Las “empresas zombis” que compró Piñera para ahorrar millones en impuestos

Para la mayoría de los chilenos una deuda es un problema que angustia de día y espanta el sueño por las noches. Para un súper rico, en cambio, una deuda puede ser una oportunidad; y una deuda enorme, un regalo del cielo. La razón: permite pagar menos impuestos o incluso recuperar los tributos pagados en años anteriores. Como sintetizó a CIPER un experto tributario, “una pérdida vale plata… siempre que se tenga una asesoría adecuada, claro”.

Precisamente esa experta asesoría fue la que tuvieron 20 grandes y pujantes empresas chilenas, al declarar entre 1996 y 2004 enormes pérdidas ante Impuestos Internos (SII). Según documentos a los que accedió CIPER, entre esas firmas están: Inversiones Bancard Limitada, que en ese periodo era propiedad del ex presidente Sebastián Piñera y de sus hijos; Empresas Penta S.A. de Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano; Inversiones San Patricio S.A. e Inversiones Quitalmahue S.A., ambas vinculadas a los controladores de Falabella; e Inversora Costa Verde Limitada, que pertenecía a la familia Cueto, controladora de Latam.

Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano
Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano

Las pérdidas que informaron esa veintena de empresas eran de tal magnitud que parecían el resultado de una profunda crisis económica. Por ejemplo, Inversiones Bancard Ltda., declaró una pérdida tributaria de $44 mil millones; San Patricio, $940 mil millones; Penta, $54 mil millones. Pero no había crisis. Lo que había, según la definición de un ex alto funcionario del SII, era “un duro y masivo ataque de las empresas contra las arcas fiscales”.

El “ataque” –precisa el ex alto funcionario– partió a inicios de los ‘90 y tuvo su peak en los inicios del año 2000, cuando comenzaron a ser revividas empresas quebradas en la década de los ‘80, que en su mayor parte habían pertenecido a los grupos económicos liderados por Manuel Cruzat y Javier Vial.

Aquellas firmas que se desplomaron durante la peor crisis en Chile de los últimos 70 años, revivían, pero ahora en manos de otros dueños, para absorber las utilidades de los “dorados 90”, uno de los períodos de mayor bonanza y crecimiento de nuestra historia. “Empresas zombis”, las llamó el periodista Jorge Rojas, en una detallada investigación en The Clinic.

Recién en 2004, el SII (bajo la dirección de Juan Toro Rivera, 2002-2006) frenó esa ofensiva a través de una investigación llevada adelante por una “fuerza de tarea” integrada por funcionarios traídos desde distintos puntos de Chile. CIPER accedió a parte de esa indagación, incluyendo una nómina de 60 empresas prósperas en las que el SII detectó la repentina aparición de pérdidas que calificó de “improcedentes”. De ellas, 20 usaron esas pérdidas para rebajar impuestos (las otras 40 no lo habían hecho en ese momento, pero estaban en posición de hacerlo).

Para esta investigación, CIPER seleccionó las 10 empresas en las que pudimos obtener tanto los montos de las pérdidas que sus dueños reclamaban, como la rectificación de impuestos que les exigió hacer la autoridad tributaria, cuando la hubo. La investigación permitió además identificar otras seis importantes firmas –alguna de ellas no investigadas por el SII– que también recurrieron a “empresas zombis” para intentar pagar menos impuestos.

En el caso de Inversiones Bancard Ltda., según fuentes del SII, en virtud de la prescripción vigente, solo se le cuestionaron las declaraciones de los años 2002, 2003 y 2004, totalizando un impuesto adeudado de $261,96 millones. En síntesis, el argumento del SII fue: mientras Inversiones Bancard Ltda., aseguró haber tenido en esos años pérdidas por $980 millones, la autoridad detectó utilidades por $547 millones. (Ver cuadro.)

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Para propiciar el pago sin que mediara un conflicto judicial, fuentes del SII aseguran que se le ofreció a Bancard Ltda. –y a las otras empresas en su misma situación– una condonación que es la estándar en estos casos: entre el 50 y 70 por ciento de los intereses y multas. Los representantes de Inversiones Bancard Ltda., aceptaron, rectificaron sus declaraciones de impuestos y pagaron.

CIPER se comunicó con la oficina del ex presidente Sebastián Piñera el 6 de marzo. Le informamos a su encargado de prensa que estábamos haciendo una investigación sobre el uso de “empresas zombis” y queríamos su versión sobre el uso que Piñera hizo de al menos cuatro de ellas que habían pertenecido a Manuel Cruzat. Reiteramos nuestro pedido al menos en cinco oportunidades. No obtuvimos respuesta.

Lo mismo ocurrió ese año 2004 con Empresas Penta S.A. Según diversas fuentes consultadas por CIPER, el holding de Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano declaró pérdidas por $54.397 millones. En virtud de ello, Penta reclamó la devolución de cerca de $4.100 millones por tributos pagados en los años anteriores, de los cuales el SII devolvió $1.800 millones. Tras la investigación hecha durante la gestión de Toro, el SII cuestionó más del 90% de las pérdidas que reclamaron por los años 2001, 2002 y 2003, y le exigió a Penta el pago de $5.800 millones ($5.778.756.439). Tras una larga negociación, que también incluyó una rebaja de intereses y multas, Délano y Lavín también pagaron (los detalles de la operación de Penta y la respuesta de la empresa se publicarán en la segunda parte de este reportaje).

En 2007, cuando el abogado Ricardo Escobar era director del SII (2006-2010), se hizo una estimación del daño al Fisco que este “masivo ataque” podría haber provocado. El resultado fue sorprendente: si las 60 empresas que declararon tener pérdidas hubieran tenido éxito en usarlas tributariamente, el Estado habría dejado de recibir $1 billón 36 mil millones ($1.036.070.209.607), tanto por reducción de impuestos como por tributos que las empresas habrían tenido derecho a recuperar.

Un importante tributarista de la plaza –quién afirma que en estos casos no había nada irregular–, dijo a CIPER que muchas empresas terminaron pagando lo que el SII pedía, pues se las amenazó con juicios, lo que finalmente solo se concretó en el caso de Vital S.A. (que intentó hacer valer pérdidas tributarias por $47 mil millones).

–Hoy, con tanto empresario desfilando ante la justicia, se ha perdido el impacto que tenía en ese momento la amenaza de verse expuesto públicamente. Eso pesó mucho, aunque no hubiera ningún delito y aunque el SII hubiera terminado perdiendo los juicios –argumentó el mismo experto tributario.

En las páginas que siguen se exponen antecedentes para que el lector se forme su opinión sobre la legalidad y la ética de estas operaciones.

EL MECANISMO

La estrategia usada por esas 60 empresas para ser a la vez pujantes y tener grandes pérdidas, consistió en comprar firmas que habían quebrado o habían sido sometidas a acuerdos preventivos en los años ´80. Eran lo que los expertos tributarios llaman “cascarones”. Sin empleados ni terrenos ni oficinas ni know how, esos cascarones eran apenas un RUT. ¿Qué había de valioso en ellos como para que Piñera, los Cueto, Délano y Lavín pagaran entre $ 500 y $900 millones por cada uno? Algo que estaba atado a ese RUT; una pérdida tributaria que les permitía declarar ante el SII que las utilidades de sus empresas habían desaparecido y por lo tanto no tenían que pagar impuestos, o podían recuperar los pagados en años anteriores.

Esas pérdidas tenían su origen, mayoritariamente, en deudas impagas de los años ´80. Pero 10 años después, cuando prósperos empresarios se interesaron en ellas, eran deudas muy distintas a las que angustian al ciudadano común.  Primero, ya no tenían acreedor, pues a comienzos de los ‘90, cuando las empresas quebradas vendieron todos sus activos y los juzgados civiles determinaron que ya no había más nada a qué echar mano para pagar a los acreedores, se borraron las deudas que quedaban aún impagas. Así, aunque los compradores de estas empresas alegaban ante el SII tener una pérdida tributaria, nadie le exigía a Inversiones Bancard que pagara $44 mil millones ni a Vital S.A. que cancelara $47 mil millones. Esas empresas simplemente constataban que debían ese dinero y que no lo habían pagado. Y en función de esa declaración, reclamaban tener una pérdida que neutralizaba sus utilidades.

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Pero resulta evidente que Piñera no había perdido nada; y yendo hacia atrás, ni siquiera se puede sostener que la mayor parte de ese dinero lo haya perdido Cruzat (a quien Piñera compró al menos cuatro sociedades con pérdidas) ni Vial (quien vendió “empresas zombis” a los controladores de Falabella, entre otros). Los que sí habían perdido mucho eran los que le prestaron a Cruzat y Vial: los bancos que fueron intervenidos, los ahorristas que perdieron sus depósitos, el Fisco, que salió al rescate de la banca y a través del Fisco, todos los chilenos. ¿Qué justificación había para que los prósperos empresarios de los 90 y 2000 reclamaran haber perdido ese dinero y en función de eso pagaran menos impuestos por sus utilidades?

Aunque ese cuestionamiento es válido para todas las operaciones que se van a describir en esta investigación, desde el punto de vista de la “técnica tributaria” algunas están mejor hechas que otras: algunos abogados recurrieron a zombis “más frescos”, comprados pocos años después de que se cerraran sus acuerdos preventivos, zombis que tenían su contabilidad en orden (varias de las empresas Cruzat son de este tipo). En esos casos, aunque el SII cuestionó grandes montos relacionados con el cálculo de intereses y reajustes, no acusó delitos.

Como se verá más adelante, el abogado Fernando Barros, tributarista de cabecera de Piñera, se refiere a la reacción del SII ante esas operaciones como “correcciones monetarias”.

Pero hay otro tipo de zombis que llevaban décadas bajo tierra y revivirlos implicó un trabajo titánico para equipos de contadores y abogados. En ocasiones debieron forzar barreras éticas, legales e incluso desafiar la lógica: porque cuando no hay un acreedor, no hay quién diga exactamente cuanta es la deuda, ni quien calcule el interés.

En casos como los de las empresas Johnson´s y Vital S.A. fue el comprador del cascarón el que debió calcular minuciosamente cuánto debía. Investigaciones periodísticas que han revelado el uso de zombis para bajar impuestos –como las del periodista Carlos Tromben (Crónica secreta de la economía Chilena, Ediciones B, 2016 ) y la citada serie de Jorge Rojas–, describen equipos de contadores reconstruyendo deudas de empresas quebradas, hundidos en cerros de facturas impagas, movidos por el paradójico aliciente de que mientras más grande la deuda, mejor para el deudor. Una vez que esas cuentas estaban listas, se presentaban todas juntas ante el SII, en un solo acto, por lo que de un día para otro empresas con buenos números parecían en quiebra.

Pero no solo eso. Puesto que la deuda original se había borrado, la pérdida que se reclamaba era, en su mayor parte, el interés reajustado de la deuda original que se borró.

–La deuda que el Servicio cuestionó en muchas empresas fue el reajuste experimentado por lo que se llama la “pérdida de arrastre”, la cual estaba formada por un conjunto de intereses, reajustes y diferencias de cambio que estaban vinculadas con obligaciones y préstamos que nunca se pagaron –explicó a CIPER un experto tributario.

Es importante destacar que hay aspectos de estas operaciones que siempre han sido y siguen siendo incuestionables. Por ejemplo, si una empresa en 2016 tiene ganancias, puede no pagar los impuestos que corresponden echando mano a las pérdidas que tuvo en años anteriores. O también puede guardar esas pérdidas en una especie de “cuenta de ahorro” para deducir impuestos cuando lo estime conveniente. La razón de esto es que la ley considera que las empresas son unidades clave de la economía, por lo que el Fisco las apoya en las malas épocas (devolviéndoles los impuestos pagados, por ejemplo), para que tributen por las utilidades reales en el largo plazo.

La “innovación” que los avezados tributaristas intentaron fue reclamar el apoyo fiscal para cascarones cuyo único bien era el ahorro tributario que le podían generar a las prósperas firmas compradoras.

EL ORIGEN: COMISIÓN PROGRESA

No hay precisión sobre la fecha en que empezó a usarse esta estrategia. Un abogado tributarista dijo a CIPER que si firmas líderes se arriesgaron a usar las millonarias pérdidas de los cascarones de Cruzat y Vial, es porque el mecanismo se probó muchas veces antes.

–Las empresas de Cruzat y Vial fueron la apuesta final de una estrategia que se había chequeado muchas veces. Cuando te arriesgas a declarar pérdidas por $1.000 millones, es porque antes lo lograste al menos 20 veces por montos menores –dijo a CIPER el mismo abogado.

Otro abogado dijo a CIPER que a inicios de los ‘90 ya había literalmente un “mercado de cascarones”, y los tributaristas iban compañía por compañía ofreciéndolos para hacer desaparecer utilidades.

Buena parte de los primeros cascarones que se vendieron provenían de la Comisión Progresa, una entidad formada a mediados de los ‘80 por bancos acreedores del grupo Cruzat, que trataban de recuperar algo del dinero que le habían prestado, vendiendo las sociedades del grupo. El proceso fue lento y difícil, entre otras cosas porque durante mucho tiempo el mismo Cruzat tuvo poder de veto sobre las decisiones de la Comisión, recuerda el periodista Carlos Tromben, en su libro. En la segunda parte de esta serie se abordará en detalle el trabajo de Progresa, pero es importante tener claro que cuando los bancos terminaron de vender las acciones que tenía Cruzat, se quedaron decenas de sociedades vacías, cascarones llenos de pérdida. Eran las sobras del poderoso grupo. Y decidieron venderlas.

Fernando Barros, asesor tributario de Piñera desde comienzos de los ‘90, piensa que no hay nada irregular en el negocio de cascarones. De hecho, él no los llama así, pues le parece que sólo eran empresas que estaban liquidando los bienes de un periodo de su actividad económica. Estima, además, que el uso que se les dio a las pérdidas de esas empresas estaba “expresamente autorizado por la ley”, ya que reconocía las pérdidas como un activo del empresario, y no ponía límites a cómo estas pérdidas se originaban y vendían.

Fernando Barros
Fernando Barros

El abogado remarca también que, en el caso de las empresas del grupo Cruzat, al ser éstas vendidas por la Comisión Progresa, era como si las vendiera el Fisco.

–Los bancos que integraban esa comisión estaban intervenidos, lo que implica que reportaban todo a la Superintendencia de Bancos (SBIF); y cuando Progresa comenzó a ofrecer empresas con pérdida, es evidente que la SBIF lo sabía y aceptaba ese mercado –afirmó Barros a CIPER.

Aunque esa “aceptación” de la SBIF no fue oficializada en ningún documento público, para el abogado Fernando Barros fue suficiente para entender la venta de cascarones de comienzos de los 90 como parte de una política pública.

Recién en 2004, más de 10 o 15 años desde el inicio de estas prácticas, el SII las cuestionó con firmeza y, en algunos casos, obligó a importantes empresas a rectificar sus declaraciones argumentando que sus pérdidas eran inexistentes o estaban infladas por intereses y reajustes que no correspondían.

Pero los datos obtenidos por CIPER muestran que esta historia no se entiende si se la mira solo como un asunto de empresas astutas y fiscalizadores lentos. Y ello, porque parte de la argumentación que permitió el uso tributario de estas “sombras de deuda” fue proporcionada por el propio SII.

En efecto, a fines de los ’90, durante la gestión de Javier Etcheberry (1990-2002), el SII emitió pronunciamientos ante las astutas preguntas hechas por abogados tributaristas (“preguntas capciosas”, las llama un ex funcionario del SII). Así, a través de esas respuestas, proveyó a los abogados de argumentos para construir interpretaciones que permitieran a sus clientes acceder a beneficios impensados en la ley.

Si el SII se demoró tanto en reaccionar ante lo que lo que entendía como un “ataque”, eso se debe en parte a que estaba cazado en sus propias palabras.

LOS CASCARONES DE PIÑERA

En el caso de las empresas del ex presidente Sebastián Piñera, la investigación de CIPER detectó la compra de al menos cuatro cascarones de los ‘80 cargados de pérdidas. Solo uno de ellos fue investigado por el SII y debió rectificar sus impuestos.

El ex presidente usó estos cascarones entre 1995 y 2004, periodo en el que fue senador por Santiago Oriente (hasta 1998) y luego presidente de Renovación Nacional (2001-2004).

Uno de los cascarones más importante comprado por la estructura de negocios de Piñera fue la Compañía de Desarrollo Industrial. Lo adquirió en 1994 a través de Editorial Los Andes, pagando la $817,5 millones ($817.495.956) a la citada Comisión Progresa.

La Compañía de Desarrollo Industrial tenía una deuda de arrastre de más de $39 mil millones. Nada más. Según el informe de Iván Lefort, de Lefort y Asociados, Auditores Consultores, registraba el siguiente patrimonio: activo circulante 0; activo fijo 0; otros activos 0.

A la cabeza de esta empresa quedó Gustavo Valdés, cuñado de Piñera. Y siguiendo un libreto que se observa con otras firmas (ver recuadro “Las otras zombis de Piñera y Cueto”), después de la compra, el cascarón fue rebautizado: Inversiones Bancard Limitada.

El siguiente paso fue que esta “empresa zombi” absorbió tres firmas clave del holding de Piñera: Inversiones y Asesorías Santa Magdalena S.A., Inversiones Libardón S.A. e Inversiones Santa Cecilia S.A.

Compra, fusión y bautismo: todo se hizo en un solo acto, como consta en la escritura del 24 de abril de 1995 (Notaría de Andrés Rubio). Así, en pocas horas, una empresa que financieramente tenía 0, que tributariamente tenía una deuda de $39 mil millones, adquirió un capital social de más de $19 mil millones ($19.579.195.511).

Este caso es particularmente ilustrativo, porque CIPER accedió al detalle de cómo año tras año las pérdidas de Cruzat en los ’80, rebajaron los impuestos que debía pagar Piñera en los ‘90 (Ver tabla).

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El periodo en que el cascarón de Cruzat le reportó mayores beneficios a la empresa de Piñera fue entre 1998 y el año 2000, cuando desaparecieron más de $40 mil millones de las utilidades de Inversiones Bancard Ltda. En ese momento, según quedó anotado en 1997 en el Registro de Comercio, la empresa había aumentado su capital social a $21.428 millones, aportados por Sebastián Piñera Echenique (88,06%); sus cuatro hijos con 2,42% cada uno y Editorial Los Andes S.A. (2,23%).

¿Cuál era el origen de esta sorpresiva y elevada pérdida tributaria? De acuerdo al análisis que hizo del SII, solo $12.465 millones correspondían a capital perdido por la empresa de Cruzat que compró Piñera (Compañía de Desarrollo Industrial); el resto (casi $30 mil millones), era una mera “corrección monetaria”: es decir, el reajuste de un conjunto de intereses y diferencias de cambio calculados sobre obligaciones y deudas que fueron borradas y nunca se pagaron.

Fue así como el SII aceptó como válidos solo los $12 mil millones, pero rechazó esta “corrección monetaria”. Al recalcular la situación de Inversiones Bancard Ltda., el SII estimó que legítimamente Piñera podría no haber pagado impuestos por esta empresa hasta 1997. Sin embargo, desde ese año y hasta 2004 debería haber cancelado en torno a los $2.500 millones en tributos.

¿Por qué Inversiones Bancard Ltda. rectificó sus impuestos sólo por $ 261,96 millones? Según fuentes tributarias, por el límite de tres años que tienen las investigaciones administrativas del SII. Así, aunque Bancard usó pérdidas por $39 mil millones (del cascarón Compañía de Desarrollo Industrial), la mayor parte de la operación estaba prescrita y el SII solo reclamó impuestos asociados a mil millones de pesos.

Este hecho plantea una gran interrogante: ¿cuán efectiva fue la fiscalización del SII en 2004? Dicho de otro modo, es posible que la autoridad haya fiscalizado cuando gran parte de las pérdidas de algunos cascarones ya había sido usada. Esta duda se acrecienta al observar la información del SII sobre el uso de las pérdidas tributarias entre 1996 y 2006 (Ver Gráfico).

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Los datos sugieren que la intervención del SII en 2004 fue exitosa en reducir la cantidad de impuestos que las empresas recuperaron aduciendo pérdidas. Pero también indican que una gran cantidad impuestos pagados fueron devueltos entre 1996 y 2000, años que la investigación del SII examinó, pero en los que no se pidieron rectificaciones de impuestos debido a los tres años que fija el límite de la prescripción

La información tributaria a la que accedió CIPER muestra otro asunto delicado: entre 1997 y 1999 Piñera y su familia efectuaron “retiros” desde Inversiones Bancard Ltda. por un total de $91 mil millones ($91.084.276.251, ver cuadro). Y ello, a pesar de que ante el SII y en ese mismo período – gracias al uso del cascarón– esa misma sociedad declaró solo pérdidas.

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Para entender este punto hay que tener claro otro de los efectos “cuestionables” del uso de los cascarones. Cuando una empresa tiene pérdidas y sus dueños sacan dinero de ella, tributariamente a eso se le llama “retiros en exceso”. Y esos dineros no pagan impuestos hasta que la empresa vuelva a tener utilidades tributables. Entre las fuentes consultadas por CIPER no hubo claridad de si Piñera y su familia pagaron o no impuestos por esos retiros. Y no fue posible clarificar este punto con el propio Piñera pues no accedió a responder nuestras preguntas.

Solo hay constancia de que pagaron $261,96 millones, monto resultante de la rectificación a la que los obligó el SII, como se dijo anteriormente.

Fuentes tributarias especulan que, con una asesoría adecuada, bien pudo Piñera haber mantenido Inversiones Bancard Ltda. sin utilidades, de modo de evitar el pago de impuestos. Si fue así, toda obligación de tributar por estos “retiros en exceso”, desapareció finalmente en 2014. Lo anterior, debido a que la reforma tributaria del actual gobierno –y que busca terminar con la práctica del “retiro en exceso”– permitía que, si la empresa se disolvía antes del 1 de enero de 2015, no pagara nada.

Justamente eso fue lo que ocurrió con Inversiones Bancard Ltda. El 18 de diciembre de 2014 la junta de accionistas de Los Andes Ltda. resolvió absorber Inversiones Bancard Ltda. Si había “retiros en exceso” en esa fecha, la obligación de pagar impuestos por ellos desapareció. Como resultado de esta absorción, el capital social de Los Andes Ltda. se empinó en más de $34.500 millones.

Fernando Barros, no quiso referirse a las operaciones de Inversiones Bancard Ltda., pues no comenta las inversiones que hacen sus clientes. En entrevista con CIPER solo se refirió en términos generales a las “empresas zombis” de Cruzat, que eran vendidas por la Comisión Progresa y que él conoció.

–No conozco ningún caso salido de la Comisión Progresa en que se le haya cuestionado las pérdidas. He sabido de algunos casos en que se han detectado correcciones, que tienen que ver con la “corrección monetaria” de activos y pasivos. Fueron temas de fiscalización más normal y rutinaria, pero nunca un cuestionamiento a la base de la operación. En ningún caso el SII dijo que esto fuera evasión o elusión.

–¿Usted reconstruyó las contabilidades de las empresas de Cruzat que compraron sus clientes?

–Las contabilidades que yo conocí estaban todas impecables. No hubo nada que reconstruir.

–¿Se refiere a Inversiones Bancard Ltda.?

–No, estoy hablando en términos generales. Las sociedades que me tocó evaluar estaban impecablemente al día, con todos sus resguardos contables. Yo vi estos temas desde el ‘88 al ‘92 aproximadamente, un periodo en que las sociedades estaban relativamente “frescas”, pues los convenios habían terminado el ‘86-‘87 e incluso el ‘90. Y lo que pasó luego es que a partir de esa experiencia otras personas intentaron hacer lo mismo en los años 2000, y a partir de documentos en cajas reconstruyeron contabilidades, revivieron a estos muertos. Yo no he participado, ni habría tenido la capacidad para reconstruir sociedades 20 años después.

AXXION, EL BUQUE INSIGNIA

Si bien Barros no habla de las asesorías de su cliente, hay dos sociedades a las que sí se refiere, pues en ellas aparece como comprador directo o como socio fundador. Una es Textiles Arltex S.A (que se examinará en la segunda parte de esta investigación). La otra es Inversiones COIA S.A., industria alimenticia que fue el corazón del grupo Cruzat-Larraín y sobre el cual Piñera levantó una sociedad clave de su imperio: Axxion S.A.

En 1996 COIA pasó a ser controlada por el abogado Barros  a través de Inversiones La Plaza Ltda.

–La Plaza es una sociedad personal. Compré COIA porque pensé que podía ser de utilidad para mis clientes –dijo a CIPER.

En sus tiempos de gloria COIA había concentrado las acciones que el grupo Cruzat tenía de Copec y CCU, entre muchas otras empresas. Los bancos de la Comisión Progresa se cobraron las deudas con la venta de esas acciones y cuando llegó Barros, en COIA no quedaba nada, salvo una abultada pérdida: $52 mil millones. Pese a eso, Barros puntualiza que no corresponde calificar a COIA como cascarón, pues “era una sociedad anónima abierta, que nunca fue objetada ni por el SII ni por SVS. Aquí no estamos hablando de desenterrar muertos”.

–Pero su único activo era la pérdida.

–COIA tenía otros activos de valor. Su historia. Es una de las 10 empresas más antiguas de Chile. Nosotros compramos varias sociedades con muchos años de historia porque en determinados negocios decir que la empresa fue fundada en 1914 tiene importancia.

–Le cambiaron el nombre por Axxion. La historia no parece haber sido muy relevante.

–Está bien. Pero eso lo hicimos cinco años después de la compra, cuando cambió la ley.

Barros se refiere a la Ley Nº 19.738, “Normas para combatir la evasión tributaria”, promulgada en junio de 2001 y con la que el gobierno de Ricardo Lagos intentó restringir el uso de las pérdidas. Esa ley, dice Barros, hizo que cambiaran de plan: no era posible usar la pérdida.

–Nosotros cedimos COIA después de esa ley, por la vía de un aumento de capital –afirma.

Según consta en el acta de la junta de accionistas de Inversiones COIA (16 abril de 2001), Barros la rebautizó como Axxion y sugirió a la junta de accionistas un aumento de capital de $750 millones. Sebastián Piñera suscribió ese aumento de capital a través de su sociedad Santa Magdalena y llegó así al directorio de Axxion en octubre de 2001. Barros quedó como miembro del directorio.

El 1° de octubre de 2002, Axxion fue fusionada con FSC S.A., una sociedad que Piñera creó dos meses antes y donde puso buena parte de sus inversiones bursátiles, entre ellas, el 20% de Lan Chile. Como resultado de la fusión, Axxion pasó en un año a tener un capital de $63.500 millones. Durante el siguiente lustro, Axxion fue una de las principales sociedades de inversión de Piñera. En 2010, cuando fue electo Presidente de la República, la vendió al Grupo Bethia en US$462 millones.

Barros sostiene que Axxion nunca usó la pérdida de arrastre que tenía para reducir sus utilidades y pagar menos impuestos.

–Axxion nunca tuvo renta líquida imponible positiva. No tengo la cifra aquí. Puede que haya ocupado algo, pero el 95 % de esa pérdida no se ocupó así, porque esa sociedad fue una sociedad holding y nunca tuvo ingresos de primera categoría contra los cuales imputar su pérdida. Axxion no usó la pérdida para rebajar impuestos.

–¿Por qué entonces se reduce año a año los $52 mil millones de pérdida hasta desaparecer y Axxion no realiza provisión para impuestos a la renta? (Ver tabla)

AXXION PERDIDAS TRIBUTARIAS

–La pérdida se fue a cero substancialmente porque se la imputó contra dividendos que no tenían crédito –dijo a CIPER. Afirma que con ese uso no se redujeron utilidades ni se dejaron de pagar impuestos.

–Si no usó la pérdida ¿qué beneficio obtuvo Piñera al comprar esa sociedad en $700 millones?

–Primero, era una sociedad con historia, era un buque insignia, ideal para transformarse en una empresa holding. Y cumplió con esa misión. Segundo, él no pagó por COIA –dice Barros y explica que “cuando tomas el control de una sociedad aumentando el capital de 100, pasas a controlar los 100”.

–Pero COIA era suya. ¿Usted perdió dinero con la venta de COIA?

–Piñera nos pagó, pero a valor de libro. Tuvimos una pérdida. Le achuntamos a algunas operaciones y a otras no. Porque nos cambió la ley entre medio y se perdió la oportunidad de traspasar la pérdida.

 

LAS OTRAS ZOMBIS DE PIÑERA Y CUETO

La investigación de CIPER detectó otras dos empresas que el ex presidente Piñera construyó sobre los restos de firmas quebradas en los ‘80 y que confirman el uso frecuente que hizo de esta estrategia.

En 1994 compró Administración e Inversiones El Bosque Ltda., que originalmente también formó parte del imperio Cruzat. Esta vez, Piñera asumió su control (el 50% a través de Inversiones Santa Cecila S.A.) en conjunto con la Familia Cueto (adquirió el 33% a través de Inversiones Tulúm S.A.). Luego de que este cascarón absorbiera un grupo de sociedades controladas por Piñera (Inmobiliaria Valle Escondido, Asesorías e Inversiones Santiago S.A., Servicios Las Condes S.A., Promotora de Negocio S.A. entre otros), la empresa resultante fue bautizada como Inversiones Bancard S.A. Su capital social: $8.126 millones.

(Una precisión: si bien esta nueva empresa lleva el mismo nombre de una ya mencionada –Inversiones Bancard Limitada–, esta es una sociedad anónima, lo que tiene un efecto tributario distinto).

Lo que sigue a continuación es el dato interesante. Porque junto a su capital social, la nueva empresa dejó registrada en sus balances una pérdida tributaria de arrastre de $21.030 millones ($21.029.721.309), cifra que avaló el ya citado Iván Lefort de Lefort y Asociados, Auditores Consultores. Y su justificación: venta de activos a un precio inferior a su valor contable. Ese ejercicio le permitió a Inversiones Bancard S.A. adueñarse de una importante “pérdida tributaria de arrastre”

La escritura de traspaso del cascarón Administración e Inversiones El Bosque Ltda., registra que Piñera compró su pérdida tributaria en casi $300 millones ($299.434.590), mientras que los Cueto pagaron por su parte poco más de $200 millones. Asíconsta en la escritura del 9 de noviembre de 1994 (Notaría de Andrés Rubio).

La indagación de CIPER no logró determinar si los accionistas de la nueva empresa usaron esas cuantiosas pérdidas para rebajar sus impuestos. Lo que sí es claro es que esta sociedad no aparece entre las 60 empresas que investigó el equipo “fuerza de tarea” del SII.

Piñera volvió a usar una sociedad con la familia Cueto para comprar un cuarto cascarón que había pertenecido a Cruzat: Los Lirios S.A., empresa que estuvo sometida a un convenio extrajudicial desde diciembre de 1984 hasta junio de 1991.

El ex presidente compró en $192 millones su 50% (a través de Inversiones Libardón), mientras que los Cueto se hicieron del 33,5% pagando $61 millones (a través de Inversiones Tulúm), según la escritura del 31 de agosto de 1992 (Notaría de Raúl Undurraga Lazo). Luego del traspaso, Piñera transformó Los Lirios en una nueva empresa: Inversiones y Servicios Los Andes Ltda.

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Por J. A. Guzmán (desde Londres)

Los parlamentarios chilenos recibieron hoy un correo electrónico de la organización británica Finance Uncovered que los insta a transparentar sus declaraciones tributarias. El email señala: “De ningún modo lo estamos acusando de cometer una irregularidad o delito, nada más lejos de nuestra intención. Pero como parlamentario en funciones estaríamos agradecidos si pudiera respondernos una serie de sencillas preguntas que ayudarán en esta búsqueda internacional para lograr más transparencia”.

El correo electrónico forma parte de una campaña mundial que fue lanzada hoy por destacados periodistas de 20 países -entre los que figuran galardonados profesionales de Ucrania, Pakistán y Sudáfrica- que se han reunido en Londres para poner en el debate público la preocupación sobre los negocios de los políticos electos.

Hoy solo un reducido número de países -como para solteros de villalpardo, comunidad valenciana para solteros, Pakistán y Suecia– exige a sus representantes electos hacer públicas sus declaraciones tributarias. Esta iniciativa pro transparencia impositiva, que partió luego de que el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazara mostrar sus declaraciones tributarias, busca cambiar esta situación.

Todos los periodistas que participan de esta iniciativa han recibido entrenamiento o han colaborado con Finance Uncovered, una organización sin fines de lucro que opera desde Londres y que entrena a periodistas e investigadores para abordar temas de abuso tributario, lavado de dinero y corrupción. Estos periodistas usarán una nueva plataforma web para solicitar a los políticos de sus países que transparenten sus impuestos.

Los ciudadanos podrán acceder a la web y ver qué políticos han recibido la solicitud y cuántos han respondido. Esta es la primera etapa del proyecto que espera que otros países se sumen a esta iniciativa.

Con esta ilustración se abre la plataforma web del proyecto
Con esta ilustración se abre la plataforma web del proyecto

La inspiración para este proyecto surge a partir del trabajo del periodista pakistaní  Umar Cheema, miembro del directorio de Finance Uncovered e integrante del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

En 2012, Umar, quien dos años antes había sido secuestrado y golpeado por escribir reportajes críticos al  gobierno, contactó a los 446 legisladores federales de Pakistán y les solicitó revelar sus declaraciones tributarias. Solo dos respondieron.

A través del colegio electoral, Umar obtuvo el número de contribuyente de cada político. Y gracias a una fuente que le ayudó a chequear los archivos, Umar estableció que el 70% de los legisladores, incluyendo el Presidente de su país y 34 ministros, no hicieron ninguna declaración tributaria.

El reportaje publicado en 2013 tuvo un impacto crucial. Hoy todos los políticos de Pakistán hacen públicos sus datos tributarios. De hecho, todo los impuestos que pagan los ciudadanos son publicados anualmente en un directorio que es de acceso público. Eso quiere decir que en este aspecto, Pakistán es más transparente que el Reino Unido o Estados Unidos.

Umar Cheema, reportero investigador en The News en Pakistán, dijo:

-Es un deber de los periodistas hacer que los políticos rindan cuenta. Nada es más importante que la integridad financiera de los políticos, pues sin ella los políticos se vuelven defensores de los intereses de los más ricos Esta campaña por la transparencia tributaria de los políticos va a devolverles lo que ellos han perdido: la confianza pública. Mi reportaje sobre los impuestos de los parlamentarios de Pakistán tuvo un profundo impacto en el público. Esta iniciativa global tendrá el mismo resultado.

Los periodistas que forman parte de este proyecto de transparencia provienen de : Argentina, Armenia, Bosnia & Herzegovina, Brasil, Chile, Costa Rica, Egipto, Guatemala, Hungría, India, Indonesia, Kenia, Nigeria, Reino Unido, Rusia, Sierra Leona, Sudáfrica, Venezuela, Uganda y Ucrania.

Umar Cheema
Umar Cheema

La nómina incluye a la premiada periodista sudafricana Susan Comrie de amaBhungane, Vlad Lavrov del Organized Crime & Corruption Reporting Project, Aman Sethi, periodista y escritor indio; y Tanu Jalloh, periodista y activista en Sierra Leona. Por Chile asiste Juan Andrés Guzmán, periodista de CIPER.

Nick Mathiason, co-director de Finance Uncovered, que está detrás de este proyecto de transparencia, dijo: “Desde nuestro punto de vista, hay un claro y substancial interés público en que los representantes electos transparenten completamente sus fuentes de ingreso y sus declaraciones tributarias. Los representantes electos son pagados por los contribuyentes para tomar decisiones sobre los impuestos y sobre como nuestro dinero se gasta en beneficio de todos”.

CORREO A DIPUTADOS Y SENADORES

En el caso de Chile, se enviaron correos electrónicos a todos los diputados y senadores en ejercicio, preguntándoles si están de acuerdo con la transparencia tributaria y si están dispuestos a hacer pública su última declaración de impuestos (ver recuadro con la nota enviada). En una semanas más, la plataforma web de seguimiento dará la opción a los ciudadanos para que participen e insistan por la respuesta de sus diputados y senadores.

En Chile los políticos no están obligados a hacer pública ninguna información sobre sus declaraciones tributarias.  La ley de probidad (Ley 20.880) que entrará en vigencia ahora en marzo, obligará a 60 mil funcionarios a declarar sus bienes e inversiones y otorga facultades a la Contraloría para imponer multas a quienes entreguen información falsa.

Pese a ser un avance, la nueva ley deja varias zonas oscuras que la declaración tributaria podría transparentar, sobre todo en el crucial aspecto de las fuentes de ingreso.

Este es el correo que recibieron los parlamentarios chilenos

La nota que hoy recibieron los parlamentarios chilenos es la misma que se envío a los legisladores de todos los países incluidos en el proyecto y su texto es el siguiente:

Estimado (nombre del miembro del parlamento):

Alrededor del mundo muchos legisladores están respondiendo a las demandas de sus electores volviéndose más transparentes sobre sus finanzas y los impuestos que pagan.

En Noruega y Suecia las declaraciones juradas de impuestos de todos los ciudadanos, incluyendo a los funcionarios públicos y políticos, están disponibles públicamente. En Italia, los miembros del Parlamento deben presentar sus declaraciones a las autoridades parlamentarias cada año. Esos datos luego, son puestos a disposición de los electores para que los inspeccionen.

Después de que el Center for Investigative Reporting en Pakistán revelara los extendidos abusos tributarios entre los parlamentarios de eses país, los detalles impositivos de todos los ciudadanos, incluidos los representantes electos, comenzaron a ser publicados.

Existe, desde nuestro punto de vista, un elevado nivel de interés público para que los legisladores divulguen sus fuentes de ingresos y los impuestos que pagan. Esto se debe a que la labor de los representantes electos es financiada por los contribuyentes para que, en parte, tomen decisiones vinculadas a la estructura tributaria y sobre cómo se gastan los fondos públicos. Nuestro objetivo es la transparencia, la rendición de cuentas así como evitar abusos y posibles conflictos de interés.

De ningún modo lo estamos acusando de cometer una irregularidad o delito, nada más lejos de nuestra intención. Pero como parlamentario en funciones estaríamos agradecidos si pudiera respondernos una serie de sencillas preguntas que ayudarán en esta búsqueda internacional para lograr más transparencia.

  1. ¿Apoya las iniciativas para que las declaraciones juradas de impuestos y activos financieros de los legisladores electos estén disponibles de manera regular para la supervisión del público?
  2. ¿Qué dudas y cuestionamientos podría tener frente a este tipo de propuestas?
  3. ¿Alguna vez presentó una declaración jurada ante el Servicio de Impuestos Internos?
  4. ¿Podría facilitarnos una copia de su última declaración jurada de impuestos?
  5. Por favor, indique el monto preciso de los impuestos que pagó durante el último año fiscal completo.
  6. Si decide no compartir con nosotros una copia de su última declaración jurada ni indicar cuánto pagó en impuestos, ¿podría indicarnos sus razones?

 Esta solicitud está siendo realizada a todos los legisladores nacionales de más de 20 países incluyendo Chile y está siendo coordinada por Finance Uncovered, una red global de periodismo de investigación financiera ubicado en Londres. 

Por favor, envíe su respuesta dentro de los próximos 30 días. Nuestra intención es publicar las respuestas y revelar los nombres de todos los legisladores que no respondan nuestras preguntas o pedidos de información.

Atentamente,

“Cada vez serán necesarias más y más habilidades para tener un trabajo decente”

Vea también “Estudio prevé que el 50% de los trabajadores chilenos será reemplazado por máquinas

Existe un amplio consenso en que la automatización del trabajo es creciente e inevitable. El dato más actual al respecto lo publicó CIPER la semana pasada: un estudio de la consultora McKinsey Global Institute que estima que el 49% del empleo en Chile tiene posibilidades de ser automatizado en los siguientes 20 a 40 años. Si eso nos lleva a una sociedad más próspera y equitativa, está por verse, pero antes de que tengamos claridad sobre aquello, la entrada constante de robots y programas avanzados en el mercado del trabajo tiene varios elementos desconcertantes que están reordenando el escenario social. Uno de ellos es este: es posible que la industrialización ya no sea una vía para que países como Chile se desarrollen.

En anteriores entrevistas con CIPER, investigadores como Ha-Joon Chang (economista de la Universidad de Cambridge) o Ben Ross Schneider (politólogo del MIT) han mostrado que todos los países que durante el siglo XX alcanzaron el desarrollo lo hicieron industrializándose decididamente (lo que muchas veces implicó que los estados usaran políticas agresivas para conseguir que los privados dejaran de producir materias primas y saltaran a las manufacturas).

Japón en las décadas del 40 y 50, Corea y Taiwán en los años 60 y 70, China e India en la última década, lograron incrementar su riqueza aumentando la variedad y complejidad de lo que producían. En esto fue clave la expansión del sector manufacturero, que para Chang es “el verdadero centro de aprendizaje del capitalismo”, pues allí las personas aumentan sus habilidades, se organizan de forma más compleja e incrementan “el conocimiento colectivo del país”. Para Chang ese conocimiento es el sello del verdadero desarrollo y por eso, argumenta, aunque durante algún tiempo un país que vende cobre y uno que produce tecnología pueden crecer a buen ritmo, en el largo pazo el crecimiento del que vende materias primas es más voluble, menos fuerte y queda atrás, (ver grafico).

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Estas ideas están en el subconsciente chileno y cada vez que el precio del cobre tiembla emerge una pregunta esperable en un país que ya perdió una oportunidad con el salitre: ¿por qué no fuimos capaces de usar la bonanza del cobre para salir de las materias primas?

Pero lo automatización acelerada de las industrias parecen estar cambiando los términos de esa pregunta, haciendo el camino al desarrollo menos evidente y el resultado más incierto. Martin Ford autor del libro El ascenso de los robots (elegido en 2015 el libro del año por el Financial Times) dijo a CIPER que “es posible que China sea el último país en lograr desarrollarse a través de la estrategia de industrialización”.

Citando al economista Dani Rodrick, Ford remarca que muchos países que intentaban ese camino, como México e incluso India, se están desindustrializando prematuramente. ¿Por qué? Hay varios factores, pero Ford cree que el central es la automatización. Las nuevas tecnologías bajaron tanto los costos de producir que están anulando la gran ventaja que tenían esos países: su mano de obra barata. Sobre todo ahora que esta no es tan barata. En el caso chino reportes indican que entre 2003 y 2010 el salario mínimo de sus obreros se triplicó, aunque según la revista Forbes sigue siendo un 1/5 del precio de la mano de obra norteamericana. La conclusión de esto parece paradójica: el robot no es tan competitivo como un trabajador mal pagado, pero si este último comienza a mejorar sus condiciones laborales y, por consiguiente, su calidad de vida (al fin y al cabo las políticas de industrialización se hacen para eso), el robot empieza a ser una buena opción.

En parte por esto, desde 2009 las industrias textiles que habían partido a China, India y México, comenzaron a volver a Estados Unidos. ¿Significa eso que vuelven los empleos? No. Ford lo ilustra con el caso de la firma Parkdale Mills, en Carolina del Norte: si en 1980 esta gigante algodonera hubiera querido tener su nivel de producción actual, habría requerido 2.000 operarios. Pero hoy solo necesita 140 (si se toma el tiempo de ver el video promocional de esta textil tendrá una idea de lo que significa la desaparición del trabajo por efecto de la automatización). Para no perder terreno, China está elevando la apuesta: cero  trabajadores. Cero. Empresas como Foxconn que provee de componentes electrónicos a Apple y Samsung ya han remplazado –en los últimos 2 años- al 60% de sus trabajadores con robots. Y está construyendo enormes plantas totalmente robotizadas, “complejos que funcionan día y noche con las luces apagadas y sin ningún operario adentro”, describió Ford en una charla reciente.

Por supuesto que una industria robotizada de todos modos genera beneficios para la localidad en la que está instalada, en términos de necesidades de transporte, producción de insumos, puntos de venta. Pero, debido a los bajos salarios en los que debe mantenerse y la poca mano de obra que necesita emplear, está lejos de ser el “centro de aprendizaje del capitalismo” que valoraba Chang. Es decir, este centro productivo ya no es aquel lugar donde las comunidades aprendían a hacer cosas nuevas y que permitía mover economías enteras hacia arriba.

Si Chile decidieran ahora intentar desarrollarse por la vía de la industrialización, honestamente, veo difícil que lleguen a la meta”.

-La estrategia de muchos países para prosperar ha sido industrializarse. Pero creo que en el mediano plazo la automatización va a cerrar ese camino. Países como Japón y Corea hicieron su transición al desarrollo con la industria cuando la tecnología era todavía una herramienta para aumentar la productividad de las personas y no un reemplazo de estas. En el caso de China el proceso la sorprendió a medio camino y el impacto que ha tenido la robótica en su economía ha sido muy fuerte. Es inquietante la cantidad de trabajadores que está perdiendo su sector industrial y no sé si logre desarrollarse. En el caso de Chile, si decidieran ahora esa vía, honestamente veo difícil que lleguen a la meta. No puedo decir que no, pero me parece que ese camino al desarrollo se ha cerrado: grandes industrias con gran cantidad de empleados ya no son necesarias -dijo a CIPER.

Pero la robótica, que aparentemente pone una barrera en la vía industrial al desarrollo, también amenaza nuestro tradicional camino de exportar materias primas. El citado informe McKinsey estima que en la minería chilena el 52% de los 100 mil puestos de trabajo que se ofrecen son susceptibles de ser reemplazados por sistemas automatizados; y un porcentaje similar estima la consultora para la industria pesquera y la forestal. Esos sectores probablemente sigan siendo buenos negocios, pero la riqueza que ahí se genere se puede concentrar aún más.

Ford cree que tenemos que ponernos a reflexionar sobre nuestro modelo de desarrollo en serio. “Estamos en la cima de una enorme ola disruptiva que tiene el poder de poner una enorme presión sobre nuestras sociedades”, dijo a CIPER. Estima que los países cuya prosperidad ha estado basada en usar trabajadores mal pagados recibirán un impacto especialmente fuerte.

EMPLEO PARA LOS MEJORES

Martin Ford es ingeniero en computación de la Universidad de Michigan y hace 25 años dirige su propia empresa en Silicon Valley. Desde ella ha sido testigo directo de la velocidad con que avanzan las máquinas y como los empleos desaparecen. Remarca un hecho que se suele pasar por alto: los empleos que se han perdido en el mundo en la última década, particularmente desde la crisis subprime de 2008, son empleos “para gente normal, con habilidades normales”, describe. Los que han surgido, en cambio, son un puñado de empleos de alta exigencia y una gran masa de subempleos.

Ford explica el problema con tres compañías simbólicas: General Motors (GM), Google y McDonald’s. La primera, en su periodo de máximo esplendor, en 1979, llegó a tener 840 mil empleados, detalla Ford. Google en cambio, aunque genera un 20% más de utilidades de lo que nunca produjo GM, nunca ha ofrecido ni un 5% de los puestos de trabajo de GM. Ford cree que las empresas exitosas del futuro serán más como Foxconn, la algodonera Parkdale y Google, y menos como GM.

Robot manoMcDonald’s es identificado por Ford como un modelo clásico de la empresa que ofrece empleos precarios –él los llama “trabajos de última opción”– que no tienen seguridad social y que se han masificado desde 2008. Relata que en 2011 McDonald’s ofreció por internet 50 mil empleos y en un día le llegaron un millón de postulaciones. “Entrar a McDonald’s era en ese momento más difícil que ser aceptado en Harvard”, escribió en su libro El ascenso de los robots.

-GM daba empleo a mucha gente con habilidades promedio y ese es el tipo de trabajo que ha ido desapareciendo- detalló a CIPER. Y agrega: “Eran empleos que estaban en general bien remunerados y mejoraban de acuerdo a la productividad del trabajador. Los empleos que surgen, en cambio, son en su mayoría de baja calidad, sin seguridad, part-time (venta comida rápida, retail, etc); y unos pocos muy bien pagados, como los que ofrece Google a personas con muchas habilidades”.

A Ford le parece que los robots y programas acrecentarán este proceso en el rubro de los servicios: “Muchos de los trabajadores de esos sectores que ya tienen trabajos precarios, pueden experimentar un descenso social y algunos probablemente van a dejar de trabajar definitivamente. Existe el riesgo de que, con el paso del tiempo, más hogares terminen viviendo con ingresos que están muy cercanos a la subsistencia”.

De esta forma, estima que a diferencia de lo que se ha soñado por décadas, la tecnología, como está siendo administrada, no traerá prosperidad para todos sino para unos pocos: “Desafortunadamente, cada vez serán necesarias más y más habilidades solo para tener un trabajo decente. Y eso no es sostenible. Los países deben generar economías que ofrezcan condiciones razonables para todos, no para unos pocos”. Sabe que la exclusión actual de grandes sectores en el mercado laboral de Estados Unidos no se debe solo a la tecnología, pero cree que ella está jugando un rol cada vez mas importante, lo que explicaría una parte del respaldo que tuvo Donald Trump, pues “un 60% de la población no ha participado en el crecimiento económico, se ha quedado atrás”.

LO MISMO SE DIJO DE LA LOCOMOTORA

Las personas suelen rechazar la idea de que los robots amenazan los empleos y piensan que ese botón de pánico se ha apretado muchas veces antes. Lo cierto es que desde los primeros telares industriales destruidos por artesanos que temían quedar desempleados la promesa de que las máquinas aliviarían el trabajo de la humanidad y traerían mayor bienestar ha convivido con el miedo a que generen desempleo y pobreza. Por supuesto, ninguna de las dos predicciones se ha cumplido plenamente.

Ford cree que la esperanza que muchos tienen en la automatización del trabajo proviene de un período especial en el que las máquinas aumentaron la productividad de los trabajadores y estos, a su vez, obtuvieron una participaron en la riqueza que estaban ayudando a crear. Ese periodo va desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta comienzos de la década del 70 (ver gráfico). En esos 30 años tanto la productividad como la retribución recibida por los trabajadores se duplicaron. Sin embargo, a partir de 1973 productividad y salarios se desacoplaron. Mientras en los siguientes 40 años la productividad volvió a duplicarse, los salarios apenas se movieron un 12%.

Mariana Mazzucato
Mariana Mazzucato

Ford piensa que el trabajo fue reemplazado por capital (máquinas) y que la productividad creciente que generaron las máquinas se la han llevado sus dueños. Eso es coincidente con las cifras que han mostrado recientemente los economistas Michael Jacobs y Mariana Mazzucato: mientras el PIB del Estados Unidos aumentó en un 78% entre 1990 y 2014, el ingreso de los hogares de clase media apenas se movió del rango de los US$ 53 mil. ¿Dónde se fue la mayor riqueza? A los tramos más altos. Entre 1980 y 2013 el ingreso del 1% más rico creció un 142%, doblando la participación de este grupo en el ingreso nacional del 10% al 20% (ver Rethinking Capitalismintroducción en Inglés).

Contra la idea de que la productividad siempre producirá mejoras salariales, Ford piensa que lo que ocurrió entre 1945 y 1973 fue algo inaudito, una breve época dorada que hemos asumido erróneamente como algo natural. Citando a Jared Diamond (autor del libro Colapso: por qué una sociedades perduran y otras desaparecen) Ford explica que ese error es similar al que cometieron los primeros colonos que llegaron a Australia y se encontraron con un vergel: Levantaron granjas, sembraron, trajeron ganado, asumiendo que lo que veían eran las condiciones normales. Pero al cabo de una década se dieron cuenta de que el clima normal era árido y que habían tenido la suerte -o la mala suerte- de llegar en un extraño e irrepetible periodo verde.

Ford sostiene, y esta es su tesis central, que el período en que las máquinas, el aumento de productividad y los mejores salarios parecieron estar atados, es esencialmente un periodo dorado que no se va a repetir porque el desarrollo tecnológico actual y futuro puede aumentar la productividad al estilo Foxconn, sin nosotros.

Por supuesto, admite Ford, se han creado empleos que ni se soñaban al inicio de esta era, como los diseñadores de software. Pero remarca que los empleos creados al alero de esta industria son todavía marginales en términos de puestos de trabajo. En Estados Unidos, explica, a pesar de la explosión tecnológica el 90% de los trabajadores sigue empleado “en actividades que se crearon hace 100 años” (ver charla y gráficos a partir del minuto 18). La mayoría de los norteamericanos trabaja “haciendo alimentos, manejan autos, vendiendo productos, haciendo labores administrativas en oficinas”.

Una gran cantidad de trabajadores con educación universitaria van a descubrir que sus trabajos están en la mira de los software automatizados y de los algoritmos predictivos que hoy se están desarrollando”

Los temores de Ford se potencian porque junto a la habilidad creciente de las máquinas para reemplazarnos, la economía del mundo tiene cada vez más dificultades para generar empleos y él no cree que haya motivos para esperar que eso cambie en el futuro. En el caso de Estados Unidos, durante la primera década del 2000, en parte como resultado de la crisis de 2008, se crearon cero nuevos empleos, situación grave para un país que necesita, solo para dar cuenta del crecimiento natural de la población, un millón de puestos al año.

El mismo problema detecta un reporte del economista norteamericano Shawn Sprague, quien muestra que en los 15 años que van entre 1998 y 2013 la riqueza generada por la economía creció en US$3,5 billones. Pero eso se logró sin que fuera necesario emplear más horas de trabajo. Lo que desde el punto de vista de la productividad es muy bueno (se generó más riqueza con la misma cantidad de trabajo), desde el punto de vista del empleo es grave: en esos 15 años la población de ese país creció en 40 millones y las nuevas empresas que surgieron no absorbieron nada de esa mano de obra.

Lo que Ford observa es que hasta ahora la tecnología está destruyendo empleos, pero, contra lo que los optimistas esperan, los trabajos nuevos son pocos y precarios.

EL ATAQUE A LAS CLASES MEDIAS

Otro de los elementos desconcertantes que plantea la automatización es este: durante décadas la literatura económica y los discursos políticos han insistido en que el desarrollo de los países y el bienestar de las familias depende de que las personas mejoren sus habilidades. Sin embargo, el avance de la automatización ha dejado en evidencia que buena parte de las habilidades laborales que se requieren hoy –sobre todo en empresas verticales como las chilenas– son en esencia rutinas y actividades previsibles, que se pueden aprender en la práctica (el famoso learning by doing) o memorizándolas. “Y tanto lo rutinario como lo previsible se puede abordar a través de series de instrucciones (algoritmos), lo que implica que pueden ser llevadas a cabo por un robot o un programa. Y eso podría ocurrir pronto”, dice Ford a CIPER.

Esto plantea un gran desafío para los sectores medios que han llegado a su posición social a través de la educación y que hoy invierten fuerte en la formación de sus hijos esperando que ellos sigan subiendo. Piensan que la educación los mantiene fuera del alcance de las aristas peligrosas de la tecnología, pero Ford discrepa: los programas que se están desarrollando tienen una enorme capacidad de aprender y adaptarse, y eso mejorará cada año. “Una gran cantidad de trabajadores con educación universitaria van a descubrir que sus trabajos están en la mira de los software automatizados y de los algoritmos predictivos que hoy se están desarrollando”, escribe en su libro.

El sociólogo norteamericano Randall Colling va más allá. En un artículo publicado en 2014 (The end of middle-class work: no more escapes) argumenta que mientras la tecnología del siglo XX golpeó a los obreros, la ola de este siglo atacará a “las clases medias que habían adoptado el estilo de vida neoliberal de trabajo duro y buena paga”. La invasión robot, estima Collins, generará un desempleo del 50% al 70% hacia la mitad del siglo XXI, golpeando sobre todo a aquellos que creyeron que a través de altos gastos en educación y de un trabajo disciplinado lograrían escapar del estancamiento que afecta a las clases trabajadoras.

robotPor supuesto, la fuerza del impacto de la automatización dependerá mucho de las habilidades que tenga la clase media de cada país. La creatividad, la mirada crítica, la adaptación a ambientes cambiantes, son todavía habilidades difíciles de reproducir para una máquina. Pero no es claro que se estén incentivando en el sistema educativo chileno. Así se sugiere en un estudio reciente de los sociólogos Manuel Canales, Cristián Bellei y Víctor Orellana (¿Por qué elegir una escuela particular subvencionada? Sectores medios emergentes y elección de escuela en un sistema de Mercado, 2016) quienes afirman que en la elección académica que hacen las familias “los criterios educacionales son supeditados a la búsqueda de segregación socioeducativa”. Estiman que esa segregación es tan importante que “la excelencia académica resulta crecientemente irrelevante para oferentes y demandantes”, lo que ayuda a explicar porqué “el mercado escolar chileno no ha mejorado el desempeño de los estudiantes”.

Con esos énfasis dominando en el sistema escolar no parecen tan sorprendentes los resultados que se registran en los niveles más altos de la formación. En 2013 el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile llevó adelante un estudio que medía la capacidad lectora y las habilidades matemáticas de los adultos. Detectó que el 65% de los que recibieron educación superior se ubicó en los dos niveles más bajos de ambas habilidades, mostrando capacidades equivalentes a las de niños educación básica. Un dato anexo empeora ese resultado. Al comparar con los datos obtenidos 15 años antes, en 1998, no se registró una variación importante. Eso, a pesar de que en esa década y media la educación superior explotó, subiendo de 264 mil a 1.033.886 estudiantes y el Estado entregó a las universidades $450 mil millones a través del Crédito con Aval del Estado, el famoso CAE. Estos resultados se repitieron sin mayores cambios en 2016 en el estudio PIAAC, encargado por la OCDE.

Resulta evidente que una masa trabajadora con habilidades de niños de educación básica no parece una difícil competencia para lo que los robots y programas ya son capaces de hacer. Por otra parte, el lento avance que hemos logrado durante nuestros años de bonanza económica hace pensar que no podemos esperar grandes mejorías en la formación escolar que permitan hacer frente a los cambios que McKinsey anuncia para los próximos años.

¿QUIÉN CONSUMIRÁ SI SOLO LOS ROBOTS TRABAJAN?

Otro razonamiento que lleva a muchos a rechazar la idea de que los robots amenazan los empleos es este: si la mayoría queda sin empleo ¿quién comprará los productos que hagan estos robots?

Como plantea el economista británico Anthony Atkinson en su libro Desigualdad ¿qué podemos hacer? (Harvard University Press, 2015), ese asunto eventualmente será muy relevante. Pero en el camino ocurrirá lo que hoy: muchas empresas harán buen dinero ahorrándose mano de obra y manteniendo ventas altas. Es razonable esperar que el reemplazo paulatino de empleados no genere grandes quiebres, como no ocurrió nada con la desaparición de los correctores de prueba en los medios de comunicación escritos (salvo el aumento de las faltas de ortografía, como lo evidencia este artículo); tampoco ocurrirá nada con la eventual desaparición de los médicos radiólogos ante software capaces de interpretar mucho mejor los exámenes. Como ocurre hoy, según describe el economista  Ha-Joon Chang, las personas que quedan al margen son forzadas a sentirse culpables de su fracaso, pues el sistema económico hace descansar la responsabilidad del éxito sobre el individuo. Eso no tiene por qué cambiar.

Durante ese proceso, como lo sugiere el informe McKinsey, las utilidades de las empresas serán mayores debido a la baja del costo salarial: en el caso chileno, el informe estima que la industria del retail y el comercio en general se ahorrarían en remuneraciones US$9 mil millones si se reemplazara el 51% de los trabajos que tienen el potencial de ser automatizados; la industrias manufactureras se ahorrarían US$6 mil millones.

Eventualmente, llegaremos a un punto como el que plantea la pregunta. Y las respuestas para ese evento son variadas y completamente especulativas.

Para el sociólogo alemán Wolfgang Streeck, la crisis de empleo y consumo generada por la automatización se sumará a varias otras, como el endeudamiento de los Estados o el estancamiento del crecimiento, y el capitalismo agonizará largo tiempo.

Para algunos autores, como el citado sociólogo Randall Colling, estaremos entonces en la crisis final del capitalismo y su reemplazo por algún tipo de socialismo donde las máquinas produzcan para todos. Para el sociólogo alemán Wolfgang Streeck, esta crisis del empleo y el consumo se sumará a varias otras, como el endeudamiento de los Estados o el estancamiento del crecimiento, y el capitalismo agonizará largo tiempo. Para Streeck no habrá socialismo, sino un largo periodo de incertidumbre e inestabilidad. “El final del capitalismo puede ser imaginado como una muerte por cientos de cortaduras y heridas, o por la multiplicidad de enfermedades, cada una de las cuales será más difícil de tratar en la medida en que requiere de que todas se traten al mismo tiempo”, escribió Streeck en su reciente libro Como terminará el capitalismo (Editorial Verso, 2016).

Bill Gates, el fundador de Microsoft, que se define como un tecno-optimista, cree en cambio que la invasión de los robots generarán un desempleo temporal, el que podría solucionarse reeducando a las personas para nuevos trabajos o incentivando a que se dediquen a áreas en que son necesarias e irremplazables, como el cuidado de los niños. Para financiar eso Gates propone que las empresas que usen robots paguen impuestos por cada trabajador que reemplazan. Cabe destacar que una propuesta similar  fue rechazada en el Parlamento Europeo hace una semana, debido a la presión de la industria robótica, la cual argumentó  que ese impuesto haría perder competitividad y amenazaría los empleos que hoy ofrece el sector.

Ford concuerda con Gates y cree que algún tipo de impuesto es necesario. Argumenta, como la economista Mariana Mazzucato, que dado que la tecnología es en gran medida el resultado de grandes cantidades de inversión pública, debe ser entendida como un bien público, y su uso debe pagar un derecho. Los dineros recaudados, estima, habría que usarlos en garantizar a todas las personas un ingreso universal que les permita vivir y consumir. No se trata de un ingreso para reinventarse, porque a Ford no le parece realista que un taxista pueda reconvertirse en ingeniero informático, sino de un “salario” permanente para que las familias no sean arrastradas a la pobreza.

Un salario como ese puede argumentarse desde muchos puntos de vista: como un derecho por ser humano o como una parte del desarrollo tecnológico que le pertenece a todos. Pero no se puede esconder un hecho difícil de digerir: sería un ingreso que se entregaría porque muchas personas no podrían hacer nada productivo. ¿Qué viabilidad tiene eso? La naturaleza extermina a las especies que no pueden proveerse de alimento y la raza humana ha probado ser incluso más implacable que eso.

Ford sabe que un sueldo así sería impensable de conseguir en Estados Unidos y en muchos países neoliberales. Argumenta, sin embargo, que Friedrich von Hayek, uno de los padres del neoliberalismo, contempló es tipo de ingreso cuando una sociedad enfrenta una amenaza de la cual los individuos no pueden protegerse por su cuenta.

Para Ford es difícil encontrar una mejor definición que esa de lo que la creciente automatización del trabajo representa.

Estudio prevé que el 50% de los trabajadores chilenos será reemplazado por máquinas

No es una noticia alegre para difundir en estos meses de verano, pero un reciente informe dice que una ola se acerca y es imparable: los robots quieren su empleo (el mío también) y tienen muchas posibilidades de conseguirlo en el mediano plazo.

Si usted trabaja en el retail, en áreas extractivas, en tareas administrativas, en recopilación de datos, en el área de la salud o las finanzas, en fin, si usted trabaja en algo que tiene cierto grado de rutina, todo o buena parte de su trabajo va ser hecho por máquinas o programas. Los menores costos de los robots (no van a huelga, no necesitan vacaciones, no tienen hijos que se enferman, no se deprimen ni comenten errores) hacen probable que este reemplazo ocurra. Así se desprende del informe de la consultora internacional McKinsey Global Institute publicado en enero pasado y que estudia el impacto de la automatización en 54 países, un tema de creciente preocupación en el mundo, pero que en Chile aún no comienza a debatirse.

FOTO_PORTADA_LIBRO_MARTIN_FORD_El informe ofrece estimaciones de los trabajos más expuestos a ser dominados por desarrollos tecnológicos inteligentes y también evalúa como impactarán las nuevas tecnologías país por país. En términos globales su análisis sostiene que la mitad del trabajo actual estará automatizado para 2055, proceso que se puede adelantar o atrasar 20 años dependiendo de diversos factores. En el caso chileno, el estudio calcula que en el sector retail el 51% del trabajo que allí se realiza tiene el potencial de ser automatizado, lo que eventualmente podría producir una pérdida de hasta 800 mil empleos. En las manufacturas el potencial de automatización es del 61% (600 mil trabajos) y en el área “administración y sector publico” el reemplazo por sistemas automáticos puede afectar al 40% del trabajo que hoy ofrece: 235 mil empleos.

En términos nacionales el informe indica que son 3,2 millones los empleos que pueden ser  automatizados, lo que representa el 49% del total de trabajo que hoy se ofrece en el país. En naciones más desarrolladas, como Estados Unidos, el impacto de la automatización es más bajo: 46% del empleo actual. Pero en México el informe McKinsey estima que robots y programas están en condiciones de hacer el 52% del trabajo que existe hoy en ese país, mientras que en Perú ese porcentaje llega al 53%, en Brasil al 50% y en Argentina al 48%.

Es importante remarcar que el estudio no es una predicción de lo que futuras máquinas podrán hacer, sino una estimación que descansa en la capacidad de la tecnología actual. Es decir, toma en cuenta programas y robots de hoy, los que ya tienen la habilidad de sacarnos una gran ventaja en la lucha por los puestos de trabajo de los próximos años.

Las estimaciones de Mckinsey están en línea con las hechas por una investigación pionera en este campo, llevada adelante en 2013 por Carl Benedikt y Michael Osborne, quienes calcularon que el 47% del empleo en Estados Unidos estaba en riesgo de ser automatizado. Usando el método de estos investigadores y datos del Banco Mundial, un informe del Citi Bank estimó en 2016 un impacto muy superior para países que están intentando desarrollarse. Según el estudio del banco, en Argentina el 65% del trabajo es posible de automatizarse; en India el 69% y en China el 77%.

En Chile, dice el informe McKinsey, el 51% del trabajo que se realiza en el retail tiene el potencial de ser automatizado, lo que eventualmente podría producir una pérdida de hasta 800 mil empleos. En las manufacturas el potencial de automatización es del 61% (600 mil trabajos).”

Por supuesto, el que todos esos puestos de trabajo terminen siendo ocupado por maquinas o programas depende de múltiples factores, no es algo tan fácil de predecir. Influye, por ejemplo, la fuerza de los trabajadores organizados para resistir a esa invasión, y las políticas que tomen los estados para proteger el empleo en un contexto en que las personas viven más años y donde se espera, como se ha visto en la discusión previsional, que todos tengamos que extender nuestra vida laboral, porque las pensiones no alcanzan.

Sin embargo, un factor clave en este tipo de decisiones es siempre cuán conveniente resulta el cambio para las empresas. Y el informe McKinsey aporta un dato relevante: la cantidad de salarios que las empresas se ahorrarían.

En el caso chileno, el informe estima que la industria de retail y el comercio en general se ahorrarían en salarios US$9 mil millones si reemplazara el 51% de los trabajos que tienen el potencial de ser automatizados; la industrias manufactureras se ahorrarían US$6 mil millones y el sector administrativo y público gastarían US$10 mil millones menos en salarios. A nivel nacional el ahorro en remuneraciones sería de US$41 mil millones.

Muchas compañías tecnológicas están decididas a aprovechar al máximo ese ahorro. Por ejemplo, Momentum Machine, empresa que ha desarrollado un robot capaz de producir 400 hamburguesas gourmet por hora sin intervención humana. “Nuestro dispositivo no busca hacer a los empleados más eficientes. Busca reemplazarlos completamente”, dijo en 2012  Alexandros Vardakostas uno de los fundadores de la firma.

Si la ambición y la convicción de este inversionista le parece encomiables, tome en cuenta un dato citado por Martin Ford en su libro “El ascenso de los robots” que remarca la importancia de esos empleos para economías desarrolladas y por ende para economías más precarias como la nuestra.

En 2011 la cadena de comida rápida McDonald  (que emplea 1,8 millones de personas en 34 mil restaurantes en todo el mundo) ofreció 50 mil nuevos puestos de trabajo a través de internet. Eran ocupaciones con bajos salarios, sin beneficios y sujetos a alta rotación: “empleos de último recurso”, los definió Ford. Pese a ello, en un solo día de postulación se recibieron 1 millón de solicitudes. La proporción de puestos ofrecidos versus solicitantes hizo que en ese momento entrar a McDonald fuera más difícil que ser aceptado en Harvard para estudiar. Con un agravante: según repara Ford, si bien en los ‘80 estos empleos los hacían estudiantes que buscaban financiar sus trabajos, desde los ‘90 el promedio de edad de los empleados de esa firma es de 35 años.

¿QUIÉN MÁS ESTÁ EN RIESGO?

Cuando se habla de la expansión de los robots en el trabajo los profesionales suelen sentir que sus empleos están a salvo. Pero eso no es del todo cierto. Un reciente artículo de The Guardian muestra cómo la automatización está entrando en áreas hace poco impensadas. Por ejemplo, reemplazando la toma de decisiones de gestión empresarial (un algoritmo desarrollado por PriOS Project puede encargarse de decidir la contratación y el despido de trabajadores); o reemplazando ciertas tareas de los abogados con un programa que determina si usted tiene un “buen caso” en situaciones como infracciones de tránsito (la compañía está probando el programa en Estados Unidos y asegura que este tiene un 60% de éxito); o reemplazando gran parte de la tarea de periodistas. La compañía Narrative Science ya tiene programas que producen reportes para Forbes y Associated Press y sus dueños estiman que para 2030 el  90% del trabajo periodístico será computarizado.

robotEl informe McKinsey estima que las ocupaciones más susceptibles de automatización son las que involucran más trabajo físico, pero también procedimientos altamente estructurados y repetitivos. Pero no solo ellos. Usando datos laborales del mercado estadounidense el informe ofrece un panorama de cuánto es factible de automatizar cada trabajo, mostrando que prácticamente no hay área en que los robots no pueden entrar.

Como resulta evidente, oficios como el de modelo, clérigo, entrenador de animales o deportista tienen poca o ninguna posibilidad de automatización, según el estudio. Pero también los empleos que requieren habilidades humanas, como la negociación, la persuasión y la originalidad. Así, en la zona del 10 al 30% de reemplazo figuran abogados, profesores de educación básica, asesoras del hogar, auditores y contadores, analistas financieros, editores. En la zona del 50% de reemplazo se encuentran trabajos como el de controlador de tráfico aéreo, cajeros, fotógrafos. Y con un 80% y más posibilidades de ser reemplazado se encuentran empleos como el de panadero, mesero y trabajadores de empresas de comidas rápida en general.

¿DESEMPLEO MASIVO?

Lo anterior muestra que si bien la automatización implica para las empresas un gran ahorro, el costo para la sociedad puede ser enorme. La combinación de alto desempleo juvenil con sistemas previsionales colapsados que requieren que las personas mayores trabajen, y una alta reducción de los empleos por la automatización, puede generar un escenario social de pesadilla.

La mirada de la Consultora McKinsey en este punto es más positiva. Estima que, por una parte, la automatización elevará los niveles de productividad, haciendo que las empresas mejoren sus resultados y la calidad de sus productos y la velocidad con que los hacen. A nivel global la consultora estima que la automatización hará crecer la productividad entre un 0.8 y un 1.4% anual, una cifra asombrosa si se considera que, según estimaciones de McKinsey, la productividad que generó la máquina de vapor entre 1850 y 1910 fue de un 0.3% anual; y que la productividad que generaron los computadores y la inteligencia artificial entre 1995 y 2005 fue de 0.6% anual.

En el plano de los empleos, McKinsey sostiene que la tecnología no va a eliminar de un día para otro los puestos de trabajo completos. Dicho de otro modo, usted no se va a encontrar mañana con la novedad de que su compañero de trabajo es un robot. Pero probablemente ocurrirá que cada vez más tareas que hacía usted, las hará un programa o las tendrá que hacer asistido por una máquina. Lo que ocurrirá entonces, en opinión de la consultora, es que las máquinas y los programas cambiaran completamente la forma de trabajar, las lógicas y los procedimientos de sectores productivos completos. El avance ocurrirá paulatinamente y las personas se irán desplazando hacia nuevos empleos.

Pero, ¿van a existir esos nuevos empleos?

Anthony Atkinson
Anthony Atkinson

La respuesta es compleja. En 2014 el economista norteamericano Shawn Sprague hizo una comparación simple: sumó el total de horas trabajadas en la economía por todos los empleados de Estados Unidos en 1998; e hizo lo mismo para 2013. Obtuvo que durante esos 15 años la cantidad de horas trabajadas permaneció estancada en 194 mil millones de horas. Un hecho intrigante si se considera que en el mismo período la economía logró producir US$3,5 billones de dólares más. Es decir, la productividad se incrementó radicalmente. Los economistas nos han acostumbrado a ver aquello como un hecho siempre positivo, sin ningún matiz oscuro. Pero hay un matiz: en esos 15 años la población de ese país aumentó en 40 millones de habitantes. Los miles de nuevos emprendimientos no absorbieron nada de la nueva mano de obra.

El fallecido economista Anthony Atkinson estaba muy preocupado por esta creciente capacidad de la economía de mostrar resultados positivos ofreciendo cada vez menos empleo. En una entrevista con CIPER argumentó que, dado que gran parte del desarrollo tecnológico se hace con inversión pública, los estados no deben permanecer indiferentes ante tecnologías que hacen desaparecer millones de empleos.

Para contradecir la esperanza de que la automatización cree nuevos empleos, Martin Ford compara la automotora General Motors (GM) con Google. En 1979, en la cúspide de poderío de GM, ofrecía 840 mil empleos. Ford puntualiza que Google, en cambio, nunca ha ofrecido “ni un 5% de esa cantidad de trabajo, y sin embargo genera un 20% más de beneficios. Yo creo es que en las próximas décadas la economía se va a parecer más a Google y menos a GM, dice Ford”.

Convencido de que la política tiene un rol central que jugar en el futuro, Atkinson murió creyendo que la tecnología no cae del cielo sino que es definida por los intereses de los actores económicos y públicos: y que hoy el interés no puede ser solo abaratar costos, sino enfrentar el tema de la desaparición del empleo.

-¿Por qué la Unión Europea debería invertir en desarrollar autos que se conduzcan solos si eso va a terminar con miles de empleos? ¿Por qué no desarrollamos, por ejemplo, cocinas robóticas para las casas? Eso les daría independencia a muchas personas mayores que ahora tienen que estar  en un hospital. La tecnología puede no ser destructora de empleos, sino complementaria –dijo Atkinson a CIPER.

Contra la idea de que sea posible dirigir la tecnología, otros especialistas sostienen que lo que hay que hacer es adaptarse a las nuevas condiciones, por ejemplo, mejorando la educación de los trabajadores. El economista Sebastián Edwards, uno de los pocos que ha abordado este tema en Chile, sostuvo en una columna: “Sólo aquellos países que adapten su legislación laboral, su sistema educativo, su infraestructura y sus instituciones aprovecharán en forma cabal esta revolución tecnológica. Y lo decepcionante, terrible y trágico -porque no hay otra manera de ponerlo- es que en Chile se han aprobado dos grandes reformas -educacional y laboral- sin tomar en consideración este verdadero tsunami”.

Pero no a todos los convence que la salida educativa sea suficiente para neutralizar el impacto de la automatización. Por ejemplo, Ryan Avent (editor de The Economist y autor de The Wealth of Humans), dijo recientemente a El Mostrador: “Más educación sería útil, pero probablemente no podamos mejorar las habilidades de los trabajadores lo suficiente como para aliviar el exceso de personas que compiten por empleos de salarios bajos y medios. En el futuro, la educación tendrá que centrarse más en ayudar a los trabajadores a encontrar satisfacción en cualquier trabajo o participación social que puedan, y los subsidios de ingresos tendrán que estar menos asociados con el trabajo”.

El citado Martin Ford no cree que la economía automatizada genere tantos empleos como los que destruye. En una reciente charla reparaba en que la tecnología actual es tan adaptable que no deja área donde las personas puedan refugiarse: las máquinas pueden hacer todo. Para ilustrar lo innecesario del empleo, comparaba dos industrias ícono de la economía estadounidense: General Motors (GM), la fabricante de autos que hasta los años 70 representaba el dominio industrial de ese país; y Google, símbolo de la nueva era informática y automatizada. En 1979, en la cúspide del poderío de GM, la empresa ofrecía 840 mil empleos. Ford puntualizó que Google, en cambio, nunca ha ofrecido “ni un 5% de esa cantidad de trabajo y, sin embargo, genera un 20% más de beneficios. Es decir, Google es mejor negocio de lo que nunca fue GM. Y lo que yo creo es que en las próximas décadas la economía se va a parecer más a Google y menos a GM”.

 

 

“Sin alterar las relaciones de poder, no habrá solución para la desigualdad”

Anthony Atkinson murió este 1 de enero y la batalla por la reducción de la desigualdad ha perdido a uno de sus mayores defensores. Al más optimista, tal vez. Porque mientras el alemán Wolfgang Streeck, el anterior entrevistado de esta serie, decía que la concentración de la riqueza ha puesto al capitalismo en un atolladero del que no se vislumbran soluciones democráticas, Atkinson creía que hoy enfrentamos grandes problemas, pero nada que esté fuera de nuestro control. “El futuro está en gran medida en nuestras manos”, escribió.

La entrevista a Atkinson se realizó en su casa en Oxford, un día antes del triunfo del Brexit que él creía imposible. Al despedirnos, conversamos de su enfermedad a partir de la dedicatoria que puso en su último libro Desigualdad ¿qué podemos hacer? (Harvard University Press, 2015): “A las maravillosas personas que trabajan en el Servicio Nacional de Salud”, el famoso NHS (por sus siglas en inglés). El prestigioso profesor de la Universidad de Oxford y de la London School of Economics se atendía en el servicio público, igual que la mayor parte de los que habitan su país. Y lo hacía sentir bien saber que la buena atención que recibía estaba al alcance de todos los británicos, independiente de su educación y de su ingreso.

Fue un encuentro con un hombre ingenioso y muy amable. Cuando murió, esta entrevista ya estaba editada. Poner en pasado las vivas declaraciones de un optimista fue triste.

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BLAIR, CALLEJÓN SIN SALIDA

Durante la mayor parte de su vida académica, Atkinson se dedicó a tratar de sacar la desigualdad del rincón en que la dejaron tanto la economía ortodoxa como la izquierda renovada desde la década de los ‘80. Frente a los economistas que sostienen que la desigualdad no debe importar ni a la política ni a las personas (pues es un tema irrelevante, al lado del problema de la pobreza y el crecimiento económico), Atkinson argumentaba que la distribución debía estar en el corazón de la investigación económica. Entre otras cosas, porque a las familias y a los individuos sí les importa.

Algunos pueden sostener que esa fijación en el bienestar ajeno es fruto de la envidia humana; o de la falta de educación económica. Atkinson pensaba que es natural que las personas miren lo que ganan los otros y reclamen por la enorme brecha actual, pues “la extensión de las diferencias económicas tiene profundos efectos en la naturaleza de nuestras sociedades”, escribió en Desigualdad ¿qué podemos hacer?

En ese intenso y último libro -que ya antes de su muerte era su testamento intelectual- hace referencia a las colas de británicos ante los bancos de comida (organizaciones de caridad que proveen de alimentos a los más pobres a precios subsidiados y que se han vuelto esenciales en un país donde 13 millones viven bajo la línea de la pobreza). Esas filas ignominiosas -dice Atkinson- no se pueden desligar de otras filas, que ocurren al mismo tiempo, como la de los 700 millonarios del mundo inscritos para el primer viaje espacial de la empresa Virgin.

Sí importa que algunas personas puedan comprar tickets para un viaje al espacio mientras que muchos otros hacen fila en los bancos de comida. Una sociedad en la que nadie puede comprar tickets para la Luna, pero todos pueden ir a comprar su alimento a tiendas normales, tiene una grado mayor de cohesión y de intereses compartidos”, escribió.

Tony Blair
Tony Blair

También combatió la actitud de la izquierda inglesa, la de la “Tercera Vía” de Tony Blair, que asumió que la desigualdad era el costo inevitable del crecimiento. Para Atkinson, en cambio, “hay pasos que pueden dar los gobiernos, las firmas, los sindicatos y las organizaciones de consumidores para reducir los presentes niveles de desigualdad. Esta no es producto de fuerzas fuera de nuestro control”, escribió. Y reclamaba que la “Tercera Vía” y sus seguidores en el mundo no se hayan atrevido a actuar frente a los mercados, en defensa de las familias.

-Blair llevó al laborismo a un callejón sin salida y la izquierda perdió una gran oportunidad. Tony Blair no fue un gran pensador -dijo Atkinson a CIPER.

En su libro, Atkinson nos recuerda que los mercados no caen del cielo; incluso procesos complejos como la globalización son el resultado de decisiones tomadas por organizaciones, gobiernos, corporaciones e individuos. Y eso implica que “las fuerzas de mercado, indudablemente potentes, dejan mucho espacio para otras determinantes y operan en un contexto social que puede influenciar el resultado de la distribución de ingresos”, escribió. Desde su perspectiva, los mercados pueden ser, sino gobernados, al menos encausados. Y los diques y compuertas para esa meta los debe aportar la política.

Dos convicciones fundamentales empujaron su trabajo en las últimas décadas.

La primera: “Los extremos de desigualdad a los que hemos llegado son intrínsecamente inconsistentes con una buena sociedad”, como lo afirmó en su libro Desigualdad ¿qué podemos hacer? En efecto, hoy 62 personas tienen la misma riqueza que la mitad de los habitantes del planeta (unos 3.600 millones de personas, ver informe Oxfam en inglés). El caso estadounidense es el más extremo: “Ni en la época del imperio romano cuando había esclavos, la riqueza estaba en Estados Unidos tan concentrada como hoy”, ilustró el politólogo Jeffrey Winters en una entrevista con CIPER.

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Portada libro “Desigualdad ¿Qué podemos hacer?”

La segunda convicción, muy ligada a la anterior, es que detrás de la desigualdad de ingresos, de consumo, de riqueza, hay otra más trascendente: la desigualdad de poder. Poder para influir cómo se ordena la sociedad y cómo se reparten los recursos actuales y futuros. La competencia perfecta, decía el economista Kenneth Galbraith,es la forma en que se soluciona el problema del poder, pues si ni las empresas ni los consumidores son capaces de influir en los precios, su poder, de hecho, está limitado. Pero eso ocurre menos de lo que se cree. Los casos de colusión en Chile lo muestran. “Tengo el convencimiento de que la desigualdad en muchos casos puede ser atribuida directa o indirectamente a cambios en los balances de poder”, anotó Atkinson en su libro.

En la conversación con CIPER, el economista británico sostuvo que a partir de los ´80 el poder se concentró en manos de actores que promueven la acumulación del capital, como las empresas y multinacionales, y creía firmemente que la reducción de la desigualdad solo sería exitosa “si se llevan a cabo medidas que contrabalanceen el poder” y lo dirijan hacia organizaciones de consumidores y sindicatos.

-Sin alterar las relaciones de poder, cualquier cambio en la desigualdad no será duradero, ni solucionará el problema -dijo a CIPER.

“USTEDES NO TIENEN LIBRE MERCADO”

Estas convicciones cruzan su libro y lo empujan a un terreno donde pocos académicos se atreven: proponer cómo enmendar el rumbo. En su libro, Atkinson hace 15 propuestas que constituyen una caja de herramientas –algunas de ellas extremas- lanzadas al futuro a la espera de liderazgos políticos que quieran dar un salto real en la reducción de la desigualdad y que, opinaba, hoy no existen.

Esas propuestas no se limitan a la estrategia clásica de aumentar los impuestos. No porque no sea importante, sino porque no es suficiente. Atkinson argumenta en su libro que atacar la desigualdad con impuestos implica actuar al final del proceso de creación de riqueza, cuando los contratos se han hecho, los salarios ya se han pagado y la riqueza ya se repartió. En ese sentido, los impuestos tratan de corregir ingresos que se distribuyen cada vez peor. Y explica que, si con impuestos se quisiera retrotraer la desigualdad en el Reino Unido al nivel que tenía en los años 60, habría que subir el de la renta en un 16%, medida imposible para cualquier gobierno.

Las medidas de Atkinson buscan intervenir antes en el mercado, de modo que la repartición de los premios sea distinta. Propone, entre otros asuntos, que los gobiernos intervengan en la dirección que toma la tecnología, para que ésta colabore en la creación de nuevos empleos y no sea como ahora una amenaza constante a los puestos de trabajo. Otra de sus propuestas es que el Estado tenga como meta mantener el pleno empleo (hoy se asume como normal e inevitable un desempleo de un dígito) y actúe como empleador de último recurso ofreciendo un sueldo mínimo a aquellos que buscan trabajo (lo que se ha llamado “renta básica universal”); y que el Estado rebalancee el poder entre los actores sociales asegurando a los sindicatos un marco legal que les permita representar a los trabajadores.

“El desarrollo en términos globales puede ser inevitable. Pero la dirección la podemos decidir”.

Para un economista tradicional, los argumentos de Atkinson obedecen a que él es simplemente contrario al libre mercado. Un mercado libre, dice la academia, es el resultado de la operación de los actores sin intervención de nadie, sin objetivos fijados por ninguna autoridad. Atkinson habría rechazado esa crítica vivamente, sosteniendo que sí es partidario del libre mercado; el punto es que solo la regulación lo puede hacer posible. Así lo explicó en la entrevista con CIPER:

-Hacia fines del siglo XIX la economía estadounidense era una economía de libre mercado y, a la vez, estaba llena de monopolios. Eso estaba generando una extrema riqueza muy concentrada y grandes niveles de pobreza. Y los norteamericanos decidieron que había que ponerle límite a los monopolios y surgió la legislación que trata de garantizar la libre competencia. El mercado estaba completamente desregulado y eso se volvió inaceptable para la sociedad. Tenemos que entender que el mercado solo funciona gracias a que le ponemos reglas; y se las ponemos porque vivimos en sociedad.

En ese sentido, sobre la gran cantidad de colusiones que se han detectado en Chile, sin que ninguna de las empresas involucradas haya cerrado (castigada por los consumidores engañados), y sin que sus directivos hayan ido presos, Atkinson comentó a CIPER:

-Es que ustedes no tienen libertad de mercado. En Australia, un reciente caso de acuerdo comercial entre empresas en el negocio de las cajas de embalaje, terminó con cinco años de cárcel para los dueños.

Para Atkinson, es la norma antimonopolio efectiva, entre otras regulaciones, la que permite que haya libertad de mercado.

Es importante aclarar que Atkinson no buscaba acabar con la desigualdad, ni tenía en mente un nivel específico al que se debiera apuntar. Argumentaba que hay buenos motivos por los que algunas personas tienen más ingresos que otras (trabajan más o tienen a su cargo decisiones más complejas). Lo que pretendía era cambiar la dirección en que nos estamos moviendo, pues hoy nuestras sociedades están estructuradas para seguir acrecentando una desigualdad que le parecía insostenible.

POBREZA VERSUS DESIGUALDAD

Parte de las ideas a las que Atkinson debió hacer frente en su vida académica las resumió en 2004 Robert Lucas, profesor de la Universidad de Chicago y Premio Nobel de Economía: “El potencial de mejorar la vida de los pobres encontrando diferentes maneras de distribuir la actual producción es NADA, comparado con el aparentemente ilimitado potencial de aumentar la producción”, escribió (ver Revolución industrial: pasado y futuro, texto en inglés).

Fuente: Nobel Prize
Robert Lucas. Fuente: Nobel Prize

Desde esa perspectiva -que dominó desde la década de los ’80- lo correcto era centrar el esfuerzo público en reducir la pobreza a través del crecimiento económico y olvidarse de la desigualdad entre ricos y pobres. Si nos empeñamos en cambiar la posición en que el mercado dejó a cada grupo a través de los impuestos, incluso podríamos dañar el crecimiento y eventualmente aumentar la pobreza. En el citado texto, Lucas le daba a la desigualdad el tiro de gracia: “Entre las tendencias dañinas para una economía bien fundada, la más seductora y en mi opinión la más venenosa, es la de poner el foco en la distribución”.

Durante las últimas décadas, siguiendo la receta de Lucas, muchos países priorizaron la lucha contra la pobreza y dieron la espalda a la desigualdad. Atkinson argumentaba que eso no dio los resultados esperados. Por ejemplo, en Estados Unidos, la pobreza cayó entre 1948 y 1960 desde el 33% al 19%. Pero desde entonces, no ha habido variación y hoy son 45 millones los estadounidenses que están bajo la línea de la pobreza.

La situación en el Reino Unido también es ilustrativa: después de que la pobreza estallara en los ´80 (desde el 13% saltó a más del 22%), el conservador John Major logró hacerla retroceder hasta el 16%. Siendo un gran éxito el de Major, de todos modos el país tiene hoy una pobreza mayor que la que tenía en la década de los ‘60 y ‘70, antes del inicio de las políticas neoliberales.

Una mirada a los países de la OECD le permitió a Atkinson ir más allá: no solo poner el foco en la pobreza tiene resultados decepcionantes; lo mismo ocurre en los países donde, comparativamente hablando, los ricos logran apropiarse de más riqueza.

“Tenemos que entender que el mercado solo funciona gracias a que le ponemos reglas”.

Atkinson examinó el desempeño de las 15 naciones más prósperas de la OECD, y observó que aquellos en los que el 1% más rico se apropia de un porcentaje más alto del PIB -como Gran Bretaña, Estados Unidos, Australia e Italia- son, a la vez, los que tienen los niveles más altos de pobreza dentro del grupo.

Al contrario, países donde el top 1% obtiene proporcionalmente menos riqueza -como Suecia, Dinamarca, Finlandia o Francia-, el nivel de pobreza está bajo la media del grupo. De entre los más prósperos, solo Suiza parece haber conseguido que sus más ricos tengan mucho del PIB y, a la vez, la pobreza sea reducida.

HAY QUE CUIDAR A LOS RICOS

Estos datos contradicen otro argumento central que la economía neoclásica ha usado para ignorar la desigualdad: que el enriquecimiento del 1% genera bienestar para todos. El argumento se basa, en parte, en que ni los pobres ni las clases medias pueden hacer las inversiones necesarias para que los países crezcan. Los ricos sí. Incluso cuando gastan en viajes a la Luna activan una cadena de inversiones y producción, es decir, un círculo virtuoso que debería generar empleos y reducir la fila de personas en los bancos de comida. Esta promesa sirve para justificar un amplio arco de políticas públicas (como rebajas tributarias a los ingresos más altos) que dejan más dinero en el bolsillo de los ricos, pues ellos lo invertirán.

Augusto Pinochet expresó con claridad las consecuencias políticas de esta idea: “Hay que cuidar a los ricos para que den más”, concepto que despierta las más variadas adhesiones (como la del sociólogo Eugenio Tironi).

Atkinson argumentaba que lo que le está faltando a los más pobres y a las clases medias, es lo que los más ricos se están llevando cada vez en mayor cantidad. Y que la mala distribución está empobreciendo a todo el sistema, porque “la producción total está influida por cómo se distribuye la riqueza”.

Portada libro Rethinking Capitalism
Portada libro Rethinking Capitalism

Las cifras recientes parecen darle la razón. La acumulación de los más ricos no solo habría frenado la caída de la pobreza, sino que en muchos países habría estancado el ascenso de la clase media. En el caso estadounidense, aunque el PIB del país aumentó en un 78% entre 1990 y 2014, el ingreso de los hogares de clase media apenas se movió del rango de los US$ 53.000. ¿Dónde se fue la mayor riqueza? A los tramos más altos. Entre 1980 y 2013 el ingreso del 1% más rico creció un 142%, doblando la participación de este grupo en el ingreso nacional (del 10% al 20%). (Ver Rethinking Capitalism, de Michael Jacobs y Mariana Mazzucato,  introducción en Inglés).

Este fenómeno se acentuó tras la crisis financiera de 2008 (de la cual muchos responsabilizaron a la misma élite). Según remarcan Jacobs y Mazzucato, en los tres años que siguieron a la crisis, ¡el 91 %! del aumento en el ingreso terminó en los bolsillos del 1% más pudiente.

Para Atkinson, este estancamiento de los sectores medios es central. “El debate en torno a la riqueza tiende a enfocarse en las grandes fortunas del top de la distribución, pero la redistribución de la riqueza es tanto un asunto de fomentar pequeños ahorros en el 99% como de poner restricciones a los excesos del 1%”, escribió. Y precisó que la historia muestra que cuando se produce un declive de lo que se lleva el 1% (en los países de la OECD), esto se debe no solo a que el Estado cobra más impuesto a los ricos, sino también porque se expande notoriamente lo que el 99% posee.

El modelo de no poner restricciones a los más ricos no ha hecho mejor la vida del resto de la sociedad como se prometía, destaca Ha Joon Chang, economista de la Universidad de Cambridge. En su libro 23 cosas que no te contaron del capitalismo(Penguin books, 2010), ataca ese punto: “Desde los ‘80 les hemos dado a los ricos un pedazo cada vez más grande de nuestra torta en la creencia de que ellos crearían más riqueza, haciendo la torta más grande en el largo plazo. Los ricos tomaron el pedazo más grande, pero han reducido el ritmo en que la torta crece”. Citando al Banco Mundial, Chang afirma, igual que Atkinson, que la mala distribución ha afectado la producción total de riqueza: “Mientras en la década de los ‘60 y ‘70 la economía del mundo creció a un ritmo de 3%, desde la década del ‘80 y hasta 2010 la economía ha crecido a 1,4% al año”.

Hoy, hasta el Fondo Monetario Internacional (FMI), usualmente enfocado en el crecimiento, lanza miradas inquietas ante el crecimiento de la desigualdad. En documentos recientes (particularmente en Redistribución, desigualdad y crecimiento, 2014 y en ¿Neoliberalismo Sobrevendido?, 2016) sus investigadores no solo han dicho que la desigualdad extrema reduce la fuerza y la duración del crecimiento, sino que sostienen que impuestos pagados por los más ricos en actividades con externalidades negativas, pueden ayudar a los países a crecer.

-La desigualdad reduce el crecimiento y lo hace más frágil y breve; y la redistribución, lejos de ser como se dice “una cura peor que la enfermedad”, puede ser una política exitosa, a menos que la redistribución ya sea extrema -dijo a CIPER Jonathan Ostry, subdirector del departamento de Investigación del FMI y coautor de los dos papers citados.

LA “DESIGUALDAD JUSTA”

Es necesario aquí hacer un alto en Chile. La advertencia del FMI sobre el daño que provoca una alta desigualdad al crecimiento, parece hecha para nosotros.

A diferencia de lo que Atkinson describe sobre Europa y Estados Unidos, en nuestro país la desigualdad no se disparó en los ‘80: antes y después siempre hemos sido extremadamente desiguales.

Un reciente estudio de Facundo Alvaredo, Claudia Sanhueza y otros, que usa datos tributarios desde 1964 hasta 2014, resaltó justamente lo extrema y constante que esa desigualdad ha sido en los últimos 50 años. No importa quien haya gobernado (un DC, como Eduardo Frei Montalva; un socialista, como Salvador Allende; un dictador neoliberal, como Augusto Pinochet, o cualquiera de los cinco presidentes desde el retorno a la democracia hasta hoy), siempre hemos estado en el top del mundo. Solo en los últimos años nos ha superado Estados Unidos y se nos ha acercado el Reino Unido (ver gráfico). En su libro, Atkinson destacaba como un hecho positivo que entre 2000 y 2011 la desigualdad en Chile (medida a través del coeficiente GINI) hubiera bajado cinco puntos porcentuales, todo un hito. El estudio de Alvaredo y otros puntualiza que esa tendencia se habría revertido justamente desde 2011.

Comparación internacional, top 1% de 19 miembros de la OCDE

grafico-3-fig-9Esa alta desigualdad no impidió que el país creciera ni que pudiera reducir la pobreza, lo que distingue nuestro caso de lo que describe Atkinson en relación a Estados Unidos y Europa. Por ejemplo, entre 2003 y 2013 el porcentaje de hogares pobres disminuyó de un 15,3% a 6,5% (según datos del Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD 2015); y nuestro PIB per cápita creció de US$ 4.000 a US$ 15.700, en el mismo periodo.Un estudio de Osvaldo Larrañaga y María Eugenia Rodríguez que analiza la pobreza y la distribución desde el regreso a la democracia hasta 2013, afirma que la población que vive en la pobreza se redujo a un quinto. Los autores lo atribuyen al crecimiento económico (durante la década de los ‘90) y a la redistribución (a partir de 2000).

Estos éxitos, sin embargo, no han evitado que a partir de 2011 se hayan intensificado los reclamos sociales. En su estudio, Larrañaga y Rodríguez interpretan que este malestar social se relaciona con “una mayor intolerancia a la desigualdad, producto de una ciudadanía más empoderada por efecto del mismo desarrollo que ha tenido el país”. Muchas familias habrían escapado de la pobreza, pero no de la vulnerabilidad. En su nueva posición estarían menos inclinadas que antes a aceptar la desigualdad en las relaciones de poder, en las relaciones sociales y las oportunidades.

MIT Political Science Faculty Portraits 2016
Ben Ross Schneider

En la cambiante sociedad chilena, esta idea de que la desigualdad ya no se tolera, convive con otra que estima que la desigualdad sería justa, pues simplemente refleja el triunfo de los mejores. Esta idea sigue el argumento que Gregory Mankiw, economista de la Universidad de Harvard, desarrolló en un artículo en 2013: “En defensa del uno por ciento”. Para Mankiw, dado que los súper ricos han hecho una contribución significativa a la economía, no tiene nada de particular que se lleven parte importante de las ganancias; su excepcional cantidad de dinero solo reflejaría que son “un pequeño grupo de individuos altamente educados y excepcionalmente talentosos” que ha sabido aprovechar una revolución tecnológica sin precedentes.

Mankiw está pensando en los millonarios de la industria tecnológica. Pero es difícil aplicar eso a Chile donde el 60% de las exportaciones son materias primas y donde la inversión en tecnología es la más baja de la OECD. Investigadores como el politólogo Ben Ross Schneider (MIT), asocian Chile con un modelo diferente: un capitalismo jerárquico, donde la mayor parte de las grandes empresas son controladas por un grupo reducido de personas vinculadas por la sangre y la clase. Ese capitalismo, describe Schneider, ofrece muy pocos buenos puestos de trabajo (gerencias que quedan en manos de la élite) y muchos puestos mal pagados (temporeros).

Es difícil ver la justicia de una acumulación hecha de esta manera. Para Schneider, además, “dado que el capitalismo jerárquico tiende a concentrar mucho poder en pocas corporaciones, puede producir carteles”. Y refiriéndose a los casos de colusión, dijo a CIPER: “Lo que hoy estamos viendo no me sorprende en realidad”. En su opinión, este tipo de capitalismodifícilmente puede ser defendido por los partidarios del libre mercado” (ver entrevista).

Una reciente investigación de Zerene, Accorsi, López y Figueroa (Nuevas Estimaciones de la riqueza regalada a las grandes empresas de la Minería privada del Cobre: 2005 -2014), corrobora la mirada de Schneider. Al analizar el principal negocio en Chile, la minería, los autores estiman que a través de regulaciones que perjudican al Estado, Chile ha “regalado” a las mineras US$120 mil millones solo en la última década. Los autores hablan directamente de renta “regalada”, porque se trata de ganancias “que no tienen relación alguna con las labores para mantener los niveles de inversión y producción”. En el estudio también la llaman“renta graciosa”, porque“debiendo quedar en manos del dueño del mineral (el Estado de Chile), es graciosamente cedida a las empresas que explotan este recurso”.

En los mercados reales e imperfectos en que vivimos, decía Atkinson, políticas que busque la equidad pueden hacer ganar eficiencia a la economía.

Dos de los autores de este estudio (López y Figueroa) ya habían calculado en 2011 que los cinco hombres más ricos de Chile en ese momento (Luksic, Angelini, Matte, Paulmann y Piñera) ganaban lo mismo que un millón de personas. Tomados en conjunto, estos “5 grandes”, como los llamaban, tenían un ingreso equivalente al 30% de la población chilena (ver estudio en ingles).

-No hay justificación para que alguien gane lo mismo que un millón de personas -dijo Atkinson a CIPER.

– Algunos economistas dicen que eso es perfectamente normal, pues se trataría de personas extremadamente capaces y trabajadoras. ¿Es posible que alguien sea tan inteligente como un millón de personas?

-Por supuesto que no. Y creo que de lo que estamos hablando aquí ya no es de la diferencia, sino de la justicia de la diferencia. Los economistas hemos dejado el problema de la justicia de lado, pero no siempre fue así. Cuando yo era estudiante en Cambridge en 1960, éramos educados en algo que se llamaba “bienestar, valores éticos y economía”. Eso desapareció. Creo que la economía tendrá siempre una debilidad a menos que se enfrente ese tema que está siendo discutido por las ciencias sociales y las ciencias políticas. Porque las personas están muy preocupadas e interesadas en las nociones de justicia. Nada justifica estas distancias de ingreso y la economía debiera enseñar eso.

¿Y SI SE ACHICA LA TORTA?

Por todo lo anterior, Atkinson estimaba que la desigualdad es el problema central de nuestra época. Tan clave que si su reducción implica disminuir el crecimiento, creía que había que pagar ese costo. “Es preferible una torta más chica y mejor repartida que hacer crecer la torta con los niveles de mala distribución que tenemos hoy”, dijo a CIPER.

Pero la verdad es que no creía que, poniendo énfasis en la equidad, reduciríamos necesariamente la torta. Ese temor, decía, viene de la economía ortodoxa, según la cual, dado que el mercado distribuye en forma eficiente, intervenir desde el aparato público para mejorar la equidad, solo puede perjudicar el buen uso de los recursos.

“Es preferible una torta más chica, mejor repartida que hacer crecer la torta con los niveles de mala distribución que tenemos hoy”.

Atkinson admitía que, cuando se habla en términos teóricos, y los académicos imaginan mercados competitivos perfectos, sí hay un conflicto entre eficiencia y equidad. Pero la realidad está muy lejos de eso: las empresas, hemos visto, se pueden coludir durante 10 años, como lo hizo la CMPC con el papel tissue (o durante un periodo que nunca sabremos, en el caso de los pañales, porque estaría prescrito según la Fiscalía Nacional Económica).

Los mercados reales no tienen nada de perfectos. Atkinson argumentaba que en la mayor parte de las economías modernas, las firmas tienen un considerable poder en el mercado y pueden determinar sus propias políticas de precios.

En esos mercados reales e imperfectos la intervención pública es necesaria. Una política que, por ejemplo, terminara con la colusión, podría hacer que la economía chilena ganara a la vez en eficiencia y equidad.

¿Y SI LA TORTA SE LA COME EL ROBOT?

El mismo efecto positivo esperaba Atkinson que tuviera el Estado en un tema que lo preocupaba en sus últimos años: la desaparición del empleo a manos de la proliferación de robots.

En Chile este tema ha sido poco abordado. Una excepción la constituye el economista Sebastián Edwards, quien hace unos meses publicó un texto con un título que pareció a muchos pura ciencia ficción: “Ya pronto tu empleo desaparecerá”.

Allí, Edwards afirma que en los próximos siete años la mitad de los chilenos perderá su empleo y será reemplazado por máquinas. Pese a que fue criticado por poco serio, Edwards no hacía sino recoger –y aplicar a Chile- sólidas investigaciones internacionales que también inquietaban a Atkinson. Edwards decía en su columna que la invasión robot no generaría desempleo permanente, pero sí forzaría a las personas a reinventarse: “Encontrarán trabajo en otras áreas, posiblemente con salarios más bajos que los que tenían en sus antiguos empleos”. Y concluyó: “Sólo aquellos países que adapten su legislación laboral, su sistema educativo, su infraestructura y sus instituciones aprovecharán en forma cabal esta revolución tecnológica”.

Concordando con el diagnóstico, Atkinson habría discrepado de las recomendaciones de Edwards.

robots-hondaSu mirada parte de la idea bastante documentada de que la innovación en muchas áreas dominantes está financiada en un alto porcentaje con recursos públicos. Así lo ha mostrado Mariana Mazzucato en su libro El Estado Emprendedor, donde ahonda en el mercado farmacéutico y en el de la tecnología. Uno de sus ejemplos favoritos es el Ipad de Steve Jobs. Mazzucato explica que Apple invirtió menos en Investigación y Desarrollo (I+D) que otras industrias tecnológicas, porque usó lo que el financiamiento público había creado.

Para Mazzucato la moraleja de esta historia es que es el Estado el que mueve, en gran medida, las fronteras del conocimiento. Lo hace asumiendo un alto riesgo económico y pagando caro los fracasos de experimentar. Ese Estado –afirma Mazzucato- será imprescindible para resolver los desafíos futuros (relacionados con la energía y el calentamiento global). Pero para que eso sea posible, las empresas que se benefician con esas tecnologías no pueden privatizar los beneficios que obtienen. En su opinión, eso es lo que han hecho Apple y otras transnacionales que han diseñado estrategias agresivas para pagar el menor impuesto posible y han difundido una versión de su éxito donde el esfuerzo público ha sido completamente borrado.

Atkinson iba más allá de Mazzucato. Se preguntaba: ¿por qué los estados que pagan por esas y otras innovaciones deben permitir que se apliquen en productos que acaben con miles de empleos? Y daba como ejemplo el sistema de conducción automático que desarrolla Google y que fue creado a partir de inversión del programa militar estadounidense para generar vehículos autónomos en el campo de batalla: ¿No tiene nada que decir el Estado cuando esa tecnología termina siendo usada para borrar miles de empleos de taxistas?

Atkinson creía que era un error mirar el cambio tecnológico como algo exógeno, determinado por los dioses y ante lo cual no cabía más que adaptarse, como parece sugerir el texto de Edwards. Por el contrario, argumentaba que “muchos cambios tecnológicos reflejan decisiones que fueron tomadas por científicos, jefes de investigación, hombres de negocio, inversionistas, gobierno y consumidores, entre otros”. Estas decisiones están influidas por consideraciones económicas que “hacen que los cambios tecnológicos sean endógenos, esto es, determinados desde adentro del sistema económico y social”.

Tony_Atkinson_-_Festival_Economia_2015
Anthony Atkinson

Dado que muchos de los desarrollos que acaban con empleos tienen como motivo la reducción de costos, Atkinson creía que el Estado estaba obligado a introducir en la dirección de la tecnología el otro elemento: crear tecnología que fueran complementaria al trabajo humano y no indiferente a las personas.

-¿Por qué la Unión Europea debería invertir en desarrollar autos que se conduzcan solos si eso va a terminar con miles de empleos? ¿Por qué no desarrollamos, por ejemplo, cocinas robóticas para las casas? Eso les daría independencia a muchas personas mayores que ahora tienen que estar  en un hospital. La tecnología puede no ser destructora de empleos, sino complementaria –dijo Atkinson a CIPER.

Y agregó: “Lo que quiero decir es que podemos elegir. Si dejamos que el desarrollo de los robots lo manejen los departamentos de defensa de los países, o los departamentos de marketing de las empresas, esa es una decisión social con un tipo de consecuencias. Es importante que estas decisiones sean colectivas, sociales. Porque de lo contrario, esos desarrollos provocan miedo y la resistencia puede ser violenta. El desarrollo en términos globales puede ser inevitable. Pero su dirección la podemos decidir”.

Joseph Stiglitz y Mark Pieth: Los paraísos fiscales son una grave amenaza para la economía mundial

El Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz  junto al suizo Mark Pieth, experto en Derecho Penal, se lanzaron de frente contra los paraísos tributarios y su efecto nefasto en la economía mundial. En un estudio publicado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y reproducido por importantes medios del mundo, ambos expertos reclaman que la guerra contra el terrorismo muestra que Estados Unidos y Europa tienen herramientas legales y tecnológicas para poner freno a estos paraísos; y que si los gobiernos no las usan es por el enorme poder que tienen quienes se benefician de esas opacas estructuras financieras (ver estudio en inglés).

El estudio de Stiglitz y Pieth está basado en los hallazgos de la investigación periodística internacional -que encabezó el ICIJ y en la que participó CIPER- conocida como los “Panamá Papers”. Uno de sus argumentos es que la evidencia actual ha despejado cualquier duda sobre el negativo impacto que estas jurisdicciones tienen en la economía del mundo: sirven para lavar dinero (desde el que se origina en el narcotráfico al negocio de las armas); para que los ricos del mundo no paguen los impuestos que deben en los países donde generan sus utilidades; y por último, sirven para que la desigualdad crezca a niveles altísimos en todo el planeta.

Stiglitz y Pieth afirman: “En un mundo globalizado, si hay un bolsillo secreto, los fondos se van a dirigir hacia él. Esa es la razón por la que se necesita un sistema de transparencia global”.

Joseph Stiglitz
Joseph Stiglitz

Tal vez lo más relevante del estudio es que ofrece una serie de propuestas concretas para terminar o al menos reducir el impacto de los paraísos tributarios. Entre ellas, sugiere que se declare ilegal para cualquier ciudadano o empresa tener una cuenta en un país o una jurisdicción que no coopere con el resto de las naciones; también convertir en ilegal ya sea para individuos o corporaciones ser accionistas, directores y/o fideicomisarios de una sociedad establecida en un paraíso tributario. Su propuesta también apunta a los bancos al proponer declarar ilegal a aquellos que tengan vínculos o interactúen de cualquier manera con otras instituciones financieras de países con jurisdicciones opacas.

Stiglitz y Pieth agregan: “El castigo para la violación de estas prohibiciones debe ser severo. Un banco u otras instituciones que violen estos principios deben perder sus permisos para operar; lo mismo para abogados que operen con esas jurisdicciones”. Y sobre las empresas que se transan en la bolsa y que no informan a las autoridades quiénes son sus reales beneficiarios (esconder quien es el dueño efectivo de una empresa o un bien es uno de los principales servicios de estos paraísos), proponen que deben perder la facultad de transar sus acciones en la bolsa.

El ataque contra los paraísos tributarios, según Stiglitz y Pieth, debe incluir tanto a las empresas como a los asesores, principalmente a los abogados, que diseñan los entramados jurídicos que permiten la elusión. A esa estructura global de consultoría y asesoría el cientista político Jeffrey Winters la bautizó “la industria de la defensa de la riqueza”.

El economista estadounidense y el criminólogo suizo afirman en su estudio: “Cualquier abogado, u otro actor legal que a sabiendas cree una corporación con el propósito primario de evadir o eludir impuestos o facilitar el lavado de dinero, debe ser objeto de una suspensión y en caso de reiteración de la conducta, objeto de revocación de su licencia”.

Ambos expertos recogen también una propuesta que hace el  economista Gabriel Zucman en su libro La riqueza oculta de las naciones (University of Chicago Press, 2015). Zucman sostiene un hecho obvio: que aunque las autoridades tributarias frecuentemente no saben quiénes son los propietarios de muchas compañías, o de muchos bienes, pues estos se pierden en un entramado de redes de sociedades, es evidente que esa información existe, que los bancos y, sobre todo, los paraísos tributarios la conocen. Lo necesario dice entonces Zucman, es obligar a estas instituciones y países a que esa información se dé a conocer.

En ese sentido, sugieren que cada país debe establecer un registro público que identifique a los directores y propietarios finales de todas las compañías,  fundaciones y fideicomisos que operan dentro de sus fronteras. Lo mismo debiera exigirse para las transacciones inmobiliarias: se tiene que conocer  siempre la identidad del verdadero propietario.

SUIZA Y SUS EFECTOS TRIBUTARIOS

El duro foco del último estudio de Joseph Stiglitz y Mark Pieth es similar a la crítica ya formulada a los paraísos fiscales, y especialmente a Suiza, de Zucman. En esa investigación de 2015, Zucman describe cómo Suiza se transformó en el principal paraíso tributario mundial  y calcula el daño económico que ese país ocasiona a los países vecinos. Zucman afirma que al ofrecer estrategias para que los ricos de Alemania, Francia e Italia oculten sus fortunas, Suiza genera pérdidas que equivalen a imponerle a ese país una barrera comercial del 30%.

Mark Pieth (Foto: playthegame.org)
Mark Pieth (Foto: playthegame.org)

Stiglitz y Pieth van más allá de los daños meramente económicos.  Y resaltan el hecho de que la investigación de los “Panama Papers” (que reveló el trabajo interno del bufete de abogados panameños Mossack  Fonseca) mostró que los paraísos tributarios son usados para todo tipo de “actividades nefastas, desde la evasión tributaria y la corrupción, hasta incluso la pornografía infantil”.

En ese sentido, el Premio Nobel y el académico de la Universidad de Basel (Suiza) apuntan a los banqueros y abogados que construyen las redes societarias que llevan dineros hacia esas jurisdicciones. Y afirman que si bien “ellos pueden mirarse a sí mismos como personas que sólo hacen negocios y ayudan a sus clientes”, en la práctica –por el efecto de sus operaciones y la cantidad de leyes que vulneran- “pueden ser vistos como cómplices en la comisión de estos crímenes”.

El estudio -titulado Overcoming the Shadow Economy (Superando a la economía sumergida)- es el resultado de la participación de Stiglitz y Pieth en un comité de expertos independientes que el propio Presidente de Panamá convocó  luego del escándalo mundial que provocó la publicación en más de 130 países de los archivos secretos del bufete Mossack Fonseca. El objetivo de ese comité era proponer reformas legales e institucionales para que Panamá “se vuelva un buen ciudadano global y luche contra la evasión fiscal”. En agosto pasado ambos expertos renunciaron a ese comité argumentando que los funcionarios panameños se rehusaron a garantizar que el comité de expertos tendría completa independencia para realizar su investigación. Luego de su renuncia, el economista y el experto anti-corrupción elaboraron este estudio.

“PANAMA PAPERS”: UN HITO

La pregunta obvia que Stiglitz y Pieth intentan responder en su estudio es por qué países, como Panamá, que hasta ahora se han beneficiado con esas prácticas, deberían cambiar.

Según muestran las cifras del Banco Mundial, Panamá ha sido una de las economías de mayor crecimiento en el mundo: 7,2 % anual entre 2001 y 2013. Este crecimiento le ha permitido reducir la pobreza y establecer sistemas universales de educación y salud gratuita. A diferencia de lo que puede pensarse, Stiglitz y Pieth dicen que la opacidad  tributaria no es tan relevante en ese crecimiento. Lo clave ha sido que el país ha sabido explotar las ventajas del Canal de Panamá que lo ha transformado en un centro logístico para las operaciones comerciales de Estados Unidos y ha sabido diversificar sus negocios.

mossacfonseca-cartelEl estudio puntualiza  que Panamá carga con el pasado de ser un “estado narco”, que llegó a su máxima expresión en la década de los ‘80 cuando fue gobernado  por el dictador Manuel Antonio Noriega, condenado en Estados Unidos a 40 años de cárcel por sus vínculos con el Cartel de Medellín. El escándalo de los “Panamá Papers” pareció revivir  ese oscuro pasado aunque solo un 20% de las empresas que aparecieron en esa investigación eran panameñas. Ambos expertos destacan que Panamá está en una situación bastante injusta, pues la repercusión mundial de los “Panamá Papers” le hizo perder competitividad en el mundo del secreto tributario, frente a otros territorios que siguen operando en la sombras. Varias de esas jurisdicciones están al interior de países desarrollados.

Del estudio se desprende que a Stiglitz y a Pieth les importa mucho buscar una solución razonable para los paraísos tributarios. Señalan que para ello es necesario que dentro del grupo de países y jurisdicciones que mantienen esas prácticas, aparezcan países líderes “que muestren modelos alternativos que les permitan seguir creciendo y desarrollarse”.

Dirigiéndose a las naciones en desarrollo que coquetean en sus normativas con la opacidad bancaria o financiera,  sugieren que “cada país debe seriamente considerar si quiere quedarse atrapado en una lucha sin fin por seguir el ritmo de los estándares internacionales o si quiere servir de modelo, estableciendo los estándares que eventualmente otros se verán forzados a emular”.

Si esas jurisdicciones –afirman Stiglitz y Pieth- no cooperan con la transparencia, no cambian sus políticas opacas, entonces Estados Unidos y Europa tienen la obligación de hacer que estos territorios cumplan con los estándares de transparencia internacional. Esto obliga a Estados Unidos y al Reino Unido a revisar sus propios “bolsillos secretos” y comenzar a tratarlos como los ve la opinión pública: “portadores de enfermedades contagiosas”.

Chile, 50 años de extrema desigualdad: investigación basada en datos históricos del SII

Chile no solo ostenta el récord de ser actualmente el país más desigual de la OCDE; su desigualdad ha sido candidata a medalla de oro desde mucho antes de ingresar a ese club internacional: por lo menos desde 1964. Es decir, la falta de equidad ha campeado en nuestro país con independencia de si gobernaba un DC, como Eduardo Frei  Montalva; un socialista, como Salvador Allende;  un dictador de tipo neoliberal, como Augusto Pinochet, o cualquiera de los cinco presidentes desde el retorno a la democracia hasta hoy. Solo en la última década un país de la OCDE nos ha disputado el primer lugar: Estados Unidos, una nación que, como dijo a CIPER el cientista político Jeffrey Winters, tiene una concentración de la riqueza superior a la que tenía el imperio romano. Entre los países latinoamericanos que tienen datos comparables, solo Colombia se nos acerca. Argentina y Uruguay son mucho más equitativos.

Por supuesto, ha habido variaciones en los niveles de desigualdad chilenos en el último medio siglo. El periodo de mayor equidad lo alcanzamos en la década 1964-1974, con los años 62, 68 y 74, como hitos;  el periodo de más desigualdad se produjo a partir de los 80. Luego, se redujo paulatinamente desde el retorno a la democracia (1989) hasta 2010, aunque sin llegar a los niveles de las décadas de los 60 y 70.

Estos datos provienen de la  investigación “Ingresos altos en Chile: una perspectiva histórica de la desigualdad en los ingresos personales (1962- 2014)” (“Top  incomes in Chile: a historic perspective  of personal‐income inequalities”), llevada adelante por un grupo de académicos que adelantaron algunos de sus resultados este jueves en la conferencia sobre la desigualdad, organizada por el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES).

El eje de este trabajo es el gráfico que aparece aquí abajo (figura 1) y que muchos investigadores del tema desigualdad  y también del área tributaria esperaban ver hace tiempo: la secuencia más larga que se ha logrado generar sobre cómo el 1% más rico se apropia de un alto porcentaje de los ingresos (nunca menos del 20%  en los últimos 25 años, cuando se ajusta el nivel de evasión como muestra la figura 2 que aparece más adelante).

Figura 1 – Participación en el ingreso en Chile del 1%, el 0,1% y el 0,01% (sin ajuste por evasión)
grafico-1-fig3

Los autores de este estudio son Facundo Alvaredo, Jorge Atria, Ignacio Flores, Ricardo Mayer y Claudia Sanhueza, todos economistas, salvo Atria, que es sociólogo.

En el grupo destaca Claudia Sanhueza y Facundo Alvaredo. La primera es directora del Magister de Políticas públicas de la U. Diego Portales, miembro de la llamada “Comisión Bravo” que analizó el sistema de AFP, experta en pobreza y que junto a Ricardo Mayer hizo en 2011 una de las primeras estimaciones sobre la concentración de la riqueza y la desigualdad usando datos de la encuesta de empleo de la U. de Chile; y Alvaredo ha publicado junto a Thomas Piketty, Emmanuel Sáez y  Anthony Atkinson, autores claves en las investigaciones modernas sobre concentración y desigualdad. Estos últimos desarrollaron una metodología basada en datos tributarios que fue aplicada en la presente investigación, lo que permite que los resultados obtenidos para Chile puedan integrarse a la World Wealth Income Database, un proyecto mundial en el que desde hace 15 años unos 90 investigadores reconstruyen cómo ha evolucionado la desigualdad en el mundo en el largo plazo.

portada-pobrezacasendosEn un país acostumbrando a oír que es parte del club de los más desiguales del mundo, la mirada histórica que aporta esta investigación nos enfrenta al hecho de que la desigualdad extrema ha sido parte de la cultura chilena y está internalizada en la forma de relacionarnos al menos durante los últimos 50 años. A la vez, esta mirada de largo plazo complejiza las posibles explicaciones para este problema. Por ejemplo, usualmente se considera apropiado subir los impuestos para enfrentar la concentración, sin embargo, las variaciones que se registran en Chile no parecen obedecer a eso. Dice el estudio: “La coexistencia de tasas de impuestos constantes en el periodo de máxima variación de participación de los ingresos altos en la riqueza (1962-1980) sugiere que las tasas de impuestos no son el principal determinante de los niveles de ingreso que obtienen los más ricos.”

Pero, entonces, ¿qué explica este persistente alto nivel de desigualdad por sobre el resto de los países?

Claudia Sanhueza explicó a CIPER: “En este estudio medimos la desigualdad observando qué proporción del ingreso total se lleva el 1% más rico. La distancia que tiene  Chile respecto de otros países con datos comparables se relaciona con que los ingresos altos provienen, fundamentalmente, de ingresos empresariales y financieros, no de ingresos laborales. Esto muestra que los beneficios de las actividades productivas han estado favoreciendo principalmente a los propietarios de las empresas y no a los trabajadores. Esto, en un contexto en que los trabajadores no negocian colectivamente, tienen bajas tasas de sindicalización y con empresarios que no han desarrollado actividades productivas. Además, hay un tema de influencia política. Cuando los ingresos están concentrados como en Chile, es probable que a través del financiamiento a la política los ingresos altos influyan para que se generen políticas que los favorecen. Finalmente, también hay un tema en la concentración en varios mercados y falta de competencia, lo que se traduce en altas rentas económicas no debido a la generación de mayor valor agregado sino a rentas monopólicas”.

PROBLEMAS DE LA CASEN

La investigación también muestra que desde 2010 hasta 2014 la desigualdad ha vuelto a crecer en Chile, lo que contradice lo afirmado a partir de la encuesta Casen 2015, donde los datos sugirieron que la desigualdad estaba bajando levemente.

Esa no es la única contradicción que detectan entre el cuadro que muestra la Casen y los datos tributarios de Impuestos Internos. De hecho, al examinar en una perspectiva histórica esta encuesta que vienen haciéndose desde 1987 los autores detectaron que la Casen permanentemente  “ha subestimado a niveles irreales los ingresos más altos”, por lo que consideran que no es un buen instrumento para analizar la desigualdad.

Como ejemplo, el estudio resalta que en 2009, de acuerdo a las cifras tributarias, las 77 personas más ricas declararon un ingreso mensual de $100 millones, mientras que de acuerdo a la Casen de ese año los 77 más ricos registraron ingresos sólo por $10 millones. En palabras de los autores, la Casen puede decir con mucha precisión qué es lo que pasa en la mitad de la distribución de ingresos, pero dice poco sobre lo que ocurre entre los más ricos.

Esta debilidad de la Casen refuerza la opción tomada por el grupo de Alvaredo y otros de usar datos tributarios históricos elaborados por el Servicio de Impuestos Internos. En particular, consideran el Impuesto global complementario (que se aplica a las personas naturales por el total de sus rentas, ya sea que provengan de Chile o el extranjero).

siiPero esos datos no han sido fáciles de obtener. De los casi tres años que ha llevado sacar adelante esta investigación, buena parte de ellos se fueron en reunir la información, que no se encontraba en un solo lugar ni estaban organizados de la misma manera (por ejemplo, el  SII  cambiaba cada cierto tiempo los tramos de ingreso que informaba).  Por ello, reunir  50 años de datos y hacer estimaciones a partir de ellos es uno de los grandes aportes de esta investigación.

Los autores reconocen que la información tributaria también tiene limitaciones: al tomar en cuenta lo que las personas declaran, es imposible limpiar completamente la distorsión producida por la elusión y evasión tributaria, fenómenos que llevan a subestimar los reales ingresos de los más ricos.  Para lidiar con este problema la investigación acudió al trabajo de Tasha Fairfield y Michel Jorrat (Top Income Shares, Business Profits, and Effective Tax Rates in Contemporary Chile), quienes accedieron a dos años de microdatos tributarios y, combinándolos con información de ingresos corporativos, pudieron hacer estimaciones bien fundadas sobre la evasión.

Fairfield y Jorrat afirman en su estudio: “Los dueños encuentran formas legales e ilegales de consumir las utilidades sin declarar dividendos y por lo tanto sin pagar el correspondiente impuesto individual: por ejemplo, vehículos de lujo para uso personal pueden ser registrados a nombre de la empresa (elusión) o la distribución de utilidades puede ser simplemente omitida de las declaraciones de impuestos (evasión). La evasión del impuesto a la renta se estima en 46%, y esencialmente está asociada a la distribución de utilidades y dividendos”. Las estimaciones de Fairfield y Jorrat sobre los niveles de evasión fueron usadas en la presente investigación.

En el caso chileno, las cifras tributarias presentaron otro problema: la desaparición de todas las bases de datos entre 1982 y 1989, periodo que coincide con el despegue económico de Chile. El estudio estima que en ese periodo ocurre el peak de desigualdad en los últimos 50 años. Sobre la desaparición de la información, el estudio afirma que  “no es muy sorprendente que ocurra en dictadura”.

Esa limitación de datos impidió también realizar estimaciones sobre los ingresos que posee el 0,1% de la población y el 0,01% y solo se pudo trabajar el 1% más rico.

El estudio determina que ese 1% obtuvo el 27% de los ingresos del país en 1990 y capturó el 23% en 2014.  Pese a la tendencia a la baja, esos porcentajes ubican a la elite chilena como la que durante más tiempo y con más éxito ha logrado apropiarse de la riqueza de su país, entre las elites de la OCDE y de Latinoamérica.

COMPARACIONES INTERNACIONALES

Al comparar a Chile con países latinoamericanos donde hay información disponible, el único que se nos acerca es Colombia cuya elite alcanzó a la chilena en 2010, apropiándose de cerca del 23% de los ingresos de su país. Con todo, los datos muestran que estamos mucho más arriba que Argentina o Uruguay. Un cuadro más completo se obtendrá cuando estén disponibles las cifras de países de alta desigualdad, como México y Brasil.

Figura 2 – Comparación internacional del 1% más rico (con ajustes por evasión) Latinoamérica 1990-2013
grafico-2-fig-8

 

Figura 3 – Comparación internacional, top 1% de 19 miembros de la OCDE)
grafico-3-fig-9

Chile también destaca al considerar 19 países miembros de la OCDE que tienen datos comparables. El 1% más rico de Chile aparece concentrando consistentemente al menos 10 puntos porcentuales más que el resto de las elites. “El único país que alcanza un nivel similar es Estados Unidos y solo desde mediados del 2000”, afirma el estudio.

El artículo se cierra analizando si se aplica a Chile la explicación que ha dado Thomas Picketty para el aumento exponencial de la concentración de la riqueza en los últimos 50 años en el mundo. Esto es, que las tasas de retorno del capital (que constituyen gran parte de los ingresos de la elite) son superiores a las tasas de retorno del trabajo (que constituyen gran parte de los ingresos del 99% de los ciudadanos del mundo). En Chile, sin embargo, faltan datos para corroborar si este fenómeno ocurre y explica la extrema desigualdad. De hecho, el estudio da cuenta de que los datos tributarios de las personas parecen no recoger a cabalidad los ingresos corporativos, por lo que a los autores les parece urgente comprender mejor, en el contexto chileno, cómo operan esos ingresos que se reportan como corporativos, pero que se usan con propósitos personales.

Sociólogo alemán explica cómo la concentración de la riqueza minó la democracia y el Estado de Bienestar

Europa sintetiza hoy muchas de las esperanzas, tragedias y contradicciones del mundo moderno. Basta mirar sus fronteras donde millones de familias sirias, afganas, iraquíes y libias esperan en campos de refugiados o mueren en el Mediterráneo intentando entrar a la que consideran la tierra de la seguridad. Los europeos han cerrado la frontera. Se sienten inseguros de su propio futuro y eso reduce la empatía y enfría el corazón. Hace casi dos meses los británicos decidieron abandonar la Unión Europea (el famoso Brexit) con el voto de 17 millones entre los que había desde nacionalistas xenófobos a simples trabajadores (usuales adherentes de la izquierda) hastiados del triunfo del mundo financiero y la decadencia industrial. Muchos creen que si se repitiera esa votación en cualquier país de Europa, los resultados no serían distintos pues en gran parte de ese continente las clases medias y populares se sienten acorraladas entre una elite cada vez más rica y las masas de inmigrantes cuyos países han sido destruidos.

La riqueza tienen un gran peso en esta tragedia, subraya el sociólogo alemán Wolfgang Streeck, director hasta el año pasado del prestigioso Instituto Max Planck para los Estudios de la Sociedad: “Los oligarcas de esos países que han sido devastados viven hace tiempo en Londres o en Nueva York. Y obviamente tienen buenas amistades con aquellos que invaden sus países y destruyen sus estados y sociedades”, dijo Streeck en un cuestionario que respondió para CIPER.

Son las clases medias y los pobres los que se ahogan en el Mediterráneo, o resisten con sus hijos atrapados en ciudades como Aleppo.

Debajo de conflictos que desde Chile tendemos a ver sólo como problemas de nacionalidades o religión, rezuma el viejo tema que, según Streeck, sigue siendo central para entender el mundo moderno: la acumulación de la riqueza.

La miseria que hay en zonas de América Latina, África o el Medio Oriente no puede ser curada a través de la emigración hacia Europa

¿Qué puede hacer Europa con esos millones de desplazados que no son muy distintos a usted que lee o a mí que escribo? Sólo el año pasado Alemania recibió un millón de inmigrantes cuando Ángela Merkel decidió abrir la ruta a través de los Balcanes. Pero este año Merkel promovió un acuerdo europeo para que los cuatro millones que siguen esperando entrar sean llevados a campos de refugiados en Turquía, lo que fue denunciado por Médicos sin Fronteras como una política inhumana.

Otros países europeos han hecho cosas más controvertidas. El gobierno danés aprobó una ley para incautar a los refugiados bienes por más de US$1.500  y según informa CNN publicó anuncios en diarios de El Líbano, donde hay un millón de refugiados sirios, advirtiendo que no eran bienvenidos.

El caso danés es interesante, pues el ex candidato estadounidense, el demócrata Bernie Sanders, lo enarboló en su campaña como el modelo de organización social que debía seguir Estados Unidos. Sanders se hizo eco de las investigaciones del economista Miles Corak, quien en 2013 se preguntó si EE.UU., pese a que llevó la concentración de la riqueza a niveles inéditos en la historia de la humanidad (ver entrevista a Jeffrey Winters), seguía siendo la tierra de las oportunidades, el lugar en donde independiente de su origen social una persona podía prosperar trabajando duro. Corak mostró que el hijo del pobre estadounidense tiende a seguir siendo pobre y que el hijo del rico se mantiene en la riqueza (lo que no es muy distinto a Chile según los economistas Javier Núñez y Cristina Risco: con una probabilidad del 56% el hijo del rico seguirá perteneciendo al 10 % más rico de la población mientras que en Europa esa persistencia intergeneracional de la riqueza se reduce al 2%).

Donald Trump
Donald Trump

Coincidiendo con las investigaciones de la OECD, Corak concluyó que para vivir el “sueño americano” de surgir a punta de esfuerzo había que irse a Dinamarca. Allí, donde los impuestos están entre los más altos del mundo, la equidad en la partida del hijo de un ingeniero y el de un taxista permite que el esfuerzo individual haga una diferencia.

Pero las familias que esperan con angustia en las fronteras de Europa una oportunidad para trabajar duro, enfrentan algo que el estudio de Corak no dice: el sueño danés es sólo para los daneses. O para los europeos y los ricos del mundo.

Hay una contradicción evidente en esto. El Estado de Bienestar está basado en el concepto de justicia social, que les reconoce a las personas derecho a cierto estándar de vida sólo por su condición de seres humanos. La fuerza moral de esta idea se cae a pedazos cuando es incapaz de proteger a niños, pues gran parte de esta discusión de la desigualdad se trata de eso: del destino de los niños ricos y pobres; del niño sirio Alan Kurdi muerto en una playa turca; del niño Omar Daqneesh rescatado de un bombardeo en Aleppo, cuyo rosto cubierto de sangre y polvo nos pregunta qué estamos haciendo; o de los cerca de 10 mil niños que han llegado a Europa solos, de los que no se sabe nada y que según la policía pueden haber caído en redes de abuso sexual.

Los estados de bienestar de Europa, cuyo discurso es proteger a las personas, ¿no pueden dar a la crisis de los refugiados una respuesta distinta a la de Donald Trump, quien prometió levantar un muro para defender a EE.UU. de la inmigración latinoamericana? ¿Cuál es la posición de la izquierda europea?, no la de Tony Blair, ex primer ministro del Reino Unido, quien se plegó irresponsablemente a la guerra contra Irak convocada por George Bush (como lo ha mostrado el informe Chilcot), sino de la izquierda que defiende la justicia social.

La pregunta hoy, incluso en países tradicionales de capitalismo democrático, es cuánto tiempo será posible aislar la economía de la intervención democrática sin tener que recurrir a métodos del estilo Pinochet

Streeck, uno de los más respetados intelectuales de esa izquierda europea, no está por abrir las fronteras. Al menos mientras esa no sea una decisión democrática de los europeos. Y hoy claramente no lo es. Así lo explicó a CIPER:

-En el corto plazo la respuesta europea a la crisis debe ser ayudar a los sirios y a otras personas que están sufriendo, proveyendo infraestructura a los campos de refugiados en Turquía y Jordania y donde sea, incluyendo escuelas, hospitales y re-asentando a los más vulnerables en Europa occidental, por ejemplo, a las familias con niños pequeños o personas que tienen enfermedades. Pero la inmigración regular hacia los mercados de trabajo europeos debe ser examinada por separado, y debe ser regulada de manera que las condiciones de trabajo dignas y salarios dignos se puedan garantizar para todos, viejos y nuevos residentes, a diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos donde eso está garantizado para los primeros. Luego de eso necesitamos prepararnos para ayudar a los sirios, iraquíes y afganos y otros a reconstruir sus países una vez que la guerra termine y las fuerzas de ocupación se hayan ido.

Para subrayar la diferencia entre esta postura y la de Donald Trump, Streeck precisa que el rechazo a los inmigrantes que vocea el candidato estadounidense es, en realidad, engañoso. “Tengo la impresión de que la economía americana no podría existir sin inmigración de trabajadores de baja calificación provenientes de América Latina”, dijo a CIPER.  Y agregó que si líderes como Trump demonizan a esos inmigrantes no es porque no los quieran, sino “porque eso les permite a las empresas contar con trabajadores incapaces de reclamar derechos sociales, usar los servicios sociales u organizarse en sindicatos”. Por ello, Streeck cree que si Trump gana las elecciones no hará nada en contra de la inmigración.

La situación en Europa –afirma Streeck- es distinta:

-Muchos países tienen salarios mínimos y extendidos estados de bienestar y no pueden, por muchos motivos, aceptar una doble situación del mercado de los trabajadores en la que los derechos sociales de los inmigrantes no sean reconocidos.

Angela Merkel
Angela Merkel

Dado lo anterior, si Europa no limita el número de inmigrantes, pone una presión enorme sobre su Estado de Bienestar (que, como se verá luego, está ya malherido) y sobre las remuneraciones de sus clases medias y pobres. Son estos grupos los que se han comenzado a oponer a la inmigración. Su reacción, dice Streeck, “ha sido demonizada” por empleadores y dirigentes políticos, “como un nuevo despertar del nacionalismo”. Pero Streeck no ve en esa reacción nacionalismo, como tampoco ve humanitarismo en muchos empleadores y políticos que argumentan a favor de abrir las fronteras.

Para el sociólogo alemán muchos empresarios simplemente quieren que más inmigración “ayude a que los salarios bajen y así prevenir lo que llaman ‘cuellos de botella’ que es cuando la falta de mano de obra empuja las remuneraciones hacia arriba”.

Y sobre la decisión de Merkel de 2015 de abrir las fronteras, Streeck dice: “Dudo que sea beneficioso para Siria, África Occidental o Pakistán si nosotros descremamos sus economías y absorbemos a todos sus trabajadores capacitados, a sus científicos y emprendedores. Mi corazonada es que detrás de la política de refugiados alemana hay un vampirístico deseo de absorber los trabajadores calificados de los países que sufren todavía guerra y pobreza. Esto no puede ser en el interés de esos países”.

-Durante siglos Europa ha explotado los recursos de Asia, África y Latinoamérica. ¿No cabe esperar que Europa se haga cargo más activamente en los problemas de pobreza y de refugiados?

La miseria que hay en zonas de América Latina, África o el Medio Oriente no puede ser curada a través de la emigración hacia Europa. No soy filósofo así que no puedo decir si hay una obligación moral que constriña a los países occidentales a simplemente abrir sus fronteras. Como cientista y economista político puedo decir que, aunque uno puede razonablemente argumentar a favor de esa obligación, las mayorías políticas en Europa no la van a aceptar y se rebelarán, como ya lo están haciendo. Entonces, hay que encontrar otras maneras. Hay que destacar, por ejemplo, que los Estados Unidos, cuyas tropas están presentes en casi todos los lugares donde hay problemas, no han aceptado todavía a un solo refugiado de Siria. Ni siquiera dejan entrar a los intérpretes afganos que usaron para interrogar a los talibanes sospechosos, a pesar de que ellos son obviamente los primeros en ser asesinados cuando las tropas se vayan. Esos ciudadanos afganos ahora se presentan en las fronteras alemanas como refugiados. ¿Están obligados los europeos a dejarlos entrar? Tenga en cuenta también que Alemania y otros países europeos han fracasado hasta ahora en hacerles ver a sus aliados estadounidenses que sus intervenciones militares sin sentido son la mayor fuente de personas que abandonan sus países de origen en el Oriente Medio. Cuando haya paz ahí, habrá una inversión significativa, el comercio mejorará y esos países podrán empezar a desarrollarse de nuevo.

MATANDO AL ESTADO DE BIENESTAR

Pese a sus contradicciones, Europa sigue siendo la inspiración de muchas de las reformas que algunos quisieran aplicar en Chile. Desde la educación finlandesa (pública, gratuita, sin selección de alumnos, ni competencia entre colegios y de alta calidad), hasta el sistema de salud inglés que garantiza atención sin costo a todos sus ciudadanos, o las ya citadas pensiones danesas. Muchas políticas europeas desafían las convicciones económicas que han gobernado Chile desde la dictadura. Las marchas estudiantiles de 2011 por la educación universitaria gratuita y las actuales manifestaciones en contra del sistema de AFP se alimentan de esa fuente.

Votar es muy importante. Pero debe tener consecuencias. Si un Estado no tiene otra opción que seguir las instrucciones de sus acreedores, no hace diferencia quién es elegido ni cómo

Wolfgang Streeck cree que esas políticas son cada vez más difíciles de sostener y piensa que los chilenos debemos asumir que ya no podremos construir un Estado de Bienestar como el que disfrutaron los europeos en los último 50 años.

-Dado que el Estado de Bienestar está retrocediendo en el centro, ¿cómo podría emerger de nuevo en la periferia? -dijo Streeck a CIPER.

En un reciente artículo Streeck argumenta que parte de ese retroceso tiene que ver con cómo se construyó la Unión Europea (UE): “En vez de proteger a los ciudadanos del huracán que han provocado los mercados (especialmente en la crisis financiera de 2008), se transformó en un poderoso motor de liberalización al servicio de una profunda reestructuración de la vida social”. Y puntualiza que fueron los británicos los que durante el gobierno de la conservadora Margaret Thatcher “bloquearon el desarrollo de la UE como un estado supranacional de protección” y que en estos años padecieron lo que habían alimentado: su país se transformó en dos naciones, “una de ganadores que usan el mundo  de la globalización como una extensión de su jardín, y la de los perdedores, expulsados del acceso a los bienes comunes”.

Lo mismo –dice Streeck- ha ocurrido en muchas partes de Europa, y en vez de estar los latinoamericanos avanzando hacia ese modelo, es Europa la que retrocede; son sus instituciones públicas las que se debilitan y se vuelven impotentes para regular los mercados y proteger a sus ciudadanos (“Hay sociedades capitalistas altamente desarrolladas que presentan similitudes preocupantes con los llamados países del Tercer Mundo”, dijo en una entrevista reciente).

Bernie Sanders
Bernie Sanders

Europa, en la práctica, parece encaminarse hacia una democracia a la estadounidense, modelo que Alan Greenspan, presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos sintetizó cuando en 2007 le preguntaron qué candidato presidencial apoyaba: “Tenemos la fortuna, gracias a la globalización, de que las decisiones políticas han sido largamente reemplazadas por las fuerzas del mercado global. Dejando el tema de la seguridad de lado, es difícil que algún candidato haga una diferencia. El mundo es gobernado por las fuerzas de mercado”.

Streeck afirma que los que se oponen a esa limitación de la soberanía nacional y buscan reponer el poder que alguna vez tuvo la democracia sobre los mercados –por ejemplo, el ex candidato presidencial Bernie Sanders, el movimiento “Podemos” en España, el laborismo de Jeremy Corbyn en Inglaterra, o Syriza en Grecia- “son combatidos con dientes y uñas. Los bancos centrales y las organizaciones internacionales como la Unión Europea están todavía pensando cómo suprimir o esterilizar estos movimientos”, dijo Streeck a CIPER.

En su último libro Comprando Tiempo: la crisis retrasada del capitalismo democrático (Verso, 2014), Streeck analiza cómo las democracias capitalistas europeas llegaron al punto en el que “la democracia representativa ya no representa nada” según afirma el sociólogo francés Christian Laval .

En esencia, Streeck sostiene que desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahora las democracias europeas han enfrentado cuatro crisis importantes. De las tres primeras supieron salir manteniendo la apariencia de que el capitalismo podía seguir proveyendo crecimiento material para todos”. De la última crisis (2008), Streeck no ve solución clara. De hecho, cree que la crisis sólo la ha pospuesto, y que las naciones desarrolladas están comprando tiempo.

NO MAS SINDICATOS

La historia económica que reconstruye Streeck en su libro  se enfoca en la tensión que existe entre trabajadores y capitalistas por la distribución de la riqueza. Y muestra como, década tras década, los que viven de su trabajo van perdiendo poder frente al 1%  más rico. Más allá de lo discutible que pueden ser las interpretaciones que hace Streeck, su reconstrucción tiene la virtud de que vincula importantes fenómenos sociales (como reducciones tributarias, decadencia de los sindicatos y endeudamiento de las personas)  que usualmente tienden a considerarse por separado.

Sostiene que tras la Segunda Guerra Mundial emergieron en Europa democracias que lograron establecer paz entre trabajadores y capitalistas a través de equilibrar los mercados con políticas de protección. Estos estados intervenían en la economía para generar crecimiento y corregir las consecuencias sociales de éste. Se financiaban principalmente con impuestos sobre los más ricos, lo que también tuvo el efecto de hacer que la desigualdad de ingresos no fuera tan alta.

Siguiendo la terminología del economista Joseph Schumpeter, Streeck denomina a este tipo de democracias Estado Recaudador (Tax State).

A fines de los ’60 el crecimiento económico de estos estados empezó a tambalear y la presión de trabajadores y sectores medios por más prosperidad -dice Streeck- amenazó a estas democracias con la primera gran crisis de legitimidad. Esa crisis logró ser aplazada de un modo inesperado: con inflación. “El truco fue posponer el emergente conflicto entre los recursos que recibía el capital y el trabajo introduciendo recursos adicionales, aunque estos existieran solo en el papel moneda y no en la realidad”, escribe Streeck en su libro.

La solución de hacer aparecer que la torta era más grande, a través de imprimir más billetes, duró poco tiempo pues las tasas de inflación se dispararon en todo el mundo: mientras el Reino Unido superaba el 20% anual a mediados de los ‘70, Estados Unidos se acercaba casi al 15% al comenzar la década de los 80. Dice Streeck que la reacción de los capitalistas fue entonces volcarse hacia el neoliberalismo; romper con el Estado de Bienestar que había permitido su crecimiento y la paz social hasta entonces y empujar organizadamente hacia la liberalización del capitalismo y la expansión de sus mercados en el ámbito local e internacional. Es entonces que el equilibrio entre las fuerzas del trabajo y el capital comenzó a inclinarse a favor de los segundos.

En el plano político este proyecto se hizo posible con el ascenso al poder de Ronald Reagan en Estados Unidos (1981-1989) y de Margaret Thatcher en el Reino Unido (1979-1990), ambos llevaron adelante un programa neoliberal caracterizado por la rebaja tributaria y la reducción de la intervención pública en la economía. Esa política fue exitosa en controlar la inflación, pero generó tasas crecientes de desempleo (en EE.UU. llegó al 20 % a comienzos de los ‘80) y volvió a encender la tensión entre trabajadores y capitalistas.

Streeck escribe que Reagan y Thatcher usaron entonces el poder del Estado para “disciplinar a las organizaciones de trabajadores”, las cuales hasta ese momento (siguiendo las ideas del economista John Maynard Keynes) se consideraban claves para redistribuir  la riqueza, producir demanda agregada y crecimiento económico. Streeck menciona dos momentos cruciales. El primero es la huelga de los controladores aéreos estadounidenses de 1981. A las 48 horas de iniciada la huelga, Reagan despidió a todos los controladores y los reemplazó permanentemente. Joseph Mccartin, profesor de historia de la universidad de Georgetown, resalta que hasta esa huelga los sindicatos estadounidenses eran una fuerza política importante y que su rápida derrota mandó un potente mensaje a todo el país sobre la inseguridad de los trabajos y sobre el nulo rol que le asignaba a los sindicatos el emergente modelo neoliberal.

Creo que no hay correcciones de mercado posibles sin sindicatos, entendidos como organizaciones autónomas, capaces de negociar igual a igual con los empleadores en defensa de los intereses de sus miembros

El segundo episodio es la huelga de los mineros del carbón en el Reino Unido. Se inició en 1984 cuando Thatcher anunció el despido de 20 mil trabajadores de las minas que manejaba el Estado y 120 mil mineros británicos paralizaron sus actividades. Lo que a Reagan le tomó menos de una semana a Thatcher le tomó un año. Finalmente no solo terminó despidiendo a más de 90 mil trabajadores y privatizando las minas que eran rentables, sino que fijó en el debate público una imagen de los sindicatos que sigue resonando hoy: los llamó el “enemigo interno”. En un discurso ante los miembros de su partido, Thatcher dijo: “Tuvimos que enfrentar a un enemigo externo en las Falklands”, pero en el caso del carbón “la lucha fue contra un enemigo interno mucho más difícil de vencer y más amenazante contra la libertad” (Ver “El enemigo interno” de Seulmas Milne).

Desde entonces la fuerza sindical comenzó a decaer en todo el mundo. Incluso fueron dejados de lado por la academia, como remarca Streeck en una entrevista de 2011. En la primera edición del manual de Economía Política de Smelser y Swedberg, dice Streeck: “No había una sola mención a los sindicatos en todo el libro… y es imposible entender el debilitamiento social de la economía de la post guerra sin tener en cuenta qué posibilidad hay de negociar colectivamente o de que las organizaciones sociales intervengan en los mercados de acuerdo a sus objetivos políticos”. (Para las siguientes ediciones de ese manual le pidieron a Streeck que escribiera de los sindicatos).

La desaparición de ese concepto tiene ejemplos recientes en Chile: hace menos de un mes el Tribunal Constitucional borró la palabra sindicato de la reforma laboral que, en los discursos, pretendía mejorar las condiciones de negociación de los trabajadores.

Para Streeck la eliminación de los sindicatos ha sido muy dañina para la democracia:

-Creo que no es posible hacer correcciones a los mercados sin sindicatos, entendidos como organizaciones autónomas, capaces de negociar de igual a igual con los empleadores en defensa de los intereses de sus miembros. La declinación de los sindicatos en las últimas dos o tres décadas ha implicado la declinación de la democracia-dijo a CIPER.

Streeck resaltó, además, otra correlación: “Hay que destacar que la declinación de los sindicatos ha ocurrido también de la mano de la declinación del crecimiento económico, lo opuesto de lo que los neoliberales habrían esperado”.

Las cifras del Banco Mundial le dan plausibilidad a su observación. Mientras en la década del 60 y 70 –cuando los sindicatos eran fuertes- la economía del mundo creció a un ritmo de 3%, desde 1980 hasta 2010 (periodo en que el neoliberalismo venció a los sindicatos) la economía creció 1,4% al año.

ENDEUDAR AL ESTADO

Mientras el poder de las organizaciones laborales menguaba, otro fenómeno desbalanceó aún más el escenario a favor de los dueños del capital. El cientista político Jeffrey Winters lo analiza en detalle en su libro Oligarquía: es la aparición -a mediados de los ‘50- de una industria de la defensa de la riqueza, integrada por profesionales de clase media altamente preparados que diseñan estrategias jurídicas para que los más ricos logren pagar menos impuestos y argumentos políticos  para que las medidas que los benefician parezcan beneficiosas para todos. Esa industria –dijo Winters a CIPER– empujó y justificó la expansión de los paraísos tributarios que han permitido que las elites de todo el mundo reduzcan al máximo su contribución a las sociedades en las que hacen sus negocios y prosperan.

Jeffrey Winters (Fuente: www.jfcc.info)
Jeffrey Winters (Fuente: www.jfcc.info)

Para Streeck, la drástica reducción en la recaudación tributaria tuvo un efecto central en el “Estado Recaudador”. Debió comenzar a endeudarse con el sistema financiero internacional para seguir financiando su operación y la protección social (la cual se hizo más necesaria debido el aumento del desempleo). Las democracias capitalistas europeas pasaron así de ser Recaudadoras a Deudoras. Y a partir de ese momento, dice Streeck, dejaron de estar enfocadas en los intereses de sus ciudadanos para buscar satisfacer las necesidades de los inversionistas que les prestan y que hacen las inversiones que los estados ya no tienen dinero para hacer.

Esos inversionistas son esencialmente buscadores de utilidad, pero tienen un ojo puesto en el riesgo. Y el riesgo, cuando se financia la deuda de un país o se invierte en él, es la posibilidad de que por la vía de la democracia  los gobiernos cambien las reglas y la tasa de utilidad se reduzca. Los estados se vuelven así -dice Streeck- custodios de reglas y condiciones que sean amistosas con los inversionistas. Los reclamos de las personas se vuelven populistas, poco serios, peligrosos.

Streeck menciona en su libro a Calpers y PIMCO, dos grandes fondos especializados en el mercado de los bonos públicos (es través de la emisión de bonos que los gobiernos recolectan un porcentaje del dinero que necesitan para financiarse). Los ministros de Hacienda se juntan con los gerentes de estos fondos para recibir “asesoraría sobre una correcta política fiscal” donde “lo correcto” es aquello que permite a estos fondos hacer inversiones de largo plazo. Para evitar que las democracias, a través de las burocracias estatales, tomen medidas que amenacen las rentas de esos fondos, Streeck dice que las políticas neoliberales crearon instituciones independientes (como los bancos centrales) inmunes a los resultados electorales, “transfiriendo las decisiones económicas a comités de expertos” y dando garantía a los dueños del capital de que la democracia “no intervendrá en la economía”.

ENDEUDAR A LAS FAMILIAS

La solución del endeudamiento público volvió a posponer la crisis del sistema. Pero a mediados de los ‘90 las deudas públicas llegaron a tal nivel (especialmente en EE.UU.) que los inversores comenzaron a preocuparse de la real capacidad de los países de devolver los préstamos. La solución fue comenzar a desmantelar el Estado de Bienestar, lo que fue llevado adelante en Estados Unidos por el demócrata Bill Clinton y en el Reino Unido por el nuevo laborismo de Tony Blair. Así, dice Streeck, mientras la derecha recortó los impuestos, lo que recortaron los demócratas y la izquierda inglesa fueron los programas sociales.

Esos recortes en el Estado de Bienestar generaron un vacío de protección pública potencialmente explosivo. Dice Streeck que este vacío se resolvió otra vez recurriendo a la ilusión de riqueza: se facilitó el acceso al crédito a las familias.

Desde Ronald Reagan en adelante se había promovido en Estados Unidos y luego en Europa una creciente desregulación financiera, y eso hizo posible que en los ‘90 se masificara el endeudamiento de las personas. En el corto plazo, opina Streeck, esto permitió a las familias seguir obteniendo salud, educación y otros bienes públicos que estaban siendo recortados.

Es interesante destacar que el modelo de suplir con deuda lo que el Estado no provee es la esencia en Chile de políticas como el Crédito con Aval del Estado (CAE), mecanismo con el cual el Presidente Ricardo Lagos buscó que los más pobres pudieran estudiar en la universidad facilitándoles mecanismos para endeudarse con el sistema financiero. En parte por la mala calidad de la educación que se ofrecía, por las altas tasas de interés que cobraban los bancos y porque los trabajos para los estudiantes que se formaban no existían (ver entrevista a Ben Ross Schneider), esa estrategia terminó generando al primer gran cuestionamiento al modelo de desarrollo chileno desde el fin de la dictadura.

A nivel internacional el modelo del endeudamiento de las familias estalló en la crisis financiera de 2008, provocada porque los bancos hicieron grandes negocios ofreciendo créditos hipotecarios a personas que no podían pagar y luego se vendieron unos a otros esos grupos de deudores. Los estados debieron salir al rescate de sus sistemas financieros.

A partir de esta reconstrucción de la historia económica desde la Segunda Guerra Mundial hasta hoy, Streeck argumenta que tanto la inflación, como el endeudamiento público y el privado fueron métodos a los que se recurrió para generar la ilusión de que el sistema generaba crecimiento y prosperidad para todos, cuando en realidad los dueños del capital recibían una cantidad cada vez mayor de la riqueza que se producía.

Sobre esa base Streeck argumenta que no es el Estado de Bienestar el que ha quebrado a los países. La actual crisis de las finanzas públicas, afirma, “no es el resultado de un exceso de democracia redistributiva sino de una baja general en los niveles de tributación” y también “del endeudamiento en que incurrieron los estados para salvar al sistema financiero”. Fue el mercado operando sin regulaciones ni contrapesos políticos lo que trajo a Europa hasta este punto.

No solo el Estado de Bienestar ha sido horadado. Streeck cree que el capitalismo se ha puesto en una posición en que puede autodestruirse, pues ya no puede proveer crecimiento para todos y, a la vez, permitir la alta acumulación de los dueños del capital. En un artículo de 2014 (“¿Cómo terminará el capitalismo?”) afirma que “el avance capitalista ha destruido ya prácticamente todas las agencias que pudieran estabilizarlo a base de limitarlo”. Para Streeck este sistema es como un reactor nuclear que necesita refrigeración. Necesita fuerzas compensatorias que contengan la acumulación sin freno a través de controles y equilibrios sociales. Esas fuerzas ya no existen y “el capitalismo puede auto-debilitarse por un exceso de éxito”, dice.

En este escenario de completo dominio de los mercados, Streeck estima que se han incubado tres grandes problemas de largo plazo para los cuales no hay aún una solución clara: la reducción de las tasas de crecimiento que han venido cayendo desde los ‘80; el incremento de la concentración de la riqueza y un aumento de la deuda pública (en “¿Cómo terminará el capitalismo?” presenta gráficos que ilustran estas variaciones).

En su opinión, en el pasado las democracias sortearon las crisis de legitimidad y mantuvieron la paz entre trabajadores y capitalistas creando la ilusión de crecimiento a través de la inflación, del endeudamiento público y de los hogares. Hoy enfrentan un callejón que parece sin salida: no hay a quién mas endeudar. ¿Cómo generar crecimiento ilusorio o real que siga posponiendo el conflicto social?

Estados Unidos ni siquiera ha dado refugio a los intérpretes afganos que usaron para interrogar a los talibanes sospechosos, a pesar de que ellos son obviamente los primeros en ser asesinados cuando las tropas se vayan

Wolfgang Streeck es pesimista. Cree que estos tres problemas se potencian entre ellos: “Cada vez hay más evidencia de que la desigualdad creciente puede ser una de las causas del declive del crecimiento” y que “el bajo crecimiento, a su vez, fortalece la desigualdad al intensificar el problema de la distribución”. Y argumenta que el endeudamiento con el que se buscó “compensar a los asalariados y a los consumidores por la creciente desigualdad provocada por el estancamiento de los salarios y los recortes de los servicios públicos”, ha llegado a un límite pues no logró reactivar el crecimiento. “¿Puede continuar indefinidamente lo que parece ser un círculo vicioso de tendencias dañinas? ¿Existen fuerzas contrarias que puedan romperlo y qué ocurrirá si estas no se materializan, tal como ha sucedido durante casi cuatro décadas?”, se pregunta en  su artículo “¿Cómo terminará el Capitalismo?”.

Contra la idea extendida de que el capitalismo llega a puntos críticos y luego alcanza un nuevo equilibro, Streeck percibe un declive gradual, aplazado pero inexorable. Y si  las tasas de crecimiento siguen cayendo en Europa y el sistema “no es capaz de producir ni siquiera una ilusión de crecimiento sostenible, llegará el momento en que el camino del capitalismo y la democracia se separen”. Esto es, que las democracias de estos países terminen siendo completamente neutralizadas para que los mercados puedan operar sin restricciones de derechos ni obligaciones con la sociedad.

Streeck dijo a CIPER:

-El capitalismo contemporáneo en los llamados países avanzados parece requerir de un Estado que discipline y por lo tanto que no se vuelva un Estado Social. Y los estados han entendido que ellos deben disciplinarse a sí mismos sino serán abandonados por el capital móvil. Esto es lo que está detrás del actual vaciamiento de las instituciones democráticas, incluso en los países tradicionales de “capitalismo democrático”. La pregunta hoy es cuánto tiempo será posible aislar la economía de la intervención democrática sin tener que recurrir a métodos del estilo Pinochet.

CRECIMIENTO DE QUIÉN

Wolfgang Streeck
Wolfgang Streeck

Sobre el futuro, en una entrevista reciente Streeck argumentó: “Mi hipótesis es que atravesaremos un largo periodo de transición, en el que no sabemos hacia dónde vamos. Es un mundo de incertidumbre, desorden, desorientación, en el que todo tipo de cosas pueden pasar en cualquier momento. Nadie sabe cómo salir del problema, solo vemos que crece”.

En esa incertidumbre, que eventualmente puede terminar en métodos estilo Pinochet, sugiere que es necesario fortalecer la democracia. Pero, ¿cuáles son las características que una democracia debe tener? La pregunta es interesante para un país como Chile que durante mucho tiempo ha asociado democracia con votar y que este año ha discutido sobre la estructura y los contenidos de una nueva Constitución.

-¿Tiene en mente un modelo de lo que la Constitución debe decir o representar para defender la democracia?
Votar es muy importante. Pero debe tener consecuencias. Si un Estado no tiene otra opción que seguir las instrucciones de sus acreedores y la voluntad de los inversionistas extranjeros, no hace diferencia quién es elegido ni cómo. La democracia debe tener un efecto. Y cuando ese efecto es real y no una apariencia, involucra la soberanía, interna y también externa. Dada la magnitud de los problemas de hoy no pongo mucha fe en el tema constitucional. En cambio, lo que me parece esencial es movilizar a las personas y la libertad de movilizarse; también la libertad de prensa, incluyendo la existencia de una prensa independiente, alternativa en la prensa escrita y en los medios digitales. Y no menos importante libertad académica para enseñar e investigar. Estos son recursos para movilizar y contra movilizar mucho más importantes que, digamos, si hay una segunda cámara parlamentaria o no.

-En su libro usted destaca la necesidad de instituciones democráticas que limiten los mercados. Los economistas neoliberales argumentan que limitar los mercados implica limitar el crecimiento. Para mantener el sistema democrático, ¿cree que hay que aceptar que el crecimiento va a reducirse?
La pregunta es siempre “crecimiento de qué” y “para quién”. El crecimiento en los países de la OECD ha estado declinando por varias décadas, mientras que las utilidades se han incrementado, especialmente en finanzas, con la consecuencia de un explosivo crecimiento en la desigualdad. El crecimiento económico no necesariamente significa que los beneficios escurran a toda la sociedad y sino escurre el crecimiento no es necesariamente algo deseable. El crecimiento puede caer de todos modos. Recuerde a los celebrados BRICS (Brasil, Rusia, India China y Sudáfrica) los cuales, con la excepción de China, son considerados hoy casos perdidos.

-En su reciente libro Desigualdad. ¿Qué podemos hacer?, el economista Anthony Atkinson afirma que reducir la desigualdad es un objetivo que los países deben perseguir aunque el costo sea reducir el crecimiento. Sostiene que “una torta mejor repartida” es preferible a una más grande distribuida con los niveles actuales de desigualdad. ¿Está de acuerdo? ¿Cree que renunciar a niveles de crecimiento es políticamente posible en países como Chile que aún no alcanzan el desarrollo?
Estoy de acuerdo con Atkinson, especialmente porque un crecimiento inequitativo puede no ser sustentable social y políticamente. Pero, ¿se puede basar una política de equidad social a expensas de crecimiento o de la promesa de crecimiento? No sin gran apoyo “desde abajo”, y aún así esto puede ser difícil. Respecto de Chile yo no sé mucho de su situación. En otros países uno puede tener dudas si las clases medias realmente necesitan más autos alemanes, ropa interior francesa, series de televisión americanas o pilas de poleras baratas de Tailandia. Pero este es un punto discutible ya que la clase media casi siempre tendrá suficiente influencia política para conseguir por sí mismos lo que desean.

-En su libro El Estado emprendedor, Mariana Mazzucato argumenta que para que los países crezcan el Estado debe involucrarse en el desarrollo de las industrias nacionales para producir economías innovadoras. Aunque eso suena bien desde la macroeconomía, en términos de los equilibrios políticos el acuerdo Estado-Empresa puede ser una pesadilla para los ciudadanos. ¿Cómo evalúa usted las políticas industriales que consideran a los países como equipos productivos?
Probablemente es cierto que las políticas industriales pueden desarrollar empresas y sectores, y contribuir a la prosperidad económica. Pero eso no es nada nuevo y la pregunta es por qué eso no ha detenido la marcha hacia el neoliberalismo. Sin tener en cuenta los intereses económicos y el poder, esos libros son fantasías tecnocráticas que hacen a las personas olvidar el mundo real. La idea de los países como equipos productivos es un lenguaje de propaganda para los consultores de negocios, ansiosos de disfrutar su momento de fama antes de que sean rápidamente olvidados. El capitalismo es sobre acumulación de capital, no entre los países, sino entre los capitalistas.

 

* Esta entrevista es parte de una serie de diálogos con investigadores como Jeffrey Wintersprofessor de la universidad estadounidense Northwestern y Anthony Atkinson, professor de la London School of Economics y Fellow of Nuffield College de la universidad de Oxford, que busca ampliar el debate actual sobre la concentración de la riqueza y su impacto en la economía y en la democracia.

 

Jeffrey Winters: “Chile es en parte democracia y en parte oligarquía”

—Nunca en la historia de la humanidad la concentración de la riqueza había llegado al nivel que tenemos hoy —dijo a CIPER el cientista político Jeffrey Winters, PhD en Yale, “professor” de la universidad estadounidense Northwestern. Hace un par de décadas que Winters estudia la historia de los más ricos, desde las oligarquías guerreras de la Antigua Grecia hasta los multimillonarios que hoy lideran el ranking de la revista Forbes. El fruto de ese trabajo es el libro Oligarquía (Cambridge University Press, 2011), que examina las estrategias de las grandes fortunas para defender sus bienes y los problemas que su éxito está causando al mundo moderno.

—Hoy 62 personas tienen la misma riqueza que la mitad de los habitantes del planeta (unos 3.600 millones de personas. ver informe Ofxam en inglés). En el caso de Estados Unidos, los 20 más ricos tienen una fortuna equivalente a lo que poseen la mitad de los norteamericanos (unos 160 millones de personas). Esta concentración no tiene precedentes en la historia de la humanidad. Por ejemplo, un senador del imperio romano, que estaba en la cima de la escala social, era 10 mil veces más rico que una persona promedio. Pero en Estados Unidos los 500 más ricos tienen cada uno 16 mil veces más que un americano promedio. Ni siquiera en épocas en que había esclavos, la riqueza estaba tan concentrada como hoy —detalló Winters.

Jeffrey Winters (Fuente: www.jfcc.info)
Jeffrey Winters (Fuente: www.jfcc.info)

Un estudio del economista chileno de la universidad de Maryland Ramón López examinó en 2011 los ingresos de los chilenos más ricos y ofreció un panorama similar al que entrega Winters para Estados Unidos. Cada uno de los cinco hombres más ricos que había en ese momento (Luksic, Angelini, Matte, Paulmann y Piñera) ganaba lo mismo que un millón de personas. Tomados en conjunto, estos “5 grandes”, como los llamaba el estudio, tenían un ingreso equivalente al 30% de la población chilena (ver estudio en ingles). López dijo a CIPER que la desigualdad estaba en su peor momento, al menos desde la dictadura (ver entrevista).

Usando datos tributarios, Michel Jorratt, ex director del Servicio de Impuestos Internos y Tasha Faifield, académica de London School of Economics, llegaron en 2015 a un cuadro más moderado que el de López, pero igualmente extremo (ver estudio en inglés). Estimaron que en Chile el 1 % más rico se apropia de un monto que oscila entre 19% y 33% de los ingresos del país. Esto hace que, considerando a la veintena de naciones donde hay datos tributarios disponibles, Chile esté entre los cinco con mayor concentración de la riqueza. Más que Estados Unidos, de hecho.

Durante las últimas décadas, el debate público en América y Europa le ha dado la espalda al aumento de la concentración, siguiendo las convicciones económicas dominantes que dictan que lo importante es el crecimiento económico. Robert Lucas, profesor de la universidad de Chicago y Premio Nobel de Economía 1995, resume bien esa mirada: “Entre las tendencias dañinas para una economía bien fundada, la más seductora y en mi opinión la más venenosa, es la de poner el foco en la distribución”, escribió en 2003 (ver Revolución industrial: pasado y futuro., en inglés).

Winters sostiene, sin embargo, que al darle la espalda a la concentración, lo que en realidad se ha hecho es ignorar el poder político que esta genera. Advierte que a medida que la concentración crece, ese poder se vuelve más difícil de domar.

Un reciente libro editado por los economistas Mariana Mazzucato y Michael Jacobs (Rethinking Capitalism: Economics and Policy for Sustainable and Inclusive Growth, Wiley-Blackwell, 2016) da un retrato actual de la velocidad con que crece la concentración. En las últimas décadas, dicen los autores, aunque las economías occidentales han tenido un fuerte crecimiento, la mayoría de los hogares no ha aumentado sus ingresos. Un caso paradigmático es el de Estados Unidos: Ente 1990 y 2014, aunque el PIB del país aumentó en un 78%, el ingreso de los hogares de clase media apenas se movió del rango de los U$ 53.000. ¿Dónde se fue la mayor riqueza? A los tramos más altos. Entre 1980 y 2013 el ingreso del 1% más rico creció un 142%, doblando la participación de este grupo en el ingreso nacional (del 10% al 20%). Ese aumento ha alcanzado cimas realmente sorprendentes: en los primeros tres años después de la crisis financiera de 2008 ¡el 91%! del aumento en el ingreso fue para el 1% más rico de la población. Hoy, en ese país “el 70% de la riqueza es poseída por el 10% de la población”, afirman. Lo mismo ocurre en el Reino Unido (vea la introducción del libro, en Inglés)

libro-mazzucatoWinters sostiene que la voracidad que muestra el 1% más rico del mundo es consecuencia de la aparición, a comienzos del siglo XX, de un poderoso actor: la industria de la defensa de la riqueza. En su libro la describe como “un ejército de profesionales altamente preparados y bien remunerados —las abejas trabajadoras de las clases medias y medias altas— que piensan no solo en cómo hacer más ricos a sus empleadores, sino en cómo imponer políticamente las ideas que los benefician”.

Esa industria, dice Winters, surgió en Europa y América como consecuencia de las alzas tributarías con que los países buscaron financiar tanto los gastos de las dos guerras mundiales como la reconstrucción posterior.  Desde entones su principal especialidad es asesorar a los más ricos para neutralizar la amenaza redistributiva del Estado, lo que consiguen fundamentalmente a través de dos vías: desde centros de pensamiento “como el Cato Institute, la Heritage Foundation y una extensa red de instituciones conservadoras que difunden insistentemente que la redistribución es económicamente dañina y éticamente injusta”, explica Winters; y desde bufetes tributarios en los que abogados y contadores diseñan complejas redes legales que permite a los más ricos ocultar sus ingresos y bienes de la mirada de la autoridad.

Winters dice que los inéditos niveles de desigualdad actuales evidencian que la industria ha sido increíblemente exitosa. Pero el éxito está llevando a muchos países a una crisis inédita. No solo porque la concentración genera complejos escenarios económicos (con amplios grupos que no mejoran mientras los ricos disparan sus ingresos), sino porque ha provocado una creciente desconfianza en la democracia como sistema que puede realmente representar el interés de las mayorías. Winters piensa que el fuerte apoyo que tiene Donad Trump en la actual elección presidencial de Estados Unidos es, en una parte, resultado del descontento de las clases medias con una democracia que no es capaz de defender el aporte que ellos hacen al crecimiento.

Lo mismo cree Winters que pasó en Gran Bretaña cuando hace casi un mes la mayoría decidió dejar la Unión Europea, votando por el Brexit, opción en la que confluyeron adultos mayores, nacionalistas, xenófobos, conservadores y un 30% de los votantes de la izquierda laborista. “Hay rabia contra la tendencia hacia la extrema riqueza, y esa rabia comenzó a dar sus frutos”, dice Winters a CIPER.

Por ello cree que desechar a todos los votantes del Brexit o de Trump como si fuera solo gente ignorante es un error. Explica: “La gente está luchando por llegar a fin de mes y ve cada vez menos esperanza en el horizonte. Su dolor y la rabia son reales. Las instituciones y la autoridad democrática están fracasando y la cuestión es ¿quién va a llenar los espacios políticos e ideológicos que han quedado vacíos?”

“En tiempos de desesperación lo más fácil para los aventureros políticos es vender odio y división. Y la historia nos ha mostrado que esa estrategia da rienda suelta y moviliza fuerzas sociales aterradoras”, afirma Winters.

ESFORZADO, TALENTOSO, SÚPER RICO

La economía neoclásica, como se ha dicho, no le da mucha importancia a la desigualdad. Además de calificarla de tema venenoso, como hace Robert Lucas, se argumenta que la pobreza se debe a la baja productividad de los pobres y que es la alta productividad de la elite la que explica su riqueza. Así, en sistemas que se consideran de libre mercado, los pobres tienden a ser sospechosos de su pobreza (en unaencuesta del CEP en 2015, el 40% de los chilenos atribuyó la pobreza a la flojera).

Los súper ricos, en tanto, aparecen como los justos ganadores, como argumenta el economista de la Universidad de Harvard Gregory Mankiw en un artículo de 2013, En defensa del uno por ciento: “el grupo más rico ha hecho una contribución significativa a la economía y en consecuencia se ha llevado una parte importante de las ganancias”, escribe. En las últimas décadas, las ganancias que ellos se llevan, explica Mankiw, se habrían incrementado gracias a la revolución tecnológica que habría permitido que “un pequeño grupo de altamente educados y excepcionalmente talentosos individuos” obtengan “ingresos que no eran posibles una generación atrás”.

Mankiw escribe pensando en Steve Jobs y en los millonarios que han cambiado el mundo desde Silicon Valley. Claramente no es el caso chileno. Aunque la publicidad intenta asociar a nuestros ricos con innovación, la verdad es que las empresas chilenas son las que menos invierten en investigación en la OECD, lo que explica que el 60% de nuestras exportaciones son commodities.

Ben Schneider (Foto: web.mit.edu)
Ben Schneider (Foto: web.mit.edu)

Una explicación de la desigualdad más adaptada a la realidad chilena es la que ofrece el cientista político Ben Ross Schneider (ver entrevista). Para él es determinante el hecho de que la mayoría de las más importantes empresas nacionales se dedique a la explotación de materias primas o de sectores regulados. Argumenta que eso lleva a que la economía genere pocos puestos de alta especialización (los cuales terminan en manos de la elite y las clases medias altas) y una gran cantidad de empleos para los que se requiere poco o ningún estudio, a los que acceden las clases medias y bajas. La renta simplemente se distribuye siguiendo ese patrón, por lo que si la ambición es reducir la desigualdad, Chile tiene que aprender a hacer cosas valiosas y complejas que generen otro tipo de empleos. (Ver entrevistas a Mariana Mazzucato y Ha-Joon Chang)

Pero si eso es tan determinante, ¿por qué países más productivos y con industrias muy sofisticadas como Estados Unidos o el Reino Unido, confluyen con nosotros en el mismo problema de la desigualdad de ingresos?

A simple vista la historia está incompleta. Parece estar operando otro mecanismo que tiene la habilidad de adaptarse a los distintos tipos de política industrial y conseguir que los beneficios lleguen siempre a pocas manos. El actor que propone Winters para completar la historia es un ejército de profesionales, fundamentalmente abogados y contadores, capaces intervenir en el sistema tributario hacer que lo que se gana no termine en las arcas fiscales.

Un ejemplo muestra que el origen de la desigualdad se entiende mejor cuando se agrega el elemento tributario. Es la exitosa historia de los hermanos ingleses William y Edmund Vestey, una de las mayores fortunas de comienzos de siglo XX. Según cuenta el periodista Nicholas Shaxson autor de “Las Islas del Tesoro” (Fondo de Cultura Económica, 2014) los Vestey fueron los primeros en construir lo que hoy conocemos como una corporación global. Su negocio era la carne, la cual compraban en Argentina y Brasil y vendían en todo el mundo. Shaxson relata que consiguieron un control monopólico de ese mercado, lo que les permitía deshacerse de los competidores y manejar los precios. Pero el secreto de su fortuna no estaba solo en su novedosa forma “global” de producir. “Ellos vivían bajo la máxima de que no es lo que tu ganas lo que te hace rico sino lo que logras conservar”, escribe Shaxson. Esa frase no quiere resaltar que llevaran una vida austera. Se refiere al diseño de estrategias tributarias para proteger la riqueza del cobro de impuestos.

Los Vestely, explica Shaxson, están entre los primeros en diseñar estrategias para usar a su favor las distintas normas tributarias de los países en los que operaban, de modo de llevar las utilidades de sus empresas a regiones donde podían pagar el menor impuesto posible. Así sus empresas no tributaban en Argentina o Brasil donde producían la carne, ni en los países donde la vendían. Y ellos tampoco pagaban en el Reino Unido donde vivían pues, gracias a diseños tributarios, no tenían nada a su nombre. En la hora cero del comercio global los Vestley marcan un camino que Shaxson describe así: “estrujar a los pequeños productores (los granjeros argentinos y brasileños) y a los consumidores (sus compradores en todo el mundo) gracias a su control monopólico” y luego conservar lo ganado a través de “ahogar a las autoridades tributarias desplegando ejércitos de abogados y contadores para llevar los beneficios lejos de los países en los que producían y lejos también de los países en los que vendían, y colocarlos en países intermediarios”. Esos países son los que hoy conocemos como paraísos tributarios.

Los Vestley fueron pioneros en otra práctica. Hoy, para presionar contra las alzas de impuestos o distintos tipos de políticas de fiscalización, los más ricos amenazan con irse de sus países (ver entrevista a Nicolás Ibáñez). Los Vestley concretaron esa amenaza. Cuando en la Primea Guerra Mundial miles de jóvenes ingleses partieron a morir a las trincheras europeas (sólo en la batalla de Le Somme, de la que se acaban de conmemorar 100 años, murieron un millón de soldados alemanes, franceses y británicos), los Vestley partieron a Estados Unidos para escapar al aumento de impuestos con el que el Reino Unido buscaba sostener la guerra. Shaxson cuenta que el abogado tributarista que atendió a los Vestley en EE.UU. les dijo “¿qué le pasa a su gente? Ustedes son los terceros ingleses que atiendo esta semana por el mismo asunto”.

Para ponerse a salvo de los impuestos, los más ricos necesitan países con políticas amigables al inversionista. El primero realmente amigable apareció y prosperó también durante las guerras mundiales: Suiza. Según explica el  economista  Gabriel Zucman en su libro La riqueza oculta de las naciones (University of Chicago Press, 2015), este es el primer país en ofrecer seguridad, bajas tasas tributarias y anonimato, los seductores argumentos de la naciente industria de defensa contra la redistribución. Es el primer lugar donde es posible conservar el máximo de lo que se produce e hizo posible que, para fines de la Segunda Guerra Mundial, las estrategias de los Vestley para escapar a la redistribución fueran una constante entre los más ricos del mundo.

Zucman explica que un cambio en la naturaleza de la riqueza fue fundamental para la expansión de Suiza y de otros paraísos tributarios. A diferencia de la riqueza basada en la tierra que dominó hasta el siglo XIX y que estaba ligada a un propietario conocido, la riqueza producida por la Revolución Industrial y el sistema financiero es anónima. Del mismo modo que el cheque se puede pagar al que lo tenga, las acciones que hacen a alguien el dueño de una compañía o los bonos que le dan derecho a utilidades también son al portador. Eso vuelve crucial la seguridad de los documentos (Suiza ofrecía eso pues fue declarado perpetuamente neutral desde 1815); pero también contiene una posibilidad de anonimato. Suiza, dice Zucman, fue pionera en brindar el servicio de administración de los negocios de sus clientes, recolectando los dividendos e intereses generados por estos papeles. Este servicio se abrochó con una guinda: el que depositaba su riqueza en Suiza, la hacía desaparecer de la vista de las autoridades tributarias de los otros países, sin riesgos de ser sorprendido, pues bancos suizos no se comunicaban con ninguna autoridad internacional.

Para este economista lo que en esencia comenzó a ofrecer la banca suiza fue “la posibilidad de cometer fraude fiscal”. Y la oferta fue muy bien recibida por los ricos europeos y americanos. Los datos más recientes indican que la riqueza extranjera depositada en Suiza es de U$ 2,3 billones, el nivel más alto en la historia de este paraíso tributario.

Hernán Büchi
Hernán Büchi

El investigador nota que para disfrazar el negocio del fraude, la banca ha difundido mitos sobre su origen y sobre lo que sus clientes buscan en su sistema. Se argumenta, por ejemplo, que sus clientes escapan de la inestabilidad y la opresión de sus países, ideas parecidas a la “incerteza jurídica” que argumentó el ex ministro Hernán Büchi cuando cambió Chile por Suiza (ver entrevista). Zucman muestra, por el contrario, que la mayor parte de los depósitos (U$ 1,3 billones) vienen de Alemania, Francia, Reino Unido y USA y otros países que difícilmente pueden ser calificados de opresores, al menos no con los ricos. Lejos de estar protegiendo a oprimidos, Zucman dice que Suiza daña a otras naciones. A sus vecinos Alemania, Francia e Italia, el perjuicio económico que les causa es equivalente a imponerle a Suiza una barrera comercial del 30%, estima el economista.

Tampoco es cierto, dice Zucman, otro mito según el cual los millonarios llegan a Suiza por las firmeza de su moneda y las oportunidades de negocios. El mercado suizo no es capaz de absorber los millones que están en sus bancos. De hecho el gobierno castiga con interés negativo a los no residentes que invierten su dinero en Suiza.

Para Zucman el único gran motivo para estar ahí es para escapar de los impuestos. Y hoy Suiza es el refugio de la riqueza que los franceses generan con manufacturas y los árabes con petróleo y los norteamericanos con tecnología y los narcos con producción de coca y los chilenos con riqueza producida fundamentalmente a través de materias primas (ver reportaje).

Su éxito ha hecho aparecer muchos otros paraísos tributarios. Pero Zucman dice que no hay competencia entre ellos sino complementariedad. Bancos suizos actúan a través de filiales en Cayman o Luxemburgo. Bancos ingleses como el HSBC operan bajo el paraguas legal suizo. Se estructura así una red con un poder enorme. El economista Thomas Piketty, autor el best seller “El Capital en el siglo XXI” que lleva años advirtiendo sobre la concentración de la riqueza (ver entrevista) escribe en el prologo del libro de Zucman que con su opacidad financiera los paraísos tributarios son hoy “una de las fuerzas directrices claves detrás del aumento de la desigualdad de riqueza y también una de las mayores amenaza para la sociedad democrática”.

El NEGOCIO DE LA CONFUSION Y LA CREATIVIDAD

Como Shaxson y Zucman, Jefferey Winters también constata que desde comienzos del siglo XX la industria de la defensa de la riqueza no ha parado de expandirse. Una tendencia que detecta es que parte de su negocio está en complejizar la legislación tributaria. Por ejemplo, dice, el código tributario norteamericano que tenía 500 páginas en 1940, pasó a tener 71.000 en 2010, transformándose en una maraña que el presidente Barack Obama definió como “un sistema tributario roto, escrito por muy bien conectados lobistas en nombre de los intereses de los adinerados”.

Winters dice que son las empresas de lobby las que promueven esa inflación legislativa que busca, “insertar normas favorables a los más ricos, cortar secciones que causan problemas y bloquear amenazas en el horizonte” escribe. El efecto del lobby esta medido por un estudio de 2008 (Lobbying and Taxes): en Estados Unidos, cuando una compañía aumenta su gasto en lobby en un 1% al año, reduce su nivel de impuestos entre 0,5% y 1,6% al año siguiente.

Como es claro, la creciente complejidad genera también incertidumbre respecto de qué interpretación sería la dominante en un determinado caso. Eso también es aprovechado por la industria. Puesto que ninguna autoridad tiene una visión completa de la normativa, los mismos bufetes, en su rol de expertos en el tema, se erigen como los poseedores de las interpretaciones más adecuadas. Winters explica que el arma más importante con que cuentan son “cartas de opinión tributaria” (“Tax opinión letter”). Consiste en una opinión jurídica emitida por una firma tributaria que avala una forma de entender la ley tributaria afirmando que la autoridad no tendría motivos para objetar una determinada operación y si lo hiciera, la corte se opondría. Dado que el contribuyente ha consultado a un especialista, su responsabilidad penal en una operación eventualmente cuestionada, desaparece. El bufete se hace cargo. Por supuesto esta carta, este as bajo la manga literalmente, tiene precios prohibitivos.

La interpretación es una clave de la industria en todo el mundo. En principio esto no es extraño pues las leyes jamás tienen una sola forma de aplicarse. Pero la industria, dice Winters, ha desarrollado formas de extremar las interpretaciones, de llevarlas más allá de cualquiera de los fines que se discutieron al crear la ley.

Doreen McBarnet, profesora emérito del centro de estudios Socio-Legales de la universidad de Oxford, ha estudiado a fondo este problema. Acuñó el concepto de “cumplimiento creativo” para explicar por qué es tan común que en el área tributaria los legisladores traten de producir un resultado, pero las leyes consistentemente operen de un modo distinto. La explicación más extendida es que eso ocurre por fallas o vacíos en la ley que los contribuyentes encuentran y aprovechan. En Chile ese argumento se oye con frecuencia para hacer una diferencia entre un acto ilegal (la evasión) y un acto que no vulnera la ley, que a lo mejor es cuestionable moralmente, pero no es ilegal: la elusión. Esta última sería entera responsabilidad de los legisladores.

Doreen McBarnet
Doreen McBarnet

Tras examinar decenas de casos en que la ley fue interpretada de un modo que perjudica las arcas fiscales, McBarnet concluye que la elusión no depende tanto de problemas en la ley sino de interpretaciones que se construyen para escapar a su influjo. La elusión, dice la investigadora, es esencialmente el resultado de una acción deliberada, llevada adelante por equipos de abogados y contadores, que activamente escanean la ley “y construyen formas alternativas de leerla”. Este “cumplimiento creativo” implica entonces la intención deliberada de la industria de cumplir con la letra de la ley pero vulnerar su espíritu. Es decir, cumplirla en una forma tal que sus clientes tienen todos los beneficios de no obedecerla pero la autoridad no puede perseguirlos por ello.

A punta de interpretaciones, dice Winters, los sistemas tributarios del mundo aceptan hoy “asuntos de cuestionable legalidad” y arrojan con frecuencia resultados que desconciertan y que a la vez que son perfectamente legales. Por ejemplo, que en Estados Unidos, uno de los hombres más ricos del mundo, el inversionista Warren Buffett, pague menos impuestos que su secretaria. O que en Chile, Eliodoro Matte (el mismo de los 5 grandes) se las ingenie para no pagar impuesto a la herencia por un terreno de US$ 100 millones; o que grandes empresas como Jumbo (de Horst Paulmann, otro de los cinco) paguen menos patentes que un quiosco; o que el ex presidente Sebastián Piñera (otro de los cinco) pudiera vender las acciones de su principal empresa, Lan Chile, sin pagar impuestos por la ganancia de capital.

Dado que se trata actos dentro de la ley, las autoridades poco pueden hacer. Los costos los paga la credibilidad del sistema. Para el filósofo del derecho Joseph Raz aunque la ley permite muchas interpretaciones, si el efecto de la ley “está constantemente disociado de lo que el legislador pretendía eso tiene consecuencias políticas significativas”. Por ejemplo, preguntarse quién realmente hace las leyes, ¿los legisladores por los que vota la gente o la industria de la defensa de la riqueza?

Winters muestra que, tal como describe McBarnet, la industria no “encuentra” fallas en la ley sino que las provoca. En 2002, tras la quiebra fraudulenta de Enron, la más grande empresa de energía de Estados Unidos, que hizo desaparecer a la auditora Arthur Andersen, el Senado inició una investigación sobre las principales empresas auditoras. Al indagar en el trabajo de KPMG el Senado determinó que varios de los agresivos esquemas tributarios que en ese momento ofrecía la firma no habían sido solicitados por clientes. Por el contrario, había sido KMPG la que desarrolló esos mecanismos y luego “los marketeó vigorosamente a numerosos y en algunos casos cientos de potenciales compradores”. En ese momento KMPG ofrecía en el mercado, según reconoció, cerca de 500 distintos “productos tributarios”. Sobre la industria en general el informe advirtió que aunque su rol era dar información exacta a los inversionistas sobre los bienes y flujos de las empresas, estaban haciendo algo muy distinto: “respetables firmas profesionales están gastando recursos substanciales, formando alianzas y desarrollando infraestructura para diseñar, marketear e implementar cientos de complejos refugios fiscales, algunos de los cuales son abiertamente ilegales y le niegan al país miles de millones de dólares en impuestos a la renta” (ver informe en inglés).

KPMGEn su libro Winters destaca que el servicio que KMPG ofrecía era el de generación de falsas deudas, de modo de hacer desaparecer las utilidades de sus clientes. Eso permitió a 350 clientes ahorrar U$ 8 millones cada uno. Al ser descubiertos KMPG ofreció el último servicio: se responsabilizó por haber creado estos sistemas y haberlos promovido sus clientes como legales. El “rico ignorante” es un personaje que a veces es creíble para los tribunales. Pero no siempre, como ha quedado en evidencia con la condena de Leo Messi en España.

Pese a las normas que se impusieron en Estados Unidos buscando que las auditoras fueran garantes de la realidad de las operaciones de las empresas, hay evidencias de que el sistema no se ha reformado. Así lo muestran las investigaciones hechas en el parlamento inglés por las elusiones tributarias de Apple y de Google. Respecto del rol de las auditoras en estos casos, los legisladores británicos dijeron en 2014: “las grandes firmas contadoras han tenido un rol substancial en ayudar a sus clientes en eludir los impuestos y son crecientemente parte del problema tributario y no de la solución (reporte disponible en inglés).

En Chile la reforma tributaria impulsada por el actual gobierno ha tratado de dar una respuesta a este punto incluyendo una batería de normas anti elusión cuyo promotor es en gran medida el abogado Francisco Saffie, doctor en derecho de la Universidad Edimburgo (ver especial). Para el abogado, el eje de estas normas es que “antes de la Reforma se creía que los contribuyentes podían desarrollar conductas para eludir el pago del impuesto, lo que es equivalente a decir que el pago de impuestos era optativo. Estas normas, por el contrario, tienen por función hacer cumplir la ley tributaria”.

Este cambio ha sido duramente resistido por la industria, con argumentos que apuntan a que las normas están técnicamente mal hechas y no se entienden. Saffie replica que el problema no es que no se entiendan sino que la industria no quiere aceptar el cambio: “todavía hay quienes se oponen a la visión que está detrás de la norma antielusión y lo hacen porque lo que buscan es tener una norma más liviana que les permita, a través del derecho civil y comercial, espacios para adecuar la carga tributaria (ver entrevista en Pulso).

LA DEBILIDAD DE LA DEMOCRACIA EXPUESTA

En su trabajo académico Winters se refiere a los súper ricos como oligarquía, siguiendo la definición aristotélica: “donde quiera que los hombres gobiernen movidos por su riqueza, sean estos pocos o muchos, esa es una oligarquía”.

Le parece que esa expresión es más exacta que el concepto de elite, pues se enfoca en lo que estima es el tema central hoy: el dinero.

La riqueza material, dice Winters, es poder. La riqueza genera la necesidad de defenderla y brinda los medios para hacerlo. Tiene además una fortaleza particular. El que funda su poder en la riqueza puede ser inmune a la democracia y a la participación ciudadana.

Winter explica que la democracia es muy buena para distribuir poder simbólico (por ejemplo, derecho a votar, a expresarse libremente). Y por ello la democracia es un gran antídoto contra elites de burócratas o dirigentes políticos o contra dictaduras. Si el tirano sigue ahí, si el poder no se dispersa, no se puede hablar de democracia y el conflicto sigue pendiente.

PobrezaPero con la riqueza material ocurre algo distinto. Para distribuirla, la democracia requiere llevar adelante reformas específicas (por ejemplo una reforma a la ley tributaria). Si no lo consigue, sique siendo una democracia, solo que con mala distribución. Esto lleva a Winters a decir que para la oligarquía actual, la democracia solo representa una amenaza potencial: la aplicación de políticas redistributivas. Pero si esa amenaza es neutralizada, oligarquía y democracia pueden convivir y fundirse.

—Chile, al igual que Estados Unidos, es en parte democracia y en parte oligarquía —dijo Winters a CIPER. La gente vota, puede expresar su opinión, escribe libros como el de Winters y artículos como este, y nadie es perseguido por eso. Y sin embargo la concentración de la riqueza se mantiene o crece.

Winters repara en que el hecho de poder neutralizar a la democracia tuvo otro efecto interesante en como los más ricos relacionan con el poder. Observa que las antiguas oligarquías guerreras defendían su riqueza a través de la violencia y participaban directamente en la política, como los senadores romanos, pues esas eran sus únicas formas de defender y acrecentar su riqueza. En cambio los súper ricos que dominan en Estados Unidos y Latinoamérica, y a los que Winter llama “oligarquías civiles”, no rigen directamente. Aunque inicialmente desconfiaron de las democracias modernas, se adaptaron muy bien a esos sistemas y dejaron en manos del Estado la defensa de sus propiedades. Es lo que conocemos como Estado de derecho.

Winters advierte que si el Estado falla en defender los derechos de propiedad, “el regreso a las armas y a dirigir directamente los gobierno no solo es posible sino que ha ocurrido repetidamente en la historia”. Cita como ejemplo el caso de Brasil durante la administración de Luiz Inacio “Lula” da Silva y de Paraguay bajo Fernando Lugo: “cuando los oligarcas del campo comenzaron a ser amenazados por invasiones de terrenos primero apelaron al Estado para defender sus derechos de propiedad. Cuando eso falló, se rearmaron y formaron milicias que se coordinaron con las fuerzas policiales”.  Winters cita también el caso de Chile bajo  el gobierno de Salvador Allende, donde la derecha se armó para enfrentar las expropiaciones de campos y empresas. Aristóteles lo tenía claro desde el año 300 antes de Cristo: amenazar la propiedad de la oligarquía es peligroso y desestabilizador. “La regulación de la propiedad es el punto central de todo. El asunto sobre el que todas las revoluciones estallan”, decía el filósofo ateniense.

TRUMP, BREXIT Y LA OLIGARQUIA

Esa convivencia entre oligarquía y democracia, dice Winters, ha sido percibida por los votantes de las clases medias y populares sobre todo donde la desigualdad parece sin control. Un ejemplo de ello es la actual elección presidencial norteamericana, en la que se ha usado insistentemente la palabra oligarquía, un concepto que estaba marginado del debate público de ese país. De hecho el derrotado candidato demócrata Berni Sanders la transformó con mucho éxito en el villano contra el que llamó a los norteamericanos a reaccionar.

En internet circulan varias de sus arengas que resultaron my convincentes para el votante joven. En julio de 2015 Sanders dijo, por ejemplo: “Democracia es una persona un voto y poder discutir a fondo los asuntos que nos afectan. Oligarquía, en cambio, es un grupo de billonarios comprando elecciones mientras grandes corporaciones mediáticas determinan qué podemos ver, oír y leer” (ver video). En otra ocasión Sanders apuntó directamente contra algunos de los más importantes financistas de la política norteamericana, los hermanos Charles y David Koch (de Industrias Koch) a quienes acusó de gastar cerca de U$ 900 millones para conseguir que resultaran electos políticos que recortan el presupuesto de la seguridad social, la educación y los programas medioambientales. Sobre ellos Sanders dijo: “Cuando tienes una sola familia —y esto es América y no un pequeño país del tercer mundo—, que gasta más dinero que el Partido Demócrata o que el Partido Republicano, esto, amigo mío no es una democracia. Esto es una oligarquía. El sistema está roto y tenemos que cambiarlo”.

Aunque Sanders no fue preciso en sus dichos respecto de los Koch, fue muy eficaz en instalar la idea de que la democracia no estaba reflejando la voluntad de las mayorías y que los ricos la distorsionaban a su favor. A esa percepción colaboró el candidato republicano Donald Trump, quien calza perfecto con lo que Sanders calificaría como oligarca. Trump habló descarnadamente de las donaciones que él mismo hizo a lo largo de su vida empresarial. “Cuando tú les das, ellos hacen cualquier cosa que tú quieras que hagan”, le dijo al Wall Street Journal.

Donald Trump
Donald Trump

Durante el debate entre los candidatos republicanos organizado por la cadena Fox, Trump ahondó en el tema: “Yo era un hombre de negocios y les daba a todos. Cuando me llamaban yo daba. ¿Y sabes qué? Cuando necesitaba algo de ellos, dos años después, tres años después, ellos estaban ahí para mí” (ver a partir del minuto 2.30). Trump dijo que también le había dado dinero a la candidata demócrata Hillary Clinton (la información pública registra US$ 5.000 repartidos en varias campañas senatoriales entre 2001 y 2006) y lo justificó en el hecho de que él era un hombre de negocios. Cuando le preguntaron qué consiguió a cambio, respondió: “Yo le dije, quiero que vayas a mi boda. Y sabe, ella no tenía elección porque yo le di. Le di a su fundación”. Y concluyó, igual que Sanders, que “el sistema está roto”.

Winters dijo a CIPER que es la primera vez en las elecciones presidenciales norteamericanas que el poder del dinero queda tan expuesto y concita tanto rechazo. Para Winters, el respaldo que tuvo Sanders como el que sigue teniendo Trump es, en gran medida, una reacción al rechazo que provoca la oligarquía y a la sensación de impotencia.

Entre los seguidores de Trump hay una masa que le grita “construye el muro, construye el muro” y que respalda su discurso racista hacia todo lo latinoamericano. Pero Winters argumenta que esos grupos no son los que lo han puesto a tiro de ser presidente. También se han plegado a él “muchas personas de las clases trabajadoras que creen que para detener a la oligarquía se necesita un oligarca”, explica Winters. Así como algunos votantes piensan que eligiendo a un rico de presidente el país se hará más rico, Trump explota la idea de que dado que sabe cómo funciona ese mundo, también sabe cómo corregirlo. “El ha dicho: yo soy un oligarca y no me gusta lo que los oligarcas hacemos. Yo di dinero a Clinton y esperé favores”, explica Winters. Agrega que el respaldo que consiguió Bernie Sanders también respondería al mismo hastío, aunque sus votantes se sientan en el extremo opuesto a Trump.

—Para mí no hay dudas de que fenómenos como Sanders, Trump o el Brexit tienen su origen en la concentración de la riqueza extrema —dijo Winters a CIPER—. La reacción contra la oligarquía desde la izquierda populista es Bernie Sanders que desafía a las grandes corporaciones e instituciones financieras. La versión derecha populista es Brexit y Trump, donde la ira y el sufrimiento populares se canalizan no sólo contra esas instituciones, sino también hacia el racismo, el tribalismo, la exclusión y el odio.

Aunque en Estados Unidos todas las fuerzas que se oponen con espanto a Trump se han reunido en torno a Hillary Clinton (pese a las distancia que tiene con ella, Sanders anunció que votaría por Clinton), Winters no cree que ella represente solución alguna. Winters dice que ella probablemente ganará la elección, pero eso se debe únicamente a que Trump es “estúpido, ególatra y peligroso”. Si no fuera por eso, “su discurso anti oligarquía arrastraría a los votantes de Sanders”.

—Hillary Clinton es por lejos la candidata más representativa del establishment norteamericano. Ella viene de la elite y no ve un gran problema en la relación del poder político con la concentración de la riqueza. Ella acepta las donaciones millonarias (a diferencia de Sanders, que se negó a recibir las donaciones de los oligarcas). Ella acepta también los rescates financieros que dio el gobierno a Goldman Sachs y a Wall Street en la crisis financiera de 2008 que esos mismos fondos comenzaron. Ella es incapaz de pensar desde fuera del establishment. Lo cierto es que los americanos están enfrentando a dos realmente feas opciones y están muy descontentos.

Nigel Farage
Nigel Farage

La mirada de Winters coincide con la lectura que se va imponiendo sobre el Brexit en el Reino Unido, opción que obtuvo 17 millones de votos. En las elecciones de hace un año los nacionalistas, hasta hace poco liderados por Nigel Farage (UKIP), consiguieron solo 4 millones. ¿Es posible que el nacionalismo se haya triplicado en tan poco tiempo? Pocos lo creen. Andrew Marr, editor político de la BBC, abrió su programa post Brexit cuestionando esa idea. Habló en cambio de la fractura nacional que el referéndum mostró: la diferencia entre la votación de los jóvenes que querían mayoritariamente quedarse en Europa y los adultos mayores que fueron seducidos por la promesa de tener su país de vuelta, de tomar el control de su nación.

Pero Marr centró el foco en otra diferencia: la votación de los grandes centros urbanos ligados a las finanzas y a las universidades, que masivamente votaron por quedarse; y las zonas donde alguna vez hubo importante desarrollo minero, industrial y agrícola, y que ahora, empobrecidas y viviendo de subsidios, votaron por irse. “Durante los últimos 50 años hemos visto desaparecer la industria pesada que hacía cosas para la exportación británica y ha cedido al industria bancaria y de servicios que han absorbido algunos de los puestos de trabajos perdidos. Pero lo cierto es que bajo los últimos gobiernos nos hemos transformado en una nación-centro comercial. Londres alcanzó la cima como centro global pero al mismo tiempo lugares como el Wales industrial se hicieron cada vez más pobres”. Para Marr el Brexit es “la rebelión de los disminuidos contra los ganadores, de los ignorados contra los que le dan forma a los tiempos modernos”.

El sentido común indica que los disminuidos e ignorados debería engrosar las filas de la izquierda inglesa. Pero al igual que ocurre con Clinton, esa opción no convoca, salvo para evitar un desastre mayor. Y en Gran Bretaña ni siquiera pudo hacer eso: un 30% de la votación laborista tradicional votó por irse, codo a codo con los nacionalistas.

La nueva primera Ministra británica Teresa May, ha intentado llenar ese vacío y en su primer discurso ha usado palabras que se habrían esperado de un líder de izquierda: “Estamos aquí no para escuchar al poderoso sino a ti. Nuestra prioridad no es el rico, sino tú. No vamos a afianzar las ventajas de los pocos afortunados. Vamos a hacer a Gran Bretaña un país que trabajó no para los pocos privilegiados sino para todos los trabajadores”.

No dijo oligarquía. Pero no era necesario.

 

* Esta entrevista es parte de una serie de diálogos con investigadores como Wolfgang Streeck, ex director del Instituto Max Planck para el estudio de las sociedades y Anthony Atkinson, professor de la London School of Economics y Fellow of Nuffield College de la universidad de Oxford, que busca ampliar el debate actual sobre la concentración de la riqueza y su impacto en la economía y en la democracia.

 Vea aquí todos los diálogos con académicos realizados por el periodista Juan Andrés Guzmán

“Si Chile quiere crecer tiene que superar las limitaciones del neoliberalismo”

Hay algo en la vida de Ha-Joon Chang que probablemente muchos chilenos quisieran experimentar. No es el hecho de que sea un economista súper ventas, capaz de explicar en forma simple lo que muchos de sus colegas no pueden; ni tampoco, que enseña en la Universidad de Cambridge, donde Darwin, Newton, Russell, Keynes, Maxwell, Dirac y tantos otros incubaron muchas de las ideas que han dado forma al mundo moderno.

Lo realmente envidiable está en que es coreano y tiene la experiencia de ver cómo su país dejó la pobreza en solo una generación. Su infancia transcurrió en una Corea aún devastada por la guerra y al cumplir 40 años (2003), ya era ciudadano de una de las naciones más prósperas del planeta.

En su libro Malos Samaritanos (RHbooks, 2007) recuerda que a comienzos de 2000 visitó en Seúl una exposición de fotos de Corea de los años de su infancia, cuando nada permitía pensar que había caminos para salir de la pobreza. Entonces era un lujo tener baño al interior de la casa, los colegios amontonaban 90 niños por sala y la economía se basaba en la pesca y en la fabricación de pelucas y textiles baratos. Durante los años 60 uno de los ingresos más importantes del país fue el pago que recibía de Estados Unidos por el envió de tropas a la guerra de Vietnam.

Mientras Chang observaba esas postales de su pasado oyó a un par de veinteañeras comentar: “¿Cómo puede eso ser Corea? ¡Parece Vietnam!”.

Lo que a Chang le era tan familiar, se había vuelto irreconocible para la generación siguiente. La gran cantidad de dinero disponible en la vida de esas jóvenes (y los bienes y oportunidades que éste permite) eran la explicación más evidente para esa distancia generacional. En términos del PIB per cápita, Corea saltó de US$82 en 1960 a US$15.000 en 2003 (en el mismo periodo Chile pasó de US$550 a US$4.000). Chang estima que en esos 40 años el poder de compra de los coreanos creció 14 veces, un salto que al Reino Unido le tomó dos siglos (desde el inicio de la revolución industrial a nuestros días), mientras que a Estados Unidos le demandó un siglo y medio. Ese descomunal crecimiento es conocido como el “milagro coreano”.

Pero la cantidad de dinero no es lo único por lo que esas jóvenes no reconocían a su nación en esas fotos. Había otro elemento, que para Chang constituye una moraleja central del caso coreano y lo diferencia de países como Chile, que habiendo partido antes se han quedado atrás. El país de las fotos solo sabía pescar y pelear. Las jóvenes que miraban esas fotos, en cambio, eran parte de una generación que podía construir barcos, celulares, computadores y autos. En una generación Corea había logrado transformar su estructura productiva, haciendo aparecer empresas innovadoras como Samsung, KIA, LG o Hyundai. El aumento del PIB era solo la consecuencia de ese proceso, el verdadero milagro.

Ha Joon Chang
Ha Joon Chang

En su libro Economía para el 99 por ciento de la población (Debate, 2015), Chang ahonda en estas ideas. Para mostrar lo engañoso que es mirar solo el aumento del dinero, explica que entre 1995 y 2010 el país cuyo PIB más creció en el mundo fue Guinea Ecuatorial, en el centro de África: 18,6% al año, el doble de lo que ha crecido China en las últimas dos décadas. ¿Por qué no se habla del milagro de Guinea? Simplemente porque su crecimiento se debió al descubrimiento de petróleo. “Nada en su economía cambió. Guinea ni siquiera tiene tecnología para extraer su propio petróleo”, argumenta Chang. Peor aún, dado que su elevado PIB “no se consiguió como resultado de que sus ciudadanos mejoraran su habilidad de producir”, cuando el petróleo se acabe o el precio caiga “volverá a ser uno de los países más pobres del mundo”.

Chang menciona que eso fue exactamente lo que le ocurrió a Chile a comienzos del Siglo XX, cuando la desarrollada industria alemana logró producir salitre sintético y nuestra economía se derrumbó. Recientemente el economista Ricardo Hausmann, de la Universidad de Harvard, advirtió que podemos estar repitiendo esa historia. Nuestro crecimiento, dijo Hausmann, ha estado sostenido por el alto precio del cobre y ahora que el precio baja, no hay nada que lo sostenga. Así como Guinea no puede extraer su propio petróleo, Hausmann ha subrayado que son empresas extranjeras las que controlan nuestra minería, a pesar de que hace más de cien años que dependemos de ese negocio (ver entrevista en CIPER). Otros investigadores han destacado, además, que no somos capaces de refinar nuestro cobre.

Para Ha-Joon Chang es un error creer que un PIB alto implica un “desarrollo económico”. Sostiene que esto último se logra solo cuando aumentan las habilidades productivas de las personas: cuando mejora su capacidad de organizarse en emprendimientos innovadores y logran transformar el sistema productivo.

Para conseguir eso no da lo mismo qué producen los países. Aunque una industria de pescado puede ser tan rentable como una industria electrónica, la primera requiere y promueve menos habilidades productivas y organizativas que la última. Según Chang, la evidencia internacional muestra que la mayoría de los países mejoran sus habilidades a través de la industrialización y, especialmente, a través del desarrollo del sector manufacturero, el verdadero centro de “aprendizaje del capitalismo”.

En Chile, sin embargo, el análisis del gobierno y los empresarios no identifica como algo particularmente malo el que Chile siga ligado a la producción de materias primas. El tema casi no es mencionado en la batería de propuestas para mejorar la productividad que se discuten, en parte porque se ha asentado la idea de que lo que conviene es aprovechar las ventajas comparativas de Chile (lo que naturalmente tenemos: cobre, frutas, mano de obra barata), pues “llevar una fruta con embalaje adecuado a Europa, cuidando la cadena de frío, puede generar tanta agregación de valor como exportar un refrigerador”, según explicó la ex directora de ProChile Alicia Frohmann en 2006.

Tanto empresarios como gobierno creen que es urgente mejorar la productividad, entendida como hacer más cosas con menos insumos. Y el problema de productividad se atribuye a que nuestra fuerza de trabajo está mal preparada y a la excesiva burocracia estatal para generar nuevos emprendimientos. Un diagnóstico que justifica, en parte, la fuerte inversión en educación superior (gratuidad universitaria y programas de generación de capital humano avanzado como Becas Chile). Y también explica que la mayoría de las propuestas para aumentar la productividad que discuten gobierno y empresarios apunten a la eliminación de trámites.

Ha-JoonChang cree que el énfasis en la educación está errado. Porque aunque el conocimiento es esencial para innovar, lo que logra cambiar la estructura productiva de un país no es el conocimiento individual, sino el conocimiento colectivo: “Ahí está la gran diferencia entre un país rico y un país pobre”, dice.

Para ilustrar esto cuenta que cuando llegó al Reino Unido a hacer su doctorado se sorprendió con la mala formación de muchos trabajadores del sector servicios. “Entraba a una tienda, compraba tres cosas de 1,15 libras y para cobrarme usaban la calculadora. Me preguntaba: ¿cómo es posible que un país con gente así sea tres veces más rico que Corea? Luego entendí que justamente ahí estaba la clave. Lo relevante no es el conocimiento individual. De hecho, en términos individuales, las personas en países pobres tienden a ser mucho más listas porque necesitan sobrevivir. Lo que hace al Reino Unido más próspero es que colectivamente es más inteligente. Es decir, detrás de toda la gente mal preparada hay una enorme infraestructura, tecnología, organizaciones privadas, regulaciones públicas adecuadas, una red organizada productivamente mucho mejor que en otros países. A eso llamo “conocimiento colectivo”.

Sobre la estrategia chilena comenta:

-Indudablemente para desarrollase se necesita educar bien a las personas. Pero es una fantasía creer que las personas mejor educadas van a crear sus propios trabajos. Esa fantasía se alimenta de la creencia de que Sillicon Valley fue hecho por gente muy bien preparada, como Steve Jobs. Pero Sillicon Valley no se creó así: ahora sabemos que buena parte de eso es resultado de la inversión en la industria militar norteamericana (ver entrevista a Mariana Mazzucato).

Sobre la gratuidad universitaria: “Si Chile no tiene una estrategia para crear trabajos donde las personas mejor educadas puedan desplegar sus habilidades, la enorme inversión que han hecho se va a perder”.

Por eso, Chang argumenta que es un error pensar que con muchos profesionales y técnicos Chile se va a transformar en Alemania o Estados Unidos: “Lo que hace diferente a Chile de esos países no es solo la cantidad de doctorados sino que Estados Unidos tiene a la Boeing y Alemania a la Volkswagen; y cada una de esas empresas está ligada a una red de firmas medianas y de proveedores pequeños”. Esa compleja red de relaciones entre empresas, donde participa el Estado en diferentes proyectos, permite que el conocimiento productivo eche raíces en la sociedad.

Un país donde el conocimiento NO está enraizado es Filipinas. Allí, dice Chang, se han instalado importantes compañías internacionales que exportan tecnología de punta; pero no expanden la tecnología a las empresas locales, no están integradas con el resto de la economía: solo usan la mano de obra barata del país. “Los filipinos no organizaron su industria tecnología, no internalizan la tecnología que producen y, en el momento en que esas empresas se vayan, los filipinos volverán a la agricultura”, explica.

Un país donde el conocimiento sí está enraizado es Alemania: después de la devastación tras la Segunda Guerra, seguía siendo considerado un país desarrollado, mientras que Perú y Chile no. ¿Por qué? Porque pese a la destrucción, los alemanes tenían conocimientos y formas de producir que les permitieron salir adelante muy pronto.

-Usted puede producir cientos de PhD en ciencia, en ingeniería, o en economía, pero ellos podrán hacer poco si no están reunidos, organizados en emprendimientos colectivos y trabajando juntos para crear desarrollo económico. Porque en la economía moderna el desarrollo de las habilidades productivas mayoritariamente ocurre adentro de las empresas antes que a nivel individual. Y si Chile no tiene una estrategia para crear trabajos donde estas personas mejor educadas puedan desplegar sus habilidades, la enorme inversión que ustedes han hecho se va a perder -dijo Chang a CIPER.

POBRES: FLOJOS O TONTOS

Para Ha-Joon Chang el error que comete la política pública chilena se explica en parte porque, siguiendo las ideas neoliberales, descarga toda la responsabilidad del desarrollo en los individuos. El análisis dominante sobre nuestra baja productividad responsabiliza esencialmente a los trabajadores mal preparados. Por debajo de ese argumento oficial, emerge cada tanto una acusación moral: la flojera. A veces se dice directamente (como lo registró la encuesta CEP en 2015, donde el 40% de los chilenos atribuyó la pobreza a la flojera). Otras, se sugiere en discursos bien intencionados del tipo “no hay excusas para que te vaya mal” (ver entrevista a Matías del Río).

Dado que el peso se pone en el individuo, dice Chang, el sistema hace creer a las personas que todo depende de ellos y que si no triunfan es porque “o son flojos o son tontos”. Ese discurso se usa en contra de naciones enteras cuando se quedan atrás. Se culpa a su cultura: dilapidadores, poco serios, bananeros. Chang contra argumenta: “Los alemanes culpan a los griegos de su situación alegando que son flojos pero quieren vivir como alemanes. Sin embargo, de acuerdo a las cifras de la OCDE, los griegos trabajan 30% más que los alemanes y 40% más que los holandeses (oficialmente los más flojos de Europa). La misma opinión tienen los norteamericanos de los mexicanos aunque estos últimos son los que más trabajan en la OECD. ¡Los mexicanos trabajan más que mis compatriotas de Corea!”, dijo Chang en una conferencia reciente.

Para el académico el problema no es -como se hace creer- un asunto de la ética del trabajo, sino de cuán productivo es ese trabajo. Y esa productividad, dice, rara vez es responsabilidad de las personas, sino que depende esencialmente del equipamiento, de la forma en que están organizadas las empresas y operan las instituciones. “Si el país no puede proveer eso, la gente trabajará muy duro sin que su trabajo rinda”, dijo a CIPER. Y agregó: “Si a alguien hay que culpar en México o Grecia es a las personas ricas y poderosas de esos países que, teniendo control sobre los determinantes de la productividad, han hecho poco para proveerlos en la cantidad necesaria”.

Ben Schneider (Foto: web.mit.edu)
Ben Schneider (Foto: web.mit.edu)

En este punto Chang coincide con lo expresado por el cientista político del MIT Ben Ross Schneider, quien explicó a CIPER que la baja formación de los trabajadores no es un problema con el que las empresas se encuentran, sino que, en buena medida, ellas mismas lo producen. Y ello, porque se concentran en la explotación de materias primas, las cuales ofrecen pocos buenos trabajos (quedan en manos de una elite, como mostró el economista de Yale, Seth D. Zimmerman) y muchos puestos de trabajo mal pagados y de mala calidad.

Dado que esa es la realidad del mercado laboral chileno, los jóvenes pobres que invierten en educarse no encuentran empleos acorde a su preparación y, como advierte Chang, la inversión que han hecho se pierde. Schneider argumenta que ese fracaso desincentivará a la siguiente generación a formarse mejor con lo que el problema de las habilidades persiste. El académico del MIT es tajante: el sistema capitalista chileno (al que por su concentración llama “jerárquico” o “familiar”) no tiene capacidad por sí solo de salir de esa trampa de bajas habilidades.

A pesar de lo injusto del análisis, el que se insista en situar la responsabilidad en la espalda del individuo, es para Chang una estrategia política: “Al hacer que las personas se culpen y se sientan avergonzadas de su situación, estas pierden fuerzas y argumentos para cambiar el sistema”. Si en cambio -agrega- tuvieran conciencia de que su situación depende mucho de cómo está organizada la producción, “la gente se preguntaría ‘qué pasa, por qué trabajamos tan duro y eso no rinde’. Y empujarían a las autoridades a hacer cambios en el sistema”.

Pero, ¿qué cambios cree Chang que se deben empujar? La respuesta tiene que ver, al menos en parte, con cómo Corea logró generar ese conocimiento colectivo partiendo desde tan abajo.

MARCHA FORZADA AL DESARROLLO

Durante décadas economistas y sociólogos han buscado aprender y reproducir las claves de la prosperidad coreana.

En los ‘80 estudios del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial argumentaron que el “milagro” se debía a las políticas de libre mercado que esas mismas instituciones fomentaban, en especial a la reducción de la interferencia del gobierno en la economía y a la eliminación de las barreras arancelarias. Robert Wade, sociólogo de la London School of Economics, afirma en su libro Gobernando al Mercado (Princeton University Press, 1990), que esta interpretación reforzó las convicciones anti Estado de estos organismos y los hizo justificar el imponer políticas neoliberales a los países que no querían aplicarlas.

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Fue así que se conoció en Chile el “milagro coreano”. En los ‘90 el slogan “Chile, jaguar latinoamericano”, reforzó la impresión de que nuestro modelo era el mismo que habían seguido ellos y, por lo tanto, llegar a la misma meta era sólo cuestión de tiempo.

En la última reunión de ICARE en abril pasado, gobierno y empresarios analizaron algunos de los problemas de la baja productividad chilena (ver entrevista), y el ejemplo de los tigres asiáticos sirvió para ilustrar otro tipo de moraleja económica.

El economista Joseph Ramos, presidente de la Comisión Nacional de Productividad, mostró el gráfico que aparece aquí arriba en el que se compara la velocidad de crecimiento de diez naciones desarrolladas entre 1750 y hoy. El Reino Unido (UK) es el primero en iniciar su desarrollo a mediados del Siglo XVIII, gracias a la revolución industrial. Creciendo en promedio 1,5 % anual, UK demoró dos siglos en llegar al elevado PIB per cápita que hoy tiene. Luego comenzó a crecer Estados Unidos, a un 2% anual en promedio; Francia y Alemania a un 2,5%; hasta llegar a China que durante los últimos 20 años ha crecido a un 8% anual.

Ramos resaltó el hecho de que mientras más tarde comienzan los países su desarrollo, más rápido crecen. Eso se explica -afirmó- por lo que los norteamericanos llaman “catch up”, esto es, la copia inteligente de tecnología. “Los norteamericanos crecieron más rápido que los ingleses porque no tuvieron que inventar la máquina a vapor sino que la compraron y la incorporaron a su producción”, explicó Ramos. Del mismo modo actuaron japoneses, coreanos y chinos: aprovecharon la tecnología existente desarrollada por franceses, alemanes y noruegos. Parten su desarrollo usando la tecnología más avanzada.

Esta “copia inteligente” -argumentó Ramos- es el motivo por el que la productividad chilena creció en los ´90. Por ejemplo, cuando se incorporó a la agricultura el riego por goteo inventado por los israelíes. O la introducción de tecnología para la exportación de vino que trajeron empresas españolas en los´80 y que permitió que Chile comenzara a exportarlos. Ramos recomendó volver a esa estrategia para recuperar la productividad perdida (ver a partir del minuto 5 para precisiones técnicas del gráfico).

Tanto los énfasis del FMI de los ´80 como los de Joseph Ramos apuntan a partes relevantes del “milagro coreano” y del desarrollo de las naciones más prósperas. Pero dejan fuera un aspecto sin el cual, en opinión de Chang, ni Corea ni ninguno de los otros países que aparecen en ese mismo gráfico se habrían desarrollado como lo hicieron: el rol del Estado. Al menos durante los primeros 30 años de su despegue, el gobierno coreano dirigió “agresivamente las actividades de las empresas privadas, ordenándoles hacer determinadas cosas y prohibiéndoles otras”, escribió Wade en Gobernando al Mercado, uno de los primeros textos que cuestiona la versión de que los tigres asiáticos son el resultado de políticas neoliberales.

Para el cientista político del MIT Ben Ross Schneider, esta fuerte presencia pública dirigiendo a los actores hacia metas colectivas que podían no coincidir con sus intereses particulares, no es exclusiva de Corea. “Una profunda consideración de las políticas industriales exitosas en el Siglo XX difícilmente puede ignorar esta característica coercitiva”, sostiene Schneider en su libro Capitalismo Jerárquico en Latinoamérica (Cambridge University Press, 2013) (ver entrevista).

En el “milagro coreano” la participación del Estado es tan central que la similitud con el “jaguar” chileno debe reducirse sólo al hecho de que ambos países despegaron económicamente bajo dictaduras (aunque la de ellos fue bastante menos cruenta y nuestro despegue fue bastante menos espectacular y menos largo. Ver gráfico). Mientras Pinochet entregó el escenario económico a empresas y replegó al Estado, la dictadura de Park Chung-Hee no confió en las empresas y no estuvo dispuesta a que, como resultado del libre juego de las fuerzas del mercado, el país siguiera siendo productor de pelucas y pescados. En consecuencia, alineó las fuerzas del mercado hacia una meta nacional: la creación de industria pesada, química y electrónica.

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Muchas de las políticas coreanas se sintetizan en el esfuerzo que hizo ese gobierno para construir una moderna fundición de acero, pieza central de su plan de industrialización. Corea pidió recursos a Estados Unidos, Alemania, Francia y al Reino Unido, pero la idea estaba fuera de la lógica económica: era un país pobre, con mano de obra sin especialización y sin los recursos naturales necesarios. En el artículo “La peor proposición de negocios del mundo”, Chang recuerda que, de acuerdo a la teoría de las ventajas comparativas, “un país como Corea, con mucha mano de obra y poco capital, no debe hacer productos que consuman capital intensivamente, como el acero”, por lo que la recomendación era que desarrollara su industria pesquera.

Como se ha visto, ese argumento se usa en Chile para estimar que no es necesariamente malo que Chile dependa de los commodities.

Para hacer apetitoso el proyecto de la fundición de acero a los privados, el gobierno coreano ofreció subsidios, construcción gratuita de la infraestructura necesaria y rebajas tributarias, pero no hubo inversionistas interesados. Finalmente fue el propio Estado el que pago la planta, usando recursos de la indemnización que pagó Japón por haber hecho del país una colonia durante 35 años.

La refinería comenzó a operar en 1973 y para 1990 era una de las compañías de acero líderes del mundo. Fue privatizada en 2001 no porque operara mal sino porque, cuenta Chang, el ascenso de las políticas neoliberales -que también llegó a Corea- convenció al Estado de no dedicarse a esas cosas. En 2014 era la cuarta productora de acero del mundo.

Ese éxito se repite con distintos énfasis en muchas otras empresas asiáticas donde el Estado empuja la inversión privada en una dirección o la reemplaza cuando esta no aparece. Otro ejemplo es Toyota, que en 1933 era productora de textiles, hasta que comenzó a recibir grandes cantidades de recursos del Estado japonés para transformarse en una industria automotriz. El proyecto duró más de 20 años en los que incluso el gobierno debió salvarla de la bancarrota y supervigiló estrictamente los planes y metas de esta transformación. Lo mismo ocurre en Singapur.

Chang argumenta que si uno lee solo The Economist parece que Singapur es el resultado del libre mercado. Pero no se dice que el 90% de la tierra es del gobierno, que el 85% de las casas son provistas por una corporación gubernamental y que el 22% de la riqueza es producida por empresas estatales, entre las que se incluye una línea aérea nacional.

¿Qué significa esto? ¿Qué los gobiernos tiene más intuición para los negocios que los privados? Por supuesto que no. De hecho, junto a esta lista de éxitos públicos se podría agregar otra igual o más larga de fracasos públicos. Pero entonces, ¿cómo hay que entender el éxito de los “tigres asiáticos”? Y en lo que respecta a Chile: ¿se puede crecer copiando solo la mitad privada del modelo? ¿Es posible que sea eficiente el catch up tecnológico sin la clara orientación con que estos países lo usaron?

Con el TPP los países ricos están pateando muy lejos la escalera que los llevó al desarrollo.

No hay respuesta única. Muchas entidades internacionales, luego de asumir que “las buenas políticas neoliberales” no explicaban el desarrollo de los tigres, comenzaron a preguntarse cómo es que se desarrollaron a pesar a sus malas políticas, ironiza Chang.

La duda se acrecienta cuando este economista muestra en su prolífica obra que el Estado ha estado presente como factor clave en el desarrollo de todos los países que hoy son prósperos, desde el Reino Unido y Estados Unidos (el más proteccionista del mundo en todo el Siglo XIX, dice Chang) hasta Finlandia, Noruega e Italia, que usaron las barreras arancelarias para proteger las industrias que querían desarrollar, crearon empresas públicas cuando las necesitaban y “se involucraron en dirigir el flujo del crédito bancario hacia las industrias estratégicas”, según escribe en Malos Samaritanos.

La duda se acrecienta cuando la economista Mariana Mazzucato explica que la tecnología que hace inteligente a los Ipad no es resultado de la investigación e inversión privada, sino del financiamiento público de Estados Unidos para desarrollar su industria bélica y la exploración espacial. Ese financiamiento se irrigó por todo Sillicon Valley, haciéndolo próspero e innovador. Mazzucato llega a afirmar que, aunque muchos tienen la percepción de que Estados Unidos es el epítome del libre mercado, “es en realidad el Estado el que ha llevado adelante una masiva inversión de riesgo para impulsar la innovación”.

Mariana Mazzucato
Mariana Mazzucato

Para abordar estas dudas, Mazzucato sugiere que el Estado no trata de levantar negocios específicos, ya que en todos estos ejemplos hace algo aún más complejo: movilizar todo un sector de la economía ya sea extendiendo el período de gloria de una industria o creando un nuevo sector tecnológico. Esas tareas son mucho más riesgosas y conllevan un alto número de fracasos. Dado que el capital de riesgo privado no entra en esas inversiones (como lo ilustra el caso de la fundición coreana), su tasa de acierto parece más alta.

Por eso mismo, repara Mazzucato, no hay capital de riesgo en el origen de Sillicon Valley, ni en el despegue de Corea. Y por eso Toyota no decidió por sí sola correr el riesgo del saltar de la textil al negocio automotriz, sino que fue un proyecto público. Para Mazzucato esto refuerza la idea de que el Estado tiene un rol central no solo en mover la frontera del conocimiento (es el gran generador de la innovación), sino en crear el medio ambiente económico necesario; el “conocimiento colectivo” necesario para que otras empresas surjan.

En ese sentido, Corea es para Ha-Joon Chang, el resultado de “una inteligente mezcla de incentivos de mercado y dirección pública”. Es decir, de un pluralismo metodológico que él denomina “planificación indicativa” como alternativa al libre comercio y a la planificación centralizada. Al presentar al Estado como un lastre -sostiene- lo que hacen los países ricos es “patear la escalera” que les permitió desarrollarse, impidiendo que otros suban por ella (Patear lejos la escalera del desarrollo, Anthem Press, 2003). A su vez, al promover solo el libre comercio (es decir, ausencia de monopolios, libre entrada y salida de empresas y mercancías, claros derechos de propiedad, etc.), lo que se promueve es el estancamiento.

La actitud correcta para un país que busca el desarrollo -dice Chang- es tener una caja de herramientas variadas donde no hay actores ni políticas que sean per se malas. Y eso no es un decir: para él incluso el acuerdo de precios entre empresas, como la colusión del papel tissue, los pollos y las farmacias y que han causado indignación en Chile, pueden ser buenas políticas para un país.

-En Corea esos acuerdos se hicieron muchas veces. También en Japón, Alemania y en muchos países que buscan desarrollar industrias. El punto es que, cuando esas industrias están creciendo, si enfrentan una guerra de precios o la competencia internacional, pueden colapsar con lo que todo el capital invertido se pierde. Por supuesto, esos acuerdos se hacen con objetivos sociales claros y con una amplia regulación y control estatal.

Es lo que sucedió con las aglomeraciones empresariales coreanas (chaebol), donde el Estado aseguraba cierto nivel de precio, protección del comercio internacional y financiamiento, a condición de que, dentro de un plazo, las empresas produjeran cierto tipo de bienes con mayor contenido tecnológico y demandando insumos a las empresas nacionales, presionando por el desparrame tecnológico y generando mayores y mejores empleos. La economista Alice Amsden (junto con Chang y Wade,) se refieren a esta política como de “zanahoria y látigo“: de apoyo a la empresa pero bajo criterios de desarrollo nacional impuestos desde el Estado.

-En Chile, los acuerdos de precios que hemos conocido parecen llevar a que las empresas se mantengan en el negocio de las materias primas.

-Claro. Mi punto es que las diferentes estrategias las puedes transformar en algo productivo. Si a una empresa se le ofrecen cinco años de estabilidad en los precios a cambio de que invierta en tecnología, eso puede terminar en algo positivo para el país.

Gabriel Palma
Gabriel Palma

En ese sentido, Chang cree que nuestro crecimiento ha sido bajo durante mucho tiempo porque estamos chocando contra una pared hecha con los límites que el neoliberalismo impone. Piensa que Chile tiene que sacudirse de la mirada unidimensional y analizar más abiertamente sus problemas y posibilidades:

-Crecer solo al 3,5% durante el boom de los commodities, un boom que no ha tenido precedentes, muestra que ustedes no han conseguido dar un salto en el desarrollo. En la agricultura no han salido de los berries… Como dice Gabriel Palma, ustedes van incluso para atrás (ver columna). Mi impresión es que están chocando contra una pared que ha sido construida políticamente y si quieren ir más allá y crecer, tiene que superar las limitaciones que el neoliberalismo le pone a las políticas de desarrollo.

LO QUE HIZO COREA, PROHIBIDO EN CHILE

Superar esas barreras a Chang no le parece fácil, pues a través del Acuerdo Transpacífico (TPP) impulsado por Estados Unidos y que firmó Chile a comienzos de año (falta la ratificación del Congreso), nuestro país continúa limitando su batería de estrategias.

El chileno José Miguel Ahumada estudia su doctorado con Ha-Joon Chang como profesor guía. Su tema es justamente el efecto de los acuerdos internacionales firmados por Chile en las políticas industriales y pro-desarrollo (desde el TLC con Estados Unidos al TPP). Ahumada dice que estos acuerdos “vuelven ilegal prácticas que les permitieron a los países desarrollados llegar al sitial que tienen”. Y explica que el boom económico de Chile desde mediados de los ‘80 a mediados de los ‘90, estuvo vinculado a políticas públicas importantes, como “los controles de capitales, subsidios a las exportaciones (por ejemplo, el llamado reintegro simplificado) y fuertes inversiones públicas en sectores con potencial dinamismo”. Sin embargo, esas políticas se dejaron de lado a cambio de la promesa de acceder a nuevos mercados a través de estos tratados.

Se creía, explica Ahumada, que “al abrir más mercados iba a crecer la capacidad exportadora, lo que implicaría generar economías de escala y a su vez incentivar a las empresas a diversificar sus exportaciones. En teoría, estos acuerdos permitirían llegar a una segunda fase exportadora y pasar por ejemplo, de vender duraznos frescos a venderlos enlatados”.

Pero esa segunda fase se abortó a comienzos de 2000. Ahumada estima que fue crucial el hecho de que estos tratados redujeran la intervención pública. Por ejemplo, luego del TLC con Estados Unidos se ha hecho muy difícil controlar el flujo de capitales especulativos, algo fundamental para mantener el dólar en un nivel que permita exportar. Y agrega que si ahora quisiéramos enmendar el rumbo y aplicar las políticas industriales que usó Corea para su despegue, nos encontraríamos con que el TLC con Estados Unidos y las normas de la OMC las prohíben: “Por ejemplo, requerir contenido nacional a una inversión extranjera, exigirles transferencia tecnológica u obligar a las empresas internacionales la contratación de mano de obra nacional”. Y señala que el TPP y los acuerdos comerciales anteriores han sido buenos solo para los productores de materias primas:

-Las exportaciones no se han diversificado desde los ´90 mientras la productividad está en caída libre. Después de estos tratados, ¿quiénes exportan hoy? El 70% de lo que Chile vende afuera lo produce el 0,1% de las empresas. Y ese 0,1% esta desconectado de la matriz productiva nacional, como pasa en Filipinas. No hay un encadenamiento productivo, con Pymes integradas de modo que el beneficio de la exportación se irradie hacia otras empresas. Las empresas exportadoras son básicamente enclaves concentrados en materias primas. Y mientras ellas se benefician con estos tratados, las pequeñas y medianas empresas tienen que competir con las importaciones que entran sin barreras arancelarias. Ese es el alegato de las Pymes y la agricultura tradicional que no han sido considerados porque políticamente son muy débiles. Quienes han empujado estas negociaciones son las grandes empresas, los Matte, los Angelini, etc., pues estos tratados benefician el crecimiento rentista.

La conclusión de Chang es que con estos tratados “las naciones ricas patean aún más lejos la escalera que los llevó al desarrollo”.

A LOS QUE AMENAZAN CON IRSE

Hace un par de semanas Ha-Joon Chang firmó -junto a 300 destacados economistas de todo el mundo (entre ellos Thomas Piketty, Jeffrey Sachs, Mariana Mazzucato y Angus Deaton)- una carta dirigida a los gobiernos de Estados Unidos y el Reino Unido instándolos a presionar para terminar con los paraísos tributarios. La carta fue una reacción al escándalo internacional que provocaron los “Panamá Papers” . “Estos paraísos son criaturas que sirven a los grandes poderes y son absolutamente abusivos. Lo que vemos en los ‘Panamá Papers’ es que estos lugares son simplemente canales para una masiva ilegalidad y corrupción”, dijo Jeffrey Sachs, profesor de la Universidad de Columbia.

Si las personas tuvieran conciencia de que su situación depende mucho de cómo está organizada la producción del país “la gente se preguntaría ‘qué pasa, por qué trabajamos tan duro y eso no rinde’. Y empujarían a las autoridades a hacer cambios en el sistema”.

Ha-Joon Chang afirma que los usuarios de esos paraísos son free riders (personas que se aprovechan del esfuerzo de los demás): “Prosperan en un país, usando su infraestructura, su sistema judicial, su mano de obra, sus consumidores, pero se niegan a colaborar con el desarrollo de ese país”.

-El argumento de quienes usan esos paraísos fiscales suele ser que allí tienen seguridad jurídica y bajos impuestos. Usan esos reductos para decir que si en Chile les suben los impuestos, se van.
-Déjenlos irse entonces. No va a pasar nada. Primero, no todas las personas ricas son free riders; los que se queden van a pagar más impuestos y contribuir mejor a su sociedad. Pero no creo que se vayan muchos. Si los bajos impuestos fueran lo mejor, por qué no están con sus empresas en Jamaica, que tiene unas tazas de 5%; o en Albania, que tiene un impuesto corporativo de 10%. Yo creo que los países pueden decirles a esas personas, “si usted está involucrado en transacciones con paraísos tributarios, tiene que pagarnos más impuestos”. Y si se van, creo que es mejor tener menos dinero un tiempo pero contar con gente que esté dispuesta a colaborar y trabajar en democracia. Eso va a traer prosperidad.

-Usted boga por un sistema productivo donde Estado y empresas se vinculen y trabajen juntos, ¿no conduce eso a más corrupción?
-La corrupción está en todos los sistemas. Corea tiene mucha y es un asunto difícil de abordar. En mi país el sector defensa y la infraestructura han sido muy vulnerables. Pero se logró proteger a las manufacturas, de modo que los planes y metas se llevaran efectivamente adelante y se usaron adecuadamente los recursos. Hay que asumir que no se puede eliminar la corrupción. Lo que se puede hacer es proteger más las áreas que son importantes para la economía.

-¿Hay que pensar en algo así como una corrupción sustentable?
-Jajaja, en cierto sentido. Si mira la historia de los países desarrollados, descubre que fueron muy corruptos, mucho más de lo que hoy puede ser Chile, y a pesar de eso lograron desarrollarse. El punto es que por la amenaza de corrupción no puedes renunciar a hacer política industrial. Todo tiene riesgos, pero los países necesitan esas políticas para crecer.

ALEMANES “POCO HONESTOS” Y JAPONESES “FLOJOS”

Pese ha haber sido mucho más pobre que Chile, hoy Corea no solo es más próspera sino que está resolviendo mejor algunos problemas en los que estamos entrampados. Es un país tres veces más productivo y mucho menos desigual: mientras el 70% de los trabajadores chilenos gana menos de $454.031, el ingreso promedio (datos de la Nueva Encuesta Suplementaria de Ingresos 2013), lo que en términos de GINI se refleja en un coeficiente 0,51; los coreanos exhiben una distribución después de impuestos cercana a la de los países nórdicos: 0,35.

Por esos resultados parece un modelo deseable de imitar. Sin embargo, es válido preguntarse cuánto del desarrollo de Corea es realmente reproducible y cuánto está indisolublemente ligado a su cultura.

Para Chang, la cultura no es una limitación al hablar de desarrollo económico. En su libro Malos Samaritanos recuerda que los alemanes, antes de iniciar su despegue y desarrollar una eficiente y ordenada cultura productiva, tenían fama de deshonestos entre los más ricos de Europa; y los japoneses, antes de iniciar su despegue a comienzos del Siglo XX, tenían fama de flojos.

malos-samaritanos-libro“Es un error tratar la cultura como un destino. La cultura -o lo que aparece como tal- puede ser resultado de las condiciones económicas”, dijo Chang a CIPER. Explica, por ejemplo, que las naciones agrarias usan el tiempo en forma muy distinta a la precisión que requiere la industria, y eso puede ser interpretado como flojera, cuando es el resultado de un tipo de producción. Así también, la introducción de una nueva forma de producir, cambia la cultura: potencia algunas habilidades y opaca otras. “Los coreanos no siempre fuimos como somos ahora”, puntualiza.

En ese proceso la política juega un rol importante. Tanto en Chile como en Corea las dictaduras usaron activamente el miedo y el control de la prensa para fijar valores sociales y comportamientos económicos. En Chile se introdujo la idea de que el desarrollo era el resultado del libre mercado y que cualquier participación del Estado, más allá de su rol subsidiario, era ineficiente. En Corea ese poder se usó para transformar el ahorro y la inversión en tareas patrióticas. Chang recuerda, por ejemplo, que se incentivaba a los niños a denunciar a quienes fumaban cigarros extranjeros pues “cada céntimo debía dedicarse a la compra de maquinarias e insumos para desarrollar la industria”. Durante mucho tiempo, cuando Chang veía a alguien fumar, sentía que aunque no estuviera cometiendo un delito grave, esa persona era en cierta medida un traidor.

Por último, es necesario destacar que pese a su gran prosperidad, Corea convive con un grave problema de salud mental. Tiene las tasas de suicidio más altas entre jóvenes en la OECD. Un grupo de alto riesgo son los que han desertado de Corea del Norte buscando libertad. Corea del Sur vive la paradoja de haber dejado atrás la pobreza que hace difícil sobrevivir, pero sigue siendo una sociedad donde la vida parece ser muy dura.

Más pobres, menos organizados, trabajando más horas que ellos, los problemas de salud mental de los chilenos son también de campeonato mundial, incluyendo la tasa de suicidio de jóvenes. Peor, esos problemas no llegan por igual a todos, sino que siguiendo el nivel de ingreso, Chile está desigualmente deprimido.

Nota de la Redacción: En la conversación con Ha-Joon Chang participó José Miguel Ahumada. La redacción y edición de esta entrevista es entera responsabilidad de Juan Andrés Guzmán.

* Esta entrevista es parte de una serie de diálogos con investigadores como Mariana Mazzucato, RM Phillips Professor en Economía de la Innovación en la Universidad de Sussex (ver entrevista en CIPER) y Ben Ross Schneider, Ford International Professor en Ciencia Política en el MIT (ver entrevista en CIPER), que busca ampliar el debate actual de por qué Chile crece poco y qué vías hay para enfrentar ese problema.

“El capitalismo jerárquico de Chile difícilmente puede ser defendido por los partidarios del libre mercado”

El bajo crecimiento económico y la desconfianza hacia la elite política y empresarial dominan hoy el debate en Chile. El martes 19 de abril, prácticamente a la misma hora, se expusieron en Santiago dos formas muy distintas de encarar estos problemas. La prensa económica no reparó en esta curiosa coincidencia porque solo cubrió uno de los eventos.

En la CEPAL la economista Mariana Mazzucato, autora del superventas El Estado Emprendedor, ofreció una conferencia en la que rescató al Estado en su rol de motor de la innovación. Contra las ideas dominantes que lo pintan como arcaico e inútil, Mazzucato mostró que buena parte del éxito comercial de Apple, de la farmacéutica GlaxoSmithKline o de Google, tienen su origen en una cuantiosa inversión pública en investigación y no, como se cree, en el espíritu de aventura de algunos inversionistas. El capital de riesgo, afirmó, llegó a esos negocios cuando el riesgo ya había pasado.

Mariana Mazzucato
Mariana Mazzucato

Para tener crecimiento sostenido -argumentó Mazzucato- es clave que el Estado asuma financieramente grandes “misiones” (al estilo del desafío norteamericano de llevar un hombre a la Luna), pues muchos sectores económicos se activan al intentar dar solución a los problemas que esas misiones plantean. Mazzucato dijo a CIPER que, si en este modelo no se reconoce el aporte del Estado, “no solo entendemos mal cómo ocurre la innovación, sino que alimentamos la desigualdad, permitiendo a las firmas recibir mucha más recompensa de la que les corresponde si tomamos en cuenta lo que pusieron en el proceso”.

En paralelo, los empresarios convocados por ICARE exponían en el Hotel Haytt su visión y propuestas para reactivar la economía, cuyo lento crecimiento el Banco Central proyecta entre 1,25% y 2,25% para este año. Expusieron: Alberto Salas, presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, organismo que llegó con 109 propuestas; el economista Joseph Ramos, presidente de la Comisión Nacional de Productividad, que aportó  21 propuestas. Y la Presidenta Michelle Bachelet, cuyo gobierno hizo otras 22 propuestas.

En esa reunión, las ideas de Mazzucato habrían sonado extrañas, pues el Estado solo fue mencionado como culpable de poner trabas burocráticas al crecimiento. De hecho, de  las 152 propuestas, la mayoría de las que aluden al Estado buscan cambiar normas laborales o financieras y bajar impuestos, es decir, achicar y redirigir la burocracia para que la inversión privada vuelva a ser el motor de la economía. El abogado Juan Carlos Eichholz, uno de los expositores, anotó que varias de esas propuestas llevaban años sobre la mesa. Dijo que no se concretaban por la existencia de grupos de poder dentro del Estado, por ejemplo, los funcionarios públicos del Registro Civil o los notarios.

La débil formación de la fuerza de trabajo también fue mencionada en ICARE como responsable del bajo crecimiento. Desde hace tiempo hay acuerdo en ese punto (ver informe del BID de 2001), y eso ha justificado un sinnúmero de políticas educativas, como el Crédito con Aval del Estado (CAE) o la actual política de gratuidad universitaria. Sin embargo, eso no ha sido suficiente: un tercio de la fuerza laboral es analfabeta funcional, recordó Joseph Ramos, por lo que no sólo nos toma más tiempo producir sino que hay muchas cosas que simplemente no podemos hacer.

Probablemente, porque estaba la Presidenta presente, no se mencionó con la intensidad usual la otra gran causa que los empresarios esgrimen para el bajo crecimiento: la incertidumbre que habrían creado entre los inversionistas las reformas estructurales del gobierno, especialmente la tributaria y la laboral.

En su discurso, la Presidenta celebró los puntos de acuerdo de los paquetes de propuestas, entre ellos, la simplificación de trámites para facilitar el emprendimiento; fomentar el vínculo entre empresas y universidades para generar respuestas innovadoras a los problemas productivos; y hacer coincidir la educación de los colegios e institutos con las necesidades productivas. Bachelet  llamó a los empresarios a una convergencia: “ya no meros diagnósticos y análisis, sino pasar a la acción”.

Como la posibilidad de éxito de cualquier acción depende no solo de la calidad de datos que se consideren, sino también de la información y de los actores que deja fuera el análisis, hay que decir que en el encuentro de ICARE lo que se omitió fue lo que estaba más presente: la empresa y sus decisiones productivas, la forma de pensar de sus dueños tanto en los negocios como en la sociedad. Se habló del impacto de grupos de poder dentro del Estado, pero no de cómo se ve afectada la productividad cuando las empresas tienen una posición dominante en el mercado y ejercen control de los precios a través de acuerdos con la competencia. Una violación a las reglas del mercado que se investiga respecto de los pollos, los supermercados, el papel tissue, etc.

Se habló de la burocracia como freno, pero no se analizó nuestra dependencia de la explotación de materias primas, ni se discutió cómo abrir sectores nuevos y qué rol le cabe al Estado en esa apertura.

El análisis que hacen importantes investigadores internacionales -que se presenta a continuación- indica que no mirar a las empresas hace comprender mal las causas del problema productivo y genera respuestas incompletas. Un asunto que se vuelve capital cuando la Presidenta anuncia que ya no es tiempo de más análisis sino de actuar.

LA CULTURA DE LA ELITE

Hace pocos meses, Ricardo Hausmann, economista de la Universidad de Harvard, dijo a CIPER que Chile sabe muy poco para ser desarrollado: “El problema es que el precio del cobre cayó y la economía chilena no tiene otra cosa que la empuje. Y las cosas que no son cobre son los mismos arándanos que están vendiendo hace 30 años”. Para Hausmann, si casi no crecemos no es principalmente por las reformas que está haciendo el actual gobierno -como han argumentado el ex Presidente Sebastián Piñera o el economista Sebastián Edwards-, sino por nuestra incapacidad de crear nuevos negocios y actualizar los viejos para que sigan siendo rentables.

Ricardo Hausmann
Ricardo Hausmann

En contra de nuestra obsesión por el Producto Interno Bruto (PIB) como indicador de cuán cerca estamos del desarrollo (nuestro PIB per cápita es de US$15.000 y nos faltan US$7.000 para alcanzar a Portugal), Hausmann argumenta que esa cifra es sólo el reflejo de lo que de verdad nos separa de los países prósperos: la variedad y complejidad de los productos que sabemos hacer. Los números de nuestras exportaciones le dan la razón: el 65% son materias primas, y de ellas, el 80% es cobre. Más grave: la mitad de ese cobre se exporta sin refinar, es decir, vendemos una arena negra 30% cobre, 70% escoria (ver columna de Felipe Correa en CIPER)

Cuestionando la convicción chilena de que mejorando la educación mejoraremos nuestra productividad, Hausmann argumenta que lo que saben hacer los países, lo saben en sus empresas, no en sus escuelas o universidades. Es decir, el desarrollo no pasa –no solo- por mejores mallas curriculares o mejores profesores, sino por lo que ocurre y no ocurre al interior de las empresas: qué producir, cuánta tecnología ponen en ello, cómo se organiza el trabajo, etc. Y afirma que, en muchos casos, son las empresas que quieren producir algo las que forman a sus trabajadores.

Desde un punto de vista productivo preguntarse por qué Chile no es Finlandia, equivale a preguntarse por qué la Papelera (empresa estrella del Grupo Matte) no es Nokia, como afirmó en 2006 el rector de de la Universidad Adolfo Ibáñez, Andrés Benítez en revista Capital. El ejemplo es certero porque la finlandesa Nokia partió siendo una empresa forestal como la Papelera, pero tras una fuerte y constante inversión llegó a dominar el mercado de los celulares.

Esta dependencia de las materias primas, que en Chile no se discute, es para varios investigadores un freno central para el crecimiento. Ha-Joon Chang, economista de la Universidad de Cambridge, describe la debilidad de este tipo de desarrollo en su libro Malos samaritanos (2007 RH business books). Dedicarse a explotar bienes primarios, explica, puede ser buen negocio durante un tiempo, como lo fue para Argentina que llegó a ser el quinto país más rico del mundo a comienzos del Siglo XX gracias al trigo y la carne. El problema está en el largo plazo. Primero, porque la productividad de los commodities crece más lento que la de las manufacturas y es fácil quedarse atrás (usted puede inventar una forma de ensamblar un refrigerador en la mitad del tiempo que su competidor, pero difícilmente logrará que en un mismo terreno quepan mas vides para producir más vino).

Segundo, dice Chang, porque el crecimiento de los países está basado fundamentalmente en las habilidades que tienen sus empresas y trabajadores para organizarse en tareas complejas y transformar sus formas de producir. Un país que depende de la mano de obra barata o de la explotación de materias primas no desarrolla esas habilidades y queda a merced de que lo que produce hoy sea reemplazado por la tecnología de países más hábiles.

Ha-Joon Chang
Ha-Joon Chang

En ese sentido, para Hausmann, el elemento que impide a Chile dar un salto hacia nuevas industrias está en la cultura de nuestra elite, la cual carece del know how para producir cosas nuevas, pero además, no usa las herramientas de que dispone para revertir esa situación. Hausmann lo ejemplifica con el uso que las empresas hacen del Fondo de Utilidades Tributables (FUT). Desde 1986 el FUT les permite a las firmas posponer el pago de impuestos cuando reinvierten sus utilidades, lo que ha hecho que se acumulen cerca de US$200 mil millones, la mayor parte de ellos en la última década. Sin embargo, en el mismo periodo la inversión privada en Investigación y Desarrollo (I+D) ha sido poco más del 30% del gasto nacional: alrededor de US$300 millones por año.

-Me sorprende lo bajísima que es la inversión en investigación y desarrollo de las empresas chilenas, a pesar de contar con este tratamiento fiscal especial que es el FUT -dijo Hausmann a CIPER.

EL CAPITALISMO JERÁRQUICO

Durante la última década, Ben Ross Schneider, cientista político del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), ha investigado por qué a pesar de la riqueza que se ha acumulado en algunos sectores, seguimos sabiendo tan poco.

Parte de las respuestas que ha encontrado están contenidas en su libro Capitalismo Jerárquico en Latinoamérica (2013, Cambridge University Press) y en un trabajo más reciente: Diseñando política industrial en Latinoamérica(2015, Palgrave). Para Schneider, la poca variedad de productos que producen los latinoamericanos –y la poca tecnología que agregan a los procesos- está vinculada a la existencia de grandes conglomerados familiares que dominan la economía.

Schneider repara en que pese a su relativo tamaño pequeño, “Chile tiene un desproporcionado número de grandes firmas”. Algunas están especializadas, como Lan; pero la mayoría tiene presencia en tres o cuatro sectores básicos, como los grupos Matte (forestal, minería, energía, banca), Angelini (forestal, minería, pesca, combustibles) o Luksic (minería, energía, bebidas, banca). Schneider los llama “grupos diversificados”.

Para Schneider, los grandes conglomerados no son necesariamente negativos. Al contrario, la experiencia internacional le indica que, en la tarea de buscar nuevas áreas de desarrollo que permitan diversificar la producción de los países, ellos son buenos partners “debido a que conocen el espacio productivo y fácilmente pueden identificar un sector interesante al que moverse”.

Sin embargo, los grupos latinoamericanos operan de otra manera. Primero, invierten muy poco en investigación: mientras Corea invierte el 3% de su PGB en Investigación y Desarrollo (I+D), Chile destina sólo el 0,4%. Y mientras en Corea la mayor parte de ese gasto lo hacen las empresas, en Chile solo aportan poco más del 30%. Es decir, el empuje para lograr un salto tecnológico es débil “y lo hace mayoritariamente el Estado”, enfatiza Schneider.

Además, su poder sobre la sociedad es tan grande que tienden a transformarse en monopolios u oligopolios en los sectores que dominan, lo que significa que tienen capacidad de controlar los precios en el mercado. Debido a eso, afirma Schneider, aunque nuestra economía se llama “de mercado”, muchas decisiones cruciales no se toman en el mercado, sino al interior de los “grupos diversificados” y de acuerdo a sus intereses.

Esto constituye un tipo de capitalismo muy distinto al que hay en Estados Unidos o el Sudeste Asiático. Schneider lo ha bautizado como “capitalismo jerárquico” y dice que Chile es el caso clásico. Dado que estas grandes empresas están controladas por unas pocas familias, el académico del MIT piensa que este “capitalismo familiar”, como también llama al modelo chileno, “difícilmente puede ser defendido por los partidarios del libre mercado”.

Ben Ross Schneider (Fuente: berkeley.edu)
Ben Ross Schneider (Fuente: berkeley.edu)

Estas empresas y también las multinacionales instaladas aquí –afirma Schneider-, “deciden qué se exporta, qué tipo de capacitación se requiere”, y también “cómo se organiza el acceso al capital, a la tecnología y los mercados”. Refiriéndose a la colusión de precios que se ha detectado en Chile, Schneider afirmó a CIPER: “Dado que el capitalismo jerárquico tiende a concentrar mucho poder en pocas corporaciones, puede producir carteles. Lo que hoy estamos viendo no me sorprende en realidad”.

En ese contexto, la posibilidad de corrupción se acrecienta debido a que muchos conglomerados se benefician de sectores regulados por el Estado. Las regulaciones, remarca Schneider, son técnicamente complejas y tanto los ciudadanos como los medios de comunicación y los políticos carecen de la experticia y del interés para estar atentos a ellas. Se produce así lo que el cientista político Pepper D. Culpepper llama “la política silenciosa”, donde al amparo de la complejidad, las empresas obtienen grandes ventajas. De hecho, en los sectores regulados, la única gran amenaza es el cambio en las normas, por lo que los grupos dedican tiempo e ingresos a esta política silenciosa, explica Schneider.

Un punto muy relevante es que el control que tienen estas grandes compañías sobre los precios les permite acumular mucho efectivo, el que usan para expandirse a otras regiones o para saltar a otras actividades económicas. Schneider ejemplifica el impacto de esta práctica en la empresa mexicana Cemex (Cemento y Concreto), que controla alrededor de dos tercios del mercado de su país. La falta de competencia hace que los consumidores mexicanos paguen el doble por el cemento que los consumidores norteamericanos. Eso le permite a Cemex acumular mucho efectivo el cual usa para expandirse agresivamente a otros mercados, arrinconando a la competencia, explica Schneider en su libro sobre el capitalismo jerárquico. Y agrega que el control que tienen estas firmas sobre precios y mercados les hace la vida más fácil y reducen su esfuerzo por mejorar su productividad.

Aplicando este razonamiento a los casos de colusión de precios que se han investigado en Chile, es válido preguntarse si esa es la razón de por qué los “grupos diversificados” chilenos son prósperos y se mantienen atados a las materias primas. En su libro, Schneider aborda ese punto preguntándose por qué la Papelera no aprovechó el boom de las materias primas para transformarse en Nokia. El Grupo Matte –escribe Schneider- es poco especializado, con una gama de inversiones poco innovadoras. Para ese tipo de grupos, explica, “las alzas en los precios de las materias primas se vuelven una tentación irresistible para invertir más en commodities y reforzar su estrategia de desarrollo”.

EQUILIBRIO DE MALAS HABILIDADES

Pero la estrategia de desarrollo que es buena para los grandes conglomerados, no es necesariamente buena para todo el país. En opinión de Schneider, uno de los problemas más complejos que caracterizan al “capitalismo jerárquico” y que limitan la posibilidad de los países de ser productivos, es lo que llama la trampa de las “bajas habilidades”.

En primer lugar, dice, están las grandes empresas que podrían hacer investigación y desarrollar bienes con valor agregado, pero prefieren dedicarse a la explotación de materias primas. Dada esa elección, ofrecen pocos puestos para trabajadores especializados y muchos empleos para los que se requiere poco o ningún estudio y muy mal pagados. Debido a que los escasos buenos puestos de trabajo tienden a quedar en manos de las clases medias y altas (los economistas Javier Núñez y Roberto Gutiérrez mostraron en 2004 que el apellido pesa más que el rendimiento académico en el ingreso de un profesional chileno), los estudiantes pobres y de sectores medios bajos (la mayoría) corren un mayor riesgo al invertir dinero y tiempo en una formación más compleja. Ese riesgo lleva a que menos jóvenes se decidan a especializarse, por lo que la formación de la fuerza de trabajo mejora lentamente.

En este punto el ciclo se reinicia pues si alguien quiere hacer negocios fuera del rubro de los commodities no encontrará el capital humano necesario. Resultado: las nuevas inversiones se siguen dirigiendo hacia las materias primas y los trabajos continúan siendo malos y mal pagados.

Esta perspectiva permite dar otra mirada a los problemas que ha tenido Chile al buscar impulsar la productividad concentrándose sólo en reformas educativas. Por ejemplo: la crisis del CAE que en 2011 sacó a las calles a miles de jóvenes. Fuertemente endeudados en la educación superior, el 40% de los egresados no conseguía salarios suficientes como para cancelar sus deudas. Las explicaciones más frecuentes apuntaron a las altas tasas de interés del CAE (varios artículos de CIPER examinaron el negocio que hacían los bancos) y a la mala calidad de la formación de muchas instituciones, la que no permitía a los estudiantes acceder a los buenos empleos (como argumentaron Sergio Urzúa y Arturo Fontaine).

El análisis de Schneider sugiere, en cambio, que el problema central puede estar en que elcapitalismo jerárquico”“no ha producido buenos trabajos, ni desarrollo equitativo y probablemente no los pueda producir por sí mismo”. Es decir, el problema no se debería (o no solamente) a que los jóvenes estén más o menos endeudados, mejor o peor preparados, sino que los trabajos para los que estudian no existen o son muy escasos.

“Hay una brecha entre lo que están estudiando los jóvenes y los trabajos que el sistema puede generar”, remarca Schneider. Dado que esa brecha no se ha cerrado, es razonable preguntarse por el destino que tendrá la enorme inversión en formación en capital humano que está haciendo Chile a través de la educación gratuita universitaria, o de programas como Becas Chile. ¿En qué van a trabajar todos estos jóvenes mejor preparados si, como dice Schneider, el modelo chileno probablemente “no pueda producir por sí mismo” mejores empleos?

CAE-2Más aún, dado que Michelle Bachelet dijo en ICARE que un gran punto de acuerdo es adecuar la formación de los colegios e institutos a las necesidades de la empresa, ¿qué van a enseñar las escuelas si las empresas no se mueven hacia actividades más complejas?

La trampa de la baja capacitación se agrava con la rotación en los empleos que caracteriza al mercado laboral latinoamericano. Schneider resalta que el promedio de permanencia en un empleo en el continente, es de tres años, en contra de los 7,4 años en los “tigres asiáticos”. La economista Kirsten Sehnbruch, del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Diego Portales, aporta cifras peores: el 35% de los trabajadores chilenos cambia de empleo cada siete meses. Y saltan, en general, a una actividad distinta. No es mucha la especialización que se puede lograr así.

Todo esto lleva a considerar desde otra perspectiva el problema de la formación de la fuerza laboral que traba la productividad. No es sólo un problema con el que se encuentran las empresas, sino que ellas también han ayudado a generarlo.

Aunque Schneider reconoce que Latinoamérica ha cerrado algunas brechas macroeconómicas con el mundo desarrollado, y Chile ha sido bastante exitoso en ese plano, cree que el “capitalismo jerárquico” no puede por sí solo llevar a las empresas fuera de la “trampa de las bajas habilidades”. Por el contrario, Schneider explica que el boom de los commodities ha hecho que el modelo jerárquico se consolide sobre todo en el ámbito de las instituciones: grandes y poderosos conglomerados; un Estado replegado y débil; y una fuerza laboral atomizada, atada a malos empleos.

Por ello sugiere que llamar a países como Chile “emergentes” o “en desarrollo” da una falsa idea de que vamos cambiando hacia un modelo más productivo y equitativo cuando los datos que él observa indican que nuestro modelo está estabilizado. Schneider cree que para producir un cambio se requiere una política industrial: la intervención de los gobiernos para favorecer el desarrollo de actividades productivas más complejas que la explotación de materias primas.

-Es necesario algún grado de intervención política para moverse hacia un desarrollo más acelerado y equitativo -insiste.

Las dificultades que implica aumentar la productividad en Chile se aprecian mejor si se considera lo que los economistas llaman “la trampa del ingreso medio”. La mayoría de los países que han caído en esa “trampa” ha salido de la pobreza haciendo algo bien: por ejemplo, explotando materias primas y aprovechando la competitividad que les da la pobreza, es decir, el bajo costo de la mano de obra. Pero a medida que el país crece y las personas mejoran su nivel de vida, el costo sube. Entonces, el país cae en la trampa del ingreso medio: no puede competir con los bajos costos de las naciones más pobres, pero tampoco ha logrado producir bienes complejos para desafiar a los más desarrollados.

Kirsten Sehnbruch (Fuente: berkeley.edu)
Kirsten Sehnbruch (Fuente: berkeley.edu)

Es decir, la productividad se ha gastado en el esfuerzo de moverse al status de clase media, dice Schneider en un reciente artículo en coautoría con Richard Doner (The Middle-Income Trap: More Politics than Economics). Dado que ni la teoría más salvaje propone mantener a la mayoría en la pobreza, la única vía de recuperar la productividad es dar un salto en qué se produce y cómo se produce. Un salto hacia la complejidad que para Schneider requiere de una política industrial.

Dar ese salto es extremadamente difícil. Los números son elocuentes. Un estudio del Banco Mundial indica que de los 101 países que eran de Ingreso medio en 1960, solo 13 se habían graduado como desarrollados en 2008.

El problema –estima Ben Schneider- está en que ese salto requiere de un enorme esfuerzo institucional. Según muestra la experiencia internacional, los países de ingreso medio gastan gran parte de su capital político en el esfuerzo de llegar a esa posición; y cuando necesitan dar el salto final, sus  instituciones se han debilitado.  Aunque Chile ha superado la barrera del ingreso medio (entre US$2.000 y US$11.000 per cápita) los problemas descritos parecen coincidir con las dificultades que enfrentamos hoy, como se verá a continuación.

EL ESTADO EN EL CORAZON DEL IPAD

“La política industrial está de vuelta. Muchos países la aplican y son capitalistas”, dijo a CIPER, Ben Ross Schneider. Hasta mediados de los ‘90, la idea de que el Estado tuviera una participación activa en la producción, parecía haber quedado enterrada en la historia. Algunos hechos la resucitaron. Primero, que contrariando las recomendaciones neoliberales, algunas naciones pobres de Asia (Corea entre ellas) alcanzaron la cima del desarrollo con un Estado tan proactivo que determinaba incluso qué debían producir las empresas exportadoras. Segundo, la crisis mundial de 2008, donde el Estado debió salir al rescate de mercados que invirtieron miles de millones de dólares en bonos basura, hizo repensar las bondades del mercado sin control.

En estos últimos años, además, estudios centrados en entender cómo se produce la innovación han mostrado el positivo efecto del rol del Estado. Así, la importancia de la inversión pública ha ido apareciendo en los lugares más insospechados. Por ejemplo, en un Ipad, como ha mostrado Mazzucato.

Las estrategias que describe Mariana Mazzucato, pero sobre todo las que llevaron al desarrollo a Corea, son un tipo de política industrial que Schneider explica así: implican dirección estatal en los objetivos, apoyo financiero, medición constante de metas y, en muchos aspectos, coerción. Este último factor se omite cuando se cita a Corea y Finlandia como modelos a seguir. En su libro Capitalismo Jerárquico, Schneider argumenta que “una profunda consideración de las políticas industriales exitosas en el Siglo XX difícilmente puede ignorar esta característica coercitiva”. El ejemplo extremo es la marcha forzada de Corea al desarrollo, donde el dictador Park Chung Hee solía humillar en público a los dueños de las industrias coreanas que no cumplían con las metas.

Trabajadores EDELPAEsta política está en el extremo opuesto de lo que en Chile se hace y se debate y que Schneider llama “política industrial pasiva”: generar un marco para el crecimiento pero no intervenir en lo que las empresas deben hacer. El citado FUT es un buen ejemplo. La idea original era que el Estado renunciara temporalmente a una porción de los impuestos de una empresa a cambio de que esta los reinvirtiera. Pero dado que la ley no especifica un tipo de inversión, la señal de la autoridad es que resulta indiferente para el interés público si ese dinero se dirige a inversión tecnológica, a materias primas o a la especulación con el precio del dólar. Libres para decidir, las compañías encontraron más conveniente destinar más del 50% de esos ingresos a sociedades financieras y no a inversión productiva, según un estudio del ex director de Impuestos Internos, Michel Jorratt, situación que no cambió con la reciente reforma.

Hacer política industrial no es fácil, pues se trata de domar al mercado y además dirigirlo hacia un destino productivo. Schneider puntualiza que lo que llevó a que la política industrial se dejara de lado a fines del Siglo XX es que los estados carecen de información suficiente como para diseñar intervenciones adecuadas. Por eso su resurrección ha pasado por implementar sistemas de información más intensos, continuos y complejos entre Estado y empresas. En su libro Cuando los pequeños Estados dan grandes saltos (2012, Cornell University Press), el cientista político Darius Ornston, argumenta que para tener éxito tecnológico países como Irlanda, Finlandia, Dinamarca, Suecia y Corea recurrieron a formas muy dinámicas de corporativismo, que incluyen acuerdos entre empresarios, trabajadores y gobiernos.

Otra dificultad mayor es que un modelo como el coreano implica que el Estado elige a los ganadores. Samsung fue financiada y apoyada por fondos fiscales coreanos así como Toyota fue respaldada durante 20 años con inversión pública japonesa. En ambos casos los gobiernos eligieron a esas empresas y no a otras. Esa discrecionalidad, que puede tener razones técnicas, genera inevitable recelo.

En esta nota se ha preguntado por qué la Papelera no se transforma en Nokia, ¿pero sería aceptable que la Papelera, acusada de acordar con su competencia el precio del papel tissue durante 10 años, recibiera una fuerte inversión pública para transformarse en Nokia?

En su último libro, Schneider analiza un modelo que puede desplegarse tanto activa como pasivamente, dependiendo de las condiciones políticas de cada país: los consejos públicos-privados. En Argentina ese tipo de consejo fue crucial para desarrollar la industria vitivinícola en Mendoza. En Chile se hizo un intento con el Consejo Nacional de la Innovación para la Competitividad (CNIC), pero no prosperó. Creado durante el primer gobierno de Bachelet (2006), este organismo recibió el 3% del “royalty minero” con la tarea de desarrollar un plan y una estructura institucional para hacer inversiones en desarrollo tecnológico.

Schneider opina que el CNIC tuvo cierto éxito inicial determinando sectores en los que hacer innovaciones y colocando algunos recursos. Sin embargo, “el gobierno de Piñera, opuesto a una política industrial vertical, suspendió las actividades del CNIC y traspasó los recursos a educación”.

Lo ocurrido con el CNIC muestra que las políticas industriales requieren un liderazgo que las impulse y también de acuerdos nacionales. Las mejores políticas –afirma Schneider- no pueden progresar mucho si no están alineadas con los intereses y visiones de otras instituciones (Poder Legislativo) o con las organizaciones de los grupos de poder (partidos, asociaciones empresariales y redes). Más aún, dada la posición privilegiada que tienen las grandes empresas en muchos sistemas políticos latinoamericanos, al intentar fijar una política global los gobiernos deben tomar muy en cuenta las preferencias y capacidades de estas empresas.

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Presidenta Michelle Bachelet

En un escenario donde las personas desconfían de las relaciones entre políticos y empresarios aplicar estas políticas es muy difícil. Aludiendo a ese problema. Bachelet dijo en ICARE: “No es tiempo para sospechas, es tiempo para el encuentro de los compatriotas. Quienes siembran desconfianza no solo le niegan a Chile lo que más necesita, sino que cosecharán mas desconfianza aún”.

En su análisis, Schneider también opina que la confianza es clave. Pero al mismo nivel ubica otro requisito: que los actores cambien su forma de actuar. Schneider argumenta, por ejemplo, que la credibilidad de los consejos públicos privados depende de que los acuerdos sean respetados por todos. Si una empresa se salta los acuerdos y obtiene beneficios para sí misma (como SQM que logró una norma tributaria de la que se benefició solo ella), la credibilidad del consejo se desploma.

La sugerencia de Schneider sobre este punto es: el prestigio de las políticas industriales depende de que se altere la forma en que el poder económico normalmente garantiza resultados favorables para sí mismo. Esto es, que cambie la forma en que se financian las campañas políticas y se usa el lobby para influir en la política económica.

-En el contexto de los casos de corrupción que se han descubierto en Chile en los últimos años, ¿es posible pensar en hacer una política industrial? ¿No será necesario que la justicia limpie primero?

-Históricamente la política industrial, incluso la que ha sido muy exitosa, como en Corea y Japón, ha estado acompañada por mucha corrupción. El punto importante es que la corrupción no se instale en el área de la política industrial. Y eso es posible de conseguir: incluso en el caso del escándalo de Lava Jato en Petrobras, otras partes de Petrobras han promovido el desarrollo local. El punto es que, al mismo tiempo que una parte del gobierno lleve adelante una política industrial en serio, otras partes sean competentes persiguiendo la colusión y la corrupción.

* Esta entrevista es parte de una serie de diálogos con investigadores como Mariana Mazzucato, “RM Phillips Professor” en Economía de la Innovación en la Universidad de Sussex  (ver entrevista en CIPER) y Ha-Joon Chang (Universidad de Cambridge) que busca ampliar el debate actual de por qué Chile crece poco y que vías hay para enfrentar ese problema.

 Vea aquí todos los diálogos con académicos realizados por el periodista Juan Andrés Guzmán

La economista Mariana Mazzucato trae de regreso al Estado emprendedor

Cuando se piensa en una empresa innovadora, el nombre de Apple viene de inmediato a la mente. Economistas y expertos en marketing nos dicen que ese tipo de compañías son el resultado de la genialidad de un grupo de ingenieros y del coraje de financistas que se arriesgaron en algo que era apenas un sueño. En esta historia de éxito el Estado no tiene ni siquiera un papel secundario; solo aparece al final: en el impopular rol de cobrador de impuestos. La moraleja es que si los países quieren generar ese tipo de empresas lo mejor es que el Estado se mantenga al margen.

La verdadera historia de Apple es más compleja y ha sido la economista Mariana Mazzucato quien la ha sacado a la luz. Mazzucato, “RM Phillips Professor” en Economía de la Innovación en la Universidad de Sussex y autora del superventas El Estado Emprendedor (Anthem, 2013), se encuentra en Chile invitada por la CEPAL para dictar la cátedra Raúl Prebisch, honor que han tenido académicos de la talla de Joseph Stiglitz  y Dani Rodrik.

En esencia, Mazzucato afirma que las innovaciones que permitieron crear el exitoso Ipad fueron desarrolladas por investigaciones de la industria de la defensa y de la exploración espacial estadounidense. Y todas esas investigaciones fueron financiadas con recursos públicos: desde las que permitieron crear Internet y el GPS, hasta las pantallas táctiles, incluyendo el asistente por voz SIRI. Mazzucato explica, de hecho, que Apple invirtió menos en Investigación y desarrollo (I+D) que otras industrias tecnológicas porque usó lo que el financiamiento público había creado.

-Steve Jobs y su equipo pusieron todo ese conocimiento en un formato cool. Y por supuesto que el diseño que le dieron es fundamental para el éxito comercial del Ipad. El problema es que la historia que se cuenta sobre el éxito de Apple olvida el rol público -dijo Mazzucato a CIPER.

En contrapunto con las idea neoliberales que han dominado el pensamiento económico en la últimas décadas, Mazzucato sostiene que el Estado no es útil solo para corregir las imperfecciones de los mercados, sino que ha sido esencial en la creación de nuevos mercados.

Afectar las políticas tributarias a través del lobby es la peor forma de corrupción, pues el resultado continúa por mucho tiempo, sin que nadie se dé cuenta y todo se presenta como parte de una política de crecimiento

Mazzucato le ha dedicado tiempo a entender por qué el aporte del Estado ha sido borrado de la historia de la innovación y qué efectos tiene ese olvido. Lo que ha encontrado al revisar el caso de Apple, es similar a lo que observa en la industria farmacéutica. Allí se afirma que los altos precios de los medicamentos son la justa retribución por los riesgos de los inversionistas para la difícil tarea de mover las fronteras del conocimiento, pero la verdad es que sólo en Estados Unidos esa industria recibe un aporte público anual de U$31 mil millones para investigación básica en farmacia y biotecnología. Lo mismo ocurre en el sector de la Defensa y en el desarrollo de la nanotecnología. Esto lleva a Mazzucato a afirmar que, aunque muchos tienen la percepción de que Estados Unidos es el epítome del libre mercado, “es en realidad el Estado el que ha llevado adelante una masiva inversión de riesgo para impulsar la innovación”.

La economista destaca dos consecuencias de borrar al Estado de la historia de la  innovación. La primera es política. Permite presentar al mercado como la fuerza innovadora y asociar al Estado con la inercia, sosteniendo que es demasiado burocrático para ser el motor dinámico que la economía necesita. Ese ha sido durante décadas el discurso de organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) que han recomendado a los países pobres y de nivel medio achicar y acorralar al Estado para alcanzar el desarrollo.

Para el economista de la Universidad de Cambridge, Ha-Joon Chang, el dominio de ese discurso ha implicado hacer que los países más pobres desperdicien recursos. Chang aborda el tema en su libro Malos Samaritanos, título que alude justamente a los que aconsejan a las naciones pobres crecer sin Estado. Chang sostiene que es la presencia activa del Estado la que explica el desarrollo de países como Japón, Corea, Finlandia (en los dos primeros, el Estado incluso definió qué debían exportar las empresas durante décadas). Pero el Estado proactivo también guió el desarrollo de Estados Unidos, el Reino Unido y de la mayor parte de las naciones que hoy prosperan. Al presentarlo como un lastre para el crecimiento, lo que hacen los países ricos es “patear la escalera” que les permitió desarrollarse, impidiendo que otros suban por ella (“Patear lejos la escalera del desarrollo” es el titulo de otro de los libros de Chang).

Citando al historiador económico noruego Erik Reinert, Chang recomienda que los países pobres hagan lo que los países ricos efectivamente hicieron, no lo que dicen que hicieron.

Pero para Mazzucato el contar mal la historia de cómo se genera la innovación tiene también un efecto económico-ético: facilita a las compañías apropiarse de las utilidades que generan los conocimientos que fueron financiados con recursos públicos:

Ha-Joon Chang
Ha-Joon Chang

-El hecho de que los economistas no mencionemos el rol del Estado en el proceso de creación de mercados, implica que no solo entendemos mal cómo se lleva adelante la innovación, sino que alimentamos la desigualdad, permitiendo a las firmas recibir mucha más recompensa de la que les corresponde si tomamos en cuenta lo que pusieron en el proceso. Dado que la creación de valor es colectiva y el riesgo se reparte a lo largo de varios actores, la distribución de los beneficios debería reflejar eso -dijo a CIPER.

Para Mazzucato, lo que no se debe olvidar es que el sector privado no innova desde la nada: lo que hace es “surfear en una ola gigante de tecnología desarrollada con recursos públicos”, escribe en su libro.

Por eso, cuando en 2013 Apple repartió US$100 mil millones en dividendos para sus accionistas, Mazzucato argumentó que dada la relevancia que tenía el Estado en su tecnología, los contribuyentes estadounidenses poseían un derecho superior sobre esos ingresos que los accionistas.

Apple ha sido experta en privatizar al máximo esos rendimientos, desarrollando esquemas de elusión tributaria para pagar poquísimos impuestos, lo que ha sido investigado por las cortes a ambos lados del Atlántico y también por el Senado norteamericano.

En estas prácticas de elusión, Mazzucato ve la forma más dañina que adopta la corrupción:

-En el Reino Unido, por ejemplo, se aprobó una norma tributaria llamada “Patent box”, que fue propuesta por el lobby de la farmacéutica GlaxoSmithKline, aparentemente para promover la innovación. Pero lo que hace esta política es llevar millones a los paraísos tributarios sin afectar la innovación para nada. Y la consiguieron a través del lobby. Pienso que afectar las políticas tributarias a través del lobby es la peor forma de corrupción, porque nadie votó por GlaxoSmithKline, no es parte de un proceso democrático. Hoy hay muchos escándalos en Latinoamérica pero me parece que la mayoría de los casos son cosas bastante obvias que todos conocen. Las prácticas más perversas son aquellas de las que nadie se da cuenta porque continúan por mucho tiempo y se presentan como parte de una política de crecimiento -explica

Mazzucato no pretende que Apple desaparezca, pero sostiene que para que las economías funcionen hay que aprender a domar a esas corporaciones. Y la forma de hacerlo –dice- no es a través de beneficios tributarios (como el citado “patent box”) sino “a través de acuerdos simbióticos”. Da un ejemplo:

-A comienzos de los años 20 el gobierno de Estados Unidos permitió a la empresa AT&T mantener el monopolio del sistema telefónico siempre que reinvirtiera sus beneficios en investigación: ese fue el origen de Bell Labs, que jugó un rol clave en la revolución de las comunicaciones. Del mismo modo podríamos pedirle a las grandes farmacéuticas de hoy, que se benefician de miles de millones de dólares del sector público, que reinvirtieran sus utilidades en innovación y no como hacen ahora, que gastan más en la compra de acciones (sobre todo en comprar sus propias acciones) que en I+D. Otras estrategias podrían ser que las agencias públicas que invierten en las etapas tempranas de las compañías pudieran retener royalties o acciones por un tiempo, tal como lo hacen los capitales de riesgo.

¿Y El APPLE DE LA URSS?

Las ideas claves de Mazzucato se pueden deducir del caso de Apple. Y un punto central es que al rescatar al Estado del olvido, la economista no busca que reemplace a las empresas, sino que se produzca una simbiosis entre ambos actores. Para la economista, el Estado no es suficiente y el mismo caso Apple lo demuestra. Si es cierto que la tecnología que usa Apple es el resultado de la inversión pública norteamericana para ganar la carrera espacial y armamentista, ¿por qué la economía de la URSS no fue capaz también de producir una variedad similar de bienes?

En Chile, para reforzar la idea de que lo privado es bueno y moderno y lo estatal es malo y anticuado, se dice que lo producido en los países de la órbita socialista era de mala calidad. Eso, sin embargo, no explica el hecho de que la URSS logró poner al primer astronauta en el espacio y desarrollar una compleja y poderosa industria bélica equivalente a la estadounidense, capaz de construir portaviones, jets de combate y misiles nucleares. El punto, entonces, no es que ese país careciera de tecnología muy avanzada, sino por qué esos conocimientos no se expandieron al resto de la sociedad.

Mariana-Mazzucato-libroLa respuesta de Mazzucato está en la existencia de empresas. Si bien la ex URSS muestra (otra vez) que el aparato público es el que tiene la fuerza para mover las fronteras del conocimiento, también remarca que para que ese conocimiento se transforme en crecimiento económico se requiere de una extensa y activa red que haga esa tarea:

-Una de las lecciones más importantes del derrumbe de ex URSS es que los beneficios de los avances tecnológicos que consiguió no se distribuyeron a lo largo de la economía. Por ejemplo, en los ´80 Japón tenía menos investigación y desarrollo (I+D) que la Unión Soviética, pero se enfocaba en muchas más áreas y tenía una red de organizaciones públicas y privadas que podían difundir los nuevos conocimientos a través de la economía -explica.

Un segundo asunto clave que se desprende de la historia de Apple, es que gran parte del avance tecnológico que explota esa empresa se generó de una forma particular: no porque Estados Unidos hubiera específicamente querido incentivar la fabricación de celulares o computadores personales. Lo que ese país se propuso fue algo realmente ambicioso: llegar a la Luna. Y para conseguir esa meta muchos sectores económicos tuvieron que proveer soluciones técnicas, es decir innovar. Mazzucato deduce de eso que un rol clave del Estado está en establecer misiones, determinar problemas globales para cuya solución sea necesario que muchos sectores se involucren, se modernicen, crezcan:

-El desafío espacial implicó el desarrollo de una docena de distintos sectores que tuvieron que aportar soluciones para hacer ese logro posible y que se revitalizaron en ese proceso. Del mismo modo, el desafío del cambio climático requiere que muchos sectores se revitalicen y desarrollen nuevos métodos de producción y distribución. Pero ellos no lo van a hacer por su cuenta. Para eso está la política: para hacer que pasen cosas que no habrían pasado de otro modo -afirma.

Así como el desarrollo de la energía solar, el problema de la escasez de agua, las enfermedades, hay un centenar de asuntos que los Estados podrían asumir como misiones y que en el intento de buscar mover las fronteras del conocimiento podrían generar el crecimiento de distintas áreas de la economía.

Mazzucato cita un ejemplo actual: el boom que vive la industria del acero de Alemania en oposición a la crítica situación de la industria inglesa. Argumenta que Alemania reinventó su industria enfocándose en el reciclado del acero más que en la producción. Pero lo interesante, puntualiza, es que “este enfoque se derivó de la inversión del Estado en energías renovables. Es decir, es la búsqueda de tecnologías limpias lo que llevó a replantearse la forma de producir acero y ha introducido cambios en muchas otras industrias. Esto muestra cómo la misión asumida por el Estado de realizar investigación de energías renovables, puede activar otros sectores”.

POR FAVOR, ALIMENTE A LOS ANIMALES

Esta forma de promover la innovación y la productividad está en las antípodas de lo que en Chile se considera una estrategia apropiada. Desde la dictadura en adelante la única injerencia pública aceptada (en el área de la producción) es la provisión de las condiciones básicas (seguridad policial, infraestructura, estabilidad macroeconómica para que haya financiamiento, etc.) para que las empresas sean las protagonistas del desarrollo. Cada paso más allá, se dice, introduce distorsiones en el mercado, lo hace más ineficiente e improductivo.

El economista Luigi Zingales, autor del libro Salvando al capitalismo de los capitalistas, resume las bondades de esta “falta de política pública” recordando el letrero que se instala en los parques nacionales: “No alimente a los animales salvajes”. La razón de ese letrero, dice Zingales, es que si los turistas los alimentan, se vuelven flojos y pierden su capacidad de alimentarse por sí mismos. “Lo mismo debiera establecerse para las empresas” explicó Zingales: “Lo digo no porque no me gusten las empresas, sino porque me gustan, pero no quiero que sean subsidiadas ni favorecidas por el gobierno, porque de esa forma se hace a los empresarios flojos e incapaces de competir en el mercado mundial”.

En Chile, una gran cantidad de pequeñas empresas se crea cada año. Y se hacen políticas para que cada día surjan mas, sobre todo tecnológicas. Pero según los datos del Ministerio de Economía más del 60% de las empresas que hay actualmente son de tamaño “micro”, y cerca de la mitad de ellas deja de existir antes de los tres años. La teoría no se preocupa de eso pues así es la destrucción creadora descrita por Schumpeter: las más competitivas e innovadoras sobrevivirán y de ese proceso saldrá la nueva Apple y el nuevo Steve Jobs.

El desafío del cambio climático requiere que muchos sectores se revitalicen y desarrollen nuevos métodos de producción y distribución. Pero ellos (las empresas privadas) no lo van a hacer por su cuenta. Para eso está la política: para hacer que pasen cosas que no habrían pasado de otro modo

Lamentablemente, según escribe Mazzucato, esas expectativas no se ajustan a la evidencia internacional. Las empresas pequeñas escasamente invierten en I+D, no tienen recursos para hacerlo y usualmente son menos eficientes e innovadoras. De hecho, apunta Mazzucato, la innovación no se genera en países con muchas pequeñas empresas como Chile;  sino en países con un nutrido grupo de medianas y grandes firmas y pocas firmas pequeñas. Es decir, para que haya innovación, una parte de las microempresas que mueren cada año en Chile debiera crecer hasta un tamaño medio.

Por ello la economista cree que el esfuerzo público no se debe dirigir a impulsar la aparición de más emprendimientos, sino que a generar un “ecosistema” que les permita crecer a las que ya se han formado. En el caso estadounidense, dice, el ecosistema tecnológico se nutrió y creció con la investigación financiada por el gobierno, ya sea porque las firmas accedieron directamente a los fondos de investigación (como Apple, Compaq o Intel) o porque supieron comercializar la tecnología que el Estado había pagado (como Apple y Google).

Contradiciendo a Zingales, la economista Mazzucato dijo a CIPER que ese ecosistema debe proveer a las empresas de un “paciente y estratégico financiamiento de largo plazo que permita a las pequeñas compañías emprender, innovar y tener tiempo para comercializarse”.

Es decir, para Mazzucato el Estado no puede reducirse a proveer el mínimo:

-Yo planteo una alianza entre el Estado y el sector privado. Pero para que la alianza sea  provechosa, hay que tener una mejor idea de qué es lo que el Estado puede aportar. Si se limita a crear las condiciones básicas, la alianza no producirá lo que la economía necesita para crecer e innovar. En ese sentido, mi propuesta de que el Estado actúe movido por “misiones” busca enfatizar que el problema de la innovación y el crecimiento no se resuelve actuando sobre áreas específicas de la economía, sino abordando grandes problemas cuya solución obliga a dinamizar a muchos sectores. Para lograr eso, el rol del sector público no puede ser sólo subsidiar, sino directamente invertir en áreas que necesitan mucho capital y son riesgosas y donde el sector privado no está dispuesto a invertir.

Respecto de esto último, la economista recuerda que a diferencia de lo que se suele repetir, Silicon Valley no se levantó con capital de riesgo sino que este llegó luego de que el negocio se echó a andar y ya no era tan riesgoso.

-El mundo está lleno de financiamiento impaciente que inhibe el crecimiento de las empresas –afirma.

La propuesta de Mazzucato no es sencilla de materializar en Chile. No solo porque choca con la extendida convicción de que el Estado no debe interferir en la producción de bienes, sino porque cuando hablamos de mover las fronteras del conocimiento, la posibilidad de fracaso es alta y es necesario generar una cultura pública que soporte el fracaso y persista. Por ejemplo, si el gobierno se involucra en la “misión” de desarrollar energía solar, ¿cuánto tiempo puede estar ese proyecto perdiendo dinero? ¿Cuántos fracasos puede soportar el sistema, la oposición política o la prensa antes de hablar de desfalco?

bad-samaritansHa-Joon Chang en su libro Malos Samaritanos da el ejemplo de Toyota, cuya historia puede dejar más claro el coraje y la actitud que requieren la innovación. En 1933, cuando Toyota era solo una industria textil, comenzó a recibir grandes cantidades de recursos públicos para transformarse en una industria automotriz. El proyecto duró más de 20 años en los que incluso el gobierno debió salvarla de la bancarrota y en los que se supervigiló estrictamente los planes y las metas de esta transformación. Cuando finalmente en 1958 colocaron el primer auto en el mercado norteamericano, fue un fracaso y debieron retirarlo. Hoy sabemos el final exitoso de esa historia, pero en ese momento la opción era renunciar y tirar a la basura los millones invertidos o persistir y correr el riesgo de seguir perdiendo.

Emprender aventuras de esa naturaleza requiere una mirada compartida del desarrollo que no es fácil de lograr. Se necesita, pareciera, un cierto desarrollo social para emprender esa marcha a un desarrollo económico. En ese sentido, Mazzucato argumenta que para materializar una alianza entre Estado y privados, es necesario desarrollar una forma de evaluar los resultados que supere la evaluación de fracaso que hace el mundo financiero. También es necesario crear organizaciones públicas que exploren y tomen riesgos; e invertir en el sector público de modo de “dotarlo de capacidad de hacer”, remplazando las políticas de tercerización que lo desmontan. Finalmente, como el fracaso es una posibilidad real “es necesaria una mejor distribución de los riesgos y de los premios cuando hay éxito”.

Aunque los problemas no son menores, Mariana Mazzucato cree que este tipo de políticas tiene un futuro promisorio:

-En el pasado, el desafío principal fue el desarrollo de complejos militares aeronáuticos. En el futuro estos desafíos estarán más relacionados con energía, salud y con desafíos socio-tecnológicos. Tenemos cientos de problemas cruciales que resolver y en los que el Estado y los privados pueden trabajar juntos en el marco de una misión -dijo Mazzucato a CIPER.

* Esta entrevista es parte de una serie sobre desarrollo y productividad con investigadores como Ben Ross Schneider (MIT) y Ha-Joon Chang (Universidad de Cambridge) que busca ampliar el debate actual de por qué Chile crece poco y que vías hay para enfrentar ese problema.

 Vea aquí todos los diálogos con académicos realizados por el periodista Juan Andrés Guzmán

Crisis de la política: “Al final, el problema de Chile sigue siendo esencialmente la desigualdad”

A mediados de 2014, en un debate en el programa Vía Pública de TVN (ver a partir del minuto 17.20), José Antonio Viera Gallo, entonces presidente de Chile Transparente, afirmó: “La experiencia del parlamento chileno es que no ha habido compra de votos. No ha pasado como en el parlamento argentino, o brasilero, felizmente. Yo creo que si una empresa hace donaciones después no pide una contraprestación. Eso está fuera de la cultura. No tienen cara para decir, ´mire, como le di tal cantidad para su campaña, usted vote de esta manera´”.  En  el estudio de televisión estaba Juan Pablo Luna, cientista político uruguayo, PhD en Ciencia Política en la Universidad de Carolina del Norte, profesor titular en la UC, e investigador principal del Núcleo Milenio para el Estudio de la Estatalidad y la Democracia en América Latina. Luna tomó distancia del respaldo de Viera Gallo a la clase política (respaldo que siguió ofreciendo hasta 2015 en distintos medios):

-José dice “sabemos que no hay compra de votos en el parlamento” y yo diría, “lo suponemos”, en base a las experiencias vitales de cada uno, pero la verdad es que no tenemos información suficiente para afirmarlo –dijo Luna

Viera Gallo, actual embajador de Chile en Argentina, se apuró en precisar: “Claro, pero como no tenemos información hay que presuponer inocencia”.

Los hombres de derecho presuponen inocencia. Los cientistas sociales y políticos como Luna no presuponen nada: cuando no saben, ponen un signo de interrogación e investigan.

Las prácticas que a Viera Gallo hace solo un año y medio atrás le parecían fuera de la cultura criolla, nos golpean a diario con nuevos detalles. Ahora sabemos, cada vez con más claridad, que el financiamiento ilegal no consigue sus fines toscamente, como especulaba Viera Gallo en TVN (“te puse plata, cúmpleme”), sino que se materializa usando los rituales propios de “la cultura” de quienes intercambian favores. También se hacen ilegalidades con cordialidad y buenas maneras.

Los correos electrónicos publicados por The Clinic entre el ex presidente de la UDI Pablo Longueira y el gerente general de Soqumich, Patricio Contesse, son un buen ejemplo: el político y el gerente se escriben con humor, se tratan de “mi coronel”, hablan de “obediencia debida”, disfrutan su relación de confianza mientras Longueira le facilita información sobre las propuestas del royalty minero o la reforma tributaria que quiere hacer el gobierno de la Presidenta Bachelet y que al equipo de Contesse le parecen ideológicas y politizadas.

Pablo Longueira
Pablo Longueira

Se sabe ahora que SQM donó más de $700 millones a la campaña de Longueira, según el informe de la consultora Sherman & Stearling que publicó La Tercera, pero en el intercambio de correos no hay actos brutales como mencionar ese dinero; hay pertenencia a un mismo mundo y complicidad. Ese tipo de relación fue bien resumida por Enrique Krauss (DC), ex ministro del gobierno de Aylwin, cuando habló en La Tercera de lo exagerado que le parecía la ley del lobby: “No éramos corruptos, éramos amigos de los amigos”.

Las investigaciones de Juan Pablo Luna examinan el sistema político desde el trabajo cotidiano de los partidos, desde su cocina y su sala de máquinas, desde los discursos que elaboran y cómo se vinculan con la sociedad a la que buscan representar. Richard Katz, cientista político de la universidad Johns Hopkins, ha dicho que los partidos no solo son un ingrediente irremplazable de la democracia, sino que además “la salud y el carácter de los partidos se halla entre los principales determinantes de la salud y el carácter de la democracia”.

Con sus investigaciones, Luna ha prendido la alarma sobre aspectos claves de nuestra democracia, preguntándose quién logra ser candidato y quién gana las elecciones; o cómo la igualdad electoral (esto es, todas las personas valen lo mismo, un voto) ha sido afectada por la enorme desigualdad económica chilena, donde cada uno de los cinco hombres más ricos gana lo mismo que un millón de chilenos (vea reportaje de Ciper).

Aunque algunas cosas que Luna ha indagado seguramente el lector las ha oído o las intuye, la visión de conjunto que ofrece en esta entrevista, configura una fotografía detallada de nuestra democracia y ayuda entender por qué tantos partidos buscaron el “dinero negro” de la elite; por qué la UDI es, al menos hasta ahora, la colectividad más comprometida; y sobre todo, por qué la crisis que vive la política chilena no tiene que ver solo con su financiamiento, sino que es mucho más profunda.

LA UDI

En 2010, cuando la UDI llevaba casi una década siendo el partido más votado y con mayor representación en el Senado y en la Cámara, Juan Pablo Luna publicó una investigación en la que trataba de entender cómo una colectividad financiada por grupos económicos y fuertemente enlazada con la dictadura, el Opus Dei y los Legionarios de Cristo lograba atraer a los votantes más pobres, y gracias a ellos, imponerse electoralmente. ¿Había que entender el éxito de la UDI como un respaldo popular a sus propuestas económicas y políticas o, de alguna manera, ese partido había encontrado la forma de que electores muy distintos –incluso irreconciliables en la historia de Chile– apoyaran a los mismos candidatos sin pensar lo mismo sobre temas centrales?
En su investigación de 2010 –Vínculos entre partidos segmentados y votantes en Latinoamérica: el caso de la UDI (Segmented Party–Voter Linkages in Latin America: The Case of the UDI)– integró los estudios disponibles sobre ese partido con entrevistas y observación en terreno en 12 municipalidades manejadas por distintas colectividades.

Uno de los elementos más clarificadores de esta investigación es lo que dijo una fuente que Luna identifica como “un alto dirigente nacional de la UDI”:

logo_udi1“Lo que hicimos, y este es un trabajo que hizo muy bien Jaime (Guzmán), es convencer a la elite de que teníamos que estar en el Congreso para proteger sus intereses. Jaime los convenció de que aunque fuéramos un partido chico, con las ventajas que nos daba el binominal y los quórums, podíamos proteger sus intereses. Al mismo tiempo los convenció de que para que nosotros pudiéramos hacer eso, teníamos que ganar votos en los sectores populares, porque la elite es muy chica. Entonces, básicamente lo que el partido hace es tomar los recursos que dan los empresarios y volcarlos a las poblaciones”.

La investigación de Luna recogió los antecedentes que había hasta 2010 sobre el financiamiento legal que recibía la UDI y que indicaban que era el partido que más aportes reservados recibía y, a la vez, el que más gastaba en las elecciones (en 2005 la UDI gastó US$90.000 por campaña, seguida por el PPD que desembolsó US$70.000).

La misma situación documentó para el periodo 2009-2010 un estudio de Claudio Agostini publicado en 2012 (Financiamiento de la política en Chile). Dice Agostini: “Al considerar la magnitud total de las donaciones, la UDI supera fuertemente a todo el resto de los partidos. En particular, en las donaciones reservadas para campañas parlamentarias, en las que la mayoría de los donantes son personas jurídicas, la UDI recibe más del doble de recursos que RN y cuatro veces más que el PDC, que son los partidos que le siguen en magnitud de aportes recibidos”.

En su libro Poderoso Caballero el periodista Daniel Matamala constató que esta tendencia se prolongó hasta las últimas elecciones. En 2013, “los 22 candidatos a diputados que recibieron más aportes reservados fueron todos de la Alianza, y 15 de ellos, militantes de la UDI”. Respecto de los senadores, Matamala cita el caso de la senadora Ena Von Baer, la cual, de acuerdo a las cuentas públicas, obtuvo $323 millones en aportes reservados a su campaña mientras que todos sus contendores sumaron apenas $45,5 millones, esto es, siete veces menos (ver ficha de la Región de Los Ríos en especial de CIPER).

A lo anterior hay que agregar el dinero recibido por la vía ilegal, donde la UDI aparece nuevamente claramente favorecida.

LA ELITE NO APARECE EN LA FOTO

Juan Pablo Luna identificó en su investigación estrategias a través de las cuales la UDI transforma los recursos de la elite en voto popular. Primero, el desarrollo de un discurso antipolítico –o “cosista” como se lo llamó durante la candidatura de Joaquín Lavín en 2000–, que transmite la idea de que ese partido se preocupa de los problemas reales de las personas y no de las peleas políticas. Ese discurso, “hace que las personas no vean que la política está detrás de muchas circunstancias que determinan como transcurre su vida”, dice Luna.

El discurso antipolítica ayudó a la UDI a conseguir algo muy importante: poner un velo sobre el vínculo ideológico que tiene con la elite empresarial. Ese velo era parte central del diseño de Jaime Guzmán, según se lo dijo a Luna el ya citado dirigente nacional de la UDI:

Foto: TVN.
Foto: TVN.

“Nosotros les dijimos a nuestros amigos que para representarlos necesitamos más votos en los sectores populares, no en la élite, porque ahí no podemos crecer. Entonces les dijimos que necesitábamos su financiamiento, pero también les dijimos que se abstuvieran de acercarse a nosotros. En las fotos teníamos que aparecer con los pobres, no con ellos. Al principio fue difícil para ellos entender que teníamos que apelar a los pobres, pero ahí es donde hay más votos disponibles. Y uno de los obstáculos que enfrentamos actualmente es que hay menos personas pobres en Chile”.

La segunda estrategia que usa la UDI es el clientelismo. Luna argumenta que durante la dictadura la UDI construyó, a través de su participación en el gobierno (particularmente en Odeplan y en las municipalidades), una máquina clientelística usando recursos del Estado. Desde el regreso de la democracia la UDI habría alimentado esa máquina con las donaciones privadas.

Su intensivo clientelismo está registrado en declaraciones que recibe el Servicio Electoral (Servel). El ítem “donaciones” muestra que todo el espectro político recurre al regalo para hacerse querido y confiable y así ganar votos: está lleno de tortas para bingos, galvanos para competencias, pelotas para clubes deportivos. Pero, dado su mayor acceso a recursos, la UDI va más allá. Algunos ejemplos tomados de las elecciones municipales de 2012:

1.440 lentes ópticos ($690.000) comprados por la candidata de la UDI a concejal por Recoleta, María Inés Cabrera Squella; 303 tenidas completas, camisetas y shorts ($3.000.000) comprados por el candidato independiente pro UDI Juan Pablo Barros, alcalde de Curacaví; 5.000 latas de bebida ($1.600.000) compradas por Gonzalo Cornejo, candidato a alcalde por Recoleta; $5.100.000 en dos avalúos de un camión y una camioneta pagados como donación por Carlos Ward, candidato a concejal de la UDI en Lo Barnechea; $2.500.000 gastados en una función gratis de circo por el candidato UDI Rodrigo Delgado a la alcaldía de Estación Central; $925.000 en donaciones sin especificar, gastados por la candidata de la UDI a concejal por Las Condes, María Carolina Cotapos.

El resultado de la expansión del clientelismo ha causado un gran daño a la democracia chilena. Escribe Luna: “Los políticos exitosos tienden a ser los que regularmente son capaces de pagar las cuentas de los servicios durante el periodo de campaña, ofrecer asistencia médica y legal o distribuir equipos de televisión, cajas de comida, anteojos, equipos fútbol para el club local o la torta que necesita la junta de vecinos para organizar un bingo”. En suma, agrega Luna, los políticos que desarrollan una eficiente red de solución de problemas “disfrutan de una ventaja competitiva sobre los candidatos que no desarrollan ese tipo de contactos”.

Coincidente con esto es la entrevista que la diputada María Angélica Cristi (UDI) le dio a Luna para explicarle por qué la UDI tenía más trabajo en una comuna como Peñalolén (sector medio-bajo) que en La Reina (sector medio): “La gente pobre te necesita todo el tiempo. Te necesitan para sobrevivir porque todos sienten las puertas cerradas. Ellos no saben dónde ir, qué cosas hacer… en La Reina nosotros no atraemos la atención de nadie”.

Este tipo de vínculo contrasta con el que describe Julio Dittborn, en ese momento diputado de la UDI en el distrito 23 (Las Condes, Lo Barnechea y Vitacura), zonas donde la UDI obtiene su financiamiento: “El 90% de las personas que viven aquí no esperan que yo resuelva problemas específicos de ellos ni que los visite en sus casas. Lo que esperan es que yo represente su opinión en los medios y que vote como ellos votarían si estuvieran en mi sillón”.

La secuencia descrita refrenda lo señalado por el dirigente nacional de la UDI a Luna. El partido recolecta dinero en la elite y, a través del clientelismo y el antipoliticismo captura votos en los sectores populares. La fuerza política que construye, la usa en el Congreso para representar las ideas de la elite o, como dice Luna, para “proteger a la elite empresaria preservando el modelo económico legado por el régimen autoritario”.

Examinando las votaciones en el Congreso, Luna confirma que la UDI cumple con su tarea. La UDI, más que RN, es la sistemática defensora de las reformas orientadas al mercado “oponiéndose a diferentes paquetes legislativos que podían afectar los intereses de los empresarios o eventualmente redistribuir recursos a los estratos bajos, a través de políticas de alzas de salario mínimo o de regulaciones a los mercados, al trabajo, subsidios a la educación pública, aumentos tributarios para los sectores altos o reformas al sistema de pensiones”.

ACTUAR COORDINADAMENTE

El escándalo del financiamiento ilegal de la política, que ha golpeado especialmente a la UDI, ha levantado sospechas sobre los verdaderos motivos de parlamentarios de ese partido al momento de votar proyectos de ley y en su trabajo político. Sin negar que es grave el que se pueda vincular el aporte electoral con el envío de información –como se sugiere en los emails de Longueira y Contesse–, la investigación de Luna hace pensar que el actual escándalo, más que revelar algo completamente desconocido, sólo hace más visible un diseño del que ya había bastantes evidencias y que permitía que la UDI y la elite actuaran coordinadamente.

Tasha Fairfield (Foto: clas.berkeley.edu)
Tasha Fairfield (Foto: clas.berkeley.edu)

Un ejemplo de esto se encuentra en el reciente libro de la investigadora Tasha Fairfield, donde busca explicar por qué la elite chilena ha logrado pagar menos impuestos que las elites latinoamericanas y de la OECD. Una de las estrategias, dice Fairfield, fue contar con partidos políticos, particularmente la UDI, que representan sus intereses en el Congreso (ver entrevista en CIPER).

En su libro, Fairfield entrevista a un alto funcionario de Impuestos Internos quien describe cómo la derecha y los empresarios intentaron frenar la reforma antievasión de 2001: “La derecha y los líderes empresariales son la misma cosa… Y no sabía si debía negociar con el senador líder de la oposición o con el presidente de los empresarios. A veces tenía que negociar con los dos, porque ellos trabajaban juntos. A veces ellos estaban en las mismas reuniones diciendo lo mismo… se coordinaban y eso era público, no era algo escondido”.

–La defensa de la elite que hace la UDI y que antes se presumía, se cristalizó en la opinión pública con estas investigaciones sobre financiamiento. Ahora se los ve como un partido que defendió ciertos intereses muy específicamente –dijo Juan Pablo Luna a CIPER.

–Dado que la estrategia se ha hecho evidente, ¿sigue siendo la UDI útil para la elite en los términos que lo propuso Jaime Guzmán?

–La elite no es ingenua y siempre aporta a todos los partidos. Soquimich muestra claramente eso: la Nueva Mayoría está metida hasta el tuétano también. Por otra parte, creo que la UDI va a seguir teniendo ese vínculo porque no es solo instrumental. La UDI tiene una cercanía con el nuevo empresariado chileno que sale muy fortalecido de la dictadura y que siente que ellos son los que deben defender el modelo. Creo que esos empresarios siguen viendo como algo positivo lo que ha hecho Jovino Novoa. Esta crisis no va a terminar con la estrategia de la UDI. Porque la gente tiene memoria corta, y los candidatos no se promocionan con el nombre del partido. Ningún UDI va a poner a Novoa en su campaña, se va a colgar de alguna figura potente de la derecha y va a competir enfatizando que es servidor del distrito, de la municipalidad, el tipo que soluciona los problemas. A lo más este tema podría ser un asunto que intentaran levantar los adversarios. Pero en la medida en que todos tienen tejado de vidrio, eso se anula.

–¿Cree que el financiamiento ilegal a todo el espectro político puede explicar por qué ha costado tanto hacer reformas que afecten a la elite, como subir los impuestos a los más ricos?

–No creo que haya una explicación única para eso. En la Nueva Mayoría, por ejemplo, hay personas que a principio de los ‘90 pensaban que una de las claves de la estabilidad política del país era la marcha de la economía y, por lo tanto, tenían y tienen mucho miedo de tocar algo que pueda volverla lenta. No diría que la Concertación o la Nueva Mayoría tiene solo aversión al conflicto (como sugiere Tasha Fairfield en su libro), sino que está extendida la convicción de que la clave del éxito tiene que ver con la estabilidad macroeconómica y con generar condiciones microeconómicas para los empresarios. Creo que hay gente que dice: a mí me gustaría cambiar esto, pero no podemos, porque si no viene el caos. Los mecanismos de conformidad con el modelo probablemente sean múltiples y diversos para distintas personas.

FINANCIAMIENTO CENTRALIZADO

Muchas de las estrategias que usa la UDI para hacer política son comunes también en el resto de las colectividades. En 2012, junto a Fernando Rosenblatt, Juan Pablo Luna publicó una investigación que indagaba sobre el funcionamiento de los partidos, usando como base más de 50 entrevistas a líderes, militantes de peso y potenciales futuros líderes de todo el espectro político. En ese momento, el escándalo del financiamiento ilegal no había estallado, pero premonitoriamente la investigación se tituló: ¿Notas para una autopsia? Los partidos políticos en el Chile actual.

Los antecedentes recogidos llevaron a los autores a concluir que era inminente una crisis del sistema de partidos debido a al alto nivel de desarraigo social y al fuerte descontento frente al liderazgo político.

El análisis que desarrolla esta investigación asume que no hay posibilidad de una democracia de calidad si no cuenta con partidos “institucionalmente firmes”, esto es, con partidos que tienen recursos suficientes, debate de ideas y estructuras de gobierno interno que les permitan desplegarse por el territorio y dialogar con la sociedad.

Pero los partidos chilenos –dicen Rosenblatt y Luna en su estudio–, no pueden hacer eso porque son extremadamente débiles en tres áreas centrales. Primero, carecen de financiamiento suficiente para hacer actividad política mínima: para formar cuadros, tener sedes regionales y generar proyectos nacionales. Al interior de los partidos la distribución de recursos no es homogénea. Y debido a que los partidos no pueden financiar todas las candidaturas, quienes cuentan con dinero propio o con un mecenas, tienen más posibilidades de ser designados candidatos. “Esto genera un sistema bastante endogámico respecto de quienes logran cargos de elección”, dice Luna.

En segundo lugar, sus lazos internos son débiles. La mayor fortaleza de un partido es su visión de la sociedad, la perspectiva desde la que aborda los problemas. Hoy, sin embargo, “no sabemos muy bien dónde están los partidos en términos de temas claves para la sociedad. Hay una suerte de dilución programática”, explica. Esto se debe, por una parte, a la falta de discusión interna; y por otra, a que las elecciones se pueden ganar sin explicitar ideas.

De hecho, dada la alta desaprobación que tienen los partidos, los candidatos desarrollan campañas alejadas de sus colectividades y no está claro que las ideas que usen para ganar votos sean consistentes con las que sostienen otros candidatos del mismo partido. Así, lo que un partido piensa sobre un tema es más bien el agregado de lo que los distintos líderes dicen a los medios y a sus electores. Es frecuente que las diferencias sean más profundas entre líderes de un mismo partido que entre dirigentes de distintas colectividades, dice Luna.

propaganda4En tercer lugar, los partidos carecen de control sobre sus parlamentarios y alcaldes. Como los candidatos no dependen financieramente del partido y la marca tampoco les ayuda a ganar votos, la colectividad no tiene cómo disciplinarlos.

Peor es la situación cuando los candidatos se hacen con el cargo. Los incumbentes, es decir, los parlamentarios y alcaldes que van a la reelección, plantean el mayor desafío para los partidos y para la democracia. “Los partidos no pueden sacar a un diputado díscolo, porque no tienen cómo asegurar que con otro candidato el partido siga manteniendo el cupo”, dijo Luna a CIPER. En cambio, si el incumbente va a la reelección, es altamente probable que gane. De hecho, la investigación de Luna y Rosenblatt muestra que si estos cuentan con el dinero suficiente nunca son derrotados por los desafiantes, pues el conocimiento y el prestigio que les da el cargo no son fáciles de neutralizar. La investigación analiza 16 casos que buscaron ser reelegidos entre 2004 o 2009: 14 lo lograron.

Pero los partidos no solo no los pueden disciplinar, sino que, en muchos casos, su presencia en los distritos depende en términos financieros y organizacionales únicamente de lo que hagan los parlamentarios y alcaldes. Así, los partidos quedan desconectados de la sociedad, incapaces de canalizar demandas sociales que como en casos recientes de movilización social (por ejemplo, el movimiento en Aysén en 2012), los terminan desbordando.

La percepción que recogieron Rosenblatt y Luna de los dirigentes entrevistados fue de frustración: “Gran parte plantea un fuerte descontento con el funcionamiento de sus propios partidos, denunciando frecuentemente la presencia de prácticas irregulares, indeseables, y en muchos casos ilegales en las organizaciones que ellos mismos lideran”.

El único partido que escapa al crítico estado descrito es la UDI. Su amplio acceso a recursos le permite formar cuadros y tener actividad partidaria en todas las regiones. De hecho, es de las pocas colectividades que, como ocurría  antaño, se puede recorrer nacionalmente. Por otra parte, tiene una ideología clara y ejerce un control estricto sobre cómo deben votar sus parlamentarios.

–Todos los partidos reciben financiamiento empresarial. La diferencia fundamental es que la UDI centraliza el financiamiento que recibe el partido y lo distribuye con mucha visión estratégica. Apoyan al que está en la línea correcta y al que demuestra trabajo para el colectivo, y pueden sacarle recursos al que se desvía –dijo Luna a CIPER.

–¿Ese involucramiento institucional podría explicar por qué la UDI no pudo sancionar a Jovino Novoa a pesar de que fue condenado por delitos tributarios?

–No sé por qué han hecho eso. Es una decisión irracional respecto de su posicionamiento en la opinión pública. Y creo que tiene más que ver con el peso de los históricos en la UDI y con el peso político que tienen los involucrados. Pero no sé.

OTRA VEZ LA DESIGUALDAD

Durante el debate que se generó con el proyecto de ley que intenta limitar la reelección de parlamentarios y alcaldes, se argumentó que  los políticos que no pueden buscar la reelección “no tienen incentivos para atender a las demandas o aspiraciones de sus votantes”, como lo constata el Informe Parlamentario Mundial 2012 elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.

Ese argumento no parece valido en Chile. Si se considera que el ingreso promedio es de $454.031 y el 70% de las personas gana menos de $426.000 (según datos de la Nueva Encuesta Suplementaria de Ingresos de 2013), la teoría dice que los políticos deberían competir por ese 70% de votos promoviendo políticas que produzcan equidad. Pero eso no ocurre, porque debido a los mecanismos descritos por Luna, los elegidos son permanentemente “personajes que están completamente alejados de las necesidades que tiene el votante medio chileno”:

pobreza“Ellos triunfan porque se juntan con el club del adulto mayor, con el centro de madres, porque consiguen una beca, porque traen obras al distrito. En su campaña el candidato no opera ni verbaliza sus preferencias programáticas. Y así son consistentemente reelectos aunque sus ideas estén muy desconectadas con su electorado. Esa es la clave del sistema”, explica el cientista político.

La despolitización creciente de la sociedad chilena se puede ver, entonces, como una reacción al hecho de que todos los partidos se igualan en sus métodos. Y los métodos son lo único que queda pues están vacíos de contenidos. “La gente no ve diferencias entre izquierda y derecha. Y si funcionan como una elite unificada, que sistemáticamente promueve ciertos intereses y anula otros, las personas los perciben como una ‘clase política’ y se preguntan para qué los van a validar con el voto”, explica.

En 2014, Luna publicó el libro Segmented representation: political party strategies in unequal democracies (Oxford University Press), en que el que constata que el panorama descrito sigue siendo válido. Allí argumenta que el tipo de relación entre votantes y partidos “contribuye a aislar a los líderes de la sociedad y de sus propias organizaciones”.

Algunos de los problemas planteados por Juan Pablo Luna se abordan en la ley sobre fortalecimiento y transparencia de la democracia, aprobada el mes pasado. Por ejemplo, a partir de ahora, se prohíbe efectuar erogaciones o donaciones en dinero o en especies durante el periodo de campaña. No más clientelismo.

Sin embargo, la ley no regula el periodo entre campañas y los datos del estudio de Luna indican que es ahí donde los incumbentes aseguran su reelección. Cuando se inicia la campaña ya está todo zanjado, por lo que la vigilancia de las donaciones en la época electoral solo impedirá a los desafiantes ir en su búsqueda.

Luna cree que siendo la ley un avance, el problema que tiene el sistema político en Chile no se reduce sólo a temas de financiamiento y gasto. Tiene que ver con cómo reconstituir el vínculo entre los partidos y la sociedad, que está dramáticamente cortado.

–Yo soy un escéptico del diseño de políticas públicas en base a la noción de “alinear incentivos” –dice Luna refiriéndose a las propuestas de la Comisión Engel que sirvieron de base a la ley de fortalecimiento a la democracia–. Yo creo que la solución pasa por construir partidos de naturaleza diferente. Varias de las ideas van en el sentido correcto. Pero construir partidos diferentes lleva tiempo y, por otra parte, depende también de dinámicas estructurales y no meramente de incentivos institucionales. Al final, el problema de Chile sigue siendo esencialmente la desigualdad.

“Tenemos 25 años de democracia y al menos en términos teóricos se espera que la igualdad política termine generando algún tipo de efecto redistributivo que no se ha visto en Chile”, dijo en una conferencia Luna. Piensa que la constancia de la desigualdad tiene efecto en cómo están funcionando los partidos.

Al igual que el economista de la Universidad de Harvard, Ricardo Hausmann (ver entrevista en CIPER), Juan Pablo Luna considera que la elite chilena tiene una responsabilidad muy grande en la crisis del sistema de partidos:

–La elite chilena es cerrada, endogámica, son todos primos, amigos, fueron a los mismos colegios. Y eso genera un efecto de burbuja, donde la gente diferente interactúa muy poco. Es muy fácil en Chile vivir segregadamente, sin ver a los diferentes, sin tener de co-apoderado a alguien que no tiene tus estudios, o tiene más o tiene menos. Y lo que hoy vemos en la política es un reflejo de la inequidad, pero sobre todo de la segregación. Porque tú puedes tener sociedades más o menos desiguales, pero donde los diferentes se conocen más, interactúan más. La figura clásica de esto son las escuelas públicas, donde el hijo del bancario esta con el hijo del zapatero y tienen un mismo uniforme que los iguala en el espacio de ciudadanía que es la escuela. En la medida en que no tienes una sociedad que funciona con esas reglas, la segregación escala y se traspasa al sistema político y al sistema económico. Por eso digo que este es un problema más estructural que de diseño institucional.

–Esa mirada indica que la solución es muy compleja, porque el problema es circular: para reducir la inequidad se necesitan partidos que empujen eso. Pero los partidos no van a ser capaces de hacerlo mientras no mejore la equidad.

–Sí. Los cientistas sociales estamos muy obsesionados por la “no circularidad”, por poder decir “x” causa “y”. Pero creo que tenemos que asumir que nos enfrentamos a este tipo de círculos viciosos y que, por lo tanto, es muy difícil, con un solo diseño de políticas públicas tratar de cambiar problemas que son mucho más complejos.

 Vea aquí todos los diálogos con académicos realizados por el periodista Juan Andrés Guzmán

Investigadora de la London School of Economics desmenuza estrategias de la elite chilena para evitar alzas de impuestos

En una columna de 2006, el rector de de la Universidad Adolfo Ibáñez, Andrés Benítez, se preguntó por qué la Papelera del Grupo Matte, hoy investigada por coludirse y fijar los precios del papel higiénico con su competidora, no era como la compañía de celulares Nokia. Benítez recordaba que Nokia partió siendo una forestal igual que la Papelera, pero debido a que invertía muy fuerte en investigación, a partir de los ‘90 dejó atrás el negocio de las materias primas. ¿Por qué la Papelera no? Para Benítez, la razón estaba en un problema cultural: “Existe una suerte de mentalidad rentista instalada a todo nivel, que nos hace por un lado ser responsables, pero por otro, poco jugados, poco abiertos a los cambios radicales” (ver columna).

Tasha Fairfield (Foto: clas.berkeley.edu)
Tasha Fairfield (Foto: clas.berkeley.edu)

A Eliodoro Matte no le gustó ser llamado rentista. Respondió que la Papelera se quedó en el negocio forestal no por una actitud rentista, sino porque triunfó en ese negocio mientras que Nokia no pudo competir y tuvo que cambiar de rubro. ¿Y por qué pudo triunfar la Papelera? Matte citó el caso de los pañales desechables que produce su empresa: “En 10 años masificaron el mercado tomando cerca del 90% de la participación en la categoría, derrotando en dura competencia a multinacionales líderes en el ramo, a partir de materias primas nacionales y con técnicos y estrategas de marketing locales” (ver respuesta).

En un reciente libro –Capitalismo Jerárquico en América Latina, (2013, Cambridge University Press)- el cientista político del MIT Ben Schneider, cita este intercambio de columnas para tratar de explicar los problemas que frenan el crecimiento de nuestro continente. Estima que las elites, organizadas en grupos económicos manejados por pocas familias, tienen una gran responsabilidad, pues dan vida a un tipo de capitalismo que Schneider llama “jerárquico”, muy distinto al libre mercado que existe en Europa o Estados Unidos. Este sistema, dice, “no ha producido buenos trabajos, ni desarrollo equitativo y probablemente no lo pueda producir por sí mismo” y se concentra en la explotación de materias primas y de sectores como la electricidad, que no se pueden exportar ni tienen riesgo de competencia externa y están regulados.

Ben Schneider (Foto: web.mit.edu)
Ben Schneider (Foto: web.mit.edu)

Por ello, argumenta Schneider, aunque la Papelera tenía una diversificación de inversiones que podría haberla llevado a seguir los pasos de Nokia y dejar atrás los commodities, no lo hizo. Sugiere un problema de actitud: mientras en Asia y Europa hay grupos más predispuestos a nuevas aventuras, el Grupo Matte (y muchos otros conglomerados chilenos) “se ajusta a la categoría de un grupo menos especializado y con un portafolio menos innovador”. Según Schneider, a ese tipo de grupos, el boom de los precios de las materias primas no los llevó a reinvertir en tecnología, sino que los empujó a reforzar sus estrategias tradicionales, esto es, se ataron más a la explotación de materias primas.

Si a eso se le suma la colusión de precios en la que habría participado la Papelera durante más de 10 años y que se habría extendido -en el caso de los pañales justamente- a otros países de Latinoamérica (ver reportaje de Qué Pasa); y si se agregan los importantes subsidios públicos que recibía la industria forestal y que solo se detuvieron con la colusión, (ver reportaje de CIPER), la idea de una empresa exitosa y competitiva se derrumba. De ese derrumbe surgen preguntas evidentes: ¿cuánto se repiten estas prácticas en el resto de empresas poderosas como la Papelera? ¿Son estas las verdaderas razones por las que esas empresas no han dejado de producir materias primas?

LA NECESIDAD DE ESTUDIAR A LA ELITE

Durante los ´90 y parte de la primera década de 2000 Chile se hizo conocido por su crecimiento económico y su estabilidad política. Quienes hoy critican las reformas que ha llevado adelante la Presidenta Michelle Bachelet -principalmente las reformas tributaria, laboral y constitucional-, argumentan que estas corroen los pilares que hicieron a Chile un líder en la región y que es por eso que ya no crecemos como antes.

En una reciente charla en la Sofofa el ex presidente Sebastián Piñera abordó ese punto: “Hace un tiempo Chile era ejemplo de crecimiento y el mundo nos conocía como el milagro chileno. Cuando viajábamos, hasta hace poco la pregunta que nos hacían era ¿qué hace Chile para tener el liderazgo en materia de crecimiento, de reducción de la pobreza, de buen gobierno? La pregunta cambió violentamente en los últimos meses. Ahora es, ¿qué le pasó a Chile que decidió pegarse un balazo en los pies y abandonar un modelo que había hecho posible un progreso notable?” (ver a partir del minuto 12.15).

Mientras los precios de las materias primas caen y la incertidumbre sobre el futuro económico crece, Piñera propone regresar a lo conocido, a la esencia del modelo: a un Estado pequeño, un mercado que actúa sin que nadie lo dirija y donde la meta nacional está puesta en la eficiencia y en la productividad. Piñera ya tiene pensada una agenda de “contra reformas” (ver artículo en Qué Pasa) que nos devuelva a lo que él llama “el mejor periodo de nuestra historia”.

Ex presidente Sebastián Piñera
Ex presidente Sebastián Piñera

Sin embargo, las investigaciones por colusión y por el financiamiento ilegal de la política, donde aparecen involucradas empresas como PENTA y Soquimich, obligan a preguntarse cuánto de esa época dorada se debió a prácticas como las de la Papelera; y cuánto del consenso en torno al modelo económico se debió a que los que podían empujar los cambios estaban financiados por los grupos económicos.

Importantes especialistas internacionales, como el economista Ricardo Hausmann, director del Centro para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard (ver entrevista en CIPER), piensan que el pasado glorioso de Chile es menos brillante de lo que creemos. Hausmann coincide con Piñera en que “Chile tiene un problema de crecimiento y no de reparto” y, por ello, cree que el actual gobierno no va en el sentido correcto. Pero estima que no volveremos a crecer sólo borrando esas reformas, pues nuestro problema se incubó precisamente cuando crecimos a buenas tasas. Hausmann argumenta primero, que nunca hemos dejado de ser productores de materias primas y simplemente tuvimos la suerte de que los precios estuvieran altos. Cuando el cobre termine de caer -nos advierte- volveremos a la realidad que se esconde tras el alto PIB del pasado: que sabemos muy pocas cosas para ser desarrollados.

¿Y por qué sabemos hacer tan pocas cosas? Según Hausmann, nuestra principal traba está en la cultura de la elite chilena, a la que califica de extremadamente cerrada: viene de “tres o cuatro colegios, dos o tres universidades y con los mismos apellidos”, no se abre a la innovación y donde extranjeros y chilenos talentosos con otro origen son excluidos.

Tal como Schneider, Hausmann ubica en el centro del problema del crecimiento a la elite. Un grupo que hoy es objeto de un exhaustivo estudio en todo el mundo, debido, entre otras cosas, al aumento sin freno de la desigualdad. El mensaje desde la academia parece ser: si quiere saber por qué un país crece o no, por qué su democracia es de tal o cuál manera, o por qué es desigual, estudie su elite.

Pero, ¿qué es lo que la hace tan gravitante? En su libro –Oligarquía (2011, Cambridge University Press)-, el cientista político Jeffery Winters ofrece una explicación de cómo la mentalidad de la elite se concreta en diseños sociales que la benefician. La riqueza extrema de los súper ricos, explica Winters, les permite pagar “una industria de la defensa de la riqueza”, compuesta por profesionales altamente preparados y bien remunerados -“las abejas trabajadoras de las clases medias y medias altas”– que piensan no solo en cómo hacer más ricos a sus empleadores, sino en cómo imponer políticamente las ideas que los benefician. Ningún otro actor social cuenta con ese dispositivo, que produce desde mecanismos de elusión tributaria hasta argumentos, donde se presentan las normas que benefician a los más ricos como buenas para todos. Winters acusa que esa industria puede construir sistemas complejos, donde los ciudadanos no pueden elegir. Los casos de colusión de productos, y de financiamiento de la política se ajustan a esta descripción.

En esta línea de estudio de la elite chilena se inscribe una detallada investigación de nuestro sistema tributario publicada en el Reino Unido a comienzos de año: Riqueza privada e ingresos públicos en América Latina. El poder empresarial y la política tributaria (2015, Cambridge University Press). Su autora es Tasha Fairfield, cientista política, PhD en Berkeley, profesora del Departamento de Desarrollo Internacional de la London School of Economics (LSE), donde CIPER la entrevistó.

Parte del texto está basado en datos y hechos que muchos lectores chilenos conocen. Pero al ponerlos en conjunto, Fairfield ofrece una inédita fotografía de la estructura a través de la cual la élite chilena opera.

ELITE SOBRE REPRESENTADA

Fairfield lleva cerca de 10 años estudiando los sistemas tributarios del Cono Sur y ha escrito una media docena de papers sobre el tema. Uno de ellos, sobre los ingresos altos y las tasas de impuestos en Chile (hecho en 2014 con el ex director del Servicio de Impuestos internos, Michel Jorratt), mostró que nuestros ricos eran más ricos de lo que creíamos hasta ese momento (ver versión actualizada del estudio)

Según sus datos, el 1% de los chilenos de mayores ingresos recibe entre el 19% y el 22 % de los ingresos del país y paga tasas efectivas de entre 9% y 16%. Ambas cifras se alejan del promedio de los países de la OECD, donde las elites se apropian de menos recursos y pagan más impuestos. La metodología usada por Fairfield y Jorratt fue la misma que recientemente usó el Banco Mundial para afirmar que en Chile los 12 mil adultos más ricos (el top 0,1 % de la población) tienen una media de ingresos personales de $48 millones mensuales.

Fairfield comenzó a interesarse en el tema de los impuestos luego de indagar cómo se relacionaban la democracia y la desigualdad y preguntarse por el rol que tenían los políticos en esa relación. La teoría le indicaba que en democracia los políticos debían competir por los votos, es decir, tratar de ganar mayorías y, por lo tanto, resultaba ilógico que favorecieran a unos pocos y que acrecentaran la desigualdad. Paradojalmente, en muchas democracias que crecían económicamente, se promovían políticas que aumentaban la participación de las elites en la riqueza.

Eliodoro Matte
Eliodoro Matte

Fairfield fue derivando hacia los impuestos en Latinoamérica y encontró en Chile el caso más extremo de esta paradoja: un país muy desigual (número 19 en un ranking de 128 países, según datos del Banco Mundial), gobernado durante la mayor parte de los últimos 25 años por una coalición de centro izquierda, que –al menos en teoría- debiera promover impuestos más altos para los más ricos.

En este país, según constató Fairfield, solo el actual gobierno de Bachelet se embarcó en una reforma tributaria de envergadura, que busca recaudar un monto sustantivo: 3% del PIB. Como argumenta en su libro, el resto de la decena de reformas de este periodo solo propuso -y logró- aumentos marginales de la recaudación (salvo la primera, de 1990, que consiguió recaudar un 2% del PIB y que Fairfield considera una excepción; y el impuesto a la mineras de Lagos, que partió recaudando un 0,07% del PIB y ha subido hasta 5% empujada por el alza del precio del cobre). Ninguna de las decenas de reformas que se han hecho en estos años logró más del 0,2 del PIB. ¿Cómo es eso posible?

La pregunta que motivó a Fairfield no es nueva. Es posible encontrarla, por ejemplo, en algunos manuales de economía, particularmente aquellos que se enfocan en el crecimiento. En Crecimiento Económico, el economista David Weil explica algo bastante evidente: las personas que están bajo el ingreso medio tienden a respaldar más impuestos para los ingresos altos, pues así aumentan sus ingresos por la vía de la redistribución. Así, si la mayoría de los ciudadanos está bajo el ingreso medio, como el caso de Chile donde el ingreso promedio es de $454.031 y el 70% gana menos de $426.000 (según datos de la Nueva Encuesta Suplementaria de Ingresos de 2013), habrá una presión mayoritaria para aumentar los impuestos de los que están sobre el promedio.

El argumento puede criticarse como envidioso, revanchista y que busca emparejar hacia abajo. La economía, sin embargo, lo considera una reacción lógica que eventualmente debería empujar a los políticos que compiten por los votos a abordar el tema. En los países en los que eso no ocurre, Weil sugiere que el poder está en manos de “pequeñas elites capaces sacar recursos desde la mayor parte de la población”.

La misma pregunta motivó una investigación en 2011 del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en la cual Chile aparece como caso de estudio. Sus autores son los economistas Carlos Scartascini y Martín Ardanaz y se titula: ¿Por qué no gravamos a los ricos? En ella se cruzan datos de 50 países y se evidencia que las naciones con peor distribución de riqueza tienen una elite sobre representada en sus parlamentos, esto es, una elite que cuenta con más congresistas defendiendo sus intereses de lo que corresponde a su peso electoral. Además, aquellos países donde la elite tiene ese “peso desproporcionado” son aquellos donde menos impuestos pagan los más ricos.

La economía neoclásica no le da mucha importancia a la desigualdad: argumenta que la pobreza se debe a la baja productividad de los pobres y que es la alta productividad de la elite la que explica su riqueza. Por ello, la solución es ayudar a los pobres a ser más productivos y dejar que el mercado haga el resto. La secuencia descrita por Scartascini y Ardanaz sugiere otra explicación: detrás de la concentración de la riqueza hay un entramado político donde los impuestos juegan un rol central.

Los autores usan a Chile para dar un ejemplo de cómo la planificación política opera. Refieren que en nuestro país la dictadura diseñó un sistema electoral “para garantizar la sobre representación de los partidos conservadores” y así, “las elites económicas pudieron continuar en democracia dándole forma a las políticas económicas”. Eso explicaría, en parte, por qué los más ricos chilenos pagan tasas efectivas más bajas que en el resto de Latinoamérica y en los países desarrollados.

Michel Jorratt
Michel Jorratt

Desde la Ciencia Política, Fairfield responde detallando cómo ha operado la elite chilena durante los últimos 20 años para frenar reformas que aumenten los impuestos. Analiza el poder de este grupo, las debilidades de las alianzas de centro-izquierda que han gobernado y evalúa las reformas aprobadas comparándolas con las que se lograron en Argentina y Bolivia en estos mismos años.

Esta mirada implica un límite claro: Fairfield no busca determinar si es bueno para el crecimiento que haya alta desigualdad o si al combatirla con impuestos, el crecimiento se reduce, aspectos que han suscitado largos debates entre economistas y sigue siendo opinable. Su investigación apunta a describir y analizar las estrategias que usó la elite chilena para imponer su idea de bajos impuestos para los más ricos, idea contraria a lo esperable en un país donde la mayoría gana menos que el ingreso medio y que ha sido gobernado por una coalición de centro izquierda. Es decir, investigó qué permitió que las estrategias de la elite chilena fueran exitosas.

Lo anterior no quiere decir que Fairfield no sea crítica del sistema tributario chileno y, particularmente, de cómo opera el FUT, esa exención tributaria que permite a los dueños de las empresas posponer el pago de impuestos cuando reinvierten parte de sus utilidades. Fairfield dijo a CIPER que el sistema tributario puede influir en nuestra elevada desigualdad pues “los dueños del capital encontraron muchas maneras de consumir las utilidades sin retirar formalmente las ganancias, es decir sin pagar el correspondiente impuesto”.

Sobre el FUT precisó que sus investigaciones con Jorratt mostraron que el FUT tiene una muy débil correlación con la inversión. Y aunque precisa que es necesario investigar más profundamente en qué se usa realmente el FUT, los datos disponibles hoy indican que ese dinero no está en inversión productiva, sino especulativa.

En el estudio con Jorratt de 2014 menciona que el sistema también ofrece fuertes incentivos para la evasión y que probablemente eso aumenta la desigualdad. Dice que en 2005, solo el 35% de los beneficios distribuidos por las empresas fue declarado al Servicio de Impuestos Internos (SII). Pero poco pudo hacer el SII, pues la autoridad tributaria estaba mal equipada para controlar esta “extensiva evasión, porque la gran mayoría de los negocios estaba organizado como sociedades cerradas”.

Esta posibilidad de evasión, agrega el estudio, no solo está a disposición de las empresas, sino de los profesionales mejor remunerados (médicos, arquitectos, ingenieros y rostros de televisión que recurren a estos tipos de sociedades, ver reportaje de Ciper). Estos profesionales y los inversionistas que recurren a estas estrategias “tienden a ser mucho más ricos que los trabajadores dependientes, cuyos impuestos son automáticamente descontados de sus rentas”, escribe Fairfield en su libro. El resultado de esto, es que “en promedio, la tasa de impuesto al ingreso pagado por los chilenos más ricos es muy baja”.

¿Cómo pudo la elite chilena mantener estos entramados legales tan beneficiosos durante lo que va de la democracia? Fairfield estima que se debe principalmente a tres motivos: su firme unión en torno al principal gremio empresarial, la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC); contar con partidos políticos, particularmente la UDI, que representan sus intereses en el Congreso; y el miedo que tuvo la Concertación a entrar en conflicto con la elite y que llevó a sus gobiernos a abstenerse de legislar en el tema tributario o a ofrecer importantes compensaciones cuando aumentó los impuestos.

CPC: UN CUERPO, UNA VOZ

En la línea en contra del alza de impuestos, Fairfield destaca que la elite chilena ha sabido limar sus diferencias internas y presentarse unida ante cualquier avance en esta área. El punto de convergencia ha sido durante décadas la CPC. Citando otras investigaciones (como el libro de Ben Schneider: Negocios Política y Estado en la América Latina del Siglo Veinte), Fairfield argumenta que la fuerza de la CPC, la más antigua y una de las más fuertes de la región, proviene de su habilidad para hacer lobby en asuntos de común preocupación para los empresarios y lograr consensos.

Un ex presidente de la CPC le dijo a Fairfield: “La gente de negocios en Chile está absolutamente unida. Nosotros podemos disputar cientos de cosas, pero cuando es necesario pasar a la acción en situaciones complejas, el mundo empresarial tiene una sola voz. Y eso ha sido así desde que la CPC existe”.

Esa unión, dice Fairfield, distingue a la elite chilena de la argentina o boliviana. En esos países, la atomización de los empresarios permitió a los gobiernos acordar alzas para algunos sectores sin que los otros empresarios intervinieran. En Chile, en cambio, el alza de los tributos en un sector (como hizo Ricardo Lagos con la minería) provocó siempre la reacción del conjunto de los empresarios, pues como le explicó a Fairfield un ex gerente de la CPC, el rechazo de los impuestos “es un asunto de principios”.

Esos principios, explica Fairfield, también ayudan a cohesionar a los empresarios en torno a la CPC y son en esencia convicciones antiestatistas, tales como entender los impuestos como una forma de expropiación, e insistir en que el Estado no debe crecer. Siguiendo a autores como Eduardo Silva (Negocios, reestructuración económica y redemocratización en Chile, 1998), sugiere que la cohesión en torno a estas ideas se origina en el fin de la dictadura de Pinochet, cuando los líderes del mundo de los negocios asumieron que les correspondía a ellos tener un rol de guardian en defensa de las políticas económicas que impuso ese gobierno.

PARTIDOS AL SERVICIO DE LA ELITE

Agustín Squella
Agustín Squella

Según Fairfield, otro elemento que le ha permitido a la elite frenar cualquier aumento tributario, es contar con colectividades como Renovación Nacional (RN) y la Unión Demócrata Independiente (UDI) que han actuando coordinadamente con los gremios de los empresarios. En una reciente columna el Premio Nacional de Ciencias Sociales, Agustín Squella, se refirió a esta relación en duros términos. La llamó “La otra colusión” (aludiendo a la colusión del papel higiénico) y escribió: “Me refiero a la que existe entre la derecha económica y la derecha política y la actuación de esta última como brazo electoral y defensora de los intereses de la primera, aunque declamando a cada rato que lo que defienden son los intereses del país y no los de los dueños del capital y las personas de mayores ingresos“.

En su libro, Fairfield explica que la relación entre empresarios y partidos está cimentada en convicciones ideológicas y lazos familiares, otra ventaja que la elite chilena ha tenido sobre sus pares boliviana y argentina: “La elite económica en Chile ha tenido múltiples, fuertes e institucionalizadas fuentes de poder que han incluido lazos con los partidos de derecha que han desincentivado a los gobiernos a hacer reformas tributarias que no sean aumentos marginales de los impuestos. En Argentina la elite carece de estos contactos y su poder es menor, por lo que los gobiernos son capaces de realizar legislaciones tributarias más contundentes”.

Usando diversas fuentes sugiere que el servicio que la derecha presta en la defensa de los intereses de las empresas, es retribuido en forma de financiamiento. Durante estos 20 años la derecha política “disfrutó del constante apoyo del mundo de los negocios”, escribe la investigadora. Este apoyo se representó, por ejemplo, “en el respaldo público de los presidentes de la CPC a los candidatos de la derecha, desde Büchi en 1989 hasta Lavín en 1999”.También repara en que los ex presidentes de la CPC, Walter Riesco y Ricardo Ariztía, se proclamaron abiertamente como hombres de derecha y leales a Pinochet, mientras que José Antonio Guzmán fue miembro del comité político de la Alianza.

Fairfield cita al académico de la UC Juan Pablo Luna (Segmented Party Voter Linkages in Latin America: The Case of the UDI, 2010), quien estima que las donaciones privadas que recibió la derecha superaron cuatro veces las donaciones que recibió la Concertación en las presidenciales de 2005. La investigadora argumenta que, como consecuencia de este flujo, al menos hasta mediados de los ‘90 los empresarios “intervinieron con regularidad en los partidos, imponiendo sus candidatos favoritos”. Es esta práctica, recuerda Fairfield, la que llevó a llamarlos “poderes fácticos”. El partido más favorecido con estos aportes fue la UDI, el cual según el citado Luna, durante la dictadura “fue capaz de construir una maquina clientelística usando los recursos del Estado…” y durante la transición “dependió de las donaciones privadas para alimentar su trabajo en terreno”.

Fairfield agrega finalmente que hay antecedentes que sugieren que las empresas financian generosamente a los think tank de la derecha, especialmente a Libertad y Desarrollo, organización que una fuente empresarial recogida por Fairfield define como “el engranaje que articula el mundo de los negocios con el mundo político”.

Esta coordinación entre empresarios y derecha política operó muy eficazmente para detener las reformas tributarias. Fairfield cita una entrevista que le hizo a un alto funcionario del SII donde éste describe las dificultades que tuvo para lograr la reforma antievasión de 2001: “La derecha y los líderes empresariales son la misma cosa… Y no sabía si debía negociar con el senador líder de la oposición o con el presidente de los empresarios. A veces, tenía que negociar con los dos porque ellos trabajaban juntos. A veces, ellos estaban en las mismas reuniones diciendo lo mismo… se coordinaban y eso era público, no era algo escondido”.

Como en buena parte de las últimas décadas la derecha ha tenido más representación en el Senado, la investigadora nota que es allí donde han aparecido las modificaciones más significativas a las reformas tributarias. El Senado, dice Fairfield, suele negociar modificaciones “para aplacar a la derecha y, a veces, para mantener la disciplina dentro de la coalición de gobierno”. Este último aspecto lleva al tercer motivo por el que la elite ha sido tan exitosa en frenar impuestos más altos en Chile: la necesidad de la Concertación de buscar el apoyo de la derecha para las reformas económicas.

“CONSENSUS STYLE”

Esa necesidad de lograr acuerdos –explica Fairfield- implicó el desarrollo de un esquema de consultas informales con las asociaciones empresariales para “evitar los conflictos con los empresarios en áreas que afectan sus intereses básicos, con el fin de no perturbar la cooperación productiva en otros asuntos”. Este esquema restringió la agenda tributaria. Por una parte, el Ejecutivo podía anticipar que los aumentos tributarios iban a enfrentar una coordinada oposición de la derecha y de los empresarios, y si no se contaba con la cantidad suficiente de votos, la reforma era dejada de lado. Por otro, si se tenían los votos, se sentía la necesidad de llegar a acuerdos con la derecha, lo que implicaba moderar las reformas o entregar compensaciones.

¿Qué motivaba esta actitud? La investigación de Fairfield sugiere que, por una parte, la Concertación acarreaba un gran miedo a generar conflictos con la derecha y el mundo empresarial, fruto de la experiencia de la Unidad Popular y del Golpe de Estado. Por otra, el fuerte crecimiento que tuvo Chile durante las primeras dos décadas de democracia hicieron que la Concertación fuera reacia a generar cambios que afectaran ese crecimiento. Ese temor (“aversión al conflicto” lo llama Fairfield) se potenciaba por amenazas directas hechas por los empresarios. Según le reconoció Alejandro Foxley, ex ministro de Hacienda de Patricio Aylwin (1990-1994): “El mundo empresarial amenazaba con que al día siguiente de la aprobación de la reforma ellos pararían de invertir. Pero al año siguiente y al siguiente hubo record de inversión privada”.

Una fuente reservada que Fairfield describe como “un influyente hombre negocios que tuvo un rol importante oponiéndose a esa reforma”, le reconoció a la investigadora que el cambio tributario que empujaron Aylwin y Foxley “fue una reforma perfectamente manejable… y al final, mejoró la productividad de los negocios”. Pese a eso, ni la empresa dejó de oponerse a nuevas reformas ni la Concertación aumentó su confianza en ese tipo de medidas. Por el contrario, a partir de los ’90, la Concertación adquirió la costumbre de consultar con la CPC las reformas económicas que quería impulsar.

TashaFairfield-PrivateWealthPublicRevenueLa conexión entre el gobierno y los empresarios –afirma Fairfield- se volvió un mecanismo gravitante para impedir reformas, pues “frenó al gobierno de perseguir alzas significativas de impuestos, debido a que el conflicto por los impuestos tenía el potencial de poner en peligro el apoyo de los empresarios en periodos críticos, o de dañar la productiva interacción entre gobierno y empresarios en otros temas”.

El trabajo de Fairfield deja en evidencia que esta lógica se impuso aún cuando los responsables económicos y políticos de los gobiernos de la Concertación estaban conscientes de que varias normas del sistema tributario no tenían otra razón de ser que favorecer a la elite. Por ejemplo, la diferencia de tasas entre lo que pagan los dueños de las empresas (40%) y lo que pagan las empresas (17%).

Entrevistado en 2007, un alto funcionario del ministerio de Hacienda dijo a Fairfield que el argumento de los empresarios para mantener esa diferencia era que favorecía la inversión, lo cual era “una falacia”. Para este funcionario, en vez de generar inversión en bienes productivos, “simplemente facilita la evasión y la elusión”. No eran creíbles las amenazas de que el impuesto a las empresas desincentivaría la inversión: “Ellos (los empresarios y la derecha) dicen que la economía se va a detener, que la inversión se va a detener, que las pequeñas y medianas empresas van a colapsar. Esos argumentos no tienen sentido”.

Pese a esas convicciones, solo en 2015 Bachelet logró reducir parcialmente la brecha entre esas tasas. No logró eliminar completamente el FUT, que también era objeto de fuertes cuestionamientos desde que un estudio de Jorratt en 2007 lo asoció con el problema de la desigualdad. Las dos últimas respuestas de Tasha Fairfield, aportan su mirada sobre estos dos puntos.

-¿Por qué pudo Bachelet hacer una reforma que no se había logrado hacer en 20 años?
-Sin duda el movimiento estudiantil fue un real punto de quiebre que generó la fuerza necesaria para contrarrestar la fuerza de la elite.

-La derecha argumenta que una reforma basada en los reclamos de la calle no es técnica, es populista. ¿Qué le parece a usted?
-Yo diría que a consecuencia del movimiento estudiantil se extendió una clara demanda de reforma del sistema social. Una de las cosas que las personas buscan con el desarrollo es un razonable estado de bienestar. Y la primera pregunta en esas circunstancias es cómo se puede responder a las demandas de las personas; la segunda es de dónde vamos a sacar los recursos para los programas que se quieren ofrecer. En ese sentido, parece bastante lógico recurrir a una reforma tributaria dado que hay muchos ingresos acumulados en el 1% más rico de la población y es natural que el gobierno mire hacia allá para financiar programas.

 Vea aquí todos los diálogos con académicos realizados por el periodista Juan Andrés Guzmán

Académico de Harvard desmenuza la cultura empresarial chilena que frena el crecimiento

(desde Bristol, Inglaterra)

Uno de los pocos acuerdos que tenemos hoy en Chile es que la educación (ya sea gratuita o pagada) es la llave que nos permitirá dar un salto en el desarrollo. La idea resulta tan evidente que no requiere grandes argumentaciones: una población mejor preparada será capaz de competir de mejor manera en lo que se llama la sociedad del conocimiento. Y si cabe alguna duda, basta ver que los países que mejor desempeño tienen en pruebas internacionales de lenguaje o matemáticas, como Pisa o Timss, están entre las economías avanzadas. Por ejemplo, Corea, Finlandia, Taiwán, China, Suecia, etc.

Ricardo Hausmann, economista venezolano, director del Centro para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard, cree que estamos profundamente equivocados en ese análisis. Sus argumentos están expuestos en una columna que escribió hace un par de meses  y que se apoya en una influyente investigación del economista del Banco Mundial, Lant Pritchett, publicada en 2001. Pritchett sugirió, tras estudiar el comportamiento de las economías en desarrollo, que no había asociación entre el aumento de la educación y el crecimiento y tituló su artículo “¿Dónde se fue la educación?”, evidenciando sorpresa por los datos obtenidos. Desde entonces, la poca relación que hay entre ambas variables ha encontrado nuevas evidencias, por lo que Hausmann titula su columna sin ambages: “El mito de la educación”.

Hausmann cita como ejemplo el caso de China, que en 1960 tenía un nivel de educación mucho más bajo que Túnez, México, Kenia o Irán y, sin embargo, logró crecer a tasas mucho más altas que ellos. A China se pueden agregar Taiwán y Corea, citados por el economista de Cambridge, Ha-Joon Chang, en su libro súper ventas “23 cosas que no te cuentan sobre el capitalismo”.

Ricardo Hausmann
Ricardo Hausmann

Ha-Joon Chang muestra que en 1960 Taiwán tenía un 54% de alfabetización y Corea un 71%, mientras que Argentina los superaba con un 91%. Pese a esa posición desventajosa, ambas naciones asiáticas comenzaron a crecer, mientras que el mejor nivel educacional de Argentina no le permitió seguir entre los más ricos del mundo, posición que ostentaba entonces. Taiwán pasó de un PIB per cápita de U$122 en 1960, a U$22.000 en 2015, según el Banco Mundial. Y Corea pasó de un PIB per cápita de U$82 a sus actuales U$28.000. Argentina, en tanto, se quedó atrás subiendo de U$378 a sus actuales U$ 13.000, el mismo nivel de Chile.

A partir de esos datos, Chang sugiere que no es la educación la que empuja a los países a crecer, sino que es el hecho de haber crecido el que permite tener suficientes recursos para ofrecer mejor educación a sus ciudadanos. O como lo plantea Hausmann en una entrevista reciente: “el aparato productivo puede tirar de la educación, pero la educación no puede empujar al aparato productivo… gigantescos aumentos de esfuerzo en educación han tenido muy pequeños efectos en crecimiento y muchos de los países que más crecieron no se destacan como países que hayan invertido de manera especial en educación”. Por ello, insiste en su columna: “Necesitamos una estrategia de crecimiento que nos haga más productivos, y así podamos generar los recursos necesarios para invertir más en la educación de la próxima generación”.

De todo esto no se debe concluir que Chang o Hausmann piensen que, dado que la educación no parece generar riqueza, hay que dejar de promoverla. Ambos estiman que la educación tiene un valor en sí misma, y que debe potenciarse por distintos motivos, entre los que está la libertad que produce en las personas o la forma en que el pensamiento crítico e informado beneficia a la democracia. Lo que sí sugieren es que la educación no es tan efectiva como queremos creer para resolver el problema de pobreza material. Es decir, que educación y prosperidad son asuntos distintos, o vinculados de una manera más sutil, por lo que la defensa de la educación no puede contar con la argumentación económica y la promoción del crecimiento no se puede fundar en la educación.

Pero si no es a través de la educación, ¿cómo se empuja el crecimiento? La pregunta es especialmente elusiva. Ambos economistas sugieren de partida que no se requiere tener una población extremadamente bien educada para que el país sea muy productivo. “En muchos tipos de trabajo lo que importa es tener una inteligencia normal, disciplina y organización, más que conocimientos especializados que además se aprenden en el trabajo… la clave no es la educación, sino cuán bien los ciudadanos están organizados en entidades colectivas con alta productividad”, argumenta Chang.

“Me sorprende lo bajísima que es la inversión en investigación y desarrollo de las empresas chilenas a pesar de contar con el FUT. Eso no es un problema de estímulos, sino de cultura empresarial”.

Hausmann apunta en el mismo sentido: “La producción moderna requiere de conocimientos que no caben en la cabeza de una sola persona”, por lo que es en esencia un asunto organizacional. Comparando la producción con la música, Hausmann sugiere que los países pobres usan pocos instrumentos para tocar melodías muy simples y los países ricos usan más recursos y talentos para interpretar sinfonías. Esa complejidad ocurre, en gran medida, al interior de las empresas.

“La mayoría de las habilidades que posee una fuerza laboral, las adquiere en el propio trabajo. Lo que una sociedad sabe hacer, se sabe principalmente dentro de sus empresas, no en sus escuelas”, dice Hausmann. Chang apunta que eso vale para todos los trabajadores, incluso para quienes se han graduado de las universidades, cuyo valor de mercado no está en lo que saben específicamente, sino en que su título, cuando proviene de una institución exigente, le dice a su empleador que se trata de alguien lo suficientemente listo, organizado y metódico para aprender cosas complejas y que, por lo tanto, puede aprender el negocio de esa empresa.

Dado este rol central de la empresa, cuando se habla de crecimiento, Hausmann centra su análisis en cuánta innovación integran en sus procesos productivos y cómo esta innovación se expande dentro de la economía. Justamente es ahí donde Hausmann ubica la principal razón del bajo crecimiento de Chile: en la incapacidad de las empresas de abrirse a nuevos negocios y en la incapacidad de la sociedad de crear las condiciones para que los empleados se independicen y emprendan.

-Para los empresarios y la oposición el problema del crecimiento en Chile se debe a la incertidumbre que sienten los empresarios por las reformas que se están llevando adelante. ¿Está de acuerdo?
La razón de fondo por la que Chile no crece es porque no hay industrias competitivas con las cuales pueda crecer. El problema de Chile es que el precio del cobre cayó y la economía no tiene otra cosa que la jale. Y las cosas que no son cobre son los mismos arándanos que ya tienen 30 años. El empresario chileno no sabe, no tiene el know how, está formado por los mismos pocos jugadores que tratan de hacer las mismas cosas. Yo siempre he pensado que lo que Chile está enfrentando es un problema de crecimiento de largo plazo que estuvo escondido por el boom de las materias primas y por el terremoto, que hizo que el gobierno de Sebastián Piñera gastara una fortuna en construcción. Ese gobierno se llenó la boca diciendo que la economía estaba creciendo, pero mucho de eso estaba multiplicado por los gastos de reconstrucción. Insisto: Chile tiene un problema de crecimiento y no de reparto. Y por eso la agenda de la Presidenta Bachelet, en mi opinión, se quedó fuera del tiempo.

“La mayoría de las nuevas empresas las crean personas de entre 35 y 45 años que llevan 20 años de experiencia laboral en una empresa exitosa y que deciden independizarse”.

Al error en la mirada del Estado, Hausmann suma otro factor que le parece aún más importante en Chile, país que define como laissez-faire en extremis, donde la injerencia pública es muy reducida. La causa de la incapacidad de innovar, dice Hausmann, es la cultura empresarial que él describe como “extremadamente cerrada”. Los empresarios chilenos, enumera, “vienen de los mismos 3 ó 4 colegios, de dos universidades, de los mismos apellidos” y tienen dificultades para relacionarse con los que no pertenecen a su mundo. Esta característica, enfatiza el economista, hace que Chile sea un país que “no da oportunidad de movilidad a su propia gente y no se beneficia del talento que existe en el resto de los países”.

Hausmann se sorprende, por ejemplo, con la falta de empresarios extranjeros en Chile:

-En Estados Unidos, el porcentaje de inmigrantes entre los emprendedores es altísimo; este país no podría ser lo que es si se basara solo en el talento de la gente nacida en su territorio. Por dar dos ejemplos, la mayor parte de los que crearon Silicon Valley o la Ruta 128 en Boston (otro pujante centro tecnológico) son extranjeros. Chile, en cambio, no se ha beneficiado de la inmigración de talentos y eso es para mí un plomo en el ala a las posibilidades de diversificación. Aquí en Harvard yo he estado  haciendo con mis colegas estudios que muestran que las tecnologías se difunden cuando las personas con el conocimiento se mueven de un país a otro. Cuando se observa los bajos niveles de investigación que tiene Chile, uno se da cuenta de que está entrando poca tecnología por esa vía. Por eso Chile hace tan pocas cosas y, por eso, a pesar de ser un país que hace dos siglos es productor de minería, depende de manera fundamental de la inversión extranjera en esa área y no tiene empresas multinacionales, salvo el caso relativamente modesto de Antofagasta Minerals. Eso muestra una sociedad que no se toma en serio la inversión en tecnología, la inversión en know how, en capacidades, en cambiar la forma de hacer las cosas.

“Me parece que de las ideas más peligrosas es aquella de que la empresa hay que manejarla para beneficio de sus accionistas. Es una idea que impulsó mucho Milton Friedman, que fue profesor de gente muy importante en Chile”.

En ese sentido a Hausmann le llama mucho la atención lo que ha ocurrido con el FUT, una política por inversión que permite posponer el pago de impuestos a las empresas que invierten. Según investigaciones del ex director del Servicio de Impuestos Internos, Michel Jorratt, la mayor parte del FUT termina en sociedades de inversión y se usa en la compra de instrumentos financieros; también se afirma que otra parte se utiliza para comprar activos fuera de Chile.

-¿Es igualmente positivo para Chile que los impuestos pospuestos se gasten en acciones o en depósitos en Islas Caimán y no en maquinaria o investigación?
-Para mí un primer criterio es que como mínimo los empresarios invirtieran el FUT en formación bruta de capital fijo (maquinarias o edificios), o en investigación y desarrollo. La inversión financiera no tiene tanto sentido, porque si se hace afuera, es inversión fija en otro país.

-¿Es como llevar la riqueza afuera?
-Claro. Entonces, la idea que le da legitimidad al FUT es que el gobierno diga: “yo no te voy a cobrar impuestos siempre que inviertas en tu empresa en formación bruta de capital fijo o en investigación y desarrollo”. El gobierno puede cobrar los impuestos hoy o mañana, pero preferirá cobrar mañana si es que cobra más. Y si la empresa se vuelve más productiva y rentable en el futuro, el gobierno va a participar de esa mayor utilidad. Por eso, en la mayoría de los países de la OECD el tratamiento tributario de la investigación y el desarrollo es más generoso, porque tiene externalidades, genera ciertos bienes públicos, etc. A mí me sorprende lo bajísima que es la inversión en investigación y desarrollo de las empresas chilenas, a pesar de contar con este tratamiento fiscal especial que es el FUT. Eso no es un problema de estímulos, sino de cultura empresarial.

DE DÓNDE SALEN LAS NUEVAS EMPRESAS

Otro gran daño que produce la cerrada cultura empresarial chilena, dice Ricardo Hausmann, es que excluye a los chilenos talentosos que no se formaron en los mismos espacios de la elite. Argumenta que en el Chile actual siguen siendo válidos los hallazgos de los economistas Javier Núñez y Roberto Gutiérrez que en 2004 mostraron como el apellido pesaba más que el rendimiento académico en el ingreso de un profesional.

“A mí me gustaría exigir a las empresas chilenas que, para obtener el respaldo de la sociedad a la que pertenecen, informen cuántos empleos crearon, cuántos impuestos pagaron, cuántas divisas generaron y sobre todo, cuántas empresas fueron creadas por trabajadores que se formaron en esa empresa”.

Decía ese estudio: “Un estudiante de mediocre desempeño académico proveniente de una comuna y colegio de origen socioeconómico alto y dotado de una ascendencia de origen socioeconómico superior, tendrá un ingreso estadísticamente mayor que un estudiante de alto rendimiento académico proveniente de una comuna pobre y colegio público, sin ascendencia vinculada al estrato socioeconómico alto […] Además, el empleado hipotético de peor desempeño académico, formado en un ambiente privilegiado, tiene una probabilidad de ganar estadísticamente más que una amplia variedad de estudiantes de excelencia formados en ambientes socioeconómicos promedio. Este ejercicio da cuenta claramente de que el origen socioeconómico es relativamente más importante que el desempeño académico en la determinación de salarios en el mercado laboral.”

-En Chile hay completa libertad de invertir y existen muy pocas regulaciones. ¿Cómo opera esa cultura empresarial para excluir a los que no son del club?
-En primer lugar, hay un asunto regulatorio de tipo cultural. Esto tiene que ver con quién vas a invertir, a quién estás dispuesto a abrirle puertas, a quién vas a darle créditos, a quién vas a invitar a cenar. Es un asunto de relaciones en la sociedad. Porque un emprendedor tiene que juntar una red de gente dentro de su empresa y también afuera que lo apoye, y tener capacidad de acceder al mercado financiero. Si a los que vienen de afuera, por ejemplo, no les abren las puertas, ellos no pueden hacer mucho. El problema en Chile no son las barreras que crea el gobierno, el problema son las oportunidades que se crean en la interacción en la sociedad.

La creación de nuevas empresas se ve afectada por esta cultura que describe Hausmann, quien explica que la mayoría de las personas cree erróneamente que las nuevas empresas las forman jóvenes informáticos en el garaje de la casa:

-Eso existe, pero es una parte pequeña de la economía. La mayoría de las nuevas empresas las crean personas de entre 35 y 45 años que llevan 20 años de experiencia laboral en una empresa exitosa y que deciden independizarse. Es decir, las empresas del futuro que Chile necesita van a ser creadas por señores que hoy son empleados en las empresas exitosas.

“La mayoría de las habilidades que posee una fuerza laboral, las adquiere en el propio trabajo. Lo que una sociedad sabe hacer, se sabe principalmente dentro de sus empresas, no en sus escuelas”

El punto es que si esas personas no tienen el apoyo para emprender, no darán el salto y las empresas que necesitamos para crecer, no serán creadas. Eso es lo que Hausmann cree que ha estado pasando en Chile:

-El nacimiento de nuevas empresas es un acto de grandísimo riesgo. Y si la sociedad no está organizada para minimizar la mortalidad de empresas en sus primeros momentos, la gente se arriesgará menos y eso se traducirá en una sociedad relativamente poco dinámica en su creatividad.

Esta mirada plantea algo paradójico: el apoyo que esos nuevos emprendimientos necesitan está en las compañías de hoy, que pueden ser sus eventuales competidoras. Y es ahí donde el economista Ricardo Hausmann se pregunta, por ejemplo, cómo reacciona el empresario chileno cuando un empleado le dice que va a formar su propia empresa:

-Hay dos opciones, una es que le diga “te entiendo, me parece magnífico, cuenta con mi apoyo, dime en qué te puedo ayudar, y si fracasas, esta será tu casa”. La otra es, decirle: “no me hagas eso, si quieres te subo el sueldo, pero si te vas no me vuelvas a dirigir la palabra y si vas a competir conmigo, te mato”. Esa es una diferencia cultural fundamental.

Las diferentes actitudes marcan para Hausmann una frontera. A un lado están las empresas para lo cual lo único y más importante es la rentabilidad inmediata; al otro, empresas que quieren liderar cambios en su comunidad:

-Me parece que de las ideas más peligrosas es aquella de que la empresa hay que manejarla para beneficio de sus accionistas. Es una idea que impulsó mucho Milton Friedman, que fue profesor de gente muy importante en Chile, pero una mirada muy centrada en el retorno a los accionistas no genera las relaciones de confianza que son necesarias para administrar organizaciones complejas. Una organización necesita la buena voluntad de sus trabajadores, de sus vecinos, de sus proveedores, de sus financistas, de sus clientes, y hay que lograr que todos estos actores se sientan comprometidos con la organización. Pienso que la buena voluntad que la sociedad chilena sienta hacia la empresa chilena depende un poco de la construcción de esa buena voluntad por parte del sector empresarial. No se va a ganar la confianza de todos estos actores si la empresa dice: me interesa tres pepinos la comunidad, porque solo tengo que rendir cuentas a mis accionistas. Es una estrategia muy contraproducente.

-¿Por qué esa cultura empresarial podría querer moverse hacia un tipo de desarrollo distinto? Pareciera que la realidad actual, con inversión en materias primas, sin innovación, sin mucha competencia, es una situación que les es muy cómoda.
-Las empresas cambian por las exigencias de su entorno. A mí me gustaría exigir a las empresas chilenas que, para obtener el respaldo de la sociedad a la que pertenecen, informen no solo cuánto dinero regalaron a través de la responsabilidad social empresarial a  una escuela determinada, lo que está muy bien aunque típicamente se gasta más plata en publicitar las cosas que hacen. Me parece más importante que digan cuántos empleos crearon, cuántos impuestos pagaron, cuántas divisas generaron y, sobre todo, cuántas empresas fueron creadas por trabajadores que se formaron en esa empresa. Me gustaría ver un sector privado chileno que se preocupe de que haya más empresas exitosas y que se muestre dispuesto a ayudar a las personas que han formado dentro de su organización, para que sean el semillero de futuras empresas exitosas.

 

 Vea aquí todos los diálogos con académicos realizados por el periodista Juan Andrés Guzmán

Caso HSBC deja en evidencia las debilidades del sistema y pone a prueba la reforma tributaria

Casos como el del banco HSBC, con su desfile de millonarios, paraísos tributarios y secretos bancarios, constituyen un verdadero test de esfuerzo para los sistemas impositivos, pues desafían las normas que los rigen y la convicción que tienen sus autoridades para combatir el uso de mecanismos elusivos. En el caso chileno, el HSBC pondrá a prueba la solidez de la recién aprobada reforma, y desde la hora cero ha dejado a la vista sus contradicciones.

La reforma debutó con una amnistía a los contribuyentes que no han declarado sus dineros en el exterior, por lo que si hay clientes del HSBC que hayan cometido algún ilícito, podrían regularizar su situación durante 2015. Por eso, a la larga la investigación anunciada por el Servicio de Impuestos Internos (SII) podría terminar sin ninguna sanción (ver recuadro de reportaje de CIPER). Además, el SII debe ser capaz de demostrar que los contribuyentes aumentaron su patrimonio para poder sancionarlos y no es tan claro que sea fácil, pues los titulares de las cuentas muchas veces son sociedades en paraísos fiscales. La simulación para ocultar patrimonio y eludir impuestos recién será sancionable a partir de octubre y sin efecto retroactivo.

Por otro lado, la amnistía permitirá incluir como dinero tributable un monto indeterminado que hoy está en el exterior –se calcula que son unos US$ 50 mil millones los que hay fuera, pero sólo se espera que alrededor de US$ 1.500 millones se acojan al beneficio–, y que por lo tanto se le cobre impuestos desde 2016.

La sola existencia de la amnistía deja en evidencia que la ley tributaria no daba herramientas para indagar los millonarios capitales que se encuentran afuera. El impulsor de esta norma transitoria, el senador socialista Juan Pablo Letelier, se impuso sobre muchos que creían que se usaría para blanquear dineros ilícitos. Para él, lo importante era la posibilidad de “transparentar” y no discutir si esos dineros “salieron a la mala”. Esto último le parecía “una discusión bizantina”, puesto que a su juicio había un vacío en la ley y “los capitales salieron en forma lícita” (ver entrevista).

Juan Pablo Letelier
Juan Pablo Letelier

Esta prueba de pragmatismo tributario convive con otra parte de la reforma que cambia uno de los ejes centrales del sistema: durante la última década la justicia chilena estimó que la frontera de lo que es bueno o malo en tributos se podía mover con astucia. La reforma establece que la astucia ya no será bien vista. Y que la herramienta tributaria con la que operaba, la elusión, será perseguida. Aunque ha sido poco discutido, este cambio es central pues le da otra orientación al sentido en que opera el sistema tributario.

Entre los mecanismo que ha permitido hasta ahora el actuar con astucia (ver nota de CIPER con los detalles de estos mecanismos), hay varios que pueden haber sido usado por algunos de los 428 millonarios chilenos que figuran en la lista del HSBC. Uno de ellos consiste en sacar los dineros desde Chile con destino a paraísos fiscales y volver a entrar al país disfrazado de inversionista extranjero, usando los camerinos y la indumentaria legal que ofrecen los paraísos tributarios. El diseño no solo permite eludir una variada gama de impuestos, sino profitar de las garantías y beneficios con que ese tipo de inversiones son bienvenidas en nuestro país. Esto podría ser una de las explicaciones del extraño hecho de que en 2012 la pequeña isla de Bermuda –famoso paraíso tributario- figuró como el tercer mayor inversor en Chile según un informe de la OCDE hecho usando datos del FMI.

En teoría, la reforma tributaria recién aprobada entrega herramientas para sancionar las simulaciones, entendidas como diseños que disminuyen la carga impositiva a través de estructuras jurídicas. Sin embargo, para poder aplicar esta lógica a diseños tributarios montados sobre paraísos fiscales, el SII necesitará información real sobre sociedades y cuentas corrientes de chilenos en el exterior. Esa información hoy está sólo parcialmente disponible y no es claro que esa situación vaya a cambiar realmente con la nueva normativa. Este hecho abre una interrogante sobre las posibilidades reales de éxito de la reforma cuando se considera que los paraísos tributarios se han incorporado con fuerza al diseño de negocios de la elite chilena, como lo muestra la el caso HSBC.

CREATIVIDAD TIRIBUTARIA

La elusión de impuestos plantea un enorme desafío a los sistemas tributarios de todo el mundo. Mientras la evasión se comete cuando se quiebra la ley, la elusión es más difícil de perseguir pues consiste en cumplir la letra de la ley, pero vulnerar su espíritu. Es muy frecuente que autoridades y los mismos elusores expliquen esta práctica como problemas en el diseño de la ley, vacíos que son el resultado de errores de los legisladores y frente a los cuales el contribuyente se siente con derecho a preguntarse, ¿por qué voy a pagar más impuestos si la ley me permite pagar menos?

Ese razonamiento ha dominado el mundo de los negocios y eso explica por qué, durante la última década multinacionales como Google, Starbucks, Apple, Amazon, IKEA, FedEx, y Pepsi, entre otras respetadas firmas han sido sorprendidas eludiendo los impuestos en los países donde obtienen sus utilidades. En 2011 la autoridad tributaria inglesa, HM Revenue & Customs, estimó la elusión en £4 mil millones (casi $ 4 billones). En 2010 una comisión del Senado estadounidense estimó la elusión en US$11 mil millones (unos $7 billones). En los países en desarrollo el impacto es mucho mayor. Según un estudio de Global Financial Integrity (GFI), en 2012 US$ 991 mil millones salieron de los países en desarrollo a través de flujos financieros ilegales (concepto que agrupa elusión, evasión y lavado de dinero) y llegaron principalmente a bancos en Estados Unidos, Inglaterra y a paraísos tributarios como Islas Vírgenes o Singapur (ver reporte). Este monto es nueve veces más que los cerca de US$ 110 mil millones  que envían de vuelta los países desarrollados en donaciones humanitarias cada años (ver informe de la OECD). Chile no se salva en esta materia: el actual director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Michel Jorrat, ha estimado que la evasión del impuesto a la renta es del 46%.

Investigadores en el tema como la abogada de la universidad de Oxford Doreen McBarnet (ver artículo: Cuanto el cumplimiento no es la solución sino el problema) piensan que describir la elusión como defectos “en la ley” es poco preciso. Para ella la elusión implica un agresivo escaneo de las normas con el objetivo de encontrar material para construir interpretaciones distintas a las que la ley buscaba cuando fue creada. McBarnet llama a ese proceso “cumplimiento creativo” y conlleva ver la ley como un material con el cual se puede trabajar y no como algo con lo que hay que cumplir. El matiz tiene efectos cruciales, pues si la ley es la frontera que las sociedades ponen para separar lo aceptable de lo inaceptable, el “cumplimiento creativo” mueve esa frontera sin ningún debate público y solo para el provecho de unos pocos. La elusión, desde esa perspectiva, no es muy distinta a la evasión ni en los objetivos que persigue ni en el daño social que produce.

Michell Jorrat
Michell Jorrat

La reforma chilena adoptó este foco de análisis con la aprobación de un conjunto de normas anti-elusión, enfocadas en perseguir el empleo abusivo de los entramados jurídicos. Se pone fin así a un largo periodo en el que la ley valoraba la creatividad legal, como consignó la Corte Suprema en un fallo de 2003 (el recurso de casación que ganó la Sociedad Inmobiliaria Bahía S.A., rol Nº4038-01) donde sostuvo que la elusión tributaria era “evitar algo con astucia, lo que no tiene que ser necesariamente antijurídico, especialmente si la propia ley contempla y entrega las herramientas al contribuyente”.  Aunque en Chile los fallos no constituyen un precedente jurídico, el hecho de que la Suprema aceptara la “astucia” como estrategia tributaria válida, dio luz verde para que los disfraces se expandieran y se aceptara como normal que “los perros tributaran como gato”, según una didáctica explicación del ex ministro de Hacienda Nicolás Eyzaguirre, cuando en 2000 presentó un proyecto para combatir la simulación tributaria: “Para que lo entienda la gente, la elusión es hacer ingeniería tributaria. O sea, se supone que si usted es gato, paga dos; y si es perro, paga cuatro; entonces, con delineadas técnicas, usted ladra como perro, huele como perro, luce como perro, pero se presenta como gato”.

Se recurre a figuras complejas que buscan, a través del disfraz, simular endeudamientos, o subir los costos y pérdidas operacionales para reducir las utilidades y tributar menos. Así quedó en evidencia en 2002, cuando la estadounidense Exxon quiso vender la mina Disputada de Las Condes sin haber pagado impuestos en Chile por 24 años. Una de las fórmulas que usaba era remesar sus utilidades como si fuera el pago de una deuda con altísimos intereses con empresas relacionadas en paraísos fiscales, operación que la hacía aparecer siempre con pérdidas.  No contenta con eso, luego intentó vender la minera en otro paraíso fiscal, pero el el escándalo que desató los obligó a tributar. El caso gatilló un cambio regulatorio que entre otras cosas derivó en el reconocimiento en 2002 de la lista de paraísos tributarios que entonces tenía la OECD para poner límites a las operaciones con esos países.

ExxonEl dominio de la astucia comenzó a declinar lentamente y en eso tuvo un rol clave un fallo de un tribunal tributario en Arica, que en 2012 cuestionó las operaciones de la empresa Coca Cola Embonor SA. realizadas en paraísos tributarios, pues no tenían otro fin que disminuir la base impositiva de la compañía. En su fallo el juez Jorge Pohlhammer argumentó que esta operaciones “no son una gestión eficiente para la compra de plantas, sino por el contrario, han generado la duplicación del costo de los activos, que van a acarrear pérdidas tributarias en Chile de manera artificial, pero que disminuye o evita el pago de impuestos a la renta; a favor de la producción de utilidades, también artificial, en la filial extranjera, ubicada en un territorio donde no existe la carga de impuestos a la renta; por lo que, tratándose de costos artificiales, evidentemente no corresponden aquellos necesarios para producir la renta”.

El argumento fue recogido por la Corte de Apelaciones y también por la Corte Suprema, en un fallo de julio de 2013 (ver comunicado de la empresa) que allanó el camino para que la reforma tributaria pudiera ponerle coto a la creatividad.

Es un misterio el monto exacto de los capitales chilenos alojados en paraísos fiscales, aunque sí se conoce cuántos han sido declarados a la autoridad tributaria. En 2013, el SII respondió una solicitud de acceso a la información pública del periodista Mauricio Weibel (ver nota) en que revela que en 2012 se declararon $2.302.418.547.668 o el equivalente a US$ 5.000 millones. El monto pertenece sólo a 260 contribuyentes (un promedio de US$ 19 millones por cada uno), concentrados en Bahamas, Islas Caymán e Islas Vírgenes (ver tabla).

LA CLAVE: TRASPARENCIA

Muchas de las estrategias que usan los bancos y los paraísos tributarios para favorecer la elusión y la evasión de sus clientes se apoyan en dos tipos de secreto: ocultar el monto de los bienes y ocultar al verdadero dueño. Esto implica borronear los lazos públicos que unen a la persona con su fortuna y construir, a través de trusts (donde un tercero administra los bienes del cliente, lo que tiene la gran ventaja de ocultar al verdadero dueño) o de complejas cadenas de sociedades, mecanismos para que la sigan disfrutando y controlando.

Como es evidente, la mejor forma de combatir el secreto es la trasparencia. En esa línea están trabajando hace tiempo muchos países. Un ejemplo son las DOTAS (Disclosure of Tax Avoidance Scheme), normativa que hace una década se aplica en Gran Bretaña para hacer frente a las sorprendentes y complejas figuras legales que diseñaban los asesores tributarios. Consiste simplemente en obligar a que los inventores de esas estructuras le expliquen a la autoridad tributaria cómo funciona su invento, qué ganan y en base a qué interpretación de la norma. Sin esa explicación, “creatividad” no puede ser usada. La evaluación que hace la autoridad es que desde que comenzaron a operar las DOTAS, impidieron que se concretaran estrategias que habrían provocado una evasión de £12.5 mil millones. Aunque no todas las evaluaciones son tan complacientes (ver informe).

En la reciente reforma, Chile adoptó una variación de este mecanismo, estableciendo sanciones especiales para quienes diseñen sistemas que abusan del sentido de la ley. La idea es que el contribuyente puede usar el sistema que quiera, pero, si tiene alguna duda y no quiere ser acusado de simulación o la mala fe, debe exponerle al SII todo su sistema, de modo que este servicio pueda determinar si el diseño es legítimo o no.

Para controlar los efectos tributarios del secreto bancario, Estado Unidos impulsa desde 2008 las FATCA (Foreign Account Tax Complianc Act), políticas de trasparencia financiera que operan en varios ámbitos. En el plano bancario obliga a esas instituciones a informar los nombres y los montos que manejen los estadounidenses en todo el mundo. Sin embargo hay vacíos legales que hacen que la ley no se cumpla como se esperaba. La norma, por ejemplo, obliga a los bancos a informar las cuentas que están por sobre determinado monto ¿Qué hacen quienes quieren permanecer en el anonimato? De acuerdo a la investigación parlamentaria en contra del Credit Suisse, dividen el dinero en montos bajo la línea “denunciable” y los depositan en distintos bancos. Otra lectura “creativa” de la norma ha permitido a los bancos informar solo cuentas que están a nombre de ciudadanos estadounidenses, tal como exige la autoridad, pero no informar de cuentas controladas por sociedades creadas en paraísos tributarios.

Las debilidades de las FATCA no solo generan problemas a los Estados Unidos. FATCA incluye en su batería fiscalizadora varios tipos de acuerdos bilaterales con los distintos países de los que requiere información. Sin embargo, en estos acuerdos la información no fluye de igual manera para los dos lados. Por ello, explica el abogado argentino Andrés Knobel, consultor de Tax Justice Network, “Estados Unidos recibirá mucha más información de la que se compromete a enviar. Si no se hace nada para evitarlo, eventualmente el secreto bancario estará más resguardado en Estados Unidos que en otros países”.

hsbc--644x362La otra iniciativa que ha avanzado es el CRS (Common Reporting Standard) generada por la OCDE y que busca generar un intercambio automático de información bancaria entre los distintos países. La idea es que cada país exija a los bancos que operan en su territorio la información de todos los cuentacorrentistas y que luego envíe a cada país los datos de sus ciudadanos. En noviembre pasado esta iniciativa recibió un golpe importante cuando Estados Unidos anunció que no se uniría a este sistema de intercambio.

Para intentar combatir el secretismo que permite la elusión a niveles masivos, Chile también ha avanzado lentamente hacia una política que se rige por criterios de mayor transparencia e intercambio de información internacional. Pero no ha sido fácil. En 2004, por ejemplo, el SII emitió la circular 120 que obliga a agencias, casas de cambio y bancos a informar las transacciones de más de US$ 10.000. Los bancos han llevado a cabo una larga batalla judicial para impedir esta supervisión y aunque la Corte Suprema le ha dado la razón al SII, la medida aún no se pone en práctica porque 20 bancos presentaron una demanda.

Los cambios regulatorios han seguido los lineamientos de la OCDE. En 2002 un decreto del Ministerio de Hacienda incorporó la lista de países que según el organismo eran considerados paraísos fiscales. Desde entonces la OCDE removió paulatinamente a los países de la “lista negra”, en la medida en que se comprometían a cumplir nuevos estándares de intercambio de información. Con la reforma tributaria se avanza en ese sentido, eliminando la lista también en Chile. Ahora se hablar de “territorios de baja o nula tributación”, que se definen según ciertas características –incluyendo tasas de impuesto y reglas de información– y se exige a las sociedades domiciliadas en dichos países cumplir normas más estrictas. En parte, la reforma tributaria siguió también las medidas de BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) de la OCDE, que buscan combatir la planificación tributaria agresiva a nivel internacional.

Chile ya aprobó los criterios establecidos en el Foro Global de Transferencia e Intercambio de Información Tributaria de la OCDE y se comprometió a suscribir el Convenio Multilateral de Intercambio de Información en Asuntos Tributarios (MATT, por su singla en Inglés). Sin embargo, para que entre en efecto se requiere que sea ratificado por el Senado y aún no ha sido enviado por el gobierno.

En paralelo a dicho convenio multilateral que ya ha sido suscrito por más de 60 países, el SII ha firmado 30 acuerdos bilaterales de intercambio que incluyen notorios paraísos fiscales como Bahamas, Gibraltar, Guernsey y Bermudas, pero todos ellos deben pasar por el Congreso antes de entrar en vigencia. En etapa de borrador se encuentran otros dos de los favoritos de las empresas chilenas: Islas Caimán e Islas Vírgenes Británicas.

De todos modos, los acuerdos de doble tributación tienen normalmente en su artículo 25 las disposiciones que permiten el intercambio internacional. Eso fue lo que invocó el SII para pedir a Francia la “lista Falciani” del HSBC, pues sólo puede utilizar la información recibida por canales oficiales. Según explican en el SII, no es la primera vez que Chile recibe una nóminas con contribuyentes que registran rentas en otro país, como ha sucedido con España.

-El tema fundamental es que no obstante existir los mecanismos para el intercambio de información, no es para nada fluido. Hemos tenido algunas experiencias en Chile, por ejemplo el caso de Mario Silva Leiva (narcotraficante conocido como “Cabro Carrera”) que tenía cuentas en Suiza. También está el caso más paradigmático, el caso Mirage, en que el comisionista de armas Karel Honzik tenía cuentas en Suiza. El ministro Omar Astudillo ha pedido cooperación a las autoridades suizas y se encuentran congeladas algunas cuentas  En este caso se descubrieron con ayuda de la autoridad suiza y están cooperando, están siendo más ejecutivos- dice el abogado del departamento anti lavado de activos del Consejo de Defensa del Estado y director de Profit Compliance, Rodrigo Reyes.

Aunque el marco legal aún es débil para enfrentar el secretismo con que amparan a los chilenos los paraísos fiscales, en el SII insisten en que “más temprano que tarde vamos a empezar a recibir información”.

CUATRO ACTORES CLAVE

Los bancos como el HSBC denunciado por Falciani no son los únicos que juegan un rol central en este tipo de operaciones. Para que esta sea posible se necesita del “trabajo creativo” de al menos cuatro importantes actores. Revisando las practicas que han llevado adelante y el poder que exhiben es válido preguntarse si las normas chilenas anti-elusión son suficientemente robustas para hacerles frente.

1. Lobbistas. Intervienen no en la discusión pública de la ley sino cuando ésta pasa por “la cocina”, por citar una expresión que se usó en la discusión de la reforma tributaria. En países donde el lobby está regulado se ha medido su impacto en el tema tributario. En 2014 la UNCTAD (Conferencia de las Naciones Unidas sobre el comercio y el desarrollo) emitió un informe global puntualizando que en la Unión Europea más de 900 de las 1.700 modificaciones legales que están en tabla respecto a fondos especulativos y capital de riesgo provienen de empresas lobistas que trabajan para el sector financiero. El informe señala que hay evidencia de un masivo “copiar y pegar” de textos entregados por los lobistas. En Estados Unidos, un estudio (ver documento) midió en 2009 cómo le iba a las empresas que recurrían al lobby. Estimó que aumentando sus gastos en lobby en un 1% al año, reducían su nivel de impuestos entre 0,5% y 1,6% al año siguiente. Dado lo costoso de los servicios de lobby, esto terminaba beneficiando a los sectores más poderosos de la economía.

En Chile durante la tramitación de la última reforma tributaria, que se debatió antes de que entrara en vigencia la Ley de Lobby, las decisiones que cambiaron el curso de la norma se tomaron fuera del Congreso. Un rol protagónico tuvieron actores que son directores de grandes empresas, como los hermanos Juan Andrés y Bernardo Fontaine (ver reportaje de CIPER), y algunos parlamentarios fueron aconsejados por abogados tributaristas expertos en asesorar empresas.

2. Auditoras. Un reciente reportaje del ICIJ, publicado por CIPER, revisó casos en que las mayores auditoras del mundo (KPMG, Deloitte, Enrest & Young and PriceWaterhouseCooper) han sido sorprendidas y enjuiciadas en distintos países por ayudar a sus clientes a evadir y eludir impuestos (Ver Luxleaks: El rol de las cuatro grandes auditoras en la evasión tributaria internacional) Los documentos entregados por un ex empleado de la empresa PriceWaterhouseCooper (PwC) evidenciaron como esa auditora había creado para sus clientes complejas estructuras tributarias que tenían su eje en filiales creadas en Luxemburgo, famoso paraíso tributario europeo. Estas filiales prestaban dinero a las sedes de la empresa ubicadas en otros países con el fin de reducir o suprimir los ingresos que debían pagar ahí, y llevar los beneficios a Luxemburgo. Con este mecanismo, FedEx tenía sólo pagaba impuestos por el 0,25% de sus ingresos.

El rol que estaban jugando las auditoras fue puesto en evidencia ya en 2002 con una investigación del senado norteamericano a raíz del escándalo de la quiebra de Enron que hizo desaparecer a la auditora Arthur Andersen. Este escándalo hizo preguntarse no solo por la ética al interior de las compañías sino por la forma en que estaban trabajando las auditoras que revisaban y validaban sus balances. En ese contexto una comisión del senado norteamericano decidió examinar el trabajo de KMPG. Una de las conclusiones a las que se arribó fue que varios de los agresivos esquemas tributarios que en ese momento ofrecía, no habían sido solicitados por clientes. Por el contrario, había sido KMPG la que desarrolló esos mecanismos y luego “los marketeó vigorosamente a numerosos y en algunos casos cientos de potenciales compradores”. En ese momento KMPG ofrecía en el mercado, según reconoció, cerca de 500 distintos “productos tributarios”.

Pese a las normas que se impusieron al sistema, buscando que las auditoras fueran garantes de la realidad de las operaciones de las empresas, hay evidencias de que el sistema no se ha reformado. No solo por las prácticas de PwC develadas por Luxleaks, sino también por las investigaciones hechas en el parlamento inglés por las elusiones tributarias de Apple y de Google. Respecto del rol de las auditoras en estos casos, los legisladores británicos dijeron en 2014: “las grandes firmas contadoras han tenido un rol substancial en ayudar a sus clientes en eludir los impuestos y son crecientemente parte del problema tributario y no de la solución. (ver reporte).

3. Bancos. En la última década dos de las instituciones crediticias más importantes de Suiza (UBS y el Credit Suisse) han recibido duras sanciones en Estados Unidos por el influyente rol que han jugado en operaciones como la elusión tributaria, la evasión o el lavado de dinero. Esas investigaciones muestran que los bancos no solo han tenido un rol pasivo frente a las operaciones irregulares de sus clientes sino que han competido con los otros bancos de la plaza ofreciendo mecanismos para esconder sus bienes e ingresos de la vista de las autoridades y así bajar sus impuestos o incluso recibir beneficios.

En 2008 el banco UBS fue acusado por el senado norteamericano (ver informe) de ayudar deliberadamente a los contribuyentes de ese país a esconder sus bienes y valores en sociedades en otros países para evadir impuestos. UBS pagó una multa de $780 millones y cerró 4.700 cuentas de clientes estadounidenses. En el plano legal una de las consecuencias de esa investigación fue la aprobación de la normativa FATCA, que obliga a los bancos que operan en ese país a revelar todas las cuentas de sus clientes en forma automática o pagar un impuesto del 30% sobre sus ingresos.

Pese a este duro golpe contra el secreto bancario, otras instituciones continuaron operando de la misma manera, según apuntan recientes investigaciones. En 2012 el senado norteamericano (ver informe) indagó las actividades del HSBC en una investigación cuya carátula dice mucho: “Vulnerabilidad norteamericana ante el lavado de dinero, las drogas y el financiamiento terrorista: HSBC, estudio de caso”. El HSBC, cuyas iniciales originalmente significaban Hong Kong Shanghai Banking Corporation, tiene su centro de operaciones en Londres, pero usa a Suiza como paraguas legal para proteger a sus cuentacorrentistas. Entre las acusaciones de esa investigación figura que el banco facilitaba transacciones que obstaculizaban los esfuerzos de Estados Unidos de detener el terrorismo y a los narcotraficantes, y suministraba servicios a bancos que tenían nexos con el terrorismo.credit-suisseEn 2014 otro importante banco suizo fue acusado por el Congreso de Estados Unidos de estar “profundamente involucrado en facilitar la evasión de contribuyentes norteamericanos”: el Credit Suisse. La investigación concluyó que al menos entre 2001 y 2008 dicha entidad usó prácticas que facilitaron la evasión tributaria de los contribuyentes, permitiéndoles abrir cuentas en Suiza, las cuales eran controladas por sociedades creadas en paraísos tributarios de modo de esconder que pertenecían a ciudadanos estadounidenses y así librarlos del pago de impuestos. En su momento de mayor expansión el Credit Suisse ofreció este servicio para 22.000 personas de altos ingresos, ocultando bienes que el congreso calculó en 12 billones de francos suizos.

La investigación insistió en el rol activo del banco en estas operaciones. El Credit Suisse, dijo el Congreso, hizo una fuerte campaña de promoción enfocada en clientes adinerados interesados en esconder sus bienes, ofreciéndoles el secreto bancario como argumento y herramientas prácticas como tarjetas de crédito con las que secretamente podían retirar en EE.UU., los recursos depositados en Suiza.

4. Paraísos tributarios. Usualmente se considera que la característica central de estos territorios es que ofrecen bajos impuestos y por eso es natural que empresas y personas de altos ingresos se instalen ahí. Pero su mayor oferta es el secreto. Proveen a sus clientes mecanismos que permiten confundir su rastro y salir de ahí hacia cualquier rumbo con una identidad nueva. Suiza es uno de los mejores ejemplos. De hecho, ocupa el primer lugar del Índice de Secreto Financiero 2013  elaborado por Tax Justice Network, debido al nivel de secreto de sus instituciones y al peso que tiene en la economía mundial (ver reporte).  Las investigaciones del Congreso estadounidense detallaron como el estado suizo y la banca actuaban concertadamente para mantener la oferta de secreto que lleva a miles de compañías y personas a confiar en los bancos de ese enclave europeo.

Como se dijo, en Estados Unidos ahora se exige a los bancos de informar a la autoridad tributaria sobre las cuentas corrientes de sus clientes. Los bancos suizos, sin embargo, no pudieron cumplir con esta norma pues en Suiza es un delito revelar el secreto bancario. El informe del Senado consigna que mientras se presionaba políticamente para la firma de un acuerdo que evitara el enjuiciamiento de los bancos suizos y los excusara de revelar los nombres de sus clientes norteamericanos, “en ese país se creaban nuevas leyes que obstaculizaban la entrega de información a Estados Unidos”.

La presión de Estados Unidos llevó a Suiza a aceptar cambiar sus reglas. Pero como ese acuerdo opera hacia el futuro, Suiza continua negándose a entregar los nombres de los norteamericanos que evadieron impuestos, según reclama el informe del Congreso.

En el caso del HSBC, la justicia española ha demostrado que el banco ofrecía a los clientes abrir sociedades en paraísos fiscales para ayudarlos a encubrir la propiedad de sus cuentas y de paso no pagar impuestos en su país de origen. El mecanismo fue utilizado en episodios de corrupción recientes en España, como el caso Gürtel.

La banca suiza deja en evidencia la centralidad de los paraísos tributarios en el sistema que horada la base tributaria del resto de las naciones. Islas Caimán, por ejemplo, se ha especializado en comercializar trusts donde un tercero administra los bienes del cliente, lo que tiene la gran ventaja de ocultar al verdadero dueño. Caimán establece que los trusts creados ahí solo serán normados por sus leyes y que no se podrá invocar la jurisdicción de ningún Estado para anularlos. Se dice específicamente que los juicios en otros países que sean inconsistentes con estos principios no serán reconocidos. No importa si el dinero oculto ahí es fruto del narcotráfico o la evasión fiscal, nada obligará a Caimán a hacer que ese trust se anule. Similares virtudes usa la isla de Jersey para promocionarse ante los ricos rusos que querían resolver problemas de herencia: “Jersey tiene disposiciones de herencia robustas en su legislación, que resisten la aplicación de leyes extranjeras, incluyendo leyes de herencia” (ver pag 15 del reporte).

Normas como estas se repiten en los distintos paraísos tributarios, lo que implica vender la idea de que allí se puede estar a resguardo y violar las normativas de otros países. Según el abogado Knobel en eso radica el daño que producen estos Estados: “Claramente es terrible cuando instituciones como los bancos, los asesores tributarios, los bufetes de abogados, etc, se concertan para ayudar a sus clientes a evadir o eludir, pero más dañino aún es cuando un estado participa de esto, es decir que en vez de promover el bien común, ofrece su territorio y distintos mecanismos para que los ciudadanos de otros países violen sus leyes nacionales”.