Las razones de los acusadores de Karadima para no apelar a cierre del sumario

José Murillo, James Hamilton, Fernando Batlle y Juan Carlos Cruz, los cuatro acusadores principales del sacerdote Fernando Karadima decidieron no apelar al cierre del sumario dictado por el magistrado Leonardo Valdivieso, quien el jueves 19 de noviembre cerró su investigación sin procesar al ex párroco de El Bosque por las acusaciones de abuso sexual que pesan en su contra.

El juez, afirman fuentes judiciales, cerró la investigación sin expresar un motivo, aunque se estima que no está acreditada la existencia de menores de 18 años abusados dentro de los últimos 10 años, es decir, dentro del periodo de prescripción. Durante su investigación, Valdivieso cerró el sumario sin acceder a carear a Karadima con sus cuatro acusadores, lo que para los denunciantes era un punto central en la investigación.

Al respecto, la defensa de Karadima argumentó que no habiéndose demostrado la existencia del delito, no correspondía carear a su defendido, más aún considerando que, según afirman, la salud del sacerdote es delicada.

El representante de los acusadores, el abogado Juan Pablo Hermosilla, explicó a CIPER que la decisión de no apelar se debe a que sus representados estiman que ya han hecho lo que les correspondía hacer y que, sin embargo, las instituciones correspondientes no parecen interesadas en saber si las acusaciones son ciertas.

“Quienes tienen que aclarar estos hechos son las instituciones tanto civiles como religiosas, pero se nota en ellas una reticencia a investigar y a esclarecer los hechos. En ese contexto mis representados no tienen más que aportar”, explica el abogado.

¿Está consciente de que muchas personas pueden interpretar esta decisión como una demostración de la inocencia de Karadima?
-Entiendo que esa sea una lectura posible, pero ahí están las numerosas personas que han declarado en contra del sacerdote respaldando las declaraciones de mis representados. Yo creo que cualquier persona que lea los antecedentes puede llegar a la conclusión de que los hechos de los que dieron cuenta si ocurrieron.

Respecto del tema de la prescripción que argumenta la defensa de Karadima, Hermosilla explica que “los antecedentes que ya hay muestran que hay un patrón de conductas abusivas que se viene repitiendo desde hace 40 años y que debe ser investigado, pues hace pensar que los hechos relatados podrían haber seguido ocurriendo, lo que permite pensar que la prescripción está interrumpida. Eso no se investigó y faltan muchas otras cosas por investigar”.

Uno de los acusadores, el doctor en filosofía José Murillo, explicó a CIPER el motivo de no apelar: “Lo que me pasó en la Parroquia El Bosque lo puse en conocimiento de las autoridades. No hay ni exageraciones ni omisiones y no sé qué más puedo hacer. Lo que queda no me corresponde a mí. Porque aquí hay un ataque a la confianza que no tiene que ver solo conmigo sino con toda la comunidad. Entonces esto no me pertenece sólo a mi sino a la comunidad.” Murillo agrega que pese a que aún no hay fallos condenatorios contra Karadima, han logrado cosas importantes.

“Lo que ha hecho la iglesia es claro, aunque no haya sido dicho con fuerza: la iglesia echó a Karadima de El Bosque y echó a Andrés Arteaga de la dirección de la Pía Unión”.

¿Los deja satisfecho eso?
-Objetivamente hace un año era impensable que hubieran sacado a Karadima de El Bosque. O sea, una de las cosas que a mí me reprochaba Arteaga era que con la revelación de estos hechos no iban a poder canonizar a Karadima. (ver entrevista al final)

EL EXPEDIENTE DE VALDIVIESO

La investigación que instruía el magistrado Valdivieso se la derivó el fiscal Xavier Armendáriz luego de que se determinara que las acusaciones contra Karadima se referían a hechos ocurridos antes de 2005 y por lo tanto tenían que investigarse con el sistema de justicia antiguo.

Fuentes judiciales dicen que la investigación del juez contiene prácticamente lo mismo que ya había investigado Armendáriz. Aunque algunas declaraciones como las tomadas a los sacerdotes Hans Kast y Eugenio de la Fuente aportan datos interesantes.

El primero, ratifica las duras declaraciones dadas ante Armendáriz y agrega: “Respecto de mi persona manifiesto que no sufrí de abuso sexual hacia mí , de parte de Fernando Karadima porque yo no lo permití, manteniendo siempre un limite de sana distancia con él”.

En su declaración, Kast respalda a los denunciantes señalando que en el caso de los dos que conoció más – Murillo y Hamilton- “percibí que fueron acosados psicológica y afectivamente, esto yo lo presencié y ellos son personas veraces y no advertía en ellos que existiera algún tipo de motivación como de resentimiento hacia Karadima”.

Por su parte, el sacerdote Eugenio de Fuente ahonda en los dos rostros o personalidades que tiene el ex párroco de El Bosque: “lo conocí como un sacerdote muy apostólico, con mucho carisma, especialmente con los jóvenes, invitando fuertemente a la santidad y a discernir, en la unión profunda con el Señor y la Virgen María, la búsqueda de la voluntad de Dios para la vida de cada uno”. Cuenta que Karadima fue su guía espiritual hasta 2009. Lo describe como una persona de carácter fuerte, a veces mal genio pero también generoso y preocupado de los demás si les ve alguna necesidad.

Dice, sin embargo, que “por los hechos que se investigan, muchos han abierto los ojos y se han alejado de él”. Y afirma que aunque Karadima le permitió construir una relación mucho más fuerte con Dios, con el tiempo la personalidad de este sacerdote lo hizo sentir oprimido, casado, “agobiado por su forma de relacionarse conmigo y con lo que estaban en la parroquia”

Dice que en la parroquia nunca supo de nada relacionado con la esfera sexual, sin embargo sí vio actos, que en ese momento consideró como afectos paternales excesivos, sin contenido erótico, pero inadecuados “como tocarles los genitales a los jóvenes y, a veces, al acercase para dar un beso como hace un padre con sus hijos, Karadima sacaba la legua y la pasaba por la mejilla. Además había un vocabulario ambiguo, como de contenido sexual”.

Un punto interesante de la declaración es que el sacerdote declara que tras conocer los testimonios de los acusadores y también “a partir de testimonios de amigos, he llegado a la convicción de que ellos dicen la verdad”. El sacerdote parece haber recabado información de amigos que sabían lo que pasaba con Karadima pero que no fueron interrogados por Valdivieso.

La investigación de Valdivieso incluye el interrogatorio a Karadima hecho el 27 de octubre de 2010 en el cual rechaza, una por una todas las acusaciones, remarcando que los cuatro denunciantes llegaron al Movimiento de Jóvenes de la Acción Católica cuando eran mayores de edad. Agrega que “tengo la certeza de que estas cuatro personas se encuentran concertadas para hacerme daño y dañar a la Iglesia y están dolidos pues tenían el deseo de seguir como sacerdotes católicos, pero carecían de vocación según mi opinión”.

Termina su testimonio afirmando que “a estas cuatro personas las he perdonado, rezo por ellos y no guardo rencor alguno hacia ellos… “.

LO QUE VIENE

La decisión de no apelar no detiene la investigación penal. Mañana mismo el juez Valdivieso puede reabrir la investigación, aunque lo más probable, dicen diversas fuentes, es que el miércoles a la medianoche, cuando se cumpla el paso para solicitar nuevas diligencias o apelar, el juez envíe la causa cerrada en consulta a la Corte de Apelaciones. Allí, el destino de la investigación depende de la sala en la que caiga: los magistrados pueden confirma lo obrado por el juez u ordenarle realizar las diligencias que estimen que le falta a la investigación.

Un destino igualmente incierto parece esperar a la investigación que mantiene en su poder el fiscal Armendáriz, que trata de determinar si algunos de los posibles testigos del caso Karadima recibió dinero para no declarar en contra del sacerdote. Un informe de la PDI acreditó que cuatro personas recibieron dineros de la parroquia o del entorno del sacerdote. La cocinera Silvia Garcés, que recibió $29 millones entregados por Karadima (su esposo, Juan Onésimo Cea, es sacristán de la misma iglesia desde 1982); Patricio Vasconcellos, sacristán de El Bosque desde hace 6 años, que recibió $10 millones con fondos parroquiales; María Pía Riesco Bezanilla, administradora financiera de la Parroquia El Bosque, mujer de la máxima confianza de Fernando Karadima, ya que también tenía acceso al menos a una de sus cuentas bancarias personales, aparece recibiendo un donativo de $13 millones. Y Óscar Osbén, panadero que dijo haber sido abusado por el vicario Diego Ossa en la Parroquia Jesús Carpintero de Huamachuco, y le pidió $100 millones “en compensación por los daños”. Según el informe de la PDI recibió 13 millones.

Una tesis jurídica sostiene que esta investigación no llegará a ningún puerto porque lo primeros tres pagos o donaciones, se hicieron antes de que se iniciara la investigación de Armendáriz, por lo cual, afirma un penalista, el fiscal no puede decir que se trata de pagos para entorpecer su investigación, si ésta no había comenzado. La “donación” hecha después del inicio de la investigación de Armendáriz es la que recibe Oscar Obsén, aparentemente no afecta la investigación de Armendáriz sobre Karadima.

En el ámbito religioso, la nulidad eclesiástica de James Hamilton consignó los abusos a los que había sido sometido por Karadima y aún falta que desde el Vaticano emane una resolución tras la investigación canónica realizada por la Iglesia en Santiago.

José Murillo: “Una de las cosas que me reprochaba Arteaga era que nuestras acusaciones no iban a poder canonizar a Karadima”.

José Murillo, 31 años, recién doctorado de Filosofía, es cronológicamente el primer denunciante del caso Karadima, aunque la carta que envió en 2003 contando lo que le había pasado, no fue considerada por el Cardenal Francisco Javier Errázuriz para iniciar un proceso. En su relato da cuenta de que Karadima, aprovechando su rol de director espiritual, toqueteaba a los jóvenes en los genitales.

En su caso relata que una noche fue a la habitación de Karadima a confesarse, el sacerdote sacó whisky y le ofreció diciéndole, “para que te relajes”. Murillo cuenta que en ese momento había en la habitación un obispo que se puso visiblemente nervioso y se fue de la pieza como si supiera lo que iba a ocurrir. Y cuando Murillo empezó a confesarse, Karadima le puso la mano en los genitales y trató de masturbarlo. Aquí el filósofo explica por qué no van a apelar y que es lo que espera para adelante con esta investigación.

¿Cómo han sido estos 7 u 8 meses? ¿Ha pasado lo que esperabas cuando decidiste hacer pública tu denuncia?
-Lo que yo quería era que esto se investigara y que se pusiera término a situaciones abusivas como las que yo había vivido. Por eso envié dos cartas a la iglesia. Inicialmente no buscaba una discusión pública del tema, aunque la que se produjo pareció buena; se ha puesto sobre la mesa un tema que antes no existía; siento que ya no es natural abusar. Antes era algo que sistemáticamente se trataba de esconder. Eso ya no es posible. Algunos de esos abusos serán considerados crímenes, otros faltas, pero son todos abusos.

Para lograr eso tuviste que exponer tu experiencia. ¿Cómo ha sido para ti eso?
Ha sido muy fuerte porque pasé de tener una vida dedicada al estudio de la filosofía, en una biblioteca en Francia, a ser un personaje público. Ha sido un proceso súper fuerte no sólo para mí sino para mi familia, mi mujer.

¿Cuándo te has sentido peor?
Cuando la iglesia nos ha puesto en cuestión. Es muy duro para una víctima que te traten de transformar en victimario, en mentiroso o en cómplice. Eso hace que muchas personas que han sufrido abusos prefieran quedarse calladas. Cada vez que la iglesia habla de presuntas víctimas de abusos, y ni siquiera nos escucha, me siento vulnerando, pasado a llevar. Siento que mi palabra está puesta en duda. Y creo que una de las tareas importantes para adelante es cómo lograr que la iglesia sea un aliado contra los abusos y no un cómplice como lo ha sido en muchos casos en el mundo donde el pastor no se ha dedicado a cuidar a las ovejas sino que se las ha comido.

Entiendo que la decisión de no apelar tiene que ver con que les parece que ha llegado el momento de seguir adelante con sus vidas.
Lo que me pasó lo puse en conocimiento de las autoridades. No hay ni exageraciones ni omisiones y no sé qué más hacer. Lo que queda no me corresponde a mí. Porque aquí hay una ataque a la confianza que no tiene que ver solo conmigo sino con toda la comunidad. Entonces esto no me pertenece sólo a mí sino a la comunidad.
Hemos estado abiertos y dispuestos a careos y exámenes psicológicos. Pero esto ya no nos pertenece. Las autoridades, las familias, los colegios tendrán que hacerse cargo de lo que han visto. Hay más de 20 testimonios de personas que no se han puesto de acuerdo y han conocido de cerca a Karadima por más de 15 años (entre ellos una sobrina suya), que confirman un patrón abusivo en la manera de ejercer el sacerdocio. Esto no depende de nosotros. Se trata de un traspaso ético a la sociedad cuando la justicia muestra que llega a su tope. No hay peor ciego que el que no quiere ver.

¿No crees que los defensores de Karadima podrán decir que esto muestra que el sacerdote es inocente?
-No creo que nadie se atreva a decir eso porque es contundente la cantidad de testimonios de personas distintas, desde el padre Hans Kast, hasta nosotros, pasando por los sacerdotes que se fueron de la Pía Unión, que relatan situaciones coincidentes, que sacan la misma foto. Es absurdo pensar que esto no es vedad. Nosotros pusimos toda la carne a la parrilla y les corresponde a otros actuar. Por otra parte, lo que ha hecho la iglesia es claro, aunque no haya sido dicho con fuerza: la iglesia echó a Karadima de El Bosque y echó a Arteaga de la dirección de la Pía Unión.

¿Los deja satisfecho eso?
-Algo objetivo es que hace un tiempo era impensable que hubieran sacado a Karadima de El Bosque. O sea una de las cosas que a mí me reprochaba Arteaga era que con la revelación de estos hechos no iban a poder canonizar a Karadima.

¿Eso te dijo?
-Me dijo que esto iba a quedar en el expediente de Karadima y que no iban a poder canonizarlo. Y yo le dije, “no es culpa mía”.

¿Esos eran los planes de la Unión Sacerdotal?
Me imagino que sí, que querían que muriera ahí, enterrarlo ahí y hacer un santuario de san Fernando Karadima. Para allá iba esto hace un año. Entonces la salida de El Bosque es un hecho muy grave. Considerando eso me parece que el cardenal ha hecho cosas, pero en mi opinión quedan asuntos relevantes, entre ellos este: Karadima era formador de sacerdotes. Cinco obispos actuales se formaron a su alero. Y lo que él hacía era diseminar un sistema que era abusivo sicológica, económica y sexualmente. Era como la diseminación de un virus. Yo por lo menos espero que la iglesia se pronuncie y diga eso no es parte de ella. Que lo corten de raíz. Mira, en la investigación judicial se dijo que antes de nosotros había habido una denuncia que se le hizo llegar al cardenal Fresno en 1982- 1983. Fue un grupo de 5 ó 6 personas que le escribieron a Fresno para decirle que Karadima tenía conductas indebidas. Si en ese momento se hubiera hecho la investigación, si hubiesen hecho algo, o por lo menos le hubieran advertido a Karadima que lo tenían entre ceja y ceja, entonces ninguno de nosotros hubiera vivido lo que vivió. Ahí hay una responsabilidad de la Iglesia y algo que tienen que cambiar hacia adelante.

¿Crees que los sacerdotes formados por Karadima tienen este “virus” del abuso?
-No lo sé. Pero si 12 sacerdotes que vivieron en el círculo íntimo e Karadima durante años se separan de la Unión Sacerdotal y dicen que las acusaciones contra Karadima son verosímiles, creo que eso responde la pregunta.

En parte de tu testimonio recuerdas que cuando fuiste abusado por Karadima, momento antes había alguien presente. Dices que era un obispo y que cuando llegaste a la pieza de Karadima y éste sacó el whisky, ese obispo se puso nervioso y se fue. Da la impresión de que él sabía lo que iba a pasar y te dejó ahí. ¿Has vuelto a hablar con él?
No era un obispo en ese momento. Yo hace poco lo llamé por teléfono para preguntarle si nos creía o no, porque había dicho que no creía en las acusaciones contra Karadima. Y él me contestó, “yo no he dicho eso, pero me parece súper exagerado lo que están haciendo”. O sea, para él era normal lo que pasaba en la parroquia y lo anormal era acusarlo.

¿Quién es ese obispo? ¿Le enrostraste que te haya dejado ahí, aparentemente sabiendo lo que venía?
-Prefiero no decir su nombre porque todavía no le hablo de eso y quiero enfrentarlo yo. Esa vez que hablamos yo le dije, me encantaría que la iglesia nos escuchara, y me dijo yo te estoy escuchando en este momento. También me dijo que le parecía que estábamos exagerando la nota. Y me cortó.

James Hamilton: “Existe un profundo pesar por las dificultades y obstáculos que se han presentado en el proceso judicial”

El médico James Hamilton sorprendió con sus declaraciones en el diario estadounidense The New York TImes, donde aparece lanzando duras acusaciones de lobby del círculo del sacerdote Karadima sobre el Poder Judicial: “Con abogados que tienen a la Corte de Apelaciones y Suprema comiendo de sus manos, y gente poderosa que continúa protegiendo a Karadima, sabíamos que sería una batalla que íbamos a perder”. Sobre el tema, Hamilton precisó a CIPER:

“Quisiera solo aclarar que los dichos atribuidos a mi persona en el diario New York Times acerca de mis impresiones sobre el proceso han sido sacados de contexto y no representan mi pensamiento. Es cierto que existe un profundo pesar por las dificultades y obstáculos que se han presentado en el proceso judicial. Las diligencias que quedaron pendientes eran de suma importancia para el desarrollo adecuado del proceso y eran además útiles a ambas partes, ya que el que nada ha hecho nada teme. Los hechos han quedado suficientemente respaldados y espero que el costo enorme que esto ha significado para mis seres más queridos y para mí se justifique en la esperanza de una sociedad más transparente, justa, solidaria y atenta al abuso en cualquiera de sus expresiones a fin de prevenirlo. Lo que sí quería expresar era una sensación de impotencia ante todos los obstáculos que se le pusieron a la justicia para poder llegar a un veredicto tan claro como la realidad reflejada en el sumario”.

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La reforma que está siendo discutida se pensó para incorporar más votantes al sistema. Hay más de dos millones de personas no inscritas, muchos de ellos jóvenes, y eso les resta validez a las elecciones. ¿Por qué dice usted que lo que se está a punto de aprobar es una reforma nefasta?
–El problema que se trataba de solucionar es real y grave. Hoy los no inscritos están marginados completamente del sistema. No son interlocutores, no tienen derecho a participar. Y me parece que buena parte de ellos está expresando una opinión política al no inscribirse: no les gusta la democracia que tenemos. Por lo tanto esa decisión de “no votar” tiene sentido político. Ese sentido, sin embargo, sólo se manifiesta como automarginación radical. Es un sentido político que no puede manifestarse institucionalmente, por lo que queda flotando en el ambiente, produciendo un efecto generalizado de corrosión de la legitimidad de las instituciones representativas. No tiene sentido, por ejemplo, que alguien elabore un discurso de renovación de la política que intente dar cuenta de esa desafección, porque su auditorio principal no vota ni puede votar. De hecho, un discurso renovador como el de Obama, –más allá de cómo le esté yendo ahora–, no se podría levantar en Chile porque toda la gente a la que puede apelar, no vota. Me parece que la situación actual es el peor de los mundos para un sistema democrático y la urgencia es innegable. La inscripción automática es completamente imprescindible.

“Si al sistema binominal le sumamos el actual sistema de inscripción, tenemos una maquinaria que parece diseñada para que las instituciones democráticas importen cada vez menos. En las condiciones actuales de una democracia intervenida, tener a un tercio de la población excluida del sistema es lo más funcional a la mantención de este sistema intervenido”.

¿Qué es lo nefasto de la reforma entonces?
–La modificación del régimen del voto: ahora es voluntario por mandato constitucional.

¿Qué tiene de malo?
–Si el texto constitucional declara que el voto es voluntario, eso quiere decir que el voto es un asunto de interés privado, por lo que a nadie debe importarle si yo voto o no, del mismo modo que nadie tiene por qué interferir con la ropa que compro o la comida que como. El voto se transforma en algo privado que sólo le interesa al que vota. Eso es privatizar el voto. Pero en la democracia votar es un acto público: a todos nos interesa que todos votemos porque eso afecta la calidad de la democracia. El texto constitucional niega esto porque prohíbe al legislador imponer la obligación de votar. Esto es importante aunque parece “técnico”: si la constitución establece la voluntariedad del voto, eso quiere decir que el legislador no puede imponer su obligatoriedad cuando las circunstancias lo hagan recomendable; si la constitución nada dice al respecto, deberá el legislador decidir si, en ciertas circunstancias, es razonable que el voto sea voluntario. Haber consagrado constitucionalmente la voluntariedad del voto es una aberración.

No sé si los legisladores actuales, que tienen que definir el tema, no comprenden la relevancia del voto como un acto público. Tampoco sé si a muchos votantes actuales les interese la calidad de la democracia. Son argumentos un poco sofisticados para la realidad actual ¿no?
–Es posible, aunque ahora algunos parlamentarios de la Concertación se han ido dando cuenta del error de haberse comprometido al voto voluntario (no es la primera vez que después de los hechos nos dicen: “no queríamos eso”). Para que sea claro uno tiene que usar el lenguaje de la época, que es el lenguaje del economista: el que no vota es un “free-rider”, un aprovechador, porque profita de los beneficios de estar en una democracia pero no está dispuesto a poner de su parte lo necesario para mantenerla, que es necesaria para la democracia.

Hay gente que no vota porque no está de acuerdo con el sistema… No creo que entren en el grupo de los aprovechadores.
-Claro. Algunos no votan porque no creen en la democracia burguesa y esa opinión debe tener un espacio. Pero aclaremos: cuando se defiende el voto voluntario nadie está pensando en proteger la opinión de los críticos del sistema que desean provocar su colapso, sino en el caso del tipo que pura y simplemente no tiene ganas de votar, porque ese día hace mucho calor, etc. Y ése es un tipo que quiere vivir en una democracia pero no está dispuesto a hacer lo necesario para sostenerla. El aprovechador es el que quiere que haya límite de velocidad en la calle para andar seguro, pero no quiere que se lo apliquen a él. Es evidente que al aprovechador hay que obligarlo a cumplir. Y es también evidente que la coacción para evitar el free-rider no es una limitación de la libertad, sino una condición de posibilidad de la libertad.

“Si el texto constitucional declara que el voto es voluntario, eso quiere decir que el voto es un asunto de interés privado, por lo que a nadie debe importarle si yo voto o no, del mismo modo que nadie tiene por qué interferir con la ropa que compro o la comida que como. El voto se transforma en algo privado que sólo le interesa al que vota. Eso es privatizar el voto”.

No parece democrático obligar a las personas a votar.
–Hay algo de cierto en eso. Por supuesto que, en igualdad de circunstancias, sería preferible que los ciudadanos votaran porque entienden que ése es su deber político, aun con voto voluntario. Pero en nuestras condiciones actuales, en que la participación política carece de sentido para muchos ciudadanos, declarar al voto voluntario es agudizar la crisis: es decirle a los ciudadanos que todavía creen que su participación política tiene sentido que están equivocados, que no sean tontos, que votar no tiene un sentido público porque es cuestión de cada uno. Ahora bien, hoy el hecho es que la constitución manda que el voto sea voluntario. Es una regla constitucional nefasta, pero ahí está. Y como lo acaba de comprobar el presidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade (y es presumible anticipar que lo comprobará el de la democracia Cristiana, Ignacio Walker), hoy es políticamente inviable reforma la constitución para eliminar esa regla nefasta. Pero todavía es posible solucionar el problema. Que el voto sea voluntario quiere decir que no es ilícito que alguien decida no votar. Pero no quiere decir que cualquier manera de expresar la decisión de no votar deba ser jurídicamente válida: es voluntario dar testamento, pero si usted quiere que la ley reconozca ese testamento debe hacerlo en la forma que lo manda la ley. Votar es voluntario, pero la ley puede disponer, por ejemplo, que el que no quiere votar debe declarar su voluntad de no hacerlo en los 30 días previos a la elección, en una comisaría, de modo que habiéndolo hecho no tiene castigo por no votar. En ese caso usted puede decidir libremente si votar o no votar. Lo que pasa es que no cualquier manera de no votar es válida. Si usted se queda viendo tele en la casa porque le da calor ir a votar, eso no vale.

Entiendo: esto no puede ser una reforma para los flojos.
–Es políticamente importante distinguir entre el que piensa que votar hoy es un acto que carece de sentido, por el sistema binominal, por ejemplo, y que entonces da a su no votar un sentido político, y el que “no está ni ahí”. La idea democrática supone respetar la posición del primero, pero no la del segundo. Interesa a todos lo que pasa en la elección.

Hay un problema con el sistema electoral chileno que me parece que esta reforma –se haga como se haga– no soluciona y es el sistema binominal. Según usted ha argumentado, este sistema se encarga de hacer las elecciones irrelevantes porque el que gana y el que pierde obtienen la misma cantidad de parlamentarios. El sistema binominal tiende al empate y a anular a la mayoría.
–Efectivamente los problemas constitucional chileno son variados y solucionar uno de sus aspectos no es una solución completa ni mucho menos. Lo que explica el hecho de que la participación política haya bajado es que nada importante se juega en una elección parlamentaria: el voto es irrelevante porque hay una serie de mecanismos, el principal de los cuales es el sistema binominal, que intervienen la voluntad popular haciendo que nada importante se juegue en las elecciones. Por supuesto, eso es parte de lo que explica la masiva no inscripción que tenemos hoy. Si el sistema binominal fuera abolido y reemplazado por uno en el que de las elecciones parlamentarias dependiera algo importante, lo probable es que la marginación empezaría a disminuir. Esa es la reforma de verdad. Pero el hecho de que ésa sea la reforma de verdad no implica que aquí no tengamos un problema.

“Un discurso renovador como el de Obama, –más allá de cómo le esté yendo ahora–, no se podría levantar en Chile porque toda la gente a la que puede apelar, no vota. Me parece que la situación actual es el peor de los mundos para un sistema democrático y la urgencia es innegable”.

Pero yendo a un caso concreto: en 2005 en las senatoriales de la Décima Región Norte compitieron Allamand y Frei y ganaron Allamand y Frei. Es decir, la votación popular sólo servía para refrendar la elección hecha previamente por los partidos. Es comprensible que a la gente le de lata ir a votar a elecciones como esa ¿no? ¿O usted cree que con más votantes esa elección habría sido distinta?
Por el solo hecho de meter más gente al sistema no cambiará nada, eso es verdad. Sin embargo, creo que si al sistema binominal le sumamos el actual sistema de inscripción, tenemos una maquinaria que parece diseñada para que las instituciones democráticas importen cada vez menos. Más aún, creo que precisamente en las condiciones actuales de una democracia intervenida, tener a un tercio de la población excluida del sistema es lo más funcional a la mantención de este sistema intervenido. Que esa desafección no se manifieste institucionalmente es lo que Jaime Guzmán habría querido, porque el ideal de la derecha es precisamente un mundo sin política. O sea, que voten sólo los inscritos, lo que da a los ricos sobrerrepresentación política, porque son los ricos los que más se inscriben. Es urgente cambiar este sistema aunque no vaya solucionar todo.

Karadima en su hora final: desalojan a su familia de parroquia e intervienen Unión Sacerdotal

El poder del sacerdote Fernando Karadima parece acercarse a su hora final. Y en medio de los signos de derrumbe que se han ido conociendo esta semana, uno de ellos reviste especial simbolismo: la autoridad eclesiástica le pidió que su familia entregue las dos casas que ocupaba al interior de la parroquia antes del 1 de noviembre.

Pese a que ni la Iglesia ni la Justicia han fallado en las acusaciones por abuso sexual que pesan en su contra, hacerlo salir del lugar en el que fue vicario y párroco por casi 50 años, y por la que pasaron miles de jóvenes de la elite chilena, debe entenderse como un duro golpe a un hombre que hasta hace sólo un año era extremadamente poderoso.

Las casas que se le pide abandonar son dos y se encuentran en los terrenos de la Parroquia El Bosque cuyo avalúo fiscal es de 10 millones de dólares. Una de ellas la ocupa su hermana Patricia Karadima. En la otra, vivía la madre del sacerdote, Elena Fariña Amengual. La mujer murió en 1997 y desde entonces ha permanecido igual a como estaba, pues cercanos al cura afirman que sólo dejaba entrar ahí al personal de limpieza.

Desde hace un mes Karadima ya no vive en la parroquia. Salió de ahí, según se dijo, temporalmente, delicado de salud. Pero CIPER averiguó que Karadima está en perfectas condiciones y a buen resguardo en casas de campo de familias que se mantienen incondicionales. Primero estuvo en el fundo de los Costabal en María Pinto. Ahora se encuentra en el campo de los Tocornal Vial en Buin, acompañado de Francisco Costabal, presidente de la Acción Católica de la parroquia.

Hubo quienes pensaron en su entorno que este alejamiento sería breve. Pero no fue así. Y quienes lo han visitado en su “exilio” en Buin, dijeron a CIPER que lejos de encontrarlo arrepentido, lo vieron “indignado por las traiciones” de curas y laicos. Se refirió con el calificativo de “traidores” a la decena de sacerdotes que se distanciaron públicamente de la Pía Unión Sacerdotal que se formó a su alero, argumentando que consideraban “verosímiles” las acusaciones sexuales en su contra. (Ver “Cisma en la Unión Sacerdotal”).

EL SELLO DE LA IMPUNIDAD

Pese a que Karadima ya no era el párroco de esa iglesia desde 2006, cuando lo reemplazó su brazo derecho, Juan Esteban Morales, diversas fuentes afirman que ha seguido teniendo amplio control sobre lo que pasa y no pasa en la parroquia. La cincuentena de sacerdotes formados a su alero y que formaban parte de la Pía Unión Sacerdotal, seguían yendo a verlo los lunes y confesándose con él o con los sacerdotes más leales a su control, como el obispo auxiliar de Santiago, Andrés Arteaga.

También seguía manejando los cuantiosos recursos de la parroquia al punto de que firmó un cheque que se entregó a Oscar Osbén, quien pidió que se lo indemnizara con 100 millones de pesos, pues acusa al vicario de El Bosque, Diego Ossa, de haber abusado de él. Cabe hacer notar que Ossa sigue haciendo misa en la parroquia.

El repliegue de Karadima, sin embargo, es más lento de lo que muchos fieles quisieran. A ratos, incluso, las señales parecen confusas. Durante la semana varios medios anunciaron que el obispo Andrés Arteaga sería removido de la Pía Unión, y eso efectivamente ocurrió. La intervención de la Unión Sacerdotal por parte del Arzobispado de Santiago, se hizo efectiva este jueves 28 de octubre.

Sin embargo, en el comunicado no se menciona la palabra Karadima y tampoco las acusaciones de abuso sexual. Y ello, a pesar de que el día anterior, el miércoles 27, Karadima debió declarar en calidad de inculpado y durante 40 minutos ante el juez Leonardo Valdivieso, quien investiga los abusos sexuales de los que se le acusa. Y también, de que el juicio de la nulidad del matrimonio religioso de una de sus víctimas y principal acusador, el doctor James Hamilton, ya fue dictado por el tribunal eclesiástico. La causal era nada menos que el abuso y manipulación de los que fue objeto por parte del sacerdote.

Según el comunicado Arteaga deja el cargo por una rotación casi natural de la Unión Sacerdotal. Sobre Arteaga, el comunicado especifica que “continuará dedicado a las tareas que desempeña con generosidad y competencia como Obispo Auxiliar de Santiago, Vice Gran Canciller de la Universidad Católica de Chile, y Vicario Episcopal para la Cultura y de los movimientos eclesiales y otras asociaciones laicales”.

En la resolución del Arzobispo no se hace ninguna mención a las irregularidades en que habría incurrido dicha Unión Sacerdotal en la captación y uso de los cuantiosos recursos que manejaba (ver “Los secretos del imperio financiero que controla el sacerdote Fernando Karadima”).

Hasta ahora, nadie ha podido determinar las propiedades, las cuentas bancarias y el uso real de los bienes que controlaba la institución que presidía el obispo Arteaga. De hecho, CIPER pidió a la subsecretaría de Justicia las actas, balances y memorias de la entidad, que por ley está obligada a entregar cada año. La respuesta de la autoridad indica que “la entidad no ha acompañado documentos durante los últimos cinco años”.

Arteaga, uno de los obispos más importantes en el círculo religioso que controlaba Karadima, ha defendido con vehemencia la inocencia de su mentor. Hace un mes, sorpresivamente, durante un retiro del clero en Padre Hurtado y en el cual participaron casi todos los obispos de Chile, Arteaga escogió ese escenario para pedir disculpas a sus hermanos. ¿Por qué? ¿Por las acusaciones de abuso sexual que enlodaron la Parroquia de El Bosque y a la Iglesia Católica? ¿Por hacer de la Pía Unión una “empresa de corretaje”, como la definió un sacerdote que se alejó de ella? No: pidió perdón por el escándalo provocado por la división al interior de esta organización. Por el cisma.

Un religioso que estaba presente dijo a CIPER: “Nadie entendió sus palabras ni su petición de perdón, porque el escándalo era otro”.

Con todo, la intervención de la Pía Unión ordenada por el Cardenal no es menor pues se trata de una organización clerical que simboliza tanto el poder espiritual de Karadima como su poder material.

Pero se esperaba más. De hecho, varios medios anunciaron que este jueves 28 el cardenal Francisco Javier Errázuriz removería de la Parroquia El Bosque a los sacerdotes Juan Esteban Morales y al vicario Diego Ossa. Con la intervención de la Unión Sacerdotal, lo que hizo el Cardenal fue cautelar los intereses económicos de la diócesis colocando a la cabeza de la entidad al actual vicario de la Zona Cordillera, Fernando Vives, acompañado de dos presbíteros.

Estos últimos representan una solución salomónica para la entidad escindida por las actuaciones de Karadima y los desconocidos manejos económicos de la directiva de la Unión Sacerdotal. El primero es Samuel Fernández Eyzaguirre, un hombre de la plena confianza del obispo Andrés Arteaga y decano de Teología de la Universidad Católica hasta el año pasado, además de ex vicario de la Zona Sur. El segundo, Javier Barros Bascuñan, quien oficia en la Parroquia Santa Marta, se ordenó hace 10 años en el grupo de Karadima. Se distanció de la Pía Unión al firmar la declaración de los diez sacerdotes disidentes el 18 de agosto pasado.

En círculos de la Iglesia Católica de Santiago se espera que las remociones del párroco y vicario de El Bosque podrían ordenarse a medidos de noviembre. Para esos días, que coincide con la reunión de la Conferencia Episcopal, se piensa que podría conocerse la sanción vaticana para Karadima y también el nombre del nuevo Arzobispo.

Pero en el intertanto, la molestia de los feligreses por la dilación de una sanción ejemplarizadora sigue creciendo. El abogado Hernán Arrieta, quien desde hace 8 años es feligrés de la Parroquia El Bosque, afirmó: “Creo que el Cardenal con justa causa tiene mucha preocupación por el manejo económico de la Unión Sacerdotal, que no ha sido claro. Esa preocupación también se la ha manifestado la misma feligresía de la Parroquia El Bosque cuando salieron los primeros artículos de CIPER sobre las propiedades de la Unión Sacerdotal”.

Arrieta se muestra sorprendido por la “particular atención que el Cardenal ha tenido con el dolor que afecta al acusado, lo que ha dicho a través de distintos medios. Pero lo que impresiona es que no haga referencia al gran dolor y consternación de los abusados y de todas las almas de la feligresía de la Parroquia de El Bosque y de la Iglesia en general”.

Y acota: “Lo que todos esperamos es transparencia. Y aquí no ha habido nada de transparencia. La Iglesia sólo ha actuado detrás de los hechos. Fue siempre detrás de lo que salía en los medios. Lo único que nosotros no esperábamos de él, es que actuara como lo ha hecho hasta ahora”.

Los Tocornal Vial

Jaime y Gonzalo Tocornal Vial, el primero sacerdote de la Parroquia San Luis Beltrán de Pudahuel y el segundo ingeniero agrónomo, fueron formados desde muy jóvenes al alero de Karadima y han sido también sus benefactores. Los dos han sido citados en la investigación que hizo el fiscal Xavier Armendáriz sobre los abusos sexuales de los que se acusa al ex párroco de El Bosque.

Gonzalo Tocornal tiene un rol importante en la historia de Karadima. Le vendió a Francisco Prochaska, uno de los laicos más cercanos al ex párroco -y quien cortó lazos con él a raíz de los artículos de CIPER-, una casa en calle Las Baleares que fue arrendada a solicitud del sacerdote a una de sus víctimas de abuso sexual.

Las miserias que viven los niños abandonados bajo la protección del Sename

En marzo de 2010 las Aldeas Infantiles S.O.S debieron recurrir a la justicia porque cuatro niñas bajo su cuidado fueron abusadas sexualmente. Dos vivían en la Aldea Los Aromos y tenían 4 y 6 años. Las otras dos, de 7 y 8 años, residían en la Aldea Madreselvas. Las pequeñas estaban internadas pues habían sido maltratadas por sus padres. En estos nuevos abusos los agresores no resultaron ser adultos, sino jóvenes que alguna vez también fueron niños victimizados. Uno de ellos tiene 15 años y se albergaba en el mismo hogar que las pequeñas. Tras el ataque, fue trasladado a otra residencia –porque no tiene dónde dormir- a la espera de lo que diga la justicia.

El otro agresor tiene 18 años y desde los 6 vivió en el hogar de las niñas a las que abusó. Según informó el Sename a CIPER, el joven fue a visitar a las guardadoras de la casa y, en un descuido, realizó las tocaciones a las niñas. La investigación de la fiscalía ya está en marcha.

Además, en el mismo hogar de Los Aromos, se detectó que una chica de 16 años tuvo “conductas sexualizadas” con un pequeño de 9 años. En este caso, afirma el Sename, se optó porque ambos ingresaran a un programa de reparación.

En la primera parte de esta investigación se centró en los crímenes de Benjamín Morales (3 años) y de Daniel Maldonado (2 años) los cuales muestran que a veces el sistema de protección falla porque llega tarde al auxilio de los niños. Durante sus cortas vidas, los pequeños pasaron por la red Sename sin que los actores del sistema detectaran el riesgo en el que estaban y los devolvieron a sus familias.

Los abusos denunciados en las Aldeas SOS hablan de otra cosa, tal vez peor. Muestran que cuando el sistema rescata a los niños de sus familias violentas o demasiado dañadas, también puede fallar y constituirse en un nuevo escenario de abuso.

Los motivos para que ocurra esto son múltiples: a veces hay falta de control y de preparación del personal que trata con los niños; en otras, hay falta de criterio. Por ejemplo, en los casos donde se golpea a los niños, como se denunció en dos hogares del Ejército de Salvación que fueron cerrados por Sename a comienzos de 2010. Pero también la protección falla por algo que se dice menos: los niños que llegan a la red Sename han sufrido mucho daño. Y eso hace que aún siendo todos víctimas, algunos se vuelvan una compleja figura jurídica y sicológica: víctimas y agresores.

En el hogar Cardenal Carlos Oviedo hay varios de estos chicos, sin que esa institución esté preparada para recibirlos. Hace seis años este centro concitó la atención pública cuando lo dirigía el ex sacerdote José Luis Artiagoitía y Gemita Bueno era una de las internas. Hoy el hogar está a cargo de Leontina González, esposa de Artiagoitía. Sin ninguna atención de los medios viven ahí niños y niñas que pueden atentar contra sí mismos y contra otros con bastante facilidad.

-Hace un tiempo nos mandaron a un niño que fue abusado por su padre durante años, desde que era casi una guagua. Según lo que ha aparecido en el juicio, el padre hacía que este niño abusara de su hermana, que también está con nosotros, en el hogar de niñas. Es un caso muy complejo. Apenas llegó a nuestro centro, intentó violar a un chico de 6 años -explica Leontina.

Agrega que cuando lo aceptaron en un hospital, intentó violar a otro interno. “Él requiere una atención especializada” dice Leontina. Pero no la ha tenido por largo tiempo. Leontina piensa que es así como se van formando los adultos que luego nos espantan con sus acciones, las personalidades despiadadas, los sicópatas como el Tila. Pero por supuesto, nadie puede estar seguro de eso.

Ahora en el hogar Carlos Oviedo el problema más grave lo representa un chico con un retardo mental severo, que tiene fijación sexual con una perra, que es la mascota del centro. A veces están tomando once y sienten los chillidos del animal. El muchacho está con medicación y tratamiento. Pero es claro que requiere más atención de la que puede ofrecer ese centro. Si se deshacen del animal, ¿en qué se fijará la atención del niño?, se pregunta Leontina. Finalmente los derechos tienen que encarnarse en una mejor vida cotidiana. Si no actúan ahí, los derechos se transforman en una entelequia e incluso en aberraciones.

Pero para materializar los derechos que consagra la Convención del Niño, a la que Chile adhirió hace 20 años, se requieren muchos más recursos de los que el Estado entrega ahora.

-En el caso de un niño abandonado, estamos pagando alrededor del 60 por ciento de lo que se necesitaría para brindar una atención de calidad. Pero en casos de mayor complejidad, donde los chicos están muy dañados, pienso que estamos pagando un tercio, y con suerte -afirmó a CIPER, Francisco Estrada cuando aún era director del Sename, cargo que debió abandonar la semana pasada.

Llevada a números, esa afirmación implica que si el Sename paga 150 mil pesos mensuales por atender a un niño abandonado, lo adecuado sería que pagara 250 mil. En el caso de chicos más complejos, por los cuales se cancela 197 mil, lo correcto sería desembolsar alrededor de 600 mil pesos.

La brecha es tan grande que nadie se atreve a afirmar que la situación cambiará radicalmente en los próximos años. No se trata sólo de un problema financiero. La solución adecuada para las atenciones especializadas no tiene un buen panorama en el horizonte. Se requieren especialistas de mejor calidad concentrados por más tiempo. ¿Cuántos chicos necesitan eso?

Distintos personeros del sistema estatal sostienen que los niños con daño extremo no deberían ser más de 20 casos en todo Chile. Sin embargo, junto a ellos, hay 5 mil o 6 mil niños y niñas que también requieren atención especial.

-Nunca se había hecho el catastro de las atenciones de salud mental que necesitamos y lo estamos haciendo ahora. Pero como referencia le puedo decir que un estudio de la Unicef mostró que más de la mitad de los niños que atendemos en los hogares ha sufrido abuso sexual, maltrato infantil o negligencia parental grave y con esos tres factores tienen problema de salud que deben ser tratados –afirmó Estrada.

Para esa gran población de niños no hay una solución fácil pues se requiere que el sistema de Salud participe y eso nunca ha ocurrido.

–Sename no puede resolver solo el problema. No hay posibilidades de llegar a levantar un sistema paralelo al de Salud Pública. La única fórmula es que tengamos mejor relación con el sistema de salud y que éste asuma los problemas de salud mental de los atendidos del Sename también como un problema propio –afirma un experto.

LOS NIÑOS PERDIDOS

Introducirse en la realidad de los hogares y de la compleja red que rodea a los niños bajo protección del Estado no hace más que confirmar el hoyo negro en que se encuentran. La mayor parte de los datos que prueban esa situación provienen de un esfuerzo hecho por jueces de familia y el Sename, quienes participaron de una mesa de trabajo bautizada como “Comisión despeje”. Este esfuerzo conjunto tuvo como misión examinar los problemas de la red de protección y permitió racionalizar recursos y detectar áreas débiles. También se anotó un éxito notable al bajar a cero la lista de espera en los programas de Diagnóstico Ambulatorio.

Pero el trabajo de la comisión mostró también problemas más delicados. Por ejemplo, se encontraron con que había niños que no estaban cuando los visitaban en los hogares. Algunos se habían ido sin que se informara de ello a los jueces. Otros figuraban en programas de “acercamiento familiar” por mucho tiempo.

Un ejemplo: en el hogar El Broquel, del Ejército de Salvación, un fiscalizador del Sename informó a comienzos de este año que “fue posible constatar la ausencia por más de un año de una niña que se encontraba en proceso de acercamiento familiar sin autorización del respectivo tribunal de familia y siendo consignada como presente en el sistema de Senainfo”.

El hecho de “ser considerada como presente en el Senainfo” implica que aunque el hogar no supiera dónde estaba la niña igual cobraba al Estado la correspondiente subvención por ella.

Situaciones similares se detectaron en dos hogares de fundación Mi Casa (“Puertas Abiertas” y “Abriendo Caminos”) que la propia entidad cerró a fines de 2009. Según Angélica Marín, jefa del departamento de protección de derechos del Sename, en las supervisiones realizadas “se revela la ausencia continua de los niños especialmente en el horario nocturno y fines de semana, los cuales figuran presentes en las nóminas internas, sin que los educadores y profesionales tengan certeza de su paradero. Además, se recibieron denuncias por parte de los vecinos del sector, quienes aludían que los niños deambulaban realizando destrozos en viviendas aledañas al proyecto”.

Tras una visita al centro “Abriendo Caminos” el fiscalizador de Sename informó que de los 67 niños que tiene el centro, siete se fugaron. Hay, además, 27 en acercamiento familiar. Se trata, sin embargo, de un acercamiento bastante sui generis porque, entre esos muchachos, tres fueron acusados de robarse un computador en la misma fundación. El fiscalizador desliza la hipótesis de que en realidad los niños han sido regresados a sus casas no como acercamiento sino como “una sanción administrativa”.

En esa misma línea, los supervisores de Sename descubrieron en agosto un hogar donde, afirman, se adulteraba constantemente la cantidad de niños atendidos. Se trata de la Residencia Especial Galileo de La Serena que decía atender a 20 niños. Sin embargo, en ninguna de las visitas sorpresa de los funcionarios fiscales encontraron más de diez menores.

-No obstante, el hogar cobraba mensualmente una subvención de $4.239.916 -explican funcionarios de Sename de la IV Región.

“Se estima que ese monto era un 30 por ciento más alto de lo que debería habérsele pagado al centro”, afirma uno de los funcionarios.

La Comisión Despeje, en su momento, detectó estos problemas y acordó con el Sename poner límites a una fórmula usada por algunos centros: el acercamiento familiar.

-Un plazo razonable es que estén 6 meses. Pero a veces estaban dos años en este sistema de “acercamiento familiar” -explica Mónica Jeldres, jueza de Familia que encabezó la citada comisión.

Lo concreto es que los jueces detectaron que, muchas veces, en el transcurso de esos dos años nadie sabía lo que ocurría con el niño bajo protección.

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En la auditoría al hogar Galileo apareció otro problema frecuente: las precarias condiciones de vida en que permanecían los niños. Según afirma El Mercurio, en dicho hogar “se verificó que los menores dormían en el suelo, sin ropa de cama, y sus baños estaban en pésimas condiciones”.

Un informe puesto a disposición de la Comisión Despeje hace un par de meses corrobora que esta precariedad es bastante extendida en toda la red. En ese informe se detectaron las conductas sexualizadas entre niñas y niños de las Aldeas SOS y se recomendó dar capacitación al personal. Sobre el hogar de niñas de la fundación Carlos Oviedo se afirmó que la casa tiene problemas de higiene en la cocina y el comedor; que faltan profesionales y que los niños con problemas de salud mental no reciben la atención necesaria. A comienzos de este año el Sename decidió no renovar la licitación este hogar, por lo que en estos momentos las niñas están siendo re ubicadas.

Uno de los centros que más problemas presentó es el hogar Juan XXIII ubicado en Buín y que recibe a niños y niñas con discapacidad mental grave o profunda. Lo administra Coanil, y tiene 60 cupos. Este año el Sename le asignó un monto de 111 millones de pesos. El terremoto dejó la casa con un grave daño estructural y derrumbó varias alas, incluyendo los dormitorios.

En el citado informe se consignó que los jóvenes “permanecen habitando en condiciones de emergencia en un gimnasio que fue habilitado; los baños se encuentran en pésimas condiciones de higiene, filtraciones y agua en el piso, haciendo el lugar frío para albergarse ahí”. Cuando CIPER visitó el centro ya se habían instalado mediaguas, pero el hacinamiento continuaba. Niños y niñas vagaba por un patio que era más bien un tierral, con algunos árboles, sin estímulos ni actividades. No tenían nada que hacer. Era domingo y solo una madre había ido a ver a sus hijos.

Aunque no todos los hogares son así, en Sename están conscientes de que los chicos que deben ser protegidos viven en peores condiciones materiales que, por ejemplo, los jóvenes presos por delinquir. El terremoto vino a empeorar las cosas, pues muchos hogares se levantan en casas antiguas que sufrieron derrumbes, como ocurrió con el hogar Juan XXIII de Coanil. Según informó el Sename a CIPER a lo largo de todo Chile las distintas instituciones solicitaron más de 360 millones para efectuar los arreglos necesarios, de los cuales 253 millones ya fueron transferidos.

Por otra parte, cada cierto tiempo en los hogares emerge el problema de la violencia de la que son víctimas los menores bajo protección: una práctica que se lucha por erradicar: No es fácil. Los chicos no tienen vidas sencillas. Han sufrido mucho y normalmente les cuesta controlar sus impulsos. Los recursos que entrega Sename, sin embargo, no permiten contratar personal especializado. En muchos hogares se puede considerar un logro si los que tratan directamente con los niños tienen cuarto medio rendido.

Esta mezcla quedó retratada en marzo de este año cuando Sename clausuró dos hogares del Ejército de Salvación.

En el primero, el Hogar Helmuth Hunner, había 30 muchachos. La esposa del director fue acusada de golpear a un niño en la espalda con un pedazo de manguera. El otro hogar -El Broquel- era de niñas. Ahí, según un informe del Sename, “durante 2009 se registraron situaciones de maltrato grave por parte del sub director de la residencia y de algunos educadores”.

-Las agresiones terminaron en denuncias ante los Tribunales de Familia y en el cierre de los hogares -cuenta Angélica Marín, jefa del departamento de protección de derechos del Sename.

Una de las cosas sorprendentes de esta clausura es que, seis meses después de que quedara en evidencia que el Ejército de Salvación no respondía a las necesidades de los menores, ambos centros siguen apareciendo en la web institucional, como parte de su actual trabajo solidario.

En esa misma página, abajo a la izquierda, hay un link por si usted quiere hacer una donación.

¿Quiénes son los niños que vivían ahí? Mirando el listado con sus historias se puede tener un panorama bastante exacto de cómo son también las vidas de los niños del sistema de protección de menores. Muchos son hermanos: hay dos, tres, y hasta cuatro niños que son internados conforme son paridos. Muchos fueron víctimas de abuso sexual.

En el hogar El Broquel, por ejemplo, una amplia mayoría de niñas fue atacada por su padre o por el conviviente de su madre. Hay también una enorme cantidad de abuelas que deben hacerse cargo de niños maltratados; mujeres que ya fracasaron con la educación de sus hijos y que ahora, agotadas, intentan hacerlo mejor con sus nietos. Y abundan las madres que enloquecieron por la droga o por el dolor.

En sus supervisiones los funcionarios públicos dejan un escueto registro de estas vidas:

* “Niño de 9 años. Ingresa por violencia intrafamiliar, abandono y abuso sexual. Vive con el padre hasta la muerte de éste producto de un accidente. La madre no mantiene contacto con el niño. Posee conductas de abuso sexual hacia niños menores, siendo derivado a hospital psiquiátrico para tratamiento, sin éxito”.

* “Niña de 7 años. Ingresa producto de negligencia parental, maltrato sicológico y abuso sexual en contra de la hermana mayor, por parte del conviviente de la madre. Según los profesionales de la residencia no existe mayor identificación de la niña con la madre a quien ni siquiera conoce. Se identifica a una madrina del hogar como adulto significativo”.

* “Hermanos de 4 y 3 años. Escasas posibilidades de egreso, debido al abuso de cocaína por parte de la madre y sospecha de abuso sexual por parte del padre. El tribunal ha determinado visitas vigiladas de los niños al interior de la residencia”.

* “Hermanas de 13 y 17 años. Ingresan producto de abuso sexual por parte del padre biológico y violencia por parte de la madre. Se identifica como adulto responsable a una hermana mayor quien vive como allegada. Se propone el egreso de las niñas una vez que se regularice la situación de vivienda de su hermana”.

Ninguna de estas historias son excepcionales en los hogares de menores.

Para todos los entrevistados en resulta evidente que estas vidas necesitan más recursos de parte del Estado para lograr salir del agujero en que fueron enterradas.

Respecto de los recursos hay algo que todos en la red Sename tienen muy claro pero que el público en general no ha asumido. La brecha entre lo que entrega el Estado y lo que se necesita para brindar a los niños y niñas una buena atención se cubre hoy con caridad. Las instituciones realizan colectas, invitan a empresarios, mueven contactos. Las instituciones que logran mayores recursos pasando el sombrero, ofrecen mejores profesionales, mejores hogares a los niños. Las instituciones que tienen redes pequeñas, ofrecen a los niños lo que pueden con la administración de los dineros públicos. A veces esos hogares están en muy malas condiciones, de infraestructura y de aseo; o carecen de los especialistas necesarios. Quien decide a cuál hogar se va cada uno es un juez, dependiendo de los cupos. El sistema protege entonces sólo a veces, en la mayoría de los casos protege mal y para colmo no los protege a todos de la misma manera.

Cifras desmienten mito: Niños agredidos no se vuelven delincuentes.

Hasta hace poco era un lugar común afirmar que los niños que entraban al sistema de protección terminaban pasando al sistema penal; es decir, que los niños agredidos se volvían agresores. Esa sentencia sobrevivió sin cifras de respaldo hasta que en 2009 los primeros cruces de datos mostraron el prejuicio que la sustentaba. Que en realidad el paso de un mundo a otro ocurría bastante excepcionalmente.

Según el Sename, en el segundo trimestre de 2010, de los 3.337 adolescentes que ingresaron a sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (RPA), un 16 por ciento -545 niños- habían estado protegidos en ese servicio público. Sin embargo, si se pregunta cuántos de los atendidos por protección se transformaron en infractores, el porcentaje baja mucho. Esos 545 apenas representan un 0,49 por ciento de los 110 mil menores atendidos en los distintos proyectos de protección.

La investigadora Lisandra Muñoz ha documentado en sus estudios muchas características de los jóvenes de ambos mundos y afirma que hay una gran cantidad de diferencias. Los niños abandonados, dice, son educados muy estrictamente en los hogares. Le ha tocado ver incluso chicos muy conservadores, y tradicionalistas. “Oyen cueca, hablan de la patria, desprecian a los peruanos y también a los flaites. Y si les preguntas en qué se proyectan, muchas veces sus perspectivas son de encierro. Por ejemplo, quieren ser marinos o gendarmes, profesiones donde no tengan que enfrentarse al mundo exterior, porque el mundo los inquieta”, explica la investigadora.

Pero tal vez lo que más los caracteriza es el peso que tiene para ellos la madre.
“A los niños abandonados les cuesta asumir que tienen una familia y que ésta no los quiere. Aunque han sido testigos y víctimas de la violencia, de todos modos sienten que eso no justifica el haber sido encerrados”, dice Lisandra. Agrega que los niños que han cometido delitos normalmente cuentan con una madre presente, mientras que los niños y niñas de hogares idealizan esas figuras que los abandonaron y los dañaron.

En un centro del sur de Chile Lisandra encontró un monumento a esa paradójica relación familiar. Una pieza llena de regalos para el Día de la Madre. “Estaba lleno de cosas que los niños habían hecho y se habían acumulado por años sin que nadie los hubiera ido a buscar. Era muy triste”.

Mario Waissbluth y el presupuesto de Educación: “Por primera vez sentimos que la reforma va en alguna dirección”.

En medio de la conmoción provocada por el rescate de los 33 mineros atrapados en la Mina San José, el presupuesto para el año 2011 ha pasado inadvertido. Y sobre todo los montos asignados a Educación, una de las áreas más críticas y cuestionadas por la ciudadanía. La Fundación Educación 2020 hizo la radiografía de la nueva partida presupuestaria. En esta entrevista, su presidente Mario Waissbluth, detalla las nuevas asignaciones y obligaciones y explica por qué por primera vez sienten que “la reforma empieza a tomar ritmo y va en alguna dirección”. También afirma que “en este momento debe haber dueños de universidades aterrorizados porque el negocio se les está yendo a las pailas”.

Durante las últimas semanas la Fundación Educación 2020, que dirige Mario Waissbluth, ha hecho una radiografía exhaustiva al presupuesto de Educación 2011, buscando determinar en qué dirección se va en esta área tan clave y criticada. La sorpresa es que, por primera vez desde que esta organización empezó a funcionar, sus directivos se sienten en condiciones de afirmar que este grave problema ha salido de su inmovilismo. Según su análisis, el aumento del presupuesto se concentra en dos ítems que concentran US$360 millones cada uno: subvenciones escolares e infraestructura dañada por el terremoto.

Si bien los montos no resuelven el problema, de acuerdo al criterio de Waissbluth, las tareas que reciben las mayores asignaciones de dinero están indicando las prioridades. Pero esos esfuerzos pueden arruinarse sin los proyectos de ley que normen adecuadamente los cambios.

“El presupuesto es una importantísima actuación de política pública, pero no lo es todo” dice Waissbluth. Y agrega: “Hay cosas que no están en el presupuesto sino en proyectos de ley que, según nos han dicho en el gobierno, vienen en camino. Dicho lo anterior, tengo que subrayar que en términos generales estamos satisfechos con los anuncios recientes del Ministerio de Educación. La verdad, es la primera vez que empezamos a sentir que la reforma empieza a tomar ritmo y va en alguna dirección”.

-¿Qué es lo que le parece bien?
Por ejemplo, exigir que todos los egresados de pedagogía tengan que dar la prueba Inicia para trabajar en el sistema municipal y subvencionado; y darle un bono a los que obtengan los mejores resultados en esa prueba. También es positivo el fondo de financiamiento para las mejores escuelas de pedagogía, y sobre todo, los recursos para formación de directivos. Son cosas que están la dirección que nos gusta.

-¿Hay algo que falte para entender bien el impacto que tendrá el paquete de este presupuesto en Educación?
Lo que estamos esperando con cierta ansia es el detalle de cómo va a ser el programa para formar nuevos directivos. Hasta ahora hay un fondo para un magíster cuyo monto, dada la situación actual, parece razonable. Se supone que va a venir un proyecto de ley específicamente sobre ese punto, en el que se detalla la manera en cómo se forman estos directivos, pero también cómo se seleccionan y como se remueve a los que no funcionan. Creo que en ese proyecto de ley se juega una parte significativa de lo que podríamos llamar la reforma educativa de mediano plazo.

-¿Dónde ve las debilidades de este primer presupuesto de Educación del gobierno de Sebastián Piñera?
En los liceos de formación técnica, donde incluso se reduce el gasto. Estos liceos han sido tradicionalmente lo más abandonados por la mano de Dios. Sin embargo, en términos de equidad social, no hay nada que logre efectos más inmediatos en la reducción de la pobreza: si estos liceos hacen bien su trabajo pueden ofrecer a los jóvenes oportunidades laborales de calidad. A los liceos técnicos va el 35 ó 40% de los jóvenes de enseñanza media y el 90% de estos alumnos pertenece al primer quintil de pobreza. Es decir, son cabros que aunque obtuvieran una buena PSU, no podrían entrar a la universidad porque no tienen la plata. Tienen que empezar a trabajar, por lo tanto tienen que salir con una buena formación en un oficio. El otro tema donde no vemos recursos significativos es en la educación pre escolar.

-Con Bachelet esta área se expandió.
Sí, pero pasamos de una cobertura del 10 al 30%, lo que es insuficiente. Por otra parte, también hay que decir que esa expansión, como muchas cosas de la Concertación, se hizo echándole con la olla, es decir, mucho corte de cinta, pero poniendo mal recurso humano dentro del recinto. Y toda la evidencia internacional muestra que una parte importante del partido educativo se juega en la cobertura preescolar, siempre que sea de buena calidad.

-¿Le parece que se destinan recursos suficientes para la formación de profesores?
Creo que se está trabajando en toda la línea de educación de los docentes y eso está bien. Primero, se incentiva a los mejores postulantes a interesarse en pedagogía y también a las escuelas a que mejoren de modo que esos alumnos tengan una formación adecuada. También se hace obligatoria la prueba Inicia, lo cual pone un cierto control de calidad a la salida. Y por último, se les ofrece al 10% de mayor puntaje, sueldos más altos. Lo que falta, sin embargo, es poner un mínimo a la prueba Inicia.

-¿Eso quiere decir que esa prueba será obligatoria pero no se ha fijado dónde está la nota 4?
Así es. Y hay profesores que están egresando hoy de las escuelas de pedagogía que están bajo el límite de la vergüenza. Yo entiendo que es difícil poner un límite, pero cuando un profesor no sabe calcular un porcentaje, es una vergüenza… Y en lo que está planteando el ministerio no establece la línea de la vergüenza. Por lo muy menos hagan que para trabajar en la educación subvencionada y municipal -que es el 95% de la educación- el profesor tenga que mostrar sus resultados al sostenedor.

-¿De qué les sirve eso a las familias?
Bueno, después podrán ir a la escuela y decir soy apoderado y quiero saber a quiénes están contratando ustedes.

-Educación 2020 han denunciado numerosas veces que hay universidades que son sólo vendedoras de títulos universitarios, sobre todo en pedagogía. ¿Ven en este presupuesto la intención de solucionar este problema?
Yo creo que en este momento debe haber dueños de universidades aterrorizados porque el negocio se les está yendo a las pailas.

-¿Tanto así? ¿Qué ha cambiado?
El anuncio de hacer obligatoria la prueba Inicia es un golpe bien duro porque los cabros van a decir, ¿cómo es esto de la prueba Inicia?, ¿cuánto saca esta universidad en esa prueba? Ya se introdujo un factor importante y felicito al ministerio por hacerlo. Esa obligatoriedad servirá para tener cifras reales sobre el nivel de los egresados, porque hasta el momento es una prueba voluntaria. Y déjeme decirle algo: prepárese para la catástrofe, porque si hasta ahora los resultados son desastrosos, imagínese cómo serán con una prueba obligatoria. Porque es evidente que uno rinde una prueba voluntariamente cuando se siente más o menos seguro de lo que sabe, y así el fracaso ha sido entre 60 y 70%. Cuando sea obligatoria el fracaso va a ser del 80 al 90 por ciento.

“En este momento debe haber dueños de universidades aterrorizados porque el negocio se les está yendo a las pailas”.

-Pese a eso, me parece que continua un problema grave que es que nada impide a un sostenedor contratar a un profesor más barato aunque tenga una prueba Inicia vergonzosa.
Bueno, ahí hay un problema bien complicado que se parece al del huevo o la gallina: si en el país tuviésemos excelentes sostenedores, es decir gente con la capacidad, la competencia y el interés para administrar las escuelas, ellos se asegurarían de que los profesores fueran de calidad y a parte de sus test de Inicia, les harían pruebas complementarias. Porque, entre paréntesis, la prueba Inicia sólo mide conocimientos duros, pero no evalúa las capacidades pedagógicas de los profesores.

-Pero a muchos sostenedores les va a interesar el profesor que les salga más económico…
Claro. Entonces el ministerio tiene un enfoque muy descentralizador y de mercado cuando dice que la selección tiene que ser responsabilidad del sostenedor y del director de la escuela. Y estoy de acuerdo en el largo plazo, cuando tengamos buenos sostenedores. Pero no los tenemos, y el problemas es qué hacemos en la transición, porque cada profesor mal calificado va a maleducar a unos 2 mil niños en los próximos 30 años. Esa es la parte donde tenemos un desencuentro con las políticas ministeriales.

-¿Qué le debería pasar al mal sostenedor? ¿Que le clausuraran el colegio? ¿Qué el fisco, en función del dinero que le entrega, lo obligue a comportarse de determinada manera?
Si uno colegio está año a año en la zona roja, debe ser intervenido. Y desde nuestro punto de vista eso significa que, en primer lugar, el director tiene que cambiar. Lo primero que haces en una empresa que está al borde de la quiebra es cambiar al gerente. Después sigues con otras cosas. Pero no puedes cerrar o estrangularle los recursos a una escuela que le está yendo mal, porque si bien parece que estás castigando al sostenedor, la verdad es que los castigados van a ser los cabros chicos. A mí me preocupa que se diga, “ah, esta escuela está mal, le quito recursos”, de manera que los apoderados se lleven a los niños a otra que esté mejor. Ese sistema no me parece correcto.

-Me gustaría saber cuáles son las universidades que ustedes piensan que no debieran seguir funcionando porque son sólo vendedoras de títulos.
No puedo entrar a identificar. Pero sobre eso hubo otro anuncio que nos complació mucho: nosotros exigimos el año pasado que se hiciera una evaluación internacional del sistema de acreditación de universidades, que nos parece muy deficiente. Y aunque estaban los recursos, el Ministerio de Educación no lo hizo este año. Sin embargo, en el actual presupuesto está incluido hacer la evaluación el próximo año y eso es bueno.

-Pero si hay tantas malas universidades me podrá decir al menos dos, las peores.
No, pero las que venden cartones son algunas del Consejo de Rectores y la gran mayoría de las universidades que no están en el Consejo de Rectores y también institutos profesionales.

-Lo que quiero saber es si ustedes han hecho estudios para afirmar que la calidad de esas universidades es tan mala como afirman.
Nuestra afirmación tiene que ver con las macabras cifras globales. Hace dos semanas se publicaron, por ejemplo, los resultados de un estudio hecho por el CEPPE (Centro de Estudios de Políticas y Prácticas en Educación, del que forman parte la UC y la Alberto Hurtado): resulta que el 80% de los profesores que dio la prueba Inicia no es capaz de contestar dos tercios de las preguntas de esa prueba. Y se refieren a las materias que deben estar enseñando ahora. Por otra parte, en cuatro años las carreras de Pedagogía aumentaron su matrícula de 30 a 90 mil alumnos. ¿Estamos o no vendiendo cartones?

-Diputados de la Concertación denunciaron que este presupuesto en Educación aumentó en 547% el gasto en honorarios. ¿Qué dice Educación 2020 sobre ese tema?
Nosotros no opinamos sobre los gastos internos del ministerio. A nosotros nos interesan los recursos que se transfieren al sistema educativo: la subvención escolar, los gastos en el programa x, programas de formación de directores, no la forma cómo el gobierno organiza sus estructura interna.

-¿Por qué? ¿No son también recursos públicos destinados a la educación?
Es que está fuera de nuestra experticia. Para opinar sobre eso debiéramos conocer la estructura organizacional del ministerio, la planta real, tener información sobre lo que ocurría antes, etc. Sin esa información no le puedo decir si 500% es mucho o es poco. Nosotros conocemos del sistema escolar y lo que nos interesa es lo que ocurre allí.

El detalle del análisis de Educación 2020 sobre el Presupuesto de Educación

El presupuesto de Educación para el 2011 ha aumentado en 7,6 %. En un análisis elaborado esta semana, E2020 considera positivo que se haya destinado recursos a evaluar, a nivel internacional y en forma independiente, el Sistema de Acreditación Universitaria que ha sido muchas veces cuestionado como incapaz de poner coto a las malas universidades y que ha permitido que muchas de las que imparten pedagogía se transformen en empresas de venta de títulos universitarios, como lo ha señalado Mario Waissbluth.

Más complacidos están aún con el aumento del 135% de los recursos para fortalecer la Formación de Directivos para las escuelas. Pero no les parece que esos dineros se entreguen a cualquier universidad que se decida a ofrecer los cursos. Y ello porque ese mecanismo es el que ha fracasado rotundamente en la formación de profesores.

“La mera asignación de becas a programas mediocres ya existentes no resolverá el problema. Educación 2020 considera preciso licitar y crear programas a cargo de un consorcio integrado por una institución con excelencia pedagógica, una institución en gestión y una institución internacional con experiencia en formación de directivos. Sería contradictorio que el ministerio permita que las distintas Instituciones de Educación Superior u otras, elaboren programas de perfeccionamiento de directivos y que estos elijan entre la oferta. Este mecanismo no asegura la creación de la capacidad de largo plazo que se requiere y que no existe en la actualidad”, afirma E2020 en su documento.

Los temas donde E2020 tiene mayor discrepancia son dos:
1) La reducción del gasto en Educación Técnico Profesional. E2020 describe: “Aproximadamente un 45% de los estudiantes de educación media optan por la formación técnica. De ellos, el 65% pertenece a los dos primeros quintiles de pobreza y generalmente tienen la expectativa de ingresar lo antes posible al mercado laboral. Estas expectativas actualmente no se cumplen, por la grave debilidad en la calidad formativa”.

Pese a la relevancia de este tipo de educación en el presupuesto 2011, “hay una inexplicable reducción de los recursos de todos los programas para Educación Técnica. El MINEDUC explica que actualmente está trabajando con el equipo de la Comisión Presidencial de Formación Técnico Profesional y que las reducciones son justificadas”.

2) Falta de recursos para la Educación Preescolar. “No figuran recursos para aumentar cobertura ni calidad de la educación preescolar. Sólo se contemplan recursos para la operación de jardines en funcionamiento y de los construidos en 2010 que deben iniciar sus actividades el 2011”.

La cobertura de educación preescolar de los niños entre 0 y 5 años ha presentado una tendencia sostenida al alza desde el año 1990, aumentando de 15,9% a 37,4% en el 2009. Sin embargo, este porcentaje disminuye a un 19,2 % si se observa el tramo de 0 a 3 años.

E2020, citando un estudio de la OECD de 2001, repara en lo importante que es la educación parvularia de calidad. “La pobreza en la niñez deja consecuencias para el desarrollo cognitivo y los posteriores logros educacionales. Un dólar invertido en la primera infancia tiene un retorno de ocho dólares más tarde. Invertir en preescolar puede reducir la necesidad de realizar costosas intervenciones posteriores, para remediar el fracaso escolar, la deserción y conductas anti-sociales”.

En su documento, E2020 también manifiesta reparos con la duplicación del presupuesto para las pruebas SIMCE, pasando de 7 mil 600 millones a cerca de 14 mil millones de pesos. Este aumento se explica por las nuevas mediciones en más niveles, por el nuevo SIMCE para inglés y educación física, y por la política de “Mapa SIMCE”.

“La existencia de mediciones estandarizadas es útil y necesaria para monitorear y tomar decisiones. Sin embargo, no es el momento de destinar más esfuerzos ni recursos para levantar más indicadores, sobre todo si no existe una política pública detrás que justifique un seguimiento”, se afirma en el estudio.

Por el contrario, sostienen que el actual SIMCE ya reporta mucha información que no está siendo utilizada en todo su potencial y no le encuentran sentido a hacer más pruebas “si no hay políticas destinadas a que dichas mediciones evolucionen favorablemente en el tiempo”.

El día después del rescate: Los cambios en la seguridad laboral que estudia el gobierno

A sólo horas de haber sido rescatado, Mario Sepúlveda, el minero que emocionó al país con la energía que derrochó tras salir de la mina San José habló ante las cámaras y su mensaje fue tan claro como contundente: “Es el momento de hacer cambios. El país tiene que entender de una vez por todas que podemos hacer cambios en el mundo laboral”. La comisión que formó el Presidente Piñera para abordar reformas en las normas de seguridad laboral tras la tragedia minera termina este viernes su ronda de consultas y entregará sus conclusiones el 22 de noviembre. El encargado de ese grupo, el subsecretario de Previsión Social, Augusto Iglesias, dijo a CIPER que las sugerencias van por la vía de profundizar la prevención más que aumentar la fiscalización.

Todos los años la minería chilena debe lamentar la muerte de más de 30 trabajadores. En 2010 –hasta septiembre- ya se habían contabilizado 31 muertos y si no hubiéramos vivido el milagro de la mina San José, el actual sería el año más negro en décadas en esta área productiva. A esa realidad apuntó en la madrugada del miércoles 13 Mario Sepúlveda, el segundo trabajador rescatado y el primero que decidió hablar con la prensa.

-Este es el momento de hacer cambios, este país tiene que entender de una vez por todas que podemos hacer cambios en el mundo laboral. No podemos quedarnos en esto- dijo ante las cámaras, junto a su familia, a sólo horas de haber salido a la superficie.

Este trozo de su mensaje fue poco difundido por los medios que han puesto el énfasis en los aspectos emotivos del rescate. Pero, como dijo Juan Somavía, director de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la felicidad del reencuentro no puede borrar el motivo por el cual Sepúlveda y sus 32 compañeros pasaron 69 días enterrados:

-El comienzo de esta dramática historia es que los mineros quedan atrapados porque las medidas de seguridad eran insuficientes. No nos podemos olvidar de eso -dijo el funcionario internacional.

Comisión en marcha

Precisamente esa es la petición que han estado formulando al gobierno trabajadores de distintos sectores productivos, según relata el subsecretario de Previsión Social, Augusto Iglesias. El funcionario es vocero de la Comisión de Seguridad del Trabajo que se formó luego del accidente de la mina San José y que tiene como tarea entregarle al Presidente Sebastián Piñera recomendaciones para reformar la legislación laboral en materia de seguridad.

Al crear esta comisión Piñera sostuvo que el grupo debía revisar “nuestras leyes, nuestros reglamentos, nuestros estándares y nuestras normas de seguridad” y también los mecanismos “y montos de las sanciones” para “crear en Chile una cultura del trabajo digno, sano y seguro”.

Para realizar eso la comisión ha convocado 24 audiencias públicas (diez en Santiago y 14 en regiones) en las que han participado sindicatos, expertos y empresarios. La última audiencia será este viernes en Puerto Montt y a partir de ese momento se dedicarán a extraer las propuestas para presentárselas al Mandatario el 22 de noviembre.

A estas alturas, sin embargo, ya están claros algunos problemas que cruzan a todos los sectores. Uno de los más recurrentes tiene que ver con la fiscalización:

-Ese sistema de fiscalización tiene que ser mejorado en cuanto a la capacitación de los funcionarios, pues aparecen problemas relacionados con falta de conocimientos en seguridad -dice el subsecretario Iglesias.

Por cierto, también faltan fiscalizadores, tal como se criticó en el caso de la mina San José, luego de que se denunciara que Sernageomin de Copiapó carecía de los funcionarios necesarios para supervisar los miles de yacimientos en operaciones en esa zona.

-Eso es cierto pero también tiene un límite. En Chile hay más de 800 mil empresas y es imposible tener los fiscalizadores para cubrirlas todas. En ese sentido, es muy interesante otro tema que ha aparecido en estas audiencias y que es entender el rol clave que tiene la prevención –sostiene Iglesias.

El subsecretario dice que “por una parte, es necesario que el empleador esté consciente de sus responsabilidades y provea al trabajador de la información y de los elementos de seguridad”. Y, en segundo término, señala, “necesitamos también que el trabajador adopte hábitos de trabajo seguro porque una buena cantidad de accidentes se produce incluso cuando el medio de trabajo no es inseguro”.

El funcionario es claro al indicar que las recomendaciones no irán por el lado de aumentar la fiscalización, sino de profundizar las medidas de prevención:

-Es importante entender que este no es un problema que se resuelva principalmente con regulaciones, sino con una actitud hacia el trabajo y hacia los riesgos –dice.

“Hay riesgo en todas las profesiones”

Más allá de esas líneas comunes, la comisión ha recogido críticas y sugerencias variadísimas y contradictorias. “Aquí no hay un cuento que refleje bien la realidad de todos los sectores. El tema es complejo y la comisión va a tener que hacer un buen esfuerzo para sintetizar normas en propuesta útiles”, asegura Iglesias.

-¿Cómo se va a llegar a normas que permitan aprender de lo ocurrido en San José y decir “con esta legislación esto no habría ocurrido”?
-Ese tipo de conclusión general, que haría fácil la vida de la comisión y de los legisladores, no emerge. El tema es más complejo.

-Pero la comisión surge a partir del accidente de San José. Tendría que proponer cosas que cambien algo la situación de seguridad…
-Sí, pero accidentes van a haber siempre. Porque una parte importante de los accidentes ocurre por conducta humana que ocurren en un minuto específico y eso está fuera del alcance de cualquier ley.

-También ocurren por negligencia, por normas que nos se cumplen para ahorrar recursos…
-El problema de San José es que esa empresa no estaba cumpliendo con nada, prácticamente. Tenía un grado altísimo de incumplimiento y eso, claro, con un buen sistema de fiscalización podría minimizarse. Pero es importante tener claro que no vas a poder evitar todos los accidentes. Y aquí hay un tema de fondo: piense en el piloto de aviones de acrobacia. Él sabe el riesgo al que se somete cuando hace cada pirueta, sin embargo, decide hacerlas. La diferencia entre ese piloto y una persona que en otra actividad decide tomar un riesgo concientemente es bien sutil y da para mucha discusión. Lo que si está claro es que en ambos casos por lo menos, las condiciones de riesgo deberían estar claras para el que las asume.

-¿Por qué para usted el caso de un piloto aéreo es valido para entender la situación de un minero que lo que quiere es volver a su casa sin salir lesionado? No entiendo la comparación.
-Porque hay riesgo en todas las profesiones. Los periodistas tienen riesgos. Los carabineros… Ahora, por ejemplo, se reclama que se está aumentado la intensidad de la fiscalización en la pequeña y mediana minería, eso está siendo criticado con el legítimo argumento de que cierra puestos de trabajo…. Esto ilustra que en su naturaleza el tema es bien complejo.

-Las empresas enfocadas a la exportación y que deben cumplir estándares internacionales tienen menos accidentes que las empresas dedicadas el mercado interno. Eso indica que, más que el riesgo propio de la actividad, lo que influye son las exigencias que se ponen a las empresas.
-Tiene que ver con eso, pero también con el tamaño de la empresa. Es más riesgoso trabajar en una Pyme que en una transnacional ¿Por qué? A lo mejor es por el financiamiento, es por la urgencia de la producción. Son hipótesis.

(*) En este trabajo colaboró Javiera Pacull.

Los mitos de la democracia chilena al desnudo en libro de Felipe Portales

En pleno festejo del Bicentenario el sociólogo Felipe Portales publicó el segundo tomo de Los mitos de la democracia chilena, una obra que pide moderación a la celebración patria y nos recuerda que una y otra vez el Estado ha recurrido a la violencia para mantener el orden. Portales muestra que la democracia es una señora poco querida por todo el espectro político que recurre al cohecho sin reparos. Entre los ejemplos notables que incluye este libro hay que destacar un editorial de El Mercurio contra el sufragio universal que deja helado. También sorprende como la violencia sucede y se olvida y vuelve a suceder.

Portales muestra que guardamos varios cadáveres en el desván de nuestra República. Y de esa habitación a la que casi nunca queremos entrar, Portales rescata la matanza de La Coruña, crimen político que, según el autor, casi fue borrado de la historia. Esa capacidad chilena para borrar y olvidar la historia e inventarse un brillante y demócrata pasado, es uno de los fenómenos que más impacta a este investigador. “Es esperable que en todos los países haya una distorsión de la mirada histórica, una idealización del pasado para reforzar la identidad nacional, pero me parece que en Chile eso se ha exacerbado”, dice.

-¿En qué pudo observar nuestra distorsión histórica?
Por ejemplo, en el registro y la ninguna relevancia que se les da a las masacres. En el periodo que abarca este libro hay una que prácticamente despareció de los textos: la matanza de La Coruña, ocurrida en 1925, la segunda mayor masacre en la historia de Chile después de la de Santa María de Iquique. Según las distintas fuentes murieron ahí entre 300 y 600 personas, pero ese hecho no está registrado ni siquiera en muchas obras actuales. Curiosamente, Gonzalo Vial la analiza bastante in extenso, pero hay muchos que no la mencionan. Ausencias como esas, de las que hay muchas, van ayudando a generar el mito de que Chile ha gozado de una democracia paradójicamente desde el mismo 1925. Quizás se intuye que la historia es muy dura y muy distinta a la que conocemos y justamente por eso no se quiere entrar en ella.

-El presidente Arturo Alessandri (1920-1925) no queda bien parado en este libro. Tampoco la Constitución de 1925 que usualmente se cita como más democrática que la actual.
Respecto de la Constitución, lo que ocurre es que ese es un texto que fue impuesto. No se elaboró a través de una Asamblea Constituyente, como se había prometido, sino que la hizo un grupo reducido, nombrado a dedo por Alessandri. Y hay testimonios de que, en los temas cruciales, Alessandri siempre impone su punto de vista. Luego, para que fuera aprobada, recurrió a la presión militar y finalmente fue ratificada a través de un plebiscito que no cumplió con ninguna de las condiciones básicas de una elección libre. De hecho ni siquiera fue secreta porque los votos eran ¡de colores! Y lo peor es que cuando Hans Kelsen, un famoso constitucionalista clásico alemán, revisó el texto, fue lapidario: dijo que tenía disposiciones que estaban muy cerca de una dictadura.

-Sin embargo, junto con esa Constitución se establece el sufragio universal y un mecanismo para evitar el cohecho.
Es verdad. Pero como el resultado de esa primera elección no le gusta a la elite, restablecen el cohecho hasta 1958, es decir durante 33 años más.

-¿Qué pasó en esa primera elección?
Que José Santos Sala, un candidato que sólo apoyaba el Partido Comunista y partidos menores, sacó cerca del 30% de los votos. Eso aterrorizó al establishment y al mes siguientes hicieron un decreto en el que se volvía a autorizar a los partidos a hacer sus propios votos, lo que permitía el cohecho. Ese sistema se siguió usando hasta la elección de 1958, cuando por primera vez tenemos un sistema electoral que respeta la opinión de la gente y no la distorsiona. Hasta ese año siguió operando el cohecho.

-¿Cómo funcionaba el cohecho?
Fundamentalmente se le permitía a los partidos que produjeran sus propios votos. Y los votos eran distintos de modo que el apoderado del partido, en el recuento, podía chequear voto a voto quienes habían cumplido con su compromiso. Luego llevaban a los votantes a la secretaría política para pagarles.

-En su texto usted cita un editorial de El Mercurio muy impresionante. Allí se afirma que si no existiera el cohecho, pasaría algo peor: que la masa ignorante que “apenas sabe dibujar su firma”, entregue el poder a gente que les quite el capital.
Ese es el miedo característico que provocan los sectores populares. Y ese temor está presente también en los sectores medios que ven con pavor a esa masa que no tiene casi nada. Eso explica por qué el Partido Radical acepta y consolida el cohecho. O sea, no es sólo la derecha tradicional, con El Mercurio y el Diario Ilustrado, sino también los partidos de clase media. Por otra parte, los partidos de izquierda no están muy conscientes de la necesidad de cambiar el sistema. Incluso recurren al cohecho, aunque en una escala menor. Finalmente el respeto a lo que la masa opina no parece ser muy importante para nadie. Lo que no es extraño porque en ese entonces socialistas y comunistas no apreciaban las democracias y sufren radicalizaciones que no se concretan en avances democráticos reales. Solo la Falange Nacional planteará que es necesaria una “cédula única” para votar, pero a partir de los ‘50 cuando se ve claramente que son el partido más perjudicado.

-Leyendo la editorial de El Mercurio me acordé de algo que sostiene el abogado Fernando Atria: que la Constitución del ‘80, a través del sistema binominal, los quórum y el Tribunal Constitucional, lo que pretende –y logra con éxito- es quitarle poder a la mayoría. Me acordé de eso porque ese editorial de El Mercurio muestra que la elite ha tenido siempre presente la idea de controlar los “riesgos” del voto universal.
Sí. La derecha ha sido coherente en buscar que los que “apenas dibujan su firma”, no puedan elegir. Siempre ha tenido claro que el sufragio universal es malo. Y lo cierto es que han logrado, con la Constitución que hoy tenemos, que se conserven las formalidad de la elección pero no sus “riesgos”. Jaime Guzmán, uno de sus artífices, fue muy gráfico al explicar lo que quería. Dijo que era mejor diseñar un sistema que permita que gobiernen los otros, pero en una cancha donde no se puedan hacer cosas muy distintas a las que nosotros haríamos. Ese rayado de cancha explica muy bien por qué seguimos viviendo en el Estado neoliberal y autoritario que dejó Pinochet, pues el sistema hace imposible hacer otra cosa que las que la derecha habría hecho. A eso hay que agregar un ingrediente que Guzmán ni siquiera se imaginó: que la Concertación tuvo tal viraje en sus concepciones económicas, culturales y sociales, que abandonó sus proyectos de modificación profunda del sistema social. Lo cierto es que el liderazgo de la Concertación, de manera pacífica, consolidó y legitimó lo que la dictadura impuso a sangre y a fuego. La derecha ha mostrado ser muy consistente. En cambio, la centro izquierda es una cosa más gelatinosa y no ha entendido mucho lo que significa ser demócrata.

-El mito dice también que la clase media ha sostenido la democracia en Chile, pero en su libro aparece muy dispuesta una y otra vez a mirar para otro lado en función del orden.
Claro, la dictadura de Ibáñez es un ejemplo. A él lo apoyó la oligarquía pero el sostén más directo está en el Partido Radical y el Partido Demócrata. En general, todas las fuerzas políticas, cuando llegan al poder hacen lo mismo: para preservar el orden violan la Constitución sin ningún problema. Muchas veces, por ejemplo, uno encuentra sólidos discursos de los radicales en contra de los abusos. Por ejemplo, cuando está la discusión de la Ley de Seguridad Interior del Estado los radicales dicen que es “la muerte de la democracia”, que es “la ley orgánica del fascismo”. Dos años después, cuando llegan al poder, no sólo no modifican esa normativa sino que agregan nuevas leyes restrictivas.

-Eso es un poco lo que le ha ocurrido hoy a la Concertación con los mapuches. Varios dirigentes se arrepienten de haber aplicado la Ley Antiterrorista contra los mapuches cuando fueron gobierno.
Claro. Fuera del poder se vuelve al discurso demócrata.

-¿Qué encontró usted sobre la relación entre chilenos y mapuches?
Algo interesante es que hay un período muy poco conocido en el cual Chile hace un intento de integración pacífica de los mapuches. Eso dura hasta 1860 e incluye comisiones a la zona en las que participa hasta Antonio Varas, en 1849. Durante todo ese periodo se reafirma que lo que hay que hacer es buscar la integración pacifica de los mapuches y se escriben textos resaltando las virtudes de ese pueblo. Ignacio Domeyko se queda un año en la zona y hace un libro muy apologético. En el mismo tono escriben Lastarria y Vicente Pérez Rosales: hay que integrar al mapuche pacíficamente. Pero de repente esto gira en 180 grados. Y todo lo positivo que se atribuía a ese pueblo pasa a ser demonizado.

-¿Por qué?
Entre otras cosas porque hay un boom del precio del trigo a nivel mundial y el valor de la tierra sube exponencialmente. Entonces, la oligarquía chilena ve estas 10 millones de hectáreas que ocupan los mapuches y dice, “tenemos que ocuparlas”. No es el único factor pero es decisivo, pues lleva a argumentar que estos salvajes están mal usando ese territorio. Entonces se empieza a deshumanizar al indígena, se lo trata de bárbaro. En eso la prensa fue es muy importante. El Mercurio de Valparaíso, por ejemplo hizo una campaña de varios años, sistemática y colaboró mucho en dar vuelta la concepción que se tenía de los indígenas como seres valorables.

-Después de leer la cantidad de muertos que ha costado mantener el orden en Chile, queda la sensación, constantemente olvidada, de que el recurso a la violencia no empieza con Pinochet, que es más bien parte de una larga tradición.
Él la exacerba, pero la violencia es un rasgo que está en nuestra forma de ser.

-¿De dónde viene eso?
Uf, quien sabe. A veces parece que esa mentalidad viniera de la Guerra de Arauco. Este es el país más violento de toda América. En el resto del continente los indígenas fueron sometidos rápidamente, aquí no. Chile es una sociedad de frontera, con una guerra permanente, que a veces es abierta, pero que muchas veces está latente. Y era una guerra muy compleja porque había indígenas a ambos lados y se pasaban de un bando a otro. El caso de Lautaro es un gran ejemplo: un indígena domesticado que mata al conquistador. Es como un enemigo interno.
En la historia chilena hay un recurso permanente a la violencia. Se trata de no usarla, pero se llega a ella tarde o temprano En Santa María de Iquique el coronel Silva Renard, que ordenó disparar a la multitud, estima que hay unas 7 mil personas. Igual ordena abrir fuego. Las cifras sobre las víctimas varían entre 200 y 3 mil personas, pacíficas, sin armas. Creo que es e la peor matanza de la humanidad en tiempos de paz: por el número de víctimas y por lo pacífico del movimiento.

-¿Cree usted que sea violencia puede reaparecer?
Creo que la parte positiva de la dictadura, por decirlo de alguna manera, es que la lucha dada por las familias de los detenidos desaparecidos y por los torturados marcó un quiebre histórico en esa forma de reaccionar. Antes las masacres se olvidaban de inmediato, todas. Y ni siquiera había registro. Algo hemos avanzado en estos 200 años. Sin embargo, después del terremoto me encontré en un texto en la página editorial de La Nación que decía que había que fusilar en el acto a los que estaban robando… Es decir, en el diario de gobierno, durante Bachelet se decía eso… Frente a muchos problemas tendemos a pensar que se solucionan con violencia.

El secreto desastre de las cárceles para jóvenes

En junio pasado una comisión de siete expertos visitó el centro de Internación Provisoria de Cholchol. Allí cumplen su condena 121 jóvenes menores de 18. La comisión determinó que los baños y los talleres eran indignos y que las habitaciones “donde viven la mayor parte del día son denigrantes. Las mínimas necesidades no están cubiertas”. En Cholchol, ubicado al norte de Temuco, llueve 450 mm al año y el agua se filtra por todas partes. Los jóvenes condenados deben dormir en colchones que están “permanentemente mojados” y en dependencias sin calefacción.

Los siete visitadores intentaron con su informe que las autoridades recobraran el sentido común: “No por el hecho de haber cometido delitos resulta correcto impedirles acceso a calefacción. Se trata de una garantía mínima de los seres humanos”, concluyeron.

Durante los últimos tres años grupos de especialistas de diversas instituciones han visitado los distintos centros donde los adolescentes chilenos que han cometido algún delito son internados. En sus informes se repiten adjetivos como “inadecuado, indigno, denigrante”. Alguna que otra vez se describe un avance, pero la mayor parte de las ocasiones los expertos constatan que lo denunciado en la revisión anterior, hecha seis meses antes, sigue sin arreglarse.

Esas evaluaciones fueron calificadas como “secretas” por el ministro de Justicia anterior, Carlos Maldonado (PR). Tras un reciente fallo del Comité para la Transparencia, los informes de estas comisiones comenzarán a subirse a la web del Ministerio de Justicia. Ahora está abierta a todo el público la revisión hecha en el primer semestre de 2010.

Tal como se esperaba, la opinión de los expertos en terreno muestra un panorama desastroso. Una suma de carencias e injusticias que exhiben que lo que se inauguró hace tres años –y permaneció oculto al escrutinio público- fue un sistema de apoyo que no tenía ni la infraestructura ni el personal necesario. Hoy el sistema no ofrece a los jóvenes la prometida rehabilitación sino, muchas veces, un castigo que afecta su dignidad y que habla muy mal del país que mantiene esa situación.

En la Octava Región, por ejemplo, Paulo Egenau, director de la fundación Paréntesis, visitó la sección juvenil de El Manzano, donde hay 24 jóvenes condenados, todos recluidos en un solo modulo, al interior de una cárcel para adultos. El centro es un bloque de cemento desprovisto de cualquier estímulo que no sea la vida “canera”. Está hecho de tal manera que recibe muy poca luz. En su informe, Egenau describe: “Oscuro, frío, ciego, este lugar carece de los requisito necesarios para no provocar graves daños a la salud mental de los adolescentes que permanezcan privados de libertad aquí”. Y recalca: “Es un espacio infrahumano e indigno. Ningún proceso de reintegración social es posible en un entorno con las características de esta sección”.

Francisco Estrada, director del Sename, afirma que en la institución que asumió hace siete meses hay un desorden que explica en parte la distancia a la que está Chile de cumplir con los estándares que fija la Convención de los Derechos del Niño, que firmó hace 20 años.

Hoy, por ejemplo, no se sabe cuánto le cuesta al Estado mantener a un joven en uno de esos centros. Algunas fuentes entienden que es por sobre los 2 millones y medio de pesos mensuales. Pero Estrada no puede ni confirmarlo ni desmentirlo.

-Estamos terminando recién ahora un estudio de costos de todos los centros de privación de libertad de menores del país. Porque lo único que había al respecto era una investigación de 2008, completamente desactualizada. Aquí los problemas de gestión son graves. No hay control financiero riguroso de cada centro –explica.

La falta de control que acusa le ha dado sorpresas desagradables en los primero meses en el cargo. Un ejemplo es un centro en el sur que gastó en un año 20 millones de pesos en teléfonos celulares:

-Cuando pregunté el motivo de esa cifra, me dijeron: “Es que el reglamento dice que los jóvenes se tienen que comunicar con sus familias”. Claro que se que tienen que comunicar pero ¡¿Quién dijo que tenía que ser por celular?! Entonces me explicaron que optaron por el celular “porque era más cómodo”. Yo pienso que en realidad lo hicieron porque era plata pública y nadie los controlaba.

EL HOGAR DEL TILA

Otro de los centros que despierta fuertes críticas es la sección juvenil de la Cárcel de Puente Alto. Ese lugar tiene un pasado siniestro. Durante la década de los ‘80 y ‘90 se transformó en el agujero donde la sociedad chilena envió a cerca de diez mil niños. Algunos llegaban allí porque los habían abandonado; otros porque les pegaban en sus casas o abusaban de ellos; también eran encerrados en ese centro los que habían cometido algún delito. En esos años el sistema decía que a los niños no había que juzgarlos, sino protegerlos. Y se cumplía esa tarea en Puente Alto, al interior de una cárcel de adultos, donde la violación entre los mismos niños era cotidiana.

Ese infierno fue descrito en varios informes que nadie parecía leer. Uno de ellos, fue hecho por Sergio Avalos en 1985 y afirmaba que “estos menores son bombas de tiempo para sí mismos y para la sociedad. En estas condiciones, ¿qué se puede esperar sino futuros adultos traumatizados, psicópatas, bandas de crueles delincuentes vengativos y violadores?”. La profecía resultó exacta, pues en esa cárcel se “formaron” varios de los más despiadados asaltantes que dieron vida a la página roja de los ‘90 y del ‘2000, entre ellos el Tila, también conocido como el “Sicópata de La Dehesa”.

Hoy Puente Alto sigue recibiendo jóvenes y aunque están separados del mundo de los adultos, los visitadores critican el recinto duramente. El representante de la Fundación Tierra Esperanza escribió en su informe: “Este centro resulta definitivamente inadecuado para la reinserción social. La pequeñez del espacio y el mal estado en que se encuentra genera condiciones de hacinamiento y promiscuidad que replica las de cualquier cárcel y que complotan con el desarrollo vital de los adolescentes”.

Un segundo especialista, enviado por la Universidad Católica, concordó: “Resulta evidente que corresponde a una verdadera cárcel juvenil con un trato absolutamente penitenciario y donde además existe una ostensible falta de recursos derivada de la sobre población general del recinto”.

Esta cárcel revela otro grave defecto que afecta a todo el sistema. No tiene cursos ni talleres. Cuando se puso en marcha el sistema, hace tres años, las autoridades se comprometieron a que los jóvenes encontrarían en estos centros las oportunidades que no tuvieron afuera. No solo se harían responsables de los delitos cometidos, sino que se les abrirían puertas para que al salir pudieran optar por otros caminos.

Pero en muchos centros la oferta educativa es inexistente. En el Centro de San Bernardo los visitadores reclaman que los cursos son completamente inadecuados. No hay cursos de computación, por ejemplo. En cambio, se les ofrecen aprender talleres de madera, cuero, fabricación de peluches y de mosaicos. El sistema implícitamente parece esperar que el joven que ha robado se vuelva talabartero.

Ese centro también tiene una historia dura. Se inauguró en los ‘90, de la mano de la firma de la Convención de los Derechos del Niño. Como un signo del cambio de trato que la democracia daría a los niños, este centro recibió el nombre de “Tiempo Joven”. Pero en 1996, a dos años de su inauguración, el Relator especial de las Naciones Unidas, Nigel Rodley, indicó que las medidas de castigo adoptadas ahí constituían un trato “cruel, inhumano y degradante”. El relator afirmó sentirse choqueado por las condiciones bajo las cuales se castigaba a los menores. Y describió: “Las celdas de castigo son container. Los menores son encerrados allí por varios días por orden judicial en completo aislamiento, sin posibilidad de realizar ninguna actividad y sin poder comunicarse con nadie.”

Los castigos no son tema en el informe de los visitadores de junio de este año, entre los que se encontraba un representante de la Unicef. Pero sí el ambiente de cárcel que impera en este centro. “En la última semana se han generado agresiones de un interno a aproximadamente 3 jóvenes con un estoque fabricado artesanalmente, causando incluso perforación de pulmón”. El visitante de la Unicef concluye que aunque hay aspecto destacables, el centro es “inhóspito, frío y gravemente sobrepoblado”.

En varios centros para menores que delinquen, el encierro se intenta aprovechar para completar la educación básica y media. El proceso no es fácil. Los jóvenes tienen graves deficiencias. En el centro de Coronel, el representante de la Defensoría contabilizó a siete jóvenes analfabetos que, sin embargo, no estaban recibiendo ninguna instrucción. En el centro de Iquique los supervisores sospecharon de la calidad de los cursos realizados: “En materia educativa no hay avances, sino retrocesos. Actualmente la educación, impartida por la Serpaj, consta de sólo tres horas de clases a la semana y permite nivelar dos y tres cursos en un año. Se puede deducir que la calidad y la profundidad de los aprendizajes no es satisfactoria”.

La sospecha se acrecienta porque el día de la visita sólo había un interno en clases, en una sala que “además de desaseada, no cuenta con pizarra ni mesas adecuadas”. Este centro, además, está sobrepoblado. En habitaciones hechas para dos, duermen tres, por lo tanto uno lo hace en el piso.

Un hecho más grave aún del centro de Iquique quedó en la nebulosa. La comisión detectó que el personal a cargo había habilitado “un espacio que los jóvenes conocen como ‘el hoyo’ o ‘la cueva de los Pincheira’, en el subterráneo de la Casa 4. La comisión no obtuvo antecedentes claros y concluyentes respecto de su uso”. Con inquietud los fiscalizadores piden al Sename, “un informe detallado respecto al uso del subterráneo de la Casa 4, qué jóvenes han sido dispuestos ahí, por qué motivos y por cuánto tiempo”.

SE PERDIO LA FISCALIZACION

En varios centros los informadores repiten que lo que están constatando ya lo habían acusado en la visita anterior. ¿Por qué sigue sin cambiar? Francisco Estrada explica que esto se debe a varias razones, pero principalmente a que la administración anterior consideraba estos informes “un problema”.

-Estos informes no eran un instrumento que se ocupara para diseñar la política del Sename. Eran un cacho, porque llegaban y había que responderlos. Ahora, con estos informes voy a pedir el presupuesto del próximo año -asegura.

Pero Estrada atribuye también a otro motivo el que las cosas permanecieran por largo tiempo sin solución: “A nivel regional el Sename estaba capturado por partidos políticos.” Y detalla: “En el centro de Coronel, por ejemplo, había cinco familiares de funcionarios trabajando. El director del centro de Coronel me decía que ponía algunos límites a la asociación de funcionarios, pero después, la asociación iba a negociar políticamente con el director regional y le quitaban el piso”.

La cooptación política, dice Estrada, provocaba malas prácticas al interior del Sename. “Hoy el 90% del Sename está en lista uno. Eso es irreal. Tampoco significa que voy a echar a cien personas a fin de año, pero hay gente que no está haciendo bien la pega. Mire, allá, dos oficinas al lado de la mía, ¡encontramos un sumario que estuvo perdido cuatro años!”.

-¿Y que contenía ese sumario para que se perdiera?
-En 2004 un niño se suicidó en un centro de San Joaquín. Había tenido incidentes anteriores y no lo supervisaron adecuadamente. Se ahorcó una noche en 2004, y el sumario fue determinando responsabilidades hasta que se perdió, hace cuatro años. Cuando hice un nuevo sumario para averiguar por qué se había perdido, las faltas habían prescrito. En esa investigación declaró el ocupante anterior de la oficina donde se encontró el sumario y dijo: “Ah, es que yo no me preocupé de lo que estaba en la oficina”. Una respuesta insatisfactoria. Y ese no es el único caso. Hubo otro sumario que estuvo dos años perdido.

-¿Qué puede hacer usted?
-Con esos casos, nada. Están prescritos. Pero una de nuestras tareas es impedir que eso pase de nuevo.

Crisis en el sistema de protección de niños abandonados: el rostro invisible del Bicentenario

Benjamín murió en julio del año pasado tras recibir una golpiza de su madre. Andrea Contreras ( 26 años), sostuvo que el niño había caído por la escalera de su casa y solo confesó en mayo último, acorralada por un informe de la Brigada de Homicidios en el que familiares y vecinos relataron lo violenta que era con el pequeño. Como cuando se orinaba en la cama y ella lo metía vestido a la ducha fría. O lo cacheteaba con fuerza. O lo mordía sin piedad y le dejaba pequeñas cicatrices que formaban un círculo en su piel, como cuentas de un rosario. Las mismas que el tanatólogo describe en la autopsia. En el clímax de su ira, lo lanzaba por la escalera.

A veces el resto de la familia rescataba a Benjamín de esas palizas. Pero no siempre.

Una hermana de la mujer contó ante la fiscalía que un día vio al niño con la boca hinchada. Cuando le preguntó qué le había pasado, él balbuceó: mamá botó escalera a mí.

-Lo abracé y le hice cariño, pero cuando llegó mi hermana, me fui a la pieza para evitar problemas –dijo la joven.

Interrogado sobre el día del crimen, el padrastro del niño contó a la fiscalía: “Ese sábado me levanté a las 10. Fui a ver a Benjamín y me di cuenta que se había orinado, por lo que le dije despacio, “¡te measte, huevón!”. Él tomó la frazada y se escondió bajo ella. En ese momento llegó Andrea y comenzó a retarlo como siempre. Yo ya sabía lo que venía y para no calentarme la cabeza salí de la casa”.

Lo que “venía” lo confesó la propia madre ante Investigaciones:

“Le grité que se bajara de la cama. Benjamín me miraba fijamente, no me decía nada. No lloraba. Ahí me vino la cosa. Todo se me juntó. Lo tomé con los dos brazos, lo levante de la cama y lo zamarreé muy fuerte, más que otras veces. Y como estaba cerca de la muralla de ladrillo, se azotó la cabeza contra el muro, súper fuerte. Dos o tres veces…”.

Cuando el padrastro regresó ya era tarde: “Lo encontré con los ojos abiertos. Le dije, ‘qué pasó papito, ¿se hizo pipí?’. Pero no me respondió. Le tomé las manos para sentarlo, pero se desvanecía. Lo tomé en brazos y lo bajé. Lo senté en un sillón y se caía para el lado”.

Benjamín tenía tres años. La mayor parte de su vida la pasó internado en un hogar para niños abandonados. Y fue una institución colaboradora del Servicio Nacional de Menores (Sename) la que avaló, con un informe, que el pequeño regresara a casa, con Andrea, a la que le decía “tía”, como a los adultos del hogar en el que había crecido.

Benjamín alcanzó a estar ahí tres meses antes de morir. Según los antecedentes recopilados por la fiscalía, los tres hermanos del pequeño también habían sido internados en 2006 a consecuencias de la violencia de la que fueron víctimas por parte del conviviente de su abuela, en cuya casa vivían. En ese período el padre fue condenado por robo y Andrea partió sola al norte a buscar fortuna. Volvió embarazada de Benjamín y apenas lo parió, también lo entregó al hogar.

Cuando al padre le dieron la salida dominical, en mayo de 2008, los niños estaban en un hogar de la Fundación Koinomadelfia. La pareja empezó a visitar a sus hijos intentando rearmar la familia. Pero en la fundación opinaron que ellos no estaban aptos para recibir a los niños.

Por ello el juez de familia puso como condición que los padres entraran a un programa de fortalecimiento parental: debían recibir educación y asesoría para, fundamentalmente, aprender a cuidar a sus hijos.

La institución a cargo de ese proceso fue la Corporación Chasqui. Y el resultado lo registra un informe de Koinomadelfia entregado al tribunal: “Chasqui trabajó en especial con la madre a fin de potenciar las habilidades maternales necesarias para revertir la causa de ingreso de los niños”. Y como los especialistas de Koinomadelfia “no observaban una vinculación estrecha entre la madre y los hijos”, no aceptaron el regreso de los niños con su madre.

Lo que ninguna de las dos instituciones detectó fue la violencia a la que era sometido Benjamín. Una violencia tan extrema que la doctora que lo recibió en el servicio de urgencia graficó así: “Es como si al niño le hubiera pasado un camión por encima. Tenía muchas lesiones internas, atribuibles a ese momento. Pero también tiene gran cantidad de lesiones externas que son antiguas”.

Ese informe, la autopsia y los testimonios recogidos entre los familiares por la Brigada de Homicidios de la PDI, muestran que Benjamín fue torturado durante sus últimos tres meses de vida, exactamente el tiempo que vivió con su madre luego de salir del hogar de menores. Durante ese tiempo, la familia de Benjamín vio y escuchó sus llantos, pero miró hacia el techo. Para “evitarse problemas”, como dicen el conviviente y la hermana de la mujer.

Tan grave como esa actitud es que los organismos que debían velar por la integridad de Benjamín, y también de sus hermanos, no percibieron la violencia y el peligro que lo acechaba a pesar de sus huellas externas. Una responsabilidad mayor le cabe a los profesionales de Chasqui, los que según los informes, visitaban a la familia y debían enseñarle a Andrea “habilidades parentales”. CIPER contactó a dicha corporación, la que declinó explicar lo ocurrido.

Las indagaciones realizadas por CIPER en la fiscalía indican que según la normativa vigente no habría antecedentes para imputar responsabilidad penal a la institución encargada del proceso de reeducación de los padres. El Sename tampoco ha sancionado a nadie por este crimen. Su director, Francisco Estrada, piensa que no sería justo hacerlo. Cuando el niño murió -antes de que se constatara que era un crimen-, se citó a los supervisores del Sename, de Koinomadelfia y de Chasqui para saber qué había pasado:

-Quedó en evidencia que la persona encargada de evaluar y trabajar con la familia de Benjamín, no tenía los conocimientos necesarios. Por ejemplo, hablaba de “apego” sin saber qué era eso ni cómo se fortalecía. Ahora, el problema es este: el Sename le paga a organismos como Chasqui, alrededor de $40 mil mensuales por niño atendido en este tipo de programas. Con esa plata, las instituciones no pueden tener gente calificada, con post título, sino recién egresados. Por ello, no me parece justo crucificar los programas, porque el problema también pasa por cuánto pagamos y cuánta capacitación ofrecemos -explica Estrada.

Lo grave es que la historia de Benjamín se repitió sólo unos meses después: en diciembre de 2009 murió en similares circunstancias el pequeño Daniel Maldonado, de tan sólo 2 años (ver recuadro).

“NO QUIERO VIVIR”

G. no quiere vivir. G. tiene 14 años y para matarse ha ingerido hasta veneno para ratas. También se ha cortado las venas. Y cada vez que puede huye de los hogares donde ha sido internada. Ya en la calle, tiene sexo con desconocidos y se droga. La jueza que ha seguido su historia desde que llegó al tribunal a sus 11 años, dice que G. tiene los ojos más tristes que haya visto en una niña.

A esa magistrada, G. le ha dicho una y otra vez que no quiere vivir más.

A los 11 años G. tuvo una hepatitis fulminante y su hígado quedó inutilizado. Desde entonces le han hecho tres transplantes para salvarle la vida. En cada ocasión, por su grave estado, ha ocupado el primer lugar en la lista nacional donde esperan con angustia quienes requieren un hígado y sí quieren vivir.

G. no toma los remedios y tampoco come la dieta especial que necesita un trasplantado. Por boca de la propia doctora que atiende a G., la jueza supo que la niña ya no resistirá otro transplante. El tercero fue su última oportunidad.

Con excepción de su condición de transplantada, la biografía de G. tiene muchos puntos comunes con la vida del grueso de los niños abandonados. Apenas nacida, su madre la dejó en la casa de sus tíos, en el sur, para probar suerte en Santiago. A los 11 años, cuando la trajeron en medio de su crisis hepática, reveló haber sido abusada por un pariente. Los exámenes mostraron que presentaba lesiones genitales compatibles con tal abuso. A partir de ahí empezó a deambular por hogares del Sename para luego escaparse una y otra vez. A su paso dejó huellas de intentos suicidas y de ataques a otros niños hasta convertirse en una niña cada vez más incontrolable.

G. es una prueba de que en este mundo, al menos para algunos, hay mucho más castigo que crimen, como dice Corman McCarthy en su desoladora novela La Carretera. Al igual que el niño de esa historia, G. solo ha encontrado a su paso hostilidad y ningún lugar que la acoja. No es la única niña o niño que vive en Chile en la intemperie.

La crisis que evidencia desde hace años el sistema de protección de niños y niñas vulnerables de nuestro país no es foco de urgencia de la agenda pública. A pesar de que los especialistas y quienes trabajan con ellos saben que las consecuencias las sufren miles: las familias más pobres y, en especial, los niños que viven en los márgenes de nuestra sociedad. En su origen, esa crisis tiene directa relación con la falta de recursos para hacer frente a un tipo de problemas que antes no llegaba a la red del Sename y que ahora es mayoría.

Un estudio de la Unicef dado a conocer en agosto de este año muestra que hasta comienzos de esta década el Sename y su red fundamentalmente atendía a niños y niñas pobres.

-La mayor parte de los menores internados no había sufrido maltrato. El problema era que sus familias no podían mantenerlos. Los hogares eran usados como una estrategia de superación de la pobreza y también como una forma de educar -explica el sociólogo Víctor Martínez, uno de los autores del estudio.

De hecho, muchos niños no eran arrebatados a sus familias, sino que eran entregados por los mismos padres, convencidos de que en un hogar estatal estarían mejor.

Gracias a la Convención de los Derechos del Niño, a la que Chile adhirió hace justo 20 años, las autoridades buscaron solucionar los problemas de pobreza de otra forma. De hecho, los jueces de familia, antes muy proclives a la internación, hoy recurren a ella como última instancia, cuando las redes familiares y comunitarias no dan respuesta al problema.

El resultado ha sido el cierre de muchos hogares por falta de niños. Entre diciembre de 2007 y diciembre de 2009 dejaron de operar unos 60 hogares, lo que equivale a un 15% por ciento de los centros que trabajan con Sename. En lo que va de 2010, se cerraron otros 12 centros, tres de ellos fueron clausurados por decisión del Estado: dos del Ejército de Salvación, a causa de la violencia que recibían los internos; y una residencia de la IX Región por “incumplimiento en los ámbitos técnico y financiero además de carencia de insumos básicos para los niños”. Los otros nueve cesaron en sus funciones por falta de menores.

Hoy más del 70% de los 11 mil niños y niñas que están en los hogares ingresa por algún grado de maltrato en sus familias, afirman en el Sename. El rostro y ritmo de estos hogares también cambió en la misma medida que se comenzaron a poblar por los menores más difíciles: chicos que han vivido en la calle (“socialización callejera” lo llaman los expertos), que son adictos, han sido abusados o tienen secuelas graves en su comportamiento. Como el famoso Cisarro que a sus 10 años puso de cabeza a todo el sistema de protección y sólo recientemente ha comenzado un proceso de rehabilitación calificada.

Hace algunos años el sistema rechazaba a niños como Cisarro. Hoy no lo hace, pero no tiene los recursos para enfrentar el problema con un sistema de rehabilitación eficiente y especializada. En los hechos, los niños que hacen daño a otros o son un riesgo para sí mismos siguen siendo rechazados. La historia de G. que hemos relatado da prueba de ello.

El tercer transplante de hígado de G. ocurrió en septiembre de 2008. La dieron de alta en abril del año siguiente. Fue enviada a la casa de una guardadora que ya la conocía. La mujer no quería recibirla. Y tenía sus razones: G. había atacado a su hijo. Pero igual G. desembarcó en su casa. Poco después G. volvió a la calle. Lo previsible ocurrió: en octubre de 2009 debió volver al hospital. Una vez que se recuperó, el tribunal le buscó cupo en otra institución. Para entonces su compleja situación ya era conocida en el sistema por lo que varias instituciones respondieron que no tenían cupo.

La solución transitoria fue enviarla a un Centro de Tránsito y Diagnóstico (CTD) del Sename. G. volvió a huir. La jueza que lleva su custodia dio orden de búsqueda. G. fue encontrada y llevada de regreso al CTD. Pero volvió a escapar. Nueva orden de búsqueda, captura e internación. Y siempre al final la huída. Y en cada escape, G. ingería droga y hasta cloro para borrarse. Porque cada vez que ha vuelto donde la jueza, G. sólo le dice que quiere morir. Ante esa dramática situación, a la jueza sólo le queda “mendigar un cupo” en el sistema para encontrarle un espacio a la niña que ya no quiere vivir.

La jueza y todos los especialistas por los que ha pasado en estos años G., saben que lo que ella requiere, y con urgencia, es un centro psiquiátrico donde pueda, además de curar su depresión, recibir atención para su hígado. Pero algo así no existe en el sistema público. G. seguirá deambulando sin rumbo mientras su hígado y sus intentos suicidas le van acortando los minutos.

ABUSO SEXUAL EN LA OCTAVA REGION

La crisis derivada de la falta de recursos para hacer frente a la compleja situación de niños abandonados y en riesgo, no sólo se vive en Santiago. Francisco Estrada, director del Sename, relata el problema que ocurre en la Octava Región por la misma falta de centros especializados. Allí funciona un hogar al que llegan niñas abandonadas, abusadas y también aquellas que son víctimas del comercio sexual infantil. Todas tienen una carencia en común: un vacío afectivo. Un hoyo que genera efectos nocivos.

-Las niñas que han entrado en el comercio sexual son seducidas por adultos manipuladores. Y estas chicas buscan a otras niñas, en el mismo hogar, para llevárselas a los amigos, pololo o parejas. Eso genera situaciones muy difíciles de manejar –afirma Estrada.

Estrada tiene claro que el subsidio que entrega el Sename a las instituciones que colaboran en la rehabilitación es insuficiente. “En el caso de un niño abandonado sin un gran nivel de complejidad, estamos pagando alrededor del 60% de lo que se necesita para brindar una atención de calidad”. Y acota: “Pero en casos de mayor complejidad, donde los chicos están dañados, pienso que estamos pagando un tercio, y con suerte”.

Llevado a números, esa afirmación implica que si el Sename paga $150 mil por atender a un niño abandonado, lo adecuado sería que pagara $250 mil. Cuando se trata de chicos con cuadros más complejos, por los que se cancela $197 mil, lo correcto sería desembolsar alrededor de $600 mil.

Este déficit ha ido generando un enorme nudo ciego en el sistema. Esto llevó a un grupo de jueces de familia de Santiago, encabezados por Mónica Jeldres, a presentarle al ministro de Justicia una docena de casos límite como ejemplo de situaciones a las que el sistema no está dando respuesta.

La reunión fue a fines de mayo. Tuvo alto impacto producto de la foto que acompañaba uno de los casos: una joven con graves problemas neuronales amarrada en un centro de Coanil, en el que era atendida. La imagen produjo escándalo. La jueza Jeldres no culpó al Sename ni a Coanil ni a los profesionales que cuidaban a la muchacha. Argumentó que dado el cuadro clínico de la joven, la que tenía que estar bajo permanente control pues podía atentar contra su vida, ése fue el único cuidado al alcance del presupuesto disponible: amarrarla.

–El problema es que en Chile existen muchos casos dramáticos y no existen los recursos para atenderlos –afirmó a CIPER la jueza Jeldres.

Esa falta de recursos para atender los casos difíciles es la que provoca que las instituciones se “peloteen” a los niños de un lado a otro. Como papas calientes. Una situación que Jeldres conoce bien: “La respuesta del Sename frente a los niños más complejos es que no corresponden al perfil de los que ellos atienden, y que éstos deberían ser recibidos por el servicio de Salud. Sin embargo, el sistema de Salud tampoco responde. Esto genera mucho estrés en los magistrados porque igualmente tienen que resolver el destino de los niños y enviarlos a alguna parte”.

¿A dónde? El proceso de G. lo ilustra: a la deambulación sin rumbo.

ORDENAR LOS PAPELES

La magistrada Mónica Jeldres puede decir con propiedad que hay áreas donde faltan recursos. Por orden de la Corte Suprema y con la supervisión del ministro Héctor Carreño, la jueza encabezó durante 2009 una mesa de trabajo bautizada como “Comisión Despeje”. Junto al Sename, lograron racionalizar recursos y bajar las listas de espera sin que se gastara un peso más.

Un ejemplo fue lo logrado con los Programas de Diagnóstico Ambulatorio (DAM), por el cual los jueces envían a los niños para que sean evaluados por especialistas. En Santiago, los DAM tenían una demora de 11 meses y eso implicaba que los magistrados debían posponer durante meses las audiencias esperando los informes necesarios para resolver sobre el destino de los niños.

Un chico golpeado o una niña abandonada en la calle, por ejemplo, podían pasar un año hasta que su solicitud llegara a la cima de la ruma de informes. Y en ese alto de papeles el sistema no daba prioridad a los casos más graves. Sólo operaba el orden de llegada.

Como los niños en alto peligro no podían seguir esperando, los jueces resolvían usando su propio criterio. El informe ya no era necesario, pero se hacía de todos modos. Y cuando llegaba al tribunal, se adjuntaba como un “téngase presente”, sin alterar el destino del menor que, a esas alturas, podía ser muy distinto.

En esa parodia de protección, el Sename gastaba anualmente $4 mil millones.

Lo realmente grave es que la espera a que se sometía a los niños más vulnerables no se debía al cuello de botella que generaba una gran cantidad de niños maltratados, sino a que se realizaban más informes de los necesarios.

–Los encargados del DAM nos decían que teníamos que pedir “un informe sicológico y social respecto del niño y su familia”. Y como lo decía el experto, lo pedíamos de esa manera. Grande fue nuestra sorpresa cuando supimos que eso implicaba dos informes por niño –uno sicológico y otro social– y dos informes por cada integrante de su familia –explica la magistrada Mónica Jeldres.

Cada informe le cuesta al Estado poco más de $100 mil, por lo que en un solo niño se podía llegar a gastar $700 mil, dependiendo del grupo familiar. Y la diferencia entre un informe y otro era mínima. “Era mucho copy paste”, dicen varios magistrados que conocieron esos informes.

Para la institución encargada de hacer estos diagnósticos, el sistema le reportaba beneficios. No ganaban más, pues cada institución licita con el Sename una cantidad fija de informes mensuales, sino que a las instituciones les resultaba más rentable hacer seis informes por niño entrevistando a una familia en una sola casa, que hacer un solo informe a distintos niños, debiendo recorrer la ciudad. Al mismo tiempo, al tener una enorme lista de espera, las instituciones mostraban ante el Sename lo imprescindibles que eran. Un punto clave a la hora de renovar su licitación.

Como fruto del trabajo de la “Comisión Despeje” los magistrados empezaron a pedir a los DAM “informes integrados”. Es decir, uno solo por el niño y su familia. Las listas de espera bajaron de 11 meses a cero.

No ocurrió lo mismo con otros programas destinados a niños con más daños. En la “intervención especializada” y la “reparación de maltrato grave”, por ejemplo, la espera cayó de un año a nueve meses, lo que constituye una falta grave a la protección de los menores en riesgo.

–Sólo imagine lo que ocurre cuando me llega un niño que presenta un consumo abusivo de droga. ¿Qué pasa con ese chiquillo si tiene que esperar nueve meses para recibir atención? –pregunta Jeldres.

Cuando el niño logra un cupo para ser atendido en un programa especializado, no se acaba la incertidumbre. Aunque parezca increíble, no hay estudios que demuestren la efectividad de los tratamientos que hoy se aplican. Los jueces los envían a los diversos programas y suponen que van a salir de ahí recuperados. Pero no les consta.

–Se ha mejorado la gestión, pero ahora hay que hacer gestión de calidad. Ya es hora de que empecemos a preguntarnos cómo están saliendo los niños que han pasado por estos programas. Creo que eso es lo que viene ahora –afirma Mónica Jeldres.

LO DEJÓ MORIR POR MIEDO A LA JUSTICIA

La historia de Daniel Maldonado es parecida a la de Benjamín. Algún eslabón del sistema de la red del Sename debió haber impedido que regresara con su madre. Pero los informes, contradictorios o incompletos, no permitieron que ello ocurriera. Y Daniel abandonó el hogar a donde fue enviado para garantizar su protección.

Apenas nació, Daniel fue dado en adopción. Así lo quiso su madre. Pero la ley obliga a iniciar un proceso. Un tribunal de familia le dio a la madre un plazo de 30 días para confirmar o anular su decisión. Cumplido el plazo, Sandra del Carmen Ampuero se retractó. En ese momento, Daniel estaba bajo la protección de la Fundación Esperanza. Y en su informe, esa institución concluyó que la madre no era apta para cuidar de su hijo: no debían entregárselo.

El tribunal pidió la opinión del Sename. La jueza Mónica Jeldres, que conoció el caso, recuerda que convinieron que en 30 días el Sename tenía que presentar un informe evaluando las aptitudes de Sandra Ampuero. El informe nunca llegó. Daniel fue entregado a su madre.

Antes de dos años se verían las consecuencias. Así relató Sandra Ampuero lo que ocurrió ese martes 22 de diciembre de 2009, cuando su conviviente Cristian Eduardo Palma Yánez, quien trabajaba limpiando vidrios, comenzó a golpear a su hijo.

Todo se inició en la madrugada del domingo 20 de diciembre, cuando Daniel comenzó a llorar…

“Mi pareja lo cacheteó 3 ó 4 veces, fuerte. Yo estaba en el baño con la puerta abierta y tuve que salir para defenderlo. Y vi que además lo estaba zarandeando. El niño estaba sentado en la cama. Lo agarró con ambas manos, de un poquito más debajo de los hombros y la cabeza se movía de adelante hacia atrás, muy fuerte. El niño lloraba, pero no le salían lágrimas. Yo le dije que lo dejara tranquilo. Él lo tiró a la cama y el niño se azotó la parte de atrás del cuerpo y la cabeza contra la pared. Mi pareja se fue a acostar. Lloraba sin lágrimas mi hijo. Era como un murmullo… Tenía la cara colorada. Yo no noté nada extraño. Me quedé con él y a los cinco minutos se quedó dormido, como súper encogido”.

“El domingo, como a las ocho y media, el niño despertó temprano llamando al papá… La cara de mi hijo estaba hinchada y colorada. La espalda estaba roja, la cabeza un poquito hinchada. Estaba afiebrado. No lo llevé a la posta. Le di una aspirina y lo volví a acostar. Se tomó la mitad de la leche. Nos levantamos, tomamos desayuno y salimos como a las 12.30. Nos fuimos a la calle Meiggs con el niño. Volvimos en la noche a la casa, como a las 22: 30. Le limpié el potito y le di agüita de hierba. La leche no me la recibió. Durmió toda la noche. El lunes amaneció normal. Como a las 11:00 despertó afiebrado. Me tomó un poco de leche y la vomitó. Mi pareja se había ido a trabajar”.

“No lo llevé al doctor porque quería tratar de arreglarlo sola, para que no tuviéramos problemas con la justicia porque estaba claro que mi pareja le había pegado y yo lo quería mucho”.

“Le di almuerzo como a la una: vienesas con arroz. Comió un poquito. Quería que yo lo tomara en brazos para dormir. Pero no durmió. Lo dejé acostado en su cama. Cuando lo fui a ver, estaba mirando hacia arriba. Miraba pero ni se movía ni hablaba. Ahí me asusté. Lo levanté. No reaccionó. Lo mojé con agua…, la carita, los brazos, el cuerpo. Le fregué las piernas con alcohol. Llamé a la ambulancia”.

“Jamás pensé que mi hijo se iba a morir. Yo quería a mi hijo y me doy cuenta de que si lo hubiera llevado inmediatamente a la posta se hubiera podido salvar. Tengo rabia. Impotencia.”

Sandra está en la cárcel. Su pareja Cristian Eduardo Palma Yánez, también. La paradoja es que Cristián conocía bien el Sename. A los 17 años estuvo preso en “Tiempo Joven” por robo con fuerza.

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J.E. García Huidobro: “Este sistema educativo está hecho para mantener las diferencias de clases”

En estos días el ministro de Educación se prepara anímica y mediáticamente para dar una pelea contra el gremio de los profesores. Quiere lograr, entre otras cosas, que los directores puedan remover al 5 % de los docentes de sus establecimientos. Así planteado el escenario por Joaquín Lavín, pareciera que despedir maestros fuera el primer gran paso para sacar a la educación chilena de su estado actual y tener profesores de calidad.

Juan Eduardo García Huidobro, decano de la Facultad de Educación de la Universidad Alberto Hurtado, no niega que tener profesores de calidad sea una tarea acuciante, pero cree que el drama en este ámbito no se reduce a los educadores ni se soluciona con despidos.

Para García Huidobro, el eje está en la “brutal desigualdad” de nuestro país. Desigualdad que se manifiesta en la sala de clases, que explota en la encuesta CASEN y que estaba en el corazón del “Movimiento Pingüino” como bien sabe él, pues le tocó presidir el Comité Asesor Presidencial que convocó Michelle Bachelet para resolver el tema.

-Los pingüinos fueron un grito brutal. Decían: ‘hicimos un esfuerzo, llegamos a cuarto medio, tenemos que dar la PSU, pero venimos del colegio X y nunca vamos a sacar lo que obtuvo la niñita del Santiago College. Hicimos un esfuerzo pero la sociedad nos ofrece un sistema que no respeta nuestros derechos y es perfectamente desigual”, afirma García Huidobro, recordando la rebelión que puso la desigualdad en la educación en el primer punto de la agenda.

En estos días, otro comité entregó al ministro Lavín una serie de propuestas en las que no aparece este tema. Con todo, a este decano le parece que las propuestas constituyen “la reforma posible” y en ese sentido las valora como un avance.

-Cuando partió la comisión de Lavín sus integrantes decían que esta es una comisión técnica, a diferencia de la que convocó la presidenta Bachelet…
Claro, es tan técnica que no hay nadie que dedique su vida a formar profesores… A mí, en realidad, me parece más bien una comisión de políticos, no de técnicos, pues predomina gente que tiene posiciones políticas, como Harald Beyer, Patricia Matte, más el conjunto de ex ministros de la Concertación. Mi impresión es que es una comisión que busca ampliar el espectro gubernamental, ampliar un cierto consenso respecto de lo que es posible hoy.

-El consenso parece apuntar a mejorar la calidad de los profesores. ¿Qué opina de eso?
Es positivo que haya acuerdo en ese tema. Sin embargo, estoy convencido de que esa no es la bala de plata que algunos creen. Primero, porque nunca en educación vamos a poder arreglar las cosas colocándole solo una pata a la mesa, por fuerte que ella sea. Sobre todo si tenemos un sistema hecho pedazos en términos de segregación social, con diferencias tan brutales. Si no nos preocupamos de la desigualdad de manera importante, estas políticas docentes pueden ser el merengue de una torta inexistente.

“Si no nos preocupamos de la desigualdad de manera importante, estas propuestas pueden ser el merengue de una torta inexistente”

-Para usted, entonces, el tema más relevante es el de la desigualdad.
Sí. Pero no quiero decir que tener docentes de calidad no sea importante. Lo que digo es que no es el único problema. Porque lo que se puede lograr con buenos profesores en un sistema igualitario no es lo mismo en un sistema como el nuestro. A los profesores macanudos que queremos formar les va a tocar ir a trabajar a una escuelita donde están todos los niños pobres, cuyos padres tienen escasa escolaridad. Así, es muy probable que la escuela siga estando en rojo en el mapa del ministro Lavín.

-¿Qué es para usted lo peor de la desigualdad: que un niño reciba una educación de $300 mil y otro se eduque con $30 mil?
No solamente eso. Porque junto al colegio de $30 mil hay otro de $50 mil, donde van las familias que pueden pagar un poco más; y más allá otro de $100 mil y así para arriba. Entonces, el efecto no es sólo que unos pocos tienen una educación más enriquecida, sino que todos se educan sin vasos comunicantes. Este sistema, como dijo la OECD en 2003, está hecho para mantener las diferencias de clase y no para superarlas. Y ese es un problema gravísimo de nuestro país. Ahora mismo nos estamos haciendo el harakiri con la Casen porque aumentaron los pobres. Sin embargo, nadie dice que aumentaron los pobres mientras sigue habiendo un sector que percibe beneficios 11 veces más altos que el 10% más pobre. Esas son nuestras tremendas desigualdades, un tema que no se toca. Miramos a Finlandia porque tiene buenos profesores, pero no vemos que es el país que tiene la menor desigualdad social del mundo.

-¿Qué le parece la idea de semaforizar la educación?
Esa idea tiene dos cosas complicadas. Primero, que como existe una tremenda asociación entre el nivel socioeconómico del niño y sus resultados escolares (asociación que nos vamos a demorar 20 años en cambiar), yo podría hacer el semáforo sin mirar el Simce. Puedo hacer el mapa de las zonas rojas antes de la prueba, viendo puros datos “no educativos”. Y me va a resultar más o menos igual al que hará el ministro. Por lo tanto, es un esfuerzo que no tiene mucho sentido. Segundo, si lo que quiero es darle información a la familia sobre cuáles son las buenas y las malas escuelas, tengo que medir de otra manera. No puedo comparar el promedio simple del Simce de un colegio pagado en Las Condes con el de una escuelita municipal de Tirúa. No tiene sentido hacer eso. Tengo que entregar otro tipo de medidas. Por ejemplo indicar cuáles son las escuelas que logran mejorar más, respecto del origen de sus alumnos; o al menos las que están mejorando.

“Este sistema, como dijo la OECD en 2003, está hecho para mantener las diferencias de clase y no para superarlas”

-¿Cree que ese mapa estigmatizará a los pobres?
Honestamente me parece casi sádico decirle a una jefa de hogar que vive en una población pobre de Santiago, que todas las escuelas cercanas son rojas y que las únicas buenas quedan a 8 ó 10 kilómetros de su casa. Ella no tiene ninguna posibilidad de llevar a sus hijos a escuelas de Las Condes y tendrá que seguir enviándolos al mismo colegio. En como tirarle un fardo a la espalda y decirle “señora, está jodida”. Lo mismo para los profesores. El que trabaja en una escuela roja: ¿qué puede hacer? Tratar de huir de ahí lo antes posible. Nadie va a querer enseñar ahí. Es claramente una especie de transferencia de la responsabilidad estatal a la señora de la población. Porque es el ministro Lavín el que tiene que ver cómo el Estado mejora las escuelas rojas y no la señora que debe enviar sus hijos a esas escuelas. No me parece bien pensar que el mercado y la elección de los padres van a mejorar las escuelas. Eso no es verdad.

-Otras de las medidas que quiere tomar el ministro Lavín es permitir que los directores puedan despedir al 5% de los docentes. Y ello porque se critica mucho la inmovilidad que tienen los profesores en el sistema municipal.
Es el mismo simplismo que el mapa: tratar de reducir a fórmulas simples problemas complejos. La inamovilidad que se critica tiene un sentido: se debe a que el profesor trabaja en un servicio en el cual los jefes van rotando. Y si yo tengo un sistema que depende del poder político, y el poder político es rotativo, es normal que, para que ese sistema funcione, yo genere confianzas fuertes. Además, la inamovilidad que se critica no es tal. Se puede echar a un profesor, pero el despido está ligado a causales, a procesos justos, a la posibilidad de defenderse. Si los procedimientos son engorrosos y las causales de despido son excesivamente pacatas, discutamos eso. Pero no digamos que hay inamovilidad.

“Miramos a Finlandia porque tiene buenos profesores, pero no vemos que es el país que tiene la menor ‘desigualdad social’ del mundo”

-Muy bien, pero la idea de fondo es que abriendo la compuerta del despido, los profesores se pondrán las pilas. ¿Es un buen incentivo?
Eso es simplemente ridículo. Esto estaba bueno para los remeros de las galeras: “el que no rema, ¡cha!”. Pero aquí se necesita la astucia y la creatividad de las personas, y eso no se consigue con miedo. Cómo puede alguien pensar que un profesor va a querer a sus alumnos, les va a dar valores y les va a enseñar que la vida vale la pena vivirla, que estamos en una fraterna sociedad, si tiene que hacerlo para que no lo echen. No puede ser. Hay otro punto que me preocupa de las propuestas de los expertos de Lavín: se habla mucho sobre mejorar salarios, pero no hay nada acerca de cómo mejorar la imagen social del profesor; sobre qué hacemos con una profesión que ha sido tan vilipendiada. En los últimos años se ha dicho una y otra vez que los profesores son pésimos y que sacaron su título de cualquier manera. Hay que resolver eso porque esos profesores van a seguir trabajando durante 25 años. Hay que buscar una solución de continuidad que coloque en el imaginario la idea de que no todos los profesores son malos, sino que hay buenos y malos; y que hay muchos excelentes, como en todas las profesiones. Esto no puede ser un puro juego de plata y de incentivos. Aquí está también en juego el prestigio de 150 mil personas que se sacan la mugre todos los días y que no están siendo reconocidos. La contracara del movimiento 2020, que ha tenido muchas cosas buenas, es decirle a gente que está trabajando fuerte desde que se tituló “oye, se acabó el recreo, hay que empezar a trabajar ahora”. Algo tremendamente ofensivo.

-¿Por qué cree que ha habido esa desvalorización de la imagen del profesor?
Hay varias cosas mezcladas. Primero, hay una manera de mirar las cosas que tiene mucho más que ver con la industria de salchichas que con un proceso de educación. Esta sensación de que aquí las cosas pueden ser radicalmente distintas porque yo tomo tres o cuatro medidas y no apreciar los avances. Porque hemos tenido grandes avances. En 1990, del 10% más pobre de la población, solo el 4% ingresaba a la universidad. Hoy lo hace el 18%. Por otra parte, sólo la mitad de los alumnos terminaba la enseñanza media y hoy estamos superando el 80%. Por donde mires la escolaridad de este país ha crecido brutalmente, hasta tal punto que 7 de cada 10 estudiantes que entran hoy a la educación superior son primera generación. Estamos construyendo un país que en 10 años más va a tener una escolaridad absolutamente distinta.

-Pero ahora es muy mala.
Sí, pero ha ido mejorando. Mire, el año pasado hubo un salto en lenguaje bien impresionante. Mi expectativa era que no bajara de nuevo y este año subió poquitito. Un éxito. Y más éxito todavía porque subió matemáticas y ciencias. Sin embargo, el gobierno presentó los resultados como una catástrofe nacional. Extrañísimo, porque era la mejor noticia que hemos tenido en los últimos cinco años. A eso me refiero cuando digo que tenemos muy poco cuidado en mirar lo bueno. Los avances que hemos tenido en educación durante estos 20 años, han sido únicos en Chile. Nunca se había dado un proceso de avances tan sostenido en el tiempo a pesar de la enorme desigualdad.

“Honestamente me parece casi sádico decirle a una jefa de hogar que vive en una población pobre de Santiago, que todas las escuelas cercanas son rojas y que las únicas buenas quedan a 8 ó 10 kilómetros de su casa”

-¿Qué más ha afectado la imagen del profesor?
Claramente lo que más afectó al magisterio fue la enorme baja de salarios que hubo en Chile entre el ‘83 y el ‘90, lo que todavía estamos recuperando. Mire, estamos en una sociedad de mercado en la cual el dinero es muy importante. Si a un profesional lo remuneran mal, se crea la imagen de que es una pega mala. Yo lo veo en los chiquillos que entran a Pedagogía. Los tomo en el segundo semestre y me encuentro con dos cosas bien típicas: se han forjado un sentido muy nítido de “lo choro que es ser profesor”, porque es una pega entretenida y también en términos sociales, porque es un aporte central al país; pero tienen bien claro que se están metiendo en un forro, en una profesión desprestigiada en la que van a tener dificultades económicas toda su vida. Ahí hay un tema a resolver. Entonces, mi propuesta es hagamos un plan para duplicar los ingresos de aquí a 10 años. Creo que eso iría resolviendo muchos temas, desde la autoestima de los docentes hasta el tipo de postulante que entraría a la carrera.

-Cuando existían las escuelas normales los profesores eran los jóvenes pobres más talentosos. ¿Hoy de donde vienen los profesores?
Mire, tenemos alumnos de 500 puntos en la PSU. Y eso significa que el joven que entra a estudiar pedagogía está entre los mejores de su curso si viene de un colegio municipal de zona pobre; o está entre los peores si viene de un colegio pagado.

Saqueadores post terremoto II: La horda que nunca llegó a las casas

Hugo Harrison llegó a Concepción tres días después del terremoto. Cuando avanzaba en su auto zigzagueando entre escombros de edificios y restos humeantes de supermercados, se encontró con una turba que cortaba la calle. Calcula que eran unos 150 hombres. Estaban armados con palos, hachas y machetes. También tenían varas de coligüe de tres metros de alto en cuya punta habían amarrado cuchillos.

Harrison ya había visto el edificio Borde Río derrumbado y la horrible impronta de la torre O’Higgins, que era la más alta de la ciudad y que aún hoy sigue ahí como un enorme recordatorio del desastre. Esas visiones apocalípticas se completaron con este grupo que parecía sacado del cine futurista o del pasado de la zona del Bío bío.

“Parecía un ejército mapuche”, dice. Y agrega: “me sentí metido en la película Mad-Max”.

Harrison iba con su esposa y sus dos hijas de 3 y 5 años. El grupo lo hizo parar. Los tipos que los detuvieron tenían cuchillos. No había cómo girar el auto y devolverse. Solo había dos opciones. Acelerar y matar al que se interpusiera, o parar. Lo pensó.

Lo pensó en serio.

¿Qué habría hecho usted?

Hugo Harrison paró.

Le preguntaron a dónde iba. Él les contestó que a su casa en San Pedro de la Paz. Los tipos se miraron, miraron hacia adentro del auto (Harrison no sacaba la vista de los cuchillos), y le dijeron: “váyase”.

El encuentro duró sólo 15 segundos.

¿Qué hacía esa gente ahí? ¿Eran asaltantes? ¿Iban a saquear algo?

Harrison piensa que no le hicieron nada porque no llevaba nada de valor. Especula que tal vez estaban ahí esperando camiones con mercaderías para asaltarlos.

Aunque eso es posible, también puede ser que simplemente fueran vecinos del sector, armados para defenderse. Harrison no lo cree pues la población que estaba ahí cerca era muy pobre. “La mediaguas que están entregando a los damnificados son lujosas al lado de sus casas. Es una zona con mala fama ¿quién se iba a ir a meter a quitarles algo?”, argumenta.

Suena irracional. Pero el autor de este reportaje recorrió en cuatro oportunidades las ciudades entre Constitución y Lota y vio guardias armados tanto en barrios muy pobres como en las zonas más elegantes. En todos lados se temía a la horda, pues todos sentían que había alguien menos favorecido que los podía atacar. No hubo ciudad en que los vecinos no pasaran un par de noches preparándose para ese ataque.

Santo y seña

En esos mismos días, el subprefecto de Investigaciones José Luis López hacía rondas en Concepción. Y recuerda que lo que más lo impresionó fue la cantidad de gente armada que encontraba a su paso. La mayor parte de la ciudad estaba cortada por barricadas y con vecinos armados de pistolas, escopetas, palas, cuchillos amarrados a palos como lanzas, bates de baseball y muchas hachas, pues en esa zona la madera es muy usada para calefacción.

-Había tal cantidad de armas que ni siquiera teníamos posibilidad de fiscalizar -explica el policía.

Todos los barrios tenían otro barrio al que temer. En Concepción los vecinos de Villa Alto Palomares, -que participaron masivamente en el saqueo de las bodegas que había en su zona– temían al ataque de los de Villa Lautaro, que habían saqueado las mismas bodegas (después sabrían que los de la Lautaro también les temían a los de Palomares y que en virtud de ese mutuo miedo se pasaron varias noches en vela esperando un ataque).

En Villa Palomares decidieron identificarse con un brazalete blanco y fijaron un santo y seña con el nombre de su población en diminutivo.

-¿Quien vive?

-¡Villita palomares!

El dirigente de esa zona, Luciano Bascuñán, dice que en esas noches los patos malos locales se volvieron importantes y queridos.

-La gente les tenía confianza porque estaban protegiendo a su barrio. Todos se acercaban a ellos, los trataban como amigos. Y ellos ni siquiera tomaban un trago porque estaban dispuestos a pelear por sus vecinos.

En Talca, donde no se registraron ni de lejos los masivos saqueos a locales comerciales que se produjeron en Concepción o Talcahuano, la gente igual sintió que debía defenderse de la horda.

En la fiscalía cuentan de un condominio de sector medio alto al que se le cayó el muro perimetral. Los vecinos se organizaron porque era obvio que irían a robarles. Se armaron, bloquearon los accesos, montaron turnos. La noche del domingo vieron luces acercándose. “Vienen”, dijeron.

Dispararon al aire.

-Los que venían eran de Investigaciones y los policías también dispararon En el condominio pensaron que había llegado el momento… Investigaciones pidió refuerzos. Fue un milagro que eso no terminara mal -cuenta Isabel Hernández, abogada de la fiscalía de esa ciudad.

La abogada Hernández piensa que los chilenos aquella noche nos dejamos llevar por la histeria y por la desconfianza.

-Yo vivo en un lugar muy tranquilo, fuera de Talca, que tiene cerca una población. Nunca ha habido un problema con ellos, pero resulta que al día siguiente del terremoto la presidenta de la junta de vecinos me tocó el timbre y me dijo: “Vienen”. “¿Quiénes?”, le dije yo. “Los de la población de en frente. Vienen 80 personas en un camión esta noche. Así que nos vamos a vestir todos con camisas blancas para reconocernos, vamos a cerrar la entrada con el camión de un vecino y vamos a hacer turnos de guardia”. Mi marido le dijo: “No entiendo cómo tiene usted detalle del camión y del número de personas… Si fueran a venir no creo que le hubieran avisado”.

La vecina se molestó. La abogada Hernández se quedó inquieta y en la noche decidió confirmar la situación con el fiscal de turno.

-Pregunté cuál era la situación de la ciudad, cuántos detenidos en saqueos tenía. ¿Sabe cuántos eran?: Sólo dos. Eran un par de adolescentes que se metieron a un local y arrancaron con una botella de pisco y los pillaron curados como zapato. Ese fue el único incidente delictual en Talca la noche en que la gente estaba convencida de que estaban robando todas las casas.

La abogada trató de calmar a sus vecinos sin mucho resultado. Durante las siguientes semanas en la fiscalía de Talca se tuvo antecedentes de algunos saqueos a locales comerciales, pero no se recibió ninguna denuncia de saqueos de casas. Pese a eso, muchos quedaron convencidos de que la horda sí había azotado la ciudad y que ellos habían tenido la suerte de no encontrársela. Una semana después del terremoto, la abogada fue al cumpleaños de un pariente y su familia empezó a retarla.

-Mis papás me decían “ah, no sé dónde estás trabajando tú, pero aquí roban en todas las casas”. Yo les contestaba: “a ver, ¿quién hizo una denuncia?”. “Es que entraron a la casa de fulanita”. Bueno, a la semana me encontré con fulanita y me dijo, “no, a mi casa no pero la vecina, me contó que a su tía…” Eran puros cuentos así. A mí me parece que lo que ocurrió esas noches es que el chileno se puso particularmente histérico.

Por supuesto, no se puede descartar que en algún barrio de la extensa zona afectada por el terremoto este fenómeno haya ocurrido. Sin embargo, no hay ningún registro oficial de ello. En todas las ciudades visitadas por CIPER para este reportaje sólo hay una ocasión en que la pesadilla del “vienen” se materializó: fue en la comuna de San Pedro de la Paz, al sur de Concepción.

En la parte alta de la comuna, en el sector de Andalué hay casas de 6 mil UF y más, en las que viven profesionales bien rankeados y empresarios de la zona. En la parte baja, cerca del mar, están las poblaciones de Boca Sur y Michaihue cuyos habitantes, la madrugada del sismo, arrancaron hacia los cerros y se instalaron en carpas en los sitios eriazos y en las plazas de sus vecinos abeceuno.

Pelayo Vial, jefe de Estudios la Defensoría de Concepción, vive en el sector de Andalué y recuerda la ola de gente que llegó esa noche.

—Venían con muchas cosas que eran producto de los saqueos, sobre todo comida y se quedaron dos días acampando. A mí me daba lo mismo, no le tengo miedo a la gente, pero en mi vecindario estaban muy nerviosos. Inmediatamente se formaron guardias armadas para defenderse “de las hordas de flaites”. No ocurrió nada, no hubo robos, ni saqueos. Pero sí me llamó la atención la cara de los de Boca Sur: tenían una mirada un poco de odio, como diciéndote “tenga miedo, ahora que no hay ley, somos todos iguales”.

—Curioso eso: la ley debería hacernos iguales a todos.

-Sí. Pero no es así. Por eso creo que lo más terrible que pasó esa noche no fue lo delictual sino como se manifestó el tema social. La gente de Andalué hacía reuniones para organizar la guardia nocturna y llamaban insistentemente a la policía para que fueran a sacar a los de Boca Sur.

A los dos días la PDI los desalojó sin problemas. Sólo en una casa los detectives vieron algo curioso. Lo cuenta el sub prefecto López:

-Llegamos a un inmueble muy lindo y en el antejardín encontramos una familia con carretón. Les dijimos que tenían que irse y el hombre nos dice, “no, si nosotros estamos aquí porque el jefe nos dijo que ni un problema”. Nos extrañó, así que golpeamos la puerta. Y el dueño de casa lo confirmó y nos dijo en privado: “Es muy sencillo: los tengo aquí, los dejo entrar al baño, les doy de comer y a nosotros no nos pasa nada”.

Como si hablara de sus rottweiler.

Maten si es necesario

En todas las ciudades hubo una noche de miedo máximo. En Concepción, dice el sub prefecto López, fue la noche del domingo para el lunes, cuando los saqueos a los locales comerciales se habían vuelto masivos y la autoridad se había dado cuenta de que no podía controlar la situación.

-Esa noche el miedo se podía cortar con un cuchillo. Nadie sabía para dónde iba la cosa.

En Talcahuano, arrasada por el mar y los saqueos, mucha gente estaba muy angustiada. Daniel Muñoz, capitán de Bomberos de la tercera compañía de esa ciudad, recuerda que la cuarta noche, cuando recién se habían restablecido las comunicaciones, sintió tanto miedo que llamó a su primo, con el que es muy unido y le dijo las cosas que solo se dicen cuando se está curado.

—Le dije que lo quería a él y también a su hija. Hablé llorando. Todos aquí pensábamos que no pasábamos esa noche. La gente estaba como loca, se oían disparos todo el tiempo. Y de pronto las personas empezaban a gritar, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen —relata el bombero.

Muñoz fue formalizado por saquear una tienda en Talcahuano y pasó 11 días en prisión preventiva. Es uno de los que con sus actos aterrorizaba a los otros. Y tenía miedo igual.

En la zona de San Pedro, pese al desalojo de los pobladores de Boca Sur, las noches siguieron siendo angustiosas durante semanas.

Hugo Harrison, que vive en un condominio cercano a Andalué pero de clase media (San Pedro del Valle), tenía para defender su casa el palo del quitasol y los cuchillos del almuerzo. Durante varios días, después de toparse con la muchedumbre al entrar a Concepción, cada vez que tenía que salir en auto a buscar comida o combustible, conducía con un cuchillo en el asiento del copiloto y otro debajo suyo. Nunca le ocurrió nada. Sólo tuvo un altercado con un conductor que se le coló en la fila. Pero la verdad es que no había como sentirse más tranquilo.

Sin luz, la única comunicación posible era con otras personas tan asustadas como él y la radio Bio Bío que transmitía noticias: es decir cosas impactantes. Por ejemplo, el angustioso llamado del alcalde de Hualpén, Marcelo Rivera, pidiendo que enviaran militares a defender su comuna. El alcalde lloraba: “que maten si es necesario” y contaba que la turba había asaltado hasta la municipalidad. “Los delincuentes se han tomado la ciudad, manden efectivos”.

Con la voz quebrada agregó que le estaban saqueando la municipalidad y que la turba también había saqueado casas.

Oír a una autoridad fuera de control sí que daba miedo.

Ante la falta de autoridad, en todos lados las personas buscaron refugio en sus vecinos. Los que ni se saludaban, ahora se turnaban en las guardias. Protegían a sus hijos, compartían la comida que había. Y estaban alertas. El miedo no dejaba que nadie se diera cuenta de que en el vecindario del lado estaban en las mismas. En ese momento de extrema necesidad, lo que nos hizo sentir seguros no fue la unión de todos los chilenos, no fue la idea de Nación que este año festeja los 200 años, sino el vecindario, el clan, algo que es aún más antiguo.

En San Pedro del Valle los vecinos se coordinaron con detectives y militares para protegerse de quienes podían venir a saquear sus hogares. Tenían claves y alarmas y contraseñas que cambiaban todos los días. A veces alguien creía ver algo, sonaban alarmas y el miedo era en vano. Una noche fue peor porque la guardia estuvo segura de haber visto gente entrando en casas que estaban vacías y el sistema se activó.

-Llegó un camión de militares, lanzaron bengalas y dispararon sus metralletas –dice Hugo.

No es fácil estar con tu familia en un lugar donde se dispara armas de guerra.

En Talcahuano el abogado de la Defensoría, Franco Lemus, recuerda que un grupo de infantes de marina se instaló cerca de la entrada de su condominio y se puso a hacer prácticas de tiro durante la noche.

-Nos dijeron que iban a hacer primero una a las 12 otra a la 1 y si luego volvíamos a sentir disparos, entonces la cosa era en serio y que nos metiéramos en las casas porque iban a disparar a matar.

Efectivamente a las 12 escucharon ráfagas de ametralladoras. Y a la una de la mañana a Lemus le tocó ver la práctica porque la hicieron al lado de su casa. Llegó el camión militar a toda velocidad, frenó con ruido y derrapando y los uniformados bajaron dando gritos: “¡Armada de Chile, deténgase!”. Y luego abrieron fuego hacia los cerros.

-Era una locura. La gente vio eso y pensó que venía lo peor -reclama el abogado.

En el marco de las autoridades que no ayudaron a bajar la ansiedad de los chilenos, el alcalde de Hualpén merece una mención especial. Su relato llenó de angustia a todos en Chile y aterrorizó a la gente de la zona.

Sin embargo, Hualpén nunca estuvo tomada por delincuentes, como él dijo. Hubo saqueos en los supermercados y éstos fueron realizados igual que en todos lados por personas mayoritariamente sin antecedentes penales. Pero no hubo muertos, ni barrios arrasados.

De hecho muchos piensan que fuera de los comerciantes, el único gran damnificado en la zona fue el propio alcalde, quien denunció a la fiscalía que en los días posteriores le robaron de la caja fuerte de su departamento, 80 millones de pesos.

-Es una cantidad grande -dice un poco sorprendido el concejal de Hualpén Gabriel Torres-. Tal vez lloraba por eso cuando pedía militares, porque aquí no pasó nada tan terrible. Ni siquiera fue cierto que saquearan la municipalidad, como él dijo.

Saqueadores: Ladrones de ocasión

Hay varias zonas de Chile que no fueron arrasadas por el terremoto ni por el tsunami, sino por los chilenos. Ciudadanos comunes que saquearon todo a su paso. Además de la sanción social, hasta ahora el mayor castigo ha sido la prisión preventiva para unas doscientas personas.

La semana pasada se falló el primer juicio oral. Rosa Leviqueo Castillo, de San Pedro de la Paz, tenía 23 cajas de alimentos no perecibles, robadas del supermercado Unimarc y de las bodegas de Carozzi. Fue hallada culpable del delito de receptación, esto es, tener en su poder mercadería robada. Aunque la fiscalía pedía 4 años de presidio, el tribunal la condenó sólo a 41 días de pena remitida.

Hasta el momento en la VIII Región se registan 168 condenas en Concepción, Talcahuano y Yumbel en juicios abreviados, donde el acusado acepta los cargos a cambio de una rebaja de pena. Son todas condenas que no contemplan cárcel, sino firma y multa. El de Rosa Leviqueo es el primer juicio oral, pero la Defensoría pretende seguir el mismo camino con los casos pendientes, para demostrar que el Ministerio Público se ha excedido con las prisiones preventivas y no tiene pruebas para conseguir altas condenas. Salvo si el acusado tiene un historial delictual, es probable que terminen con los responsables en libertad y firmando.

Descontando a los formalizados, la amplísima mayoría de los que saquearon no ha debido enfrentar más que a su propia conciencia, lo que significa someterse a un tribunal muy disímil.

Probablemente el mejor ejemplo de eso está en la zona de Palomares, en la entrada sur-este de Concepción. Allí empresas como Nestlé, Ariztía, Ripley y Falabella tienen galpones con los que abastecen a la ciudad. Las seis bodegas más grandes tienen 600 metros cuadrados más subterráneos. El terremoto no dañó sus estructuras ni tampoco a las poblaciones del sector, donde viven más de 3 mil familias. Pero tres días después del sismo, no quedaba absolutamente nada en esas instalaciones, salvo el techo, las paredes y el piso.

Los rostros del saqueo

El saqueo en Palomares comenzó a las 11 del mismo sábado 27 de febrero, cuando sin electricidad, ni agua, y sin noticias sobre lo que había pasado en el resto de Chile, una frase empezó a recorrer los pasajes de la población con la misma insistencia con que las réplicas azotaban la zona: las empresas de alimentos iban a regalar sus productos pues la falta de luz haría que la mercadería se descompusiera.

Entre las cosas curiosas que ocurrieron en esos terribles días, está el hecho de que esa frase se repitió, con pequeñas variantes, en todas las ciudades afectadas por el terremoto, desde Talca hasta Lebu: “van a regalar comida”, “dieron permiso para sacar cosas”, “Carabineros está dejando entrar”. El desastre puso las mismas palabras en la boca de los chilenos aislados e incomunicados.

En algunas partes eso fue parcialmente cierto, como en Constitución donde Hugo Vásquez, dueño del supermercado La Despensa, autorizó que sacaran mercadería de uno de sus locales dañado por el tsunami.

—Ya a las 5 de la mañana había gente mirando y les dije que se llevaran las cosas para que no se perdieran— cuenta.

Cuatro horas después no había nada, ni siquiera los papeles de la oficina.

—Les dije, “para qué se llevan las facturas, de qué les sirven” y me echaron la choreada: “sal de aquí tal por cual”.

La horda se llevó balanzas, tubos fluorescentes y lo que no podía llevarse, lo destrozó: por ejemplo, las congeladoras o los estantes y las góndolas. Luego siguieron con el local del lado, que no había sido dañado, y con el de más allá. En esa cuadra Vásquez tenía tres tiendas y una bodega. No sólo se quedó sin mercadería sino que lo privaron de toda la infraestructura necesaria para volver a trabajar.

—Perdí 1.200 millones de pesos, ese día. La mitad fue por el saqueo— cuenta.

Hoy, más de tres meses después de la tragedia, sólo ha logrado echar a andar una verdulería de barrio. Lo peor es que la ferocidad de la gente aún lo tiene intimidado. Vio ricos y pobres en la destrucción de lo que le había costado años montar. Reconoció a algunos y sabe que llegó gente en camioneta, que pagó a muchachones para que le cargaran el vehículo y luego se fueron a toda velocidad, gritando ¡tsunami!, para que la gente despejara la calle. Pero Hugo no quiere denunciar.

—Hay que concentrarse en salir adelante. No hay que mirar al pasado. No quiero más problemas —dice.

Hasta ahora, en Constitución el Ministerio Público no ha formalizado a nadie por los saqueos que destruyeron prácticamente todo el comercio.

En la mayor parte de las ciudades la frase “están regalando” no fue cierta. Así lo aseguran las fiscalías, que aún investigan. Pero allí donde no fue dicha, los chilenos se la inventaron o se aferraron a que otro sí la había oído. En aquellas primeras horas con la autoridad atomizada y tan perdida como los ciudadanos, la única autoridad que quedaba era la ética de cada cual. Y esa frase la hizo trizas.

Luciano Bascuñán, presidente de la junta de vecinos de Alto Palomares, dice que en la cara de sus vecinos podía ver como la ética se había derrumbado. Su villa la componen 800 familias que partieron con un precario campamento. Demoraron 35 años en organizarse, ahorrar y tener las casas fiscales en las que viven ahora. Son trabajadores y pequeños comerciantes que ganan entre 200 y 300 mil pesos.

—Somos gente honrada, pero en esos días a mis vecinos les cambió hasta la cara —explica—. Se notaba la lucha entre el lado bueno y el lado malo de cada uno. Yo les decía que no estaba bien lo que hacían. Me contestaban, ‘métase en sus cosas vecino’.

En Constitución, el sacerdote Alejandro Quiroz también reparó en las caras de sus conciudadanos. En esa ciudad, donde el terremoto derrumbó una docena de cuadras y el tsunami arrasó con otras tantas, los saqueos empezaron muy temprano.

—No me olvido de sus rostros. Eran caras como inconscientes, caras que habían perdido algo de su humanidad. Eran rostros como de animal asustado y feroz. También vi miradas burlescas, gente que iba feliz empujando un carro cargado de licores o de carne, disfrutando su buena suerte— explica el cura.

Llegar y llevar

En Palomares, el saqueo de las bodegas de alimentos duró todo el sábado. Al día siguiente la muchedumbre se reunió en torno a los galpones de las multitiendas. El carnaval recomenzó cuando empezó a circular otra frase: “Dijeron que les da lo mismo que nos llevemos todo, porque están asegurados”. Era una excusa pobre y, pese a eso, también se la oyó en varias ciudades, como si las hordas necesitaran sentir que mientras robaban, no estaban robando.

—Unos vecinos míos oyeron lo del seguro —dice Luciano Bascuñán—. Eso volvió loca a la gente. Aquí a muchos no les dan crédito y tienen que ahorrar un año para comprar una tele. Entonces cuando les dijeron que las cosas estaban ahí, que había que ir a buscarlas nomás, perdieron el cable a tierra… Lo primero que vi fue un vecino arrastrando una cocina por la calle. Fue como a las 11 de la mañana y de ahí no paró más.

El saqueo duró el domingo y el lunes hasta que el Ejército copó Concepción y se decretó el toque de queda. En el festín participaron todas las villas cercanas a las bodegas: Alto Palomares, San Ramón, Valle Lonquén, Ferroviario. Todo el que pasaba por la concurrida avenida General Bonilla, podía bajarse de su auto, echar algo y partir. Había ahí todo lo que los chilenos desean y van a ver en los paseos dominicales al mall: sillones, lavadoras, computadores, camas, y la estrella de la jornada, el plasma.

—La mayor parte de las personas no tenía antecedentes policiales —explica el sub prefecto de Investigaciones de Concepción, José Luis López, quien estuvo encargado de recuperar los bienes saqueados. Sabe que son villas habitadas por personas que, en circunstancias normales, quieren más policías en las calles. Durante ese fin de semana protagonizaron uno de los saqueos más grandes, pero eran a tal punto inconscientes de la situación que en las noches acordonaron sus barrios porque temían la llegada de saqueadores. De otros saqueadores.

La vergüenza

Cuando la ciudad volvió a la calma, los detectives visitaron la zona.

—Les hicimos saber que si no devolvían cosas, los allanarían los militares. Les propusimos que dejaran las cosas en la calle y nadie sería detenido— explica el detective López.

Luciano Bascuñán convocó a sus vecinos a una reunión y los retó:

—Volvió la luz y pudimos ver en las noticias como estaba sufriendo la gente de Talcahuano, de Constitución y de tantos lugares. Nos dimos cuenta de la suerte que habíamos tenido y lo mal que habían actuado. Les dije lo que les dolía: que ahora nos iban a tratar como un barrio de delincuentes y no les iban a dar trabajo. Les dije que no criticaba el robo de comida, porque nadie sabe qué va a pasar mañana. “Pero acaso van a comer una tele, vecinos”, les dije. “Están lucrando mientras la otra gente lo pasa mal”. Chuta, la gente estaba callada, con la cabeza para abajo y después empezaron a pedir disculpas. Había 300 personas reunidas y 80 hablaron.

Fue una catarsis. La policía había fijado la entrega de la mercadería para el domingo. Al mediodía, los vecinos empezaron a sacar las cosas, muchas aún con embalados. Las fotos de esa devolución son impresionantes: cuadras llenas de mercadería. Era tanto el material, que los policías estuvieron un día entero cargando camiones y llenaron tres gimnasios.

—Devolvimos todo. No allanaron a nadie y ninguno se fue preso. Yo pido disculpas por mis vecinos. Qué le puedo decir: nos dejamos llevar por un tema sicológico, por el momento que vivimos— dice el dirigente. Agrega: “No estábamos preparados para un terremoto como este. Nos faltó educación cívica sobre qué hacer”.

Regresar las cosas a sus dueños no fue fácil. Una fuente uniformada señala que tuvieron fuertes discusiones con las multitiendas para obligarlos a reconocer las especies.

—Un gerente nos dijo: “llévense las cosas a la casa si quieren, está todo asegurado, nos da lo mismo”. Finalmente accedieron a recogerlas para no dar una mala señal social y se las entregaron a las aseguradores, que las van a rematar— explica la fuente.

La cárcel y el miedo

Antes del terremoto, el mar de la bahía de Talcahuano estaba entre los más contaminados de Chile. El tsunami, sin embargo, devolvió los desechos en forma de un lodo maloliente que se depositó en las calles.

Daniel Muñoz vio ese barro el mismo 27 de febrero, cuando llegó a las cercanías de la Compañía General de Electricidad (CGE).

—Era un barro negro, pegajoso. Era como si el mar hubiera vomitado. Ahora la bahía está limpiecita— dice.

Cuando se fue, un par de horas después, no solo estaba entero sucio, sino que había embarrado su vida.

Daniel Muñoz era capitán de bomberos de la Tercera Compañía de Talcahuano. Durante toda la mañana del sábado trabajó junto a sus hombres en el rescate de heridos y muertos.

—Rescatamos ocho cadáveres esa mañana—, recuerda.

A mediodía los enviaron a recuperar documentos del cuartel, ubicado al frente de la oficina central de la CGE. Recuerda que empezó a formarse un tumulto ante las puertas de la empresa y de pronto sintió el estallido de los ventanales y la algarabía de la gente entrando. Lo primero que pensó fue que tenían que irse, porque la horda podía quitarles los equipos. Cerró el cuartel, pero al subir al carro vio que había cajas adentro.

—Pregunté de dónde habían salido. Nadie me dijo nada claro, pero yo entendí. No nos podíamos quedar ahí y mandé que nos fuéramos. El teniente me decía que teníamos que devolver las cosas, pero mientras avanzábamos yo pensaba que si íbamos a Carabineros o Investigaciones, los cabros iban a quedar presos. No podía hacer eso.

Según su versión, decidió esperar el momento para devolver todo. Pasaron días, semanas. Pasó un mes, hasta que los descubrieron.

De acuerdo a la acusación de la fiscalía, el 27 de febrero Daniel y sus 6 hombres se llevaron de la CGE un LCD de 37 pulgadas, un equipo musical, una CPU, una máquina de coser, un secador de pelo, dos PlayStation, un notebook, dos cámaras fotográficas. Repartieron las mercaderías en distintas casas usando el carro de bomba. El tribunal lo calificó como robo con fuerza en lugar no habitado y los condenó a más de 300 días de presidio, pena que no se cumple en la cárcel sino que firmando y pagando una multa.

Para Daniel y para varios de los bomberos, las penas graves fueron otras: los expulsaron de su institución y Daniel, quien trabajaba como bombero en Asmar, también perdió su empleo. La exposición pública del caso lo obligó a congelar sus estudios de Química Industrial. Pero lo peor fue la cárcel. Aunque su condena no contempló ese castigo, pasó junto a sus hombres 11 días en prisión preventiva.

Como la mayoría de los condenados, no tenía antecedentes policiales. E igual que ellos, sentía que los delincuentes eran otros, gente muy distinta a él. Fue muy traumático ver que la maquinaria de fiscales, leyes y medios de comunicación implacables, apuntara sobre ellos.

—Sentía que nos querían usar de ejemplo. Cuando nos dijeron que iríamos a la cárcel no lo podía creer. La noche previa fue larguísima. A mí hasta me daba miedo caminar en la noche por algunas calles, entonces saber que iba a ir al lugar donde está todo lo que me da miedo, era terrible.

Los encerraron en el Manzano Dos:

—Llegamos cuando estaban todos en las celdas. A un amigo le preguntaron por qué habíamos caído y él contestó que era por robo. “Pero ustedes son imputados”, le dijo el preso y se empezó a reír: “Es que aquí estamos los rematados, somos todos malos”. Después se dieron cuenta de quiénes éramos. Y empezaron a gritar “¡Son los bomberos!” y golpeaban las celdas. Ahí me dio indigestión. Se reían y gritaban “mañana te tengo harta ropa para que me laví, hueón”. Yo no pude dormir. Tiritaba y no era por frío.

Como andaban en grupo no les hicieron nada y algunos incluso los trataron bien. Al salir, Daniel tenía otra mirada respecto de los delitos y de la forma implacable como los cuentan los medios.

Ahora, reflexionando sobre lo ocurrido, dice poco: “Nos fuimos en la volada”.

El fiscal de Talcahuano, Andrés Cruz, escuchó decenas de explicaciones similares. Eran amas de casa, estudiantes universitarios, obreros, carpinteros marinos mercantes, escolares…

—Cuando les preguntaba por qué lo habían hecho me decían: “Es que como estaban todos robando”. Nada más. Eso me hace pensar en algo que leí sobre la banalidad del mal. Uno espera que el que comete un delito sea un monstruo sin moral, pero la mayor parte de las veces es una persona como usted o como yo que puesta en determinadas circunstancias hizo algo que no debía.

El fiscal relata que en esas jornadas de caos hubo también delincuentes organizados que robaron a un ritmo profesional. Pero el grueso del saqueo no fue hecho por ellos.

—¿Sabe? Mucho del robo respondió a la lógica de la compra de liquidación. Había gente que se llevaba 50 botellas de Coca-Cola, o jabas vacías. ¿Para qué? Pensaban como en una liquidación: no lo necesito, pero está barato. Aquí era gratis.

Vista así, parte de la destrucción puede leerse como una enorme barata de temporada en la que los chilenos –que según muchos sociólogos ya no son ciudadanos sino consumidores— se volvieron locos.

Tal vez la única lección positiva que se pueda sacar es ésta: durante los días en que la autoridad desapareció de varias ciudades importantes, los delitos violentos bajaron. No hubo más violaciones, ni homicidios ni agresiones o asaltos.

Sin la autoridad encima lo que muchos chilenos hicieron fue robar.

El ingeniero del Santa Fe y los juicios que vienen

El ingeniero Christian Díaz, fue fotografiado a la salida de un supermercado en San Pedro de la Paz, cargando comestibles en su camioneta Santa Fe y se transformó en un caso emblemático de las jornadas de saqueo.

A Díaz, la fiscalía lo formalizó por robo en lugar no habitado. Su representación la asumió el jefe de la defensoría de Concepción, Pelayo Vial.

“Él dice que bajó al supermercado tipo 4 de la tarde, hizo una fila y entró. Estaba medio apagado, le dieron tres bolsas, y sacó y se fue ¿Pagó? No, no pagó porque no se podía pagar. Y eso le consta a mucha gente que hizo la cola. Y me consta a mí porque yo vi la fila. Entonces, ¿esto es saqueo? No. La fiscalía lo acusaba de robo en lugar habitado, lo que es un chiste.

Esto es como máximo un hurto, aunque si se demuestra que una persona entregaba la mercadería, no es ni siquiera es eso. Pero supongamos que es un hurto: lo cometió una persona sin antecedentes que además reparó el daño”.

Para el abogado Vial, el final que correspondía era un acuerdo reparatorio. Y si no, entonces una suspensión condicional del procedimiento es decir, que el ingeniero queda con firma durante u año y luego se sobresea la causa.

—Eso es lo que se hace en cualquier causa de hurto donde la persona repara el daño y no tiene antecedentes. Pero en este caso la fiscalía pidió la prisión preventiva y la corte lo confirmó. Eso no ocurrió en este caso solamente sino también a otras 200 personas
Vidal cree que lo que ocurrió aquí es que hubo “puras prisiones preventivas desproporcionadas”. En la defensoría aseguran que van a ir a juicio oral para demostrar. Vial prevé el resultado:

“Estas causas van a terminar todas con penas no privativas de libertad. Y sin embargo estas personas estuvieron privadas de libertad. Es vedad que en Chile hay un margen importante de error de personas que pasan un periodo privados de libertad y luego reciben condenas que no incluye eso. Lo que me gustaría saber es si en estas causas, el estado se equivocó mucho más de lo normal. Y es grave si pasó eso porque cuando los operadores del sistema no aplican la ley porque hubo un terremoto, chuta ¿qué va a pasar si hay una dictadura? Porque tenemos una historia bien triste a mime preocupa como operador que se estire la ley. Es súper preocupante para la sociedad que se fuerce la ley.

*Una versión de este reportaje fue publicada en revista Qué Pasa el 26 de mayo de 2010.

Fernando Atria: “Los 50 liceos de excelencia son una medida publicitaria a costa de la mayoría”

Con el sistema educativo actual los padres sólo pueden elegir con quien NO educan a sus hijos, es una de las conclusiones más críticas del abogado Fernando Atria. La constitución garantiza la libertad de los padres para que elijan el tipo de educación que estiman conveniente, pero eso en realidad no ocurre, pues los padres son elegidos por los colegios, sobre todo, a través del dinero que pueden pagar.

Así cuando una familia paga 20 mil pesos, lo único que pueda escoger en el fondo es que sus hijos nunca se eduquen con hijos de familia que no pueden pagar 20 mil pesos. Ese mecanismo, dice Atria, es profundamente injusto porque mañana, cuando los niños de 20 mil y de 200 mil terminen su educación, la sociedad los pondrá uno al lado del otro y los hará competir. Y en función de ese resultado les dará distintos ingresos, distintas oportunidades.

Para Atria, esta educación sólo le sirve a los ricos, quienes pueden traspasar a la siguiente generación todos sus privilegios sin que nadie lo dispute ni lo encuentre reprochable. Cree que para terminar con esa desigualdad hay buscar un mecanismo donde niños ricos y niños pobres vayan a las mismas escuelas. Y que el acceso a los mejores establecimientos se haga a través de un sorteo. Por el contrario, piensa que medidas como los 50 liceos de excelencia que propone el Presidente Piñera, van justo en el sentido contrario al que se necesita. Un proyecto que se atrasó con el terremoto, pero que sigue siendo una de las promesas más importantes para el ministro de Educación, Joaquín Lavín.

Piñera ha prometido hacer 50 liceos de excelencia, como el Instituto Nacional. La idea le hace mucho sentido a la gente y aparenta buscar una mejor educción pública. ¿Qué te parece ese proyecto?
-Creo que primero hay que preguntarse cuánto de la excelencia del Instituto Nacional se puede atribuir a lo que ese establecimiento ofrece a sus alumnos y cuánto es imputable al proceso de selección que tiene, es decir, a su práctica de elegir a los mejores alumnos de entre los que postulan. Porque evidentemente si juntas sólo tipos brillantes, vas a tener un resultado mucho mejor que si educas sin selección. Pensar que en el Instituto hay algún “secreto” de cómo se hace la buena educación y que ese secreto se puede aplicar a otros 50 liceos, es un error.

¿“El secreto” del Instituto Nacional sería principalmente su selección?
-Por supuesto que el establecimiento produce un plus, que es la sinergia y el efecto de pares que se genera al reunir gente que está sobre la media. Pero, ¿alguien cree que si dejara de seleccionar tendría los resultados que tiene? Es como esos establecimientos que ponen como condición de permanencia, obtener más de 5,5 y luego dicen, “todos nuestros egresados tienen sobre 5,5 de promedio”. ¿Qué otra cosa podría pasar? Si un lo mira así, la idea de armar 50 institutos nacionales no debe ser entendida como la creación de 50 establecimientos que educan bien, sino 50 lugares que reunirán a los estudiantes más brillantes de la educación pública. Es lo mismo que descremar la educación pública, repasarla y sacarle a todos los destacados. ¿Qué va a pasar con el resto, que de paso, es la mayoría? Bueno, van a quedar en una educación pública aún más desprestigiada.

Patricio Felmer, matemático de la Universidad de Chile teme, además, que estos liceos atraigan también a los mejores profesores, lo cual va a impactar muy fuertemente en el resto de los colegios.
-Por supuesto que eso puede ocurrir. ¿Quién no va a querer hacer clases en esos establecimientos? Por eso pienso que ésta es una medida que no se dirige al problema de la educación en general. Es una medida publicitaria que le va a permitir al gobierno mostrar resultados en cuatro años, a costa de la mayoría de los jóvenes que se educan en la educación pública.

La educación pública va a terminar transformada en un gueto de marginalidad.

De todos modos, este proyecto parece incentivar la meritocracia, idea que mucha gente comparte. ¿Por qué no premiar a los mejores alumnos? ¿Qué tiene de injusto que a los más destacados vayan a un mejor colegio?
-Bueno, ahí hay varias cosas que me parecen objetables. Se supone que la meritocracia da incentivos para que los estudiantes se esfuercen, por lo tanto, presume que hay una decisión personal de por medio, modo de que si al final el alumno obtiene lo que buscaba, puede decir que se lo ganó. Bueno, yo sostengo que es perverso usar esa idea para seleccionar alumnos para básica y secundaria. Porque basta saber un poco sobre la educación chilena para saber que los rendimientos que alcanza un estudiante no dependen de cosas que están bajo su control. Buena parte del rendimiento, – no todo, pero sí buena parte- depende de la clase social a la que pertenece el alumno, es decir, si contó con libros en la casa, si sus padres son profesionales o no, si le pudieron pagar un colegio donde hubiera buenos profesores… Nadie sensato puede negar que eso tiene impacto en el desempeño de los alumnos. Y me parece que es brutal transmitirles a los estudiantes que fracasan el mensaje de que es su culpa y a los que triunfan les hace creer que es su mérito.

Entonces estos 50 liceos consagrarían una injusticia en el sentido de que los que no entran probablemente están en el grupo más abandonado por el sistema.
-Bueno, es cosa de ver los resultados de la PSU para darse cuenta de que hay una correlación entre la clase social y el desempeño. En mi libro cito alguna cosa al respecto que ha dicho, por ejemplo, Arturo Fontaine, que no puede ser acusado de “izquierdista”. Todos sabemos que un porcentaje desproporcionado de los estudiantes que van a la educación pagada tienen buenos puntajes en relación con lo que ocurre en colegios subvencionados o municipales. ¿Quiere decir eso estos últimos son más tontos? No, lo que quiere decir es que la clase afecta los resultados.

Si es tan importante la clase social, la educación de las escuelas públicas o subvencionadas siempre va a ser peor.
-Bueno, ese es el tema central de mi libro. El problema de fondo es que tenemos un sistema mixto en el que conviven tres tipos de establecimientos: escuelas públicas, colegios privados y los subvencionados que reciben dineros fiscales y también dineros de las familias. Los privados y los subvencionados seleccionan a los alumnos de acuerdo a los parámetros que quieran, principalmente dinero. ¿Quiénes van a la educación pública? ¿Quiénes son el 37 por ciento de jóvenes que el año pasado se matriculó en ese sistema? Bueno, salvo el caso de los liceos “emblemáticos”, a esa educación van los que no pueden satisfacer los criterios de selección de los establecimientos privados. Por esa vía la educación pública va a terminar transformada en un gueto de marginalidad. Y creo que es eso lo que estamos viendo. Y nunca va a haber una educación pública buena si tiene que competir con una educación privada.

UNA COMPETENCIA DESIGUAL

Los defensores del sistema mixto dicen que funciona bien en Bélgica y Holanda.
-Sus defensores dicen eso, pero no es así. Esta es una cuestión completamente chilena porque su característica central es que permite que la diferencia de poder económico de los padres se manifieste en la calidad de la educación. Es decir, permite la manifestación a rajatabla de los privilegios. Eso no existe en ninguna parte con la que nos guste compararnos. En Bélgica y Holanda países hay establecimientos privados, pero no pueden seleccionar por referencia a su proyecto educativo (un colegio católico no puede negar la admisión a un estudiante por provenir de una familia que no es católica) ni cobrar a sus estudiantes. El sistema chileno, en cambio, no sólo permite la existencia de establecimientos particulares, sino que además les permite seleccionar estudiantes por referencia a su propio proyecto educativo, y cobrar a sus estudiantes. Son estas dos características las que usa el privilegiado para transmitir su privilegio. Por eso, decir que nuestro modelo se como el de Bélgica y Holanda, es decir las cosas falsamente.

¿En que se perjudica a un niño pobre el que un niño de clase media o alta tenga acceso a educación de calidad?
-Es muy simple: llega un momento en que tomamos a un estudiante en el cual el Estado ha gastado 30 mil pesos mensuales (que es aproximadamente el valor de la subvención) y lo ponemos junto a otro en el cual su familia ha gastado 200 mil pesos mensuales y les decimos, ¡ya, compitan! Y según el resultado de esa competencia, la sociedad distribuye sueldos y condiciones de vida… Bueno, estamos hablando de una trampa tan evidente que no se requieren argumentos sofisticados para verla. Todos los que no la ven tendrían que pensar, “¿qué pasaría si mi hijo fuera a la educación de 30 mil pesos?”. Y lo que pasaría es que, en algún momento a su hijo le dirán “usted gana 150 mil al mes porque no tiene habilidades”. Y al otro le van a decir “usted va a ganar 5 millones porque sí tiene habilidades”.
Es obvio, entonces, que la educación no puede ser distribuida meritocráticamente, porque la educación tiene la misión de igualar las condiciones sociales para que, una vez que han recibido educación, estos jóvenes compitan y ganen según su mérito. Pero si la educación de calidad se entrega sólo a algunos, lo que estamos haciendo no es premiar el mérito sino premiar el privilegio. Con eso lo que ocurre hoy es que el mercado no puede justificar la desigualdad. ¿Qué diferencia hay entre un tipo que tiene capacidades que el mercado avalúa en un millón y otro por cuyos servicios el mercado paga 20 mil? Deberíamos poder decir que el primero tiene habilidades que el segundo no tiene, pero eso no se puede decir en Chile sin faltar a la verdad. Lo que hay que decir en Chile es que el recibió una educación de 200 mil pesos al mes y el segundo una 30 mil pesos al mes.

Tú planteas en tu libro que una solución es mezclar en las mismas escuelas a niños ricos con niños pobres. ¿Por qué?
-Es importante notar, primero, que el privilegio se manifiesta no sólo en dinero sino en otras cosas, como poder. Tener poder es tener medios para modificar, o lograr que se modifique, lo que perjudica a uno. Una de las razones por las que hay colas en los consultorios es que a ellos van quienes no tiene poder, que pueden quedarse verdes reclamando sin que pase nada grave. Cuando los que van a la Clínica Alemana reclaman, entonces sí se les escucha. Las colas no podrían durar una semana si los que las hicieran fueran los que van a la Clínica Aalemana. Eso quiere decir tener poder.
Pero por eso mismo, si tienes una educación para ricos (los que tienen poder) y otra para pobres (que no lo tienen), estos últimos no van a tener una buena educación porque ellos no tienen, o tienen muy poco, poder para modificar lo que los perjudica. Eso es lo que significa ser pobre. Y si juntas a todos los que tienen poder en el mismo sistema, ¿cómo va a ser ese sistema? Pues lo mejor que puede ser. Y juntas a todos los que no tienen poder y los pones en un sistema ese sistema va a ser como lo que tenemos ahora. Por eso pienso que la única salida posible a eso es mezclarlos, pues si ambos están en el mismo sistema, cuando el poderoso usa su poder para mejorar su situación, mejora un sistema que atiende a todos. Lo que tenemos hoy, en cambio es que cada uno usa su poder y sus recursos para mejorarse así mismo. Entre otras cosas, esa es una pésima escuela de ciudadanía.

Un apoderado de colegios de 200 mil pesos, que le interesa el tema social dirá, “bueno, es cierto, mi hijo está recibiendo una mejor educación, pero lo que habría que hacer es mejorar la educación pública, para que haya una competencia justa”. Sin embargo, en tu libro sostienes que la solución es prohibir que los padres paguen por la educación de sus hijos. Más allá de la competencia que habrá mañana, ¿por qué lo que paga un padre en el Cumbres, la Alianza o la Girouette influye hoy con lo que ocurre en un colegio en La Pintana?
-La gente cree que la razón por la cual las escuelas públicas son malas es independiente de la razón por la cual los colegios particulares son buenos. Y eso no es así. Volvamos al Instituto Nacional. Una de las razones por la cual es bueno es porque saca de la educación pública a los mejores estudiantes y deja en el resto de las escuelas los no tan buenos. Y si tuviéramos 50 como el instituto el efecto sería más marcado.

El drama chileno es que vivimos bajo instituciones que tratan de convencernos de que no estamos conviviendo con injusticias, sino que así no más es el mundo

Y en los particulares es una segregación se hace por dinero.
-Evidente. Y en la educación subvencionada ocurre lo mismo, gracias al financiamiento compartido. La lógica es: si pago 5 mil pesos me aseguro que mi hijo no se va a educar con hijos de gente que no pueda pagar 5 mil pesos. Es decir, a través del dinero, las familias garantizan que sus hijos no se vinculen con niños que están “debajo” de ellos. Ahora, es importante entender que desde el punto de vista de los padres, tienen toda la razón en lo que hacen, porque efectivamente es mejor que sus hijos se eduquen con gente que está igual o mejor.

¿Por qué?
-Pues porque la educación, en sentido amplio, no sólo provee conocimientos sino también redes sociales que sirven a futuro. Si tengo compañeros mejor educados, por una parte harán mejores preguntas y se podrá hacer una mejor clase, pero también voy a poder crear redes; y mientras más alto en la escala social estén mis compañeros, de mejor la calidad serán esas redes. Y no sólo las redes. Más estimulante (y apto para el estudio) será el ambiente, etc. Como los padres quieren mejor educación para su hijos, buscan que se eduquen con gente que esté lo más arriba socialmente posible. Pero por supuesto, al que está más “arriba” no le conviene que su hijo estudie con el que está más “abajo” y por eso va a establecimientos que tienen condiciones de ingreso que excluyen al que está peor que él. Así, lo que tenemos es una tendencia interna del sistema a hacer que cada uno se eduque con los que son como uno, una tendencia natural y espontánea a la segregación.

COLEGIOS SIN SEGREGACIÓN

Para evitar que se transmitieran tan fuertemente los privilegios en el sistema educativo ¿Qué habría que hacer? ¿Impedirles a los padres elegir el colegio al que llevan a sus hijos?
-No. El problema no está en que los padres puedan elegir, sino en que los establecimientos puedan seleccionar. Porque lo que van a elegir siempre va a ser el mejor establecimiento para sus hijos y eso está bien. La segregación se produce porque al otro lado hay un establecimiento que puede adecuar su demanda al target social que le interesa recibir. Pero qué pasaría si todos, de verdad, pudieran elegir. Imaginemos que al Colegio Cumbres, o a la Alianza, o a cualquiera del barrio alto, todo el que quisiera ir pudiera postular.

Tendría que poder pagarlo.
-Claro. Pero imaginemos un sistema de vouchers, que a la derecha le gustan tanto. Imaginemos que por ley solo se puede pagar educación con vouchers que provee el Estado. Y que cada niño tiene el mismo voucher, por ejemplo, de 100 mil pesos mensuales (no te quepa duda de que si los ricos sólo pudieran pagar educación con un voucher éste no valdría solo 30 mil pesos).

¿Y los padres no pueden pagar nada extra?
-No. Solo puedes pagarlo con los vouchers. Es esperable entonces que los padres busquen los colegios que tienen mejores resultados. ¿Y qué puede hacer un colegio si tiene 100 plazas y mil postulantes? Bueno, puede sortear los cupos.

¿Sortear los cupos? ¿Qué se gana con un sistema en el que una familia con dinero no puede entrar a un colegio porque perdió en un sorteo?
-Eso preserva la posibilidad de todos los padres de elegir. Hoy día el sistema le da la libertad de elegir solamente a los más ricos, porque los otros, bueno, van al que pueden no más. Mientras más “abajo” socialmente está uno, menos libertad de elegir tiene. Un sistema como el que describo se toma en serio la libertad de todos de elegir y las elecciones de todos tienen que ser igualmente consideradas. El Estado debería tratar todas las elecciones como igualmente valiosas. Entonces, si es imposible cumplirlas todas hay que seleccionarlas usando un mecanismo que no privilegie a ninguna de ella. Y la solución más obvia –no la única– es el sorteo. Es un sistema que respeta la elección de cada uno y al mismo tiempo tiende hacia la integración.

¿Por qué es integrador eso?
-Porque si tienes un establecimiento que es bueno, a ese cualquiera puede llegar. Y piensa lo que ocurriría si el rico se da cuenta de que no puede mejorar la educación de su hijo por la vía de pagar una colegiatura adicional, ¿qué va a hacer, aparte de las clases particulares? Un curso de acción razonable va a ser, presionar para que aumente el gasto público en educación. De nuevo, alineación de intereses.

¿Al defender la libertad de elegir de los padres, no se defienden también los prejuicios de los padres que no quieren que sus hijos estén con niños de otros niveles sociales?
-El problema es que lo que el padre elige hoy no es un proyecto educativo, sino un criterio de exclusión. Como el colegio selecciona a su criterio, yo no puedo ir donde la educación es mejor, salvo que sea rico. Lo único que el sistema me permite es elegir con quien mi hijo NO se educa. Esa parte de la libertad de elección es inaceptable. Es razonable que la ley me permita a mi decidir qué tipo de educación va a tener mi hijo, pero no es razonable que la ley me permita a mi decidir con quién mi hijo no se educa.

* Esta entrevista fue publicada originalmente en el sitio web de Juegos de Mate