que estaría “científicamente comprobado”, aseguró– y que ya en la comuna de Peumo una empresa que nada tenía que ver con él estaba desarrollando un proyecto similar: LG.

Alcalde José Vilugrón firma contrato con representante de LG (Fuente: emb.cl)
Alcalde José Vilugrón firma contrato con representante de LG (Fuente: emb.cl)

El consultor dijo también que en Chile había sólo dos empresas que no trabajan con productos chinos, y por lo tanto, eran de mejor calidad. Una era LG, la otra era SHARP. Dijo Cisternas: “Lo que yo les recomiendo siempre a las distintas comunas es cuál es la gracia de trabajar con LG o SHARP: hay un respaldo económico gigante, hay una empresa gigante detrás”. Un concejal le preguntó si las empresas eran de Santiago. Cisternas sólo respondió por LG, una empresa que tiene representación en Chile desde 2003 y con oficinas en la Torre Titanium, en Las Condes.

Tras seguir largamente explicando las bondades del sistema LED, el alcalde Vilugrón le pidió a Cisternas apoyo técnico para la elaboración del proyecto. Cisternas dijo que lo haría por $250 mil y aseguró: “No trabajo con LG ni SHARP, sino que son dos empresas con las cuales nosotros estamos de la mano para ofrecer sistema de alumbrado público. Ahora, en una licitación pública, tengo que tratar de ser lo más imparcial posible. Tienen que llegar distintas empresas y ustedes verán la oferta”.

Se acordaron dos cosas al final de esa sesión: un viaje a Peumo para que los concejales vieran en terreno las luces instaladas por LG y la contratación de Cisternas para que elaborara el proyecto, aunque este último aseguró a CIPER que ese trabajo nunca se realizó. Lo que Cisternas sí le ocultó al concejo de Ercilla fue su vínculo comercial con LG: trabajó como subcontratista en la instalación de las luces de LG en Peumo. Nueve meses después se aprobaron las bases y en enero de 2013 la comisión evaluadora emitió su informe: con el puntaje máximo y una oferta de $599 millones, LG ganó un contrato que duraría diez años.

Apenas se abrió la licitación, LG encargó a la empresa de Cisternas la preparación técnica de la oferta. El pago por ese servicio quedaría justificado en la contabilidad interna de la multinacional con un contrato firmado en noviembre de 2013, a diez meses de cerrada la licitación. Aunque Cisternas asegura que sí realizó el trabajo y que tiene una copia de todos los informes que envió a su mandante, ese contrato es uno de los que hoy son cuestionados por no tener respaldo en los registros de LG. Su contacto en LG, dice, siempre fue Roldán Díaz Delgado, gerente del área de los proyectos de iluminación de LG hasta fines de 2014. Hoy ambos son socios en dos empresas también dedicadas al rubro de los proyectos de eficiencia energética. La relación entre los dos se hizo cada vez más estrecha a medida que Cisternas repetía la experiencia de Ercilla con LG. Otros tres contratos lo vinculan a las licitaciones que ganó LG en Huara, en Cauquenes y en Renca, aunque en ésta última, y a pesar del contrato, Cisternas asegura que el trabajo no se realizó.

SORPRESA EN RENCA 

El triunfo de LG en Renca sorprendió a varios funcionarios municipales. Quienes conocieron la génesis del proyecto, aseguraron a CIPER que era otra empresa la que tenía asegurada la licitación: Ingeniería en Construcción y Administración (Raise). Aunque es mucho más pequeña que LG, ha sido la favorita histórica de la alcaldesa Vicky Barahona (UDI) a la hora de contratar servicios de instalación y mantención de alumbrado público. El antiguo dueño de Raise, Sergio Muñoz Caro, fue jefe de seguridad ciudadana del municipio y cuestionado por la Contraloría en 2008 por los contratos simultáneos de Raise y ESE con Renca. Luego, la empresa pasó a manos de otros dueños: Luis Raibaudi Cabrera y Luis Serey Ruiz. Pero el cambio fue sólo estético. Según estableció otro informe de la Contraloría, Raibaudi era gerente general en otra empresa de Muñoz dedicada a la iluminación, y que también ha tenido negocios con el municipio: la Empresa de Servicios en Electricidad y Comunicaciones (ESE). Este año Muñoz cambió legalmente su nombre y ahora su primer apellido es Wicki.

rencaEl vínculo entre Raise y Renca sigue siendo cercano. El de Cristian Aránguiz Rivera, ex gerente de Finanzas en Raise, es un nombre que constantemente se repite como asistente en las sesiones del concejo municipal. Aránguiz dijo a CIPER que lleva cinco años con contratos a honorarios en el municipio como apoyo en la coordinación del Programa de Recuperación de Barrios, pero no figura en los registros de personal en el sitio web de Transparencia Municipal. Concejales y empleados municipales consultados por CIPER reconocen a Aránguiz como un funcionario de SECPLA, y por pertenecer al círculo íntimo de la alcaldesa Barahona. Una relación que habría sido clave para que Raise lograra adjudicarse varios de los contratos que ha obtenido en la comuna.

Entre 2012 y 2014, Raise se adjudicó al menos 15 proyectos vinculados a la iluminación en Renca, por casi $760 millones. Más de la mitad de ese monto corresponde a un solo contrato que ganó en enero de 2013 para hacerse cargo de la mantención de la luminaria municipal por los siguientes tres años.

Por todo lo anterior, muchos esperaban que el contrato para reemplazar la luminaria de la comuna con luces LED se lo adjudicara nuevamente Raise, pero no fue así. La empresa ni siquiera se presentó a la licitación. Ni al primer llamado, que fue declarado desierto, ni al segundo, donde participaron dos compañías: LG y Chilectra. Al final, el contrato fue adjudicado a la empresa coreana. Aun así, LG no instalaría las luces: el trabajo lo haría Raise como empresa subcontratista. Fuentes que conocieron el proceso señalaron a CIPER que ese acuerdo habría sido pactado entre los representantes de LG para esa licitación, Aránguiz y otros funcionarios municipales.

CIPER se contactó con Aránguiz para obtener su versión. Aunque declinó responder en detalle las preguntas, sí aseguró que no tuvo participación en ninguna etapa de esa licitación. 

HISTORIA DE UN CONTRATO CUESTIONADO

Entre los contratos por asesorías técnicas externas objetados en las auditorías de LG, hay dos que están asociados a la licitación de Renca. El primero le encargó el trabajo a Eric Cifuentes Jaque, a través de Condeg, la empresa personal que creó en noviembre de 2013, cuando la primera licitación aún no era desechada. Su contrato con la multinacional lo firmó apenas 10 días después de creada esa sociedad. Los antecedentes de Cifuentes en este tipo de procesos son negativos: en 1996 fue representante de KDM (empresa que en este momento es protagonista de un juicio donde es acusada de ganar fraudulentamente licitaciones de la basura en la Municipalidad de Maipú) ante el entonces alcalde de Rancagua, Esteban Valenzuela (PPD), y le ofreció $30 millones para que esa empresa se adjudicara un millonario negocio de recolección de basura. Cifuentes fue detenido cuando le entregaba a Valenzuela un primer “adelanto” de $8 millones (ver reportaje de CIPER). Un fallo de la Corte Suprema lo condenó en agosto de 2000 por soborno. La pena fue una multa de apenas $2 millones y el pago de costas.

El segundo contrato asociado a esa licitación de Renca fue con Rodrigo Cisternas, el mismo asesor externo de LG que trabajó también en Ercilla, Huara y Cauquenes con su empresa Inversiones y Servicios C y C. Cisternas asegura que no trabajó con LG en la licitación de Renca y que ese contrato sólo sirvió para respaldar pagos previos pendientes. Ese contrato se firmó el mismo día que el concejo municipal ratificó el triunfo de LG en la licitación.

posteEl 31 de enero de 2014, Vicky Barahona sometió a votación ante el concejo la adjudicación del proyecto para renovar con tecnología LED el 95% del alumbrado público de Renca (ver acta). Dos días antes, la comisión evaluadora había emitido su informe: con 83,3 puntos, Chilectra no tenía nada que hacer contra la puntuación perfecta de 100 puntos que le dieron a LG. El contrato dio 210 días para concretar la instalación de 10.941 luminarias y comprometió más de $4.885 millones del presupuesto municipal, que se pagarían en cuotas mensuales durante 10 años. Antes de votar, Barahona cedió la palabra. Ninguno de los ocho concejales presentes habló. “Votación: Se aprueba por unanimidad”, registra el acta.

En las actas del concejo no hay registros de que el tema se haya discutido antes de esa votación. El concejal Cristian Sandoval (DC) dice no recordar montos, plazos ni detalles del contrato y asegura que los únicos antecedentes que tuvo a la vista fueron los que entregó la comisión evaluadora al concejo un día antes. Los mismos que según reconoció a CIPER, no alcanzó a revisar en detalle ni a entender en sus aspectos técnicos. Aun así, votó a favor. Dice que fue para apoyar la seguridad ciudadana. Lo mismo señala la concejal Silvia Contreras (PC), quien agrega: “Lo que hicimos fue tratar de resolver un tema de seguridad, quizás sin contar con toda la información”.

En el municipio reconocen que efectivamente los antecedentes se entregaron apenas un día antes, pero dentro de los plazos legales. Carlos Galleguillos, actual director de SECPLA y parte de la comisión que evaluó las ofertas, señaló a CIPER que ese día los concejales podrían haber votado contra la adjudicación o al menos plantear sus dudas al equipo técnico si no entendían algo. Y que si no lo hicieron, la responsabilidad es de ellos.

El contrato se cerró el 5 de marzo de 2014. A nombre de LG firmó el abogado José Miguel Lira. Dos días después, Chilectra, la empresa que perdió la licitación, demandó al municipio ante el Tribunal de Contrataciones Públicas (TCP). Quería invalidar todo el proceso por considerarlo arbitrario.

UNA ADJUDICACIÓN ILEGAL

Chilectra reclamó que el municipio debió rechazar la oferta de LG por no cumplir las bases: no había presentado el certificado de proyección de consumo que se incluyó como requisito, no se habría ajustado a los parámetros establecidos en las bases técnicas y no presentó todos los certificados que se exigían para los modelos de luminarias ofertados.

El municipio basó su defensa en que la demanda era extemporánea y en que las mismas bases establecían que la comisión evaluadora tenía la facultad de decidir si omisiones como las denunciadas por Chilectra eran lo suficientemente importantes como para echar abajo una propuesta.

El contrato siguió su curso. En julio de 2014 comenzaron los trabajos. Siete meses después, cuando faltaba apenas una semana para que acabara el plazo de entrega de las obras, el contrato fue modificado: se aumentaron las obras y los plazos. El documento establece un pago extra a LG por $89,7 millones por “la provisión e instalación de ganchos” que no se habían contemplado en el plan inicial y la extensión del plazo en otros 77 días. No fue la última modificación. El pasado 29 de mayo, nuevamente se acordó un aumento y una disminución de obras que, según la jefa de inspección de obra, Myriam Parra, no tendrían impacto en el valor final del contrato, pero sí atrasaría aún más la entrega de las obras. El plazo inicial de 210 días se extendió hasta superar el año: vence recién el 31 de agosto de 2015. El detalle de esos últimos cambios aparecen en el decreto alcaldicio N° 587, que no ha sido publicado en el portal de Transparencia del municipio. CIPER solicitó copia de ese decreto, pero no ha obtenido respuesta.

En el municipio dicen que fue casualidad, pero el mismo día que se selló esa última modificación al contrato, el TCP emitió su sentencia: la no entrega del certificado de proyección de consumo fue un incumplimiento a las bases y la comisión no está en posición de ponderar arbitrariamente qué omisiones son o no importantes para elegir al adjudicatario. Según el tribunal, LG fue elegido a pesar de estar fuera de bases y por la tanto su adjudicación fue ilegal.

Pero ya nada se podía hacer. De acuerdo a los plazos establecidos en el contrato original, a esa fecha los trabajos ya debían estar terminados. Dice la sentencia: “Se reconoce a la parte demandante de Chilectra S.A. el derecho a entablar en la sede jurisdiccional competente, las acciones indemnizatorias que crea corresponderle”. CIPER intentó comunicarse con el abogado de Chilectra para saber si tomarían acciones legales, pero no obtuvo respuesta.

LOS OTROS MUNICIPIOS 

Después de Chillán Viejo, vino la licitación en Huara, en la Región de Tarapacá. Rodrigo Cisternas reconoció que llegó ahí tal como lo hizo en Ercilla: como consultor independiente ofreciendo un proyecto de luces LED. Tiempo después, ya había licitación. En mayo de 2013 la comisión evaluadora desechó la propuesta de EPCOM Chile –que era un 46% más barata– y recomendó la adjudicación a LG, cuya oferta fue de casi $720 millones. Todos los concejales votaron a favor. La empresa de Cisternas nuevamente había sido contratada por LG, ahora no sólo para la asesoría técnica, sino también como subcontratista a cargo de la instalación de las luces.

Cisternas aseguró a CIPER que nunca intermedió a favor de LG con los municipios una vez abiertas las licitaciones y que tiene respaldo de todos los trabajos que realizó en Ercilla, en Huara y en la licitación que le siguió: Cauquenes.

Equipo de LG se reune con alcalde de Cauquenes (Fuente: Radiogeminis.cl)
Equipo de LG se reune con alcalde de Cauquenes (Fuente: Radiogeminis.cl)

La firma del contrato entre LG con la Municipalidad de Cauquenes incluso salió en la prensa. En el artículo que en julio de 2013 publicó El Mostrador, dice: “Hasta el despacho del alcalde, Juan Carlos Muñoz, llegó el representante de LG en Chile, Gunhwan Son, el encargado de proyectos de la empresa coreana, José Miguel Lira, la técnico encargada del proyecto en Cauquenes, Carolina Inostroza, y el director de Aire Acondicionado y Energía de LG, Roldan Díaz. La licitación se había adjudicado casi 20 días antes a LG, que corrió sin competencia. El contrato cerró en $2.491 millones y se firmó el día 10 de ese mismo mes.

Posteriormente, a fines de 2013, vino Puchuncaví, donde la propuesta de LG también obtuvo puntaje máximo. El contrato se sometió a votación en el concejo: no hubo acuerdo y la adjudicación se rechazó en dos oportunidades. El concejal Marcelo Vegas lo rechazó por los atrasos e incumplimientos que la empresa enfrentaba en Peumo. Guillermo Herrera votó en contra por no tener claros los beneficios de la tecnología LED y porque comprometería a las autoridades del siguiente período por ser un convenio por 10 años. Y Ramón Barría se opuso por considerar que la tecnología LED podría tener efectos negativos sobre la salud.

El contrato recién fue aprobado al tercer intento, en enero de 2014, con el único voto en contra de Barría (ver acta). Esta vez, la empresa que actuó como intermediaria de LG fue Profesionales Asociados, una sociedad sobre la cual CIPER no pudo obtener mayores antecedentes. LG se hizo así de un contrato por $1.525 millones.

Las obras, explicó a CIPER el concejal Vegas, debían finalizar el 23 de agosto de 2014. Pero eso no ocurrió. En septiembre de ese año se destinaron dos sesiones del concejo para discutir los atrasos. De hecho, todas las obras que LG se había adjudicado estaban fuera de plazo. El contrato en Puchuncaví establece una multa diaria de $261.174, y para entonces ya llevaban 17 días de atraso, es decir, más de $4,4 millones de sanción. En la segunda de esas sesiones, el alcalde Hugo Rojas (IND) aseguró: “Se están descontando multas por cada día de atraso, las que se harán efectivas al momento de presentarse el estado de pago”.

En esa misma reunión, el concejal Herrera dijo: “El día en que visitó el concejo municipal el representante de la empresa LG, daba la impresión que la señora directora de SECPLAN estaba velando por los intereses de la empresa y no del municipio, señalando que el contrato se firmó el 10 de febrero de 2014, mientras que la entrega de terreno se realizó el día 25 de abril del año en curso, lo que dio una ventaja mayor a dos meses a la empresa para agilizar su gestión. No obstante, eso no ocurrió”.

Han pasado diez meses desde esa última reunión y aún no se han entregado las obras. El concejal Vegas agrega que tampoco se han cobrado las multas. “Licitaron con el maletín”, dice.

 

Operación Cóndor: hallan restos en Chile de tres detenidos desaparecidos secuestrados en Argentina

Ricardo Ignacio Ramírez Herrera, Jacobo Stoulman Bortnick y la esposa de este último, Matilde Pessa Mois: los tres estaban en la lista de 25 personas por las que el juez Juan Guzmán le preguntó al general (r) Augusto Pinochet el sábado 25 de septiembre de 2004. Hacía sólo dos meses que la Corte de Apelaciones de Santiago había desaforado al ex dictador por su responsabilidad en la Operación Cóndor, un plan internacional de cooperación y acción conjunta que implementaron en las décadas del ‘70 y ‘80 los regímenes dictatoriales del Cono Sur para identificar, vigilar, capturar, secuestrar, torturar, eliminar y hacer desaparecer a opositores políticos, los llamados “subversivos”. Era en el contexto de esa investigación judicial que Guzmán interrogaba a Pinochet. El acta de esa declaración que duró apenas 25 minutos y que tres días después publicó El Mercurio, da cuenta de que Pinochet aseguraba no recordar nada de ese plan, que era una cosa de inteligencia, y por lo tanto, de mandos medios, y que “ni Cóndor ni nada de eso era problema mío”.

Sobre los muertos y desaparecidos que dejó ese plan de exterminio, afirmó:

-Yo era Presidente, no me iban a informar de cosas chicas.

Manuel Contreras y Augusto Pinochet
Manuel Contreras y Augusto Pinochet

Guzmán le volvió a preguntar: “¿Dio órdenes relacionadas con la detención, interrogación, tortura, traslado o desaparición forzada de las siguientes personas?”, y leyó uno a uno los 25 nombres de una lista de víctimas chilenas de la Operación Cóndor. Allí estaban Ricardo Ramírez y el matrimonio Stoulman-Pessa. El primero era comunista y estaba encargado de la organización y las finanzas del partido en la clandestinidad. Los otros dos no tenían militancia política, pero supuestamente habrían sido parte de un plan para ingresar al país fondos para la disidencia a la dictadura. Los tres fueron detenidos en Buenos Aires, Argentina, en distintas fechas de mayo de 1977. Ramírez cayó primero, secuestrado el día 16 junto a otros dos chilenos y cinco argentinos. Trece días después, el 29, Jacobo Stoulman y Matilde Pessa llegaron a esa ciudad y apenas bajaron del avión fueron detenidos. Simplemente se esfumaron: a los tres los hicieron desaparecer. Sobre ellos, Pinochet dijo:

-Yo estaba arriba. No daba órdenes relacionadas con las personas mencionadas. No conozco a ninguna de esas personas por las cuales se me pregunta.

Pasó el tiempo. Pinochet murió en diciembre de 2006, en su casa y sin condena. De los desaparecidos, hubo versiones sobre su destino, pero no noticias. Aunque eso cambió hace sólo unas semanas.

El 18 de mayo de 2015, a 38 años de que Ramírez desapareciera en Argentina, Valentina, su hija, recibió un llamado desde la oficina del ministro de la Corte de Apelaciones, Mario Carroza. Su padre había sido identificado. O al menos, lo que quedó de él. Se trataba de pequeños fragmentos de huesos que fueron encontrados en 2001 en la Cuesta Barriga, en Talagante. En la misma fosa había también parte de los restos de Jacobo Stoulman y Matilde Pessa. Sus hijas igualmente recibieron la llamada de Carroza.

-No nos dijeron nada por teléfono, pero nos citaron a la oficina del ministro. Estábamos con mis dos hermanas cuando nos dio la noticia: “Van a poder enterrar a sus papás”, nos dijo el juez Carroza. Nos miramos y no sabíamos qué decir. Nos quedamos mudas –cuenta Alejandra Stoulman, quien tenía 15 años cuando sus padres desaparecieron.

La identificación de Ramírez y los Stoulman-Pessa es clave para comprobar la verosimilitud del macabro relato que en 2007 hicieron a la justicia tres agentes de la DINA que operaron en el cuartel Simón Bolívar, en La Reina. Antes de que estos últimos hablaran, al menos respecto a Ramírez y las otras dos personas que fueron secuestradas con él el lunes 16 de mayo de 1977, la versión que entregaba el jefe del órgano represivo de la dictadura, el general (r) Manuel Contreras, era que habían sido arrestados por la inteligencia argentina y que los habían hecho desaparecer arrojando sus cuerpos al Río de La Plata (ver reportaje en La Nación).

Los agentes desmintieron a su antiguo mandamás y, revelaron una historia completamente distinta, pero que igual terminaba en muerte: una vez secuestrados en Buenos Aires, Ramírez y sus dos compañeros fueron traídos a Chile de forma encubierta para luego ir a parar al centro de torturas que operaba la Brigada Lautaro, uno de los grupos más sanguinarios de la DINA. Que allí los torturaron y los eliminaron con gas sarín. Que los enterraron en una fosa en Peldehue y que dos años después, en 1978, exhumaron sus cuerpos con una retroexcavadora y los llevaron a la Cuesta Barriga, en medio de la llamada Operación Retiro de Televisores.

De los Stoulman-Pessa era poco lo que se sabía: sólo que habían desaparecido en Buenos Aires. Pero la reciente y sorpresiva identificación de sus restos arma un relato diferente: el de una ruta que los trajo de vuelta a Chile y que terminó con un entierro ilegal en el mismo punto que Ramírez y sus compañeros. A la vez que se empieza a cerrar un capítulo para las familias, se abre uno completamente nuevo para la investigación que lleva el ministro Carroza; uno que confirma que hubo traslado e intercambio de detenidos entre los órganos represivos de las dictaduras que integraron la Operación Cóndor, para luego hacerlos desaparecer.

EL SECUESTRO DE LOS FINANCISTAS

La historia de los últimos días de Ricardo Ramírez Herrera y el matrimonio de Jacobo Stoulman y Matilde Pessa, parte en el aeropuerto de Ezeiza, con Alexei Vladimir Jaccard Siegler y su fallido viaje a Chile. Él era estudiante, tenía 20 años y desde el ’73 estaba exiliado en Suiza. Aunque era chileno, también tenía la nacionalidad de ese país. Allí se había casado hacía un año, en 1976, con Paulina Veloso Valenzuela, quien mucho después, ya en democracia y durante el primer gobierno de Michelle Bachelet, se convertiría en ministra secretaria general de la Presidencia y luego en integrante del Consejo de Defensa del Estado (CDE). Jaccard militaba en el Partido Comunista (PC) y tenía por esos días una importante y peligrosa misión: volar de Suiza a Santiago con US$ 20.000 en efectivo en un maletín que debía entregar a los dirigentes del partido. Como no había vuelos directos, debía sí o sí pasar por Buenos Aires y allí coordinar el resto del viaje. Aterrizó el domingo 15 de mayo de 1977. Fue con su llegada que el operativo conjunto de la DINA con la Policía Federal Argentina se activó.

19 personas caerían durante esos días en las garras de la Operación Cóndor a ambos lados de la Cordillera de Los Andes. Siete chilenos, doce argentinos. Sólo hubo tres sobrevivientes.

Alexei Vladimir Jaccard Siegler
Alexei Jaccard Siegler (Fuente: www.memoriaviva.com)

Los agentes no se dejaron caer de inmediato, sino que dejaron actuar a Jaccard. Sus contactos en Argentina eran otros dos chilenos: Ricardo Ramírez, que había llegado hacía poco desde Hungría para hacerse cargo de la organización y las finanzas del PC en Buenos Aires, y el también comunista Héctor Velásquez Mardones. Contaban también con el apoyo de un grupo de argentinos miembros del Comité de Solidaridad con Chile en Argentina. Todos sus pasos eran monitoreados.

Un día después, el lunes 16 de mayo, todo el plan para financiar al PC se vino abajo. Los tres chilenos fueron emboscados por la Policía Federal en plena Avenida 9 de julio, afuera del céntrico Hotel Bristol de Buenos Aires. Esa misma jornada, fueron secuestrados cinco de sus colaboradores argentinos. Los ocho desaparecieron. El dinero también.

Como Jaccard además era suizo, la embajada de ese país en Argentina solicitó la apertura de una investigación para dar con el paradero de su ciudadano desaparecido. Vino entonces otra etapa del operativo Cóndor: el montaje. Un reportaje publicado en Infojus señala que la policía argentina informó a la justicia que el viaje de Jaccard a Chile sí se concretó y que el 26 de mayo de 1977, doce días después de su secuestro, cruzó la cordillera en el vuelo N°630 de la empresa Varig, con pasaporte argentino. Por su parte, la Policía Internacional de Chile entregó reportes sobre supuestos viajes que Ricardo Ramírez habría realizado entre 1977 y 1983. Pero todo era mentira. Un engañó que ya la DINA y la dictadura de Pinochet ya habían hecho anteriormente con las víctimas de la llamada Operación Colombo, al hacer aparecer a 119 chilenos ejecutados y hechos desaparecer en Chile, como “asesinados por sus propios compañeros en el exterior”.

Los antecedentes que recopiló la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación para elaborar en 1992 el Informe Rettig, permitieron armar una primera hoja de ruta de lo que realmente pasó con Jaccard, Ramírez, Velásquez y sus socios argentinos. Tras su detención en las afueras del hotel, habrían sido llevados a un recinto de la Policía Federal y luego a la Escuela de Mecánica de la Armada, la ESMA, que por entonces, era uno de los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio más grandes y activos de Argentina y de toda Sudamérica. Al menos 5.000 personas fueron llevadas hasta ese recinto bonaerense para luego hacerlas desaparecer.

Dice el informe: “A la luz de estos y otros antecedentes se logró establecer que posteriormente a la triple detención en Buenos Aires de los militantes comunistas chilenos, los organismos de seguridad chilenos y argentinos desplegaron un arsenal de falsos documentos e informaciones para encubrirse mutuamente frente a la presión del Gobierno helvético que insistía en conocer lo sucedido a un nacional en tránsito”.

Ricardo Ramírez Herrera
Ricardo Ramírez Herrera (Fuente: Museo de la memoria)

Los represores aún no anulaban a toda la red de financiamiento del PC. Ruiter Correa Arce era un comunista de 61 años que tenía esposa, tres hijos y un kiosco de diarios en Santiago que servía de buzón para el intercambio entre la dirigencia externa e interna del partido. Así también consta en el Informe Rettig. Él habría participado en la coordinación del plan para ingresar el dinero al país. El 27 de mayo del‘77, a doce días del secuestro de Jaccard, Ramírez y Velásquez en Argentina, Ruiter Correa se esfumó mientras iba a almorzar. Su cadáver apareció al día siguiente en el lecho del río Mapocho.

En la lista de la DINA quedaban sólo dos personas por eliminar: Hernán Soto Gálvez, el “enlace financiero” del PC entre Argentina y Chile, y el empresario de origen judío Jacobo Stoulman Bortnick. Soto era un blanco fácil, y así quedó de manifiesto cuando a comienzos de junio de ese año lo secuestraron en San Miguel y lo hicieron desaparecer. De él no se supo más hasta que fue identificado en 2012 entre los restos encontrados en la Cuesta Barriga. Con Stoulman era distinto: a través de su empresa Cambios Andes, se había convertido en un prominente hombre de negocios en Santiago, especialmente en el circuito de inversionistas judíos. Hacerlo desaparecer en Chile era arriesgado. Hacerlo en Argentina, cuando viajara con su esposa, fue la opción.

LA MISTERIOSA DESAPARICIÓN DEL CAMBISTA

La última vez que a Jacobo Stoulman y Matilde Pessa los vieron con vida fue el domingo 29 de mayo de 1977, en el aeropuerto de Ezeiza, en Buenos Aires. El avión de la aerolínea Braniff que abordaron en Santiago era aguardado por un grupo de agentes de seguridad chilenos y argentinos. Apenas tocó tierra, la aeronave fue desviada a una pista lateral. Los pasajeros tuvieron que bajar la escalera con su documentación en mano para su revisión. Cuando le toco a la pareja, los llevaron a un costado y luego los subieron a un vehículo que de inmediato se puso en marcha. Él tenía 43 años; ella 42. Dejaban tres hijas adolescentes: Jenny, Sara y Alejandra. Ninguno de los dos tenía militancia política.

El historial empresarial de Stoulman partió a fines de 1963, cuando creó la sociedad Agrícola y Avícola Las Rosas, con Eº20.000, de los cuáles él puso la mitad. Tres años después constituyó junto a dos socios una segunda empresa dedicada al sector agro-avícola y en 1970 se aventuró con una distribuidora de libros. Sus inversiones cada vez eran mayores y diversificadas, y las realizaba al mismo tiempo que trabajaba como ejecutivo del Banco Israelita. Al año siguiente emigró con su familia a Israel, pero sólo estuvo un tiempo. Volvió a Chile poco antes del Golpe de Estado y ya en dictadura, a mediados del ‘74, se asoció con el arquitecto Mario Paredes y el coreógrafo Samuel Winer para crear Paredes, Stoulman y Winer Ltda., o “La Escalera”, una empresa dedicada a la venta de ropa y artículos del hogar. Cada socio aportó Eº500.000 al capital inicial. Pero su despegue vino después, cuando en 1975 ingresó al rubro del turismo y, un año después, al mercado de divisas.

Jacobo Stoulman (Fuente: radiosefarad.com)
Jacobo Stoulman (Fuente: radiosefarad.com)

A fines del ’75 constituyó la Agencia de Viajes Toptour, junto a Mónica Fuenzalida. Meses después, en julio del ’76, el Banco Central lo autorizó a operar una casa de cambio junto a cuatro socios: Alfredo Barra, Enrique Chamorro, Juan Garnham y León Dobry. Un mes después nació Cambios Andes. Serían los movimientos a través de esa empresa los que habrían convertido a Stoulman en un objetivo de caza para la DINA.

Un reportaje publicado en Página/12 señala que la casa de cambios de Stoulman había captado importantes inversionistas en los meses que siguieron a su constitución. Entre ellos, el empresario minero de origen húngaro José Klein, tío del empresario Leonardo Farkas, quien supuestamente habría estado enviando fondos a través de Cambios Andes a la Democracia Cristiana y al ex Mandatario Eduardo Frei Montalva. Según el artículo, esa misma vía era la que tenía ideada el PC para ingresar a Chile los US$ 20.000 que traía Jaccard. Cierto o no, los movimientos de Stoulman eran seguidos de cerca. Su hija Alejandra declararía años después que antes de viajar a Buenos Aires, el empresario ya se había percatado de que lo estaban grabando y siguiendo.

Tras el secuestro de la pareja, su familia recurrió al abogado Ambrosio Rodríguez, a quien se le pagó para viajar a Argentina y averiguar su paradero. Rodríguez era un hombre cercano al régimen. Al poco tiempo se convirtió en asesor jurídico del Ministerio del Interior, y más adelante, en los ’80, fue nombrado Procurador General de la República. Después, cuando Pinochet fue desaforado y debió enfrentar a la justicia precisamente por las violaciones a los derechos humanos de los Stoulman-Pessa y otros miles de desaparecidos, Rodríguez fue parte de su staff de abogados. Hoy es presidente del Tribunal Supremo de Renovación Nacional.

En Santiago, Rodríguez se reunió directamente con el entonces coronel Manuel Contreras, el jefe de la DINA, quien le habría dicho que no sacaría nada cruzando la cordillera. En Argentina se juntó con el jefe de la red de la DINA en Buenos Aires, Enrique Arancibia Clavel, también vinculado al grupo que dio muerte al general René Schneider (1970) y condenado por el asesinato del ex comandante en jefe del Ejército, general Carlos Prats (1974). Un documento descubierto en 1986 por la directora de CIPER mientras investigaba el asesinato del general Carlos Prats y las huellas de Arancibia Clavel en el crimen (ver reportaje de CIPER), da cuenta de esa última reunión.

LA CARTA DE ARANCIBIA

El documento es un reporte fechado el 8 de julio de 1977, copia del que Arancibia Clavel envió a sus superiores de la DINA en Chile. Allí dice que Ambrosio Rodríguez se había contactado con altos mandos del Ejército argentino, quienes le habían indicado que el matrimonio Stoulman-Pessa “ya no existía”. También dice que la información oficial entregada por el Primer Cuerpo del Ejército Argentino, la unidad que controlaba la capital trasandina, “es que fueron entregados a funcionarios de la DINA”.

Esa última frase lo cambiaba todo, pero Ambrosio Rodríguez no trajo de vuelta a Chile esa información. No dijo nada a la familia Stoulman de la participación en el crimen del aparato represivo de la dictadura de Pinochet. En la reunión con Arancibia Clavel, el abogado habría dicho que el matrimonio había sido “vendido por Klein chileno vinculado con el caso Graiber” (sic). Esa era la versión que corría: que Stoulman habría estado vinculado a un supuesto plan de financiamiento de la insurrección guerrillera a través de secuestros en Argentina y Uruguay, liderado por el entonces fallecido empresario judío-argentino David Graiver. Rodríguez, al volver al país, siguió con esa tesis y paralizó cualquier intento de la familia de los desaparecidos por averiguar más.

Enrique Arancibia Clavel
Enrique Arancibia Clavel

Había entonces dos versiones sobre lo que habría pasado con los Stoulman-Pessa. La oficial que provino de Argentina y que entregó el régimen del general Jorge Rafael Videla, que decía que tras llegar a Buenos Aires, ambos fueron detenidos por sospecha, pero que el mismo día fueron liberados, que se hospedaron una noche en el Hotel Winston Palace y que luego dejaron el país para irse en avión a Montevideo, en Uruguay. La otra versión es más simple, sin tanto detalle: que después de aterrizar, fueron secuestrados y desaparecidos en Argentina.

Más adelante se sabría que ese hotel, el Winston Palace, estaba bajo el control del Batallón 601 del Ejército argentino, la contraparte operativa de la DINA en la Operación Cóndor al otro lado de la cordillera, y que servía como centro de detención provisorio para posteriores traslados, lo que calzaba con la versión entregada a Rodríguez.

Los socios del empresario chileno-judío en la casa de cambio declararon a la justicia que, tras el secuestro, se realizaron giros por hasta US$ 10 mil que habrían sido obtenidos por los captores con documentos firmados por el mismo Stoulman. Uno de ellos señaló que Ambrosio Rodríguez le dijo a la familia que esos fondos eran considerados como un “botín de guerra por los argentinos” (ver fallo de desafuero de Pinochet por Operación Cóndor).

En 1982, cuando Cambios Andes aumentó su capital de $4,9 millones a $6,9 millones, Stoulman figuró representado por su hermana Myriam, que suscribió un 35% del fondo social. Un año después se retiró de la sociedad, vendiendo la parte de su hermano desaparecido en $3,9 millones. En el ’84, en una escritura publicada en el Diario Oficial aparece el nombre de Jacobo Stoulman como si vendiera él directamente su participación en la agencia de viajes. La compró un tercero, que días después le revendió a la hermana de Stoulman, Myriam. Ella se hizo cargo desde entonces de las inversiones de Jacobo. Meses después, en octubre de 1985, a más de ocho años de su desaparición forzada, el 5ª Juzgado Civil de Santiago decretó por fin la muerte presunta de la pareja, solicitada por sus hijas.

Durante los años que siguieron, la información oficial fue que la DINA nada tuvo que ver en la muerte de los Stoulman-Pessa. Por eso en el Informe Rettig quedó escrito bajo sus nombres: “No existen antecedentes suficientes que permitan adquirir la convicción de que en su muerte hubo participación de agentes del Estado de Chile”. Pero la vieja carta del jefe de la DINA en Buenos Aires que murió en 2011 asesinado a puñaladas por un taxi boy, y la reciente identificación de los restos de la pareja en la Cuesta Barriga son elementos que permiten reescribir esa historia: sí hubo participación.

VUELVEN LOS DESAPARECIDOS

Cuando Alejandra, Sara y Jenny Stoulman llegaron a la oficina del ministro Mario Carroza, además del magistrado estaban también la asistente social Isabel Maturana y el abogado Rodrigo Lledó, ambos del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior. Poco antes las dos primeras habían recibido la llamada citándolas a una reunión. Alejandra contó a CIPER que no sabían de qué se trataba, pero que Jenny, la mayor, la única que no había entregado muestras de ADN para su comparación en el Servicio Médico Legal (SML) y la única que no recibió la llamada, lo entendió casi de inmediato: sus padres habían aparecido.

Matilde Pessa (Fuente: www.memoriaviva.com)
Matilde Pessa (Fuente: www.memoriaviva.com)

Después de que Carroza les dijera que por fin, después de 38 años, podrían darles sepultura a sus padres, les informó que la identificación de sus restos -entre los que fueron hallados en la Cuesta Barriga en 2001- había sido algo completamente inesperado. Ningún antecedente de la investigación apuntaba a que Jacobo Stoulman y Matilde Pessa hubieran vuelto a Chile tras su secuestro. El dato era que habían desaparecido en Buenos Aires, y nada más. Por eso, Carroza fue claro al señalar la importancia del hallazgo. Alejandra recuerda que les dijo: “Esto ratifica la existencia de la Operación Cóndor”.

La aparición del matrimonio Stoulman-Pessa, además de Ricardo Ramírez, corrobora la existencia de un mecanismo de traslado e intercambio internacional de detenidos entre los organismos represivos de las dictaduras del Cono Sur durante los ’70 y ’80. Se abre así una puerta que antes no existía para determinar qué sucedió realmente con ellos tras su detención y posiblemente con decenas de personas que desaparecieron víctimas de la Operación Cóndor y de las que hasta hoy no se sabe nada. Por eso Alejandra Stoulman asegura que, si bien el reencuentro con los restos de sus padres es el cierre de un capítulo que ha marcado la historia de su familia durante las últimas cuatro décadas, es también la apertura de otro en la búsqueda de la verdad.

-Ha sido muy fuerte y doloroso, pero nos tranquiliza ver que la investigación sigue abierta y avanzando –dice.

El viernes 29 de mayo de 2015, cuando se cumplían exactos 38 años desde que los Stoulman-Pessa fueron secuestrados y desaparecidos en Buenos Aires, en el SML sus hijas recibieron dos urnas, y en cada una, pequeños restos óseos. No los vieron. Alejandra explica que es tradición de la religión judía no ver a los muertos y recordarlos cómo eran en vida. Estaba toda la familia. Había también amigos y personas que han estado vinculadas al caso. Paulina Veloso, entre ellos, que del paradero de su marido, Alexei Jaccard, aún no tiene noticias. Al salir, todos se encaminaron al Cementerio Israelita. Ese día les dieron el entierro que tanto anhelaban.

 

CDE pide al fiscal nacional que dirija la investigación contra Wagner por fallida licitación del litio

Una carta con el sello del Consejo de Defensa del Estado (CDE) ingresó a la Fiscalía Nacional el pasado miércoles 20 de mayo. Su destinatario era el fiscal nacional, Sabás Chahuán. Venía también con un anexo: la copia de una querella presentada el 27 de julio de 2013 en el 7º Juzgado de Garantía de Santiago por falsificación o uso malicioso de instrumento público. Los acusados eran el ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner, y la ex fiscal de ese ministerio, Jimena Bronfman. Ambos fueron imputados por su rol en la primera licitación del litio, un proceso millonario que fue adjudicado fraudulentamente a SQM y que, tras descubrirse una serie de irregularidades, fue anulado (ver reportaje de CIPER). Por eso Wagner tuvo que renunciar a la Subsecretaría de Minería. A través del documento que lleva la firma de la abogada Irma Soto, el CDE le pidió al fiscal nacional que se haga cargo personalmente de dirigir la investigación de esa causa. Los motivos son dos. El primero, “por la investidura de las personas involucradas”. El segundo –y el más importante–, porque los datos que podrían surgir de esa investigación serían clave para que Sabás Chahuán demuestre la otra acusación que dirige contra Wagner por cohecho, soborno y lavado de activos, y que hoy lo tiene bajo arresto domiciliario.

Sabas Chahuán
Sabas Chahuán

Inicialmente, la acusación contra Wagner por el supuesto pago de coimas –en la que el CDE figura como querellante desde noviembre de 2014–, apuntaba al rol que el entonces subsecretario de Minería pudo haber tenido en la tramitación del proyecto Minera Dominga, de la familia de Carlos Alberto Délano, uno de los controladores del Grupo Penta. Pero la nueva acción legal del CDE se dirige a otro foco: los pagos que eventualmente podrían haber incidido en que SQM se adjudicara en 2012 derechos de explotación de 100 mil toneladas de litio, un lucrativo negocio para la minera controlada por Julio Ponce Lerou. Cuando se abrió la oferta económica, SQM arrasó con una propuesta de US$ 40,1 millones ($19.301 millones)

Dice la carta que envió el CDE al fiscal nacional:

  1. Todas las irregularidades se encaminaban a beneficiar al oferente inhabilitado, SOQUIMICH,
  2. Todas las irregularidades fueron dirigidas por doña Jimena Bronfman, Fiscal del Ministerio de Minería, Secretaria del Comité Especial Licitación –comité encargado de velar por el fiel cumplimiento de los procedimientos de la licitación–, y por don Pablo Wagner San Martín, Ministro de Minería subrogante, Presidente del Comité Especial de Licitación.

No es antojadizo el vínculo entre la investigación por las irregularidades en la licitación del litio y las que lleva adelante el Ministerio Público por corrupción. Las primeras pistas que involucraron en la investigación sobre fraude tributario y financiamiento ilegal de campañas políticas a la minera que controla el ex yerno de Pinochet, Julio Ponce Lerou, están estrechamente vinculadas a Wagner y los pagos irregulares que obtuvo mientras fue subsecretario. Porque fue en esa investigación que surgió primero la evidencia de los $42 millones que recibió Wagner del Grupo Penta y los $24 millones que le canceló su empresa Génesis Partners, todos a través de boletas emitidas por su cuñada, María Carolina de la Cerda. Y luego, se descubriría otra transferencia con el mismo mecanismo de triangulación, pero esta vez pagada por Soquimich (*ver nota de la redacción al final del texto).

En 2009, antes de que Wagner fuera nombrado por Sebastián Piñera como parte de su equipo de subsecretarios, De la Cerda emitió una primera boleta por $7,5 millones a Soquimich, a solicitud de Wagner. Así consta en la querella que el Servicio de Impuestos Internos (SII) presentó contra ambos en enero de 2015 (ver querella). Ese dinero no habría llegado nunca a la cuenta del ex funcionario de gobierno, sino que se habría utilizado para financiar la campaña senatorial de Joaquín Lavín. La defensa de Wagner argumenta que ese pago no tenía nada que ver con la licitación del litio, ya que se habría hecho mucho antes de que su representado asumiera su cargo público.

LA LICITACIÓN QUE TERMINÓ EN FIASCO

Pasaron tres meses desde que el CDE decidió querellarse contra Pablo Wagner y Jimena Bronfman y, finalmente, a fines de julio de 2013 presentó la acción judicial por posible falsificación de instrumento público. Así, el organismo encargado de defender judicialmente los intereses del Estado no sólo oficializó su participación en la investigación que ya llevaba adelante el Ministerio Público para determinar si en la fallida licitación del litio existió fraude al Fisco, sino que también ampliaba la indagación para perseguir las eventuales responsabilidades penales de Wagner, quien “debía velar por el cumplimiento de los procedimientos del proceso de licitación”. Sobre todo porque el ministro titular, Hernán de Solminihac, se había inhabilitado de participar en el proceso porque su hermano era ejecutivo importante de la contraparte (SQM).

Como subsecretario, ministro subrogante y presidente del Comité Especial del Licitación (CEL), Wagner firmó el acta que supuestamente acreditaba que SQM cumplía a cabalidad con los requisitos exigidos en las bases. Pero no era así: un requisito mínimo era que la empresa que se adjudicara el contrato no podía tener litigios pendientes con el Estado. Si los tenía, quedaba fuera de competencia. Y SQM tenía al menos 20 juicios abiertos con el Fisco, la Tesorería, la Dirección General de Aguas y la Seremi de Salud. En una primera declaración jurada, los ejecutivos de SQM Ricardo Ramos y Patricio de Solminihac habían negado la información. Al percatarse de ello en el ministerio de Minería, en vez de rechazar su propuesta, que era lo que correspondía, se les pidió –por fuera de las bases– una segunda declaración. Allí simplemente omitieron la información.Tanto Ramos como De Solminihac, hoy gerente general de SQM, también son objeto de una investigación judicial por supuesto fraude al Fisco.

Julio Ponce Lerou
Julio Ponce Lerou

La querella del CDE también apuntó a Bronfman, la jefa jurídica de la Subsecretaría de Minería, quien también firmó el documento que, a juicio del CDE, “no se ajusta a la verdad”. Primero, porque la revisión del cumplimiento de los requisitos establecidos en las bases, una tarea que era atribución del CEL, fue encargada a dos abogados del ministerio que no formaban parte de esa instancia. Ni siquiera trabajaban en la división jurídica de esa cartera. El abogado que revisó los antecedentes de SQM declaró que sólo revisó que se hayan presentado los documentos, y no su contenido. Por lo tanto, el acta de cierre de evaluación de requisitos que firmaron Wagner y Bronfman y que dice que “el CEL certifica” que se cumple lo establecido en las bases, es falso, ya que la reunión en que el CEL debía revisar los antecedentes nunca se realizó. En base a eso, la licitación se adjudicó a Soquimich el 25 de septiembre de 2012.

Poco después todo el proceso se vino abajo, y el 1 de octubre de ese mismo año, el CEL invalidó la licitación, dando inicio a otro proceso de irregularidades que aparece detallado en la investigación publicada por CIPER en noviembre de 2012.

Tanto Wagner como Bronfman debieron renunciar a sus cargos. A Bronfman también se le cuestiona por haber devuelto los antecedentes a las empresas participantes tras la anulación de la licitación, impidiendo que el proceso se retrotrajera y que el Estado cobrara la boleta de garantía por US$ 4 millones que SQM había firmado al adjudicarse de forma fraudulenta y por 20 años la exploración y explotación de 100 toneladas de litio metálico.

Los antecedentes que en los últimos meses han surgido respecto a la relación de SQM con el financiamiento ilegal de la política, y en especial con los pagos que la vinculan a Wagner, han abierto una nueva arista en la investigación tras la fallida licitación del litio. El nexo que puedan tener esos hechos, deberá ser determinado por el Ministerio Público. Y si accede a la petición del CDE, por el mismo fiscal nacional.

 

Nota de la Redacción: En la versión original de este artículo se mencionó por error una segunda boleta emitida por De la Cerda a SQM en 2010. Luego de que sus abogados solicitaran una rectificación, CIPER verificó que esa boleta no existe.

Al vender Lan, Piñera hizo a RN la mayor donación legal recibida por un partido político

Cuando Sebastián Piñera se desprendió de la propiedad de LAN, lo hizo de forma indirecta. Las más de 40 millones de acciones que vendió a comienzos de mayo de 2010 en una operación que en total le reportó ingresos por US$ 1.500 millones no eran de la aerolínea, sino que de la empresa a través de la cual él la controlaba: Axxion S.A. Todas esas acciones fueron adquiridas por el Grupo Bethia (ver Memoria de Axxion 2010). Fue así que el holding que preside Carlos Heller se quedó con uno de los principales vehículos de inversión del entonces Presidente de la República con el objetivo de comprar su participación en LAN. La transacción, explican en Bethia, no sólo incluía activos, sino que además caja e inversiones financieras para pagar compromisos y pasivos de su antiguo controlador. Entre ellos, donaciones contenidas en la Ley sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral. En otras palabras, por instrucción de Sebastián Piñera, Axxion debía transferir una cifra millonaria a Renovación Nacional (RN). Y así se hizo.

Entre julio y diciembre de 2010, cuando Piñera ya estaba en La Moneda, Axxion hizo nueve donaciones a RN que en total suman más de $2.075 millones. No para el financiamiento de campañas, sino como aportes para el partido en período ordinario. Los recursos que Axxion entregó a RN en esos seis meses constituyen tres cuartas partes de todas las donaciones que el partido recibió entre 2007 y 2015, y dan cuenta del peso que tenía Piñera en el financiamiento de la colectividad.

GRAFICOS1No fueron los únicos aportes que llegaron a RN desde las empresas vinculadas a Piñera. Ya en 2007, Axxion había entregado $6,5 millones al partido. A eso se suman $12,8 millones que aportó Bancard, $72,6 millones que donó Inversiones Santa Cecilia y $126 millones que transfirió Chilevisión, todos entre 2007 y 2008. Pero el volumen de las donaciones de Axxion en 2010 está muy por encima de lo que normalmente recibe el partido en un año. Sus aportes constituyeron el 72% de los ingresos registrados por RN durante todo 2010 y más de la mitad de todas las donaciones obtenidas por partidos políticos chilenos durante la última década.

La ex ministra Cecilia Pérez, quien es vicepresidente de la fundación creada por Piñera, Avanza Chile, confirmó a CIPER que los aportes de Axxion fueron producto de una cláusula del contrato de venta de acciones entre Inversiones Santa Cecilia, del ex Mandatario, e Inversiones Betlan, del Grupo Bethia. “El Presidente decidió donar parte de las utilidades de esa transacción, las que se dividieron en $2.000 millones para financiamiento de la política, $1.000 millones para instituciones deportivas y otros $1.000 millones para proyectos educacionales”, aseguró Pérez, ex vocera de gobierno de la administración Piñera.

No fue la única donación política hecha por Piñera mientras era Presidente. Un reciente reportaje de CIPER reveló que también ayudó a financiar la campaña de Evelyn Matthei a través de Inversiones Santa Cecilia (ver Los aportes secretos de Piñera a Matthei, y los dineros de Chilevisión a campañas).

El detalle de los aportes entregados a RN por Axxion y las demás empresas relacionadas al ex Presidente forman parte de la respuesta que entregó el Servicio Electoral (Servel) a una solicitud de acceso a información pública que ingresó CIPER en abril, cuando preparaba el reportaje Partidos políticos: las cifras y malas prácticas que gatillaron su peor crisis. Los datos solicitados: detalle de los aportes públicos, reservados y anónimos recibidos fuera de períodos de campaña por todos los partidos políticos a partir de 2003. El resultado: una lista de 267 donaciones por un total de $3.704 millones. El 75,8% de ese dinero proviene de donantes públicos, identificados con nombre y apellido o por razón social. El origen de todo lo demás es secreto.

No todos los partidos figuran en la nómina. Los registros oficiales indican que sólo siete han recibido ingresos vía aportes directos o a través de donaciones reservadas canalizadas mediante el Servel. Además de Renovación Nacional –que es el que concentra la mayor cantidad de dinero recibido–, en la lista figuran el Movimiento Amplio Social (MAS), los partidos  Demócrata Cristiano (DC), Socialista (PS), Radical (PRSD), Ecologista Verde (PEV) y la Unión Demócrata Independiente (UDI). Este último es el que domina la lista en cuanto a número de aportes, con 216 donaciones que llegaron a sus cuentas. Salvo una, todas son de carácter reservado.

LOS FINANCISTAS SECRETOS DE LA UDI

A comienzos de mayo, el recién asumido presidente de la UDI, el senador Hernán Larraín, anunció el inicio de una colecta interna para financiar al partido. En el correo que envió a concejales del gremialismo se refería a una situación financiera “complicada (…) producto de una deuda histórica que se ha visto agravada en los últimos meses por los escándalos que todos conocemos”. Según un reportaje de La Tercera, para el domingo 17 de mayo apenas llevaban reunido un millón de pesos. Aunque a través de donaciones reservadas vía Servel, las cuentas son algo más alegres: es el único partido que figura recibiendo aportes este año. En lo que va de 2015, la UDI ya ha recibido $35 millones.

También fue el único partido político que registró ingresos vía aportes privados en 2014. En total fueron $65 millones.

Sede Nacional de la UDI
Sede nacional de la UDI

El origen de todo ese dinero es secreto. Al igual que con el financiamiento de campañas, la ley permite las donaciones reservadas a los partidos políticos en épocas no electorales. El mecanismo para entregar esos aportes es el mismo: a través de una cuenta única que mantiene y administra el Servel, el que se encarga luego de transferir los fondos al respectivo partido. Pero un aporte reservado en período de campaña es distinto a uno entregado en el lapso comprendido entre una elección y otra.

Para que un aporte hecho a una campaña política sea considerado como reservado, tiene que ser superior a las 20 UF y no sobrepasar el 10% del límite de gasto electoral. Tampoco puede superar las 600 UF en elecciones de alcaldes, concejales y consejeros regionales; las 800 UF cuando se trata de diputados y senadores; las 1.500 UF si es un candidato a la presidencia; ni las 3.000 UF cuando el aporte es para un partido político. En cambio, cuando se trata de aportes reservados fuera del período de campaña, el límite es mucho menor: sólo montos entre 20 UF y 100 UF pueden ser reservados. Todas las donaciones por sobre ese tope en período ordinario son públicas y, por lo tanto, el donante debe ser identificado.

En la lista que envió el Servel a CIPER figuran aportes reservados por un total de $883 millones. El PRSD recibió $5 millones bajo esta modalidad, repartidos en tres donaciones entre enero y marzo de 2006. Los $878 millones restantes fueron a parar a la UDI. Lo extraño es que los límites que establece la ley para este tipo de donaciones no corresponden a las cifras que aparecen en los registros oficiales.

Si se considera el tope legal de 100 UF, las donaciones secretas no debieran superar los $2,5 millones mensuales por donante. Sin embargo, de las 215 donaciones reservadas que registra la UDI entre 2005 y 2015, son más de cien las que están por sobre ese monto. La más alta es de $37,6 millones, en enero de 2011.

Desde el Servel explicaron a CIPER que no hay irregularidad en ello. El motivo de que los montos de los registros sean superiores a lo que establece la ley es que todos esos aportes reservados fueron hechos a través del Servel, desde donde cada viernes se envían a los partidos todos los aportes recibidos y acumulados durante la semana. Por lo tanto, los montos que figuran en el documento enviado a CIPER no se refiere necesariamente a donaciones individuales.

Por otro lado, la UDI registra sólo una donación pública en la última década. Fueron $19,7 millones los que donó el 3 de febrero de 2011 la sociedad Inversiones Santa Cecilia S.A. Se trata nuevamente de la sociedad de Sebastián Piñera, quien realizó el aporte a su partido aliado mientras era Presidente (ver nota 2 al final de este texto).

BENEFACTORES CON ROSTRO

El único aporte privado anónimo que registra Renovación Nacional durante la última década es de $228 mil en 2007. Todos los demás son públicos. Y aunque las cuatro empresas vinculadas a Piñera han sido responsables del grueso de los ingresos vía donaciones del partido, no son los únicos donantes. En la lista que el Servel envió a CIPER figuran otras 23 empresas que han aportado al partido que dirige el diputado Cristián Monckeberg.

GRAFICOS2Aunque son varios los dirigentes de RN que han reconocido que los aportes de su ex presidente, Carlos Larraín, han sido clave para el financiamiento del partido, sus huellas no aparecen en los balances que la colectividad ha entregado al Servel. Tampoco figura de forma directa entre quienes han hecho donaciones públicas al partido, aunque sí hay pistas que lo vinculan. En octubre de 2013, por ejemplo, el estudio de abogados que fundó, Larraín y Asociados, aportó $4 millones a RN. Él dejó de participar activamente en esa sociedad en 2008, cuando asumió la presidencia del partido, pero su hijo sigue siendo socio. En todo caso, según han señalado públicamente dirigentes del partido con sede en avenida Antonio Varas, la mayoría de las transferencias que Larraín ha hecho al partido han sido a través de préstamos y no de donaciones.

Después de los aportes de Axxion, el más cuantioso registrado por RN fue hecho por Cencosud, el gigante del retail que controla el empresario Horst Paulmann: $126 millones en una sola donación, en julio de 2010. Le sigue otra de $120 millones que transfirió en julio de 2009 la Sociedad de Inversiones Pampa Calichera, una de las sociedades cascada que utiliza Julio Ponce Lerou para controlar SQM. Ese mismo año, en septiembre, llegaron a RN otros $70 millones que aportó Celfin Capital, empresa financiera que por entonces controlaban Jorge Errázuriz y Juan Andrés Camus, y que ya se había hecho cargo de algunos contratos del fideicomiso ciego de Sebastián Piñera.

En la lista de aportantes figura también el Grupo Luksic, a través de su matriz Quiñenco, con dos aportes en 2010 que suman casi $33 millones. Con otros $30 millones donados en junio de 2009, también integra la nómina la filial de ingeniería y construcción del holding Echeverría Izquierdo, que preside el ex intendente metropolitano y fugaz ministro de Energía durante el gobierno de Piñera –duró apenas tres días en el cargo–, Fernando Echeverría. Entre las otras empresas que completan la lista figuran la Unión de Partidos Latinoamericanos con un aporte de $ 556 mil y las pesqueras El Golfo e Itata, que juntas suman más de $24 millones y que hoy están vinculadas con el financiamiento ilegal de la política (ver reportaje de CIPER).

Además de RN, son dos los partidos que entregan información sobre sus financistas externos. Uno es el Partido Radical, que en 2010 recibió poco más de $10,5 millones de parte del actual ministro de Defensa, José Antonio Gómez. El otro es la Democracia Cristiana, que en enero de 2011 recibió $6 millones de la sociedad Inversiones e Inmobiliaria Círculo Azul S.A., una empresa creada en 2005 por el ex diputado Waldo Mora junto al ex ministro Patricio Rojas, el actual subsecretario de Relaciones Exteriores Edgardo Riveros, el contador Carlos Conejeros y el padre del ex presidente del Banco Central, José de Gregorio Aroca.

El MAS, cuyo único representante en el Congreso es el senador Alejandro Navarro, registra aportes anónimos en 2010 por un total de $5.136.000. El mismo tipo de donaciones registra el Partido Socialista, aunque en 2013 y por poco más de $3,6 millones. El Partido Ecologista Verde declaró ante el Servel ingresos anónimos por $1.400.000.

REGISTROS QUE QUEDARON EN BLANCO

A comienzos de abril, La Tercera  publicó un reportaje que dio a conocer la empresa Asetec, una sociedad que RN ha utilizado como vehículo para recaudar y gestionar fondos para el partido a través de la venta de “informes políticos” y de “coyuntura” a diversas empresas, y que ha recibido millonarios pagos de SQM. Es una entidad recaudadora con fines políticos, y debiera estar registrada como tal. Pero no es así.

La ley establece que “los partidos políticos podrán formar entidades recaudadoras, cuyo único giro será el de la recaudación de donaciones y cotizaciones, con el objeto de ponerlas a disposición del partido que las hubiere formado, para el pago de sus gastos normales de funcionamiento”. Dichas entidades debían registrarse en el Servel e informarle mensualmente sobre los aportes recibidos. CIPER también solicitó copia de esos registros.

El 3 de noviembre de 2003, el Servel habilitó un libro de 504 páginas titulado Registro de Entidades Recaudadoras de Partidos Políticos. Sólo contiene dos registros, en una página y escritos a mano: el PRSD, que se inscribió a sí mismo en julio de 2004, y el “Tesorero Nacional del Partido Demócrata Cristiano”, registrado en septiembre de ese mismo año. Ninguno ha reportado ingresos desde entonces.

Lo mismo ocurrió con el Registro de Institutos de Formación Política que implementó el Servel. Ese tipo de instituciones también están habilitadas por ley para recibir donaciones públicas, reservadas o anónimas, al igual que los partidos. Y sus ingresos también deben ser reportados al Servel. Varios partidos cuentan con institutos de este tipo. El PS, por ejemplo, tiene al Instituto Igualdad y su Escuela de Formación Política ‘Carlos Lorca Tobar’. RN, a través del Instituto Libertad, tiene su proyecto Forjadores del Futuro. Pero ninguno de ellos figura en los registros. En el libro del Servel, sólo una de las 500 páginas está escrita: la Fundación por la Democracia, del PPD, es el único Instituto de Formación Política registrado en Chile (ver respuesta del Servel).

 

Notas de la Redacción:
1.- En la versión original de este reportaje, se publicó por error que la donación hecha por la entidad identificada en el documento del Servel como UPLA correspondía a la Universidad de Playa Ancha. Tras verificar la información, CIPER confirmó que se trataba de la Unión de Partidos Latinoamericanos. Lamentamos cualquier inconveniente por el error mencionado.

2.- Originalmente este artículo mencionaba al empresario José Yuraszeck como posible donante de la UDI, debido a que es dueño de una sociedad llamada Santa Cecilia Limitada. Con posterioridad, CIPER pudo confirmar con el Servel que la firma que donó a ese partido fue Inversiones Santa Cecilia S.A., propiedad de Sebastián Piñera.

Minería ilegal en Maipú: la destrucción de la Quebrada de la Plata

En la Quebrada de la Plata, a una hora de caminata por un árido sendero entre los cerros del extremo poniente de Maipú, había hasta hace poco una cerca de alambre de púas, un letrero que decía “No ingresar. Sólo personal autorizado. Zona de Explotación Minera” y un guardia que con perros impedía el paso. Ni a Marcelo Orellana, hasta hace poco administrador del Fundo Rinconada de la Universidad de Chile (del cual forma parte la quebrada), lo dejaban pasar. Lo mismo le pasó a inspectores de Sernageomin, de la Superintendencia del Medioambiente (SMA) y de la Municipalidad de Maipú: cuando iban a fiscalizar, no les permitían entrar. Así consta en distintos informes. Incluso al alcalde Cristian Vittori le habrían prohibido con perros el ingreso a la Mina Panales, una faena minera que desde 2012 ha operado ilegalmente en terrenos de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile (FCA) y que ninguna institución ha sido capaz de detener de forma definitiva.

La Corte Suprema paralizó la faena a comienzos de 2014 “hasta que no cuente con las autorizaciones ambientales y mineras que correspondan (ver fallo). Pero la explotación continuó. No fue ni la primera ni la última vez que la empresa a cargo del proyecto pasó por alto una orden de cierre. Ya en julio de 2013 la Corte de Apelaciones había sentenciado el cese total de los trabajos. Dos veces el Sernageomin decretó la suspensión indefinida de las faenas. Y la Municipalidad de Maipú una vez la clausuró. Al día siguiente, los sellos estaban rotos y los trabajadores operaban como si nada. En noviembre de 2014, el Tribunal Ambiental decretó el cierre temporal de la mina, una medida que ya ha tenido que renovar cuatro veces porque Minera Esparta (ex Minera Española Chile), la compañía que fundó y controla Branko Donoso Vidal y que está detrás de la extracción ilegal de cobre en la Quebrada de la Plata, simplemente no se detuvo.

Víctor Petermann
Víctor Petermann

La empresa de Donoso es responsable de la destrucción de una de las últimas zonas de preservación ecológica de la Región Metropolitana, aunque es sólo una arrendataria de la mina. La verdadera propietaria es una sociedad del empresario Víctor Petermann Fernández, controlador de Tehmcorp, un holding compuesto por al menos 18 empresas con intereses desde la minería al turismo. Es también dueño del hotel y la reserva biológica Huilo Huilo, en la Región de Los Ríos.

Tanto Huilo Huilo como la Quebrada de la Plata son áreas de interés ecológico a nivel internacional. En el mundo hay 34 zonas de prioridad para la conservación de la biodiversidad o hotspots, sectores que concentran un mínimo de 1.500 especies de flora y fauna endémica en peligro de desaparecer. Uno de ellos está en Chile e incluye tanto a la selva valdiviana como al bosque esclerófilo de la Zona Central del país. La Quebrada de la Plata, a 16 kilómetros de la Plaza de Maipú, es parte importante de ese último ecosistema: un laboratorio natural que la Universidad de Chile ha usado para investigaciones científicas sobre flora y fauna vulnerable durante las últimas ocho décadas. Pero ya no más: aunque el sector es considerado en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) como zona de preservación ecológica, Minera Esparta lo convirtió en una mina a rajo abierto que ha pasado por encima de todas las regulaciones mineras y medioambientales del país. Y de paso, ha demostrado las limitantes institucionales para detener las faenas que operan al margen de la ley.

-No es habitual que la SMA se enfrente a este tipo de titulares de proyectos. Generalmente no se oponen a la fiscalización. El de la Quebrada de la Plata es un caso muy especial, y también lo es para el Tribunal Medioambiental, por el perfil del infractor: uno absolutamente fuera de la ley –dice Marie Claude Plumer, jefa de la División de Sanción y Cumplimiento de la SMA.

Cuando CIPER visitó el lugar el 23 de febrero, hacía más de tres meses que el Tribunal Ambiental había ordenado el cierre temporal. Ya no había cartel ni perros ni guardias ni ruidos. La cerca estaba en el suelo, pero había huellas frescas de vehículos. Poco antes había llovido en Santiago y las marcas seguían allí. Los trabajadores de la empresa de Branko Donoso parecían haberse ido, dejando un cerro destruido y la faena abandonada, sin cumplir ningún protocolo de seguridad. Pero los antecedentes recopilados por CIPER dan cuenta de que no era así y que había indicios de que volverían: todavía había maquinaria pesada en el lugar, cientos de miles de toneladas de cobre aún sin extraer y cerca de mil kilos de explosivos que habrían quedado abandonados y que un mes después Carabineros hallaría escondidos entre los matorrales por casualidad.

LOS DUEÑOS DEL SUBSUELO DEL FUNDO RINCONADA

En 1933, la familia de Pedro Aguirre Cerda vendió a la Universidad de Chile el Fundo Rinconada de Maipú: 3.000 hectáreas en la Cordillera de la Costa que se convertirían en una estación experimental para estudiantes, académicos e investigadores de su Facultad de Ciencias Agronómicas (FCA). El predio está fraccionado en tres partes. Por un lado, las dos mitades que conforman todo lo que está en la superficie. La primera se divide entre terreno cultivable, zonas para la crianza y estudio de ganado, la casona que utiliza la facultad como sede académica, la Escuela de Suboficiales del Ejército y unas instalaciones militares que fueron ocupadas por la DINA en los ’70 y que hoy se encuentran en ruinas.

Vista frontal del impacto de Mina Panales en la quebrada.
Vista frontal del impacto de Mina Panales en la quebrada.

La otra mitad son las 1.500 hectáreas de cerros que, tras casi 80 años sin intervención, habían experimentado una importante recuperación de su flora y fauna endémica. Ahí es donde está la Quebrada de la Plata con sus 800 hectáreas. Entre las plantas, hay espinos, quillayes, maquis, peumos, boldos, litres, guayacanes y maitenes. En el cielo planean las águilas. Vuelan también por ahí chincoles, gallinas ciegas y pitios, una especie de pájaro carpintero. Hay también pequenes que se alimentan de los ratones cola de pincel y de los cururos, que también son alimento para zorros culpeos y quiques. Allí habitan reptiles como la iguana chilena y algunas culebras, y marsupiales, como la yaca. La mayoría de estas especies está incluida en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) por ser consideradas vulnerables o en peligro de extinción. Muchas de ellas desaparecieron desde que comenzaron los trabajos mineros.

De todo lo anterior es dueña la Universidad de Chile. Pero queda una tercera fracción que no se ve: lo que está en el subsuelo. Y allí la universidad no tiene ninguna propiedad.

El Código Minero define a las concesiones mineras como “un derecho real e inmueble; distinto e independiente del dominio del predio superficial”. En simple: el dueño de un terreno no es necesariamente propietario de lo que hay debajo de él. Si un tercero inscribe a su nombre lo que hay en el subsuelo en el Registro de Minas, la concesión pasa a ser suya, sin importar lo que diga el dueño del terreno superficial. Eso ocurrió en el Fundo Rinconada de Maipú.

El Catastro Minero del Sernageomin da cuenta de que bajo el predio de la Universidad de Chile se esconde un enorme potencial minero: hay más de 40 concesiones registradas por terceros (ver tabla). En esa lista, la Mina Panales figura inscrita a nombre de la Compañía Minera de Fosfatos Naturales, que según su sitio web, fue creada en 1988 para explotar un yacimiento de fosfato en Bahía Inglesa. Sus dueños siguen siendo los mismos que la fundaron hace 27 años: el ingeniero en minas Víctor Petermann Fernández –que hoy la controla a través de Inversiones VPF SpA–, su hermana María Victoria y Patricio Campos Poblete. Esa sociedad nada tiene que ver con Branko Donoso, salvo porque le arrienda sus pertenencias en medio de una zona protegida. El precio acordado: 12,5% de las ventas de mineral que registre Minera Esparta (ex Minera Española Chile), o un mínimo de $5 millones al mes. Fue ese contrato, firmado cuando la empresa de Donoso ya llevaba al menos cuatro meses de operaciones ilegales, el que formalizó la destrucción ilegal de la Quebrada de la Plata.

SUENAN LAS PRIMERAS TRONADURAS

Lo primero fue el movimiento de camiones en los cerros cercanos a la quebrada. Era 2010 y un grupo de personas se había instalado en Lomita, una concesión minera ubicada casi por completo en el Fundo Chorrillos, el predio vecino que está justo entre el terreno de la FCA y la Cuesta Lo Prado. Pero un vértice de esa concesión está dentro de los límites de la propiedad de la Universidad de Chile. Y precisamente era en ese vértice que habían instalado, sin permiso, el campamento.

-Nos avisaron que salían camiones desde el terreno de la FCA por la Cuesta Lo Prado. Fuimos a inspeccionar con un Comité Operativo de Fiscalización (COF) conformado por funcionarios de distintos organismos del Estado, pero ya no estaban: habían huido. Encontramos restos de explosivos y de material minero, huellas de un campamento que habían retirado y toda la ladera de un cerro con tronaduras y caminos por hacer. Creo que eso fue sólo un sondeo del sector y que en realidad buscaban llegar a los sectores bajos de la quebrada, porque aquí está la mayor ley del cobre. Lomita no era más que un buen vehículo para pasar con sus camiones –recuerda el ex administrador del fundo universitario, Marcelo Orellana.

No hubo novedades hasta que en 2011 se vieron nuevamente camionetas circulando al interior de la quebrada. Fue ese año, a fines de septiembre, que los hermanos Branko y Josué Donoso se asociaron con William Ghione Tudela para constituir la empresa Minera Española Chile, con un capital de $100 millones. Fue la primera de una serie de sociedades que los tres hombres crearon en apenas unos meses.

No eran dueños de la Mina Panales, pero sí tenían una llave de acceso: derechos sobre las concesiones La Plata 3 y La Plata 4, ubicadas justo al lado. De hecho, Branko Donoso figura en los registros como titular de cinco concesiones como persona natural y de seis a través de Minera Esparta (ex Minera Española Chile). Si solicitaban permisos para explorar esas concesiones al Sernageomin, podrían llegar fácilmente a la Mina Panales y construir caminos que salieran por el Fundo Chorrillos hasta la Cuesta Lo Prado. Al año siguiente se instalarían en la quebrada, ensancharían los caminos, cortarían bosque nativo, pondrían explosivos y reducirían gran parte de un área de alto interés ecológico a un montón de roca suelta.

GUERRA EN TRIBUNALES

En agosto de 2012, la empresa de los hermanos Donoso y William Ghione informó al Sernageomin sobre su proyecto de reconocimiento en La Plata 3 y La Plata 4. También entregó una carta de pertinencia de ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) fechada en 2008 y a nombre de Ángel Raúl Burrows, para explotar la Mina Panales. Pedían autorización para extraer 1.000 toneladas de mineral al mes. Para ambos trámites la respuesta fue negativa. Sobre lo primero, el servicio dijo que antes de iniciar cualquier actividad, debían sanear la propiedad de las concesiones, que aún estaban en estado de manifestación, y cumplir las normas ambientales y de seguridad minera. Sobre lo segundo, rechazó la carta de pertinencia por ser antigua, referirse a otro proyecto y estar a nombre de otra persona. Sernageomin no autorizaba las actividades mineras en la quebrada. Pero Minera Esparta comenzó a trabajar igual.

Foto de perfil de Facebook de Branko Donoso.
Foto de perfil de Facebook de Branko Donoso.

A los cuatro meses ya se podía ver el impacto. Fueron el entonces decano de la FCA, Luis Antonio Lizana, el alcalde Cristian Vittori, el senador Guido Girardi, personal de Sernageomin, de la universidad y de la municipalidad y representantes de organizaciones sociales. No los dejaron entrar. Veían desde afuera el movimiento de máquinas y el polvo en el aire. Oían los camiones. La faena no tenía permiso de la universidad ni patente de la municipalidad. CONAF realizó ese mismo mes su primera inspección: detectó el corte ilegal de 2,8 hectáreas de bosque nativo, lo que derivó en una multa y la exigencia de un plan de reforestación que nunca se entregó. CONAF volvió otras dos veces y cada vez la situación era peor. Para octubre de 2014 ya eran 39,7 las hectáreas de bosque nativo destruidas ilegalmente.

Al partir 2013, la Universidad de Chile y la Municipalidad de Maipú presentaron recursos en la Corte de Apelaciones. Eran causas distintas, pero apuntaban a lo mismo: como la Quebrada de la Plata es parte del sitio prioritario El Roble, una zona de preservación ecológica protegida por el Estado, Minera Esparta vulneraba la ley al no contar con una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) que autorizara sus actividades. Los trabajos debían parar.

Fue el mismo criterio que tuvo el entonces director metropolitano del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), Rodrigo Núñez, cuando en marzo de 2013 respondió una carta en que Branko Donoso preguntaba si debía o no ingresar al SEIA. Fue la primera vez que quedaron documentadas las características del proyecto Mina Panales, ya en plena operación. Donoso pedía autorización para explotar a rajo abierto y mantener por más de 13 años una producción de 3.000 toneladas de material al mes, ya que “según estudios geológicos se ha estimado una reserva de material de 500.000 toneladas de mineral”. Para ello se utilizarían 280 kilos de explosivos al mes. Núñez respondió que sí debía ingresar porque el sector prioritario El Roble es “una zona protegida para efectos del SEIA”.

En vez de parar, la minera adoptó dos estrategias paralelas. La primera: blindarse legalmente. Contrató a los abogados Juan Larenas y Rafael Hormazábal, del estudio jurídico Ascui & Cía., quienes basaron la defensa en que era errada la lectura que hacían del PRMS la universidad, la municipalidad y el SEA.

-Un error garrafal se había repetido históricamente en todos los organismos públicos: consideraban que la Quebrada de la Plata es una zona de preservación ecológica por supuestamente estar en el Cerro El Roble. Pero no es así, porque ese cerro está en el Parque Nacional La Campana, en Tiltil, muy lejos de Maipú. El PRMS sí cataloga a la quebrada como un área de protección ecológica con desarrollo controlado, y eso no requiere RCA –explicó Larenas a CIPER.

Ese argumento tendría eco meses después en la reconsideración del SEA. Su director ejecutivo, Ignacio Toro Labbé, revirtió la decisión de Núñez en junio de 2013 y resolvió que el proyecto ya no tendría que pasar por el SEIA. Dos meses antes, la municipalidad había clausurado la faena porque no tenía patente. Pero la mina siguió operando como si nada. Por esos mismos días, Sernageomin fue a la quebrada y constató que la minera, sin avisar inicio de actividades, extraía ilegalmente cerca de 450 ton/mes de material oxidado de cobre y operaba sin libro autorizado, sin un método de explotación aprobado y sin un plan de cierre. Ordenó la suspensión inmediata, total e indefinida de la faena (ver informe). Aun así, la empresa no paró. Aunque llevaba meses operando ilegalmente, el vuelco del SEIA cambió por completo el escenario. Sernageomin tuvo que echar pie atrás y aprobar el proyecto. Por poco tiempo, Minera Esparta operó “legalmente” en la Quebrada de la Plata.

LA OTRA ESTRATEGIA DE ESPARTA

Durante la primera mitad de 2013, Minera Esparta dejó en claro cuál era su segunda estrategia: pasara lo que pasara, no parar la faena. Y eso no iba a cambiar.

A menos de un mes de la autorización del Sernageomin, la Corte de Apelaciones falló en la causa que la municipalidad llevaba contra la empresa de Branko Donoso. Los jueces desecharon el supuesto error en la lectura del PRMS y sentenciaron “la paralización de todas las actividades mineras llevadas a cabo por la recurrida, en tanto no dé fiel y oportuno cumplimiento a la normativa ambiental aplicable”.

De nuevo, la empresa no paró. Vino entonces una querella por desacato que aún está en trámite.

Restos de actividad minera ilegal tirados en la quebrada.
Restos de actividad minera ilegal tirados en la quebrada.

-Lo que hay es un vacío legal en la legislación medioambiental. La ley no establece medidas claras para poder sacar a este tipo de personas de ahí –explica el abogado Sergio Zúñiga, miembro del equipo jurídico de la Municipalidad de Maipú que ha intentado infructuosamente detener las faenas ilegales desde fines de 2012.

La causa de la Universidad de Chile tropezó dos veces en la Corte de Apelaciones. Primero porque los magistrados consideraron que el recurso era extemporáneo. Después, por imprecisiones en el texto. Pero en enero de 2014, la Corte Suprema zanjó la disputa con una sentencia que obligó a la empresa minera a “cesar y abstenerse de ejecutar faenas mineras de toda índole en el predio de la recurrente hasta que no cuente con las autorizaciones ambientales y mineras que correspondan” (ver fallo). A la semana Carabineros envió un informe sobre el cumplimiento del cierre. Decía que los trabajos en Mina Panales seguían activos. No hubo ninguna sanción.

Tras el fallo de la Suprema, el SEA revocó su carta de pertinencia y volvió a exigir un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que Minera Esparta nunca presentó. Sernageomin volvió a decretar su cierre tras verificar que además de no tener permisos, vulneraba todas las normas de seguridad minera. Eso fue en marzo de 2014. En junio sus fiscalizadores volvieron, pero no los dejaron entrar. Los antecedentes fueron enviados a la Superintendencia del Medioambiente (SMA). El informe detalla el cierre definitivo y las multas de Sernageomin contra la empresa de Branko Donoso. Propone también una fiscalización conjunta, ya que “Minera Española Chile Limitada, o su representante, continuarían ejecutando labores mineras ilegales en dicho lugar”.

Por esos días, Minera Española Chile pasó a llamarse Minera Esparta y la SMA formuló cargos en su contra por no contar con una RCA, una “infracción gravísima”. El proceso sancionatorio aún está abierto (ver expediente online). Marie Claude Plumer, jefa de la División de Sanción y Cumplimiento de la superintendencia, dijo a CIPER que una vez terminado el proceso, las sanciones podrían resultar en la clausura total del proyecto o en una multa de hasta 10.000 UTA (unos $5.183 millones).

En agosto de 2014 fueron inspectores de la SMA a la Quebrada de la Plata. No los dejaron entrar. En octubre volvieron y comprobaron el aparcamiento de camiones y maquinaria pesada al interior de la mina, los que habían estado operando hacía sólo minutos. También descubrieron un socavón al interior del cerro. Con eso fueron al Tribunal Ambiental y pidieron medidas provisionales. Se clausuró la mina por un mes, el máximo que permite la ley. Pero no pararon. El fiscal de la SMA dio cuenta de que la minera seguía activa y solicitó el auxilio de la fuerza pública. Poco después, funcionarios de la municipalidad fueron con un notario para certificar su inspección. No pudieron entrar. Se encontraron de nuevo con un guardia con perros y un letrero que decía “No ingresar. Sólo personal autorizado. Zona de Explotación Minera”.

UNA TONELADA DE EXPLOSIVOS

Tras reiteradas visitas efectuadas entre noviembre de 2014 y febrero de 2015, un grupo de ciclistas constató que la faena seguía en operación. El pique era ahora mucho más profundo. La maquinaria pesada estaba paralizada adentro del socavón, como si estuviera escondida. Todo aparece detallado en la denuncia que presentaron ante la SMA contra la empresa de Branko Donoso por no acatar la orden de cierre.

Cuando CIPER ingresó a la mina el 23 de febrero, la maquinaria se encontraba detenida afuera, como resguardando la entrada. En la cueva, solo se oía un goteo que se filtraba de un tubo que bajaba por el cerro y se introducía hasta perderse en la oscuridad. En una pequeña bóveda en la roca había un generador eléctrico, y pocos metros más allá, un negro profundo que se extendía hacia el corazón del cerro. Afuera, montones de roca y pedazos de montaña que han volado con explosivos. Trabajadores y habitantes de los predios vecinos aseguraban que las tronaduras aún sonaban a lo lejos. Marcelo Orellana decía que menos de una semana antes oyó el retumbar de las explosiones. Parecían haberse ido, pero todo indicaba que la faena continuaba. Clandestina, como desde el inicio.

Maquinaria afuera del pique.
Maquinaria afuera del pique.

El Tribunal Ambiental ya ha renovado cuatro veces el decreto de cierre temporal de Mina Panales. La última fue el 11 de marzo. Como “ni las órdenes judiciales y administrativas, ni el recurso a la fuerza pública han sido suficientes para efectivamente detener las labores de Minera Española Chile Limitada en Quebrada de la Plata”, el mismo tribunal ordenó días después la incautación de todos sus vehículos y maquinaria y el desalojo de sus trabajadores. Lo que Carabineros encontró ese mismo día en la quebrada, fueron cerca de mil kilos de ANFO, un explosivo utilizado en minería que habría estado escondido entre los matorrales.

CIPER intentó hablar con Branko Donoso, pero fue imposible ubicarlo. Ni siquiera a través de sus abogados, con los que perdió el contacto desde mediados de 2014. El dueño de Mina Panales, Víctor Petermann, no ha sido siquiera mencionado en los procesos judiciales y administrativos. El contrato de arriendo de las pertenencias mineras fue firmado el 9 de abril de 2013, el mismo día que la municipalidad clausuraba la faena tras cuatro meses de funcionamiento ilegal, cuando el proyecto ya enfrentaba dos procesos en la Corte de Apelaciones. Consultados por CIPER, la Compañía Minera de Fosfatos Naturales envió un comunicado firmado por su representante legal, donde asegura que desconocían los antecedentes de la minera de Branko Donoso y que se enteraron de los problemas legales de Minera Esparta por la prensa y “muy posteriormente a la celebración del contrato de arrendamiento”. También agrega que decidieron dar término al contrato. CIPER pidió a la empresa copia del documento que certificaba el finiquito, pero no hubo respuesta.

DGAC abre sumario por credenciales fraudulentas de guardias de seguridad en el aeropuerto de Santiago

Una mujer de 35 años llegó el pasado martes 10 de febrero a pedir trabajo a las oficinas de Segaer, una de las cuatro empresas que ofrecen servicios de seguridad privada a distintas aerolíneas en el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez (AMB). Quería desempeñarse como guardia de seguridad. Con apenas dos semanas como empleada en Global Airport Security, una compañía de la competencia, ella no tenía mucha experiencia, pero sí algo que la mayoría de las personas que llegan en busca de trabajo a este tipo de empresas no tiene: todas sus acreditaciones al día.

Para la empresa era una gran noticia. Con las acreditaciones vigentes de la mujer, no sólo se ahorraban tiempo, sino que además la inversión que significa capacitar al guardia para el trabajo en el sector aeronáutico y hacer los trámites que exige la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC). Le preguntaron dónde había hecho el curso de capacitación, obligatorio para cualquier persona que se quiera desempeñar en el área de la seguridad en un recinto aeroportuario. Si ella ya estaba trabajando en el rubro, debía haberlo cursado sí o sí. Pero no supo de qué le estaban hablando. Le pidieron entonces sus credenciales. Ella se las mostró. Fue entonces que se descubrió el fraude.

Todo quedó plasmado en una carta que envió al día siguiente el gerente general de Segaer, Sergio Sierra, a la DGAC y al Ministerio de Defensa. CIPER obtuvo copia de ese texto, que tiene el sello de recepción de la DGAC.

aeropuerto-seguridadLo que dice la carta es que la Tarjeta de Identificación de Seguridad Privada Aeroportuaria (TISPA) de la mujer tenía su foto, su nombre y su rut, pero no era legítima. Al parecer, ella no lo sabía. Dijo que se la dio personalmente el gerente general de Global Airport Security, Hipólito Llancaqueo, tres días después de su primera entrevista de trabajo, sin curso de capacitación, sin documentación ni nada. Consultado por CIPER, Llancaqueo asegura que no fueron tres días, sino que hacía al menos 20 que había enviado toda su documentación, a través de un asesor –a quien responsabiliza de las irregularidades–, para obtener la TISPA correspondiente. Lo que sí es un hecho es que en dos partes de la credencial dice “Zebra Card Studio Demo Version”, lo que demuestra que fue hecha con una versión de muestra del software original. Lo grave es que todo indica que el documento no es falso, sino que fue emitido por personal de la misma DGAC sin que se cumplieran los requisitos legales. Gracias a ello, la mujer pudo acceder a una segunda credencial emitida por la DGAC, esta vez original, que le permite la libre circulación por áreas de acceso restringido en el principal terminal aéreo del país. La denuncia insinúa que habría más casos como este.

De esa forma, la mujer, y probablemente otros empleados, habrían tenido acceso liberado a áreas restringidas del aeropuerto –desde las zonas de revisión de equipaje hasta los mismos aviones– sin contar con la capacitación necesaria y sin que se hayan verificado sus antecedentes. Lo anterior resulta grave por dos motivos. Primero, porque viola todas las normas de seguridad aeroportuarias vigentes en el país. Esto ocurre tan sólo meses después del millonario asalto a un camión de transporte de valores en plena plataforma, lo que ya había significado una completa reestructuración de los protocolos de seguridad (ver reportaje de CIPER). Y segundo, porque también implica una infracción a las normas internacionales de aviación.

CIPER solicitó formalmente una entrevista con el director general de la DGAC, el general Maximiliano Larraechea, pero declinó emitir comentarios ya que, el mismo día que ingresó la carta firmada por Sierra, se instruyó la apertura de un sumario administrativo, el segundo en menos de un año por serias fallas de seguridad en el aeropuerto. Al ser materia de investigación, la DGAC no emitirá comentarios.

Por otro lado, CIPER conversó con el subsecretario de las Fuerzas Armadas, Gabriel Gaspar, quien corroboró que la primera noticia sobre la irregularidad fue recibida el martes 10 de febrero, cuando Sierra denunció vía telefónica a la DGAC la existencia de un documento fraudulento y vigente. Según Gaspar, Global Airport Security –que opera con Air Canada y Aerolíneas Argentinas– no habría tenido más de una docena de empleados trabajando en el aeropuerto, y que a todo su personal se le habría revisado la documentación. A una semana de iniciada la investigación, ya se detectó otro caso. El proceso sigue abierto y se extenderá a las demás empresas de seguridad.

Aún no se sabe con certeza si la entrega por parte de funcionarios de la DGAC de documentación obtenida irregularmente para ingresar y trabajar al aeropuerto es una práctica nueva o si se viene realizando desde hace tiempo. Si se comprueba que es una práctica antigua, los nuevos antecedentes podrían servir a los fiscales Emiliano Arias y Eduardo Baeza, quienes investigan el robo de los $6.000 millones de un camión de la empresa Brink’s en la losa del aeropuerto internacional de Santiago en agosto de 2014. Entre las autoridades que han manejado el tema, siempre ha existido la sospecha de que quienes idearon el asalto recibieron información desde alguien que conoce por dentro el funcionamiento del aeropuerto. La posible presencia de personal que no pasó los filtros de seguridad acrecienta las dudas. Sobre todo, porque los asaltantes habrían tenido credenciales falsas y uniformes de guardias de seguridad (ver reportaje de La Tercera).

LA TARJETA QUE NO SE REQUISÓ

El subsecretario Gabriel Gaspar aseguró a CIPER que a partir del 11 de febrero “se efectuó una auditoría de todos los procesos de estos documentos y se le retiraron todas las credenciales de la empresa Global Airport Security”. Pero eso no habría sucedido con la tarjeta de la mujer que gatilló la investigación

La carta de denuncia de Segaer dice que el mismo martes 10 de febrero, luego de que los encargados de selección detectaran la anomalía en la credencial de la mujer, se notificó por teléfono a la DGAC. Quien respondió fue Joel Belmar, un asesor en seguridad de la autoridad aeronáutica con contrato de planta desde 2002, que se desempeña en el servicio de Seguridad Aeroportuaria (AVSEC). Lo primero que habría hecho Belmar fue revisar la base de datos y corroborar si la TISPA de la mujer estaba en los registros. No figuraba en la nómina. 15 minutos después, ya estaba junto a Loreto Contreras, una colega de la Dirección de Aeródromos y Servicios Aeronáuticos (DASA) –la unidad a cargo de la entrega de las credenciales–, en las oficinas de Segaer, en Providencia.

Los funcionarios de la DGAC entrevistaron a la mujer, quien les volvió a decir que no tenía idea siquiera de que existía el curso DAN 1702, requisito obligatorio para trabajar como guardia de seguridad aeroportuario, y que varios de sus compañeros en Global Airport Security tampoco lo habrían cursado.

Belmar y Contreras habrían verificado que su Tarjeta de Ingreso Controlado en Aeródromo –más conocida por sus siglas: TICA– sí era original. Esa credencial es de uso obligatorio para todo el personal del aeropuerto. Ella tenía una de nivel 5, con lo cual tenía acceso libre a casi todos los sectores del área. El problema es que la única forma de conseguir esa credencial es con la TISPA, que la certifica como personal de seguridad calificado. Esa última credencial, según corroboraron los funcionarios de la DGAC, es la que había obtenido saltándose todos los procesos exigidos por la autoridad. Aun así, no se la requisaron. Aunque se verificó que la mujer contaba con credenciales fraudulentas, al día siguiente podría haber ingresado nuevamente y sin problemas a zonas restringidas del aeropuerto, vulnerando todas las medidas de seguridad.

Según dice la carta con la denuncia, Belmar habría dicho ese mismo día (10 de febrero) al gerente general de Segaer que la credencial de la mujer “no es falsa, y que fue emitida por un funcionario de esa repartición, que ya no trabaja en esa oficina, y que están en proceso de investigación”. CIPER intentó conversar con Joel Belmar, pero éste rechazó dar su versión, ya que la información es parte del sumario interno de la DGAC.

EL ASESOR BAJO SOSPECHA

Distintas fuentes consultadas por CIPER indicaron que las pistas preliminares apuntan a un antiguo funcionario de la DGAC, hoy instructor externo de guardias de seguridad aeroportuarios, quien gestionaba los permisos para la empresa Global Airport Security. Su nombre: René Schwarzenberg González. Su especialidad: el manejo de mercancías peligrosas y la operación de máquinas de Rayos X e interpretación de las imágenes (ver cursos OTEC que ofrecía). Junto a él, en la entrega irregular de las acreditaciones también habrían participado al menos dos funcionarios activos de la DGAC que habrían tenido acceso a la máquina para emitir credenciales.

Consultado por CIPER, el gerente general de Global Airport Security, Hipólito Llancaqueo, se desliga de cualquier participación en las irregularidades y apunta a Schwarzenberg:

Tematicas del aeropuerto de Santiago.-René Schwarzenberg era mi asesor y capacitador. Los certificados los emitía mal, a nombre de mi empresa, sin ninguna firma de él. Por eso quedaron inválidos. Trabajé cuatro años con estas certificaciones y recién ahora, con la auditoría de esta semana, me doy cuenta de estas falencias. Él tenía todo los contactos en la DASA (la unidad a cargo de la entrega de las credenciales). Hacía y deshacía, y manejaba información, y así me conseguía las credenciales.

No fue posible ubicar a Schwarzenberg para conocer su versión. Llancaqueo asegura que no sabe cuántos otros casos similares podría haber, ya que comenzó a trabajar con él hace cuatro años, y que posiblemente durante todo ese tiempo se hayan cometido las mismas irregularidades. Agrega que Global Airport Security tiene a ocho personas trabajando en el aeropuerto, pero que Schwarzenberg además trabajó con otras empresas que cuentan con mucho más personal operativo en el aeropuerto.

Lo anterior podría ser clave para la investigación que lleva adelante el Ministerio Público por el llamado “Robo del Siglo”. De ser cierto lo que dice Llancaqueo, es posible que al momento del asalto haya habido en el aeropuerto personal de seguridad sin las capacitaciones necesarias y sin que hayan pasado por los filtros de idoneidad para el cargo.

A través de su departamento de Comunicaciones, la DGAC informó a CIPER que tras el atraco de agosto de 2014, “las 12 medidas que el gobierno le exigió a la DGAC, para mejorar la seguridad del terminal aéreo después del robo ocurrido el 12 de agosto, se cumplieron cabalmente”. La institución señaló además que se implementó un nuevo protocolo para el proceso de ingreso, traslado y embarque de remesas de dinero, entre los vehículos de transporte de valores y los aviones. También que desde inicios de febrero está operativo el grupo AVSEC (seguridad aeroportuaria), que fue instruido para el uso de armas –salvo aquellos que tienen contacto con público y pasajeros–, los que se encuentran realizando tareas de seguridad en el control de pórticos y rondas permanentes. Además la DGAC adquirió casi un centenar de cámaras termales de vigilancia de largo alcance, capaces de distinguir cualquier objeto en movimiento.

Los antecedentes recopilados en esta investigación dan cuenta de que todas esas medidas resultan inútiles si no hay un correcto control de quiénes ingresan y trabajan en la seguridad aeroportuaria.

 

El negocio inmobiliario del ministro Gómez que lo liga a Sebastián Dávalos y Bachelet

Poco le duró la calma al ministro de Justicia, José Antonio Gómez, en su rol como vocero subrogante de La Moneda. El lunes 9 de febrero, tan sólo una semana después de haber asumido temporalmente la representación mediática del gobierno, tuvo que enfrentar la primera crisis de la administración Bachelet en 2015: el millonario y polémico negocio inmobiliario que el viernes 6 de febrero reveló la revista Qué Pasa y que involucra al hijo mayor de la Mandataria y director del área sociocultural de la Presidencia, Sebastián Dávalos Bachelet y a su esposa Natalia Compagnon. Frente al micrófono y las cámaras, Gómez blindó a Dávalos y aseguró que no hay nada irregular tras las gestiones realizadas por la pareja, cuando Bachelet era candidata, para obtener un crédito por más de US$ 10 millones con el Banco de Chile a favor de Caval Ltda., la sociedad donde Compagnon es socia y Dávalos era gerente de Proyectos. El ministro fue enfático al señalar que ninguno incurrió en tráfico de influencias, que en las operaciones cuestionadas no hay recursos fiscales involucrados, y que todo el proceso ha sido transparente. Y agregó:

Sebastián Dávalos
Sebastián Dávalos

“Como existe de parte del señor Dávalos y del gobierno la necesidad de transmitirle a los chilenos la absoluta transparencia, el señor Dávalos va a hacer su declaración de intereses. Por lo tanto, se va a clarificar hasta ese nivel; sin tener obligación legal lo va a hacer, porque le interesa la transparencia y a este gobierno también le interesa la transparencia total”.

Cuando Dávalos entregue los documentos con el detalle de sus intereses y su patrimonio a la Contraloría, se transparentará también un vínculo comercial hasta ahora desconocido que lo ligan a él y a su madre, la Presidenta Bachelet, con José Antonio Gómez, el ministro que salió a defenderlo públicamente.

El punto donde los tres nombres se intersecan es una dirección: Julia Bernstein 447, en La Reina. Es en ese condominio, en la casa B, donde vive Sebastián Dávalos desde marzo de 2011, cuando le compró la vivienda a la sociedad Inmobiliaria y Constructora Las Canteras en 5.000 UF (cerca de $107,8 millones). Ahí también vive Michelle Bachelet, en la casa F, quien compró a la misma empresa inmobiliaria en enero de 2007 a un valor de 7.500 UF (unos $137,5 millones). Gómez, como dueño del 50% de la sociedad Las Canteras –según consta en su declaración de patrimonio– fue quien les vendió las casas. El ministro es dueño también de una de las casas a título personal, y a través de su sociedad aún es propietario de otra vivienda que queda por venderse.

EL MINISTRO CONSTRUCTOR

José Antonio Gómez era subsecretario de Justicia del gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle cuando en agosto de 1997 compró como persona natural el terreno ubicado en Julia Bernstein 447 en 21.250 UF (poco más de $290 millones). No lo hizo solo. En el emprendimiento participaron además de Gómez otros tres socios: Rafael Enrique Videla, Rodrigo Ernesto Soto Hidalgo y el músico y cantante del grupo Santiago Nuevo Extremo, Luis Alberto Le-Bert Montaldo. Cada uno quedó como propietario del 25% del terreno. Tres años después, en 2000, Videla le cedió sus derechos sobre la propiedad a Marigen Hornkohl, un mes antes de que ésta asumiera como subsecretaria de Previsión Social del gobierno de Ricardo Lagos. Soto, por su parte, se los cedió a José Manuel Alejandro Gómez Iturra.

Durante cuatro años la propiedad del terreno se mantuvo intacta, hasta que en 2004, quedó en manos de José Antonio Gómez y Luis Alberto Le-Bert: el primero le compró su parte a Hornkohl, mientras que el segundo adquirió la porción de Gómez Iturra. Ya con el 100% del terreno en su poder, en octubre de ese año el actual ministro y el cantante crearon la sociedad Inmobiliaria y Constructora Las Canteras Ltda., con un capital de $4.000.000 que ambos se repartieron en partes iguales. Fue entonces que dividieron la propiedad y comenzaron a construir un proyecto inmobiliario que contemplaba al menos diez casas de entre 140 y 167 metros cuadrados. En marzo de 2009, Luis Alberto Le-Bert se retiró de Las Canteras, cediendo toda su participación a la hija de José Antonio Gómez, Francisca Gómez Passi. Desde entonces, padre e hija comparten la propiedad de la empresa inmobiliaria en partes iguales. De acuerdo a su declaración de patrimonio vigente, el ministro participa en la administración de la empresa.

Ministro José Antonio Gómez
Ministro José Antonio Gómez

En marzo de 2006, Michelle Bachelet se convirtió en la primera mujer en alcanzar la Presidencia de la República. Al mismo tiempo, Gómez asumía como senador por la región de Antofagasta. Y ese mismo año empezó la venta de los inmuebles. Primero, Gómez y Le-Bert –quien aún era socio– se adjudicaron cada uno una casa. El entonces parlamentario se quedó con la casa H, que hoy tiene un avalúo fiscal de $116,8 millones, mientras que el músico se hizo de la casa G, cuyo avalúo fiscal era de $94,2 millones cuando la vendió a mediados de 2014. El resto de las propiedades fueron traspasadas a la sociedad de Gómez y Le-Bert en octubre 2006 en una transacción por $393,6 millones.

Cuando Michelle Bechelet compró la casa a la empresa de Gómez en poco más de $137 millones, todavía no cumplía un año como Presidenta. Sin embargo, no la necesitaba. Era enero de 2007 y para entonces aún vivía en la casa ubicada en Burgos 388, en Las Condes, que arrendaba desde que asumió su primer período. Recién se instaló en La Reina alta cuando dejó La Moneda, a comienzos de 2010. El inmueble de Julia Bernstein tiene tres pisos, 140 m2 construidos, 500 m2 de terreno y una vista privilegiada de Santiago. Su avalúo fiscal, según los registros del Servicio de Impuestos Internos, es de aproximadamente $100,7 millones, una cifra que no calza con lo que la Mandataria puso en su declaración de patrimonio (ver documento), fechada el 10 de abril de 2014. En ese documento, Bachelet señaló que la vivienda estaba avaluada en apenas $79,7 millones. Además, la Presidenta anotó que el valor comercial a esa fecha alcanzaba los $152, 9 millones.

EL VECINO DÁVALOS

A comienzos de 2013, revista Qué Pasa publicó un extenso reportaje sobre los negocios del hijo mayor de Michelle Bachelet y su esposa. La publicación aseguraba que Sebastián Dávalos y Natalia Compagnon participaban en seis sociedades comerciales distintas, a través de las cuales se dedicaban a la asesoría y representación de empresas nacionales y extranjeras. Entre ellas estaba Caval Ltda., la misma empresa que hoy pone en aprietos a la administración Bachelet y que hace dos años fue fuertemente cuestionada por haber sido a través de ella que Dávalos adquirió cuatro vehículos de lujo, marca Lexus, cada uno avaluado en cerca de $30 millones.

Natalia Compagnon
Natalia Compagnon

Fue precisamente la aparición de Dávalos en el condominio de Julia Bernstein, manejando uno de esos vehículos, lo que llamó la atención de los periodistas. Era 21 de diciembre de 2012 y mientras esperaban que su madre saliera y anunciara si sería o no candidata a la Presidencia –finalmente dijo ese día que no hablaría de su futuro político sino hasta marzo de 2013–, el hijo de Bachelet apareció. Muchos pensaron que iba a la casa de su mamá. Pero lo cierto es que él también es propietario en el condominio que construyó el actual ministro de Justicia.

Los registros del Conservador de Bienes Raíces de Santiago (CBRS) dan cuenta de que Sebastián Dávalos compró en marzo de 2011 la casa B del proyecto inmobiliario. Pagó a Las Canteras –la empresa inmobiliaria del ministro Gómez– poco más de $107 millones por un inmueble muy similar al de su madre, que también tiene 140 m2 construidos, aunque fue edificado tres años después (2009). La vivienda hoy está avaluada en $97,5 millones por el SII.

Los mismos archivos del CBRS señalan que el negocio inmobiliario del ministro Gómez ha sido bastante bueno. De las 10 casas que contemplaba el proyecto, nueve ya tienen dueño.

Los otros pagos que recibió Wagner cuando era subsecretario de Minería

Como subsecretario de Minería, Pablo Wagner San Martín recibía una remuneración bruta que superaba los $6,7 millones al mes. Aunque no tenía experiencia previa en el rubro, ese fue el sueldo que comenzó a percibir cuando asumió el cargo en marzo de 2010, y así se mantuvo hasta su renuncia al comenzar octubre de 2012. En total, fueron 29 meses los que Wagner estuvo en esa cartera y, durante todo ese tiempo, según consta en la querella que presentó en su contra el Servicio de Impuestos Internos (SII), no registró ingresos extra. Pero lo cierto es que, por medio de operaciones fraudulentas, todo ese período recibió en forma paralela pagos desde el sector privado que le permitieron abultar su renta de manera significativa y, a la vez, evadir impuestos.

Pablo Wagner
Pablo Wagner

No se trata sólo de los $42 millones que le pagó de forma irregular el Grupo Penta. Wagner obtuvo además otros $24 millones por medio de boletas falsas mientras fue subsecretario. Los pagos venían mensualmente de Génesis Partners, una consultora de la que Wagner era socio desde 2009 a través de Asesorías e Inversiones Santa Irene Ltda., la sociedad que creó con su esposa. Supuestamente, cuando ingresó al gobierno, Wagner “congeló” su participación en dicha empresa, pero los 26 pagos que aparecen individualizados en la querella que el SII presentó en su contra, indican lo contrario. Todos se hicieron contra boletas de su cuñada, Carolina de la Cerda, por “asesorías financieras” que nunca se realizaron. Las transferencias partieron el mismo mes que Wagner asumió el cargo público. Es por eso que el SII solicitó al tribunal que el Ministerio Público indague la información contable de Génesis entre 2009 y 2014 y cite a sus representantes legales a prestar declaración.

Génesis Partners fue creada en 2006 por el ingeniero civil químico Hipólito Escalona, el ingeniero comercial Ariel Meirovich y el ingeniero informático Alejandro Cañete, todos ex alumnos del Magíster en Finanzas de la Universidad del Desarrollo (UDD), quienes pusieron un capital de apenas $1,2 millones.A ellosse sumarían después, en 2009, otros dos ingenieros comerciales: Roberto Darrigrandi y el por entonces hombre de Penta, Pablo Wagner.

Tras poco más de una década trabajando en las empresas del holding que controlan Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, Wagner ya se había convertido en un ejecutivo de su confianza. Comenzó en 1998 como gerente de Proyectos e Inversiones en Empresas Penta S.A. Luego, en 2000, asumió como gerente de Planificación y Desarrollo de Banmédica, cargo que ocupó hasta marzo de 2009. Fue poco después que se unió a Génesis Partners, que por entonces se llamaba Génesis Consulting & Capital y tenía un capital de $60 millones. Wagner pasaba a ser socio y director de una empresa que nada tenía que ver con Penta, y que estaba dedicada a la asesoría estratégica y financiera para empresas con alto potencial de crecimiento (ver documento). El vínculo le serviría meses después, cuando ya era subsecretario del gobierno de Sebastián Piñera, para inflar de manera irregular un sueldo que ya era bastante oneroso.

Sumados los pagos de Penta y Génesis identificados por el SII, Pablo Wagner recibió en total cerca de $66 millones líquidos en su cuenta personal mientras ejerció como subsecretario. En otras palabras, cada mes recibía en promedio un ingreso bruto extra de $2.528.736, todo a través de boletas falsas a nombre de su cuñada. Al juntar ese monto con su sueldo como funcionario público, Wagner recibía mensualmente ingresos por casi $9,3 millones. A fin de cuentas, ganaba dos millones más que su jefe, el entonces ministro de Minería, Laurence Golborne.

UN PIE ADENTRO, EL OTRO AFUERA

Al ingresar a Génesis Partners, Wagner había sacado un pie del Grupo Penta, pero aún tenía el otro adentro. Seguía representando al holding en el directorio de AFP Cuprum, donde era vicepresidente desde 2007. Además, no había cortado del todo el vínculo con Banmédica. Un reportaje de La Tercera señala que habría continuado como asesor a través de dos contratos. El primero lo ligaba a la isapre por otros 32 meses, con un sueldo de $7,6 millones mensuales. Con el otro, Wagner se comprometía a realizar estudios sobre normas internacionales de información financiera a cambio de $75 millones. Ambos estaban vigentes cuando Pablo Wagner renunció a comienzos de 2010, tras ser convocado por el Presidente Sebastián Piñera para integrar su equipo de gobierno.

Hugo Bravo
Hugo Bravo

Son precisamente esos dos últimos contratos los que, de acuerdo a las declaraciones judiciales de los ejecutivos de Penta, habrían justificado los $3.000.000 que cada dos meses el grupo le entregó al subsecretario Wagner a través de Inversiones Banpenta, Inversiones Penta III y Empresas Penta S.A. Se trata de 14 pagos que las tres compañías realizaron alternadamente entre junio de 2010 y agosto de 2012, todos por el mismo monto, los que en total suman $42 millones. Los pagos habrían sido coordinados por el ex gerente del Grupo Penta, Hugo Bravo, quien a través de sus declaraciones ante el SII y la fiscalía destapó el fraude.

Las cifras, en todo caso, no calzan con las declaraciones. Los pagos supuestamente corresponden al finiquito de los contratos que Wagner y Penta tenían vigentes cuando asumió en la Subsecretaría Minería. Como aún faltaban 22 meses de contrato con Banmédica, había $167 millones que no se le pagarían. En un correo que Wagner le escribió a Carlos Eugenio Lavín sólo un día antes de ingresar al gobierno, le decía que, si bien había acordado con Banmédica un pago de $75 millones, aún quedaba una diferencia de $92 millones, y agregó: “Cualquier ayuda será agradecida de por vida por mi familia. Demás está decirte que cuentes conmigo para lo que necesites. También que pediré tu consejo a menudo. Como me dijiste cuando hablamos, no es un adiós sino un hasta pronto”.

Los pagos que recibió desde Penta y Génesis dan cuenta de que Pablo Wagner seguía con un pie adentro y otro afuera, pero esta vez por un lado estaba el gobierno y por el otro el sector privado. De esas relaciones cruzadas es que surgen más preguntas que respuestas.

LA ARISTA DOMINGA

Wagner no tenía ninguna experiencia en el sector minero, pero aún así fue nombrado subsecretario de un sector clave en marzo de 2010. No está claro quién lo propuso para integrar el gabinete de Piñera. Al menos hasta ahora nadie en la UDI se responsabiliza. Lo cierto es que, casi al mismo tiempo, uno de los dos socios mayoritarios de Penta, Carlos Alberto Délano, adquirió junto a su familia el control de Minera Dominga, a través de Andes Iron. El proyecto ubicado en la comuna de La Higuera (Cuarta Región), contempla la extracción de hierro con subproducto de cobre y la construcción de un terminal de embarque, y aún se encuentra en etapa de calificación en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Lo que la Fiscalía debe dilucidar es si Pablo Wagner tuvo algún rol en los procesos de aprobación de Dominga, sobre todo en su etapa de prospección, que fue aprobado en julio de 2011, cuando él aún era subsecretario. Lo que sí se sabe es que Wagner preguntaba constantemente por Dominga a sus subordinados de Coquimbo y que además siempre mantuvo un contacto fluido con las personas a cargo del proyecto minero.

El 16 de enero, El Mercurio publicó una nota que reveló los correos electrónicos que intercambiaron entre 2010 y 2012 Wagner y el yerno de Délano, Pedro Ducci, quien es vicepresidente de Proyectos de Andes Iron. El primero es de julio de 2010, y en él Ducci le informa a Wagner sobre el proyecto y lo invita a una reunión. Wagner le respondió: “Qué bueno lo del proyecto de mineral de hierro; feliz de juntarnos mañana, y en lo que les pueda ayudar, acá estamos para servirlos”.

Carlos Alberto Délano
Carlos Alberto Délano

No hay evidencia escrita de lo que se conversó en esa reunión. Lo que sí sabe es que apenas Wagner dejó la Subsecretaría de Minería, Penta dejó de pagarle. El último pago del holding que registra la querella del SII fue con una boleta fechada el 29 de agosto de 2012, tan sólo un mes y unos días antes de que se viera obligado a renunciar.

Es por todo lo anterior que entre los políticos que han figurado en los ilícitos del Caso Penta que investiga el Ministerio Público, el nombre de Wagner es el más comprometido. Es el único que ha decidido renunciar a su partido (ver carta de renuncia a la UDI). Un acto que ha tenido alto impacto al interior de la UDI, debido a su cercanía con el presidente del partido, el diputado Ernesto Silva. Cuatro de las boletas que ha cuestionado el SII fueron emitidas en 2009 a una sociedad en que Wagner y Silva comparten la propiedad, y según declaró el ex subsecretario, el parlamentario sabía que las facturas eran falsas. Fue así que el nombre de Silva pasó a ser parte activa en la investigación de la fiscalía.

Por otro lado, sobre Wagner ya pesan dos querellas por delitos tributarios y cohecho: una presentada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en noviembre de 2014 y otra interpuesta por el SII, el pasado 8 de enero. Se lo acusa de haber omitido ingresos por más de $120 millones en sus declaraciones de impuestos, dinero que obtuvo a través de 59 boletas falsas que su cuñada, Carolina de la Cerda Íñiguez, emitió entre 2009 y 2014 a siete empresas distintas por asesorías y servicios que nunca se realizaron.

De todas esas facturas, 40 están fechadas durante el período en que Wagner estuvo a la cabeza de la Subsecretaría de Minería. Mientras casi toda la atención ha estado sobre las 14 boletas que le pagó Penta, las transferencias que le hizo Génesis Partners han pasado prácticamente inadvertidas. Lo que no se entiende es por qué después de dejar el gobierno y haber vuelto a la consultora, siguió utilizando la vía fraudulenta para cobrar sus pagos.  No hay razón aparente para ello, ya que ya no era subsecretario y no había conflicto de interés.

VOLVER A GÉNESIS

Tras su abrupta salida del gobierno por el rol protagónico que tuvo en las irregularidades que derivaron en la invalidación de la primera licitación del litio –lo que le costó una querella del CDE por falsificación de instrumento público–, Wagner volvió a Génesis Partners. En su ausencia había ingresado como socio y director de Génesis el ex director ejecutivo de Canal 13 y vicepresidente de Empresas UC, Jaime Bellolio. No fue el único cambio que encontró a su regresó. La empresa ya no sólo se dedicaba a la asesoría estratégica y financiera: mientras él estaba en el gobierno, sus socios habían ampliado su área de negocios para invertir en distintos emprendimientos. Según se informa en su sitio web, centró su actividad en proyectos del área de servicios, tecnología, retail e industrial, aunque también fomenta proyectos de los sectores, salud, educación y minería. Su negocio: el private equity o capital de riesgo, invertir en emprendimientos en etapa temprana de desarrollo mediante la adquisición de sus paquetes mayoritarios de acciones para luego de un tiempo venderlos y así obtener ganancia en la rentabilidad de la operación. Para ello cuentan con un importante aliado que les permite reducir el riesgo: CORFO.

genesisEn abril de 2011, con tan sólo un millón de pesos de capital, nació una filial de Génesis Partners. Su nombre: Administradora Génesis Capital. A través de ella los socios de Wagner se abrieron a la administración de fondos e inversión de capital. De hecho, esa es la empresa encargada de administrar el fondo para capital de riesgo que abrieron en 2012: Génesis Ventures, el cual obtuvo en 2013 una línea de crédito de CORFO por 306.000 UF (unos $7.505 millones) para invertir en proyectos que recién están comenzando.

Según el perfil de LinkedIn de Pablo Wagner, entre 2013 y 2014 fue presidente de la administradora de fondos de Génesis y socio y director de Génesis Partners. Y durante todo ese tiempo siguió utilizando el mismo mecanismo fraudulento para retirar dinero de la empresa y así evadir impuestos. Entre mayo de 2013 y junio de 2014, su cuñada Carolina de la Cerda emitió 14 boletas, todas por un valor bruto de $2,5 millones. Tal como declaró De la Cerda ante el SII, el pago era depositado directamente en la cuenta de Wagner. En ese último período, el ex subsecretario recibió en su cuenta un total de $31,5 millones, libres de impuestos.

Hoy Pablo Wagner ya no es parte de Génesis Partners. Tanto él como su cuñada, Carolina de la Cerda, forman parte del grupo que el próximo miércoles 4 de marzo formalizarán los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena por distintos ilícitos. A partir de ese momento, la investigación por delito tributario que pesa sobre ambos entrará en tierra derecha, iniciando un camino que, de acuerdo a los antecedentes que recopiló CIPER, podría llevar a los persecutores directamente de vuelta a las oficinas del Servicio de Impuestos Internos.

UN CAMINO DE VUELTA AL SII

Al final de la querella del SII, donde se solicitan distintas diligencias, se pide que se investigue “la red familiar de los imputados, a fin de verificar el vínculo existente entre estos”. CIPER se adelantó a la investigación y descubrió un dato hasta ahora desconocido que podría ser relevante para la indagatoria del Ministerio Público: el esposo de Carolina de la Cerda, el ingeniero comercial Francisco Javier Montes Sagredo, es funcionario del SII.

El 6 de diciembre de 2011, Montes renunció a su cargo de síndico ante la Superintendencia de Quiebras. Tan sólo dos semanas después fue contratado por el Servicio de Impuesto Internos. Hoy se desempeña como analista en la Subdirección de Estudios, una unidad no operativa del SII que depende del Departamento de Estudios Económicos. Fue también director del Casino de Talca entre 2010 y 2013, en representación de Inversiones Sagma.

El de Francisco Javier Montes es un nombre que no había aparecido en las investigaciones del Caso Penta. Será tarea del Ministerio Público determinar si cumplió algún rol en el esquema que su esposa y su concuñado, Pablo Wagner, implementaron desde 2009 para obtener pagos de distintas empresas a través de boletas falsas por servicios que no se realizaron y así evadir impuestos.