Cómo la elite torpedeó los intentos de sacar a Chile de su dependencia de las materias primas

Así como un temblor inusualmente largo despierta en los chilenos el temor de que sea el inicio de un gran terremoto, cada vez que baja el precio del cobre emerge otro miedo: que nuevamente Chile haya perdido una oportunidad histórica. Y que así como en la época del salitre, o en el boom de los ‘80, una vez más no hayamos sabido aprovechar una bonanza circunstancial para mejorar nuestra habilidades productivas y seguir desarrollándonos.

Aunque escuchamos todo el tiempo sobre lo innovadores que son los emprendedores chilenos, lo cierto es que el 60% de nuestras exportaciones sigue siendo materias primas. Y la experiencia internacional muestra que, salvo excepciones, ningún país se transforma en desarrollado de esa manera. Hay varias razones, pero tal vez la principal es que los productores de materias primas saben hacer muy poco para ser desarrollados, como dijo el economista de la Universidad de Harvard Ricardo Hausmann a CIPER en 2015.

El punto es que las materias primas pueden sacar a un país de la pobreza pero, tarde o temprano conducen a lo que los especialistas llaman “la trampa del ingreso medio”: a medida que el país prospera y las personas mejoran su nivel de vida, a sus industria les resulta cada vez más difícil competir con los bajos costos de naciones más pobres.

Tomás Bril-Mascarenhas
Tomás Bril-Mascarenhas

En un reciente informe de la OCDE se dice, sin dar explicaciones, que Chile, Uruguay y Trinidad y Tobago ya salieron de esa trampa, de lo que se podría colegir que somos oficialmente un país desarrollado (ver página 33 del informe). La mirada más aceptada, sin embargo, es que seguimos en ella y que para seguir desarrollándonos necesitamos hacer algo que no hemos hechos: mover las inversiones desde emprendimientos basados en mano de obra barata a otros que emplean más tecnología y trabajadores mejor preparados, y que, por lo tanto, generan bienes y servicios más valiosos.

Ese salto productivo no se da automáticamente. Por el contrario, es tan difícil de lograr que de los 101 países de ingreso medio en 1960, solo 13 se habían graduado como desarrollados en 2008,según un estudio del Banco Mundial (ver página 12 del informe). Lo frecuente es que los países que van camino al desarrollo no lo logren. Como en el cuento de la Cenicienta, el hechizo de las materias primas termina en algún momento de la noche. Y el paso de estar en el baile de palacio a vestirse con andrajos puede ser abrupto, como lo muestra nuestra historia.

Un reciente estudio examina las causas que han frenado el desarrollo de una política industrial en Chile e identifica la responsabilidad que le ha cabido a los gobiernos de la Concertación, a la elite económica y a la primera administración de Sebastián Piñera.

Es tan difícil llegar al desarrollo que de los 101 países de Ingreso medio en 1960, solo 13 se habían graduado como desarrollados en 2008, según un estudio del Banco Mundial”.

El estudio se titula El poder empresarial y el Estado mínimo: la derrota de la política industrial en Chile (Business power and the minimal state: the defeat of industrial policy in Chile) y fue publicado en diciembre de 2017 por los cientistas políticos Tomás Bril-Mascarenhas y Aldo Madariaga, en el Journal of Development Studies.

La investigación analiza a fondo el intento de las administraciones de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet por generar un Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC) que obtuviera recursos del boom minero y redestinarlos a desarrollar industrias innovadoras a través del Consejo Nacional para la Innovación y la Competitividad (CNIC). El estudio describe cómo las grandes empresas torpedearon el proyecto en el Congreso, limitaron su aplicación y cómo finalmente en el primer gobierno de Piñera se desmanteló esa iniciativa.

UNA ELITE MUY RARA

El estudio precisa que, salvo por el icónico caso del CNIC (que se detallará más adelante), la constante ha sido que ni el Estado ha promovido las políticas industriales ni las empresas las han demandado.

Bril-Mascarenhas dijo a CIPER que, por una parte, la Concertación tenía equipos técnicos convencidos de que era necesario impulsar políticas que sacaran a Chile de su dependencia de las materias primas, pero nunca quedaron en posición de influir sobre el Ministerio de Hacienda, que es el lugar desde donde se fijan muchas prioridades políticas desde el Consenso de Washington. Hacienda siempre fue dominado por las facciones más ortodoxas que “impulsaron disciplina fiscal, libre comercio y rechazaron la intervención económica del Estado”, afirman los académicos en su estudio.

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Aldo Madariaga

Por otra parte, las elites económicas chilenas, que con su enorme poder tienen fuerza para hacer que sus necesidades sean satisfechas por el Estado, no demandaron políticas industriales. Más aún, las torpedearon. Bril-Mascarenhas sostiene que, en ese punto, la elite chilena es muy extraña en el contexto latinoamericano, donde usualmente sí piden políticas para sus áreas.

Bril-Mascarenhas sugiere que esta inusual aversión puede deberse a que en Latinoamérica “no encuentras otra elite tan firmemente anclada en el pensamiento económico de Chicago”, lo que probablemente se potencia en “los círculos cerrados donde se forma la elite chilena y que refuerzan la doctrina de Chicago sobre el Estado”.

Citando al politólogo norteamericano Ben Ross Schneider, Bril-Mascarenhas alude a una tercera explicación: la economía latinoamericana –y particularmente la chilena- está dominada por unos pocos grandes grupos que tienen negocios muy diversificados, son como un portafolio de inversiones con intereses muy diversos. Así, cuando les va mal en un sector (por ejemplo, el cobre) tienen ingresos por otros sectores (pesca, retail).

-Esa estructura de negocios está tan bien hecha que esos grupos no necesitan una transformación productiva para mantener su alto nivel de rentabilidad -dijo Bril-Mascarenhas a CIPER.

De hecho, como lo describe Schneider en su libro “El capitalismo jerárquico en Latinoamerica”, la elite chilena usó el reciente boom de los commodities para acrecentar su participación en las materias primas y no como trampolín hacia negocios más productivos.

Para seguir desarrollándose los países necesitan mover las inversiones desde emprendimientos basados en mano de obra barata a otros que emplean más tecnología y trabajadores mejor preparados, y que, por lo tanto, generan bienes y servicios más valiosos”.

Bril-Mascarenhas dijo a CIPER que un último factor que le permite a la elite no recurrir al Estado en busca de políticas industriales, es que “durante la dictadura, el Estado reguló el sistema de pensiones de modo que las grandes empresas obtienen en el mercado de capitales un financiamiento a plazos larguísimos”.

En teoría ese financiamiento podría apoyar también a actores empresariales innovadores, pero Bril-Mascarenhas aclara que “las AFPs y otros inversores institucionales tienen una preferencia fuerte por los grandes jugadores ya consolidados”. Así, el sistema financiero chileno “favorece a los que ya tienen control del mundo corporativo, no a sus potenciales desafiantes”.

Bril-Mascarenhas y Madariaga citan como ejemplo de lo anterior que los tres grupos más grandes en 2007 – Angelini, Matte y Luksic-, tenían un poder económico equivalente al 15 % del PIB. Este peso económico les permitía “absorber la mayor parte de los préstamos de largo plazo proveídos por los bancos privados”. Los autores argumentan que, debido a ese acceso al crédito, estos grupos se opusieron a que el Estado participara más activamente en el mercado de los créditos pues, probablemente, eso se habría tenido que financiar con un aumento de los impuestos corporativos que ellos pagan y habría favorecido a sus competidores medianos y pequeños.

Esta falta de oferta y demanda de una política industrial prácticamente no ha cambiado a pesar de la dramática desindustrialización de Chile que ha afectado especialmente a las PYMES, las cuales han visto caer su participación en “ventas, empleo y acceso a créditos”. Y si la voz de las Pymes interesadas en políticas industriales no se ha oído en estos años, es porque la elite económica tuvo el poder para “silenciar la expresión pro-industrial de esas empresas”, escriben los autores.

cobreEl estudio consigna que entre 1970 y hoy el sector manufacturero pasó de representar un cuarto del PIB a ser solo el 10%, al mismo tiempo que se han expandido considerablemente los servicios con poca productividad (comercio, servicios comunitarios y administración pública). El resultado ha sido el estancamiento de la diversificación de lo que exportamos. Mientras en 1983, el 65 % de nuestras exportaciones eran minerales, en esta década se ubican en el 60 %. Esta dependencia tiene un agravante: las materias primas sin procesar crecieron su relevancia en nuestra canasta exportadora del 25% en 1983 al 40% en 2010.

La gravedad de la situación en la que estamos la resume una advertencia que nos hizo el gurú de la competitividad Michael Porter: “Estoy preocupado por Chile. Cada vez que vengo hay más tratados de libre comercio, pero no hay nada nuevo que vender. Siguen vendiendo lo mismo”.

Michael Porter dijo esto en 2008. Hace 10 años.

DETENIENDO LA INDUSTRIALIZACIÓN

En el discurso inaugural de su nuevo mandato, el Presidente Sebastián Piñera anunció que su gobierno estará orientado a alcanzar el desarrollo: “Hace 30 años los chilenos realizamos con éxito la primera transición, que nos permitió avanzar a una sociedad con libertad y democracia. Ella ya es parte del pasado. Ahora tenemos que emprender la nueva transición, esa que nos va a conducir a un Chile desarrollado y sin pobreza”.

Su programa, sin embargo, no considera que sea un problema para el desarrollo nuestra dependencia de las materias primas. Tampoco promete impulsar políticas industriales para que las empresas chilenas pasen a producir bienes y servicios con mayor valor agregado. En este tema, la estrategia que se observa, por ejemplo, en la anunciada rebaja tributaria a las grandes compañías, no inaugura una nueva transición, sino que enfatiza las ideas que dominan desde el retorno a la democracia: el Estado se debe enfocar en generar marcos para el crecimiento económico, pero no intervenir en lo que las empresas hacen.

El citado politólogo del MIT Ben Ross Schneider, que ha estudiado a los países que están en la llamada “trampa del ingreso medio”, sostiene que salir de ahí es más complejo que derrotar la pobreza. La razón: “la trampa” no es solo económica, es sobre todo política, pues las instituciones que permitieron a los países alcanzar el ingreso medio no son suficientes para seguir adelante (ver The Middle-Income Trap: More Politics than Economics, junto a Richard Dooner).

Los autores argumentan que los actores empresariales usaron su poder para bloquear la política industrial que intentaron desarrollar Lagos y Bachelet. Luego, cuando Piñera llegó al gobierno en 2010, la política industrial en ciernes fue lentamente disuelta”.

El salto al desarrollo, argumenta Schneider, requiere voluntad política, habilidad para mantener una ruta durante un largo tiempo, consensos sociales, colaboración entre empresas y Estado y políticas inclusivas. Pero requiere también, medidas para mejorar las capacidades tecnológicas y la formación de empresas y trabajadores que sean capaces de organizarse en negocios productivos. Todo eso demanda tiempo y la participación coordinada de actores que no se coordinan automáticamente (por ejemplo, entre los profesores de una escuela industrial y las empresas donde los jóvenes van a trabajar).

No solo eso. Schneider remarca que las condiciones que facilitaron la anterior fase de desarrollo (trabajadores mal pagados y mal preparados, desigualdad e informalidad), se vuelven un lastre, pues generan nudos de intereses y enclaves de desigualdad que impiden dar los pasos sucesivos, entre otras cosas, porque rompen la capacidad de la sociedad de trabajar junta.

Siguiendo esta línea, la investigación de Bril-Mascarenhas y Madariaga muestra que si seguimos atados a las materias primas es porque la política ha fallado. No han faltado los recursos, sino la falta de voluntad de parte de quienes han tenido el poder para dirigir esos recursos.

Consignan que ya desde fines de los ‘90 había datos suficientes para notar que el crecimiento que tuvo Chile en esa década (con años en que el PIB saltó al 10% anual) no lograba producir el salto industrial hacia la generación de mayor valor agregado. Los autores citan a un ex alto funcionario del Ministerio de Hacienda que describe cómo, pese al declive del crecimiento, los partidarios de hacer de la CORFO una verdadera agencia de la política industrial perdieron una y otra vez frente a quienes, desde adentro del gobierno, promovían un Estado “neutral”.

En esa derrota influyó la férrea oposición de los empresarios y los partidos de derecha. “Si hubiéramos hablado de eso, habríamos tenido a todos sobre nosotros; a la prensa y a los extremistas neoliberales de la UDI”, les dijo una fuente que identifican como un funcionario de alto nivel del Banco Central. Política industrial era por entonces un concepto tabú.

En una reciente entrevista el economista Ricardo Ffrench-Davies recordó que en su administración, Frei Ruiz-Tagle intentó crear un programa de clúster. “En una reunión con grandes empresarios, en la que estuve presente, la reacción de algunos fue decir ‘ustedes con esto quieren destruir a la empresa privada’”, relató Ffrench-Davies.

https://dev.ciperchile.cl/chicos-solteros-isla-cristina/A nivel internacional dominaba la misma convicción. Mientras Ronald Reagan había inaugurado en los ‘80 la era neoliberal con la frase “el gobierno no es la solución a nuestros problemas, el gobierno es el problema”, en 1996 el demócrata Bill Clinton ahondó en la misma línea anunciando que la era de “los grandes gobiernos ha terminado”.

Pero durante el gobierno de Ricardo Lagos, la reducción del crecimiento y el estancamiento de la diversificación productiva permitieron que los técnicos de la Concertación, partidarios de políticas industriales, tomaran la ofensiva. Argumentaron que la minería del cobre estaba pagando mucho menos impuestos que lo que correspondía y que si se le aplicaba un royalty, estos recursos podrían financiar programas e instituciones destinadas a promover la innovación y la competitividad.

En 2004 Lagos envió un proyecto de royalty minero que fue rechazado en el parlamento. Pero en 2005 se consiguió aprobar un conocer chica en calella que estaba ligado a la reinversión de esos recursos en innovación y competitividad. En el proyecto citaban los casos de Finlandia y Corea del Sur como países que “explícitamente orientaron las prioridades políticas en innovación y competitividad”.

El proyecto propuso la creación de un Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC), que iba a recolectar los ingresos del nuevo impuesto minero; también propuso la creación del CNIC, con el mandato de dirigir el uso de los recursos del FIC. Luego, durante la primera administración de Michelle Bachelet, se buscó institucionalizar el CNIC, emulando las experiencias de Israel y Finlandia, para que pudiera coordinar la nueva política industrial.

Los autores argumentan que los actores empresariales “usaron su poder para bloquear la nueva política”. Primero, vetaron el royalty que se propuso en 2004 y luego lograron influir para que se modificara profundamente el proyecto que finalmente se aprobó en 2005 (el impuesto específico no fue un royalty sobre las ventas sino un gravamen sobre las rentas; la diferencia redujo mucho los recursos que se podían obtener, según algunos especialistas).

Con ese punto ganado, escriben Bril-Mascarenhas y Madariaga, el sector empresarial se enfocó en el debate sobre la política industrial que se quería poner en marcha. Los autores describen un duro proceso legislativo que separó el impuesto al cobre de la política industrial a la que estaba asociado; luego, el poder empresarial logró que gran parte de los fondos se destinara a las regiones mineras, con lo que se aumentó la posibilidad de las corporaciones mineras de influir en la ubicación de los nuevos recursos.

En Latinoamérica no encuentras otra elite tan firmemente anclada en el pensamiento económico de Chicago”, dice el cientista político Tomás Bril-Mascarenhas.

Y por último, los empresarios influyeron en la composición del directorio del CNIC “para que fuera técnico”. Se demandó más presencia del sector privado en general y de las asociaciones empresariales, argumentándose que el CNIC debería ser como el Banco Central. El entonces senador Hernán Larraín (UDI, actual ministro de Justicia), dijo que la propuesta del gobierno era “un exceso de presidencialismo y un innecesario cesarismo”.

Pese a todas estas limitaciones, el CNIC lanzó la política nacional de clúster para destinar los fondos a promocionar sectores económicos prioritarios: minería, acuicultura, turismo, servicios globales y offshoring (hacer que empresas internacionales trasladaran a Chile una parte de sus servicios, por ejemplo, la atención telefónica a los clientes). Sin embargo, dicen los autores, la presencia de dirigentes empresariales en el CNIC afectó la profundidad de las políticas.

Cuando Sebastián Piñera llegó al gobierno en 2010 la política industrial en ciernes fue lentamente disuelta. Un ex miembro del CNIC durante la administración de Piñera, dijo a los autores que “muchos de los miembros del consejo creían que la política de clúster no era una buena idea. Dos meses después de que el nuevo consejo empezara, cerramos la puerta a todas las iniciativas sin mucho análisis. Y durante el periodo 2010-2014 la política de clúster nunca fue discutida de nuevo”.

Piñera nombró en el CNIC a Fernando Flores, y el organismo pasó de incentivar una política vertical a impulsar una cultura de la innovación. Un ex miembro del CNIC de esos años dijo a los autores: “No hicimos propuestas concretas, esa es la realidad. El CNIC se transformó en una reunión de intelectuales que tenían interesantes conversaciones y lo pasaban bien, pero el consejo no hizo significativas propuestas”. Finalmente, Piñera redujo en un 50% su presupuesto. Cuando Bachelet volvió al poder en 2014, del CNIC no quedaba nada. La política de clúster se había desmantelado y el presupuesto obligaba a reducirla aún más.

EDUCACIÓN AL BASURERO

Un problema derivado del hecho que las empresas decidan libremente que lo más conveniente es producir materias primas, es que generan una economía que ofrece unos pocos buenos empleos (que quedan en manos de la elite, como lo mostró el economista de Yale, Seth D. Zimmerman), y muchos puestos de trabajo mal pagados y de mala calidad. Y eso no solo afecta la distribución del ingreso, sino que, como ha mostrado Ben Ross Schneider, puede dañar la fuerte inversión en educación que hacen las familias chilenas (endeudadas con el CAE) y el Estado (que invierte a través de las Becas Chile en generar capital humano avanzado). Si el grueso de los empleos que puede ofrecer la economía es de poca cualificación, el esfuerzo en capacitarse no va a ser recompensado.

Mineria-Minas-1Schneider es quien más profundamente ha reflexionado sobre cómo se ligan la formación y lo que las empresas producen. En su libro El capitalismo jerárquico en Latinoamérica, sostiene que este tipo de capitalismo, del que Chile es un ejemplo clásico, “no ha producido buenos trabajos, ni desarrollo equitativo y probablemente no los pueda producir por sí mismo”. Y un asunto grave es que la falta de buenos empleos puede llevar a caer en lo que él llama “la trampa de las bajas habilidades”: viendo que la generación que se preparó y se endeudó no obtiene buenos empleos y remuneraciones, la siguiente generación puede decidir no preparase, con lo que salir de las materias primas se volverá más difícil.

Dado lo anterior, a Aldo Madariaga le parece un grave error poner el acento solo en la capacitación de los trabajadores: “si no tienes empleos en los que ocupar a esos obreros, las habilidades que ellos obtengan, se van a devaluar. El ‘desarrollo de competencias’ sin política industrial termina haciendo que los obreros mejor calificados trabajen en actividades que no necesitan ese tipo de calificación”. La formación se transforma así, en acumular diplomas para mantenerse más o menos en los mismos puestos. Y el esfuerzo no retribuido genera una gran frustración.

-Educación y política industrial no pueden ir disociadas -remarca Madariaga.

Agrega que, en el caso chileno, la política industrial siempre ha parecido difícil de justificar porque hay muchas carencias sociales: “poner muchos recursos en la transformación de un sector industrial compite siempre con la necesidad de gastar en pensiones o en educación”. Sin embargo, la experiencia indica que si esas nuevas empresas tienen éxito “pueden generar un retorno tremendo al crear puestos de trabajo de alta calificación haciendo que la inversión en educación que han hecho las familias y el Estado tenga un destino”.

Desde esta perspectiva, las políticas desplegadas por Chile para llegar al desarrollo, cojean. El economista Ha-Joon Chang advirtió hace un tiempo en CIPER: “Si Chile no tiene una estrategia para crear trabajos donde estas personas mejor educadas puedan desplegar sus habilidades, la enorme inversión que ustedes han hecho se va a perder”.

¿CONFÍA USTED EN LOS MATTE?

Parece evidente que aunque la elite no las quiera, las políticas industriales pueden ser beneficiosas para la mayoría. Sin embargo, implican algo difícil de resolver: son las empresas más grandes -por su capital y su conocimiento de los mercados- las que están en mejor posición para dar el salto productivo. De hecho, Schneider, usa en su libro a la Papelera (CMPC, la industria símbolo del Grupo Matte), para sintetizar las dificultades que tiene el salto productivo. Schneider se pregunta por qué la Papelera no es Nokia (la empresa forestal finlandesa que, con aportes públicos, se reconvirtió exitosamente a las comunicaciones).

Si la voz de las Pymes interesadas en políticas industriales no se ha oído en estos años, es porque la elite económica tuvo el poder para “silenciar la expresión pro-industrial de esas empresas”, escriben los autores.

Por supuesto, a muchos chilenos nos dolería el estómago que el Estado aportara recursos a los Matte para que se reconvirtieran hacia la alta tecnología (a los mismos que durante 10 años sacaron utilidades ilícitas con la colusión en el precio del papel de uso doméstico). Lo mismo ocurre con Soquimich (SQM) o con varias empresas pesqueras que financiaron ilegalmente la política, o con las empresas que se privatizaron abusivamente en la dictadura.

En la entrevista con CIPER, Madariaga reconoce que ese es un tema complejo para avanzar en las políticas industriales y que no tiene una respuesta fácil: “Tener una asociación entre el Estado y ciertos grupos empresariales y que eso se convierta en corrupción abierta, es algo que se ve en Brasil hoy y también se vio en Corea en los ‘90”.

Aunque corrupción hay siempre: existe ahora y sin los beneficios que podría traer la política industrial. “Yo diría que la cercanía que tienen los empresarios con los políticos puede ser un problema, pero también un activo; cuando en el gobierno y en la empresa hay tipos que tienen una socialización parecida, eso puede favorecer acuerdos y entendimientos”, agrega Madariaga.

Más que la corrupción, para este académico el gran freno que tiene Chile para avanzar hacia una política industrial, es otro: “Es la elite chilena que no quiere compartir con los demás, no quiere cambiar nada, porque esto le acomoda mucho. Ahí está la piedra de tope”, acota.

NOTA DE LA REDACCIÓN:

Tomás Bril Mascarenhas es Ph.D., MA en Ciencias Políticas de la Universidad de California-Berkeley; BA de la Universidad de Buenos Aires y profesor de Política y Gobierno en la Universidad Nacional de San Martín, Argentina. Aldo Madariaga es sociólogo, magister en Ciencias Políticas y doctor en Economía Política de la Universidad de Colonia (Alemania) y el Max Planck Institute for the Study of Societies, además de investigador adjunto de la línea Las Dimensiones Socioeconómicas del Conflicto en COES.

“La pregunta del millón es: ¿en qué momento nos comenzamos a transformar en México?”

–La pregunta del millón es esta: ¿en qué momento nos comenzamos a transformar en México, a partir de qué punto todo empieza a irse a la mierda? Ese es el miedo que tenemos todos. Y no es algo sencillo de determinar– reflexiona el politólogo argentino Matías Dewey, investigador senior del Instituto Max Planck para el estudio de la sociedad.

Dewey lleva tiempo estudiando cómo lo ilegal se expande en la sociedad, cómo se apropia de las instituciones y deja de ser algo que ocurre sólo en los márgenes; y sobre todo, cómo se vincula con la violencia y hace que nuestras democracias se encojan de miedo.

Sus reflexiones están plasmadas en el libro “El orden clandestino: Política, fuerzas de seguridad y mercados ilegales en la Argentina” (Katz Editores, 2015); en el volumen “Arquitectura de los mercados ilegales” (Oxford University Press, 2017) que co-editó junto a Jens Beckert, y en media docena de papers académicos.

Las lecciones e intuiciones que extrae Dewey sobre lo que pasa en el continente y particularmente en su país, pueden servir para iluminar lo que ocurre en el nuestro, donde la academia ha investigado poco estos temas y donde, aunque el nivel de violencia parece estar lejos del que padecen nuestros vecinos, se observan preocupantes y estrechos nexos entre narcotráfico y política, como lo muestran los reportajes de TVN y CIPER sobre el alcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera.

Los hallazgos de las investigaciones de Dewey contradicen algunas ideas que tenemos sobre la expansión de los mercados ilegales. Por ejemplo, solemos creer que el dominio narco surge cuando el Estado se retira de los barrios. Sin estado (sin policías, autoridades locales, servicios públicos, etc.), se asume que la violencia crece y estalla. En consecuencia, tendemos a pensar que la solución pasa por tener más policías y autoridades fuertes, (“con pantalones” se dice en las elecciones), pues el enemigo natural de la delincuencia debería ser el carabinero.

El problema de muchos países es que los agentes del Estado no son fieles al estado, son fieles a otros intereses”.

La realidad no siempre es así. Dewey sostiene uno de los problemas de Latinoamérica es que los mercados ilegales se alían con los agentes del Estado para expandirse. Es decir, el Estado siempre está; y eso vuelve más potente al mercado ilegal. Esa es la característica del caso argentino.

–Cuando hablas con las personas que viven en las zonas más violentas de Buenos Aires, te dicen: “Acá la policía es terrible, la policía roba, es corrupta”. Las personas tienen una experiencia brutal con el Estado. La policía usa arrestos para mostrar resultados administrativos o mata gente con la que trabaja, cuando percibe que otros organismos están investigándola. Las personas intuyen que el Estado con el que se relacionan día a día está “arreglado” con las bandas que venden droga– describe el investigador.

Si se quiere trazar la ruta que va desde los niveles de violencia chilenos hasta la pesadilla mexicana, el camino pasa necesariamente por la fase argentina. En esa fase “el Estado regentea los negocios ilícitos”, dice Dewey. Ese Estado mantiene un enorme poder y los mercados ilegales no pueden enfrentarlo. Sus agentes, explica el investigador, tienen más información, más fuerza y una ventaja clave: “Controlan la burocracia y pueden hacer que las cosas queden registradas de una forma distinta a como ocurrieron”.

¿Qué tan cerca estamos de esa fase? Hace justo un año el capellán del Hogar de Cristo, Pablo Walker, denunció la existencia de un “estado de sitio narco” que en las poblaciones coarta el acceso al Estado de Derecho a casi un millón de personas. Su denuncia ni llamó la atención ni fue desmentida. Si la damos por cierta, al menos en esos territorios podemos estar bastante más cerca de lo que creemos de la fase argentina.

Por supuesto, no tenemos todavía los estallidos de violencia que sacuden cada tanto a las favelas de Río de Janeiro ni somos víctimas de las matanzas que se desatan en México. Pero esa menor violencia puede ser un indicador engañoso. La ausencia de estallidos no necesariamente muestra la ausencia de poderes ilegales. Contra lo que se cree, dice Dewey, cuando hay un importante nivel de acuerdo entre Estado y delincuencia los reventones son ocasionales, pues el control de los agentes del Estado sobre los negocios, evita que la violencia se dispare.

En una reciente investigación (“La fuerza de la colusión: un marco conceptual para interpretar órdenes sociales híbridos”, 2017) Dewey, junto a otros académicos, bautizó a estos acuerdos entre Estado y mercados ilegales como clúster de orden. A diferencia de los clásicos clúster económicos (unidades económicas especializadas que se organizan para mejorar la producción), estos “clúster de orden” producen una serie de bienes que el Estado “legal” ya no produce ni garantiza: empleos, servicios y… autoridad.

ARQMERCADOSILEGALESSí, leyó bien: autoridad y orden. Pues en los lugares donde la policía deja al narco “trabajar”, este se vuelve frecuentemente el que ayuda al vecino que no puede pagar cuentas, dona para las festividades y, en general, produce “certidumbre donde las vidas están amenazadas por altos niveles de contingencia”, escribe Dewey.

Por supuesto, esa certidumbre y ese orden son sólo para los que están dentro del clúster, no para los que estamos afuera. Usted y yo somos ganado; y nuestros barrios, coto de caza.

En este punto la pregunta es: ¿cuánto se mantiene esta connivencia antes de evolucionar a una siguiente y más violenta fase? “Esa es la pregunta que todos nos hacemos y no tenemos respuesta”, reflexiona Dewey.

Sin embargo, hay unas pistas sobre los factores que desencadenan la pesadilla. Por ejemplo, cuando los acuerdos policía-delincuentes salen a la luz pública “los poderes tienen que reacomodarse y eso genera muertos”, explica Dewey.

Como la hidra, esa bestia mitológica a la que, si se le corta la cabeza, le salen dos, descabezar a estos clúster no necesariamente pone fin a la historia, pues puede ocurrir que muchos pequeños grupos traten de tomar el control y la violencia estalle.

Eso parece haber ocurrido en la ciudad de Rosario, Argentina, donde había una cooperación muy fluida entre narcos y policía. “Incluso los policías les pasaban a los narcos información de cuando un juez iba a ordenar un allanamiento”, explica el politólogo. Cuando la convivencia fue detectada y expuesta, todo cambió. “Después de la detención del jefe de policía hubo una ola de violencia feroz. Como la policía depende o está vinculada al poder político, cuando esta vio que había una reacción pública y judicial, intentó retener el control encuadrándose en el nuevo escenario”. La policía persiguió a sus antiguos socios y se inició una encarnizada lucha por el control de la ciudad que la llevó a transformarse en una de las más violentas de América Latina. La violencia se ha reducido, pero continúa.

Dewey piensa que Chile está todavía lejos de ese punto. “No hay nadie que desafíe a los carabineros, porque los carabineros te pueden aplastar”.

Sin embargo, a la luz de las investigaciones que hay sobre Carabineros (desde el mega frade de $26 mil millones a las pruebas aportadas en el caso Huracán), es urgente preguntarse e investigar si ese poder tan grande está en condiciones de resistir y enfrentar al narco-estado del que habla el sacerdote Walker y que se observa en el caso de San Ramón.

EL CORAZÓN ILEGAL DE LA ECONOMÍA

Los factores que hacen que las policías o autoridades entren en vínculos con distintos tipos de actores ilegales, no están del todo claros. Puede ser, por ejemplo, que estos acuerdos se vean como no tan malos o, incluso, lógicos, cuando se extiende la idea de que todos en Chile somos corruptos. Cuando por ejemplo, la elite económica, que disfruta de la mejor posición de la sociedad, se colude en los precios de los productos o elude impuestos, eso da una señal hacia abajo. “Los actos venales de una elite pueden generar incentivos para que otros hagan lo mismo y comience a extenderse una moral según la cual tengo que hacer lo mismo que los otros para salvarme. Ya que todos están robando, robar está legitimado”, dice Dewey.

Pero también puede ser (y esta hipótesis le gusta más a Dewey) que estos actos corruptos e ilegales tiendan a expandirse con fuerza simplemente “porque la corrupción existe en la sociedad misma y hay altos niveles de tolerancia a ese tipo de comportamientos”.

Lo que es claro es que los mercados ilegales no se ubican en los márgenes de la sociedad, como se sostenía hace algunas décadas, sino que están integrados a la parte central de la economía. Una estimación de Economist de 2013 fijó en más de US$600 mil millones el monto de los intercambios que violan la ley, cifra que incluye desde venta de drogas a arte robado, pasando por fraude financiero y elusión tributaria.

En el prólogo del libro “La arquitectura de los mercados ilegales” (2017), Dewey y Beckert explican que la integración entre lo ilegal y lo legal es frecuente porque en realidad los mercados ilícitos contravienen la ley solo en algunos aspectos, los cuales pueden ser adoptados y resueltos por instituciones perfectamente legales. Por ejemplo, si una empresa fabrica zapatillas usando niños, solo esa parte tiene que permanecer oculta. El resto del negocio (transporte, marketing, distribución, etc.) es perfectamente legal.

No puede ser que un joven se transforme en policía después de un curso de dos meses. Creo que al contrario, ingresar al Estado tiene que es muy difícil”.

Un buen ejemplo de esa integración y de los difícil que es romperla, es La Salada, una descomunal explanada de producción y venta de prendas de vestir ubicada en la zonas sur oriente de Buenos Aires. Antiguamente, dice Dewey era parte de una pujante industria textil argentina que fue diezmada por las políticas neoliberales de la era Menem. Miles de empleos desaparecieron a causa de esas políticas, pero los trabajadores no. Expulsados del mercado “se reconvirtieron de manera ilegal” para continuar haciendo lo que sabían hacer: textiles. Solo que ahora eran falsificados. Hoy la Salada es uno de los íconos de la industria de lo falso y aunque sufre periódicos allanamientos y Estados Unidos exige el cierre de ese mercado, no se clausura porque hay muchos empleos involucrados y provee de productos que las clases medias y bajas no pueden tener de otra manera.

–La informalidad y la ilegalidad son fenómenos muy importantes en la economía de América Latina y los gobiernos tienen que reaccionar frente a este tipo de fenómenos. Pero no siempre la represión es la primera respuesta, porque no es sostenible.

Tampoco es solución, al menos en el corto plazo, legalizar ese mercado. En una reciente columna Dewey explica que legalizar La Salada obligaría a las textiles a adoptar las regulaciones para la seguridad física y social de los trabajadores (en La Salada se produce con horarios de explotación); obligaría a solucionar el problema de las marcas que son falsificadas y a que los comerciantes y fabricantes pagaran impuestos. “Todo eso elevaría los precios de la ropa y anularía el efecto positivo de ese mercado, que es la verdadera razón por la cual es aceptable”.

Sin poder prohibir ni legalizar, lo que queda es convivir con lo ilegal.

Dia del suboficial mayor de carabinerosEn un reciente libro “Tolerancia como forma de distribución” (Forbearance as Redistribution: The Politics of Informal Welfare in Latin America, 2017), la investigadora norteamericana Alisha Holland aborda las razones de la vista gorda de la autoridad en Latinoamérica. Se pregunta: ¿por qué la exigencia de cumplimiento legal es estable y uniforme en algunos contextos y volátiles en otros? En el caso chileno, pregunta, por qué podemos cobrar impuestos a la elite, pero se permite a vendedores callejeros operar en algunas áreas, mientras que en otras son perseguidos vigorosamente.

Holland sostiene que los políticos eligen NO hacer cumplir la ley cuando eso va en su beneficio electoral. Enfocándose en las leyes que son violadas por los pobres, Holland argumenta que el incentivo de los políticos depende de dos factores: 1) si los programas sociales ofrecen una alternativa a la violación de la ley, y 2) si los políticos dependen de los votos de los pobres para ganar una elección. Políticas sociales insuficientes y necesidades electorales alimentan la vista gorda de la autoridades.

Al igual que Dewey, Holland detecta que en Latinoamérica la política convive con lo ilegal, lo administra.

Eventualmente, en ese juego –en parte forzado por las necesidades sociales–, el delito puede escapar de control.

–Si uno se pone en los zapatos de los políticos– dijo Dewey a CIPER –los tipos quieren gobernar, quieren tener paz social, llevar a cabo sus proyectos políticos, no quieren conflictos. Entonces, toleran ciertos mercados, sobre todo si son muy legitimados en la sociedad. Por ejemplo, lo que son los mercados persas en Chile, donde muchas cosas son robadas o falsificadas. Ahí la tolerancia forma parte del intento por mantener la estabilidad y reproducir la paz social.

ADMINISTRAR EL ESTADO DE DERECHO

Si algunos agentes del Estado establecen fluidas relaciones con lo ilegal, es claro que el Estado no desaparece del territorio. Pero lo que sí desaparece es el Estado de Derecho. Dewey explica que eso es lo que los agentes le ofrecen a las bandas de narcos, a los comerciantes ilegales y a todos a quienes se les toleran sus ilegalidades: la supresión, durante un tiempo y en determinadas zonas, del Estado de Derecho.

Dewey llegó a esta idea mientras entrevistaba a un ex auditor de la policía de Buenos Aires, famosa por su brutalidad:

–El auditor me contó que el libro de entradas (donde se anota todo lo que ocurre en el cuartel, quien entra, quien sale, que denuncias se hacen, etc.) está desfasado una hora. Es decir, si alguien entró a las 10 a hacer una denuncia, lo anotan como que llegó a las 11. ¿Por qué? Porque se reservan una hora para lidiar con cualquier imprevisto, cualquier cosa que se les salga de las manos y que eventualmente necesiten encubrir. El auditor me dijo que todos los diarios de la policía están atrasados una hora. Entonces, se me ocurrió algo bastante obvio; que aquellas personas que tiene el poder de confeccionar documentos oficiales, pueden escribir lo que se les dé la gana y hacerlos valer como válidos.

Los actos venales de una elite pueden generar incentivos para que otros hagan lo mismo y comience a extenderse una moral según la cual tengo que hacer lo mismo que los otros para salvarme”.

Y así es como algunos agentes del Estado administran la ley. A veces la anulan, a veces la hacen exigible. Vuelven productivo el poder Estado de Derecho. “Yo puedo perfectamente como inspector no solo falsificar documentos, sino más sutilmente, interpretar y aplicar normas para un lado o para otro. Ahí hay un espacio que pueden administrar los representantes de la ley”, explica Dewey.

Ese espacio de supresión del Estado de Derecho no lo aprovechan solo los comerciantes ilegales de marcas truchas o droga. También es un espacio que se ofrece a las encumbradas elites cuando, por ejemplo, se les acepta saltarse la ley tributaria eludiendo con ingenio la norma.

La expansión de estos comportamientos, escribe Dewey, se ve potenciada por múltiples factores, entre los que ubica la expansión del neoliberalismo en los negocios y en la ética (la economía en general piensa que la justicia es una bobada, decía el último premio Nobel, Richard Thaler); y la expansión de sectores muy precarios surgidos de la descomposición del aparato productivo y que el sociólogo Loïc Wacquant llamó “marginalidad avanzada”.

La solución, por tanto, es difícil de pensar. Pero la intuición de Dewey es que siempre será clave contar con funcionarios públicos bien formados en todos los niveles.

-Siempre he creído que lo importante es tratar de formar buenos representantes del Estado, gente a la que se le den todos los beneficios para que sea fiel al ordenamiento jurídico. El problema de muchos países es que los agentes del Estado no son fieles al Estado, son fieles a otros intereses. No puede ser que un joven se transforme en policía después de un curso de dos meses. Creo que al contrario, ingresar al Estado tiene que ser muy difícil. La construcción de instituciones que elijan bien quién entra y quién no, debería ser el primer objetivo de los gobiernos. Lo que pasa es que es mucho más tentador tener fuerzas policiales y de seguridad que están al servicio del gobierno de turno- concluye Dewey.

La reforma de Trump: por qué bajar impuestos no aumenta la inversión e incluso puede perjudicar el crecimiento

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se anotó un triunfo político al conseguir la aprobación de la reforma tributaria más profunda de su país en tres décadas. Entre otras cosas, contempla una rebaja de las tasas de impuesto a los hogares que rentan sobre US$500 mil al año (unos $25 millones mensuales) y que verán bajar sus tributos de 39% a 37%. También resultaron altamente beneficiadas las grandes compañías, cuya tasa tributaria baja de 35% a 21%. En una suerte de “perdonazo”, parecido al chileno, se les ha ofrecido a quienes tengan dineros offshore, repatriar esos recursos (mantenidos principalmente en paraísos tributarios), pagando sólo una tasa de 12,5%.

Edmund Valpy Fitzgerald es profesor emérito de la Universidad de Oxford y miembro de ICRICT (Independent Commission for the Reform of International Corporate Taxation), una organización que integra el Nobel Joseph Stiglitz y que promueve en el mundo reformas tributarias justas, efectivas y sostenibles con el desarrollo. Valpy considera que muy poco de lo que ha hecho Trump con esta reforma es compatible con esos principios. En conversación con CIPER, sostuvo que esta reforma, como todas las reducciones de impuestos para los más ricos, se basan en una idea falsa: que si la elite tiene más recursos los va a invertir productivamente.

-La evidencia es muy clara en que las bajas tasas de impuesto no tienen efecto sobre la inversión. Las razones son muy sencillas. Si alguien quiere hacer una inversión importante, por ejemplo una mina o una fábrica, se trata de un proceso que puede demorar más de cinco años en llevarse adelante y hacer que sea rentable. Entonces, que el gobierno ahora diga que los impuestos son estos, no quiere decir que no vaya a venir otro que cambie el régimen en 5 años. En general, la decisión de invertir no se ve afectada por los impuestos, sino por la existencia o no de buenos negocios. Y en eso influyen otras cosas, como la situación económica en general, el tipo de garantías para la inversión extranjera, la demanda para los productos que quiero producir, etc. Eso impulsa las inversiones. Ahora, una vez que han invertido, por supuesto las empresas pelean por pagar menos impuestos. Pero eso no tiene que ver con generar más inversión, sino con retener un pedazo más grande de las utilidades del negocio.

-¿Entonces las esperanzas que depositan las personas en que menos impuestos hagan a los más ricos crear más negocios y empleos, es un error?

-La evidencia indica que eso no va a ocurrir. Hoy las empresas norteamericanas ya tienen muchísimos recursos y los bancos tienen un exceso de liquidez, es decir, no falta dinero para invertir. Lo que les faltan son buenos proyectos. Así que la mayoría de los observadores estiman que el impacto de esta rebaja va a estar en la demanda; pero como la mayoría de los nuevos ingresos va a parar a los más ricos, tampoco se espera que ellos gasten mucho. En realidad, el alza del crecimiento que se espera no viene de la rebaja tributaria, sino del aumento del déficit fiscal, el cual se va a originar en un mayor gasto en armas. El plan de hacer grandes gastos militares es lo que está generando las proyecciones de un aumento de crecimiento en torno al 0,3% del PIB.

-Si es cierto lo que sugiere el Fondo Monetario Internacional, que la concentración de la riqueza perjudica el crecimiento, una reforma como la de Trump, que da más dinero a los más ricos, ¿puede tener un efecto negativo sobre el crecimiento, lo contrario de lo que las personas esperan?

Una buena idea es desgravar, con más rapidez, las inversiones que crean empleo. En vez de bajar el impuesto a las utilidades que quizás se invertirán (pero no lo sabemos), se puede premiar la inversión real y sobre todo la inversión que crea empleos”.

-Sí. La concentración de ingresos tiene tres efectos negativos sobre el crecimiento: un efecto más inmediato es que al concentrar ingresos en pocas manos, los muy ricos tienen una tendencia a consumir fuera de su país. Mientras el hombre de a pie gasta su dinero a nivel local, los ricos gastan muy poco en bienes nacionales. Sabemos, entonces, que la concentración tiene un efecto deprimente en la demanda por la producción nacional. El segundo efecto negativo es a largo plazo, en la formación de capital humano, porque en la medida en que hay distribución, más personas invierten en formarse mejor, en alimentarse mejor y todo eso hace que la productividad del país crezca más rápido. Por último, diría que cuando la concentración de la riqueza crece sin freno, el contrato social entre el capital y el trabajo, entre el empresario y la población, se quiebra y conduce a inestabilidad política y desengaño.

-En su experiencia, ¿qué medidas tributarias impulsan la inversión?

-Una buena idea es desgravar, con más rapidez, las inversiones que crean empleo. En vez de bajar el impuesto a las utilidades que quizás se invertirán (pero no lo sabemos), se puede premiar la inversión real y sobre todo la inversión que crea empleos. Otro factor que influye mucho en políticas de inversión es distinguir correctamente entre empresas grandes y pequeñas. Las transnacionales pueden evadir los impuestos con mucha facilidad, no necesitan más rebajas tributarias. Las pequeñas y medianas empresas tienen muchas más dificultades y sabemos que son las que crean el empleo. En ese sentido hay que tener claro que cuando los sistemas permiten la elusión y la evasión tributaria de las grandes corporaciones, no solamente perjudican a los pobres, sino a la empresa pequeña y mediana nacional que tiene que pagar todos los impuestos.

-Y si no es a través  de impuestos, ¿cómo se ayuda a que la economía se recupere?

-Lo que demandan los inversores es más certidumbre. Y eso es lo contrario de lo que ocurre hoy en Estados Unidos. Y la segunda cosa que hace falta es infraestructura. La capacidad productiva de la economía norteamericana está casi completamente ocupada y aunque Trump habla mucho del plan de infraestructura, no ha propuesto nada en serio en ese campo.

-¿A qué sector específico ayuda esta rebaja?

-La reforma tiene dos metas claras: beneficiar a las inmobiliarias, que es el gremio de Trump. Y a empresarios que lo apoyan. El segundo objetivo es el de beneficiar, si puede, a los empresarios en general y si es que es posible, a los pequeños empresarios. Pero obviamente no va a beneficiar a la gente de recursos modestos que son víctimas del desorden económico de los Estados Unidos y que son su base electoral. A ellos lo único que les puede dar Trump –y se los está dando en grandes cantidades– es alimento “cultural”, a través de cuestiones de religión, de nacionalismo y de raza. Esa estrategia es muy clara y no es la primera vez que gobiernos de este tipo juegan con los prejuicios y los miedos.

IMPACTO INTERNACIONAL

Valpy argumenta que la  agresiva reforma se ha sostenido en una idea falsa: que las empresas norteamericanas “pagan más impuestos que nadie”.

-Ese es uno de los lemas más importantes del gobierno de Trump, pero no es cierto. Primero, porque la tasa real que pagan las empresas depende, más que de la tasa misma, de cuántas excepciones tienen. ¡Y tienen muchísimas! Por otra parte, la carga que soportan en materia de seguro social es más baja que en cualquier otro país occidental.

Valpy advierte, además, que pese a que los efectos económicos no van a ser los esperados, el ejemplo de Estados Unidos puede tener un efecto político en Latinoamérica, pues animará a los que ideológicamente luchan siempre por menores impuestos, a que sus países imiten a Trump. El tema es importante para Chile, pues la reforma tributaria de Michelle Bachelet, que de acuerdo a al Banco Mundial se concentró en el 1% más rico, estuvo en el foco de las críticas de Sebastián Piñera, quien llegó a prometer que esta reforma sería uno de sus primeros cambios cuando llegara al gobierno.

Las transnacionales pueden evadir los impuestos con mucha facilidad, no necesitan más rebajas tributarias. Las pequeñas y medianas empresas tienen muchas más dificultades y sabemos que son las que crean el empleo”.

Valpy dijo a CIPER: “La rebaja le va a dar más ánimos y más respaldo a quienes argumentan, en cada país,  que la tasa sobre los impuestos debe ser lo más baja posible. Y en ese sentido, creo que el efecto demostración, es decir el efecto político, va a ser más importante que el efecto económico”.

-¿La rebaja en Estados Unidos puede llevar a capitales norteamericanos invertidos en América Latina a regresar a su país?

-Los capitales que probablemente regresarán serán los que se encuentran en paraísos tributarios. Probablemente, Panamá se verá perjudicada. Pero como señal, la que da Estados Unidos es mala para la comunidad internacional, pues incita a competir por rebajas de impuestos. En ese sentido  me parece que se le puso poca atención a una importante noticia de la semana pasada: la carta que escribieron los ministros de finanzas de Inglaterra, Alemania, Francia, España e Italia, al secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Terner Mnuchin, criticando abiertamente al gobierno norteamericanos por su reforma fiscal. En mi experiencia, no recuerdo una carta como esa y demuestra la importancia del asunto. Los gobiernos europeos están muy enfadados. Buscaban una mayor cooperación internacional en cuestiones de impuestos y se había avanzado bastante en los últimos años en la cooperación entre gobiernos. Esto lo ha mandado al traste.

Rectores inician reforma a la PSU en medio de disputa por el control de la prueba

Mientras 295 mil estudiantes chilenos se jugaron esta semana una parte de su futuro en la Prueba de Selección Universitaria (PSU), los equipos académicos que piensan y hacen esa prueba, libraron una férrea batalla por el control del test. Ese enfrentamiento tuvo su clímax el jueves 30 de noviembre en Temuco, durante la reunión del Consejo de Rectores (CRUCH). En esa cita los rectores debían escoger a los integrantes del comité que estudiará e introducirá correcciones a la prueba y los grupos en pugna pusieron sus cartas sobre la mesa para ganar cupos en esa nómina.

De un lado estuvo el DEMRE, departamento de la Universidad de Chile que entre otras funciones elabora las preguntas de la PSU, organiza la jornada de rendición de la prueba y entrega los resultados. Dirigido hoy por la matemática Leonor Varas, este organismo viene insistiendo desde hace una década que la PSU falla en el aspecto más importante que debe tener el sistema de selección: no identifica bien a los alumnos que van a tener mejor desempeño en la universidad.  CIPER accedió a documentos recientes del DEMRE que apuntan a la línea de flotación de la prueba y proponen cambios que mirados en conjunto harían de la PSU algo muy parecido a la antigua Prueba de Aptitud Académica (PAA).

Al otro lado hay un bloque que se resiste a hacer cambios de fondo en la PSU y donde destaca el Sistema Único de Admisión (SUA), entidad asesora de los rectores en materias relacionadas con la prueba. En su directorio están los rectores de las universidades de Valparaíso, de Chile, Católica, Santiago, Federico Santa María, Playa Ancha, Tarapacá y Magallanes. Según fuentes del DEMRE, quienes han alineado al SUA con la defensa de la PSU, por sobre la opinión de otros rectores, han sido Ignacio Sánchez (PUC) y Aldo Valle (Valparaíso). A ellos se sumó en esa tarea la doctora en Educación María Elena González, actual directora del SUA.

En octubre pasado el SUA dio a conocer el estudio “Validez Predictiva de Factores de Selección” del psicólogo José Luis Saiz que defendió a la PSU de una de sus principales críticas: sí predice bien el desempeño que van a tener los alumnos en primer año (ver documento). Ese es hoy uno de los caballos de batalla del SUA para resistir cambios.

El DEMRE y el SUA han incrementado la fuerza de sus choques desde hace un par de meses cuando se tomó la decisión de formar el comité que debe reformar la prueba.  Como resulta obvio, ese comité será clave en determinar si los cambios que se deben hacer son menores, como quiere el SUA, o estructurales, como pretende el DEMRE.

La ventaja del SUA es que tenía la responsabilidad de recolectar los nombres –postulados por las universidades­– de los candidatos a integrar el citado comité y presentarlos a los rectores en la reciente reunión de Temuco.

“¿POR QUÉ ESTAMOS USÁNDOLA?”

El SUA comenzó a proponer como asesor a Jorge Manzi, director del Centro de Medición Mide UC y uno de los autores de la PSU. Su nombre generó duras críticas en el DEMRE. Durante los primeros 10 años de aplicación de la prueba (2004-2013), Manzi formó parte de un Comité Técnico (CTA) que asesoraba a los rectores en la evaluación de la PSU. Un informe del DEMRE  responsabilizó al CTA, en la época en que lo integraba Manzi, de haberse opuesto a las reformas que habría requerido la prueba. Particularmente, se le critica haber neutralizado el duro informe de la consultora estadounidense Pearson que en la página 64 dice: “Si la PSU no predice los desempeños en la universidad, ¿por qué estamos usándola?”.

En las semanas previas al encuentro de Temuco, las distintas universidades enviaron propuestas de académicos para conformar el nuevo comité asesor. Se estimaba que al momento de votar los rectores tendrían una lista de al menos 14 nombres para cuatro puestos nacionales (otro dos integrantes vendrían fuera de Chile). Pero a Temuco el SUA llevó solo cinco nombres, restringiendo a un mínimo las opciones que podían escoger los rectores. Según fuentes de CIPER presentes en la reunión, cuando algunos rectores preguntaron por qué la lista era tan reducida, Elena González dijo que eso era atribución del SUA.

En la lista estaba Jorge Manzi y la integraban también José Luis Saiz (psicólogo de la Universidad de la Frontera, autor del estudio que defiende la capacidad predictiva de la PSU); Verónica Santelices, de la Facultad de educación de la UC; Alejandra Mizala, economista de la Chile, y Salomé Martínez, matemática de la Chile.

Con la nómina sobre la mesa comenzó un intenso tira y afloja en torno al nombre de Manzi, el más polémico de los candidatos. Los testimonios recogidos por CIPER indican que el rector Sánchez (UC) propuso que los cinco candidatos fueran electos “pues siempre uno falta o se enferma”. La propuesta, que aseguraba que todos los candidatos quedaran dentro, fue rechazada por los rectores, quienes insistieron en votar por cuatro y eliminar a uno. En ese escenario, el rector Valle (de Valparaíso) propuso que el quinto quedara como suplente.

Los rectores votaron. Mientras los otros candidatos y candidatas recibían entre 24 y 21 votos, Manzi sólo obtuvo 13. Una nota de La Tercera que informó en detalle sobre la reunión de los rectores, afirmó que Manzi quedó fuera del comité. Sin embargo, fuentes consultadas por CIPER creen que es necesario ver el acta final, que se conocerá la próxima semana, donde quedará claro si la idea de “un suplente” fue aceptada o no por los rectores.

Consultado por CIPER sobre este tema, Manzi respondió: “La única información que he conocido es la que aparece en La Tercera. No he recibido información del CRUCH, de manera que no puedo clarificar lo que significa ‘suplente’ en caso que esa categoría se usara”.

Aunque parece una disputa de nombres, la verdadera pugna está entre dos miradas contrapuestas sobre cómo debe ser, en adelante, la selección de estudiantes que aspiran a tener una educación superior. Pues, con creciente fuerza, las propuestas que emanan del DEMRE apuntan a un modelo más parecido a la antigua PAA, opción que en el fondo implica decir que estos casi 15 años de PSU han sido, en gran parte, un error.

La votación sobre el futuro de la PSU tuvo lugar justo cuando Jorge Manzi, a través de Mide UC, participa en un proyecto con el Ministerio de Educación del Perú que estudia la posibilidad de implementar en ese país una prueba única de acceso a la universidad. El académico habló con CIPER antes de la votación de Temuco. Se refirió al Informe Pearson y a su posible integración al nuevo Comité Asesor convocado por el CRUCH. Cuando se le preguntó si la paternidad de la PSU no le impedía ser un evaluador ecuánime de esa prueba contestó: “Sería lamentable que la gente que sabe de algo no pueda participar. En Chile no tenemos muchos especialistas” (ver entrevista al final de este artículo).

DOCUMENTOS DEL DEMRE

La posición del DEMRE sobre la PSU se sintetiza en dos documentos a los que accedió CIPER. El primero es un informe presentado al Consejo de Rectores (CRUCH) en mayo de 2017 en el que se argumenta que la  PSU “resulta estrecha e insuficiente para la amplitud y complejidad de las nuevas necesidades”. Se destaca allí que, por estar fuertemente ligada a medir el currículum vigente de los establecimientos científico humanistas, introduce distorsiones que perjudican a diversos grupos, por ejemplo, a los alumnos rezagados (los que vuelven a rendir la prueba y cuyos conocimientos se desactualizan rápidamente y que son un tercio de los postulantes); o a los los alumnos de liceos técnico-profesionales (TP) que no estudian los mismos contenidos y que también constituyen un tercio de los postulantes.

Todo esto, dice el informe, “deteriora la calidad de la selección” de una prueba que usan 36 universidades para elegir a sus alumnos. Dicho en breve, el DEMRE está preocupado porque, con muy poca frecuencia, al que le va bien en la PSU, le va bien en el primer año de carrera. Esto, que técnicamente se denomina la “validez predictiva”, ya había sido advertido en el mencionado informe de 2013 emitido por la consultora Pearson en el que se afirmó que  “resulta evidente el bajo poder predictivo de la PSU de Lenguaje y de Historia”. Mejor poder predictivo tenían las pruebas de Matemáticas y Ciencias, dijo Pearson, pero en ningún caso “se logran índices de validez cercanas al límite inferior de lo que se observa  internacionalmente en este tipo de pruebas”.  Esto llevó a la agencia norteamericana a hacer la incómoda pregunta citada más arriba “Si la PSU no predice los resultados que se obtendrán en la universidad, ¿por qué estamos usándola?” (ver minuta del informe Pearson)

El cuestionamiento de Pearson provocó un remezón y en el mismo 2013 el CRUCH dio señales que parecían anunciar una profunda reforma de la PSU. Pero a cuatro años de ese informe, el DEMRE constata que, aunque se han hecho muchos avances, los problemas más graves –consignados más arriba– no se han resuelto.

En un segundo informe del DEMRE que revisó CIPER y que circula reservadamente en ese organismo, se ofrece una explicación para la demora en corregir los defectos que tendría la PSU. Se trata del documento “Responsabilidades en los problemas de la PSU-M y PSU de Ciencias”, fechado en enero de 2017 y catalogado como “informe de circulación restringida”.  Junto con detallar los problemas que acarrea la PSU desde que comenzó a implementarse hace una década, el texto  argumenta que si los cambios sugeridos por Pearson no se han llevado adelante, se debe a la oposición que presentó el Comité Técnico Asesor (CTA), una instancia asesora del CRUCH.

Dice el informe reservado del DEMRE:

En la sesión del 28 de marzo de 2013. Pocas semanas después de liberado el informe Pearson, el CTA sugirió al CRUCH que se desechara la sugerencia de los expertos internacionales, descalificándola, sin presentar argumentos para ello”.

Como evidencia de esta afirmación, el DEMRE adjunta un documento de marzo de 2013 en el que se transcriben las ideas centrales que la CTA expuso ante el CRUCH: entre ellas, que varias de las reformas importantes que propone la consultora estadounidense “puede corresponder a una mala comprensión de Pearson del sistema educativo o de admisión chileno”; y que “muchas de las recomendaciones de Pearson están basadas en el sistema norteamericano, por lo que se ignoran las condiciones educativas e institucionales que explican la forma en que la prueba está construida”. El CTA advirtió también que si algunas de estas medidas se adoptaban “se podrían tener consecuencias mayores” (ver transcripción).

El CTA  era dirigido entonces por David Bravo (director del Centro de Encuestas de la UC) e integrado por Jorge Manzi. De allí los resquemores que despertó en el DEMRE la postulación de Manzi.

LAS AREAS DE CONFLICTO DE LA PSU

En el documento que el DEMRE entregó a los rectores en mayo de este año se detallan una serie de debilidades que ese organismo detectó en la PSU y que se basan en lo que investigadores nacionales e internacionales han dicho sobre esta prueba. Ante cada problema, el DEMRE entrega una solución que, en términos generales, apunta a crear un test que tenga distintos niveles de complejidad, con controles  obligatorios básicos y otros específicos, en la línea de lo que fue la Prueba de Aptitud Académica. Los cinco puntos clave que destacan en el informe del DEMRE son:

1) Enfrentar en forma urgente el problema de la “limitada validez predictiva” de la PSU que detectó el informe Pearson, a través reducir la dependencia de la prueba del currículum científico humanista. Esto, por cuanto no todos lo conocimientos que se incluyen en la PSU forman parte del currículum de los estudiantes de liceos Técnico-Profesionales, lo que perjudica sus opciones. De acuerdo a la interpretación del DEMRE, la PSU predice mal porque estructuralmente se pensó para medir, a la vez, habilidades universitarias y contenidos de enseñanza media. Ambas cosas no se pueden hacer y para que la PSU prediga mejor, es necesario “reducir y sintetizar los extensos temarios” que se incluyen hoy.

Este cuestionamiento del DEMRE fue respondido por el SUA a través del citado estudio “Validez Predictiva de Factores de Selección”, de José Luis Saiz.  En ese informe se concluyó que la correlación entre la PSU y las notas del primer año de universidad ha mejorado ligeramente desde 2013 a la fecha, especialmente la de la PSU de Matemáticas que registraría una correlación comparable con el estándar internacional.

En el tema de la validez predictiva, que es central para que la PSU sea una prueba con sentido y no una simple jerigonza burocrática, está lejos de generar un acuerdo al interior de la institucionalidad que gobierna esta prueba y será tarea del nuevo comité asesor llegar a una conclusión en este tema.

2) Más allá de la capacidad de predecir, el DEMRE remarca que la PSU de Matemáticas tiene un grado incorrecto de dificultad: resulta muy sencilla para quienes quieren estudiar carreras relacionadas con esa disciplina y es muy difícil para la mayor parte de la población. Por ello, muchos puntajes se agrupan en el top de los resultados, haciendo difícil discriminar un orden que ayude a seleccionar. Al otro lado, en las zonas de bajos puntajes, también hay una gran concentración, lo que se suma a otro problema: son tan pocas las respuestas correctas que obtienen los estudiantes que es difícil discriminar si un puntaje se debe a lo que sabe un alumno o al azar.

La propuesta del DEMRE es volver a una estructura como la de la PAA, con una prueba obligatoria (en la que se revisen contenidos de primero y segundo medio) y otra específica y electiva, para carreras que van a requerir un nivel avanzado de matemáticas y que se basará en los contenidos de tercero y cuarto medio.

3) Una prueba con problemas históricos, que no mejoró substancialmente en la reciente medición del SUA, es la de Lenguaje. Supuestamente, mide escritura, pero lo hace a través de preguntas de selección múltiple, sin que los alumnos redacten una línea. El informe del DEMRE sugiere que ese tipo de ítem, si es que mide algo, no captura ciertamente la habilidad de escribir, por lo que sugiere eliminar las secciones de conectores y plan de redacción.

4) Separar las pruebas de ciencias. Este es uno de los capítulos más delicados de la actual PSU. Desde que comenzó a aplicarse, diversos investigadores han reportado “graves problemas técnicos”, dice el informe reservado del DEMRE. Los estudios que lo han remarcado son los de Nancy Lacourly, un informe del Educational Testing Service (ETS) contratado por el DEMRE en 2004 (dado a conocer por CIPER), y el de la consultora Pearson. En Ciencias los alumnos deben rendir un examen que tiene dos partes. La primera es un módulo común y la segunda un módulo electivo donde el postulante decide si contesta preguntas de Química, Física o Biología. Luego se corrigen las pruebas y se hacen equivalentes las respuestas de las tres áreas. El problema es que esas áreas difícilmente son equivalentes. En la práctica ha ocurrido que al tratar de hacer comparable los puntajes, se ha perjudicado a alguna disciplina.

Ya en 2005, Pablo Valladares, coordinador de Ciencias en el DEMRE, sostuvo que el mecanismo usado para calcular los puntajes en esa prueba era  “poco ético”, pues alteraba la calificación de los alumnos dependiendo de si habían decidido contestar el electivo de Química o el de Biología. “Se les aumentó artificialmente la puntuación a los que rindieron Biología y se les disminuyó a los que optaron por Química”, escribió en una carta que envió a Graciela Donoso, jefa de la unidad de investigación del DEMRE (ver carta). El problema sigue vigente hasta hoy, pues “no hay comparabilidad en los módulos electivos, tanto en lo relativo a su construcción como a su dificultad”, sostiene el DEMRE en su propuesta a los rectores.

Siguiendo lo que se propone desde la primera vez que se detectó este problema en 2004, la propuesta de solución, una vez más, es volver a algo parecido a la antigua PAA: una prueba común de ciencias y tres específicas con puntajes distintos. El informe insiste: “Resulta de extrema urgencia definir una agenda que permita transitar a la separación de las prueba de Ciencias”.

MANZI: “UN INFORME CON LEGUAJE CARGADO”

Dadas las críticas que se hacen al CTA, CIPER intentó consultar a David Bravo, ex director de ese organismo, pero este prefirió no responder. Sí lo hizo Jorge Manzi, quien estuvo en la CTA desde 2004 hasta 2013. La entrevista se hizo antes de la votación de Temuco:

– El informe Pearson fue durísimo con la PSU y por ello llama la atención que los problemas centrales que detectó no han sido resueltos en cuatro años. ¿Qué responsabilidad tiene en eso el Consejo Técnico Asesor  (CTA) del que usted formó parte? ¿Sostuvo ante los rectores que Pearson estaba equivocado?

– Para poner las cosas en contexto, déjeme decirle que cuando el informe Pearson fue entregado, yo era integrante del Consejo Técnico Asesor. Luego, el CTA se disolvió porque los rectores constituyeron una entidad (el SUA) para hacerse cargo de la prueba, cuya tarea era supervisar el mejoramiento que se derivaba del informe Pearson. Así, lo que nos tocó hacer en el CTA fue básicamente identificar las recomendaciones de Pearson, que eran más de 120, clasificarlas y luego exponérselas a los rectores. Hay que decir que muchas se han implementado.

– Las que no se implementaron son las recomendaciones que hacen de Pearson un informe duro.

-Sí, es un informe duro, pero yo creo que lo que lo hace duro es el tono en que está escrito. Es un informe que usa un leguaje cargado, en el sentido de cómo se dicen las cosas.

– ¿Le atribuye mala intención a Pearson?

– No. A lo que me refiero, por ejemplo, en el caso de la validez predictiva Pearson dice que la PSU tiene una validez estadística por debajo de los estándares internacionales. Pero solo compara la PSU con las pruebas que se hacen en Estados Unidos, lo que es muy poco para hablar de “estándar internacional”. Además, el sistema universitario norteamericano es muy distinto al nuestro: los estudiantes no entran a carreras directamente sino que su primer año tiene una formación general de college, con un menú de cursos muy acotado. Entonces, cuando se hace un juicio tan categórico como el de Pearson, para mí es evidencia de una falta de cuidado.

– Hay una forma fácil de rebatir el argumento de Pearson: mostrar que la validez predictiva de la PSU es igual a la de muchos países. ¿Puede dar ejemplos de eso?

– Lo que pasa es que dado lo idiosincrático que es cada sistema universitario, comparase con estándares internacionales es algo que hay que tomarse con cuidado. Hay que compararse con sistemas universitarios como el nuestro, donde los estudiantes entran  a carreras profesionales  terminales. Y no hay muchos para mirar.

– Más allá de la comparación, el nivel de predicción de  la PSU es numéricamente bajo, sobre todo en Lenguaje e Historia.  Y en la PSU de Matemática, dependiendo de la carrera, también falla. Entiendo que para la carrera de derecho la PSU de Matemáticas predice al revés. O sea un buen puntaje en la PSU se relaciona con malas notas en el primer año.

– Creo que eso no se puede decir para una carrera genérica, para todo el país. Puede ocurrir en alguna facultad de derecho, en alguna universidad. Por otra parte, este año el SUA publicó un informe de validez predictiva que para mi gusto es mucho más revelador de lo que de verdad está pasando (se refiere al estudio del psicólogo Saiz). Yo creo que en Matemática y Ciencias tenemos un nivel de predicción bastante razonable, atendiendo que estamos prediciendo todo el rango de carreras que tenemos en Chile. Sin embargo en Lenguaje y en Historia sí tenemos un nivel de predicción muy por debajo de las otras  dos.

– Parte de los problemas que tiene la PSU se atribuyen a que se basa en el currículum de primero a cuarto medio. Eso es injusto para estudiantes de los liceos técnicos profesionales que no tienen el mismo currículum, pero, más de fondo, es injusto porque es evidente que a mayor dinero y mejor colegio, mayores oportunidades de aprender el currículum. ¿Por qué no volver a medir algo que debiera ser equitativamente repartido, como la aptitud para estudiar?

– Hoy no hay pruebas que no estén basadas en el currículum, en esencia porque la idea de que existe una aptitud independiente de la experiencia educativa es simplemente insostenible. Los sicólogos que hemos tratado de construir pruebas libres de cultura nos hemos encontrado con problemas gigantescos. Entonces, se asume que las habilidades están normalmente distribuidas en la sociedad, pero la verdad es que sólo en la primera infancia, cuando los chicos parten, son muy parecidos. Pero cuando llegan a la enseñanza escolar, las diferencias han crecido fuertemente por razones  socioeconómicas entre otras. Yo soy una persona totalmente convencida de que la educación tiene que ser lo más equitativa posible. Y eso, para mí, lo brinda una educación donde las oportunidades de aprender son equivalentes. ¿Me van a decir que cambiando la prueba vamos a resolver el problema que hay en Chile?

– Sin embargo, la PSU no es solo un termómetro: abre la puerta de la universidad a un grupo y excluye a otro. Al basarse en el currículum parece consagrar la desigualdad.

-Insisto. La oportunidad de aprender no se logra con pruebas, sino con oportunidades de aprendizaje que emergen de políticas educativas.

– Sobre la prueba de Ciencias, los problemas que se han detectado son graves. Desde 2005 el DEMRE dice que hay una distorsión en los puntajes. Hay generaciones que han dado esas pruebas y que pueden sentirse estafadas.

– El problema de Ciencias no se origina en el empecinamiento de alguien que quiere hacer una cosa rápida y exótica, sino que viene determinado por una situación curricular. El currículum no incluye Biología, Física y Química en todos los niveles de la enseñanza media. Se podría haber resuelto que la prueba llegara hasta segundo medio, por supuesto.

– ¿Por qué no se hizo?

– Porque el acuerdo al que se llegó era que si el espíritu del currículum era hacer una formación científica integral no es necesariamente un error combinar esas habilidades.

– El costo es que tratando de hacer compatibles los puntajes, se perjudicó a algunos alumnos y se favoreció a otros. Eso se denunció hace más de 10 años. Los alumnos merecen una explicación.

-Por supuesto, si es que esa fuera la evidencia que existiera sistemáticamente. Pearson planteó la posibilidad que se calculen puntajes separados para las tres ciencias, pero también comentó la posibilidad de calcular puntajes comparables. Con respecto a la metodología para calcular el puntaje comparable, Pearson sugiere recurrir a un método convencional, el que corresponde al método actualmente en uso, según he podido confirmar con el experto en comparabilidad que ayudó a establecer el procedimiento en el DEMRE.

– ¿Le parece que está en condiciones de integrarse al comité asesor del CRUCH y evaluar ecuánimemente una prueba que usted creó?

– Si me dicen que por saber de un tema quedó inhabilitado… Creo que sería lamentable que la gente que sabe de algo no pueda participar, porque no tenemos muchos especialistas en Chile.

– Gracias a la inversión en capital humano avanzado hay muchos especialistas. Le reitero, ¿usted tiene la distancia suficiente para evaluar la PSU y corregirla si es necesario?

-Lo que entiendo que se va a organizar es un comité asesor, no una entidad resolutiva. Por otra parte, no tengo ningún conflicto de interés con Pearson, porque nunca he tenido una relación con esa entidad.

– ¿Está promoviendo, a través del Mide UC, una suerte de PSU en Perú?

-Lo que el Mide UC está haciendo es una asesoría para el Ministerio de Educación del Perú, para analizar la factibilidad de establecer pruebas de selección para la educación superior en ese país. Esto se basa en una invitación que nos hicieron para postular a una licitación, a la que nos presentamos como centro de medición, en conjunto con una universidad peruana. El Ministerio de Educación del Perú seleccionó nuestra propuesta, la que entre otras cosas debe sistematizar la experiencia internacional en este ámbito, y efectuar recomendaciones que sean adecuadas para el contexto peruano, que en este ámbito es muy diferente al chileno.

“Papeles del Paraíso”: filtraciones refuerzan postura del SII en millonario juicio contra Walmart

Como azotadas por una profunda crisis financiera, las sociedades en cascada que forman el holding de Walmart en Chile y que controlan los supermercados Líder, Ekono y Acuenta, entre otras cadenas, informaron al Servicio de Impuestos Internos (SII) más de $80 mil millones (US$126 millones al cambio actual) en pérdidas tributarias, entre 2010 y 2014.

El motivo de ese desastre no estaba en abruptas bajas en las ventas o en malas estrategias comerciales, sino en una deuda contraída en 2009 con el banco HSBC de Panamá por cerca de US$1.900 millones (más de $1 billón), dinero que fue usado para tomar el control de D&S, dueña original de Líder, que pertenecía a la familia Ibáñez.

En efecto, cualquiera que hubiera tenido acceso a los balances de la matriz del grupo en Chile, Inversiones Australes Dos (en adelante Australes Dos) habría visto que la gigante del retail pagó, entre 2012 y 2014, US$455 millones debido a tres préstamos con el HSBC, algunos pactados a tasas de hasta 8% anual.

Con esas tasas no hay negocio que resista.

Pero aunque el HSBC parecía ser el destino final de esos recursos, por otra ventanilla del mismo banco, Walmart retiraba intereses de un fideicomiso de US$ 1.900 millones.

En esta operación el HSBC de Panamá habría sido solo un intermediario entre la mano izquierda y la mano derecha de Walmart. Y en ese cambio de mano, los millones que debieron entrar a Chile como inversión, entraron como deuda, posibilitando que todas las utilidades del próspero negocio que estaban comprando, desaparecieran, con lo que también se evaporaron los impuestos que debía pagar en Chile.

Hoy este tema es objeto de un juicio en el Cuarto Tribunal Tributario y Aduanero (TTA).

Oficinas de Appleby en Bermudas (Foto: Hidefumi Nogami, reportero del Asahi Shimbun, Japón)
Oficinas de Appleby en Bermudas (Foto: Hidefumi Nogami, reportero del Asahi Shimbun, Japón)

Desde la Isla de Bermudas surgen ahora documentos que respaldan la posición del SII y que pueden resultar decisivos en la disputa judicial que aún está en curso. En ese paraíso fiscal tiene sede el bufete Appleby, fuente de casi siete millones de documentos que fueron filtrados a la prensa. Entre los papeles que ahora se conocen, hay al menos una docena que contiene varios correos y mensajes entre empleados de Appleby que se refieren al préstamo entre Walmart y el HSBC como una “operación aparentemente circular” concebida, precisamente, para generar “una ventaja fiscal”.

Los documentos de Appleby contienen también un informe preparado en 2009 por Deloitte Touche Tohmatsu Limited que asesoró la transacción entre el HSBC y Walmart. Después, la filial de Deloitte en Chile se presentó ante el tribunal tributario para avalar como legítima la operación, sin informar que ella misma había participado en la elaboración de este esquema para evitar el pago de impuestos.

El informe de Deloitte reveló, además, que Walmart administra el trust en el HSBC a través de una figura comercial llamada “cuenta en participación” que fue creada en Chile, pero cuyos socios acordaron que no puede operar en nuestro país. La investigación de CIPER comprobó que el SII no conocía la participación de esta entidad en la operación con el HSBC que le permitió a Walmart evitar impuestos.

CIPER revisó los papeles de Appleby y los cotejó con la trama del juicio entre el SII y Walmart. Esta investigación desentrañó en Chile documentos que explican en detalle cómo se organizó y concretó esta operación con la que Walmart se pasó el dinero de un bolsillo a otro.

“ANTIPATÍA ANTOJADIZA”

El largo round entre el SII y el holding del retail se inició hace tres años. Fue en 2014 cuando el SII rechazó las declaraciones tributarias de Walmart entre 2012 y 2014; y le reclamó, solo a una de sus sociedades, más de $60 mil millones (US$94,9 millones) en impuestos de primera categoría.

grafico 1

En esencia el SII argumentó, primero, que las tasas de interés que generaban la alegada pérdida de Walmart no se correspondían con condiciones de mercado (las grandes corporaciones podían acceder a créditos de 3,25% anual, sostuvo la autoridad). Pero más de fondo, cuestionó la necesidad de financiar la compra de D&S a través de una deuda bancaria. Esto, pues el SII detectó que al mismo tiempo que una filial chilena de Walmart pedía tres préstamos por un total de US$1.900 millones, otra filial de Walmart -creada en Islas Vírgenes Británicas- dejaba como garantía, en las mismas fechas y en el mismo banco, tres depósitos por el mismo monto que la deuda. Mientras que por los depósitos recibía intereses de hasta 7,95% anual, por los préstamos pagaba hasta 8%.

grafico 2

Los representantes de Walmart, Claro y Cía., reaccionaron con dureza ante la posición del SII. Los abogados Jorge Carraha y Felipe Ossa, acusaron al SII de actuar abusiva y desproporcionadamente, y atribuyeron las resoluciones a “la antipatía antojadiza del Servicio” hacia la estrategia de inversión que había elegido su cliente.

DOCUMENTOS CLAVE

Uno de los documentos más relevantes de la filtración es el borrador hecho por la auditora y consultora Deloitte y fechado en marzo de 2009, cuando ya se había cursado el crédito más importante de los tres que se tomaron y una parte de la propiedad de D&S ya estaba en manos de Walmart.

El documento se titula Project Destino y consta de 14 páginas repletas de diagramas societarios, que explican en detalle cómo los tres préstamos para comprar D&S salieron desde firmas asentadas en Estados Unidos (WM SARHCO I) o de créditos con instituciones no identificadas y fluyeron por una cadena de casi 20 sociedades, algunas de las cuales están constituidas en Islas Vírgenes Británicas, Panamá y Chile.

Proyecto Destino

La sección clave de ese diagrama describe cómo los recursos entraron a Chile. En vez de ser invertidos directamente en una sociedad constituida en nuestro país para comprar, desde ahí, las acciones de D&S (que es la figura que probablemente todos los chilenos tenemos en la cabeza cuando oímos hablar de inversión extranjera), lo que hizo el gigante supermercadista fue distinto.

Primero, a través de dos sociedades del grupo –una fundada en Islas Vírgenes (BVI II) y otra en Delaware (SARHCO II)– constituyó un trust en Panamá en el que depositó, en operaciones sucesivas, los mentados US$1.900 millones. Luego, esas sociedades firmaron un acuerdo con el HSBC a través del cual el trust recién creado se transformó en garantía de un préstamo que ese mismo día solicitó la matriz de Walmart en Chile, Australes Dos.

“No tengo indicaciones sobre el propósito comercial de esta transacción aparentemente circular”, escribió en una carta al HSBC Eliot Simpson, actual jefe de la oficina en Hong Kong de Appleby. En su misiva, que forma parte de la filtración, Eliot se refiere al primero de los tres créditos de la operación: US$1.188 millones que fueron depositados y luego pedidos en préstamo, en un mismo día de febrero de 2009, por distintas filiales de Walmart. “Se asume que esta transacción lleva alguna ventaja fiscal o de otro tipo para el grupo Walmart”, escribió Simpson.

Ese trust constituido en Panamá, que generaba intereses, era en realidad la bocatoma por la que reemergían, libres de impuestos, las utilidades de los supermercados chilenos. Es interesante destacar que quien quedó a cargo de las obligaciones y beneficios de este trust fue una entidad muy particular: no una sociedad, sino una “cuenta en participación” (C en P).

Las C en P son acuerdos regulados por el artículo 507 del Código de Comercio, que no requieren los mismos procedimientos para constituir una sociedad y no dejan las mismas huellas: por ejemplo, no se publican en el Diario Oficial. Los asociados determinan ante sí su objeto y las condiciones de la participación y su acuerdo no genera una persona jurídica, ni tiene razón social ni debe fijar domicilio. Son esencialmente acuerdos privados (ver más sobre las C en P).

En este acuerdo en particular, los socios convinieron que su dirección estaría en Islas Vírgenes y que todos sus negocios, incluyendo las reuniones, debían llevarse a cabo fuera de Chile y de Estados Unidos. “Ni el gestor de la C en P, ni ninguno de los miembros debe tener domicilio en Chile ni llevar adelante negocios en Chile”, se lee en el documento Agreement of Asociación o Cuentas en Participación del 23 de enero de 2009, que forma parte de la filtración.

Esta asociación hecha bajo ley chilena, pero que no podía operar en nuestro territorio y que se encuentra en el centro del diagrama Project Destino, no fue investigada por el SII. De hecho, los abogados y fiscalizadores del SII dijeron a CIPER que no conocían de su existencia, pues su conocimiento de la grilla de sociedades de Walmart se redujo a la parte chilena que informó la propia supermercadista.

Esta C en P tampoco fue mencionada por los abogados de Claro y Cía. en sus argumentaciones ante el SII. Para defender la validez de la estructura elegida para comprar D&S, los abogados presentaron diagramas muy acotados (ver figura a continuación), donde omitían la parte superior de la estructura de Walmart. Es en esa zona superior donde, según el diagrama de Deloitte, se registraron préstamos internos (a tasas que no se informaron) vinculados con la compra de D&S.

MALLA SOCIETARIA GRUPO INVERSIONES AUSTRALES

Fuentes consultadas por CIPER sugirieron que es probable que por ser un emprendimiento originado en Chile, la C en P que administra los intereses que genera el trust, tampoco tribute en Islas Vírgenes.

El documento de Deloitte, Project Destino, describe finalmente cómo la deuda adquirida por Australes Dos bajó por la estructura de Walmart. Australes Dos prestó US$1.500 millones a Australes Uno y US$400 millones a Australes Cuatro. Luego, Uno y Cuatro inyectaron capital en Inversiones Australes Tres, que es la que finalmente compró las acciones de D&S a través de dos OPA (Oferta Pública de Acciones) a comienzos de 2009. Desde 2015 Australes Tres pasó a llamarse Walmart Chile S.A.

Como se verá a continuación, a medida que la deuda bajaba, las utilidades desaparecían.

UTILIDADES QUE SE EVAPORAN

Un reportaje de Sergio Jara de Radio Bío Bío fue el primero en informar detalladamente sobre la disputa entre Walmart y el SII. En esa nota se mencionó que la operación de depósito y préstamo que realizaron las filiales de Walmart es un tipo de contrato llamado back to back.

El artículo de Bío Bío causó revuelo entre especialistas y el diputado Giorgio Jackson calificó a la empresa de “caras de raja”.

CIPER accedió a documentos tributarios que muestran cómo la deuda con el HSBC se tragó las utilidades generadas por los supermercados entre 2010 y 2014.

En el caso de Australes Uno, controladora directa de Walmart Chile S.A., la cuantiosa deuda que tenía con su matriz (Australes Dos) borró las utilidades que le llegaban desde los supermercados.

Por ejemplo, en 2011, debido al pago de los intereses a una tasa de 8,05%, registró una pérdida de US$169 millones, la que absorbió completamente la utilidad de US$41 millones. Para el año siguiente, la pérdida ascendía a US$226 millones, monto que hizo desaparecer US$35 millones en utilidades que los supermercados generaron en 2012.

Para 2013, la pérdida se empinaba en los US$212 millones y sirvió para absorber US$42 millones en utilidades. En 2014 la pérdida ascendió a US$251 millones y las utilidades absorbidas fueron US$39 millones.

Así, fruto de los intereses, la pérdida no paró de crecer y entre 2010 y 2014 hizo desaparecer utilidades por casi US$160 millones (más de $100 mil millones con el cambio actual).

En el siguiente eslabón de la malla societaria, Australes Dos vivió lo mismo; pues todo lo que Australes Uno reportaba como pérdida por pago de intereses, Dos lo registraba como ingresos. A su vez, Dos tenía que pagar altos intereses al HSBC, con el agravante de que, como consignó el SII, Dos prestó el tercer crédito (por US$ 412 millones) a una de sus filiales a una tasa del 4,5%. Dado que tenía que pagar por ese dinero intereses por 7,04%, con esa decisión generó automáticamente una enorme pérdida.

Así las cosas, en el año tributario 2013 Australes Dos declaró una pérdida de $23 mil millones. La causa: mientras cada año recibía aproximadamente $60 mil millones de su filial, tenía que pagar unos $72 mil millones (US$113,9 millones) al HSBC.

Al año siguiente la pérdida declarada fue mayor: $43 mil millones (US$68 millones).

La siguiente tabla resume las pérdidas tributarias declaradas por las sociedades chilenas de Walmart. Sus pérdidas, atribuidas a los intereses del HSBC, totalizaron $568 mil millones (US$899 millones) entre 2012 y 2014, según detectó el SII.

grafico 3

A raíz de esas pérdidas, la matriz chilena Australes Dos pidió al SII devoluciones de impuestos pagados por $2.500 millones (US$3,9 millones). En tanto, el holding completo pidió devoluciones por $15.600 millones (US$24,6 millones).

grafico 4

En la fiscalización que hizo el SII y que es el corazón del juicio tributario que se sigue hoy en el Cuarto TTA, tanto las pérdidas como las solicitudes de devolución fueron rechazadas.

En el caso de Australes Uno el SII exigió a la sociedad el pago de $21.250 millones (US$33,6 millones) en impuestos de primera categoría, reajustes e intereses. Respecto de Australes Dos, el rechazo de los intereses generó que la empresa pasara de perder $82 mil millones (US$129,7 millones) a tener una renta tributable de $196 mil millones (US$310,2 millones). Para el periodo 2012-2014 el SII le exigió a la matriz chilena de Walmart el pago de más de $60 mil millones (US$94,9 millones) (ver tabla inicial “Corrección del SII a los impuestos declarados por Australes Dos”).

Uno de los argumentos centrales para estos cobros es este:

“La empresa (Australes Dos) no ha logrado demostrar la necesidad de solicitar los préstamos al banco HSBC Bank (Panamá) S.A., ya que sus socios poseían los recursos y disponibilidad necesaria para poder cubrir los montos solicitados, cuyo resultado, producto del interés generado por los créditos recibidos, ha incidido significativamente en el resultado negativo tributario declarado año a año, en Chile”, se lee en una presentación ante el TTA.

El SII argumentó en otro documento que con esta operación, la empresa no cumplía “el mandato legal de respetar la integridad del patrimonio del Fisco de Chile”.

LA RESPUESTA DE WALMART

CIPER envió a Walmart una serie de preguntas relacionadas tanto con la filtración de Appleby como con el juicio tributario en curso. A través de sus encargados de prensa la empresa contestó que “por ahora, no tenemos información que compartir sobre este tema”.

CIPER, sin embargo, accedió a los argumentos que sus representantes de Claro y Cía. ofrecieron en respuesta a las liquidaciones y a las resoluciones del SII.

Respecto del cuestionamiento central del SII (que no habría motivo para haber entrado a Chile vía deuda), Claro y Cía contestó que el SII se excedía en sus atribuciones al cuestionar cómo la empresa organizaba sus negocios.

Defendieron el mecanismo back to back como una estructura de financiamiento lícita que “en ningún caso puede ser considerada original o novedosa, toda vez que ella ha sido utilizada por un número importante de empresas extranjeras para financiar sus inversiones en nuestro país”.

WALMART LTE insistieron que “nuestro sistema jurídico no obliga a los contribuyentes a optar por aquellas formas jurídicas que resulten ser más gravosas o que deriven en una mayor carga tributaria. Los contribuyentes son libres para elegir aquellos actos jurídicos que estimen más adecuados para alcanzar sus fines, en la medida que estos no sean contrarios a la ley”.

Respecto de las tasas de interés fuera de las condiciones de mercado, los abogados de Walmart sostuvieron que “debe tenerse en mente que esta operación  (de endeudamiento) se llevó a cabo con un banco, institución financiera internacional. Este primer elemento por sí mismo debería servir para justificar la correcta valoración de los intereses“.

También recurrieron a informes de expertos. Explicaron que el bufete tributario Cabello, Letonja y Cía. avaló la tasa cobrada por HSBC; y respecto de la que Austral Dos le cobraba a Australes Uno, esta fue respaldada por Javier Vergara Marshall (Valtin Capital) quien sostuvo, según citan los abogados, que  “las tasas que obtuvo Australes Dos en los créditos bancarios tomados el año 2009 con HSBC son razonables y de mercado”. Lo mismo opinaron las auditoras KPMG y PwC en sus respectivos informes de precios de transferencia.

Mención aparte merece el episodio ya descrito protagonizado por Deloitte Auditores Consultores limitada, que a petición de Walmart avaló ante el tribunal tributario, la pérdida que reclama la supermercadista. La consultora no informó que la organización internacional que integra –Deloitte Touche Tohmatsu Limited- había ayudado a diseñar la estructura que producía esas pérdidas.

LAS DEBILIDADES DEL SII

Los papeles filtrados de Appleby muestran el despliegue y coordinación de las empresas asesoras (bufetes, contadoras y auditoras, bancos) que cuidan cada paso de Walmart y están atentas para defender sus actuaciones. En un documento que refrenda el contrato entre la supermercadista y el banco se cuentan 20 empresas asesoras de distinto tipo, entre ellas los bufetes chilenos Carey y Cía., en representación del HSBC, y Claro y Cía., por el lado de Walmart.

Eso contrasta con los recursos con que cuenta el SII para hacer cumplir la ley, según ha registrado esta investigación.

Fiscalizadores y abogados explicaron a CIPER que la indagación sobre las operaciones de Walmart no se enfocó desde un principio en la corporación de manera global, debido a un defecto de organización del SII. Dado que el organismo está dividido en direcciones regionales, y que estas trabajan en equipos de fiscalización, ocurrió que un equipo examinó las declaraciones de Australes Uno y otro la de Australes Dos y así sucesivamente. De esta forma, pasaron años antes de que se tomara conciencia de que cada pieza formaba parte de una sola organización.

Debido a eso se tomaron resoluciones contradictorias: mientras algunos grupos de fiscalizadores rechazaron las solicitudes de devolución de impuestos de la Austral que les había tocado, otros aceptaron las de la suya. Por ejemplo, a Australes Dos le devolvieron en 2012 y 2013 una suma total que supera los $1.700 millones (US$2,6 millones) en impuestos, que luego se le reclamaron en la liquidación de 2014.

Se comenta, además que el importante antecedente de que la deuda con el HSBC era en realidad un contrato back to back, fue un descubrimiento fortuito, atribuible a la persistencia individual más que al trabajo en equipo. “Un funcionario se puso a traducir con Google, un contrato que Walmart había enviado sin traducción. Y allí descubrió que lo que se presentaba como un crédito era una operación bien distinta”, dijo a CIPER una fuente que pide reserva de identidad.

LARA LT
Bernardo Lara

Recién a partir de 2014 se organizó un equipo en la Dirección Regional Santiago Oriente del SII para enfrentar el tema en conjunto. Solo después de eso, las Australes fueron derivadas a la Dirección de Grandes Contribuyentes por instrucción expresa del subdirector jurídico del SII, Bernardo Lara.

Respecto de la argumentación legal, aunque en las oficinas centrales del SII expresan confianza en que obtendrán un buen resultado en el TTA, hay conciencia de que lo que el Servicio sostiene no da cuenta de la gravedad de la operación.

Fuentes del SII y abogados que no tienen vínculos con Walmart estimaron que es débil el argumento de cuestionar la forma en que el contribuyente organizó su negocio. Comentan que por falta de información suficiente se dejó de lado el fondo de la operación (el abuso a la ley) y se puso el foco en los efectos que el crédito tiene en los impuestos, que son solo síntomas del problema. Pero al cuestionar nada más que ese aspecto, es razonable que Walmart argumente: “Me estructuro como más me convenga”.

En ese sentido, lo que parece más firme, según estiman las fuentes consultadas, es el cuestionamiento a las tasas de interés, dado que están fuera de toda norma de mercado y parecen pensadas para sacar rápidamente grandes cantidades de capital.

-Pero este no es un problema de tasas, sino de estructuras pensadas para eludir- dice un tributarista.

Para ese abogado, al SII le faltó decisión para haber evaluado esta operación como lo que realmente es: “Una estrategia para engañar a la autoridad pública”.

La responsabilidad del SII en el ataque Zombi

Los reportajes de esta serie:

 

Un capítulo crucial en la historia del ataque zombi contra las arcas fiscales es el juicio que entabló el Servicio de Impuestos Internos (SII) en contra de la empresa Vital S.A. en 2005. Aunque el SII cuestionó a 47 empresas por usar esa estrategia para tributar menos de los que les correspondía, solo en dos casos recurrió a la justicia penal: con la norteamericana Johnson and Son (un juicio breve que no prosperó) y Vital. Con Juan Toro como director, el SII desplegó en esos años toda la artillería en contra de esta filial de Embotelladora Andina (entonces controlada por la familia Said y Coca Cola Company, entre sus directores tenía al presidente de la CPC, Juan Claro). Ante los tribunales buscó no solo recuperar el dinero, sino que los ejecutivos de esta empresa pagaran con cárcel.

Con ello, el SII quiso dar una señal clara a todos los grandes empresarios que habían recurrido a zombis, desde Sebastián Piñera hasta Julio Ponce Lerou, pasando por Andrónico Luksic, los Cueto, los Abumohor, los controladores de Falabella y del Grupo Penta. El mensaje fue: o pagaban los impuestos adeudados y renunciaban a usar las zombis que habían comprado, o se enfrentarían a la máquina judicial del SII, lo que implicaba juicio penal y escarnio público.

Hoy nos hemos acostumbrado a ver a grandes empresarios acusados de fraude y colusión, pero en los inicios de los años 2000, sin fiscales y con prensa poco incisiva en el área económica, tuvo un enorme impacto saber que el SII acusaba de evasión tributaria y fraude a una empresa cuyo principal controlador era José Said. Más aún: amenazaba con hacer lo mismo con los dueños de Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Lavín.

Una fuente reservada dijo a CIPER que Ricardo Escobar ordenó explícitamente detener la causa contra Vital S.A. “No se tramitará más para obtener condena”, habría sido la expresión textual de Escobar.

Dos años después de entablada la querella, el 33º Juzgado del Crimen resolvió que lo denunciado por el SII “no era constitutivo de delito” y la Corte de Apelaciones dictaminó el sobreseimiento de la causa. Ese final fue justamente lo que volvió crucial este juicio, pues se lo usó luego como argumento para validar todas las prácticas zombis. A diez años de ese dictamen, cuando CIPER inició esta investigación, muchos tributaristas argumentaron que el fallo de Vital mostraba que la práctica zombi era “perfectamente legal”: eludía impuestos sin vulnerar la letra de la ley.

Hay que indagar en la historia real de ese juicio para entender que esa conclusión no es veraz. El caso se verá en detalle más adelante, pero es importante tener claro que la querella presentada en la administración de Juan Toro, fue impulsada con convicción hasta el último día de su mandato. Su sucesor en el SII, el abogado Ricardo Escobar, actual socio del estudio Bofill y Escobar, imprimó un énfasis distinto: llegar a acuerdos con las empresas para asegurar el pago de impuestos. Así, la querella contra Vital fue literalmente abandonada por el SII. CIPER revisó el expediente de ese juicio y constató que desde que llegó Escobar, en marzo de 2006, el abogado del servicio a cargo de la causa presentó un solo escrito: su renuncia a la representación que tenía.

Esta investigación obtuvo testimonios indicando que Ricardo Escobar directamente ordenó que “la causa no se tramitara para obtener condena”.  En su respuesta, Escobar dijo a CIPER que nunca intervino directamente en esa ni en ninguna causa, pero admitió que su política general respecto de las zombis consistió en abandonar el frente judicial, tanto el civil como el penal, y negociar con las empresas. Esto se debió, dijo, a que varios juicios parecían encaminarse a derrotas, según un análisis hecho por la Subdirección Jurídica. Un fallo adverso en la Corte Suprema –afirmó- habría significado un precedente para que las zombis siguieran reclamando su derecho a existir. Por ello, optó por la vía de los acuerdos para acabar con la estirpe.

Lo cierto es que en este juicio emblemático, el equipo del Fisco se retiró de la cancha. Perdió por walkover, en una estrategia enfocada -según afirma Escobar- a salvar las arcas fiscales.

Por eso, cuando se dice que en la historia de las zombis la Justicia nunca encontró nada ilegal, hay que tener en cuenta que las convicciones de quienes dirigieron el SII fueron un factor crucial para que se perdiera el juicio contra Vital.

HABITACIONES OLVIDADAS

Los cuatro reportajes anteriores han mostrado que importantes empresarios chilenos pasaron más de 10 años construyendo zombis (entre 1990 y 2004 aproximadamente). Esta última entrega se enfoca en los 10 años en que el SII trató de terminar con esa estrategia (entre 1998 y 2008), periodo en que el organismo público fue comandado por tres directores de  signo muy distinto: Javier Etcheberry (1990-2001), Juan Toro (2002-2006) y Ricardo Escobar (2006-2010).

En una larga entrevista con CIPER Ricardo Escobar negó haber ordenado terminar la querella contra Vital. “Lo que dije fue: no hay que llegar a la Suprema con ninguna de estas causas, porque si alguien nos gana ahí, se hace fácil que otros ganen y el efecto va a ser desastroso”, explicó.

En los dos primeros periodos un hombre clave fue René García (88 años),  importante asesor del actual director Fernando Barraza. De baja estatura, anteojos gruesos y una vida gastada en el arte de leer y redactar normas tributarias, durante los ‘90 y buena parte de los ‘2000 ejerció su influencia dirigiendo una dependencia de tan bajo perfil como él: la Subdirección Normativa. Desde esa oficina llena de legajos, en el piso 5° del edificio central del SII, fuera del radar de la prensa pero visitado asiduamente por abogados y contadores, se  interpreta administrativamente la ley, esto es, se fijan los márgenes en los que las leyes tributarias se pueden usar.

Es una oficina crucial. A veces pasa que surgen negocios y los contribuyentes se preguntan si tal norma antigua se puede usar en ese nuevo escenario; otras veces las leyes han quedado mal hechas y astutos tributaristas aprovechan los loopholes para rebajar los impuestos de sus clientes. Lo más frecuente, según afirma la profesora emérita del Centro de Estudios Socio-Legales de la Universidad de Oxford, Doreen McBarnet, es que los tributarista no encuentren debilidades en la ley (como quien encuentra un billete en la calle), sino que construyen argumentos para debilitar la norma. Son argumentos que actúan como ganzúas y combos y abren forados en la ley, lo que no tiene nada de fortuito. Cualquiera sea el caso, en un diálogo con los bufetes privados, la Subdirección Normativa construye el edificio tributario real: no el que sale del Congreso, sino el que funciona en la cotidianeidad, en cada declaración de renta.

Rene García
René García recibiendo a los visitantes que acudieron al SII en el día del Patrimonio Nacional. Fuente: SII

García ha sido por décadas la gran voz normativa del SII. Pese a que no es abogado, su conocimiento del edificio legal es único. Un ejemplo ocurrió en 2002, cuando estalló el Caso MOP- GATE (el juicio por el pago de sobresueldos a 129 funcionarios públicos por trabajos que nunca se realizaron) y una esquirla ardiendo cayó en el SII y amenazó con quemar a todo el gabinete del gobierno de Ricardo Lagos.

La esquirla saltó de una entrevista al ex ministro de Obras Públicas, Carlos Cruz, en la que admitió que, además de su sueldo, recibía mensualmente un sobre con $1,8 millón que se registraba como “gastos de representación”. Cruz dijo que todos los ministros recibían esos “sobre- sueldos”. Dado que ese dinero aumentaba los ingresos de los funcionarios, estos debían incluir esos ingresos en sus declaraciones tributarias. Pero no lo hacían, por lo que la acusación de evasión sobrevoló las cabezas de todo el gabinete de Lagos, entre los que estaba la actual Presidenta, Michelle Bachelet.

“René García, que era el hombre histórico de la Subdirección Normativa, me preparaba los papeles, y nunca me dijo ‘mire, con esto se aumentan los usos de la pérdida’. No sé si a él le metieron estos goles, pero nunca firmé algo pensando en que se iba a usar para aumentar los tipos de pérdida”, dijo a CIPER Javier Etcheberry.

Los ojos se volvieron hacia Juan Toro. Y él, obviamente, miró a René García.

El SII demoró 15 días en emitir una respuesta: “Tratamiento tributario de los gastos de representación que indica”. En su resolución, Juan Toro determinó que esos sobres con sueldo no eran tributables y, por lo tanto, los ministros no eran evasores. Argumentó que, debido a que esos recursos provenían de los gastos reservados, esa reserva afectaba las atribuciones del servicio de conocer su uso. Y citó una norma de 1932, “el origen histórico” del uso de los gastos reservados, la que solo exige para rendirlos un “certificado de buena inversión” expedido por un funcionario competente “que declare que los fondos fueron bien y debidamente invertidos”.

Solo René García podía conocer esa norma del año 32, esa habitación abandonada del edificio tributario.  Eso explica por qué todos los directores lo mantenían en la Subdirección Normativa, hasta que llegó Ricardo Escobar, cuyo conocimiento de la norma rivalizaba con el de García y —dicen testigos— podía escribir de su puño y letra los dictámenes que en los mandatos de Etcheberry y Toro se redactaban en el piso 5.

EL 3066

En la ofensiva zombi, García también tuvo al menos dos actuaciones cruciales. Con una puso en riesgo las arcas públicas; con la otra logró revertir ese daño y asestarle un golpe a las zombis.

Como se  explicó en el reportaje anterior, el ataque zombi tuvo dos grandes oleadas. En la primera, entre 1990 y 1996, se utilizaron empresas originadas en la quiebra del Grupo Cruzat-Larraín. Con contabilidades ordenadas y unas deudas que tenían una parte real, esas zombis no generaron reparos en el SII, donde por entonces no se entendían bien las estrategias que desplegaba la elite.

Javier Etcheberry
Javier Etcheberry

-En los ‘90 existía una brecha muy grande entre lo que los abogados privados diseñaban y lo que nosotros estábamos en condiciones de entender -dijo a CIPER un funcionario que alcanzó puestos altos en el SII en esos años (ver reportaje).

Recién en 1998, cuando esa primera ola de zombis estaba causando una creciente merma tributaria, el SII comandado por Javier Etcheberry revisó el tema.

Ricardo Escobar, que en ese momento asesoraba al Ministerio de Hacienda en materias tributarias, dijo a CIPER que en 1998 Etcheberry le preguntó qué podían hacer. Escobar opinó que las empresas que usaban zombis estaban abusando y sugirió presentar un par de querellas para dar una señal. Etcheberry le dijo que eso no era una opción, porque el SII ya había aceptado muchas de esas operaciones y había devuelto una buena cantidad de impuestos. “Le sugerí entonces que hiciera un dictamen que aclarara el uso de la ley”, recordó en entrevista con CIPER. Su propuesta, reconoce Escobar, habría significado dar por perdidos todos los impuestos que los empresarios habían dejado de pagar hasta ese momento. Pero ese costo –agrega- era aceptable: habría detenido la ola que vino después.

Para algunos miembros del equipo anti zombis de Juan Toro, la llegada de Ricardo Escobar fue un balde de agua fría. Aunque había sido asesor ad honorem del Ministerio de Hacienda desde los ‘90, era visto como un contendor del SII.

Al final, ninguna de las propuestas de Escobar se acogió y el tiempo siguió corriendo. “Creo que hubo errores estratégicos en el manejo legal de este tema en la época de Javier (Etcheberry). Ahí se equivocaron en la solución”, afirmó Escobar a CIPER.

-Probablemente Ricardo Escobar me hizo las recomendaciones que señala. No lo recuerdo. Pero lo que sé es que, aunque no me parecía correcto el uso de las pérdidas, no considerábamos que había delito ahí y yo no era partidario de que el servicio se querellara sin tener piso -dijo Etcheberry a CIPER (ver recuadro).

Esa era la idea dominante cuando vino una segunda oleada de zombis. Originadas en empresas quebradas del grupo de Javier Vial, el ataque comenzó en 1999 y se extendió hasta 2004. Estas zombis, como se ha dicho, eran un desastre contable y sus pérdidas eran muy cuestionables. El principal reparo: la mayor parte de sus pérdidas se originaban en deudas prescritas, que eran solo números en una contabilidad, pero que no ocasionaban perjuicio patrimonial porque no había ningún acreedor. Por ello, no era tan fácil presentar estas zombis para no pagar impuestos. Para que fueran aceptadas en el SII, hubo primero que sondear a la autoridad y sobre todo, generar un marco interpretativo.

Ese marco legal se construyó a través de consultas que diversos abogados y contadores ligados al negocio de Javier Vial hicieron a la Subdirección Normativa, el reino de René García. No se preguntaba si era posible usar pérdidas prescritas, sino que se hacían consultas parciales que en conjunto fueron generando el argumento de que las zombis de Vial se ajustaban ciento por ciento a la ley.

CIPER detectó al menos tres consultas que generaron tres oficios: el 2838, publicado en 1999, sobre los efectos del sobreseimiento de la quiebra en la deuda pendiente; el 4054, de ‘2000, que pregunta por los intereses de una deuda condonada; y el oficio 4474, de ‘2001, que indica cómo deben calcularse los intereses que quedó debiendo una empresa que quebró. Todos llevan la firma de Javier Etcheberry.

Visto desde ahora me doy cuenta de que estábamos desafiando al 1%. En ese tiempo no teníamos mucha conciencia de los poderes con los que nos estábamos metiendo, pero sí sentíamos que estábamos haciendo algo importante por Chile, al recuperar esos impuestos” dijo a CIPER un abogado que integró la fuerza de tarea que formó Toro en el SII.

El SII no percibió de inmediato el impacto de estos pronunciamientos. Sí lo hicieron las fuerza de ventas de zombis organizada por Vial y sus abogados al poder argumentar  a los potenciales compradores que estas zombis eran “perfectamente legales”. Para ‘2002, cuando asumió Juan Toro, esa nueva ola de zombis ya estaba lista para ser usada en la rebaja de grandes montos de impuestos. Vital era parte de esta camada y arrastraba una pérdida de $48 mil millones. Un monto importante, pero pequeño si se lo compara con los $940 mil millones de deuda que tenía San Patricio, sociedad que compró María Luisa Solari Falabella.

Javier Etcheberry dijo a CIPER no haber estado consciente de la importancia de esos dictámenes que emitió el SII bajo su dirección y se sorprendió del uso que se les dio:

-René García, que era el hombre histórico de la Subdirección Normativa, me preparaba los papeles, y nunca me dijo ‘mire, con esto se aumentan los usos de la pérdida’. No sé si a él le metieron estos goles, pero nunca firmé algo pensando en que se iba a usar para aumentar los tipos de pérdida.

Un funcionario que estuvo en el círculo más estrecho de Juan Toro al momento de estudiar el origen del problema zombi, presenció una escena que parece corroborar que para René García esos pronunciamientos fueron goles. Fue la reunión en la que García, con los dictámenes y documentos en mano, se dio cuenta de que los tributaristas ligados al Grupo Vial habían abierto una brecha en la ley usando los oficios que habían salido de su oficina.

-Don René se puso blanco y dijo: “¡Estos conchas de su madre!”. Don René es un hombre amable y no es frecuente verlo así –dijo el funcionario.

La palidez y la ira de García eran lógicas.  Cuando la Subdirección Normativa define los usos aceptables de la ley, no solo instala señales en el camino de los contribuyentes; tan importante como eso es que se limita la posibilidad del propio SII de reaccionar (por ejemplo, del Departamento Jurídico). Y dado que el SII tiene el monopolio de la acción penal en casos tributarios, todo el sistema queda paralizado.

En su querella contra Vital S.A., el SII acusó que la contabilidad de la empresa era “una contabilidad derechamente falsa, sin sustento de hecho ni de derecho, confeccionada solo con el propósito de dar apariencia legal a una supuesta pérdida tributaria, lo que constituye una conducta jurídicamente reprochable”.

Pero ese no habría sido el único motivo de su enojo. García habría sospechado que esos dictámenes se consiguieron con ayuda interna de la Subdirección Normativa. Esto nunca fue investigado, pero a varios de los profesionales que trabajaron luego en la caza de las zombis, les quedó la impresión de que algún funcionario que conocía las lógicas y procedimientos de esa subdirección, había guiado las preguntas de los tributaristas, de modo de conseguir dictámenes favorables sin despertar las sospechas de García.

En esa reunión en que García perdió el color, Toro propuso hacer un dictamen que corrigiera de ahí en adelante la interpretación que abrió la brecha. García, se sobrepuso al golpe y pudo “salir jugando”. Según las fuentes que consultó CIPER García sostuvo que eso no era una buena idea pues implicaba que todas las zombis que ya estaban funcionando y absorbiendo utilidades lograrían su cometido. Opinó, en cambio, que había que hacer un dictamen especial: uno que sostuviera que todo lo que se había hecho, siempre estuvo prohibido.

Ese fue el origen del dictamen 3066,el primer golpe contundente del SII contra las pretensiones elusivas de varias empresas y que desató las manos del organismo.

CIPER intentó hablar con René García para conocer su punto de vista sobre este capítulo, pero no quiso referirse a estos temas.

LA EMBESTIDA DE TORO

Neutralizados los dictámenes contradictorios, Juan Toro se lanzó en una ofensiva contra los usuarios de zombis. Formó una fuerza de tarea multidisciplinaria con funcionarios traídos de varias regiones y de distintas subdirecciones del SII. El equipo comenzó a trabajar usando los datos de empresas que habían registrado abruptamente la aparición de fuertes pérdidas. Más de 700 empresas se incluyeron en la lista inicial. El listado se redujo a 73 cuando se limitó a pérdidas que provenían de sociedades quebradas.

Parte central del trabajo realizado por el SII fue rastrear el origen de esas pérdidas. Todas las que nacían de intereses de deudas condonadas fueron cuestionadas siguiendo el oficio 3066. En esos casos, el paso siguiente fue recalcular las declaraciones y cobrar (liquidar) los impuestos correctos. Esto implicaba, además, llegar a acuerdos con las empresas para que renunciaran a usar las pérdidas que todavía arrastraban.

Los abogados de los ejecutivos de Vital -Hugo Rivera y Luis Ortiz Quiroga, entre otros-, reclamaron ante el tribunal por el escrito del SII que solicitaba periciar los documentos: “Protestamos enérgicamente frente a vuestra señoría de esas alusiones que pretenden poner en entredicho la seriedad de nuestro representado y la honestidad de quienes lo representan”, alegó Ortiz.

Sebastián Piñera, que tenía ambiciones políticas, pagó sin reclamar. Varios otros empresarios hicieron lo mismo. Pero también hubo quienes se resistieron, como los controladores de Penta y SQM. También los controladores de Vital, quienes presentaron un reclamo por el nuevo cálculo hecho por el SII.

Toro decidió dar una señal contundente: querellarse. Eligió Vital, una empresa grande cuya zombi era un desastre contable. Se presentó el 17 de julio de 2004 en el 33º Juzgado del Crimen de Santiago y la querella tuvo el efecto de una bomba entre los usuarios de zombis. El reclamo vino a través de los medios. “Said hizo lo que el 90% de los empresarios ha hecho en Chile en las últimas décadas. Si la tesis de Impuestos Internos se impone, las secuelas serán demoledoras en la clase empresarial”, declaró una fuente anónima en un artículo publicado en La Tercera en octubre de 2004 (“La cruzada de Eyzaguirre que inquieta a la elite empresarial”).

Al interior del SII la querella fue una señal de cohesión interna:

-Visto desde ahora me doy cuenta de que estábamos desafiando al 1%. En ese tiempo no teníamos mucha conciencia de eso, de los poderes con los que nos estábamos metiendo, pero sí sentíamos que estábamos haciendo algo importante por Chile, al recuperar esos impuestos, al parar esas estrategias – recordó un abogado que integró la fuerza de tarea que formó Toro en el SII.

La querella contra Vital se enfocó en sus principales ejecutivos, los que habían decidido que la zombi era un buen negocio: Jaime Andrés García Rioseco, vicepresidente ejecutivo de Embotelladora Andina y presidente del directorio de Vital; Pedro Pellegrini, gerente general del Grupo Andina; y Osvaldo Garay, César Vargas y Augusto Veas, representantes legales de Vital. Estos cinco ejecutivos fueron acusados de vulnerar el artículo 97 del Código Tributario (inciso 1 del nº 4), que contempla penas de cárcel.

En la querella, el SII acusó que, con la compra de una zombi, Vital se fabricó una pérdida de $47.504 millones que correspondían exclusivamente a reajustes y correcciones monetarias de deudas que nunca se iban a pagar. Y se calculó en $3.040 millones el perjuicio tributario al Fisco. Citando el fallo del tribunal tributario, el SII acusó que la contabilidad de Vital “no solo es no fidedigna y distorsionada, sino que es una contabilidad derechamente falsa, sin sustento de hecho ni de derecho, confeccionada solo con el propósito de dar apariencia legal a una supuesta pérdida tributaria, lo que constituye una conducta jurídicamente reprochable”. El SII remató que se trataba de una “pseudo contabilidad, fraudulenta en su forma y fondo y confirma lo actuado por el SII en las liquidaciones reclamadas”.

La parte más delicada de la acusación surgió a partir de la revisión de los préstamos que dieron origen a la deuda de la zombi. A esos préstamos, en la contabilidad reconstruida se les aplicó la tasa máxima. El punto es que se trataba de préstamos entre empresas del mismo grupo de Javier Vial, por lo que para los abogados del SII no tenía sentido que el empresario se auto cobrara altos intereses.

La centralidad que tuvo la interpretación legal en el éxito de las zombis, parece darle la razón a la profesora McBarnet, cuando argumenta que si bien las chapucerías de los congresos explican algunos problemas en las leyes tributarias, estas se distorsionan principalmente por la interpretación astuta impulsada por grupos de abogados que escanean la ley y generan grietas.

La duda se transformó en certeza cuando al revisar los contratos originales de esos préstamos los investigadores del SII observaron que en todos ellos había una frase borrada con corrector. Poniendo el documento a contraluz, se podía leer que la frase borrada era: “renunciando a los intereses”.  El hallazgo se volvió clave: si esa frase no se hubiera borrado, la enorme pérdida de la zombi, construida a punta de intereses, habría desaparecido. Una duda subsistió: ¿cuándo se borro la frase? Para dilucidarlo, el SII solicitó un peritaje al Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones (Lacrim).

Ya no era solo una disputa tributaria: se abría la puerta de la falsificación. Los abogados de los ejecutivos de Vital -Hugo Rivera y Luis Ortiz Quiroga, entre ellos-, reclamaron ante el tribunal por el escrito del SII solicitando periciar los documentos: “Protestamos enérgicamente frente a vuestra señoría de esas alusiones que pretenden poner en entredicho la seriedad de nuestro representado y la honestidad de quienes lo representan”, alegó Ortiz.

Así estaba la causa Vital cuando terminó el periodo de Toro y asumió Ricardo Escobar.

LA NEGOCIACIÓN

Para algunos miembros del equipo anti zombis de Toro, la llegada de Escobar fue un balde de agua fría. Aunque había sido asesor ad honorem del Ministerio de Hacienda desde los ‘90, era visto como un contendor del SII. Abogado del Estudio Langton Clark (1990-1994), luego independiente y después socio del Estudio Carey, al momento de ser nombrado por Michelle Bachelet tenía unas 20 causas en las que era contraparte de Impuesto Internos y a las que tuvo que renunciar con su designación. Debido a eso, tras la salida de Toro, hubo una semana en que el SII estuvo dirigido por René García en forma interina.

Sobre el rol de Escobar en la historia de las zombis esta investigación encontró dos versiones. Sus matices llevan a formarse juicios distintos respecto a por qué en la causa Vital el SII terminó perdiendo.

Para un importante ex funcionario a quien Escobar le pidió su salida, este llegó con una tarea clara: terminar con el juicio contra Vital. Según esta versión, Escobar ordenó no seguir alegando y con ello dejó morir la causa. Pero ocurrió un incidente. Por algún motivo, esa instrucción no llegó directamente hasta los abogados litigantes, quienes el 9 de junio de 2006 solicitaron una nueva diligencia: que Vital presentara documentos para determinar cuál era la contabilidad original de la zombi y si la reconstruida por Vital tenía algún asidero real.

En este punto del relato se suma otra fuente reservada del SII: Escobar estaba furioso y allí habría hecho explícita la orden de detener la causa. “No se tramitará más para obtener condena”, habría sido la expresión textual de Escobar. Esa estrategia habría sido resistida por el subdirector jurídico, Bernardo Lara, razón por la que Escobar lo habría despedido en agosto de 2006. En esta decisión habría influido también que Lara, por la desconfianza que tenía en las intenciones de Escobar, se habría negado a entregarle los estados de avance de todos los juicios que el SII llevaba respecto de las zombis (CIPER intentó obtener la versión de Bernardo Lara, quien regresó al cargo de subdirector jurídico del SII, pero no respondió a nuestros correos).

Los antecedentes recabados sugieren que es necesario observar constante y atentamente a la elite y a quienes trabajan para ella, grupo que el politólogo Jeffrey Winters ha llamado “la industria de la defensa de la riqueza”. Como la gran mayoría de las estrategias que juegan con los límites de la ley, la ingeniería tributaria necesaria para llevar adelante el ataque zombi fue una estrategia que solo los más ricos pudieron usar.

Lo que sí consta en el expediente es que un mes después de ese último escrito, uno de los abogados del SII en este juicio renunció dejando en su lugar a un abogado que presentó como “egresado de Derecho”. El mensaje fue claro: la querella ya no es importante para el SII. En efecto, la revisión del expediente  que realizó CIPER muestra que luego de la renuncia del abogado al patrocinio no hubo una nueva presentación ni requerimiento de parte del SII. Nada.

En una larga entrevista con CIPER, Escobar negó que hubiera llegado con la idea de terminar la querella contra Vital. También descartó que hubiera influido en esa u otra causa. “El director del SII no se mete en los juicios”, dijo. Y explicó que lo que sí hizo fue reaccionar ante un problema que encontró al llegar: la amenaza de que algunos casos —tanto las dos investigaciones penales como la decena de juicios civiles que examinaban jueces tributarios en primera instancia— se estuvieran tramitando mal y se perdieran:

-No sé cuál fue el caso que evidenció problemas, pero a partir de eso pedí un levantamiento completo de la situación de todos los juicios y una evaluación, sistematizada por grupos, para saber cosas básicas que no se sabían cuando llegué: cuántos casos eran, en qué tribunales estaban, qué avance tenían y qué probabilidades de éxito. Lo que hice fue sistematizar lo que hasta ese minuto estaba desordenado. Y el problema que apareció es que algunos contribuyentes estaban en etapa de apelación con posibilidades de ganar.

Ricardo Escobar
Ricardo Escobar

– ¿Vital, por ejemplo?

– No revisamos caso por caso, sino por categorías, por etapas de desarrollo. Lo que nos preocupaba era que una sentencia adversa de la Corte de Apelaciones o la Corte Suprema, podía tener consecuencias devastadoras si, por ejemplo, la Suprema determinaba que la pérdida había sido bien ocupada. Eso podía no solo fortalecer la posición de las causas que teníamos en ese momento, sino también revivir las zombis que se habían neutralizado en la administración anterior. Y esto porque las pérdidas siguen ahí, no prescriben. Y el problema es que, si perdíamos, las empresas podían volver a intentar usarlas. Entonces, la consecuencia de perder estos casos que no estaban siendo gestionados en forma coordinada, sin seguimiento hasta que llegamos nosotros, era desastrosa.

– ¿Le dijo al equipo jurídico que en el juicio de Vital no se iba a litigar para conseguir condenas?

– Le reitero: para mí no había problemas de caso individuales. El asunto era que no perdiéramos. Porque daba lo mismo si ganábamos cinco y perdíamos uno, porque ese uno tenía implicancias para todo el conjunto que se seguía tramitando. Entonces, lo que dije fue: no hay que llegar a la Suprema. Si uno nos gana ahí, se hace fácil que otros ganen y el efecto es desastroso.

– Entiendo que Bernardo Lara se opuso a este cambio de foco y se resistió a que el juicio Vital muriera. ¿Lo despidió por este tema?

– Bernardo nunca me expresó una opinión en ese sentido. Por lo demás, el informe que mostró que varios casos tenían serios riesgos de perderse, se hizo en su subdirección. A Bernardo le pedí la renuncia luego de que perdiera en el Tribunal Constitucional un tema que él propuso y alegó (se refiere la implementación de un sistema de jueces delegados).

Escobar dijo a CIPER que la decisión de no avanzar en causas judiciales y sentarse a negociar con los contribuyentes no la tomó solo:

-Se la comuniqué al gobierno, específicamente a la subsecretaria de Hacienda, María Olivia Recart. Le dije cuál era la situación de desorden, cuál era el análisis. Le expliqué que iba a parar las acciones e iba a negociar. Le expliqué las implicancias que eso podía tener, que iba a haber noticias.

El gobierno, dijo Escobar a CIPER, estuvo de acuerdo.

Recart, consultada por CIPER, dijo no recordar tal conversación y puntualizó que el SII es un organismo autónomo que toma sus decisiones en forma independiente.

Escobar estructuró una fuerza de tarea como la de Toro, pero esta vez solo negociadora. Mientras tanto, con la cancha despejada, los defensores de Vital comenzaron a pedir el cierre de la investigación. En septiembre de 2006, Hugo Rivera argumentó que ya no había más que investigar, tal como lo mostraba “la circunstancia de que durante todo este tiempo la querellante no ha solicitado ninguna nueva diligencia de investigación”, frase que a los abogados del SII debe haberles sonado a burla.

Tras meses de silencio del SII, pero de permanentes solicitudes de los abogados defensores, el 3 de mayo de 2007 la Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, integrada por Dobra Luksic, Manuel Valderrama y María Valencia, cerró el sumario. En la misma fecha la jueza Cecilia Venegas sobreseyó temporalmente la causa y el 10 del mismo mes vino el sobreseimiento definitivo.

Para entonces, el impacto de la querella contra Vital se había olvidado y el centenar de empresarios que había recurrido a zombis podía mirar tranquilo el fin de este ciclo. Se habían ahorrado importantes montos de impuestos y no habían sido expuestos a la evaluación pública por el uso de esta estrategia (como Sebastián Piñera, de cuyas exitosas operaciones zombis no se supo hasta el reportaje de CIPER; o Andrónico Luksic, cuyo negocio solo se ventiló en 2012 en The Clinic).

En ese momento, el balance del combate contra las zombis indicaba que de las 73 empresas en las que se concentró la investigación del SII, 25 habían sido neutralizadas durante la administración de Juan Toro y  22 bajo la de Ricardo Escobar. La tabla confeccionada por CIPER muestra que Toro fue más efectivo que Escobar tanto en los montos de impuestos recuperados, como en las perdidas que se rechazaron a las zombis (ver tabla).

¿Pagó Vital los impuestos que reclamaba el SII? Según constató CIPER al revisar el expediente, una parte de los impuestos fueron cancelados, en medio de la ofensiva de Toro. Miembros del equipo jurídico del SII de esos años, afirmaron a CIPER que la negociación que impulsó Escobar le permitió a Vital y a otras empresas usar parte de las pérdidas que habían comprado. El punto no pudo ser resuelto en conversación con Escobar, pues éste no recordaba detalles de ese caso.

Poco después de haber perdido el juicio contra Vital, la administración de Escobar estimó necesario darle un cierre público a toda la historia zombi y el SII le entregó a El Mercurio un balance general de la cacería. “SII ha investigado a 73 empresas que traspasaban utilidades a empresas en quiebra”, fue el título de la nota que destacó los montos de impuestos recuperados. Se omitieron varios hitos: la historia de desaciertos interpretativos del SII, que fue clave para la expansión de la estrategia zombi; la demora de Impuestos Internos en reaccionar, lo que permitió que prescribieran todas las operaciones hechas durante los ‘90; o el hecho de que la estrategia del garrote desplegada por Toro aparecía más efectiva que la de la negociación de Escobar.

Tampoco se mencionó lo más importante: que los impuestos recuperados tras 10 años de batalla eran simplemente lo que grandes y muy prósperas empresas habrían tenido que pagar si no fueran más listas y más decididas que la autoridad pública.

CONCLUSIONES: IDEAS SOBRE ESTA SERIE

Si los medios de comunicación tuvieran una sección especial para hechos que asquean al ciudadano común pero son legales (o se ubican astutamente en la frontera de lo legal), muchas cosas serían más claras.  Por ejemplo, se podría desplegar ahí los puntos clave del financiamiento ilegal de la política y el lector entendería rápidamente que aquello que se le informa causa daño a la democracia y es una vergüenza que difícilmente puede defenderse en público, pero sus autores  probablemente no tengan sanción penal, pues el principal perjuicio que ocasionaron (por ejemplo, dejar a las mayorías sin representación dándole una influencia mayor a quienes financian), no está contemplado en una ley especifica o es tan difícil de probar que el sistema bajará pronto los brazos.

Si los medios de comunicación tuvieran esta sección, probablemente muchos escándalos tributarios caerían ahí, como esta investigación sobre las empresas zombis. Y los medios se ahorrarían el espacio que ocupan los penalistas cuando arguyen que todo lo que han hecho sus clientes es “perfectamente legal”, porque al estar en esa zona se entendería que nadie disputa ese hecho (o al menos no es el punto central).

Nos concentraríamos entonces en algo que usualmente no se aborda: cómo es que la ley ya no puede castigar el daño social, o cómo lo “perfectamente legal” se ha transformado en sinónimo de perfectamente abusivo, parafraseando una expresión de la citada Doreen McBarnet (ver reportaje).

Podríamos salir entonces del estrecho modelo en que lo legal es bueno y lo ilegal malo, para ver con claridad cómo ciertas actuaciones legales sí ocasionan un daño social. Tendríamos que enfocarnos en algo que el debate público rara vez pone al centro: la historia de  de la ley. Y preguntarnos por qué pasa tan seguido –sobre todo el área tributaria– que el bien público que se quiere proteger (por ejemplo, el desarrollo de todo el país o el incentivo de las pymes) no se cautela y, en cambio, las normas terminan muchas veces beneficiando a los más ricos. Un resultado que si bien puede ser legal (pues cumple con la letra de la ley), nunca se debatió públicamente y nunca estuvo en el espíritu de la norma.

En el caso de las zombis, esto significa preguntarse qué ocurrió para que una norma que buscaba respaldar a las empresas que pasaban por momentos difíciles, se usara para algo que nadie planteó nunca abiertamente: para que los más ricos de Chile se libraran de pagar impuestos por las utilidades que obtenían, usando pérdidas ajenas que compraron a precio de liquidación.

Frecuentemente se escucha decir a los abogados tributaristas que cuando una ley no cumple con su tarea, cuando ellos pueden usar intersticios para hacerla operar de una manera distinta a la que la originó, la culpa es del Ejecutivo y del Congreso, de sus deficiencias técnicas que generan  leyes chapuceras. Pero la centralidad que tuvo la interpretación en el éxito de las zombis, como muestra la lucha que dio René García desde la Subdirección Normativa, parece darle la razón a la  profesora McBarnet, cuando argumenta, como otros abogados, que si bien la chapucería explica algunos problemas, “lo perfectamente legal” es principalmente el resultado de la interpretación astuta impulsada por grupos de abogados que escanean la ley y generan grietas a través de interpretaciones.

El argumento de McBarnet reordena los elementos. Sugiere que hay que mirar cómo se crean y se discuten las leyes, pero pone el foco también en los actores que intervienen en el proceso de interpretación. Sugiere que el problema crucial no es quién sabe más de derecho tributario, como muchos tributaristas repiten constantemente, sino de qué manera se entiende la ley: como algo que tiene sentido de fondo o como un argumento retórico, donde lo que importan son solo las palabras.

Esta investigación ha tratado de aprovechar la radiografía de la ofensiva zombi y su contraparte, para poner la mirada en las instituciones y empresas que interpretan la ley y que operan con casi nulo perfil y menos control público que aquellos que aparecen con un rol protagónico en la confección de la ley, como el Ejecutivo y el Congreso.

Los antecedentes recabados sugieren también que es necesario observar constante y atentamente a la elite y a quienes trabajan para ella, grupo que el politólogo Jeffrey Winters ha llamado “la industria de la defensa de la riqueza”. Como la gran mayoría de las estrategias que juegan con los límites de la ley, la ingeniería tributaria necesaria para llevar adelante el ataque zombi fue una estrategia que solo los más ricos pudieron usar.

Aquellos que naturalizan el uso de las zombis diciendo “es lo que hicieron todos en Chile”, olvidan un pequeño dato: fue una práctica pensada y ofrecida por los bufetes más importantes y, por lo tanto, de alto costo. La frase correcta es: “solo los más ricos usaron la estrategia zombi”. Aunque eso tampoco es exacto: de las 12 familias chilenas que la revista Forbes ubicó en 2015 en el top de las fortunas, esta investigación no encontró empresas zombis ni en manos de los Matte ni del Grupo Angelini ni de Horst Paulmann ni de Álvaro Saieh ni de Luis Enrique Yarur.

Si nuevas investigaciones encuentran esos vínculos, se demostrará que este trabajo no está completo; y también que la intuición de que esta estrategia sí fue una práctica de los más ricos es más cierta de lo que aquí se sostiene.

LA CONVICCIÓN DE ETCHEBERRY: CAMBIAR LA LEY

Durante la administración de Javier Etcheberry las zombis se expandieron sin que el SII hiciera gran cosa.  Etcheberry reconoció a CIPER  que, si bien hacia finales de la década del ’90 el problema parecía crecer, la única vía que le pareció correcta era un cambio legal. Y esa vía se concretó incluyendo en la reforma anti-evasión de 2001 algunas limitaciones para el uso de las pérdidas. Entre ellas, que las empresas que eran meros “cascarones” no podían hacer uso de las pérdidas, y tampoco las sociedades que cambiaban de giro (una pesquera como Tarapacá no se podía transformar en un holding de inversiones como Penta y pretender usar sus pérdidas).

Pero lo cierto es que esa reforma no cambió la práctica del uso de las pérdidas. Ello solo ocurrió con la reforma tributaria de Michelle Bachelet de 2014. La reforma de 2001 puso algunos requisitos que las empresas rápidamente pudieron sortear, y tuvo, estratégicamente, otro grave defecto. Dejó intacto el stock de zombis que ya estaban operando. Por una parte, dado que la retroactividad de las leyes es compleja (por un asunto de derechos adquiridos), la reforma hacía difícil —si no imposible— que el SII se querellara.

La lógica era la siguiente: si lo hecho a partir de 2001 quedaba expresamente prohibido, las empresas podían argumentar que antes de esa ley estaba autorizado. Una norma transitoria reforzaba este punto, remarcando que las limitaciones para el uso de las pérdidas se harían efectivas solo desde la publicación de la ley.

En su rol de asesor del ministerio de Hacienda, Ricardo Escobar también fue consultado para esta reforma. Recordó haber redactado las nuevas exigencias legales antizombi: “Lo hice porque me lo pidieron, pero yo les dije que no era una buena decisión. Con esa ley se cerraba la posibilidad de una querella”, dijo. Y reconoció que la ley no fue solución y que siguieron generándose zombis.

– ¿Usted redactó la norma transitoria?

– No. Y no sé quién la propuso -dijo Escobar a CIPER.

El abogado Ricardo Escobar dijo que ni en 1998 ni en 2001 le pareció que en el SII “había conciencia del tamaño del problema que esto significaba”.

Javier Etcheberry remarcó a CIPER que la ley no fue todo lo que hubiera querido. Aunque no lo recuerda con precisión, piensa que el artículo transitorio fue parte de “una transaca”: una cesión a la derecha para que apoyara con sus votos una reforma anti-evasión que contemplaba muchas otras áreas a las que se oponían con ferocidad.

-Me acuerdo que varios senadores de la derecha decían que, con esta reforma, el país se iba a acabar, se dañaba a las pymes, etc. La norma transitoria debe haber sido una exigencia de ellos, a cambio de darnos algunas herramientas antievasión -explicó Etcheberry.

 

“Milton Friedman tenía razón: los mercados son el mejor sistema que tenemos. Él ganó”

Tal vez la manera más directa de tener una primera idea sobre lo que piensa un investigador es preguntarse qué dice sobre el Estado y el Mercado: cuánto de esos dos ingredientes pone en su modelo ideal, cuáles problemas sociales atribuye a uno u otro componente; y a cuál de ellos cree que deben acudir las personas para conseguir bienestar.

Esto funciona relativamente bien con Richard Thaler (72 años), el último Premio Nobel de Economía, al que CIPER entrevistó en mayo de 2016 en Bristol, cuando el profesor de la Universidad de Chicago ofreció una charla en el marco del Festival de las Ideas que organiza esa ciudad.

Sobre el mercado el economista estadounidense dijo a CIPER:

-El enfatizar una economía de mercado probablemente puso a Chile a la cabeza de Latinoamérica. Milton Friedman tenía razón: los mercados son el mejor sistema que tenemos, aunque no sean perfectos. Él ganó. La URSS perdió, China perdió. Por supuesto, Pinochet hizo cosas que yo no comparto. Pero le puedo decir, respecto de las asesorías que hacemos los economistas, que cuando aconsejé a David Cameron (ex Primer Ministro de Inglaterra), él no siempre me hizo caso. Sin duda Friedman hizo más bien que mal.

Milton Friedman
Milton Friedman

La afirmación de Thaler es tan clara que pareciera innecesario preguntarse qué tipo de Estado prefiere, pues el neoliberalismo de Friedman no deja margen en ese punto: lo correcto es un Estado sin empresas productivas, que no garantiza derechos sociales (pensión, salud o educación), sino que focaliza la ayuda; y que, en términos generales, se limita a fijar un marco mínimo para que los mercados operen.

No obstante, al referirse al Estado, la mirada de Thaler se aparta un poco de lo esperado. El motivo esencial es que la “economía del comportamiento” que ayudó a construir desde los años 70 y 80 hasta ahora, sostiene que las personas no actúan siempre racionalmente como suponen los economistas tradicionales. No siempre sus decisiones maximizan los beneficios o logran optimizar el uso de los recursos escasos.

Dicho más directamente: muchas veces usted no sabe lo que le conviene. Y esto, que contradice lo que oímos a diario en los debates (por ejemplo, “nadie sabe mejor que los padres qué es lo mejor para sus hijos”), fue demostrado por Thaler y otros investigadores a través de experimentos en el campo de la psicología.

A veces por ignorancia, por la dificultad para lidiar con grandes cantidades de datos o por trampas de la percepción (sin contar con las trampas que nos hacen las empresas cuando se coluden), tomamos muy malas decisiones. Aquellas que no habríamos adoptado si hubiéramos estado atentos o de haber tenido todos los antecedentes.

Los humanos – escribe Thaler en sus libros – son muy distintos a los Econs, que usa la economía para hacer sus modelos y que “pueden pensar como Einstein, tienen tanta memoria como una computadora y la voluntad de Gandhi”. Los Econs responden a incentivos económicos y no se preocupan de situaciones tan irrelevantes, como el orden en que las cosas están presentadas. Son como Spock, el personaje de la serie Viaje a las Estrellas, ironiza Thaler. Los humanos, en cambio, también responden a los incentivos, pero son muy sensibles a cómo se les presentan los datos. Aunque dos afirmaciones sean en esencia la misma, la forma en que se plantean puede generar reacciones muy distintas entre los que no nacimos en Vulcano.

Los humanos, además, nos auto engañamos. Por ejemplo, caemos en la “falacia de la planeación”: la tendencia sistemática hacia el más irreal optimismo al momento de planear el tiempo que lleva terminar un proyecto (de hecho, esta entrevista debió publicarse hace más de un año y aquí estamos).

En su libro Nudge, Thaler propone un Estado inspirado en un “liberalismo paternalista”. Un Estado que sabe qué es mejor para las personas y que, aunque no las obliga a tomar el camino correcto, les da un “empujoncito” (así se ha traducido al español el término Nudge: empujón suave). No se trata de alinear correctamente los incentivos, como tradicionalmente proponen los economistas, sino de disponer las cosas de tal manera que decidamos correctamente.

Un ejemplo. Imagine un casino escolar en el que los niños eligen libremente qué comer. El encargado se da cuenta de que aquellos alimentos que están a la altura de la vista de los niños se consumen más. Esto quiere decir que, sin cambiar el menú, sin gastar en publicidad pro alimentación sana, se puede conseguir alterar el consumo de los estudiantes y hacer que consuman más vegetales y menos dulces. Si el encargado dispone los alimentos sanos al alcance de los niños, realiza un acto que Thaler califica como “liberalismo paternalista”.

El Nobel enfatiza un aspecto crucial: no hay una forma neutra de presentar los alimentos para que los niños “decidan libremente”, pues los experimentos muestran que los niños -y las personas en general-, cambian su elección de acuerdo al orden en que se les presentan las cosas, los argumentos, etc.

Esto abre una duda inquietante: si la elección depende tanto del escenario, ¿existe algo que se puede llamar “lo que yo prefiero”? La investigación de Thaler sugiere que al menos en aspectos de consumo, lo que creemos son nuestras preferencias es muy voluble, con fronteras más liquidas de lo que suponemos.

Richard Thaler argumenta que es imposible no dirigir a las personas hacia alguna parte. Dice, entonces, que hay un personaje central en el que fijar la atención: el “arquitecto de las elecciones”, el que organiza el contexto en el que las personas van a decidir.

Jaime Guzmán y Augusto Pinochet
Jaime Guzmán y Augusto Pinochet

Un doctor que informa al paciente los posibles tratamientos, es un arquitecto de elecciones. Un padre que decide a qué colegio irá su hija, también organiza las posibles decisiones de la niña. Otro ejemplo mínimo y divertido: dibujar una mosca al interior de los urinarios del aeropuerto de Amsterdam, mejoró la puntería de los hombres y redujo varios problemas de limpieza, describe Thaler. Un ejemplo desagradable y nacional: cuando la dictadura de Pinochet y Jaime Guzmán diseñaron la Constitución con sus trabas para la expresión de la mayoría (sistema binominal, quórums inalcanzables para cambiar leyes clave, Tribunal Constitucional), dibujaron una cancha en la que, aunque la derecha no gane, la mayoría no puede hacer algo muy distinto a lo que la derecha haría, como ha insistido Fernando Atria.

Un arquitecto que es “liberal paternalista”, diseña de modo que la libertad de las personas se preserve, pero a la vez, trata de influenciar el comportamiento de las personas para hacer que sus vidas sean más largas, más saludables y mejores. Si las personas quieren fumar o comer grasas o no ahorrar para la previsión, un “liberal paternalista” no los fuerza. Usando la arquitectura del escenario, les da un empujoncito para “alterar su comportamiento en una dirección determinada, sin prohibir nada y sin cambiar significativamente sus incentivos económicos”, escribe Thaler en Nudge.

Esto le da un rol al Estado en muchas áreas. Pero también a las empresas. Thaler sugiere, entre otras cosas, usar el subestimado “poder de la inercia”. Piense en su celular. Cuando se compra uno nuevo, hay muchas decisiones que usted puede tomar, por ejemplo, el color de la pantalla o el tono del timbre. Hay opciones que el fabricante deja instaladas por defecto, pero que muchas personas mantienen por inercia. Lo que se ha visto es que sin importar qué deja instalado el fabricante, muchos no lo van a cambiar y se quedaran con eso.

“Si las compañías privadas o los servidores públicos creen que una política produce mejores resultados, ellos pueden influir fuertemente en las personas dejando esa opción prefigurada por defecto”, afirma Thaler. Por ejemplo, si al renovar la cédula de identidad usted queda automáticamente como “donante de órganos”, en teoría debería haber más donantes que si se formula la pregunta explícita.

En 2010 el Primer Ministro inglés David Cameron invitó a Thaler a crear en el Reino Unido un equipo que desarrollara políticas basadas en la “economía del comportamiento”, una suerte de “departamento gubernamental de empujones y codazos” (en el sentido del codazo de alerta que se dan los amigos para advertirse de algo interesante). Un equipo que buscara formas innovadoras de cambiar la manera de actuar de las personas, particularmente en áreas como pensiones, educación o salud.

Uno de sus mayores éxitos fue conseguir un importante aumento de la recolección de impuestos entre las personas. Y lo hizo simplemente con una carta que les recordaba que la mayoría de sus vecinos ya habían pagado.

PROBLEMAS MACRO

La asesoría al gobierno de Cameron muestra el impacto práctico de la “economía del comportamiento”. Y explica por qué Thaler, antes del Nobel, había alcanzado importantes reconocimientos, como la presidencia de la Asociación de Economistas Americanos en 2015 (organización que fue dirigida antes por Milton Friedman, JK Galbraith, Gary Becker y Amartya Sen, ente otras figuras). Siempre que se trate de entender el comportamiento de individuos, particularmente en su rol de consumidores, las herramientas y estrategias desarrolladas por Thaler ofrecen muchas perspectivas interesantes y sorprendentes.

Pero el poder de explicación y de oferta de soluciones de la “economía del comportamiento” se debilita cuando se debe lidiar con grupos humanos complejos, como empresas, clases sociales, generaciones. Por ejemplo, cuando se trata de abordar la concentración de la riqueza, un problema central en muchos países desarrollados; o en el caso de Chile, de corregir lo que el investigador del MIT Ben Ross Schneider ha llamado “capitalismo jerárquico”, un capitalismo dominado por unas pocas familias. ¿Se pueden modificar esas conductas solo con empujoncitos?

Lo cierto es que las cartas que consiguieron en Inglaterra que los ciudadanos cumplieran mejor con sus obligaciones tributarias, no podían llevar a que las grandes corporaciones cumplieran cabalmente con las suyas. Entre otras cosas, porque estas empresas desarrollan argumentos para decir que lo que hacen es perfectamente legal. Un empujoncito o un codazo no pueden contra Apple o Google, por citar dos corporaciones que escandalizaron a los ingleses por tener, al mismo tiempo, enormes utilidades y pagar muy poco en impuestos. Y ello, en los mismos años en que Thaler asesoraba el departamento de codazos.

Ben Ross Schneider, investigador del MIT
Ben Ross Schneider, investigador del MIT

Cuando CIPER le preguntó a Thaler cómo evalúa “la economía del comportamiento” al neoliberalismo, en particular su tendencia a la concentración de la riqueza, Thaler reconoció que esa mirada no tenía mucho que decir al respecto:

– Hoy no hay ninguna “economía del comportamiento” macro. Por ahora, estamos trabajando en problemas específicos: cómo mejoramos la asistencia sanitaria, cómo mejoramos la educación, cómo ayudamos a las personas que salen de la cárcel para que esa salida sea un camino solo de ida. Incluso, los que están trabajando en áreas más globales, como la economía del desarrollo, en su mayoría lo hacen examinando un problema a la vez. Así que no creo que haya todavía un enfoque de comportamiento de nivel macro.

-¿Eso quiere decir que desde su enfoque, los cambios económicos y las correcciones a los sistemas se deben producir en el nivel de las personas y de las empresas particulares, a través de codazos y empujones?

-Yo creo que los cambios de producen con transparencia y divulgación tanto en las practicas de mercado como en las políticas laborales. Si las empresas pagan mucho más a los hombres que a las mujeres, a mí me gustaría que esos datos se publicaran. Por supuesto, eso no es tan sencillo, porque para determinar que un pago solo se vincula con el sexo del empleado hay que controlar una gran cantidad de factores. Pero creo que la transparencia y la difusión son vías de cambio.

-Imagino que está de acuerdo con revelaciones como las que hizo la investigación periodística de los Panamá Papers.

-Fue una gran cosa. Es un tema que me interesa mucho, aunque no he trabajado todavía en asuntos de corrupción. En principio, la “economía del comportamiento” debe lidiar con esto pues es un asunto cultural.

-¿Qué le parecen los paraísos tributarios?

-Son dañinos, por supuesto.

-¿Que necesitan las empresas, las grandes corporaciones, para pagar impuestos y no recurrir a los paraísos tributarios? ¿Un empujoncito, o una patada de un Estado más firme?

-Tenemos que reformar el sistema de impuestos a las corporaciones. Ese es un problema mundial. Pero es difícil culpar a una empresa por pagar la menor cantidad de impuestos que pueda. Eso es lo mismo que haríamos usted y yo. Le doy mi información a mi contador y espero que pague lo menos que sea posible. Pero sin hacer trampa. Nadie hace esto contra la ley. Entonces, si uno quiere generar comportamientos distintos, tiene que cambiar la ley. Por supuesto, en cuanto a la corrupción algunos países son peores que otros. Y ante la pregunta de cómo emerge la corrupción y cómo se la controla, yo no sé qué decir. Ojalá supiera.

TIPS

En algún momento la “economía del comportamiento” hizo sentir a los economistas de Chicago que estaban bajo amenaza. La abundante evidencia que levantaban en contra de la existencia del Econs, en el cual se basan todos los modelos de los economistas tradicionales, era una carga de dinamita en la capacidad de predecir de esos modelos.

En su libro Misbehaving (Mal comportamiento), Thaler relata el primer encuentro cara a cara entre los representantes de la naciente economía conductual y los “Chicagos” clásicos, una cita que tuvo lugar en la Universidad de Chicago, en 1985. Los “Chicago”, entre los que estaban hombres clave de esa escuela, como Robert Lucas, Merton Miller y Eugene Fama, querían saber si había motivos para considerar esta corriente en serio. Los economistas conductuales presentaron sus estudios, todos basados en experimentos.

A los ya citados, en que dependiendo de cómo se presentan las opciones, las personas deciden cosas distintas, se agregaron otros que cuestionaban la idea –muy asentada entre los economistas- “de que la justicia era un concepto tonto, mayormente usado por niños que no querían dar su brazo a torcer”, como lo sintetiza Thaler. El Nobel recuerda en su libro la defensa cerrada que hicieron los Chicago de la racionalidad y la compara con el horror que sentían los defensores de la teoría de que la tierra era el centro del universo cuando Copérnico sostuvo que la tierra giraba en torno al sol.

Eugene Fama
Eugene Fama

Ambos grupos salieron de ese encuentro con la sensación de que habían ganado (lo que seguramente tiene una explicación tanto dentro de la “economía del comportamiento” como dentro de la economía neoliberal). Y la discusión se prolongó durante los siguientes 20 años, con una tendencia cada vez más acentuada a la confluencia de las visiones.

En su libro Mal comportamiento, Thaler apuntó a eso. Argumentó que los adherentes de la racionalidad económica pasaron años ignorando la evidencia incómoda y creyendo en un supuesto falso: “que la mayoría de las personas, la mayor parte del tiempo, hace elecciones que van en su propio interés o al menos, hace elecciones que la benefician más que si la hiciera otro”.

“Es tiempo de parar de inventar excusas. Necesitamos una manera más enriquecedora de hacer investigación económica, una que dé cuenta de la existencia y relevancia de los humanos”, desafió Thaler. Luego apuntó al acuerdo: “La buena noticia es que no necesitamos lanzar lejos todo lo que sabemos sobre como las economías y los mercados funcionan”.

A la larga, la racionalidad de las decisiones parece no haber sido algo tan determinante en la construcción de los modelos económicos. Y los economistas de Chicago hoy contemplan sin problemas la irracionalidad de los individuos. De ahí que todos festejaran el Premio Nobel a Thaler.

Es por ello que para los críticos de la “economía del comportamiento”, entre ellos el cientista político William Davies (autor del libro La industria de la felicidad), esta corriente no cuestiona el fondo económico, sino más bien aporta una serie de tips, interesantes, útiles, curiosos y divertidos para ser un buen consumidor.

La crítica es que esta corriente le puede enseñar a usted qué vino de la carta pedir (nunca el penúltimo, porque como el dueño del restorán sabe que usted se va a avergonzar de pedir el más barato y va a optar por el segundo, pone ahí su peor vino). También le puede explicar por qué es irracional leerse un mal libro que le costó caro, pensando en que si lo deja de lado va a perder la plata que gastó.

Todo eso es interesante y hace la sobremesa muy entretenida. Pero Davies diría que está lejos de fundar una crítica que cambie las relaciones de poder que emergen del dominio de la economía de mercado sobre la sociedad.

COLUSION

Uno de los aportes interesantes de los estudios de Thaler, y que se ha destacado muy poco, tiene que ver con la idea de justicia. Como se dijo, en los modelos económicos dominantes la justicia es un cuento de niños, un asunto irrelevante.

Pero sus experimentos muestran que la justicia es muy importante en las personas reales y que condicionan su comportamiento económico.

principal-fallofarmaciasUn equipo del que formó parte Thaler preguntó en una encuesta si le parecía justo o injusto lo siguiente: una empresa vende guantes para la nieve a US$15 y al día siguiente de una tormenta de nieve los sube a US$20. El 82% de los encuestados lo encontró injusto. Y seguramente usted pensará -escribe Thaler- qué clase de basura humana sube los guantes luego de una nevada. Pero eso es justamente lo que debe pasar -de acuerdo a la teoría económica- cuando hay una cantidad fija de guantes y aumenta repentinamente la demanda.

De hecho, cuando le hizo la misma pregunta a estudiantes de un MBA, el porcentaje fue inverso: 76% encontró que el alza era justa.

¿Quién tenía razón? Las investigaciones de Thaler no se pronuncian sobre eso. El economista no se para ni desde una posición moral, ni desde la superioridad técnica con la que algunos de sus colegas actuales califican de ignorancia los sentimientos de la calle. Las investigaciones de Thaler buscan entender y describir “qué es lo que los humanos odian”. Y en ese sentido, argumenta en su libro, que evidentemente los estudiantes de economía habían sido entrenados para pensar como Econs, lo que implicaba dejar de ser humanos (lo que otro investigador llamaba “la ceguera inducida por la teoría”).

Las investigaciones en torno a la idea de justicia mostraron también que, contra la idea de la maximización del beneficio propio, las personas estaban dispuestas a gastar parte de su dinero en bienes públicos. Por supuesto, cuando el experimento se hizo con estudiantes de economía, la tasa de contribución al bien púbico fue muy reducida. Ello, subraya Thaler, llevó a los sociólogos Marwell y Ames a escribir un paper titulado: Los economistas son free ride: ¿alguien más?

Importantes hallazgos aparecieron también en experimentos que el equipo de Thaler llamó “juegos de justicia”. La pregunta de fondo en esos experimentos era si las personas estaban dispuestas a castigar a una compañía si esta actuaba en forma tramposa.

Los experimentos mostraron que la gente tendía a repartir equitativamente dinero, incluso con otros que no conocía; y que mayoritariamente prefería obtener menos dinero compartiéndolo con alguien que era justo, que ganar más compartiéndolo con el que había sido injusto.

“¿Qué se puede concluir de esos experimentos? Que a las personas le desagradan las ofertas injustas y están dispuestas a perder algo de dinero para castigar a los que lo hacen”, escribe Thaler en su libro.

La conclusión es relevante para Chile, donde aún resuenan los ejemplos de los empresarios tramposos que se coludieron para mantener precios altos afectando a todos los que consumen medicamentos, pollos, papel higiénico, etc.  Siguiendo la huella de los hallazgos de Thaler, tendríamos que pensar que las personas habrían favorecido a los competidores de estas empresas, aun cuando cobraran más caro por sus productos, para castigar al coludido. Pero tal como informó la Papelera a mediados de este año, esa compañía no sufrió una baja en su participación en el mercado después de que estallara el escándalo de la colusión en la que participó. ¿Por qué ocurrió esto? ¿Es que la colusión fue algo irrelevante para los consumidores?

Anthony Atkinson
Anthony Atkinson

Thaler remarca una clave.

“Si una compañía, por ejemplo, paga millones para obtener contratos del gobierno, necesitamos exponer eso al público. Creo que la mejor solución es más transparencia.

-En Chile los casos de colusión se expusieron ampliamente. Pero las compañías no recibieron un gran castigo de parte de los consumidores.

-Bueno, ese caso muestra por qué necesitamos más competencia. Eso es fundamental. Ustedes necesitan competencia –afirma Thaler.

La respuesta de Richard Thaler me recordó algo que dijo a CIPER Anthony Atkinson, el fallecido economista de Oxford, cuando le planteamos el caso de la colusión del papel higiénico y el casi nulo castigo que había recibido la empresa: ni cárcel para los coludidos ni pérdida de posición económica.

-Es que ustedes no tienen libertad de mercado.

Trump le dice a la clase media: “Si usted me elige lo puedo hacer tan rico como yo”

La entrevista con Richard Thaler se efectuó antes de la elección presidencial que puso a Donald Trump a la cabeza de la primera economía del mundo. En la conferencia previa, Thaler hizo algunos chistes sobre el tema, aunque estaba preocupado. Dijo a CIPER que el discurso agresivo del actual Presidente de Estados Unidos, le hacía mucho sentido sobre todo a una clase media a la que le había ido muy mal en las últimas década y a la cual Trump seducía diciéndoles: “si usted me elige lo puedo hacer tan rico como yo”.

A Thaler esta adhesión lo inquietaba por su apelación al nacionalismo y a la misoginia:

-Hay distintas formas de tener esperanza en que vas a mejorar. Pero me parece que es un problema creer en candidatos que apelan a los peores instintos de las personas y luego los llenan de mentiras. Trump ha hablado de grandes impuestos para los ricos y apela a la clase blanca trabajadora. Pero, realmente, no va a hacer nada por ellos. ¿Qué va a hacer? ¿Va a construir un muro?

Camaleón: Post Periodismo

Camaleón, el cuarto libro de Javier Rebolledo, es una investigación periodística de primer nivel. No solo porque da a conocer hechos relevantes sobre nuestra historia reciente, entre los que figura la existencia del aparato militar que tuvo el Partido Comunista antes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez; o la denuncia de una estafa que habría hecho el actual presidente del PC Guillermo Teillier contra el protagonista de este libro. No solo por el personaje impresionante que saca a la luz –Mariano Jara-, el camaleón, el rey de la siniestra noche santiaguina de la dictadura y que le permite a Rebolledo contar un pedazo de la historia de Chile desde  una perspectiva única, en la que se mezclan vedetes, agentes de la DINE que ofician de cobradores, preparadores de caballos y militantes comunistas que organizan la internación de armas de Carrizal Bajo.

El libro de Javier Rebolledo es una investigación de primer nivel, sobre todo, por la forma en que cuenta esto, por cómo contextualiza esas revelaciones. Por cómo, en aras de saber con precisión quién es Mariano Jara, el periodista se arriesga a moderar el impacto de las revelaciones que ha conseguido.

Es usual que en periodismo haya una relación entre la cantidad de datos que tiene un artículo y el efecto que produce. Pocos datos –como ocurre en una denuncia o en la vitrina de una tienda elegante donde se expone un solo zapato- hacen más fácil impactar. Muchos datos, muchos matices y voces, son la única forma de comprender. Pero el impacto se reduce.

Camaleón es un libro para comprender la complejidad y a la vez una reflexión sobre el periodismo en la época de la post-verdad.

En un contexto en que la clase política y empresarial aparecen metidas en muchas y constantes mentiras y corruptelas, los periodistas aparecemos como los salvadores de la patria. No me sorprende que haya dos candidatos presidenciales que sean periodistas”.

El libro tiene dos partes. En la primera está la historia, muy bien contada, de Mariano Jara, tal como la fuente la reconstruye. Emerge ahí el héroe que en las narices de la dictadura da cobertura a la resistencia que organiza el PC. Muchos periodistas habríamos terminado el libro ahí, en las peripecias que él relata. Cuando tenemos una historia como la de Mariano Jara una vocecita seductora nos dice al oído: “No preguntes más, no te arriesgues a que esto se desmorone; no dejes que la verdad eche a perder esta buena historia”.

En la segunda parte está la deconstrucción de la historia que se acaba de contar: Rebolledo chequea pieza por pieza la historia de Mariano, sin dar por cierto nada de lo que el entrevistado dice. El resultado es que la imagen del héroe que engaña a la dictadura, este Manuel Rodríguez moderno, adquiere matices; se vuelve también un prestamista, un vividor cuyas peripecias despiertan preguntas incómodas: ¿sus juergas con esos agentes son fingimiento o Mariano disfruta esas noches y esa compañía?

Pero en esta parte, Rebolledo hace más que chequear la historia de Mariano (lo que es, después de todo, lo que se espera de un periodista de investigación). Javier Rebolledo mismo se mete en el relato de cuerpo entero. Y así la vida del periodista comienza a correr como una música de fondo de la historia de su personaje. Mientras Rebolledo más logra saber de Mariano, mas sabe también de sí mismo, de cuál es su tarea y de los límites que esa tarea tiene. Lo que le ocurre al periodista influye en su capacidad de entender a su personaje, en la cosas que quiere creer y en aquellas de las que desconfía.

Con su entrada en escena Rebolledo sube un escalón en su esfuerzo por comprender la complejidad porque esboza las limitaciones que el periodismo tiene como herramienta para dar cuenta de los conflictos sociales y quienes los encarnan.

Voy a robar una expresión de mi esposa Marcela Ramos para catalogar este libro: es un ejemplo de post periodismo. Contra la post verdad, el post periodismo, decimos en mi casa. Y diría que este libro se sitúa en ese marco justamente por la segunda parte.

¿En qué consiste esto? Dicho en breve, en poner el acento en las preguntas, no en las respuestas. En tomar conciencia de que los temas complejos tienen muchas caras y que el relato periodístico se tiene que adaptar a esa complejidad, no al revés. Por último, que el esfuerzo periodístico no tiene como tarea descubrir “la verdad”, cosa imposible, sino disminuir las zonas oscuras, reconociendo que esas zonas siempre van a estar ahí: reconociendo que lo que se publica es cierto en un determinado contexto, pero que hay preguntas por hacer. Por último, que tras el reconocimiento  de que hay cosas que no se saben, también hay información.

A los periodistas no nos gusta mucho la complejidad. Necesitamos títulos para nuestras notas.  Decir algo claro. Forzosamente necesitamos sintetizar, reducir la realidad. Y solemos actuar como si la verdad fuera una cosa pequeña y caliente, una papa, que está escondida debajo de varias capas de mentiras. Por otra parte, nuestro relato no puede tener huecos, dudas. ¿Ha visto a algún periodista en la radio o en la televisión decir sobre algo “no sé”?

No saber está prohibido. Porque la idea que está extendida es que los periodistas sabemos la verdad exacta y sabemos cómo llegar a ella, pues poseemos métodos infalibles. Además tenemos coraje.

En un contexto en que la clase política y empresarial aparecen metidas en muchas y constantes mentiras y corruptelas, los periodistas aparecemos como los salvadores de la patria.  No me sorprende que haya dos candidatos presidenciales que sean periodistas.

Lo que hace Rebolledo, en Camaleón, está en el polo opuesto de esta imagen y de esa forma de pensar.

Contra la imagen del periodista que lo sabe todo, o que siempre es ecuánime, el que aparece en Camaleón es un tipo que la pasa mal, que tiene miedos y convicciones, que quiere contar la historia pero no ser utilizado por su fuente, que cae detenido, se separa, llora por su hijo. No tiene métodos infalibles…Evita completar los vacíos para redondear la historia… Al final, en temas esenciales de la vida de Mariano y de la suya propia Javier dice la frase prohibida: NO SÉ”.

Yo hago un periodismo muy distinto al de Javier. Alguna vez, tal vez en la época en que trabajamos juntos en Siete+7 y The Clinic, me interesaron mucho los personajes y las narraciones atrapantes (tenía la ambición de escribir un reportaje que se leyera como Sabotage de los Beastie Boys). Ahora me interesa más la matrix, entender cómo funciona la estructura. Pero creo que coincidimos en algo: que las respuestas que obtenemos son siempre parciales y que si trabajamos duro y tenemos suerte, a partir de esas respuestas podremos hacer preguntas más precisas, lo que es un gran avance.

En el libro de Javier están los elementos de este post periodismo: lo esencial no es la respuesta que consigue sino la pregunta que cada respuesta abre. A medida que avanza su investigación Javier toma conciencia de que la verdad que obtenga no será completa, que los grados de incertidumbre usualmente son altos.

Contra la imagen del periodista que lo sabe todo, o que siempre es ecuánime, el que aparece en Camaleón es un tipo que la pasa mal, que tiene miedos y convicciones, que quiere contar la historia pero no ser utilizado por su fuente, que cae detenido, se separa, llora por su hijo. No tiene métodos infalibles. Está preocupado por la democracia y en ocasiones predica un poco, es inevitable. Pero sobre todo, hace preguntas. Evita completar los vacíos para redondear la historia, no lima los bordes para que encajen. Al final, en temas esenciales de la vida de Mariano y de la suya propia Javier dice la frase prohibida: NO SÉ.

Creo que Camaleón es un gran aporte, porque a fin de cuentas, el gran desafío que impone la post-verdad -las verdades a medias, las mentiras flagrantes, etc.- no es si existe o no la verdad.

Al menos desde la perspectiva de las personas el asunto realmente importante es ¿en quién podemos confiar?

Personalmente confío en el periodismo que Javier Rebolledo despliega en este libro. Un periodismo sin capa de superhéroe, que reconoce sus límites, que no renuncia a averiguar ni a hacerse preguntas y está consciente de que la realidad es, como lo dice su libro, camaleónica.

*El texto está basado en la presentación que hizo Juan Andrés Guzmán, periodista de CIPER, en el lanzamiento del libro de Javier Rebolledo.

Las zombis que usaron Ponce Lerou, Leonidas Vial y Andrés Navarro para eludir impuestos

En todas las historias de zombis identificar “el paciente cero” es clave, pues en el inicio de la peste se esconde tanto el motivo por el que la humanidad está siendo castigada (por ejemplo, experimentos biológicos que dan cuenta de nuestra soberbia), como la llave de la salvación. En el ataque de las sociedades zombis sobre las arcas fiscales, la investigación de CIPER ha logrado identificar tres zombis que están en esa “hora cero”, cuyos protagonistas retratan el mundo que pensó y explotó esta estrategia.

Se trata de Inmobiliaria y Comercial San Jorge,comprada en 1990 por los controladores del Grupo Penta (sociedad mencionada por primera vez en una investigación de The Clinic); la Compañía de Desarrollo e Inversión Pocuro, adquirida en 1991 por Leonidas Vial y el abogado Fernando Barros (a la que luego se integran Fernando Larraín Peña y su familia); y Los Lirios S.A., la que fue comprada en 1992 a medias por Sebastián Piñera y sus tradicionales socios: los Cueto (ver reportaje).

Estas tres primeras zombis fueron vendidas por la Comisión Progresa, entidad liquidadora que intervino al Grupo Cruzat-Larraín en 1984, conformada por bancos que intentaron recuperar algo del dinero que le habían prestado (ver reportaje). Los bancos (Santiago, de Chile, Crédito e Inversiones y otros) tomaron el control de las 200 sociedades del grupo y vendieron todos los activos que encontraron (mayoritariamente acciones). Para fines de los ‘80 del imperio Cruzat-Larraín no quedaba nada, salvo papeles que registraban la deuda no pagada y que los tribunales declararon prescrita.

Parecía una idea delirante, pero se expandió rápido entre la elite empresarial en los 90. Decenas de empresas sólidas y con grandes utilidades se fusionaron con firmas que no eran otra cosa que un papel que consignaba una pérdida cuantiosa y sin acreedor.

Entonces, en vez de cerrar esas sociedades, como usualmente pasa tras las quiebras, alguien, probablemente un abogado tributarista (la Comisión Progresa tenía contratada a Price Waterhouse), pensó que las pérdidas de esas firmas muertas se podían aprovechar para pagar menos impuestos.

Su idea, en esencia, fue que si de alguna manera se consideraban esos meros papeles con deuda como “empresas”, entonces era posible fusionarlos con firmas reales y prósperas y hacer desaparecer sus utilidades.
Parecía una idea delirante, pero prosperó, entre otras cosas, porque las normas que regulaban el uso de las pérdidas no prohibían que una empresa real se fusionara con un papel.
A fines de los ‘80 la estrategia se probó con montos pequeños, que no provocaron reacción en las direcciones regionales del Servicio de Impuestos Internos (SII), según dijo un tributarista a CIPER. Cuando el terreno pareció seguro, salieron a escena los grandes empresarios ansiosos de reducir las cargas tributarias de sus empresas.

Todos los empresarios que figuran en la “hora cero” del ataque zombi, comprando papeles con deuda, son parte de un mismo círculo unido por lazos familiares, amistad y negocios. Manuel Cruzat, en su época de gloria, fue el formador de Carlos Alberto Délano y de Sebastián Piñera (amigos íntimos entre ellos). Piñera, a su vez, tiene como abogado de cabecera para sus asuntos tributarios y corporativos a Fernando Barros Tocornal, asesor legal histórico de su cuñado Leonidas Vial, socio de la Corredora Larraín Vial (favorita de Piñera para sus transacciones desde los ‘90). En esa corredora son socios Leonidas Vial, Fernando Barros y Fernando Larraín. En este punto se cierra la cadena, pues Fernando Larraín fue el socio de Manuel Cruzat cuando este levantó su imperio en los años 80.

En ese exclusivo círculo, las pérdidas de los ‘80 fueron recicladas para hacer de los prósperos años 90 una época con menos impuestos. Pero se hizo algo aún más importante: al mostrar que las zombis eran viables en las ligas mayores (ninguna de estas tres sociedades fue cuestionada por Impuestos Internos) se validó lo que estaba detrás de esta estrategia: la elusión. Esto es, la idea de que se pueden diseñar planificaciones que cumplan con la letra de la ley –para evitar sanciones- pero vulneren su espíritu: estrategias astutas que permitan conseguir beneficios que nunca estuvieron contemplados por el legislador.

JULIO PONCE LEROU

Julio Ponce Lerou es tristemente famoso por muchos motivos. Entre los antiguos, por apropiarse de la empresa estatal Soquimich (SQM) durante la dictadura de su suegro; entre las razones recientes, porque el Ministerio Público ha mostrado cómo SQM ha sido una máquina de financiamiento ilegal de la política, un motor adecuadamente aceitado que probablemente le permitió que el fin de la dictadura no implicara cambios para él y sus negocios.

Pese a su prosperidad, entre 1999 y 2004 Inversiones SQ Holding, representada por Roberto Guzmán Lyon, reportó al SII pérdidas que se originaban en “el papel con deudas” con el que se había fusionado.

Una tercera razón de la mala fama de Ponce Lerou es la estructura a través de la cual se ha asegurado por años el control de SQM. En 2013 la Superintendencia de Valores formuló cargos contra él y su abogado Roberto Guzmán Lyon, por ese engranaje que en esencia permite distribuir las ganancias y las pérdidas de su actividad minera y apuestas bursátiles, de acuerdo a sus conveniencias, lo que perjudicó a otros accionistas, entre ellos los cotizantes de las AFP.

Esa estructura se conoce hoy como “sociedades cascadas”, metáfora que apunta a la estrategia que Ponce usó para ocultar el control que tenía sobre la minera: a través de un río de sociedades. Para encontrar a Ponce en esa estructura había que remontar la cascada hasta su origen.

Por lo menos hasta 2014, cuando la SVS multó a Ponce y a su abogado Guzmán Lyon, el control de SQM era ejercido desde Potasios Chile y Pampa Calichera, controladas por Oro Blanco y Nitratos de Chile, que a su vez dependían de Norte Grande, sociedad que estaba en la parte superior de la cascada. Pero Ponce no aparecía allí, sino más arriba, en sociedades que salían de Chile. Esta otra estructura funcionaba así: Norte Grande era propiedad de SQYA S.A. y ésta era controlada por Inversiones SQ, la cual dependía de S.Q. Grand Cayman Corporation y ésta de Pacific Atlantic Trading, la cual colgaba de un trust: “The Pacific Trust”, donde finalmente aparecían Ponce Lerou y su familia.

En 2003, en la parte alta de este río societal (ver reportaje de El Mostrador) surgió una zombi: Inversiones SQ Holding, cuyo origen era una empresa quebrada en 1984: Comercial del Caribe.

Desde su quiebra, Comercial del Caribe no registró ninguna actividad hasta que en 1996 fue adquirida por el Grupo Interandino, sociedad constituida en Panamá por el abogado Rolando Candanedo (uno de los favoritos de la elite chilena para crear sociedades off shore durante varias décadas, ver reportaje de The Clinic).

Tabla Ponce2

En 1997, el presidente del Grupo Interandino –Emilio Rojas Contreras– junto a José del Rio Canelli (gerente general de Pampa Calichera desde ‘2000) cambiaron el nombre de Comercial del Caribe por Inversiones Alcázar. En los años siguientes, a través de diversas modificaciones (en las que participaron sociedades de la parte alta del río de sociedades de Ponce Lerou, como S.Q. Grand Cayman Corporation), Alcázar terminó rebautizada como Inversiones SQ Holding y controlada por José del Río Canelli (en representación de Inversiones Astro Rey, otra sociedad panameña) y Roberto Guzmán Lyon creador de la estructura de cascadas, como aparece en los cargos presentados por la Superintendencia contra Ponce.

En 1998, la zombi Inversiones SQ Holding absorbió a S.Q. Holding S.A y su capital creció de $7 millones a $5.464 millones. Al año siguiente, la zombi absorbió otra sociedad del grupo, S.Q Inter. S.A., y su capital social volvió a dar un salto: a $10.308 millones. Nuevas operaciones triplicaron el capital social hasta $32.000 millones, como consta en escrituras notariales de 2004.

Pese a esas señales de prosperidad, entre 1999 y 2004 Inversiones SQ Holding -representada por Roberto Guzmán Lyon– reportó al SII pérdidas que se derivaban del papel con deudas de arrastre que era Comercial del Caribe.

En muchos aspectos el ataque de las zombis puede entenderse cono la hora cero de la elusión usada en forma masiva por la elite empresarial de Chile.

Aunque esta investigación no accedió al monto de la pérdida de arrastre que declaró la zombi, ni a los impuestos que intentó recuperar, los documentos judiciales examinados por CIPER indican que en 1999 Inversiones SQ Holding se evitó el pago del impuesto de primera categoría y, desde el año 2000 hasta 2004, usó las pérdidas para solicitar devoluciones por impuestos pagados.

En la ofensiva anti-zombi que desplegó el SII en 2004, recalculó los tributos de Inversiones SQ Holding y en 2005 pidió el pago de $953 millones en impuestos adeudados. También le rebajó los montos de la pérdida que Soquimich había comprado.

El argumento central de la autoridad fue que la empresa nunca acreditó con documentos la realidad de las pérdidas de arrastre, adecuando “maliciosamente” (expresión que usó la Corte de Apelaciones) su contabilidad para hacer desaparecer utilidades.

Se iniciaron así 10 años de litigios. En la Corte de Apelaciones de Santiago la empresa fue defendida por Rodolfo Porte, del bufete Porte & Canales, quien argumentó que Inversiones SQ Holding no estaba obligada a conservar documentos tributarios de hace 30 años. La Corte dictaminó que si la empresa quería usar una pérdida que se remontaba a esa época, tenía que tenerlos (ver fallo). SQ Holding perdió en esa instancia y también el recurso de casación en la Corte Suprema. Este último fallo, de marzo de 2014, le puso la lápida a una de las últimas zombis que comenzaron a ser utilizadas a comienzos de los ‘90.

LEONIDAS VIAL

La Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) describió el llamado “Caso Cascadas” como un acto de simulación. Tal como en las empresas zombis se finge tener una pérdida que no es real a través de una fusión que es una parodia, lo que investigó la SVS en el “Caso Cascadas” fue una serie de operaciones realizadas entre 2009 y 2011 en las que “aparentaron” cumplir las condiciones que la ley exige para las operaciones bursátiles. Pero se hacía de tal modo que, “en realidad buscaban entrabar la participación de potenciales inversionistas”como sostuvo un tribunal civil que acogió la tesis de la SVS.

Para ejecutar este diseño, acusó la SVS, Ponce Lerou requirió la ayuda de corredoras que permitieran simular operaciones en las que sociedades ligadas a Ponce parecían vender acciones de SQM, cuando en realidad no vendían nada.

Todos los empresarios que figuran en la “hora cero” del ataque zombi, comprando papeles con deuda, son parte de un mismo círculo unido por lazos familiares, amistad y negocios.

En su acusación, la SVS apuntó, entre otros, a la Corredora Larraín Vial y a uno de sus principales accionistas, Leonidas Vial Echeverría. Uno de los principales cargos contra Vial fue el uso que le dio a su sociedad Inversiones Saint Thomas, firma clave en el entramado financiero de este empresario, y que originalmente fue una zombi.

Leonidas Vial es actualmente presidente y accionista mayoritario de La Polar. Compró su zombi en 1996, cuando era vicepresidente de la Bolsa de Comercio de Santiago (desde 1988). Y antes y después fue director de Endesa, Santa Carolina, Compañías CIC, Compañía Industrial El Volcán, Tricolor, Embornor y Blanco y Negro.

En 2014, la SVS lo multó en US$20 millones por su participación en el “Caso Cascadas”. Pero en 2015 un juzgado civil anuló la multa, aunque otro confirmó la sanción en contra de Ponce Lerou, por lo que la legalidad o ilegalidad de las operaciones descritas se deberá resolver en la Corte de Apelaciones de Santiago.

Tabla Vial

La zombi Saint Thomas no pertenecía al Grupo Cruzat, sino a una firma de capitales norteamericanos: Scott Worldwide Inc. Vial la compró a través de Inversiones Juliets y de Inversiones y Servicios Cartera Ltda. A cargo de la operación estuvo el estudio Barros y Errázuriz, de Fernando Barros Tocornal, su cuñado y socio.

En 1999, Saint Thomas, que cargaba una pérdida de $12.656 millones, absorbió a su controladora Inversiones Juliets, con lo cual pasó a tener un capital social de $21.902 millones. Como resultado de la investigación desplegada por el SII a partir de 2004, el servicio le cobró a Saint Thomas impuestos por $695 millones.

La citada Inversiones y Servicios Cartera Ltda. también era zombi. Originalmente se llamó Compañía de Desarrollo e Inversión Pocuro, constituida en 1982, mencionada al comienzo de este artículo. Tras comprarla en sociedad con Fernando Barros en 1991, a través de Invescar, Leonidas Vial la rebautizó como Inversiones y Servicios Cartera (Servicar). Ese mismo año, al modificarse la sociedad, quedaron como dueños Fernando Larraín Peña (socio de Vial en la corredora y ex socio de Manuel Cruzat), María Cruzat Infante; María Isabel, Fernando, José, Santiago, Aníbal, todos de apellido Larraín Cruzat; Ana María Claro Valdés y Leonidas Vial.

Esta sociedad, que está en la hora cero del ataque zombi, no fue investigada por el SII y CIPER no encontró antecedentes sobre el monto de la pérdida de arrastre que compraron, ni cómo ni cuándo la usaron sus nuevos dueños.

ANDRÉS NAVARRO

Andrés Navarro Haeussler es miembro de la junta directiva de la Universidad San Sebastián y del grupo constructor Salfacorp, y actualmente preside el directorio de la Clínica Las Condes. La empresa donde está su sello fundacional es Sonda, la que controla a través de tres sociedadesInversiones Pacífico Sur II Ltda., Inversiones Atlántico Ltda. e Inversiones Santa Isabel Ltda. Estas tres firmas son las únicas accionistas de Indico S.A., que a su vez es la accionista mayoritaria de Sonda (43%).

Tabla Navarro1

Al menos una de esas tres empresas clave de Navarro es una zombiInversiones Pacífico Sur II Ltda. Su origen es la sociedad Minera San Cristóbal que Navarro compró en 1999, pagando $380 millones “al contado y en efectivo”, según consigna la escritura. Un mes después se incorporaron a la sociedad los hermanos del empresario: María Cecilia, Carmen, Pablo, Andrés, María Inés, José Miguel, María del Rosario y María Teresa, todos Navarro Haeussler. Entonces, la ex sociedad minera se convirtió en “Inversiones Pacifico II Ltda.”, un cambio de nombre que vino con una potente inyección de capital: $24.913 millones.

En 2001 la zombi del clan Navarro presentó ante el SII una pérdida de $6.900 millones e intentó que le devolviera $423 millones en impuestos ya pagados en los ‘90. La operación no resultó. La información obtenida en esta investigación indica que el SII los hizo pagar impuestos por $1.141 millones.

CIPER intentó obtener las versiones sobre estas operaciones con zombis de Julio Ponce Lerou, Andrés Navarro y Leonidas Vial, pero ninguno de ellos respondió a nuestras consultas.

ABUMOHOR, GALMEZ, CALDERÓN

La zombi a la que recurrieron los Abumohor (en sus ramas Touma, Salman, Lolas, entre otros), fue Inmobiliaria y Comercial de Valores, la que perteneció hasta su quiebra al Grupo Cruzat-Larraín. La adquirieron en 1993 y la fusionaron con la empresa Eurotelas S.A. El SII rechazó la operación. Los datos obtenidos por CIPER indican que, al recalcular los impuestos que debía pagar el grupo, el SII le cuestionó $975 millones en pérdida de arrastre y le cobró tributos de primera categoría por $135 millones.

Tabla abumohor

Los hermanos Gálmez Puig también compraron una zombi del Grupo Cruzat: Sociedad de Inversiones Tupungato. La adquirieron en 1994, cuando eran los controladores de la tienda de departamentos Almacenes París, a través de Inversiones Aconcagua e Inversiones Baleares (ambas pasaron a control de Horst Paulmann cuando éste compró París en 2005). En 2004 el SII examinó la operación y cuestionó $1.487 millones de pérdida de arrastre, haciéndoles pagar $78 millones en impuestos adeudados.

Tabla Galmez

Al igual que las familias que controlan Falabella, los entonces controladores de Ripley y Johnson’s, los hermanos Marcelo y Alberto Calderón Crispín, fueron grandes compradores de zombis. La investigación del SII detectó tres cascarones para esconder las utilidades que generaban sus multitiendas (las operaciones de los Calderón fueron descritas por primera vez en un reportaje en The Clinic).

La principal zombi de los Calderón fue Comercial Centro Ltda., una sociedad con $147.637 millones de pérdida tributaria, inactiva desde 1983. Los Calderón la compraron en $200 millones y la hicieron absorber Inversiones CAR Ltda., que administraba el negocio crediticio de las multitiendas. Con esa operación, consiguieron evaporar $54.428 millones de utilidades obtenidas entre 2001 y 2003. En 2004, el SII impugnó aquellas operaciones y CAR tuvo que cancelar $13.337 millones en impuestos, multas e intereses.

Tabla Calderon

No ocurrió lo mismo con las otras dos zombis que Marcelo Calderón compró a Javier Vial: Inversiones San Bartolomé Inversiones Santa Regina. Ambas sociedades aportaron una pérdida de arrastre de más de $220 mil millones, un monto que sociedades ligadas a Johnson´s utilizaron intensivamente hasta 2004, para no pagar impuestos. Ese año 2004 el SII no aceptó la operación e intentó recuperar más de $3.000 millones en impuestos. Marcelo Calderón se negó a pagar, entre otras cosas, porque la empresa estaba en crisis.

A partir de ese momento se inició una larga disputa judicial, la que terminó en el período en que el SII era dirigido por Julio Pereira (2010-2013), nombrado por Sebastián Piñera. Entonces, a los Calderón se le condonaron aproximadamente US$125 millones en intereses y multas y se le permitió pagar tan solo una fracción de los impuestos que debía. La operación fue conocida como el perdonazo Johnson´s.

EVIDENCIA DE LA ELUSIÓN MASIVA

En esta relación de hechos, el ataque de las zombis en los ’90 puede entenderse como la primera evidencia de que la elite masivamente está eludiendo impuestos. No porque no se haya recurrido a la elusión en los ‘80 (no hay mediciones sobre eso), sino porque Impuestos Internos nunca había detectado una ofensiva tan grande como esta.

De hecho, hasta comienzos de los ‘2000, la elusión no existía como un problema en el debate público. Luego del ataque de las zombis en los ‘90, la elusión, encarnada en distintas estrategias, se volvió un tema central de la agenda, hasta ahora.

En los ‘90 existía una brecha muy grande entre lo que los abogados privados hacían y lo que nosotros estábamos en condiciones de entender”, dijo a CIPER un funcionario que alcanzó puestos altos en el SII en esos años.

Varios ex funcionarios del SII dijeron a CIPER que en los ‘90 la elusión no emergió como prioridad, porque usualmente es una práctica de la elite y la cima de la pirámide social no era objeto de especial atención. La gran tarea de ese organismo en esos años fue la persecución de facturas falsas y del IVA del comercio. Aunque desde mediados de esa década las direcciones regionales vieron con desconcierto como muchas grandes empresas, evidentemente pujantes, no estaban tributando gracias a la aparición de sorpresivas pérdidas.

-En los ‘90 existía una brecha muy grande entre lo que los abogados privados diseñaban y lo que nosotros estábamos en condiciones de entender -dijo a CIPER un funcionario que alcanzó puestos altos en el SII en esos años.

Para este y otros ex fiscalizadores del SII ese es el motivo por el que ninguna de las sociedades de la hora cero, ni de las decenas que siguieron su ejemplo, fueron investigadas por Impuestos Internos en los ‘90.

La brecha comenzó a cerrarse bajo el mando de Javier Etcheberry, cuando en el año 2000 el SII creó la Dirección de Grandes Contribuyentes. Al analizar en detalle las operaciones tributarias de los más ricos, los fiscalizadores empezaron a entender muchas operaciones que se habían vuelto frecuentes entre las empresas, varias de ellas en la zona gris de la elusión.

La brecha que existía entre el SII y los tributaristas privados comenzó a cerrarse con Javier Etcheberry, quien creó la Dirección de Grandes Contribuyentes. Al analizar las operaciones de los más ricos en detalle, el SII comenzó a entender y cuestionar muchas operaciones que se habían vuelto frecuentes entre las empresas.

Pero si la elusión es la causa de la plaga zombi y de otras prácticas tributarias que vulneran el espíritu de la ley, ¿cuál es la cura?

Desde ‘2001, con la Ley Antievasión, la autoridad intentó constantemente ponerle freno a prácticas elusivas, con más precisiones. Por ejemplo, en ‘2001 puso más requisitos al uso de las pérdidas, pero eso no funcionó, porque, paradójicamente, mientras más precisa es la ley, más fácil es la elusión (y ese es uno de los motivos por los que los tributaristas siempre piden que las leyes sean muy precisas).

El más reciente intento de ponerle freno a este problema es la Cláusula General Anti Elusión, que apunta a la esencia: la ley no es una plasticina, tiene un sentido que debe ser respetado. El SII espera que las declaraciones de la empresa den cuenta de la verdad de las operaciones (ver entrevista con Francisco Saffie, unos de los creadores de la cláusula).

Que la ley explicite que se declare “la verdad”, tiene desesperados a muchos tributaristas que han prosperado en las últimas dos décadas y han criticado duramente esta cláusula por “imprecisa”.

Los abogados Fernando BarrosAlfredo Alcaíno (que también promovió las zombis entres sus clientes), Roberto Guerrero (hijo y socio de Roberto Guerrero del Río, que ayudó a Javier Vial a montar la venta de sus zombis), se agruparon recientemente en un observatorio judicial que se estrenó en sociedad en la revista Capital, en el reportaje “Vigilantes”. ¿A quién vigilan?: a los jueces “cuyas sentencias no parecen inspirados por la ley positiva sino que en el parecer ideológico y social del sentenciador, lo que es inaceptable en un Estado democrático”, dijo Fernando Barros a Capital.

Inspirados en Hernán Büchi, quien hace más de un año anunció que se iba de Chile debido a la incerteza jurídica (pero que sigue integrando el directorio de Soqumich), una de las preocupaciones importantes de los “vigilantes” es combatir la norma anti elusión. En el mismo artículo, Gerardo Varela (socio del estudio Cariola Diez Pérez Cotapos y presidente de Soprole), otro de los abogados del grupo de “vigilantes”, calificó así esa norma: “No se entiende nada, es una profecía de Nostradamus”.

Ante las revelaciones del reportaje anterior “Cómo empresas de Luksic y Juan Cúneo usaron zombis para no pagar impuestos”, Andrónico Luksic reaccionó, a través de Twitter, argumentando que era una historia añeja. Lo cierto es que los efectos del ataque zombi, siguen muy vigentes. No solo porque empresas como Soquimich pelearon en los tribunales el uso de esta estrategia hasta hace solo un par de años. El problema de fondo no es solo el mal uso de las pérdidas, sino la lógica que permite esta y otras prácticas que se sitúan en la frontera de lo legal.

La disputa entre los que quieren mantener y los que quieren acabar con la norma anti elusión está recién comenzando.

(En el siguiente y último capítulo se abordará cómo el SII enfrentó el ataque zombi y la responsabilidad de ese organismo en la expansión de esta práctica).

Cómo empresas de Luksic y Juan Cúneo usaron zombis para no pagar impuestos

CIPER accedió a una lista inédita con 47 empresas que intentaron eludir impuestos por más de $1 billón y que el Servicio de Impuestos Internos (SII), tras una década de trabajo, logró neutralizar solo en parte. En ella aparecen, además de Sebastián Piñera y los dueños del Grupo Penta, sociedades  vinculadas a Andrónico Luksic, los hermanos Abumohor, los hermanos Calderón, los Gálmez, Andrés Navarro, José Said y varios de los controladores de Falabella (los Cúneo Solari, Cortes Solari, Solari Falablella), entre otros.

Entre 1990 y 2004 todos estos dueños de empresas prósperas buscaron hacerle creer al SII que no tenían utilidades y, por lo tanto, que no tenían que pagar impuestos. Incluso, en algunos casos, pedían devolución de impuestos pagados en años anteriores. Para concretar ese engaño, compraron pérdidas por $6 billones 845 mil millones (casi 10 billones de hoy con el IPC ajustado), que provenían de empresas quebradas en los años 80, conocidas hoy como empresas zombis.

Así por ejemplo, en 2001, la zombi del Grupo Luksic declaró una descomunal pérdida de $75 mil millones, el mismo año en que el holding tuvo al menos $241 mil millones para tomar el control del Banco de Chile, comprando acciones del Grupo Penta y de los controladores de Falabella.

Los vendedores de estas acciones, a su vez, pese a la gran suma que recibieron de parte de los Luksic por estas operaciones ($139 mil millones en el caso de Penta y $103 mil millones las familias controladoras del retail), también registraron grandes pérdidas tributarias en 2001, gracias a sus respectivas zombis. Empresas  Penta declaró $54 mil millones en pérdidas (como mostró una investigación de Jorge Rojas en The Clinic), gracias a su zombi Río Teno; Juan Cúneo, por entonces presidente de Falabella, declaró $57 mil millones en pérdidas producto de su zombi Inversiones Hispana (como se detallará más abajo). En tanto, la familia Cortés Solari (actual Grupo Corso) declaró pérdidas por $27 mil millones gracias a su zombi Sociedad de Inversiones Quitalmahue; y María Luisa Solari Falabella declaró  $941 mil millones en pérdida usando la zombi Inversiones San Patricio.

Ganar mucho, inventarse pérdidas y pagar el mínimo impuesto posible. Esa fue la lógica seguida por importantes firmas en los años 90, época de oro de la economía chilena en la que, sin embargo, el Fisco necesitaba muchos recursos para bajar el alto nivel de pobreza de Chile. Esta lista de 47 grandes empresas muestra la masividad que tuvo el ataque zombi y hace pensar que es una de las mayores ofensivas, sino la mayor, que las grandes empresas lanzaron en contra de las arcas públicas.

En 2001 la zombi del Grupo Luksic declaró una pérdida de $75 mil millones, el mismo año en que el holding tuvo recursos para tomar el control del Banco de Chile”

En Estados Unidos, que tiene una desigualdad tan grande como la chilena, ese problema ha sido atribuido en gran parte a la dificultad del Estado de cobrar impuestos a los más ricos. En ese contexto, el cientista político Jeffrey Winters ha descrito la existencia de una industria de la defensa de la riqueza, cuya tarea central es generar argumentos y diseños tributarios que defiendan a las grandes fortunas de la amenaza redistributiva del Estado.

El ataque zombi que se describe en esta serie permite construir un primer mapa de la versión chilena de esa industria. En muchas operaciones se repiten los mismos tributaristas (desde los bufetes de Fernando Barros y Alfredo Alcaíno hasta Aníbal Correa Barros y Alberto Coddou). Pero el denominador común más importante es más difícil de asir. Es una forma de entender la ley especialmente útil para la concentración de la riqueza: si la ley no impide expresamente (en este caso, usar las pérdidas que tuvieron algunas empresas en los ‘80), ¿por qué debo privarme de eso?

Ese camino conduce a una puerta que custodian los tributaristas: la de los mecanismos de elusión. Abriendo esa puerta se encuentra una variada gama de prácticas tributarias que se pueden resumir en estrategias que no contradicen lo que explícitamente dice la ley, pero que van contra del sentido de la norma y de la idea misma de justicia. Dicho de otro modo: puede ser que al usar zombis el Grupo Luksic no haya hecho nada ilegal, pero la pérdida que le permitió eludir millonarios impuestos es un invento. El grupo nunca perdió nada y, por lo tanto, usó una trampa para no tributar.

Pero si tantos grandes empresarios recurrieron a zombis -y a otras prácticas de elusión- que los situaron en el confuso margen entre lo legal e ilegal, se debe también a que el SII tuvo una actitud zigzagueante durante las tres administraciones que vieron crecer y expandirse el ataque zombi. Este tema se abordará en detalle en el último capítulo de esta serie, pero es importante destacar algunas características generales de cómo el SII lidió con este problema.

Con Javier Etcheberry, a la cabeza del SII entre 1990 y 2001, la entidad no puso atención a las primeras zombis que emergieron en 1990 y que permitieron eludir impuestos a Sebastián Piñera y a los controladores de Empresas Penta, entre otros. Etcheberry dijo a CIPER que estimó que la ley no prohibía estas operaciones. Sin embargo, al tiempo que las zombis se fueron masificando, fue imposible para la autoridad tributaria ignorar su impacto en las arcas fiscales. La solución fue la Ley Antievasión aprobada en 2001, que puso una serie de limitaciones y condiciones al uso de las pérdidas.

Juan Toro ordenó una investigación intensiva. Concentró el esfuerzo del SII en 73 empresas que eran prósperas hasta que la repentina aparición de pérdidas hizo desaparecer sus utilidades. En su gestión neutralizó 25 zombis.

Esta norma no detuvo a las zombis. Porque las prácticas elusivas no se acaban con leyes más precisas. Como dijo un destacado tributarista a CIPER: “Antes de que la autoridad termine de hacer una ley, los bufetes ya saben cómo eludir sus consecuencias”. En efecto, las limitaciones que impuso la Ley Antievasión a las zombis fueron sorteadas con facilidad por los grandes contribuyentes bien asesorados.

Por ello, cuando asumió Juan Toro (2002-2006) la ola zombi estaba en su peak. Toro ordenó una investigación intensiva. Concentró el esfuerzo del SII en 73 empresas que eran prósperas hasta que la repentina aparición de pérdidas hizo desaparecer sus utilidades. El SII rechazó pérdidas, recalculó impuestos y cobró; inició investigaciones administrativas en contra de los que se negaron a pagar y se querelló contra tres empresas: la más grande, Vital, controlada por Coca Cola Company y José Said Saffie.

En esa querella, el SII trató de dar una señal al mercado. No solo buscó recuperar los $3.118 millones en impuestos evadidos por Vital (según decía la querella), sino condenas de cárcel para sus principales ejecutivos. Se buscaba “ver sangre”, para usar la expresión con la que el actual director de SII, Fernando Barraza, rechaza el uso de querellas por los ilícitos del financiamiento ilegal de la política.

En la época de Toro, blandir el garrote tuvo un efecto que la Ley Antievasión no consiguió: terminó con la amenaza tributaria que representaban 25 de las 73 empresas investigadas, obligándolas a pagar impuestos adeudados cuando la ley lo permitía (como en el caso de Piñera, Empresas Penta y Ripley) o a renunciar al uso de las pérdidas que habían comprado.

Ricardo Escobar (2006-2010) imprimó un énfasis distinto cuando se hizo cargo del SII: llegar a acuerdo con las empresas para asegurar el pago de impuestos. En ese contexto, la querella contra Vital quedó literalmente abandonada. Desde su llegada no se volvió a presentar un solo escrito hasta que la causa fue sobreseída definitivamente en diciembre de 2007, como lo constató CIPER al revisar el expediente. Si hoy no se puede decir que el uso de las zombis haya sido declarado ilegal, en parte se debe a que el SII perdió esa causa emblemática por walk over.

Ricardo Escobar buscó llegar a acuerdo con las empresas para asegurar el pago de impuestos. La emblemática querella contra Vital quedó literalmente abandonada.

Escobar cerró 22 casos, los que sumados a los 25 que se concluyeron bajo Toro, estructuran la tabla inédita que se da a conocer en este reportaje. Ella incluye los nombres de los compradores de las 47 zombis neutralizadas por el SII, el monto de las pérdidas que cada empresa declaró, los impuestos que intentaron eludir sus dueños, el monto de la pérdida que rechazó el SII y cuántos impuestos les hizo pagar la autoridad al final del proceso.

Sobre las 26 empresas restantes (de las 73 que se investigaron en la época de Toro), los datos son inciertos. Algunas, como la zombi ligada a Julio Ponce Lerou, Inversiones SQ Holding, siguieron la larga vía judicial (tribunal tributario, Corte de Apelaciones y Corte Suprema) y comenzaron a morir definitivamente luego de 10 años de litigio. En el juicio tributario de SQ Holding, la Corte Suprema falló en 2014 en contra de la empresa, lo que muestra cómo esta historia que se inició en los ‘90 ha seguido vigente, aunque no haya sido objeto de ni un solo debate en la agenda pública. Otras zombis, como la vinculada a Leonidas Vial, Inversiones Saint Thomas, tienen un decurso más difuso, aunque esta investigación, como se verá en la segunda parte, logró determinar sus movimientos más importantes.

ANDRÓNICO LUKSIC

El Grupo Luksic estaba ya entre los más ricos de Chile cuando se ahorró una gran cantidad de impuestos gracias a su zombi. A través de Inversiones Hidrosur (representada por Andrónico Luksic Craig, ver documento), debería haber pagado $9.932 millones en tributos entre 2000 y 2004, según un informe del Departamento de Delitos Tributarios del SII, al que accedió CIPER (vea ese informe). Pero, de acuerdo a los datos obtenidos en esta investigación, el grupo solo pagó $163 millones en impuestos de primera categoría, apenas un 1,6% de lo que debió haber pagado.

Los principales datos obtenidos por esta investigación se reseñan en esta tabla. zombi 2

La zombi que compró el Grupo Luksic, (descrita por primera vez en una investigación de The Clinic) fue la Sociedad de Inversiones San Francisco, empresa que había pertenecido al grupo de Javier Vial. En 1983 quebró y fue sometida a un convenio judicial preventivo. En agosto de 2000 Vial la vendió a los Luksic, quienes pagaron por ella $2.606 millones. Un monto considerable para su único activo: una deuda de arrastre de $75.702 millones.

Según se lee en la investigación del SII, el que contactó a Vial con Luksic fue Rafael Silva Merino, actual director del Factoring Liquidez, quien por su intermediación recibió de Luksic $60 millones y $5 millones de Javier Vial. En la compra de la zombi fue importante la asesoría de Edmundo Eluchans Urenda (ex diputado UDI) y la auditora PriceWaterhouse. Francisco Pérez Mackenna, gerente del Holding Quiñenco, deslindó responsabilidades sobre la operación cuando declaró bajo juramento ante la autoridad tributaria (ver documento).

En 2001 la zombi San Francisco volvió a la vida cuando, en un solo acto, el Grupo Luksic presentó ante el SII los $75.702 millones en pérdidas que San Francisco había acumulado desde el momento de su quiebra en 1983. Lo primero que la investigación del SII determinó fue que esas planillas contables “fueron confeccionadas extemporáneamente el 2000 o 2001”. Lo segundo, es que la mayor parte de esa abultada pérdida de arrastre eran intereses y reajustes de una deuda que ya no existía.

Esa investigación del SII describe cómo el Grupo Luksic usó las cuantiosas pérdidas para reducir las utilidades de Inversiones Hidrosur, una empresa con actividad comercial real y con grandes ganancias anuales. La zombi absorbió Inversiones Hidrosur, quedándose con sus ingresos y su nombre. Gracias a esa fusión, en que se unieron en la misma contabilidad las pérdidas de Vial y la bonanza de los Luksic, el grupo hizo desaparecer $39.682 millones en utilidades en 2002.

Al año siguiente, la zombi le permitió borrar $20.551 millones en utilidades. Finalmente, en 2004, descontó otros $4.192 millones en utilidades. Fue solo respecto de este último año que el SII presentó reparos. Mientras que a Piñera el SII le cuestionó el uso de la zombi durante tres años consecutivos (de 2002 a 2004), al Grupo Luksic solo le formuló reparos por un año. Respecto del resto de los impuestos, la investigación de CIPER indica que probablemente su pago quedó prescrito, aunque no hay rastro en la documentación oficial.

CIPER tomó contacto con el Grupo Luksic para saber cómo consiguió su zombi pagar tan solo un 1,6% de los impuestos que debió haber cancelado; y por qué usaron pérdidas de una sociedad de Javier Vial, empresa quebrada, con la que el holding  no tenía ninguna relación. No obtuvimos respuesta.

Ricardo Escobar, director del SII en el momento en que Inversiones Hidrosur acordó el pago de solo un año de impuestos adeudados, dijo a CIPER que los directores del SII no ven casos específicos por lo que no recordaba la forma en que se solucionó ese tema.

Como se verá en la última parte de esta serie, a diferencia de lo hecho por Juan Toro, Escobar se concentró en llegar a acuerdos con las empresas y para ello generó un equipo de negociación con funcionarios de distintas áreas del SII. Escobar dijo a CIPER que no impartió instrucciones específicas a ese equipo sobre rangos de impuestos a cobrar, condonaciones o multas.

-Eso lo vio cada uno. Era un tema operativo; uno impartía las instrucciones para abajo y lo hacía el que tenía que hacerlo -explicó.

Respecto del cobro de solo un 1,6% del monto total de impuestos que el Grupo Luksic debió haber pagado entre 2000 y 2004, Ricardo Escobar insistió: “No vi caso por caso. Pero se hace lo que se puede”.

PANORAMA INCOMPLETO

La diferencia entre el monto de los impuestos que el Grupo Luksic debió haber pagado y los que efectivamente canceló gracias a su zombi, muestran que la tabla de 47 empresas que se entrega en esta investigación, está incompleta. Es necesario explicar por qué.

Sus datos provienen de la investigación que hizo el SII a partir de 2004 para cobrar impuestos. En términos generales, lo que hizo ese organismo fue identificar empresas exitosas que aparecían sorpresivamente con grandes pérdidas, y examinar el origen de éstas. En una primera instancia entonces, el SII reconstruyó la historia contable de las zombis, desde su muerte en la crisis del ‘80 hasta su regreso a la vida en los ’90 y su posterior fusión con empresas sanas.

Por ejemplo, en el caso de la zombi de Sebastián Piñera, Compañía de Industrias y Desarrollo (que arrastraba $39 mil millones de pérdida), se acreditó que permaneció inactiva 10 años desde su quiebra hasta 1994, cuando la compró el ex presidente y la fusionó con varias de sus empresas prósperas. Entonces, la rebautizó como Inversiones Bancard Limitada (esta operación fue descrita detalladamente en la parte 1 de esta serie).

A partir de 1996, Piñera empezó a usar la pérdida de la zombi Compañía de Industrias y Desarrollo para disminuir las utilidades de sus empresas sanas. Borró $3 mil millones en 1996; luego, $2 mil millones en 1997; $17 mil millones en 1998; $15 mil millones en el año 2000 y así sucesivamente hasta agotar toda la pérdida de la zombi que compró en $817 millones.

Todo esto lo reconstruyó el equipo del SII en 2004 y concluyó que era un abuso de la ley. Pero al momento de cobrarle a Sebastián Piñera, el SII no pudo considerar toda la operación (los $39 mil millones), porque la mayor parte estaba prescrita.

Solo cobró desde 2001 en adelante. Por eso, en la tabla que consigna a las 47 empresas neutralizadas por el SII, Inversiones Bancard aparece declarando pérdidas por $1.527 millones, que es sólo una pequeña parte de las pérdidas que Piñera usó desde 1996.

Así, al consignar solo lo que el SII pudo cobrar, la tabla registra $102 millones que son los impuestos de primera categoría que la empresa de Sebastián Piñera debió pagar. Y deja fuera los $2.862 millones que el ex presidente eludió y que la prescripción le permitió no pagar (los detalles están explicados en el recuadro de la parte 2 de esta serie: “Los 2.862 millones en impuestos que Piñera no pagó”).

La prescripción de las operaciones zombis permitió a Sebastián Piñera pagar solo el 10% de los impuestos que debió cancelar. El Grupo Luksic tuvo más suerte: pagó un 1,6% de los tributos que la investigación del SII reclamaba

La misma diferencia podría ocurrir con varias de las 47 empresas de la tabla. Como los montos provienen de los cobros que efectivamente hizo el SII en 2004, omiten las utilidades y los impuestos que estaban prescritos. En el caso de Piñera, de hecho, los datos obtenidos por esta investigación permiten precisar que terminó pagando solo el 10% de los impuestos que debió cancelar. Lo que ocurrió con el Grupo Luksic es peor: lo cancelado no llegaría ni al 2% de lo que debió haber pagado, según la investigación del Departamento de Delitos Tributarios del SII.

Pero esto no ocurre en todos los casos. Por ejemplo, respecto de los impuestos que pagaron el Grupo Penta, las empresas de los hermanos Calderón o Vital, los montos que aparecen en la  tabla sí reflejan toda la operación, según la investigación que hizo CIPER.

Dicho en breve, esta tabla que refleja los cálculos hecho por el SII para cobrar impuestos en 2004 es, en el mejor de los casos, la punta del iceberg que implicó el ataque de las zombis cuya real dimensión permanece en la nebulosa.

(En el próximo capítulo: las zombis de Julio Ponce Lerou, Leonidas Vial, Andrés Navarro y los hermanos Abumohor, Gálmez y Calderón)

LA ZOMBI DE JUAN CÚNEO

Inversiones Hidrosur, la zombi del Grupo Luksic, aparece mencionada en varios documentos relacionados con la compra de acciones que le permitió a ese grupo tomar el control del Banco de Chile en el año 2000. Lo interesante es que entre los vendedores de acciones también había zombis. Los dueños del Grupo Penta, que le vendieron el 16% de las acciones del Banco de Chile, usaron en esta operación la zombi Río Teno. Otro de los vendedores, Juan Bautista Cúneo Solari, ex presidente de Fallabella, participó en esta operación con su zombi Inversiones Hispana (ver documento).   zombi 1 Creada en 1979, Inversiones Hispana era propiedad de Pablo Plá Parés, uno de los socios del Banco Español-Chile, el que quebró en la crisis de los ‘80. Cúneo la compró en 2001 junto a su esposa y sus hijas, y al año siguiente la usó para absorber una de sus sociedades clave: Juan Cúneo y Cía. Ltda. Con esa fusión, la zombi que sólo tenía pérdidas, recibió una inyección de capital de $18.350 millones. En los documentos a los que CIPER accedió se constata que Inversiones Hispana declaró ante el SII una pérdida de arrastre de $57.344 millones y ya en manos de Cúneo, éste solicitó una devolución de $1.839 millones de impuestos pagados con anterioridad. El SII rechazó esta operación completa e hizo pagar a la empresa $277 millones.

“Quienes hoy quieren hacer cambios en los niveles de desigualdad van a tener que enfrentarse a la elite”

El libro de Javier Rodríguez Weber –Desarrollo y Desigualdad en Chile (1850-2009)– transmite una idea clave: hay otro modelo de desarrollo económico posible para Chile. Y ese modelo no viene de Finlandia ni de Corea -experiencias que muchos rechazan porque son culturalmente ajenas-, sino de nuestra propia historia; de un periodo vilipendiado por los economistas formados en Chicago y que este historiador uruguayo rescata: 1940-1970.

En esas tres décadas, si bien Chile creció a tasas más bajas de lo que lo hizo en el llamado periodo de de oro de nuestra economía (la década de los ‘90), lo hizo entregando más beneficios para la mayoría de los ciudadanos. El resultado es que en ese periodo (que incluso tuvo un importante retroceso en la década del ‘50) estuvimos mucho más cerca del estándar de vida de los países desarrollados de lo que nunca hemos estado.

Hay que sacarse de la cabeza que para que un país crezca hay que dejar que los más ricos se lleven la mayor parte de la torta”

Para ver ese éxito, no hay que concentrarse solo en observar el Producto Interno Bruto (PIB per cápita), que es el indicador que hoy se usa para medir cuánto crece nuestra riqueza. El problema esencial del PIB es que no considera cómo se reparte la bonanza; el PIB simplemente divide lo que se produce entre todos los habitantes, como si usted y Andrónico Luksic recibieran anualmente el mismo monto. Así, el PIB per cápita esconde la increíble distancia que hay entre el 1% y el resto; es decir, esconde que los periodos dorados son más dorados para unos que para otros y que aún estando en el mismo país, a pocos kilómetros de distancia, algunos pueden vivir en Suiza y otros muy cerca del nivel africano.

Rodríguez ejemplifica lo que el PIB oculta, comparándonos con el caso uruguayo. Mirando solo el PIB, es evidente que Chile ha sido por  varios años el más rico de Latinoamérica; particularmente luego de los ‘90, donde hubo años en los que el PIB creció más del 10% anual. Pero, “aunque las clases medias chilenas (representadas por los deciles 4, 5, 6 y 7) viven en un país más rico que las clases medias uruguayas, en términos absolutos, son más pobres que las clases medias uruguayas. Porque la gran diferencia de ambos países está en cuánto se lleva la elite”, explica el historiador.

Por eso, si lo que se quiere es medir la calidad de vida que ofrece un país, mucho más preciso es el Índice de Desarrollo Humano (IDH), un indicador que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) pública desde 1990 y en el que se combinan indicadores vinculados al ingreso, la educación y la salud. Cuando Rodríguez calculó este índice para el periodo que va desde 1850 hasta 2009, destacó el retroceso de la desigualdad de los decenios entre 1940 y 1970:

“Analizando el progreso del IDH de cada década, y comparando ese progreso con el de los países centrales –Alemania, Francia, Reino Unido y Estados Unidos-, se observa que el periodo más exitosos es aquel en que se produjo la industrialización dirigida por el Estado”, escribió en su libro. Agregó que esto se debía a que “los indicadores que captan esperanza de vida y educación evolucionaron mucho mejor entre 1940 y 1970 que antes y después. Fue entonces cuando no solo esos indicadores crecieron más rápido, sino cuando Chile se acercó más a los países centrales”.

Creer que la baja del crecimiento que ocurre en Chile tiene que ver con la reforma del mes pasado, pierde de vista que Chile está ante el agotamiento de un ciclo. La caída de la tasa de crecimiento ya tiene 20 años”.

Dicho de otro modo, aunque Chile no creció tanto como en otros momentos de su propia historia, el país tomó la decisión política de destinar proporcionalmente muchos más recursos a educación y salud, que en otras etapas de su historia, proveyendo bienestar a su población.

Esta decisión fue de la mano con otra decisión igualmente importante: hacer un esfuerzo serio por industrializar la economía, tratando de dejar atrás la dependencia de las materias primas. Rodríguez explica que tanto la mayor inversión en educación y salud, como el esfuerzo por cambiar la matriz productiva, inyectaron más recursos en los sectores medios y populares, haciendo que se redujera el pedazo de la torta que se llevaba la elite y, por ende, cayera la desigualdad.

A partir de 1975, remarca Rodríguez, la dictadura de Pinochet deshizo lo avanzado en términos de equidad y de desarrollo humano y “Chile adquirió el rasgo de extrema desigualdad que presenta hoy, el cual no se revirtió en los 20 años de gobiernos democráticos que siguieron a la dictadura de Pinochet”. Para el historiador, las políticas que le quitaron salud y educación al grueso de la población fueron centrales. “Aunque Chile nunca ha sido un país igualitario, el grado de desigualdad ha variado y hoy es más desigual que en otros momentos de su historia”, escribió en su libro.
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La investigación de Rodríguez muestra que a partir de entonces se asentó en el debate público la convicción de que la desigualdad no era importante, que el foco debía ponerse solo el crecimiento. Más aún, se presentaron ambas preocupaciones como contradictorias, por lo que había que elegir entre fomentar la igualdad o crecer. Rodríguez sostiene que ese argumento es pura ideología:

-Por supuesto no hay que engañarse con que es fácil combinar equidad y desarrollo pero es posible hacerlo y la historia de Chile muestra eso. Hay formas de crecer que son más amigables con una buena distribución y otras que no lo son. Lo importante es que hay que sacarse de la cabeza que para que un país crezca hay que dejar que los más ricos se lleven la mayor parte de la torta –afirmó el historiador a CIPER.

Rodríguez aporta un ejemplo reciente. Explica que un gran logro del modelo chileno, que se concentró en el crecimiento y no en la desigualdad, fue reducir la pobreza de 45% en 1988 al 15% actual. Esa reducción ha sido reconocida mundialmente como un gran éxito; pero ocurre que Uruguay, con un PIB más bajo, redujo su pobreza en un nivel similar ¡en la mitad de tiempo! ¿Cómo fue posible eso?: “Con un crecimiento menor pero mejor repartido. Mientras el país crecía solo a un 5%, los sectores más pobres crecían al 9%”, explica.

ECONOMÍA VERSUS HISTORIA

En el debate público chileno los problemas de desarrollo y desigualdad se abordan a partir de lo que dice la teoría económica, la que a su vez está basada en modelos matemáticos que se presentan como válidos para todo tiempo y lugar. Con ese talante de ciencia natural, la Economía ha prescindido de la historia por innecesaria. Así como la ley de la gravedad opera independiente de quien gobierne un país, los economistas reclaman que las predicciones que hacen sobre el comportamiento de los mercados y sobre la racionalidad de los agentes económicos son validas sin importar la cultura y la historia de cada país. El libro de Javier Rodríguez desafía esas convicciones pues expone lo que realmente ocurrió -y no ocurrió- durante los últimos 150 años. Las predicciones económicas que no han tenido lugar en todo este tiempo, salen bastante trasquiladas.

La implantación -tras la derrota de Balmaceda- de una república parlamentaria de tipo oligárquica, puso al Estado al servicio de los más ricos”.

Un ejemplo de algo que no ha ocurrido es la hipótesis de la “U invertida”, la cual sostiene que el proceso de transformación de una economía tradicional (agraria y productora de materias primas) en una economía moderna, producirá inicialmente un aumento de la desigualdad, y luego, a partir de cierto punto, una caída de esta. Debido a eso, no sería necesario preocuparse de la desigualdad, sino del crecimiento: apurar el paso de un tipo de economía a otro pues así la desigualdad terminaría reduciéndose sola.

Pero los 150 años de revisión que hace Rodríguez, no muestran la esperada “U invertida”, sino ciclos de alza y baja de la desigualdad que conviven con periodos de desarrollo y de crisis. “Ello no supone que los procesos de cambio estructural no tengan impacto redistributivo”, advierte, “pero estas consecuencias ocurren en sociedades que tienen historia”. Y  esto simplemente quiere decir que las sociedades y las personas tienen características que emanan del tiempo y espacio en que despliegan su vida; y que la teoría tiene que dar cuenta de eso, pues esas particularidades pueden hacer que la teoría se comporte de un modo imprevisible o deje de operar, aunque esté matemáticamente bien fundada.

Pero una vez que se ha dicho eso, no es fácil avanzar más allá. La complejidad de los contextos sociales e históricos hace que sea muy difícil extraer de ellos elementos que sirvan de guía hacia el futuro. Un chiste ilustra bien ese punto: una elegante dama inglesa le pregunta a un académico de Oxford qué es la historia. Tras pensar un momento el profesor dice:

-Milady, ¿le puedo ser honesto?

-Por supuesto, profesor.

-Pues entonces le tengo que decir que la historia es, en esencia, una mierda tras otra.

De la sucesión de hechos, de ese devenir, muchas veces caótico, ¿qué se puede sacar en limpio hacia adelante que sea útil, por ejemplo, para las próximas elecciones? ¿Cómo complementar la teoría económica con una sucesión de hechos que son siempre impredecibles?

Rodríguez defiende que la historia –más allá de que nos permite saber exactamente cómo ocurrieron las cosas, lo que en sí ya es importante-, tiene una utilidad para el presente: hace posible identificar procesos que ocurren en el largo plazo y que no somos capaces de notar en la discusión cotidiana:

-Hay cosas que se mueven lento y que solo se perciben con una mirada histórica. Procesos que tienen orígenes lejanos y que están afectando lo que ocurre hoy y no lo notamos porque los damos por algo dado -dijo a CIPER.

Desde fines del siglo XIX el Estado favoreció la concentración de la riqueza y se puso sistemáticamente del lado de la elite en los conflictos sociales que se incrementaron a partir del nuevo siglo”.

En ese sentido, la mirada histórica aporta otra perspectiva al debate sobre las causas del bajo crecimiento de nuestra economía (que según los últimos cálculos de Hacienda se expandirá solo un 1,7%). Muchos economistas de derecha sostienen que esto es culpa de las reformas que hizo Michelle Bachelet, especialmente la reforma tributaria. El candidato Sebastián Piñera ha recogido ese discurso anunciando una agenda de “contra reformas”. Rodríguez estima que ese diagnóstico es muy limitado:

-La perspectiva histórica muestra claramente que los ciclos de crecimiento tienen sus dinámicas: duran 20 ó 30 años y luego se agotan. Todos los ciclos siempre se agotan. Entonces, creer que la rebaja del crecimiento que ocurre en Chile tiene que ver con la reforma del mes pasado, pierde de vista que Chile está ante el agotamiento de un ciclo. La caída de la tasa de crecimiento ya tiene 20 años, con un paréntesis dado por el alza del precio de las materias primas. Cuando esa alza se acabó, el crecimiento de Chile volvió donde estaba.

QUIÉN PROSPERA

La mirada del largo plazo hace ver con más claridad también la diferencia entre nuestro tipo de desarrollo y el de los países que prosperan. Mientras nosotros no sabemos bien qué hacer cuando un ciclo acaba, las naciones desarrolladas saben pasar de una ola que declina a la siguiente que está comenzando. Pasan de hacer televisores blanco y negro a vender televisores color y luego a producir pantallas planas y a diseñar celulares. Los chilenos, como los latinoamericanos en general, sabemos surfear solo un tipo de olas y nos quedamos esperando a que venga una nueva.

-Seguimos produciendo en gran medida lo mismo que hace 100 años: materias primas -dijo Rodríguez a CIPER.

Cuando viene una nueva ola de demanda de ese tipo de productos, no podemos hacer mucho para que se prolongue; y cuando se acaba, no tenemos habilidades para aprovechar otras olas que la economía mundial está generando.

Nuestra limitada capacidad de reacción ante las oportunidades que ofrece el mundo, se vinculan con lo poco que sabemos hacer, productivamente hablando. Esa limitación productiva, a su vez, alimenta un círculo vicioso que hace crecer la desigualdad y que, a la larga, nos vuelve cada vez más incapaces de aprovechar las nuevas oportunidades. Rodríguez describe en entrevista con CIPER ese círculo:

-A priori, actividades como la minería, donde la ventaja está dada por lo que hay en el suelo, generan un tipo de renta que es más fácil que se la apropien unos pocos. Eso no ocurre tan marcadamente en actividades como la industria, donde para producir riqueza necesitas trabajadores especializados. Por eso, es más fácil que economías especializadas en materias primas sean muy desiguales. Pero ahí no acaba el problema, porque mientras más desigual sea una sociedad, más le cuesta salir de esa especialización productiva. La desigualdad, en ese sentido, esclerotiza el sistema económico; es como si le metiera arena a los engranajes. Una sociedad muy desigual tiene muchas dificultades para generar las capacidades tecnológicas que permitan adaptarse a los cambios y pasar de una ola a otra. Por otra parte, cuando la desigualdad se instala, afecta a todo tipo de economías. Eso es lo que pasa ahora en los países desarrollados, donde la extrema desigualdad también les está impidiendo adaptarse a las nuevas oportunidades.

La desigualdad económica esclerotiza, entre otras cosas, porque en el fondo es una desigualdad de poder, argumenta Rodríguez. Con eso no se refiere solo a la diferencia de poder que existe hoy entre empresarios y sindicatos en las negociaciones de salarios:

-Me refiero también a la capacidad que cada actor tiene de presionar al Estado para obtener políticas que los favorezcan. En un escenario de poder muy desigual, como el que hay en Chile, no solo ocurre que el empresario puede pagar salarios bajos, sino que además, las organizaciones empresariales son las únicas que pueden hacer lobby para obtener determinadas políticas; por ejemplo, pueden lograr que no se hagan reformas laborales que permitan a los sindicatos organizarse; o que no les hagan reformas tributarias.

A veces cruenta, a veces políticamente astuta, la investigación de Javier Rodríguez muestra lo exitosa que ha sido nuestra elite para apropiarse de la mayor parte de lo que el país produce.

Y dado que lo que hay en el fondo de la desigualdad económica es una desigualdad de poder, la solución que expone Javier Rodríguez es antes que nada política. Así lo muestra la historia: “Tal como ha pasado en estos 150 años, en algún momento quienes hoy quieren hacer cambios en los niveles de desigualdad que tiene Chile, van a tener que enfrentarse con la elite”.

LA ELITE, ESE PESADO FARDO

Un aporte del libro de Rodríguez es el desarrollo de una metodología que permite reconstruir los ingresos obtenidos por los distintos grupos sociales desde 1850 en adelante. Con esos datos, Rodríguez va más allá y entrega una inédita visión en el largo plazo del pedazo de torta que cada grupo se ha llevado. Pero tal vez lo que  hace más interesante este libro, es que hace dialogar esos datos duros con la disputa política entre la elite y los otros grupos sociales y que han afectado cómo se reparte lo que el país produce.

En la hora cero de la historia contemporánea de Chile, a mediados del siglo XIX, Rodríguez identifica un primer gran incremento de la concentración de la riqueza. Este fue resultado del aumento de la demanda de trigo de las economías del Atlántico, riqueza que se repartió mal debido a que el campo chileno estaba organizado en torno a la hacienda, con un sistema social de inquilinos heredado del periodo colonial. La riqueza se concentró en la elite de hacendados, lo que le dio a ese grupo aún más poder sobre la mano de obra rural: los campesinos “fueron presionados para entregar más trabajo a cambio de regalías y derechos de uso que se reducían. El salario, en el mejor de los casos, se mantuvo constante, mientras las mayores exportaciones de trigo incrementaban el ingreso de los terratenientes”, escribe en su libro el historiador. Como 7 de cada 10 chilenos vivía en el campo, y sus ingresos estaban determinados por las relaciones que imponía el hacendado, la desigualdad se incrementó.

Ese ciclo terminó hacia 1970 con la desaparición de la demanda de trigo y la economía chilena perdió dinamismo hasta que un nuevo ciclo comenzó tras la Guerra del Pacífico (1879 y 1883) y la llamada “pacificación de la Araucanía”. El empuje de ese ciclo estuvo dado por la incorporación de grandes cantidades de territorios ricos en recursos naturales, que hicieron posible un nuevo boom de crecimiento exportador.

En los años 90, la reducción de la desigualdad, “más allá de los discursos, no fue una prioridad para esos gobiernos de la Concertación”, destaca el historiador.

Clave en este nuevo ciclo fue el salitre, industria que estaba en manos de exportadores ingleses y alemanes y que, debido a eso, argumenta Rodríguez, permitió al Estado cobrar impuestos (cosa que habría sido difícil si las mineras hubiesen estado en manos de la elite chilena).

La demanda de trabajadores en el Norte y en los territorios arrebatados a los mapuches, hicieron que la mano de obra escaseara en la zona central, mejorando los salarios. Pero esta mejora duró poco. La implantación -tras la derrota de Balmaceda- de una república parlamentaria de tipo oligárquica, puso al Estado al servicio de los más ricos.

Escribe Rodríguez que desde fines del siglo XIX el Estado favoreció la concentración de la riqueza al menos a través de dos mecanismos: permitiendo que los territorios incorporados en el sur se transformaran en latifundios controlados por pocas familias; y, tan importante como eso, el Estado se puso sistemáticamente del lado de la elite en los conflictos sociales que se incrementaron a partir del nuevo siglo, entre empresarios y trabajadores:

“El gobierno se identificó sin disimulo con los intereses empresariales, respondiendo a los reclamos obreros –relativos a la defensa de sus ingresos reales afectados por la inflación- con la persecución y la represión. La acción fue tan decidida y sangrienta que el número de obreros muertos en esos años alcanzó una magnitud similar a las bajas chilenas durante la Guerra del Pacífico”, escribió Rodríguez en su libro.

Así, a punta de violencia, la elite chilena siguió obteniendo la mayor parte de los beneficios económicos de los periodos de bonanza y resguardando sus intereses en los periodos de crisis. Esta lógica empezó a decaer cuando se produjo un acercamiento político entre sectores medios y obreros, que terminó por derribar el sistema parlamentario, y más adelante sirvió de sustento al Frente Popular, una alianza de centro izquierda que en su programa incorporó el combate a la desigualdad.

En esa tarea el Frente Popular fue muy efectivo, puntualiza el historiador en su libro: “Entre 1930 y 1960 se observó una tendencia general a la mejora de la distribución, a pesar de que esta sufrió un retroceso transitorio en el decenio de 1950. El creciente poder de los sindicatos, la fortaleza electoral de la izquierda y el declive de la derecha permitieron empujar decididas políticas redistributivas”.

Clave en esta mejoría fue la implantación de un modelo de desarrollo que partió con la crisis de 1929 y que llevó a impulsar una industria nacional. Esto, describe el historiador, “provocó una reasignación de mano de obra desde un sector de menor productividad y nivel salarial, pero elevada desigualdad –el agrícola- hacia sectores de base urbana, mayor productividad y nivel salarial –la industria y parte de los servicios”.

También mejoró la distribución la hoy vilipendiada burocracia, sobre todo la pública, que para expandir su oferta de salud y de educación necesitaba un aparato administrativo, y requería un cuerpo de trabajadores calificados.

El control del aparato fiscal por la elite le ha permitido incidir en su beneficio en la conformación de las instituciones políticas y económicas, que junto a las fuerzas del mercado, determinan la distribución del ingreso”.

Rodríguez subraya que este proceso se apoyó en un clima político que daba creciente poder de negociación a los trabajadores organizados y fomentaba políticas que mejoraban los salarios más bajos, todo lo cual condujo a “un incremento del ingreso de quienes se ubican en la base de la pirámide salarial”. Ese clima político arrinconó a la elite y a los hacendados, los cuales no solo fueron culpados de la miseria campesina, sino de obstaculizar el desarrollo del país debido a su arcaico sistema de relaciones laborales.

El giro reformista se profundizó con el triunfo en 1964 del democratacristiano Eduardo Frei Montalva, “cuyo gobierno adoptó políticas para elevar el ingreso de los trabajadores rurales y retomó el papel central del Estado en la orientación de la Economía”.  Luego, con Salvador Allende, el empuje reformista se transformó en revolucionario, y “se intentó una redistribución radical del ingreso y la riqueza”.

El Golpe de Estado puso fin a ese proyecto y reinició un proceso de concentración de la riqueza. Amparándose en la fuerza militar “se combinaron en esos años un conjunto de procesos que dieron lugar a un rápido y abultado incremento de la brecha social”. Esto se vio potenciado por dos graves crisis económicas, la de 1975 y la de 1982, cuyos costos pagaron especialmente los sectores medios y bajos.

El modelo neoliberal que tendía a la alta concentración, dice Rodríguez, fue continuado en los ‘90 por la Concertación, pese a que estaba conformada por partidos que tradicionalmente se habían asociado con proyectos redistributivos. Los gobiernos de esta alianza incrementaron el gasto social y dirigieron su esfuerzo a consolidar el crecimiento económico. Pero la reducción de la desigualdad, “más allá de los discursos, no fue una prioridad para esos gobiernos”, remarca el historiador.

Sin desconocer el poder que siguió teniendo la dictadura durante una buena parte de los ‘90, Rodríguez remarca que “los gobiernos concertacionistas intentaron débilmente mejorar la distribución de ingreso, y cuando lo hicieron, supeditaron ese objetivo al crecimiento económico”, dijo el historiador a CIPER.

La perspectiva histórica que despliega Rodríguez remarca no solo lo que cambia en el largo plazo, sino lo que por su inercia histórica se resiste al cambio y lo vamos arrastrando década tras década, como un pesado fardo. Entre esos factores, destaca nuestra elite. A veces cruenta, a veces políticamente astuta, la investigación  de Rodríguez muestra lo exitosa que ha sido para apropiarse de la mayor parte de lo que el país produce.

Así, aunque en el corto plazo el nivel de desigualdad que tenemos hoy se puede explicar por la dictadura y la ideología de los economistas de Chicago, el deterioro actual de la distribución en el ingreso “constituye solo el último episodio de una serie, en el que el Estado ha asumido un papel activo en la promoción de la desigualdad”. En esto Rodríguez es claro: buena parte de nuestra desigualdad histórica es el resultado del control que la elite ha tenido sobre el aparato fiscal desde la Independencia  en adelante: “Este control le ha permitido incidir en su beneficio en la conformación de las instituciones políticas y económicas, que junto a las fuerzas del mercado, determinan la distribución del ingreso”, escribe.

Por eso, remarca Rodríguez, medidas para reducir la desigualdad necesariamente implican reformas de fondo: no solo afectar un área (como los impuestos o el mercado del trabajo), sino reformas que repartan el poder. La desigualdad, insiste el historiador, es el resultado de muchos desajustes, de desequilibrios en muchas áreas. He ahí su complejidad y he ahí también por qué una elevada desigualdad dice mucho más de un país que su ingreso promedio: la desigualdad habla de cómo sus ciudadanos se tratan, de cómo se relacionan, de cómo proyectan a sus hijos sus relaciones de poder; de por qué muchos trabajan tan duro y no rinde; y también de quienes tienen responsabilidad en ese problema.

Tres candidatos presidenciales y 38 parlamentarios ya han transparentado sus impuestos

Vea mapa de transparencia tributaria de los diputados, distrito por distrito

Vea mapa de transparencia tributaria de los senadores, circunscripción por circunscripción

Vea los ingresos y los impuestos pagados por los parlamentarios en 2016-2017

Ya son 42 los parlamentarios, un cuarto del Congreso, los que han accedido a transparentar ante sus electores y la opinión pública las fuentes de los ingresos que obtienen y también los montos que tributan, sumándose a la campaña internacional que organiza la ONG Finance Uncoverd y en la que participa CIPER.

Hasta ahora CIPER ha recibido las declaraciones de impuestos de 22 diputados, 8 diputadas, 10 senadores y 2 senadoras, los que desde el punto de vista de su militancias se agrupan así: 11 socialistas, 6 independientes, 5 comunistas, 4 radicales, 3 democratacristianos, 3 de la UDI (entre estos últimos figura el recientemente desaforado senador Iván Moreira), 2 del PPD, 2 de RN y 6 parlamentarios que militan en otras colectividades.

En el grupo destacan tres candidatos presidenciales: los senadores Carolina Goic (PDC), Manuel José Ossandón (renunció a RN en julio de 2016) y Alejandro Guillier (Independiente apoyado por el PR, el PS y el PPD). Solo dos de los parlamentarios que postulan a la Presidencia de la República no han respondido hasta ahora a la invitación que les formuló CIPER: los diputados José Antonio Kast (UDI) y Felipe Kast (Independiente ex Evópoli).

La semana pasada la candidata Carolina Goic anunció -como parte de su programa pro-transparencia– que si llega a La Moneda promoverá que en cargos de primer nivel jerárquico (parlamentarios y ministros, entre otros) “la declaración de patrimonio incluya la declaración anual de impuestos”.

En esa misma línea se pronunció el candidato Manuel José Ossandón, quien dijo a CIPER:

-Todos los que estamos en el servicio público y más aun quienes somos candidatos presidenciales, tenemos la obligación de ser transparentes ante este tipo de requerimientos. Me parece óptimo y necesario para recomponer las confianzas con la ciudadanía. Es lo mínimo que tenemos que hacer los políticos.

Los últimos 13 parlamentarios que han enviado a CIPER sus declaraciones tributarias son:

Isabel Allende Bussi, senadora del Partido Socialista, Circunscripción 3, Atacama.

Bernardo Berger Fett, diputado de Renovación Nacional, Distrito 53: Corral, Lanco, Máfil, Mariquina, Valdivia.

Daniella Cicardini Milla, diputada del Partido Socialista, Distrito 5: Chañaral, Copiapó, Diego De Almagro.

Marcos Espinosa Monardes, diputado del Partido Radical, Distrito 3: Calama, María Elena, Ollague, San Pedro De Atacama, Tocopilla.

Maya Fernández Allende, diputada del Partido Socialista, Distrito 21: Ñuñoa, Providencia.

Cristina Girardi Lavín, diputada del PPD, Distrito 18: Cerro Navia, Lo Prado, Quinta Normal.

Carolina Goic Borevici, senadora de la Democracia Cristiana, Circunscripción 19, Magallanes.

Alejandro Guillier Álvarez, senador independiente, Circunscripción 2, Antofagasta.

Hernán Larraín Fernández, senador y ex presidente de la UDI, Circunscripción 11, Talca

Luis Lemus Aracena, diputado del Partido Socialista,  Distrito 9: Canela, Combarbalá, Illapel, Los Vilos, Monte Patria, Punitaqui, Salamanca.

Fernando Meza Moncada diputado del Partido Radical, Distrito 52: Cunco, Curarrehue, Gorbea, Loncoche, Pucón, Toltén, Villarrica.

Alberto Robles Pantoja, diputado del Partido Radical, Distrito 6: Alto Del Carmen, Caldera, Freirina, Huasco, Tierra Amarilla, Vallenar.

René Saffirio Espinoza, diputado independiente (ex DC), Distrito 50: Padre Las Casas, Temuco.

Estos 13 congresistas se suman a los otros 28 parlamentarios que ya habían hecho públicas  sus declaraciones de impuestos (ver reportaje de CIPER):

Sergio Aguiló Melo (Izquierda Ciudadana).

Pepe Auth Stewart (Independiente, ex PPD).

Jaime Bellolio Avaria (Unión Demócrata Independiente, UDI).

Gabriel Boric Font (Movimiento Autonomista).

Pedro Browne Urrejola (Amplitud).

Karol Cariola Oliva (Partido Comunista).

Alfonso de Urresti Longton (Partido Socialista).

Fidel Espinoza Sandoval (Partido Socialista).

Hugo Gutiérrez Gálvez (Partido Comunista).

Marcela Hernando Pérez (Partido Radical).

Giorgio Jackson Drago (Revolución Democrática).

Tucapel Jiménez Fuentes, (Partido Por la Democracia, PPD).

Juan Pablo Letelier Morel (Partido Socialista).

Fernando Meza Moncada (Partido Radical).

Vlado Mirosevic Verdugo (Partido Liberal).

Carlos Montes Cisternas (Partido Socialista).

Juan Morano Cornejo, (Partido Demócrata Cristiano).

Iván Moreira Barros (Unión Demócrata Independiente, UDI).

Alejandro Navarro Brain (País, en formación).

Daniel Núñez Arancibia (Partido Comunista).

Manuel José Ossandón Irarrazaval (ex Renovación Nacional).

Jaime Pilowsky Greene (Partido Demócrata Cristiano, PDC).

Rabindranath Quinteros Lara (Partido Socialista).

Jorge Rathgeb Schifferli, (Renovación Nacional).

Luis Rocafull López (Partido Socialista).

Fulvio Rossi Ciocca (ex Partido Socialista).

Karla Rubilar Barahona (Independiente).

Alejandra Sepúlveda Orbenes (Independiente).

Guillermo Teillier (Partido Comunista).

Camila Vallejo Dowling (Partido Comunista).

CASO A CASO

La senadora Isabel Allende envió sus declaraciones de impuestos ante al SII de los años 2014, 2015, 2016 y 2017. En el primer año (2014, corresponde a los ingresos de 2013) informó una dieta anual parlamentaria de $82.854.593, destinó $13.982.333 a una cuenta de Ahorro Previsional Voluntario (APV) y pagó $11.568.619 por concepto de impuestos.

Al año siguiente, reportó una renta anual de $88.254.087, destinó $14.762.567 a su APV y pagó $8.443.301 por concepto de impuestos. En 2016, Allende informó rentas como senadora por $105.656.685, hizo donaciones para fines sociales por $306.500, un aporte a su APV de $15.366.945 y pagó impuestos por $17.480.482. Finalmente, en abril pasado, declaró ingresos anuales por $106.878.505, destinó $15.799.382 a su APV y pagó en impuestos $17.991.677.

El senador Hernán Larraín  envió a CIPER sus declaraciones correspondientes a los años tributarios 2015, 2016 y 2017. En 2015 acreditó ingresos (de 2014) como parlamentario por $92.167.140, además de ingresos por $10.566.425 originados en rentas de capital, según explicó a CIPER. También obtuvo $45.020.191 originados en ventas de acciones (que estaban libres de impuestos y que las había comprado en $40.400.441). Larraín destinó $8.708.881 a una cuenta de Ahorro Previsional Voluntario (APV) y pagó en impuestos $21.447.856.

En 2016, Larraín informó una dieta anual parlamentaria de $97.266.302 y rentas de capital por $1.635.416, según explicó el senador a CIPER. Obtuvo también $29.856,682 originados en venta de acciones libres de impuesto (y que compró en $27.450.114). Destinó $10.455.131 a su APV y pagó $15.215.163 en impuestos. Finalmente, en abril pasado, Larraín declaró ingresos provenientes de su dieta parlamentaria por $96.087.082; recibió además $13.877.070 por venta de acciones libres de impuestos (que compró en $12.701.201). Destinó $10.331570 a su cuenta de APV y pagó en impuestos una suma de $13.159.602.

Bernardo Berger, Daniella Cicardini, Marcos Espinosa, Luis Lemus, Maya Fernández, Cristina Girardi y Alberto Robles transparentaron sus declaraciones tributarias de 2017 en las que se registra que solo reciben remuneraciones por su trabajo parlamentario.

Bernardo Berger informó una dieta anual de $99.762.016 y un pago de impuestos de $26.515.485. Daniella Cicardini envió a CIPER una declaración en la que informó que en 2016 solo recibió ingresos como parlamentaria por $106.626.759 y un pago de impuestos de $25.495.131.

El diputado Marcos Espinosa reportó una renta anual de $106.105.335 y pagó por concepto de impuestos $25.432.161. El diputado Luis Lemus envió a CIPER sus declaraciones desde 2014. En la que hizo en abril pasado reportó ingresos de su dieta parlamentaria por $106.095.936 y un pago de impuestos de $25.428.400. La diputada Cristina Girardi declaró una renta anual de $98.190189 y pagó en impuestos $22.001.548. Finalmente, el diputado Alberto Robles declaró ingresos anuales por $90.293.840 y pagó $18.966.741 en impuestos.

El diputado Fernando Meza hizo públicas sus declaraciones de impuestos de los años 2014, 2015 y 2016. El primer año declaró ingresos como parlamentario por $90.134.275 y también “rentas de capital” por $6.780.797. Destinó $1.165.478 a una cuenta de Ahorro Previsional Voluntario (APV) y pagó $26.302.242 en impuestos. En 2015 informó una dieta de $7.995.226 y pagó $23.119.539 por concepto de impuestos. En 2016, el diputado Meza solo informó una renta anual de $97.154.405 ($8.096.200 por mes como diputado), por la que pagó $22.876.925 en impuestos.

El diputado René Saffirio hizo públicas sus declaraciones de 2015, 2016 y 2017, consignando que solo recibió ingresos por su dieta parlamentaria. En 2015 su renta fue de $102.289.086 y pagó en impuestos $24.969.348. Al año siguiente, su dieta ascendió a  $104.326.006 y su pago de impuestos alcanzó a $29.440.374, monto que incluye $8.182.702 que debió pagar por retiros que hizo de su Ahorro Previsional Voluntario (APV). En 2017 declaró ingresos por su dieta de $106.145.282 y pagó $25.448.137 en impuestos.

LOS PRESIDENCIABLES

CIPER recurrió a un experto tributario para que examinara los Formularios 22 de los tres presidenciables que han decidido transparentar hasta  ahora. El análisis corresponde a las declaraciones de los tres últimos años tributarios: 2015, 2016 y 2017. A continuación su informe:

Manuel José Ossandón

Manuel José Ossandón

1.- Año tributario 2017 (rentas obtenidas durante el año calendario 2016).

Rentas del trabajo dependiente (dieta de senador): $90.284.453

Observaciones: No tuvo otras rentas, por lo que ese año no estaba obligado a presentar declaración.

2.- Año tributario 2016 (rentas obtenidas durante el año calendario 2015)

Rentas del trabajo dependiente (dieta de senador): $92.061.841

Observaciones: No tuvo otras rentas, por lo que ese año no estaba obligado a presentar declaración.

3.- Año tributario 2015 (rentas obtenidas durante el año calendario 2014)

Rentas del trabajo dependiente (dieta de senador desde marzo, cuando ingresó al Congreso, a diciembre): $72.034.006

Otras rentas empresariales: $6.930.530

Venta de acciones (libres de impuesto): $92.879.864

Costo de adquisición de acciones: $96.985.000

Observaciones: Durante ese año vendió acciones que no pagan impuesto, pero en esa venta no obtuvo utilidad.

Alejandro Guillier

Alejandro Guillier

1.- Año tributario 2017 (rentas obtenidas durante el año calendario 2016)

Rentas del trabajo dependiente (dieta de senador): $90.284.453

Retiros de sociedades: $263.031

Ingresos por depósitos, u otros: $138.652

Pérdidas por depósitos u otros: ($101.877)

Observaciones: Nada inusual.

2.- Año tributario 2016 (rentas obtenidas durante el año calendario 2015)

Rentas del trabajo dependiente (dieta de senador): $92.061.841

Retiros de sociedades: $587.753

Ingresos por depósitos, u otros: $95.544

Pérdidas por depósitos u otros: ($95.544)

Impuesto por retiro de APV: $8.767.616

Observaciones: El retiro de su fondo de Ahorro Previsional Voluntario (APV) fue de aproximadamente $27 millones, y por anticipar ese rescate (antes de jubilar) se aplica una sobretasa.

3.- Año tributario 2015 (rentas obtenidas durante el año calendario 2014)

Rentas del trabajo dependiente ((dieta de senador desde marzo, cuando ingresó al Congreso, a diciembre): $72.770.360

Retiros de sociedades: $267.269

Ingresos por depósitos u otros: $53.690

Pérdidas por depósitos u otros: ($53.690)

Rebaja por ahorro APV: $1.477.478

Rebaja por intereses de crédito hipotecario: $414.647

Observaciones: Durante este año efectuó ahorros por APV lo que le significó una rebaja de impuestos.

Carolina Go

Carolina Goic

1.- Año tributario 2017 (rentas obtenidas durante el año calendario 2016)

Rentas del trabajo dependiente (dieta de senadora): $90.270.359

Honorarios:         $1.166.691

Observaciones: Nada inusual.

2.- Año tributario 2016 (rentas obtenidas durante el año calendario 2015)

Rentas del trabajo dependiente (dieta de senadora): $92.048.349

Observaciones: No tuvo otras rentas, por lo que ese año no estaba obligada a presentar declaración.

3.- Año tributario 2015 (rentas obtenidas durante el año calendario 2014)

Rentas del trabajo dependiente (dieta de diputada y a partir de marzo como senadora): $ 88.273.471

Observaciones: No tuvo otras rentas, por lo que ese año no estaba obligada a presentar declaración.

INVITACIÓN A OTROS PARLAMENTARIOS

Si usted quiere que sus representantes hagan públicas sus declaraciones de impuestos, aquí le sugerimos un modelo de correo con el que podrá invitarlos a participar de esta iniciativa.

Estimado Diputado / Senador:
Soy (nombre) y voto en el distrito que usted representa. Le escribo para manifestarle que adhiero a la campaña de Finance Uncovered y CIPER por la transparencia tributaria y quiero solicitarle que transparente sus declaraciones de impuestos (Formulario F 22 compacto), como ya lo han hecho algunos de sus colegas.

Estimo que los ingresos que reciben los legisladores y la forma en que pagan sus impuestos es un asunto de interés público y un acto de transparencia necesaria que los chilenos y chilenas nos merecemos de parte de quienes hemos elegido para legislar.
Muy atentamente
(Nombre)

INVITACIÓN A OTROS CANDIDATOS PRESIDENCIALES

Si usted quiere que su candidato presidencial haga pública públicas su declaración de impuestos, aquí le sugerimos un modelo de correo con el que podrá invitarlos a participar de esta iniciativa.

Estimado (Nombre):

Soy (nombre) y pienso votar por usted en las próximas elecciones presidenciales. Le escribo para manifestarle que adhiero a la campaña de Finance Uncovered y CIPER por la transparencia tributaria y quiero solicitarle que transparente sus declaraciones de impuestos (Formulario F 22 compacto), como ya lo han hecho otros candidatos presidenciales.

Estimo que  los ingresos que reciben quienes buscan dirigir nuestro país y la forma en que pagan sus impuestos es un asunto de interés público y un acto de transparencia necesaria que los chilenos y chilenas nos merecemos.

Muy atentamente

(Nombre)

Ya son 34 los parlamentarios que hicieron pública su declaración de impuestos

Ver tabla con los datos tributarios de los 34 parlamentarios que transparentaron sus impuestos

La semana pasada finalizó la campaña internacional organizada por Finance Uncoverd –en la que participó CIPER- y en la que se le pidió a miles de legisladores de más de 20 países transparentar sus impuestos. En Chile, 34 parlamentarios chilenos aceptaron hacer públicas sus declaraciones tributarias a través de CIPER: 24 diputados y 10 senadores, pertenecientes a todo el espectro político, lo que representa un 20% de de los legisladores nacionales.

Entre ellos destacan Manuel José Ossandón (renunció a RN en julio de 2016) y Alejandro Guillier (Independiente apoyado por el PR, el PS y el PPD), los únicos parlamentarios que son candidatos presidenciales -de los cinco que siguen en carrera desde el Congreso- que aceptaron hacer pública su declaración de impuestos. Ossandón dijo a CIPER:

-Todos los que estamos en el servicio público y más aun quienes somos candidatos presidenciales, tenemos la obligación de ser transparentes ante este tipo de requerimientos. Me parece óptimo y necesario para recomponer las confianzas con la ciudadanía. Es lo mínimo que tenemos que hacer los políticos.

Los diputados que decidieron transparentar sus impuestos fueron:

Pepe Auth (Independiente, ex PPD), Distrito 20 (Cerrillos, Estación Central, Maipú).

Bernardo Berger (Renovación Nacional), Distrito 53 (Corral, Lanco, Máfil, Mariquina, Valdivia).

Fidel Espinoza (Partido Socialista), Distrito 56 (Fresia, Frutillar, Llanquihue, Los Muermos, Puerto Octay, Puerto Varas, Purranque, Puyehue, Río Negro). Actual presidente de la Cámara de Diputados.

Hugo Gutiérrez (Partido Comunista), Distrito 2 (Alto Hospicio, Camiña, Colchane, Huara, Iquique, Pica, Pozo Almonte).

Marcela Hernando (Partido Radical), Distrito 4 (Antofagasta, Mejillones, Sierra Gorda, Taltal).

Tucapel Jiménez, (Partido Por la Democracia, PPD), Distrito 27 (El Bosque, La Cisterna, San Ramón).

Fernando Meza (Partido Radical), Distrito 52 (Cunco, Curarrehue, Gorbea, Loncoche, Pucón, Toltén, Villarrica).

Juan Morano, (Partido Demócrata Cristiano), Distrito 60 (Antártica, Cabo De Hornos, Laguna Blanca, Natales, Porvenir, Primavera, Punta Arenas, Río Verde, San Gregorio, Timaukel, Torres del Paine).

Jorge Rathgeb, (Renovación Nacional), Distrito 48 (Angol, Collipulli, Ercilla, Los Sauces, Lumaco, Purén, Renaico, Traiguén).

Luis Rocafull (Partido Socialista), Distrito 1 (Arica, Camarones, General Lagos, Putre).

Karla Rubilar (Independiente), Distrito 17 (Conchalí, Huechuraba, Renca).

René Saffirio, (Independiente, ex DC), Distrito 50 (Padre Las Casas, Temuco).

Guillermo Teillier (Partido Comunista), Distrito 28 (Lo Espejo, Pedro Aguirre Cerda, San Miguel).

Los senadores que decidieron hacer pública su declaración de impuestos son:

Isabel Allende (Partido Socialista), Circunscripción: 3 (Atacama).

Alfonso de Urresti (Partido Socialista), Circunscripción: 16 (Los Ríos).

Alejandro Guillier, (Independiente), Circunscripción: 2 (Antofagasta).

Juan Pablo Letelier (Partido Socialista), Circunscripción: 9 (O´Higgins).

Carlos Montes (Partido Socialista), Circunscripción: 8 (Santiago Oriente).

Iván Moreira (Unión Demócrata Independiente, UDI), Circunscripción: 17 (Los Lagos).

Alejandro Navarro (País, en formación), Circunscripción: 12 (Biobío Costa).

Manuel José Ossandón (ex Renovación Nacional), Circunscripción: 8 (Santiago Oriente).

Rabindranath Quinteros (Partido Socialista), Circunscripción: 17 (Los Lagos).

Fulvio Rossi (ex Partido Socialista), Circunscripción 1 (Tarapacá).

Estos congresistas se suman a otros 11 parlamentarios que ya habían hecho públicas  sus declaraciones de impuestos (ver reportaje de CIPER):

Sergio Aguiló Melo (Izquierda Ciudadana), Jaime Bellolio Avaria (Unión Demócrata Independiente, UDI), Gabriel Boric Font (Movimiento Autonomista), Pedro Browne Urrejola (Amplitud), Karol Cariola Oliva (Partido Comunista), Giorgio Jackson Drago (Revolución Democrática), Vlado Mirosevic Verdugo (Partido Liberal), Daniel Núñez Arancibia (Partido Comunista), Jaime Pilowsky Greene (Partido Demócrata Cristiano, PDC), Alejandra Sepúlveda Orbenes (Independiente), Camila Vallejo Dowling (Partido Comunista).

Si su representante no figura en esta lista y cree que debiera transparentar sus impuestos, al final de este artículo encontrará una sugerencia de email para invitarlo a dar ese paso.

SOLO INGRESOS POR DIETA PARLAMENTARIA

Los diputados Bernardo BergerFidel EspinozaHugo Gutiérrez, Marcela HernandoJuan Enrique Morano, Luis Alberto RocafullKarla Rubilar y René Saffirio no registraron en su declaración otros ingresos que los que provienen de su dieta parlamentaria. Lo mismo informaron los senadores Isabel AllendeJuan Pablo LetelierCarlos Montes, Alejandro Navarro, Fulvio Rossi, Rabindranath Quinteros y Alfonso De Urresti.

La senadora Isabel Allende envió sus declaraciones de impuestos ante al SII de los años 2014, 2015, 2016 y 2017. En el primer año informó una dieta anual parlamentaria de $82.854.593 ($6.904.549 mensuales), destinó $13.982.333 a una cuenta de Ahorro Previsional Voluntario (APV) y pagó $11.568.619 por concepto de impuestos. Al año siguiente, reportó una renta anual de $88.254.087 ($7.354.507 mensuales), destinó $14.762.567 a su APV y pagó $8.443.301 por concepto de impuestos. En 2016 Allende informó rentas como senadora por $105.656.685 ($8.804.723 mensuales), hizo donaciones para fines sociales por $306.500, un aporte a su APV de $ 15.366.945 y pagó impuestos por $17.480.482. Finalmente, en abril pasado, declaró ingresos anuales por $106.878.505 ($9.677.046 al mes) destinó $15.799.382 a su APV y pagó en impuestos $17.991.677.

El diputado Fidel Espinoza entregó a CIPER las declaraciones que presentó al SII en 2014, 2015 y 2016, consignando que en todos esos años solo recibió ingresos por su dieta parlamentaria. En 2014 su renta anual fue de $91.286.361 ($7.607.196 mensuales) y pagó impuestos por $21.550.291. Al año siguiente, la renta anual del diputado ascendió a $96.925.359 ($8.077.113 mensuales) y pagó impuestos por $22.871.552. En 2016, declaró una renta anual de $101.345.373 ($8.445.447 mensuales) y pagó $23.715.092 en impuestos.

El diputado Hugo Gutiérrez, entregó su declaración de 2017 según la cual recibió ingresos anuales de $89.783.643 ($7.481.970 mensuales), y pagó un impuesto de $18.708.802.

La diputada Marcela Hernando, envió sus declaraciones correspondientes a los años 2014, 2015, 2016 y 2017. En 2014, cuando todavía no llegaba al Congreso, declaró ingresos anuales por $24.228.884 ($2.019.073 mensuales) y pagó $1.086.991 en impuestos. Al año siguiente, ya instalada en el Congreso, recibió ingresos por $86.197.247 ($7.183.103 mensuales), destinó $2.930.526 a una cuenta de Ahorro Previsional Voluntario (APV) y pagó $17.408.096 por concepto de impuestos. En la declaración tributaria de 2016 la diputada Hernando consignó que su dieta anual fue de $88.742.276 ($7.395.189 al mes) y que canceló un impuesto de $18.802.093. En su declaración del año en curso declaró haber recibido una dieta anual de $90.270.347 ($7.522.528 mensuales) y haber pagado $19.110.947 en impuestos.

El diputado Juan Enrique Morano hizo pública su declaración de 2017 en la que consigna que en 2016 sus únicos ingresos provinieron de su dieta parlamentaria: $89.510.856 anuales ($7.459.238 cada mes), y pagó en impuestos un total de $18.807.151. Lo mismo hicieron los diputados Bernardo Berger, Luis Alberto Rocafull y Karla Rubilar quienes transparentaron sus declaraciones de 2017. El primero informó una dieta anual de $99.762.016 ($8.313.501 mensuales) e impuestos pagados por $26.515.485.  El diputado Rocafull consignó ingresos anuales por $104.500.694 ($8.708.391 mensuales) y un pago de impuesto por $24.803.086. Rubilar, en tanto, declaró una dieta anual de $87.084.062 y un pago de impuestos de $20.339.108.

El diputado GuillermoTeillier hizo públicas sus declaraciones de impuestos de los años 2015, 2016 y 2017. El primer año informó una renta anual de $93.388.712 ($7.782.392 por mes), por la que pagó $ $21.203.420 en impuestos. En 2016 declaró ingresos por $98.276.649 ($8.189.720 mensuales) y pagó $22.765.421 en impuestos. En la declaración de este año (correspondiente a los ingresos de 2016), Teillier informó una dieta parlamentaria anual de $96.779.397 ($8.064.949 mensuales), y $110.687 correspondientes a retiros y ganancias de capital. Canceló $21.467.937 en impuestos.

El senador Juan Pablo Letelier envió sus declaraciones de impuestos ante al SII de los años 2014, 2015 y 2016. En el primer año informó una dieta anual parlamentaria de $82.324.363 ($6.860.363 mensuales) y un pago de impuestos de $17.924.018. Al año siguiente, reportó una renta anual de $87.469.593 ($7.289.132 mensuales) y pagó $19.089.245 en impuestos. En 2016, el senador Letelier declaró una renta anual de $92.061.841 ($7.671.820 mensuales), e informó, además, una donación para fines sociales por $112.600 y pagó en impuestos $20.279.498.

El senador Carlos Montes hizo pública su información tributaria de los años 2014, 2015 y 2016. En el primer año consignó una renta anual de $92.611.678 ($7.717.639 mensuales) y pagó impuestos por $22.728.347. En 2015 declaró una renta anual de $96.123.702 ($8.010.308 mensuales) y pagó en impuestos $23.613.379. Finalmente, en 2016 el senador Montes declaró una renta anual de $100.281.332 ($8.356.777 mensuales) por  los que pagó impuestos por $23.574.430.

El senador Alejandro Navarro envió a CIPER sus declaraciones correspondientes a los años tributarios 2015, 2016 y 2017, en los cuales solo reportó como ingreso su dieta parlamentaria. En 2015 su renta anual fue de $86.478.135 ($7.289.844 mensuales) y pagó $19.092.662 en impuestos. En 2016 declaró una renta anual de $92.070.832 ($7.672.569 mensuales) y pagó impuestos por $20.283.095. En 2017 el senador Navarro declaró una renta de $102.152.394 ($8.512.699 mensuales) y pagó $23.863.762 en impuestos.

El senador Rabindranath Quinteros hizo públicas sus declaraciones ante el SII de 2014, 2015, 2016 y 2017. En el primer año, cuando aún no llegaba al Senado, declaró una renta anual de $19.741.193 ($1.645.099 al mes). Hizo un retiro de su fondo de Ahorro Previsional Voluntario (APV) de $11.545.506 y pagó $5.259.556 en impuestos. Al año siguiente, ya en el Congreso, declaró una renta anual de $105.770.660 ($8.814.221 al mes). Hizo un aporte a su fondo de APV de $1.626.676 y pagó $30.038.720 en impuestos. En 2016 declaró ingresos anuales por $118.337.938 ($9.861.494 al mes) y pagó impuestos por $38.819.851. Finalmente, en abril pasado, declaró ingresos anuales como senador por $116.124.557 ($9.677.046 al mes) y pagó en impuestos $40.024.944.

El senador Fulvio Rossi decidió hacer públicas sus declaraciones de impuesto de 2014, 2015 y 2016. En los tres años solo informó como ingreso su dieta parlamentaria. En 2014 declaró que su renta anual fue de $82.310.125 ($6.859.177 al mes) y pagó un impuesto de $17.161.786. En 2015 reportó ingresos por $87.456.773 anuales ($7.288.064 al mes) y pagó $19.084.117 en impuestos. En abril de este año el senador Rossi declaró ingresos por $92.048.349 anuales ($7.670.695 mensuales) y pagó impuestos por $20.274.101.

El diputado René Saffirio hizo públicas sus declaraciones de 2015, 2016 y 2017, consignando que sólo recibió ingresos por su dieta parlamentaria. En 2015 su ésta fue de $102.289.086 ($8.524.090 mensuales) y pagó en impuestos $24.969.348; al año siguiente su dieta ascendió a  $104.326.006 ($8.693.833 al mes) y sus impuestos alcanzaron los $29.440.374, entre los que se incluyen $8.182.702 que debió pagar en impuestos por retiros que hizo de su Ahorro Previsional Voluntario. En 2017 declaró ingresos por su dieta de $106.145.282 ($8.845.440 al mes) y pagó $25.448.137 en impuestos (ver NOTA DE LA REDACCIÓN).

El senador Alfonso De Urresti envió a CIPER sus declaraciones correspondientes a los años tributarios 2015, 2016 y 2017, en las cuales informó haber recibido solo ingresos correspondientes a su dieta como senador. En el primero declaró un sueldo anual de $88.268.621 ($7.355.718 mensuales) y pagó impuesto por $20.007.481. Al año siguiente declaró ingresos anuales por $92.070.832 ($7.672.569 al mes) y canceló impuestos por $20.163.243. En abril pasado, De Urresti declaró ingresos por $90.293.852 ($7.524.487 al mes) y tributó la suma de $19.047.566.

PARLAMENTARIOS CON OTROS INGRESOS

La información tributaria aportada por el diputado Pepe Auth incluye las declaraciones presentadas ante el SII desde 2014 a 2017. En la de 2014 (correspondiente a los ingresos recibidos en 2013), Auth reportó haber recibido como diputado una renta de $84.160.778 ($7.013.398 mensuales). Además, declaró ingresos por $791.735 correspondientes a honorarios por su participación en un programa de Radio Agricultura. En 2014 Auth pagó $19.981.580 en impuestos.

En la declaración que presentó al año siguiente (2015), el diputado declaró una renta anual como parlamentario de $90.612.803 ($7.551.066 mensuales) a lo que agregó $1.231.146 por honorarios recibidos como panelista del citado espacio radial. En ese mismo año, además, Auth declaró donaciones para fines sociales por $139.359 y pagó $21.251.410 en impuestos.

Al año siguiente (2016), Auth consignó ingresos anuales por su dieta parlamentaria por $92.231.338 ($7.685.944 mensuales) y $1.004.577 por honorarios por su participación en el programa Divina Comida de Chilevisión.  El diputado explicó a CIPER que, a partir de este año, participó en el mismo programa de Radio Agricultura a cambio de una donación de la emisora a una fundación que ayuda a niños con Síndrome de Down. También declaró donaciones para fines sociales por $153.250 y pagó impuestos por $20.867.784.

Finalmente, en la declaración presentada en abril pasado, Auth informó haber recibido ingresos anuales como diputado por $92.350.907 ($7.695.908 mensuales). Informó que también cobró $1.011.108 por honorarios. Sus donaciones con fines sociales ascendieron a $150.000 y pagó $21.286.350 en impuestos.

El senador Alejandro Guillier envió a CIPER sus declaraciones de 2015, 2016 y 2017. En la primera, consignó una renta –desde marzo de 2014, cuando comenzó su periodo, a diciembre- de $72.770.360. A ello agregó $53.690 en el ítem “rentas de capital” y $267.269  que registra en el ítem “retiros”. El senador consignó también un Ahorro Previsional Voluntario de $1.477.478 y pagó $10.496.469 en impuestos.

En 2016 Guillier informó rentas como senador por $92.061.841 ($7.671.820 mensuales). Además, recibió $587.753 por “retiros” (línea 104) y $95.544 por “rentas de capital” (línea 155). Pagó en impuestos $26.696.980, monto que incluye los $8.767.616 que debió pagar en impuestos por retiros que hizo a su Ahorro Previsional Voluntario.

En su última declaración presentada este año, el senador informó una dieta de $90.284.453 ($7.523.704). Como en los años anteriores, en 2016 recibió por “retiros” $263.031 (línea 104) y $138.652 por “rentas de capital” (línea 155), y debió pagar un impuesto total de $19.329.171.

El diputado Tucapel Jiménez transparentó sus declaraciones de los años 2015, 2016 y 2017.  En el primer documento, que muestra los ingresos que obtuvo en 2014, Jiménez declaró haber recibido $102.244.223 ($8.520.351 mensuales) como parlamentario. Además, recibió $2.903.815 por el arriendo de dos propiedades. Pagó $26.172.151 en impuestos ese año.

En la declaración de 2016 el diputado Jiménez acreditó una dieta parlamentaria de $105.584.152 ($8.798.679 mensuales). Además, percibió $2.936.113 por concepto de arriendo y pagóun total de $26.872.236 en impuestos.

En la declaración de 2017 el diputado Jiménez acreditó ingresos por su función parlamentaria de $106.095.936 ($8.841.328 mensuales). Agregó que obtuvo $10.258.154 por arriendos y pagó impuestos por un total de $29.337.096.

El diputado Jorge Rathgeb envió a CIPER sus declaraciones de 2015, 2016 y 2017. En la primera informó haber recibido un sueldo anual como parlamentario que ascendió a $82.233.246 ($6.852.770 mensuales). Además, el SII estimó que un campo de propiedad de Rathgeb le reportó ingresos por $15.142.981 (el monto es una estimación hecha sobre el 10% del avalúo fiscal del terreno). En el plano de los descuentos el diputado accedió a una rebaja por Ahorro Previsional Voluntario de $8.617.515. Ese año debió pagar $19.040.197 en impuestos.

En la declaración de 2016 (correspondiente a los ingresos recibidos en 2015), Rathgeb declaró una renta anual como diputado de $107.419.730 ($8.951.644 mensuales). Además, el SII estimó que su campo le produjo una renta de $24.836.411. Su declaración registra también un Ahorro Previsional Voluntario ascendente a $14.092.770 y un pago de $33.778.384 en impuestos.

En abril pasado Rethgeb declaró que en 2016 su renta parlamentaria anual fue de $106.095.936 ($8.841.328 mensuales). El SII estimó que recibió ingresos por $25.484.766 por las rentas de su campo. El diputado consignó un ahorro previsional voluntario de $15.808.788 y pagó $28.545.849 en impuestos.

El diputado Fernando Meza hizo públicas sus declaraciones de impuestos de los años 2014, 2015 y 2016. El primer año declaró ingresos como parlamentario por $90.134.275 y también “rentas de capital” por $6.780.797. Destinó $1.165.478 a una cuenta de Ahorro Previsional Voluntario y pagó $26.302.242 en impuestos. En 2015 informó una dieta de $7.995.226 y pagó $23.119.539 por concepto de impuestos. En 2016 el diputado Meza solo informó una renta anual de $97.154.405 ($8.096.200 por mes), por la que pagó $22.876.925 en impuestos.

El senador Iván Moreira decidió hacer públicas sus declaraciones de 2015, 2016 y 2017. En el primer año, reportó una renta parlamentaria de $88.294.399 ($7.357.866 mensuales). A ello agregó $7.387.549 proveniente de ganancias de los intereses de un fondo mutuo y pagó $25.675.858 en impuestos.

En su declaración de 2016, Moreira informó rentas como senador por $92.109.057 ($7.675.754 mensuales). No tuvo otros ingresos y pagó $20.298.385 en impuestos. En abril de este año el senador Moreira declaró al SII una renta anual parlamentaria de $90.333.799 ($7.527.816 mensuales). Y reportó además, $15.150.070 originados, según explicó a CIPER, en el “primer dividendo del Fondo Privado de Inversiones Iberoamericano, información que está en mi declaración de patrimonio”. Este año el senador Moreira pagó $31.310.125 en impuestos.

El senador y candidato presidencial Manuel José Ossandón envió a CIPER sus declaraciones tributarias de 2015, 2016 y 2017. En la primera, que corresponde a las rentas recibidas en 2014, Ossandón declaró haber recibido una remuneración anual como senador que ascendió a $72.034.006 ($6.002.833 mensuales). A ello agregó $6.930.530, correspondientes al arriendo de maquinaria. Su declaración también consignó un ingreso de $92.879.864, correspondientes a la venta de un paquete de acciones del Banco de Chile. Ese año pagó $15.700.652 en impuestos.

En 2016 Manuel José Ossandón solo declaró rentas anuales como parlamentario por  $92.061.841 ($7.671.820 mensuales) y pagó $20.279.498 en impuestos. Lo mismo ocurrió en abril pasado: solo declaró ingresos por su trabajo como senador: $90.284.453 al año ($7.523.704 al mes) y pagó impuestos por $19.116.590.

NOTA DE LA REDACCIÓN: Este artículo fue actualizado el 19 de mayo de 2017. Se agregaron las declaraciones de los senadores  Isabel Allende y Alejandro Guillier; y de los diputados Bernardo Berger y  Fernando Meza. Fue nuevamente actualizado el 24 de mayo cuando se agregó  la declaración del diputado René Saffirio, la que por un error de CIPER no fue incorporada antes ya que ella fue enviada el  16 de mayo de 2017.

 

INVITACIÓN A OTROS PARLAMENTARIOS

Si usted quiere que sus representantes hagan públicas sus declaraciones de impuestos, aquí le sugerimos un modelo de correo con el que podrá invitarlos a participar de esta iniciativa.

Estimado Diputado / Senador:

Soy (nombre) y voto en el distrito que usted representa. Le escribo para manifestarle que adhiero a la campaña de Finance Uncovered y CIPER por la transparencia tributaria y quiero solicitarle que transparente sus declaraciones de impuestos (Formulario F 22 compacto), como ya lo han hecho algunos de sus colegas.

Estimo que  los ingresos que reciben los legisladores y la forma en que pagan sus impuestos es un asunto de interés público y un acto de transparencia necesaria que los chilenos y chilenas nos merecemos de parte de quienes hemos elegido para legislar.

Muy atentamente

(Nombre)

11 de 120 diputados chilenos hicieron pública su declaración de impuestos

A un mes de iniciada la campaña internacional de transparencia tributaria organizada por la ONG Finance Uncovered -en la cual participa CIPER-, 11 de los 120 diputadas y diputados chilenos de distintos partidos decidieron hacer públicas sus declaraciones de impuestos. Todos ellos han adherido a la propuesta que se abre paso en el mundo de que los representantes electos deben responder al alto estándar de transparencia que hoy exigen sus electores. Los diputados son:

Sergio Aguiló Melo (Izquierda Ciudadana), Distrito 37 (Talca).

Jaime Bellolio Avaria (Unión Demócrata Independiente, UDI), Distrito 30 (Buin, Calera De Tango, Paine, San Bernardo).

Pedro Browne Urrejola (Amplitud), Distrito 28 (Lo Espejo, Pedro Aguirre Cerda y San Miguel).

Karol Cariola Oliva (Partido Comunista), Distrito 19 (Independencia, Recoleta).

Vlado Mirosevic Verdugo (Partido Liberal), Distrito 1 (Arica, Camarones, General Lagos, Putre).

Daniel Núñez Arancibia (Partido Comunista), Distrito 8 (Coquimbo, Ovalle, Rio Hurtado).

Jaime Pilowsky Greene (Partido Demócrata Cristiano, PDC), Distrito 24 (La Reina y Peñalolén).

Alejandra Sepúlveda Orbenes (Independiente), Distrito 34 (Chimbarongo, Las Cabras, Peumo, Pichidegua, San Fernando, San Vicente).

Camila Vallejo Dowling (Partido Comunista), Distrito 26 (La Florida).

A ellos se suman Giorgio Jackson Drago (Revolución Democrática), representante del Distrito 22 (Santiago) y Gabriel Boric Font (Movimiento Autonomista), electo diputado por el Distrito 60 (Antártica, Cabo De Hornos, Laguna Blanca, Natales, Porvenir, Primavera, Punta Arenas, Río Verde, San Gregorio, Timaukel y Torres Del Paine), quienes ya habían hecho públicas –a través de CIPER- sus declaraciones para los años tributarios 2015 y 2016.

FINANCE UNCOVEREDLos documentos de Aguiló, Belollio, Boric, Browne, Cariola, Jackson, Núñez y Vallejo, ya están disponibles para todos nuestros lectores (ver documentos). Las de los otros tres parlamentarios -que completan el grupo de 11 diputados- estarán accesibles dentro de las próximas semanas en el sitio habilitado por Finance Uncoverd.

Según la información parcialmente recogida por la organización con sede en Londres, se han recibido documentos tributarios detallados de 23 políticos de distintos países. A ellas se suman 35 declaraciones de otros políticos que si bien incluyen aspectos relevantes, no son completas. Entre las declaraciones detalladas figuran las de dos parlamentarios de Ucrania, cuatro de Bosnia & Herzegovina,  cinco de Hungría y uno del Reino Unido. De este país se recibieron también las declaraciones tributarias de dos ex parlamentarios laboristas.

La próxima semana Finance Uncovered enviará a los parlamentarios un nuevo correo con un último recordatorio de transparencia y difundirá quienes han transparentado y quiénes no. En ese momento, además, se invitará a los ciudadanos a escribir a sus congresistas para incentivarlos a hacer públicas sus declaraciones de impuestos.

Se espera que el apoyo ciudadano sirva para remarcar lo importante que es para el fortalecimiento de la democracia tener claridad sobre las fuentes de financiamiento y las formas de tributar de quienes deciden leyes que involucran grandes inversiones y partidas de dinero; además de la cantidad de recursos públicos que reciben para legislar.

En el caso chileno se solicitó a los parlamentarios el Formulario 22 del último año tributario (2016), pero varios congresistas han informado sobre más periodos. Sergio Aguiló (diputado desde 1990) y Alejandra Sepúlveda (diputada desde 2002), por ejemplo, adjuntaron certificados de la Cámara de Diputados y del Servicio de Impuestos Internos (SII). En ellos, se consigna que desde 2013 Aguiló solo ha recibido su dieta parlamentaria como ingreso; lo mismo ocurre con Sepúlveda desde 2015.

El Formulario 22 solicitado incluye información sobre los tipos de ingresos recibidos (remuneraciones, honorarios o retiros y dividendos de sociedades); también indica el monto en impuestos que pagó o el que recibió como devolución y a qué beneficios se acogió.

El diputado Pedro Browne (Amplitud) dijo a CIPER que la iniciativa le parece importante pues los impuestos permiten aclarar las fuentes de financiamiento de los congresistas “que reciben un sueldo suficientemente alto como para dedicarse  exclusivamente a la tarea de legislar”.

La parlamentaria Karol Cariola (PC), valoró la iniciativa pues estima que solo la transparencia en los ingresos y en el patrimonio de los funcionarios públicos, especialmente de aquellos que son electos, puede restablecer la confianza que la ciudadanía ha perdido en los políticos.

El diputado Jaime Bellolio (UDI) afirmó que lo que importa es “llevar la transparencia al límite”, a pesar de que, en su opinión, hacer público el Formulario 22 no debiera ser una obligación.

Si bien el Formulario 22 permite conocer una gran cantidad de información sobre las vías de ingresos de las autoridades, es necesario remarcar que el libre acceso a la declaración de impuestos de cada parlamentario no resuelve los requerimientos de transparencia de una sociedad democrática.

Lo anterior se desprende de los patrones de conducta que han sido evidenciados en las investigaciones judiciales sobre el financiamiento ilegal  de la política por parte de pesqueras (Corpesca, Asipes y Fipes), Penta y SQM, entre otras.  Allí se observa que solo ocasionalmente ese dinero ilícito llegó a las cuentas personales de los legisladores, siendo la mayor parte canalizada a través de redes de boleteros y asesores.

A pesar de ello, el conocimiento público de la declaración de impuestos es un complemento potente para la fiscalización del posible enriquecimiento personal por vías ilícitas o para prevenir conflictos de interés en que se vean involucradas autoridades en la toma de decisiones que les compete. Una fiscalización que cobraría mayor fuerza si los datos del Formulario 22 se pudieran cruzar con las declaraciones de intereses y de patrimonio que todos los funcionarios públicos están obligados a realizar (disponibles en la web infoprobidad.cl).

CASO A CASO

La información tributaria aportada por el diputado Sergio Aguiló incluye datos desde 2013 a la fecha, y muestran que durante todo el periodo solo ha recibido los ingresos de su dieta parlamentaria. En su declaración correspondiente a 2017, registra un ingreso anual de $90.333.787 (equivalentes a un sueldo de $7.527.000 mensuales), por los que se le descontaron automáticamente impuestos por $19 millones.

El diputado Jaime Bellolio facilitó el Formulario 22 de los años tributarios 2016 y 2017.  En la declaración de 2016 (registra los ingresos de 2015), el parlamentario declara haber recibido una renta de $100.916.076 ($8.409.673 mensuales). Además, tuvo un ingreso por reparto de dividendos de $3.902.600, los que corresponden –según explicó Bellolio a CIPER- a una empresa que cerró durante 2015 y que había estado sin movimiento. Ese año pagó en impuestos $25.382.237.

En la declaración de 2017 sus ingresos solo se originaron en su dieta parlamentaria: $104.514.788 y pagó $24.808.724 en impuestos. Bellolio explicó a CIPER que en la actualidad –y desde el 30 de marzo pasado- la única sociedad en la que participa es una empresa familiar que creó su padre, Jaime Bellolio Rodríguez: Inversiones Publix Limitada. El diputado afirmó que no recibe ingresos de esta empresa ni participa en su administración.

El diputado Pedro Browne facilitó el Formulario 22 de los años 2015 y 2016. En el primero (con los ingresos de 2014), el parlamentario consigna haber recibido una dieta anual de $102.289.086 ($8.524.000 mensuales), además de $15.375.000, que según explicó a CIPER, provienen de retiros de la sociedad Cerro la Cruz (de la cual es socio con su esposa). Ese retiro elevó su base imponible a $117.988.317, por lo que ese año pagó $37.314.686 en impuestos. Al año siguiente (2015), junto con la dieta anual de $103.429.046, recibió  nuevamente $22.133.173 por retiros de la misma sociedad. El Formulario 22 del 2016 registra que Browne pagó ese año $39.084.108 en impuestos.

La diputada Karol Cariola transparento el Formulario 22 correspondiente a 2017 (ingresos de 2016). Allí solo se registran sus ingresos por dieta parlamentaria ($103.100.460 anuales) y un pago de impuestos por $24.242.993.

Los mismos datos de Karol Cariola contienen los formularios del SII que entregaron para ese año los diputados Daniel Núñez (pagó $25.290.409 en impuestos), Camila Vallejo (pagó $26.546.122 en impuestos) y los parlamentarios Boric y Jackson, cuyos ingresos y pagos de impuestos ya fueron desarrollados en una nota anterior.

CIPER contactó a varios otros parlamentario, elegidos al azar, para invitarlos a transparentar sus impuestos. El diputado socialista Osvaldo Andrade, por ejemplo, se comprometió a enviarnos su declaración (Formulario 22), pero hasta el cierre de esta nota no había enviado la información. Pablo Lorenzini, diputado democratacristiano, dijo a CIPER que solo enviaría su Formulario 22 cuando el 25% de la Cámara de Diputados lo hiciera. En tanto, Joaquín Lavín (UDI), explicó que solo transparentaría sus impuestos si había un acuerdo de su bancada.

Y si bien el diputado Daniel Farcas (PPD), inicialmente aseguró que haría públicas sus declaraciones tributarias, nunca envió los documentos pese a nuestra insistencia. En la última comunicación telefónica que tuvimos con el diputado, éste dijo que lo iba a consultar con su bancada.

-¿No cree que a sus electores les interesa conocer sus ingresos y su pago de impuestos?

-No lo creo.

Las zombis que usaron Penta, LAN y Falabella para tratar de eludir impuestos

Vea también: Las “empresas zombis” que compró Piñera para ahorrar millones en impuestos

El periodo entre 1986 y 2006 es recordado como el de mayor crecimiento económico en la historia reciente de Chile. Pero hay otro elemento igualmente marcador de esa época y que se conoce menos: el desarrollo de varias ofensivas tributarias que permitieron a las empresas más importantes pagar menos impuestos de los que correspondían a sus utilidades.

Un ejemplo de esas estrategias es el Fondo de Utilidades Tributables, el famoso FUT. Originado en los ‘80, tras la crisis económica, el FUT buscaba incentivar que los dueños de las empresas no se gastaran sus utilidades y las reinvirtieran. Así, las utilidades que permanecían en las firmas no pagaban impuestos. La abundante evidencia de que la inversión -especialmente en capital fijo- iba de la mano con altas tasas de crecimiento económico, permitía argumentar que el FUT buscaba beneficiar a toda la comunidad.

Sin embargo, las investigaciones de Michel Jorratt, de los economistas Ramón López y Eugenio Figueroa, y Tasha Fairfield, mostraron que parte importante de los recursos acumulados en el FUT no terminaron reinvertidos ni ahorrados.

Fairfield dijo a CIPER: “En Chile, los dueños del capital encontraron muchas maneras de gastar sus utilidades sin retirar formalmente las ganancias, es decir, sin pagar el correspondiente impuesto”.

Sebastián Piñera
Sebastián Piñera

Esta serie de reportajes se centra en otra estrategia que dominó entre 1990 y 2004: revivir sociedades de los grupos liderados por Manuel Cruzat y Javier Vial y quehabían quebrado o habían sido sometidas a convenios preventivos en la crisis del ’80. Estas firmas –que hoy se conocen como zombis o cascarones– permanecieron sin actividad, algunas de ellas hasta por dos décadas, hasta que avezados tributaristas las sacaron de sus tumbas para un fin específico: absorber las utilidades de prósperas empresas y de esa manera reducir drásticamente su pago de impuestos.

Tal como ocurrió con el mal uso del FUT, en la estrategia de las zombis también se abusa de una política tributaria pensada para promover el bien común y que sigue vigente: que las empresas que pasan por periodos malos puedan guardar sus pérdidas en una suerte de cuenta de ahorro y usarlas para pagar menos impuestos cuando les vuelva a ir bien. Este trato preferencial (los asalariados no lo tienen) se debe a que, para el sistema, las empresas son actores clave del desarrollo y se espera que la compensación de pérdidas con utilidades facilite su crecimiento.

La astuta jugada que idearon esos avezados tributaristas fue que el Fisco diera el mismo apoyo a empresas prósperas que hacían desaparecer sus utilidades comprando cascarones: firmas que eran solo un rótulo y un libro contable con pérdidas tributarias.

Esa lógica fue la que usó el ex presidente Sebastián Piñera con al menos una de las zombis que compró a comienzos de los ‘90 (Compañía de Desarrollo Industrial) y que le sirvió para crear Inversiones Bancard Ltda. Como se expuso en la primera parte de esta serie, esa zombi cargaba con una pérdida tributaria de $44 mil millones, monto que consumió los $39 mil millones en utilidades que Inversiones Bancard generó entre 1997 y 2004. Ese mero ejercicio contable le permitió eludir el pago de $2.862 millones (ver recuadro “Los $2.862 millones en impuestos que Piñera no pagó”).

-No quiero entrar en detalles, porque no tengo el tiempo, pero uno, cuando crea empresas, busca las maneras de crear oportunidades. De crear oportunidades para todos los chilenos -dijo Piñera en una de las pocas oportunidades en que ha accedido en estos días referirse al tema.

Antes de ahondar en las otras empresas que usaron zombis, es necesario subrayar que esta investigación solo echa un poco de luz en la gran historia no contada sobre las estrategias tributarias usadas en las últimas décadas.

Jeffrey Winters
Jeffrey Winters

Esa historia es relevante, porque distintas investigaciones académicas internacionales indican que los diseños tributarios agresivos no se entienden en sus causas y consecuencias si se los ve como casos aislados. Por el contrario, son el producto de una industria que intenta a través de distintos mecanismos que los más ricos paguen menos impuestos.

“La industria de la defensa de la riqueza”, la llama el politólogo Jeffrey Winters, PhD en Yale, “professor” de la Universidad Northwestern y autor del libro Oligarquia (Cambridge University Press, 2011, ver entrevista en CIPER). Y la define como “un ejército de profesionales altamente preparados y bien remunerados” que se desempeñan, fundamentalmente, en bufetes tributarios y diseñan complejas redes legales para que los más ricos puedan ocultar sus ingresos y bienes de la lupa de la autoridad.

Para Winters, los niveles inéditos de concentración de riqueza y de desigualdad en el mundo (en los que Chile destaca) son una demostración del éxito de esta industria.

Algunos nombres y estrategias de la versión chilena de esa industria están retratados en estas páginas.

VANGUARDIA

Los antecedentes reunidos por CIPER sugieren que entre los dueños de grandes empresas que usaron zombis y que el Servicio de Impuestos Internos (SII) califica de “Grandes Contribuyentes”, Piñera fue un pionero. Y dado que madrugó, ganó. Uno de los factores es porque accedió a las zombis de Manuel Cruzat de mejor calidad o “más frescas”, como dijo su abogado Fernando Barros a CIPER, pues tenían su contabilidad ordenada.

A medida que el éxito de Piñera y de otros pioneros se difundió en el mercado y la oferta de cascarones de Cruzat se agotó (en 1996 se transaron los últimos de los 200 cascarones que dejó el grupo), los tributaristas recurrieron a otro tipo de zombis: las de Javier Vial (Grupo BHC), cuyas sociedades no tenían nada, ni siquiera el cálculo de la pérdida.

Para que estas firmas pudieran ser usadas como cascarones ante el SII, abogados y tributaristas debieron reconstruir 15 ó 20 años de registros contables. De las casi 150 sociedades que tenía el Grupo BHC, solo se pudieron poner a la venta cerca de 30: las que tenían su proceso de quiebra finiquitado.

El “ataque zombi” causó tal impacto en la recaudación tributaria, que las alarmas se encendieron y en agosto de 2000 el Ejecutivo envió al Congreso una reforma que buscó ponerle coto a esa práctica: el proyecto “Normas para Combatir la Evasión Tributaria”.

Viendo que el beneficio de los cascarones se cerraba, grandes empresas se apuraron a comprar zombis durante los meses que antecedieron a la promulgación de la Ley Nº 19.738 (junio de 2001). Varias de las operaciones que se describen a continuación forman parte de esta carrera.

Si todas las empresas que compraron zombis en este último tramo (a partir de 2000) hubieran logrado hacer uso de sus pérdidas para rebajar sus impuestos, el Fisco habría dejado de recibir $1 billón 36 mil millones. Esa fue la cifra que estableció el SII en 2007, en un estudio sobre el impacto tributario de las zombis a partir de la fiscalización que comenzó en 2004.

Ese año, la autoridad tributaria cuestionó a 60 grandes empresas cuyas utilidades habían desaparecido a través del uso de las pérdidas de las zombis que compraron. Como se verá, los que hicieron uso de esas malas prácticas después del año 2000 no tuvieron la misma suerte que Piñera.

ZOMBI FISCAL

En esa última ola de zombis hubo situaciones extremas. Un ejemplo: Textiles Arltex S.A., una firma que no pertenecía a los mencionados grupos quebrados en los ’80, sino que fue creada en noviembre de 1988 por los abogados Fernando Barros Tocornal (el jurista tributario de cabecera de Piñera) y Eugenio Zegers Riesco.

Fernando Barros
Fernando Barros

Tres meses después de ser creada, en febrero del ’89, la empresa consiguió un préstamo de CORFO de US$12 millones, los cuales debía devolver en 12 cuotas semestrales, a partir de 1991.

Como los dueños de Textiles Arltex S.A. no pagaron el préstamo, en 1993 la CORFO pidió su quiebra: reclamó una deuda de US$18 millones, unos $7.748 millones (dólar a $430, valor de enero de 1994). La empresa fundada por Barros y Zegers fue intervenida, hasta que a mediados de 1995 la junta de acreedores negoció un monto de pago: UF30.943, ($364,9 millones, UF a $11.795, valor de mayo 1995). Es decir, un pago 21 veces menor a lo que la CORFO esperaba recuperar.

Entrevistado por CIPER, Fernando Barros dijo que, si bien en el documento de constitución él aparece como socio de la empresa, lo cierto es que él nunca fue dueño de ella, sino que la constituyó en su rol de abogado para clientes extranjeros. La identidad de éstos no la recordó.

“No sabía lo de la quiebra”, precisó Barros a CIPER. Y acotó que tampoco tuvo ninguna relación con la venta de la textil, cuando ya transformada en cascarón, fue comprada por familias controladoras de Falabella.

En efecto, una vez que el proceso de quiebra de Textiles Arltex estuvo finiquitado, el cascarón quedó listo para su compra. Eso ocurrió en 2001, cuando pasó a ser controlada por Reinaldo Solari (y sus tres hijos); María Luisa Solari Falabella (y su hija Cecilia); y Juan Cuneo, entre otros inversionistas controladores del retail Falabella, ligados familiarmente.

El cascarón fue rebautizado y pasó a llamarse Inversiones Altex Ltda. (sin la “r” original). Su capital social ascendió a más de $3.300 millones.

Inversiones Altex Ltda. está en la lista de 60 empresas en las que el SII detectó la aparición de pérdidas tributarias inaceptables. CIPER no pudo obtener información de si sus nuevos dueños lograron rebajar el impuesto de sus utilidades usando las pérdidas de la zombi Arltex S.A. Tampoco, cuál fue el monto de pérdidas que declararon y que el SII les cuestionó.

Para aclarar el punto, CIPER se contactó con el Grupo Megeve (family office de esta rama de los Solari Falabella). CIPER no obtuvo respuesta.

LOS PENTA

Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, controladores de Empresas Penta, forman parte del grupo de pioneros en el uso de zombis. Investigaciones como la de Carlos Tromben (Crónica Secreta de la Economía Chilena, Ediciones B, 2016), o el reportaje de Jorge Rojas sobre las estrategias tributarias de este grupo, muestran que desde comienzos de los ‘90 los dueños de Penta recurrieron constantemente a zombis y que esa estrategia fue clave para cimentar su poder económico.

penta-bancoRojas destaca la compra en 1990 de la zombi Inmobiliaria y Comercial San Jorge Ltda., sociedad que perteneció a Manuel Cruzat y que arrastraba una deuda tributaria de $17 mil millones desde su quiebra en 1983. Délano y Lavín la fusionaron con Administraciones e Inversiones Penta Ltda. Como resultado de esa operación, obtuvieron una devolución de impuestos de $2.800 millones, dinero que usaron para pagar parte de la compra del 50% de Isapre Vida Tres.

El segundo cascarón utilizado por los dueños de Penta, fue Empresa Pesquera Tarapacá: la compraron en1995 y aportó al grupo una pérdida tributaria de $15 mil millones, según el informe de Deloitte & Touche. La pesquera absorbió varias sociedades del grupo y pasó a llamarse Empresas Penta S.A.

Las pérdidas de estos dos cascarones pudieron ser usadas por los dueños de Penta para rebajar impuestos, porque el SII no cuestionó esas operaciones. Hecho que sí ocurrió con el tercer cascarón adquirido por Lavín y Délano: Sociedad de Inversiones Rio Teno Ltda., creada en 1979 y que acumulaba una pérdida de arrastre de $54 mil millones.

La escritura del 11 de diciembre de 2000 (Notaría de Patricio Rabi), registra que la zombi Rio Teno absorbió a la ya citada matriz del holding de Délano y Lavín, heredando su nombre. Surgió así una nueva Empresas Penta S.A. que recibió un capital social de más de $25 mil millones ($25.547.940.482).

En virtud de las millonarias pérdidas que arrastraba, la nueva Penta intentó que le fueran devueltos $4.100 millones en impuestos pagados en los años anteriores. Pero esta vez el SII no dejó pasar la operación. De los $54 mil millones de pérdidas que acumulaba la zombi, el SII apenas reconoció como válidas $3 mil millones; y en vez de devolverles dinero, les exigió el pago de casi $6 mil millones en impuestos adeudados.

Es importante recordar que Délano y Lavín compraron esta zombi cuatro meses después de que el gobierno de Ricardo Lagos ingresara al Congreso el proyecto “Normas para Combatir la Evasión Tributaria”. En ese nuevo contexto político, lo que hasta ese momento había sido aceptado sin reparos, no prosperó.

Fuentes del Grupo Cruzat aseguraron a CIPER que así como Fernando Barros fue el gestor de varias compras de zombis para Sebastián Piñera, en Empresas Penta ese rol lo jugó el abogado Alfredo Alcaíno. CIPER lo contactó para conocer los argumentos legales que sustentaban esas operaciones, pero Alcaíno declino referirse al tema. Empresas Penta S.A., envió un comunicado reconociendo la compra de Inversiones Teno y la disputa que hubo con el SII por las “pérdidas” (ver aquí declaración).

LOS CUETO

La familia Cueto Plaza, controladores de LATAM y partners de Piñera, también recurrieron a los cascarones de empresas quebradas. En la primera parte de esta serie se mencionaron dos sociedades que los Cueto compraron junto al ex presidente: Administración e Inversiones El Bosque Ltda. (que pasó a llamarse Inversiones Bancard S.A.) y Los Lirios S.A. (que terminó bautizada como Inversiones y Servicios Los Andes Ltda.).

lanNo fueron las únicas zombis que compraron. En los ’90, los Cueto recurrieron a otros dos cascarones con cuantiosas pérdidas de arrastre. La investigación de CIPER logró determinar que en uno de ellos exigieron al SII la devolución de impuestos pagados.

El primer cascarón fue Inversiones Las Antillas Ltda., empresa del Grupo Cruzat sometida a un convenio preventivo desde 1984. En 1993 fue comprada por los Cueto en $177,3 millones ($177.338.031) a través de la Sociedad Agrícola Quirihue. Casi inmediatamente entró a la propiedad de este cascarón Sebastián Piñera. Primero, a través de Inversiones y Asesorías Santa Magdalena S.A.; y luego, a través de Inversiones Bancard Ltda.

Con el ingreso de Piñera, su capital social aumentó de cero a $1.600 millones y el cascarón fue rebautizado como Inversiones Polcura Ltda.

Cuatro años después (1997), Piñera retiró a Inversiones Bancard y Polcura Ltda. pasó a ser controlada por vehículos de inversión de la familia Cueto: Inversiones El Fano, Inversiones La Espasa, Inversiones Priesca, entre otras.

Bajo el control de los Cueto, Polcura fue rebautizada como Inversora Costa Verde Ltda. El Diario Oficial registra que sus administradores eran los hermanos Enrique, María Esperanza, Luis Felipe y Juan José Cueto Plaza.Junto a otras sociedades de los Cueto (que juegan con variaciones del mismo nombre: Inversiones Costa Verde S.A. e Inversiones Costa Verde Ltda.), esta inversora les servía a fines de los ‘90 para administrar su patrimonio controlador de LAN Chile, donde Piñera participaba a través de una empresa también construida a partir de una zombi: Inversiones Bancard Ltda.

Los datos tributarios obtenidos por CIPER indican que Inversora Costa Verde Ltda. declaró tener una deuda de arrastre de mil millones de pesos ($1.078.727.541), monto que el SII rechazó casi en su totalidad. Aunque no hay registro de que hayan solicitado devolución de impuestos pagados en años anteriores, la fiscalización de 2004 hizo que el SII les exigiera el pago de $120,9 millones ($120.931.967) en impuestos adeudados.

La indagación de CIPER encontró otra sociedad de los Cueto construida sobre un cascarón: Inmobiliaria e Inversiones Costa Verde S.A., creada a partir de Inversiones San Esteban S.A., empresa que se inició en 1981. Bajo el control de los Cueto, esta inmobiliaria declaró una pérdida de arrastre de casi $400 mil millones ($392.861.325.613). Aunque el SII rechazó buena parte de esas pérdidas (más de $300 mil millones), determinó que había $50 mil millones de pérdidas correctas (es decir, reales).

Desde el 9 de marzo CIPER solicitó en tres oportunidades una entrevista con algún representante de la familia Cueto para abordar el uso de estos cascarones. No recibimos respuesta.

CASCARONES EN EL RETAIL

Javier Vial Castillo, proveyó de zombis a varios empresarios del retail: a los controladores de Falabella (a quienes vendió Inversiones Hualañé S.A., Inversiones San Patricio S.A. e Inversiones Quitalmahue S.A.); a los de Ripley (Inversiones del Centro Ltda.) y a los de Johnson´s (Inversiones San Bartolomé). A diferencia de los cascarones de Manuel Cruzat que –como se vio en el reportaje anterior- eran vendidos por la Comisión Progresa (liderada por los bancos acreedores de Cruzat), las sociedades del Grupo BHC fueron resucitadas y colocadas en el mercado por el mismo Vial, junto a los abogados Aníbal Correa Barros y Alberto Coddou Claramount. Así lo reveló la investigación de Jorge Rojas, hecho que pudo confirmar CIPER accediendo a un informe del Departamento de Delitos Tributarios del SII.

El trabajo de reconstrucción de las contabilidades -declaró Coddou ante el SII- “estuvo a cargo de las principales firmas auditoras del país: Price Waterhouse Coopers, Deloitte y Arthur Andersen.

falabellaCarlos Jiménez Olea, representante legal de Sociedad Agrícola y Comercial O´Brien, una de las más importantes del Grupo BHC, describió así ante el SII la operación: Vial trató que la venta de sus zombis se realizara desde la sociedad Inversiones Barnechea S.A. que tenía una gran pérdida de arrastre, para evitar el pago de impuestos. Dado que la demanda de zombis fue tan explosiva, explicó Jiménez, no lograron realizar todos los trámites para revivir a Barnechea y Vial tuvo que comenzar a vender sociedades de la citada O´Brien S.A. Como ésta tenía una pequeña pérdida de arrastre, Vial declaró y pagó los tributos correspondientes por la venta de la mitad de las zombis que se lograron revivir.

Según el SII, cuando Inversiones Barnechea estuvo en condiciones de operar, Vial decidió aprovechar algo de la pérdida, haciéndola partícipe del 30% de las utilidades de la venta del resto de las sociedades.

Las ventas que Vial efectuó no rindieron los frutos esperados por los compradores. La investigación del SII de 2004 redujo todos los enormes montos que esos cascarones traían y cuestionó el fondo de esas declaraciones de pérdidas.

Eso fue lo que le ocurrió al Grupo Corso, que maneja los negocios de la familia Cortés Solari y que usó la zombi Sociedad de Inversiones Quitalmahue S.A. para tratar de pagar menos impuestos.

Quitalmahue fue fundada en 1982 por sociedades del Grupo BHC, quebró al año siguiente y sus pérdidas estaban constituidas esencialmente por préstamos no pagados al Banco Concepción y una deuda con Inversiones San Patricio S.A.

Desde 1986, Quitalmahue pasó 15 años sin ninguna actividad hasta que Vial ordenó reconstruir su contabilidad y calcular las pérdidas. En abril de 2001, se presentaron ante el SII todas sus declaraciones de impuesto a la renta entre 1987 y 2001. La pérdida de arrastre que arrojó fue de $26.910 millones ($26.910.731.973).

En ese momento (2001), con la amenaza de una ley anti evasión a punto de salir del horno, el cascarón fue comprado por Teresa Solari Falabella (una de las tres hermanas dueñas del retail), Juan Carlos Cortés Solari y María Francisca Cortés Solari. El precio: $1.044 millones. Seis meses después de haber vuelto del cementerio (7 de junio de 2001), Quitalmahue realizó la tarea para la cual fue comprada: absorber a una joya de la familia Cortés Solari: Mocito Guapo, que entonces tenía el 1,87% de Falabella (sus activos totales eran $15.293.950.750 y su pasivos $6.441.950.750).

Como resultado de la fusión, el capital social de Quitalmahue subió a $4.701 millones. Acto seguido fue rebautizada como Sociedad de Inversiones QS S.A.

Tras la fusión, los Cortés Solari pidieron para Inversiones QS S.A. una devolución de impuestos ya pagados en 2002 por $1.400 millones ($1.428.685.594). Fuentes del SII aseguraron a CIPER que ese organismo rechazó el 80% de las pérdidas declaradas, y les aceptó el otro 20% debido a que Mocito Guapo tenía pasivos reales. Finalmente, les devolvieron $754 millones por impuestos pagados con anterioridad.

Un dato anexo resulta interesante para entender el mercado que se hacía con las sociedades zombis. Tan consciente estaba la familia Cortés Solari de que actuaban en el borde de la ley, que del precio original pactado con Javier Vial por la compra de la zombi Quitalmahue ($1.044 millones), solo le pagaron $280 millones. Como el resto quedó condicionado a la aprobación del SII de la contabilidad de la zombi, cuando el SII les cayó encima, no pagaron la diferencia.

CMR-FalabellaCuando Juan Carlos Cortés declaró ante el SII, explicó que antes de comprar el cascarónrecurrimos a varios asesores”. Entre ellos, mencionó a Francisco Scolari (socio de Corral Scolari Auditores en el momento de la asesoría y socio de KPMG auditores consultores hasta 2013); Alberto Morgan Lavín (abogado de Molina Ecclefield Lagos y Cía, y director del Grupo Bethia) y Bernardo Fontaine Talavera, quien destacó en 2014 por su dura oposición a la reforma tributaria que terminaba con el FUT (ver Los forados a favor de la elusión que dejó el acuerdo tributario de Arenas con la derecha).

“Por sugerencia de nuestros asesores -declaró Cortés- se tomó la decisión de comprar Quitalmahue como una oportunidad para aprovechar las pérdidas que tenía esta sociedad…”, según consigna la investigación de Jorge Rojas.

El segundo cascarón de Vial al que recurrió otra rama de los controladores de Falabella, fue Inversiones San Patricio S.A., empresa que quebró en 1985. Cuando fue revivida en 2000, tenía una pérdida de arrastre de $940.700 millones.

En 2002 sus controladoras eran María Luisa Solari Falabella (otra de las hermanas dueñas del retail) y su hija Cecilia Karlezi Solari. El SII cuestionó más del 90% del enorme monto de pérdidas declarado por esa sociedad. Sin embargo, consideró como válida una deuda de arrastre importante: $78 mil millones. Hasta 2006 le había devuelto a San Patricio S.A. impuestos pagados por $301 millones.

El tercer cascarón es la Compañía de Inversiones Hualañé S.A., cuya quiebra fue declarada en 1984 y permaneció sin actividad hasta que ésta fue sobreseída en 2000. En 2004, Hualañé era controlado en un 0,1% por Reinaldo Solari Magnasco (cabeza de Falabella junto a Juan Cuneo), y en un 99,9 % por sus hijos: Piero, Sandro y Carlo Solari Donaggio).

Los socios aumentaron el capital de Hualañé a $1.400 millones y la rebautizaron como Inversiones Lucca Ltda. En 2005 Lucca absorbió otras dos sociedades de esta rama de la familia (Inversiones Barolo Limitada y Compañía y Asesorías Dolci Limitada), con lo que aumentó su capital a $9.612 millones ($9.612.360.074).

Tanto Hualañé S.A. como Arltex S.A. (cuya historia se cuenta al inicio) figuran en la lista de 60 empresas en las que el SII detectó pérdidas tributarias inaceptables. Sin embargo, CIPER no pudo obtener información de cuánto de estas pérdidas se usaron para reducir utilidades, ni si el SII las obligó a corregir sus declaraciones tributarias.

CIPER intentó contactar a los ejecutivos del Grupo Corso (que administra los intereses de la familia Cortés Solari) y del Grupo Auguri (Karlezi Solari), para entregar su versión sobre el uso de empresas zombis. No recibimos respuesta.

LOS $2.862 MILLONES EN IMPUESTOS QUE PIÑERA NO PAGÓ

El origen de Inversiones Bancard Ltda., la empresa que le permitió a Sebastián Piñera eludir una considerable cantidad de impuestos en los ‘90, es una automotora creada por Cruzat a fines de los ‘70, que luego transformó en una financiera: primero la llamó Divel y luego Compañía de Desarrollo Industrial. Cuando Piñera la compró en 1994 en $817 millones, esa firma no era nada más que su pérdida: $44 mil millones.

Ahí se inició la operación: la rebautizó como Inversiones Bancard Ltda., introdujo dentro de ella otras sociedades y a partir de 1997 comenzó a usar las pérdidas “neteando” sus utilidades. Vea aquí la tabla hecha por CIPER con los impuestos que debió haber pagado Inversiones Bancard Ltda. a partir de 1998, según el cálculo del SII que investigó a las empresas zombis en 2004.

impuestos que bancard debió haber pagado

Fuentes de la autoridad tributaria dijeron a CIPER que, cuando en 2004 revisaron las declaraciones de Inversiones Bancard Ltda. –como las de otras 59 empresas que registraban sorpresivos e importantes montos de pérdidas- constataron que los $44 mil millones de “pérdidas” que declaró la empresa de Piñera provenían del cascarón que le compró a Cruzat. Como esa “pérdida” no era real, sino que se originaba en un artilugio contable, en 2004 el SII borró gran parte de ella ($30 mil millones) y recalculó hacia atrás lo que Piñera debió haber pagado en impuestos entre 1998 y 2001: $563 millones (1998); $365 millones (1999); $1.700 millones (2000) y $200 millones en 2001.

Todo ello totaliza $2.862 millones en impuestos que Piñera no pagó, porque cuando el SII investigó (2004), esos años ya estaban prescritos.

Para entender cómo se genera este monto, hay que partir mirando la línea del cuadro “Base imponible declarada”, que es la historia que le cuenta Inversiones Bancard Ltda. al SII. En el ‘97 la sociedad declaró una pérdida tributaria de $44 mil millones (monto con el que adquirió el cascarón de Cruzat). La línea indica cómo año tras año esa pérdida se va reduciendo como resultado de una simple operación contable, al restarle las utilidades que obtiene Inversiones Bancard Ltda. Como las “pérdidas” son siempre mayores que las utilidades ($39 mil millones entre 1997 y 2004), Inversiones Bancard no pagó impuestos.

La segunda línea -“Base imponible corregida por el SII”– es la historia que el SII estima correcta. Como se ve, el SII determinó que, de los $44 mil millones que Inversiones Bancard Ltda. declaró en 1997 como pérdidas, solo $15 mil millones eran aceptables. Como ese monto no hizo desaparecer los $39 mil millones de utilidades que en ese mismo periodo obtuvo, el SII calculó que la empresa de Piñera no pagó $2.862 millones en impuestos.

La tabla y el cálculo de poco sirvieron. Porque en 2004 los impuestos no pagados entre 1998 y 2001 ya estaban prescritos. Por lo cual, el SII solo pudo exigir que Piñera rectificara sus impuestos entre 2002 y 2004. Así, el ex presidente pagó $100 millones (por impuestos de primera categoría) más otros $150 millones por concepto de global complementario.

Diputados Boric y Jackson entregan declaración de impuestos en respuesta a campaña mundial

Esta semana los 120 diputados y 38 senadores de Chile recibieron en sus correos electrónicos oficiales un email recordándoles la petición hecha hace casi 15 días: transparentar sus declaraciones tributarias. La solicitud la hizo Finance Uncovered, una organización sin fines de lucro que reúne a periodistas de investigación en el área financiera de todo el mundo. Fue en febrero pasado -y desde Londres- que esa entidad, en la que participa CIPER, lanzó una campaña mundial cuyo objetivo es que en cada país los ciudadanos puedan saber cuáles son las fuentes de ingreso de aquellos políticos que fueron elegidos para legislar.

Así, en estos días, más de siete mil parlamentarios de 20 países (incluyendo Chile) recibieron un correo electrónico que dice:

FINANCE UNCOVERED“De ningún modo lo estamos acusando de cometer una irregularidad o delito. Pero como parlamentario en funciones estaríamos agradecidos si pudiera respondernos una serie de sencillas preguntas que ayudarán en esta búsqueda internacional para lograr más transparencia.

  • ¿Apoya las iniciativas para que las declaraciones juradas de impuestos y activos financieros de los legisladores electos estén disponibles de manera regular para la supervisión del público?
  • ¿Qué dudas y cuestionamientos podría tener frente a este tipo de propuestas?
  • ¿Alguna vez presentó una declaración jurada ante el Servicio de Impuestos Internos de su país?
  • ¿Podría facilitarnos una copia de su última declaración jurada de impuestos?
  • Por favor, indique el monto preciso de los impuestos que pagó durante el último año fiscal completo.
  • Si decide no compartir con nosotros una copia de su última declaración jurada ni indicar cuánto pagó en impuestos, ¿podría exponer sus razones?”.

La información proporcionada por Finance Uncovered indica que, a 15 días de la primera solicitud, decenas de políticos del mundo ya han respondido al llamado. Tan importante como esa primera respuesta es el debate que se ha generado en distintos países sobre la necesidad de que los representantes elegidos por los ciudadanos transparenten el origen de sus ingresos.

Por ejemplo, en Hungría, una fracción de los socialistas propuso una iniciativa para que sea una exigencia legal que los parlamentarios hagan pública su declaración de impuestos.

En el grupo de parlamentarios que respondió al llamado de Finance Uncovered figuran dos chilenos: Gabriel Boric (Movimiento Autonomista), diputado por Magallanes, y Giorgio Jackson (Revolución Democrática), diputado por Santiago Centro. Ambos enviaron las declaraciones presentadas ante el Servicio de Impuestos Internos (SII, Formulario 22), correspondientes a sus años en el parlamento: 2014 y 2015 (hay que recordar que las declaraciones tributarias se refieren a los ingresos percibidos el año anterior, por lo que la correspondiente a 2016 se entrega en abril de 2017).

Estas declaraciones -y las otras que se sumen en los próximos días- estarán disponibles en la página web de Finance Uncovered a comienzos de abril, cuando se den a conocer los nombres de los parlamentarios que han revelado sus impuestos y quiénes no.  A partir de ese momento se habilitará un sistema de mensajería para que los ciudadanos puedan escribir a los parlamentarios de sus circunscripciones, pidiéndoles que transparenten sus ingresos.

Nick Mathiason, co-director de Finance Uncovered, dijo en el lanzamiento de la campaña: “Hay un claro y substancial interés público en que los representantes electos transparenten completamente sus fuentes de ingreso y sus declaraciones tributarias. Los representantes electos son pagados por los contribuyentes para tomar decisiones sobre los impuestos y sobre cómo nuestro dinero se gasta en beneficio de todos”.

Respecto de la acogida mundial registrada hasta ahora, Mathiason precisó: “Hemos recibidos respuestas de legisladores de muchos países, incluyendo Bosnia, Sudáfrica y el Reino Unido. En Hungría, los reportes de prensa indican que el Partido Socialista está considerando presentar una ley para forzar la transparencia tributaria entre los parlamentarios”.

LO QUE DECLARARON BORIC Y JACKSON

En su declaración correspondiente a los ingresos recibidos en 2014, el diputado Giorgio Jackson registró un total de $82.079.363 y un pago de impuestos (global complementario) por $17.157.206. Además, incluyó honorarios por $560.133, por los  derechos de autor del libro El país que soñamos (Debate, 2013). El formulario de Jackson también registra una devolución de impuestos por $2.982.398.

Giorgio Jackson  180.JPGEsta devolución del SII se explica porque la Cámara de Diputados, al efectuar el pago mensual de su dieta, le retuvo un monto de impuestos como si Jackson hubiera recibido ingresos el año corrido (12 meses), y no solo diez, como ocurrió, ya que solo en marzo de ese año el diputado inició su periodo parlamentario.

En 2015, en tanto, el parlamentario tuvo ingresos por $107.810.119 y pagó $26.578.809 en impuestos. Aparte de su dieta como diputado, Jackson volvió a recibir derechos de autor del mismo libro, esta vez por $230.755, y recibió una devolución de $278.

Gabriel Boric solo registró como ingresos su dieta parlamentaria. En 2014 recibió $82.120.918 y pagó $16.949.775 en impuestos, recibiendo una devolución de $3.132.511 (la explicación de esa devolución es la misma que la del diputado Jackson). En 2015 su dieta fue de $107.579.364, su pago de impuestos alcanzó a $26.486.507 mientras que el SII le devolvió $59.000.

En los últimos 13 años las remuneraciones de los parlamentarios chilenos han aumentado un 245%, según informó El Mostrador en 2014. Los datos transparentados por ambos parlamentarios muestran que su ingreso mensual asciende a $8,9 millones (cifra que no contempla las asesorías parlamentarias que les corresponden, que suman $25 millones anuales por cada diputado).

Ambos congresistas han impulsado una campaña para que las remuneraciones de los parlamentarios no excedan en 20 veces el ingreso mínimo mensual ($264.000). Hasta ahora no han tenido éxito.

En virtud de la elevada remuneración que reciben y que los ubica entre los mejor pagados de los países de la OCDE, Boric afirmó a CIPER que se debe insistir en que “el diputado o senador debe cumplir con el deber legal -y también ético- de tener una dedicación exclusiva a la labor parlamentaria. Tenemos un sueldo ridículamente alto para que eso sea así”.

Boric explicó también que decidió acceder a la petición formulada por Finance Uncovered y hacer públicas sus declaraciones de impuestos, porque cree necesario que las personas conozcan en plenitud a sus representantes en el Congreso:

-Lo que ha quedado claro en el último tiempo, a través de los casos como Soquimich o Corpesca, es que muchas veces ha habido intereses ajenos a los canales democráticos influyendo de manera desproporcionada y poco ética en espacios de deliberación que deben ser transparentes.

Para el diputado Boric, los impuestos tienen un carácter central en la democracia y ello hace importante que los legisladores muestren su comportamiento tributario: si pagan todo lo que debieran o eluden a través de distintas tretas:

gabriel boric-Los impuestos te hacen ser parte de una comunidad, porque son un mecanismo de distribución de ingresos. Por eso, cuando un parlamentario usa prácticas destinadas a pagar menos impuestos, lo que hace es negar su colectividad. Un ejemplo de eso, es el ex presidente Piñera, quien compró empresas vacías para poder pagar menos impuestos. Aunque eso se mantenga dentro de la legalidad, es contradictorio con el espíritu de la ley que busca el bien de la comunidad –afirmó Boric a CIPER.

Giorgio Jackson dijo que decidió participar de esta iniciativa, porque “el dinero es poder y la utopía democrática que tratamos de alcanzar requiere desnudar los espacios de poder. Ello implica mostrar los flujos de dinero que cada uno de nosotros recibe”. Y explicó que hoy más que nunca es “importante que no dejemos espacio a dudas y a dobles militancias, como estar en la política y también en los negocios”.

Jackson ve la iniciativa de Finance Uncovered como una idea saludable para la democracia: “Es necesario comenzar a reconstruir relaciones de confianza entre la política y los ciudadanos, confianza que se ha roto, porque en los últimos años hemos descubierto relaciones contractuales entre legisladores y poderes económicos”.

-Me preocupa también que entre los parlamentarios se haya difundido la práctica de la planificación tributaria. Sería importante saber hasta qué punto ello se ha extendido, porque los legisladores influyen en cómo se recaudan los impuestos y en cómo se considera la elusión –agregó Jackson.

El diputado Jackson insiste en este último punto ya que tiene nítido el recuerdo de lo que le ocurrió cuando se inició como diputado en marzo de 2014: le ofrecieron reducir su carga tributaria a través de distintos diseños.

-Hay personas que están todos los días en el Congreso tratando de convencerte de adoptar esas estructuras para pagar menos impuestos. Estamos  hablando de estrategias que generan rebajas considerables, como por ejemplo, formando sociedades familiares que permiten bajar el impuesto global complementario –relató el diputado por Santiago Centro.

Para Jackson, si un parlamentario adopta esa forma de tributar es complejo, porque está asumiendo que eludir los impuestos es algo positivo: “Creo que hay muchas personas que aceptan malas prácticas solo por el hecho de que no son ilegales. Para recuperar la credibilidad de los ciudadanos hay que moverse hacia una zona en que a la política se le exija más que la legalidad: que sea ética”.