El cartel del azúcar de Guatemala

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El 18 de julio de 2012, un abogado en Panamá y una asistente en ciudad de Guatemala acordaron la creación de tres sociedades opacas para uno de los emporios azucareros del país.

Fernando Díaz, de la firma panameña Mossack Fonseca, escribió a Mercedes Irving-Bell, asistente de María Eugenia Campollo, empresaria guatemalteca dueña de la planta de producción de azúcar, el ingenio Madre Tierra, para cerrar el trato: “Según lo conversado, estaríamos incorporando las compañías Roydon Trading Company, Wellon Sugar Commercial, American Trade Incorporated. Nos confirma y procedemos acordemente”, escribió Díaz. Al día siguiente, Irving-Bell dio la autorización: “Gracias Fernando, me parecen bien los nombres.

Esa semana, Mossack Fonseca inscribió cada empresa en un paraíso fiscal distinto. Roydon Trading Company, en Panamá; Wellon Sugar Commercial, en Islas Vírgenes Británicas; American Trade Incorporated, en Bahamas. La actividad de Wellon Sugar Commercial “es el comercio del azúcar”, escribió otra ejecutiva de la empresa en otro correo.

Como ocurriría con las 214,000 sociedades creadas en paraísos fiscales con la ayuda de Mossack Fonseca, investigada internacionalmente por sus actividades, las empresas vinculadas al Grupo Campollo serían dirigidas por directores de fachada, de nacionalidad panameña. Ellos representarían los intereses de los hermanos Campollo: María Eugenia, Ramón, Ricardo y Rosa María.

Entre 2007 y 2015, el Grupo Campollo, dueño del ingenio Madre Tierra, creó 121 empresas offshore con un capital autorizado total de 282 millones de dólares. 47 sociedades están vinculadas al comercio del azúcar, con un capital que suma 113 millones. Madre Tierra está detrás del 7.2% del total de caña molida producida en Guatemala desde 1983. Es el séptimo productor, de los 12 que hay en Guatemala.

Foto: Víctor Peña
Foto: Víctor Peña

La creación de offshores en paraísos fiscales es legal aunque detrás de la práctica las autoridades sospechan que se busca evadir al fisco de los países en donde se concentra la actividad empresarial de los dueños de las compañías. En el caso del azúcar, que el negocio salga de las fronteras guatemaltecas contradice la identidad que la industria intenta proyectar cuando su logo y eslogan hablan del bienestar nacional. “Desarrollo para todos”, dicen los azucareros, que no tienen problemas en usar sociedades fuera de borda.

Además de las sociedades offshore de los Campollo, esta investigación encontró vínculos de otros 9 ingenios guatemaltecos con sociedades en paraísos fiscales. Los administradores, propietarios o empresas que participan como accionistas de los ingenios aparecen como directivos en empresas offshore. Esta actividad ha llamado la atención de las autoridades pero se declaran incapaces de fiscalizarla por estar fuera de las fronteras guatemaltecas.

Los azucareros son un grupo poderoso, tradicionalmente emparentado con el poder político, en un país con enormes problemas para recaudar impuestos de sus 2,100 mayores contribuyentes. Guatemala es el país con la menor recaudación fiscal de Latinoamérica. La autoridades reconocen que garantizar que “contribuyentes especiales” como la industria azucarera paguen lo que corresponde es, por ahora, imposible.

En Guatemala, hay expertos, exjefes de la Superintendencia de la Administración Tributaria (SAT), empresarios, empleados de ingenios y organismos internacionales como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), de la ONU, que sostienen que la industria azucarera es un cartel a toda regla que se aprovecha de la debilidad estatal, un “oligopolio colusorio” porque varias empresas se comportan como una para tener una posición ventajosa en el mercado.

Desde 1983, siete familias han estado detrás del 88% de la caña molida en Guatemala: Los Herrera (ingenios Pantaleón y Concepción), los Leal (Magdalena), los Botrán (Santa Ana), Los García (La Unión), Los Weissenberg Campollo (El Pilar), los Campollo (Madre Tierra), los González Bauer – Hertzsch (Palo Gordo). Todas estas familias están vinculadas con sociedades en Panamá.

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Que 10 de los 12 ingenios guatemaltecos estén relacionados directamente con empresas offshore casa a la perfección con el perfil de una industria que también ha financiado campañas de presidentes y diputados, que ha puesto funcionarios en puestos claves de gobierno, bloqueado leyes como la que regula el uso del agua, o promovido otras como una que reducirá el pago de impuestos sobre el azúcar que se exporta y otros productos agrícolas. Y el Estado responde siempre que se declara incapaz para fiscalizar la industria como debería.
Durante dos meses se buscaron entrevistas con las 12 empresas azucareras para que detallaran sus vínculos con el poder, sus conflictos laborales y medioambientales y el uso que dan sus administradores a empresas offshore. A excepción de Madre Tierra, el resto de ingenios guardó silencio.

La respuesta de Madre Tierra fue tajante: “No tenemos ningún interés en llevar a cabo dicha entrevista, debido a que la empresa es de carácter PRIVADO y como tal sus operaciones tanto comerciales y mercantiles son de su exclusiva CONFIDENCIALIDAD Y COMPETENCIA (sic)”, escribió en un correo electrónico el abogado de la empresa, Marvin Sandoval.

LAS OFFSHORE DE MONCHO, RICHARD, ROSITA Y MAGENA

Guatemala es el cuarto mayor exportador de azúcar del mundo, tras Brasil, Tailandia e India. En la costa sur de Guatemala, bordeando el Pacífico, se ubican las 268.000 hectáreas de caña de azúcar, según el censo agropecuario de 2014. Doce ingenios procesan toda la caña del país y la convierten en azúcar, melaza, etanol, ron o, incluso electricidad. Entre ellos, el ingenio Madre Tierra.

Guatemala: plantaciones de azúcar y los 12 ingenios

MT Holdings Capital INC, una sociedad en Islas Vírgenes Británicas, ejerce la propiedad sobre el ingenio en una red de empresas que se explica mejor si se tiene en mente a la matrioska, la muñeca rusa que en su interior guarda otra muñeca, que a su vez guarda otra muñeca… Madre Tierra es propiedad de Central Agro Industrial Guatemalteca S.A. (Caigsa). Esta, a su vez, es propiedad de dos empresas panameñas: Gran Flora Internacional S.A. y Perlino Internacional S.A. Y ambas son hijas de MT Holdings Capital INC.

Los hermanos Campollo son accionistas de esta holding, según los correos de Mossack Fonseca (ver documento). Un documento muestra que el 13 de febrero de 2009 la holding entregó 12.500 acciones a cada uno de los hermanos, a “Moncho”, “Richard”, “Rosita” y “Magena”, como les llama, según los correos, el abogado de la familia, José Buitrón. “Magena” es María Eugenia Campollo, aquella empresaria cuya asistente se comunicaba con el abogado de Mossack Fonseca para pactar el nacimiento de tres offshore.

MT Holdings Capital INC es la segunda offshore más grande de los Campollo. Tiene un capital autorizado de 55 millones de dólares, según los Panamá Papers, una serie de documentos del bufete panameño Mossack Fonseca filtrados al diario alemán Süddeutsche Zeitung y analizados por más de 100 medios informativos de todo el mundo, entre ellos El Faro, como parte de una investigación de casi un año coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

Las fundaciones en Panamá, un paraíso fiscal, no tienen un dueño y pueden ser propietarias de cualquier activo y encubren mucho más a sus beneficiarios finales. Por ejemplo, el reglamento de la Fundación Niño Jesús, creada en 2008, tiene como beneficiaria de todos sus activos a María Eugenia Campollo y como sustitutos a sus hijos (ver documento).

Otro uso que los Campollo dan a sus offshore es la suscripción de préstamos. Gala Assets Corporation, sociedad panameña propiedad de los Campollo dedicada a la generación de energía y a negocios de azúcar, estaba tramitando un préstamo con el banco guatemalteco GyT Continental por 75 millones de dólares a principios de 2015. Un correo del 5 de febrero de 2015, muestra que la empresa del ingenio Madre Tierra, Central Agro Industrial Guatemalteca y sus dueñas offshore iban a garantizar el 73% del préstamo con su propio capital.

AZÚCAR MARCA OFFSHORE

Así como los Campollo y su telaraña de 121 sociedades en paraísos fiscales, representantes o administradores de otros 9 ingenios guatemaltecos aparecen vinculados a 31 empresas domiciliadas en Panamá, según lograron documentar eldiario.es y El Faro.

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De todas las refinerías de azúcar en Guatemala, las únicas de las que esta investigación no ha encontrado vínculos con paraísos fiscales son los pequeños ingenios de La Sonrisa y Santa Teresa, que desde 1983 sólo han aportado el 0.5% de la molienda de caña, unas 2.2 millones toneladas.

Al otro lado del espectro, dos corporaciones (grupo Pantaleón-Concepción e Ingenio Magdalena) que han controlado alrededor del 47% de la producción de caña en Guatemala en los últimos cinco años son las que tienen más vínculos con paraísos fiscales, según se descubrió. El grupo Pantaleón es un gigante construido hace 147 años y que en 1980 compró al ingenio Concepción; y Magdalena, antes de dedicarse al azúcar en 1983, producía mieles para ron. Los nombres de las offshore relacionadas son similares al de las sociedades en Guatemala: Ingenio Magdalena S.A., The Pantaleon Group INC, Pantaleon Land Holding

Los dueños de Pantaleón están vinculados a ocho empresas en Panamá y la matriz del grupo está domiciliada en Islas Vírgenes Británicas, según acredita un documento de la Comisión para la Defensa de la Competencia en Honduras. Pantaleón ha sido el máximo moledor de caña de Guatemala en las últimas tres décadas: 91.3 millones de toneladas, el 26% de la molienda total. Entre 2008 y 2010, el ingenio recibió dos préstamos del International Finance Corporation (IFC), entidad del Banco Mundial, a través de su matriz en Islas Vírgenes, Pantaleón Sugar Holdings Company Limited, por 130 millones de dólares. Es decir, el Banco Mundial otorgó un crédito a una sociedad en un paraíso fiscal.
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Hay ingenios cuyas offshore sirven para administrar los ingenios en Guatemala. Por ejemplo, el ingenio Trinidad, que se fusionó con la empresa San Diego en 2010, es arrendado por la sociedad Servicios Agropecuarios San Diego, y la dueña de esta, en un 50%, es otra en Panamá, denominada Santa Luisa International Group INC. Ninguna decisión como la suscripción de préstamos, contratos o la autorización para competir en licitaciones puede efectuarse sin aprobación de la offshore.

De los ingenios investigados, sólo se pudo tener detalles de las sociedades creadas para los Campollo, quienes resultaron afectados con la filtración de los correos de Mossack Fonseca. El resto de familias crearon sus firmas offshore con otros bufetes.

EL MONSTRUO QUE LO APLANA TODO

Si pudieran juntarse todas las plantaciones de caña en Guatemala, esa gran masa de tierra equivaldría a tres veces la ciudad de Nueva York. Es un monstruo verde de unos 2.687 kilómetros cuadrados, el 10% del área cultivada de Guatemala que supura injusticias sociales y violaciones laborales.

El cultivo de azúcar en Guatemala está poco industrializado. Las plantas de la caña, que pueden alcanzar los cinco metros de altura y consumen altas cantidades de agua, crecen durante aproximadamente seis meses en las fincas. La zafra o cosecha empieza con la quema de las plantaciones para debilitar el tallo de la caña, hacer más eficiente el corte y ahuyentar a los animales.

Tras la quema, miles de trabajadores entran a los terrenos y cortan con machetes las plantas mientras se llenan del hollín producido por el fuego. Cargan la caña y la llevan al punto de recolección, en largas jornadas de trabajo, algunas veces sin acceso a fuentes de agua o servicios sanitarios. La caña es transportada a los ingenios en “jaulas” a bordo de grandes camiones. Es en los ingenios donde se procesa la planta y se produce el azúcar y todos sus derivados.

Dos oficinas del gobierno de Estados Unidos califican a Guatemala como un país azucarero “de bajo costo”, lo cual se explica porque los ingenios han “fracasado” en el cumplimiento de las leyes laborales, según la agencia de tratados comerciales de la Casa Blanca. En toda la industria, los sindicatos han desaparecido menos uno en el ingenio Palo Gordo, el octavo productor de caña molida, según datos de 2016.

Las denuncias medioambientales tampoco se hacen esperar. Entre 2012 y 2016, el ministerio de Medio Ambiente recibió 38 denuncias contra nueve ingenios, la mayoría de ellas relacionadas al desvío de ríos para regar sus plantaciones.
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El atropello medioambiental es proporcional a los réditos económicos que genera la producción de azúcar, opina Yuri Melini, director del Centro de Acción Legal, Ambiental y Social (Calas). “¿Quién no va a ser competitivo si el Estado le da subsidios indirectos cuando no cobra por el agua que usan? ¿Quién no va a tener esa rentabilidad si no han dejado que tengamos la ley general de aguas?”, cuestiona Melini, excandidato presidencial de un movimiento de izquierda.

El río Madre Vieja, uno de los más grandes de la costa sur de Guatemala es desviado frecuentemente para alimentar las plantaciones caña. Este era el río, cerca de su salida al mar en 2010.

Este es el desvío hecho entre 2011 y 2013 para alimentar una plantación de caña de azúcar

 La industria azucarera guatemalteca representa el 3% de la economía total, unos 1,900 millones de dólares al año, según los propios azucareros, y eso en una nación en desarrollo no es poca cosa. La economía del azúcar en Guatemala es del mismo tamaño que el PIB total de Belice, su vecino. Hay 25 países con economías más pequeñas que la riqueza producida por el azúcar guatemalteco.

Los responsables de esta economía boyante son 12 ingenios activos que se distribuyen a lo largo de cuatro departamentos de la costa sur. Cogobiernan con un poder paralelo al de medio centenar de municipalidades. A veces sustituye al poder local, por ejemplo, en la salud donde sus clínicas atienden más de 50.000 consultas al año o en la educación donde sus escuelas preparan a más de 10,000 maestros en matemáticas.

Los movimientos del monstruo a veces son grandes y torpes y terminan causando desastres. Cuando eso ocurre, las comunidades se levantan, intentan hacerle frente, pero nunca ganan. La costa sur de Guatemala ha estado salpicada de estallidos sociales en los últimos años. Por el uso del agua, por la contaminación, por daños a la propiedad.

En enero de 2014 una comunidad de la etnia mam, en Nueva Cajolá, Champerico, amenazó con quemar los camiones cañeros que atravesaban y deterioraban la calle comunal. Los camiones eran del ingenio Magdalena, que produjo la cuarta parte de todo el azúcar guatemalteco en la última década. Lo que colmó la paciencia de la gente fue cuando derribaron postes y un cerco con el objetivo de acortar el camino. El intento de revuelta y protesta de los mam fue resuelto sin diálogos, pero con poder. En Guatemala nada detiene a la industria, que ha construido 250,000 kilómetros de calles internas dentro de sus propiedades para evitar a comunidades como la de Nueva Cajolá.

NEGOCIOS INTOCABLES

Entre 2011 y 2016, los azucareros entregaron en impuestos unos 708 millones de dólares por la producción de azúcar y de productos relacionados como la melaza. Pero el Estado no sabe decir si esa es la cantidad real en impuestos que le corresponde tributar a la industria.

“Solo haciéndoles una auditoría se puede saber si los azucareros pagan todos sus impuestos”, dice Abelardo Medina, exjefe de la Superintendencia de la Administración Tributaria (SAT). El actual jefe de la SAT, Juan Francisco Solórzano Foppa lo dice claro: “No tenemos todas las herramientas para controlar la tributación del sector”.

“No me gustaría generalizar en decir que todos nos defraudan porque no es cierto, y tampoco puedo decir todos son los mejores exportadores porque tampoco es cierto”, añade.

Una base de datos de procesos judiciales, creada para esta investigación, muestra que ocho ingenios están involucrados en 78 procesos tributarios. El que tiene más es el ingenio Pantaleón con 25 casos, seguido del ingenio Magdalena, con 15. El acceso al contenido de estos casos es secreto en Guatemala.

Los antecesores de Solórzano Foppa en el cargo y un técnico que conoce del trabajo de los ingenios aseguran que la industria azucarera hace uso de empresas offshore para reducirse el pago de impuestos mediante procedimientos legales.

Los ingenios suelen utilizar las offshore como intermediarias ante el cliente final del lote de azúcar que venderán. De esa manera se abre la oportunidad de reducir el pago de impuestos sobre las rentas gravadas. Esto porque la factura que se reporta al Estado podría tener un monto o precio menor al que se acordó la compraventa de azúcar con el cliente final.

Foto: Víctor Peña
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El exsuperintendente tributario Abelardo Medina, señala la posibilidad de elusión: “No es ningún secreto: lo que se utilizan son empresas subsidiarias, matrices, filiales, para disfrazar los negocios de las empresas en el extranjero y evitar el pago de impuestos. Simple”, dice.

Al viceministro de comercio exterior, Eduardo Lacs, se le consultó si la oficina del Ministerio de Economía que está destacada permanentemente en las oficinas de Expogranel tiene una manera de controlar que no se le oculte al Estado los negocios de los exportadores. Expogranel es la empresa creada por los azucareros en los años 90 para tramitar las exportaciones y manejar las bodegas en Puerto Quetzal, el único puerto guatemalteco que exporta azúcar. “No nos compete el control de precios de transferencia u otros controles con fines fiscales. De esto se encargan las instituciones correspondientes, entre ellas la SAT”, respondió. Este periódico también buscó a Expogranel durante dos meses para una entrevista con el gerente Marcos Chang, pero nunca hubo respuesta.

El jefe de la SAT, Solórzano Foppa, señala en la entrevista limitantes para investigar:

—Las transacciones comerciales que los azucareros nos reportan se realizan con entidades fueras del país. Ese modelo se puede usar para defraudar y es una de las formas en las que no podemos acceder a la información.

Si sacamos las facturas por las exportaciones de azúcar, ¿encontraríamos que la mitad de la azúcar se vende a paraísos fiscales en lugar de a los países clientes que dice el ministerio de Economía?

—No dudo que así sea. También la forma de exportación es muy distinta a la dirección de donde va finalmente el producto. Pero insisto, se dan transacciones válidas y hay una razón de ser comercial y financiera de por qué se necesitan offshore y otras herramientas. Ahora que la SAT tenga todas las armas para poderlo controlar no es cierto.

“UN CARTEL A TODA REGLA”

Depende de a quién se le pregunte, la industria azucarera de Guatemala puede ser un cartel o un oligopolio, o bien nada parecido a eso sino solo una industria con un esquema de negocios sumamente eficiente y rentable.

Quienes sostienen que la industria del azúcar en Guatemala es un cártel son la Comisión Económica para América Latina (Cepal), dos exjefes de la SAT, un director de la Fundación para el Desarrollo Económico (Fundesa), y diversos investigadores y organizaciones como el Instituto de Estudios Agrarios y Rurales, y la Coordinación de ONG y Cooperativas (Congcoop). Para ellos, se trata de una industria en la que varias empresas actúan como una sola, se ponen de acuerdo para fijar precios y para otros aspectos del negocio, aprovechándose de una posición de poder en el mercado.

La Cepal lo tiene claro desde el año 2006. La institución concluyó que la industria del azúcar es engranaje casi perfecto en el que las partes de la cadena productiva se ponen de acuerdo desde el cultivo hasta la distribución. Y en el que “los ingenios funcionan como un cártel de distribución dentro del cual no hay competencia de precios”, dice el informe.

En Guatemala, pese a que existen 12 ingenios, no hay 12 marcas distintas de azúcar compitiendo en el mercado. Todos los ingenios mandan su grano molido a una única empresa, Máquinas Exactas, S.A., para su empaque y fortificación con vitamina y aquí es donde se distribuye al mercado en envoltorios de media docena de marcas.

“Somos socios para el bien del consumidor. El etiquetado, el peso exacto, todas esas son políticas llevadas de la mano con el ministerio, solicitadas por el ministerio”, justifica el vicepresidente de Asociación de Azucareros de Guatemala (Asazgua), Armando Boesche. Cuando se le quiere hacer preguntas a los voceros de los ingenios, ellos responden que en su nombre solo habla Asazgua, que decide cuánta azúcar le toca producir a cada ingenio, es decir, controla la oferta en el mercado interno y controla el precio.

Boesche lo explica así: “El único control por razón constitucional es la exportación porque el ministerio de Economía y yo, como representante legal de Asazgua, debemos verificar que con cada exportación se esté cumpliendo con el abastecimiento del mercado nacional”, dice, tratando de matizar el poder que tienen para controlar el mercado.

El exjefe de la SAT, Abelardo Medina, tiene otra impresión del mercado del azúcar: “Como en nuestros países no tienen regulación apropiada, no hay una satisfacción del mercado interno porque primero exportan y sus excedentes los venden en el mercado local. Y como tampoco tienen competidor en el mercado, ponen el precio que quieran”.

De las 2.7 millones de toneladas de azúcar producidas entre 2015 y 2016 en Guatemala, el 27% se quedó en el mercado interno, según datos de Cengicaña. Y aquí otra característica del cartel es que el precio interno es sumamente rentable respecto de sus costos. Según la Cepal, los azucareros guatemaltecos compensan con las ventas internas lo que pierden cuando el precio de exportación está abajo. Asazgua se defiende diciendo que en Centroamérica, Guatemala es de los países que vende el azúcar más barato.

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Expertos como Abelardo Medina sostienen que por la bonanza en el mercado interno los azucareros protegen la entrada de azúcar de otros países con medidas no arancelarias y la obligación de que todo el azúcar que entre a Guatemala esté fortificada con vitamina A. “Con eso no hay otro productor que pueda meter azúcar en el mercado local”, dice Medina.

Pero la verdadera mina de oro, sostienen todos los consultados para este reportaje, está en la exportación. Alrededor del 70% lo que se produce en Guatemala se envía a otros países. En 2015, los envíos de azúcar al mercado internacional sumaron 851 millones de dólares, según el ministerio de Economía. Esto es aproximadamente el 9% del presupuesto actual del gobierno de Guatemala.

Y hasta para exportar, el cartel azucarero también controla quién puede hacerlo y quién no. El requisito indispensable es ser accionista de Expogranel, la empresa de los azucareros que maneja las exportaciones de azúcar. El que no invierte en Expogranel, no exporta en el cuarto país que más exporta azúcar en todo el mundo. “(Es) un cartel en toda regla, con vía libre en un país donde la legislación de regulación de competencia lleva más de ocho años ‘congelada’ en el Congreso”, zanjaba un informe del Instituto de Estudios Agrarios y Rurales, IDEAR, de 2008. Nueve años después, la ley de competencia sigue siendo una deuda, y aun así, altos cargos del Estado se resisten a llamar al cartel del azúcar por su nombre.

“No tenemos elementos legales o económicos que puedan indicar que este sector es un oligopolio colusorio. En nuestro país existen 15 productores y todos compiten en igualdad de condiciones en el mercado internacional”, respondió vía correo electrónico el viceministro de Comercio Exterior, Eduardo Lacs. En su respuesta Lacs incluía dos ingenios que se han fusionado con otros y un tercero que aún no está en funcionamiento.

ACABAR CON LA COMPETENCIA

El terrateniente y cultivador de caña José María Rodríguez Briz fue asesinado hace 25 años, el 23 de marzo de 1992 de un tiro en la cabeza, “en una emboscada” en su finca, según tituló el periódico local Prensa Libre. Originario de Cantabria, España, en los meses previos a su muerte enfrentó el rechazo de los ingenios guatemaltecos a su idea de abrir una nueva refinería de azúcar en el país, según contó a sus allegados. Rodríguez Briz proveía de caña a los ingenios de la costa sur y, en un momento, estos decidieron dejar de comprársela porque veían en él un serio y difícil competidor, con muchas tierras en Escuintla, departamento con la mayor área cultivada de caña.

Otras trabas la puso la banca: “José María encontró serias dificultades (…) también dentro del sistema financiero guatemalteco, muy ligado al azucarero, a la hora de obtener financiación para el nuevo negocio”, dice el excónsul honorario de Guatemala en Santander, España, Enrique Sánchez, cercano a la familia de Rodríguez Briz.

Los herederos de Rodríguez Briz, quienes se negaron a brindar una entrevista, se mudaron a Belice donde sí recibieron el apoyo que necesitaban, ahí fundaron Santander Sugar Group. “La familia era consciente de las dificultades para desarrollar el ingenio en Guatemala”, explica Sánchez, quien acompañó a la familia en el puerto de Santander, para el desembarque de 6 mil toneladas de azúcar de Belice en agosto de 2016.

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“La industria azucarera en Guatemala está, casi en su totalidad, en manos de unas cuantas familias poderosas y acaudaladas, dominantes en el país, las que no ven con buenos ojos, como es lógico, el tener que repartir este negocio con nuevos ingenios”, dice Sánchez, familiar político de la familia Rodríguez. “La industria del azúcar es un círculo muy cerrado que no tolera, que no quiere que se amplíe con nuevos azucareros, y esos son los problemas que José María encontraba”, agrega.

El crimen nunca se resolvió, y aún hoy se sigue especulando sobre las causas de la muerte. El excónsul Sánchez se niega a señalar culpables, lo que dice sería una irresponsabilidad, pero dice que el rechazo de los ingenios a una nueva planta era el contexto dentro del cual se dio el asesinato de Rodríguez Briz. “Renunció… bueno, no renunció a su ilusión de poner un ingenio en Guatemala, no le dejaron terminar porque lo mataron”, dice.

Los bloqueos contra la competencia se repiten en el tiempo. En 2005, grandes cargamentos de azúcar provenientes de Cuba, acordados por el entonces presidente de Guatemala, Alfonso Portillo (2000-2004) fueron suspendidos cuando los azucareros así lo ordenaron. El vicepresidente de Asazgua, Armando Boesche, es uno de los que mejor puede contar aquella anécdota, ya que fue uno de los que ayudó a que la importación de azúcar cesara.

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Los azucareros se oponían a aquella importación porque no habían participado del tratado negociado por el presidente Portillo; porque dicen que el azúcar cubana no venía fortificada con vitamina A, como lo ordena una ley que data de 1992. Esta ley también ordenó que se agregara yodo a la sal, para reducir enfermedades como la ceguera infantil y el bocio.

El azúcar cubana se vendía a un precio más barato de los controlados por Asazgua, además Cuba no pagaba aranceles, mientras que el azúcar que Guatemala enviaba a la isla sí lo hacía. “Pedíamos, como siempre, igualdad de condiciones, eso es todo”, dice Boesche.

Boesche viajó a Cuba a principios de 2005, cuando en Guatemala ya mandaba otro presidente: Óscar Berger Perdomo, quien está emparentado con azucareros. En Cuba, Boesche asegura que se reunió con el presidente del gabinete Ricardo Cabrizas, uno de los hombres más fuertes después de Fidel Castro. Según Boeshe, Cabrizas le confesó que “aquí, un presidente vino y dijo que ustedes (en Guatemala) iban a tener escasez de azúcar y que iban a necesitar importar azúcar. Tú no le puedes negar, si un presidente dice que va a necesitar azúcar, el azúcar al presidente”.

Un empresario guatemalteco que participó de aquella importación de azúcar cubana asegura que las últimas importaciones fueron en tiempos de Berger. “Cuando ganó Berger en las elecciones de noviembre del 2003, recuerdo que esa noche los de Asazgua le subieron 20 quetzales (unos 2.50 dólares) al saco de 50 kilogramos, era la manera de decirnos que el candidato de ellos había ganado, y ya con eso nosotros teníamos que salir del mercado, no podíamos traer un barco arriesgándonos a no poder descargar”, dice.

Este empresario asegura que alejado de cualquier trama de corrupción (Portillo fue condenado en Estados Unidos por un millonario desvío de fondos donados a Guatemala por la república de Taiwán), la idea del expresidente era contrarrestar al cártel del azúcar y beneficiar al consumidor final. “Sabíamos que nos estábamos metiendo con uno de los grupos más poderosos”, dice.

Portillo se negaba a conceder cita a los azucareros y había permitido que el azúcar cubano se vitaminara estando en Guatemala. Pero meses después de que Berger asumiera la presidencia, su ministro de Salud cerró la torre fortificadora ubicada en la almacenadora del ejército, Alsersa. “Fue una decisión política, nada más, no hubo justificación, la voluntad política de importar azúcar de Cuba desapareció con Berger”, se queja el empresario.

Asazgua admite que bloqueó la importación de azúcar de Cuba, pero que lo hizo por salud pública. “Lo que pedíamos es que si va a entrar azúcar, que la fortifiquen, que la empaquen y que tenga un proceso”, dice María Silvia Pineda, de la Fundazúcar, el brazo social de la Asociación de Azucareros con la que impulsan las políticas de responsabilidad empresarial. “¡Si va a entrar azúcar que no deteriore la salud del pueblo”, añade, Boesche, el vicepresidente de Asazgua.”

LA TIERRA ES PARA EL CARTEL

Guatemala tiene el 3% de su territorio sembrado con caña. Hay departamentos de la costa sur que han transformado su paisaje por la expansión de la caña. Suchitepéquez, por ejemplo, que en siete años cambió el 40% de sus tierras cultivables para sembrar caña, según un estudio de la socióloga Katja Winkler.

Cuando Guatemala cerró 36 años de guerra con los Acuerdos de Paz de 1996, comenzó la pugna por la distribución de la tierra. Con la constante expansión de los monocultivos como el azúcar, la palma africana, el banano, el melón y el hule, la presión sobre la tierra creció. En 2002, el 1.5% de fincas concentraban el 62.5% de la tierra cultivable, según el censo agropecuario de aquel momento. Para 2008, más de 1,500 conflictos por la tierra se habían registrado en la Procuraduría de Derechos Humanos, y un escuálido Fondo de Tierras de Guatemala, sin dinero suficiente para comprar tierra a buen precio y distribuirla mejor, no ha podido mejorar el panorama.

Foto: Víctor Peña
Foto: Víctor Peña

Cuando campesinos sin tierra han querido tomarse fincas azucareras para vivir, como ocurrió en 2010 en el valle del Polochic, a unas tres horas al norte de la ciudad de Guatemala, la respuesta de los azucareros ha sido llamar a su aliado más poderoso: el Estado.

Uno de los casos más emblemáticos ocurrió entre el 14 y el 19 de marzo de 2011, cuando cerca de 750 familias fueron sacadas de sus viviendas por soldados, policías y guardias privados de seguridad en el valle del Polochic. Hubo quema de chozas, quema de cultivos para consumo doméstico, y el asesinato extrajudicial del campesino Antonio Beb Ac. Detrás del desalojo estaba la familia Widmann, cuyo patriarca Carlos Widmann Lagarde es cuñado del expresidente Berger. Los Widmann querían mover su ingenio Guadalupe de la costa sur al norte, y los campesinos que se habían instalado en esas tierras se los impedían.

El episodio fue sancionado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por no cumplir el protocolo para desalojo de asentamientos, pero a la fecha el Estado guatemalteco no le ha respondido a las víctimas ni ha logrado reubicarlos con acceso a tierra.

La comunidad es de la etnia q’eqchí’, casi nadie habla español pero a través de un traductor explican que siguen esperando por la ayuda del Fondo de Tierras. Hasta ahora solo unas 150 familias, de las 750, han recibido una casa del Estado. Y por eso esta comunidad sin servicios básicos no piensa abandonar el lugar después de seis años del desalojo. No importa el hambre, no importa el frío, que no hay comida… no importa la pobreza. “Nos vamos a quedar aquí porque Antonio (Beb Ac) aquí murió, aquí derramó la sangre, entonces ya está pagada esta tierra por él”, dice José Caal, uno de los líderes de la comunidad.

Los q’eqchí’ se quedarán en esa tierra hasta que los verdaderos dueños lo permitan o hasta que el Estado los reubique de una vez por todas. Esa tierra sigue siendo y seguirá siendo de los Widman, del ingenio SER Chabil Utzaj, de un cartel de 1.900 millones que no se deja vencer por nada ni por nadie.

*Con la colaboración de Jimmy Alvarado

Fuente: Imágenes satelitales de ESRI World Imagery y Google Earth. Mapas realizados con CARTO. Fotografía de Víctor Peña y material gráfico adicional de Efe y Raúl Sánchez. Todos los datos de comercio internacional usados en este reportaje provienen de la base de datos de comercio internacional de BACI, basándose en datos originales de la División Estadística de la ONU.

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La Policía y la Fiscalía de El Salvador detuvieron este martes 4 de abril al empresario José Adán Salazar Umaña, considerado por el gobierno de Estados Unidos como un capo internacional de la droga, en un caso por lavado de dinero que asciende a 215 millones 167 mil dólares, y en el que también está siendo investigado el vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, por su sociedad con Salazar Umaña en Desarrollos Montecristo S.A. de C.V.

El caso contra Chepe Diablo, como se le conoce a Salazar Umaña, también vincula al alcalde de Metapán, hoy prófugo de la justicia, Juan Umaña Samayoa, a familiares de ambos y a las empresas Hotesa S.A. de C.V. y Gumarsal (granos básicos). El empresario y el alcalde han sido vinculados por informes de inteligencia del Estado como los líderes de una estructura dedicada al narcotráfico y conocida como el Cártel de Texis, según reveló este periódico en 2011.

Este martes 4 de abril, por la tarde, al preguntarle al fiscal Douglas Meléndez si la investigación en contra de Salazar Umaña vinculaba al vicepresidente Ortiz, el funcionario hizo una relación directa entre el empresario capturado, la investigación por la que se le persigue y la sociedad que continuó activa hasta febrero de 2016: “Sí, la sociedad Montecristo S.A. de C.V. es parte de la investigación en este momento”, contestó Meléndez.

Durante 16 años, diversas agencias de inteligencia del Estado señalaron a Chepe Diablo, un empresario hotelero y mecenas del equipo de fútbol de primera división Metapán, como el principal líder del Cartel de Texis, una organización en la que también han sido vinculados políticos, jueces y policías.

El delito de lavado de dinero se castiga con pena carcelaria de ocho a doce años, según lo establece el Código Penal salvadoreño, y se configura cuando directa o indirectamente se oculta la procedencia de fondos obtenidos a través de actividades ilegales. El fiscal Meléndez dice que, por ahora, no tienen documentado cuál es el origen ilegal del dinero que presuntamente ha sido lavado por Salazar Umaña. “¿De dónde vienen los fondos? Eso es un tema que se va a determinar directamente en el proceso, y en la investigación nuestra no hay justificación para estos fondos, son decenas de miles (de dólares)”, dijo el fiscal, que en sus investigaciones incluye la revisión de los movimientos que la sociedad fundada por Umaña Salazar y Óscar Ortiz realizó en 16 años.

En el año 2000, Salazar Umaña y Óscar Ortiz, para aquellas fechas alcalde de la ciudad Santa Tecla, fundaron la sociedad Montecristo S.A. de CV., que realizó una serie compras de terrenos en la zona costera del departamento de Usulután. La sociedad entre Salazar Umaña y Ortiz, convertido en vicepresidente de El Salvador en junio de 2014, siempre estuvo activa. Incluso se mantuvo activa después de que el Departamento del Tesoro nombrara a Salazar Umaña como capo internacional de la droga, en mayo de 2014. Montecristo estuvo activa al menos hasta febrero de 2016, según confirmó el Registro de Comercio a este periódico.

El fiscal general, Douglas Meléndez, se retira de las instalaciones del hotel Capital, en Antiguo Cuscatlán. Al menos cincuenta inmuebles han sido allanados, vinculados a negocios de Adán Salazar, alias "Chepe Diablo", quien ha sido capturado, acusado por el delito de lavado de dinero./Foto: Víctor Peña
El fiscal general, Douglas Meléndez, se retira de las instalaciones del hotel Capital, en Antiguo Cuscatlán. Al menos cincuenta inmuebles han sido allanados, vinculados a negocios de Adán Salazar, alias “Chepe Diablo”, quien ha sido capturado, acusado por el delito de lavado de dinero./Foto: Víctor Peña

La Policía y la Fiscalía informaron este miércoles 5 que en el caso de lavado de dinero están siendo investigadas 26 sociedades vinculadas a Chepe Diablo y el alcalde Juan Umaña Samayoa, de las cuales 3 son con fines de extinción: Gumarsal, Hotesa y Molinos San Juan.

Hasta el momento, las autoridades han detectado que el grupo de capturados y prófugos ha tenido una ‘multiplicidad de productos financieros’ en la banca, cierre de cuentas en tiempos cortos, ‘la mayoría habiendo quedado a saldo cero’, traslado de fondos a cuentas personales y no de empresas, préstamos no justificados ‘y, además, pagados anticipadamente, la mayoría de ellos casi inmediatos’, según explicó el director de la Policía, Howard Cotto.

También se señalan ’empresas fachadas’ que solo fueron creadas y nunca funcionaron, y “la compraventa de bienes muebles e inmuebles para perder el rastro del dinero”, además del uso de testaferros, principalmente de familiares. En otra conferencia celebrada al mediodía de este miércoles, el fiscal Meléndez añadió que hay empresas de “fachada o de cartón”.

“De toda la masa de decenas de millones examinada financieramente, hemos determinado una gran masa de 215 millones 167 mil 786 dólares que no están justificados o respaldados”, dijo el fiscal Meléndez, quien agregó que ya hay un ‘indicio de narcotráfico’ en una de las operaciones bancarias, pero que no podía dar más detalles al respecto.

Por la mañana, el director de la Policía había dicho que el incremento patrimonial no justificado ascendía a $48,1 millones, pero que este podía crecer ‘más’.

La captura de Salazar Umaña forma parte de un operativo en el que también fueron detenidas otras tres personas más. Se trata de Sara Paz Martínez Bojórquez, Susana Noemy Salazar de Cruz y Romelia Guerra Argueta, señaladas de actuar como testaferros. Estas tres mujeres son parientes Salazar Umaña, según la Fiscalía. Las autoridades también buscan a José Adán Salazar Martínez, que es hijo de Chepe Diablo.

La Policía informó que hay otras cuatro personas que también están prófugas: uno es el alcalde de Metapán por el Partido de Concertación Nacional (PCN), Juan Samayoa Umaña. También están prófugos el hijo, la esposa y la nuera del alcalde de Metapán (Wilfredo Guerra Umaña, Miriam Aydeé Salazar de Umaña y Tránsito Ruth Mira de Guerra). El fiscal Meléndez criticó que la Policía no haya logrado ejercer todas las órdenes de captura.

Tras la captura de Adán Salazar, alias "Chepe Diablo", la Fiscalía General de la República allanó al menos cincuenta inmuebles, entre negocios y propiedades, entre ellos el hotel Capital, en el municipio de Antiguo Cuscatlán. Salazar está siendo acusado del delito de lavado de dinero./ Foto: Víctor Peña

Tras la captura de Adán Salazar, alias “Chepe Diablo”, la Fiscalía General de la República allanó al menos cincuenta inmuebles, entre negocios y propiedades, entre ellos el hotel Capital, en el municipio de Antiguo Cuscatlán. Salazar está siendo acusado del delito de lavado de dinero./ Foto: Víctor Peña

Las autoridades vinculan los más de 215 millones de dólares no justificados en este caso a incrementos patrimoniales sin explicación en las cuentas del empresario y del alcalde y sus respectivos grupos familiares.

Desde la mañana del martes 4, las autoridades allanaron las instalaciones de la alcaldía de Metapán, de la empresa Industrias Gumarsal (de la familia Umaña) y las oficinas del bufete Figueroa Cruz, una firma que durante años administró los negocios del alcalde y su familia. La Fiscalía ha allanado, en total, 50 inmuebles, de los cuales 26 son negocios como hoteles y gasolineras. También hay fincas y ranchos de playa que ahora están en manos del Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB), pues, según explicó el fiscal Meléndez, se ha iniciado el proceso de extinción de dominio.

Las viviendas y residencias intervenidas están ubicadas en residencias privadas en el departamento de La Libertad y en San Salvador: Arcos de Santa Elena y Cumbres de la Esmeralda, de Antiguo Cuscatlán y Quintas de Gratamira en San Juan Opico.

El director de la Policía informó que los procesos de registro llegarán hasta 69 diferentes inmuebles ubicados en varios departamentos del país (Santa Ana, La Libertad, Sontonate, San Salvador, Usulután y La Paz). “De estos 69 registros, 43 lo estamos haciendo bajo la óptica de lavado de dinero y 26 de forma directa con fines de extinción de dominio, no significa que los otros no pueden ser sometidos al proceso de extinción”, dijo Cotto.

En abril de 2016, el fiscal Meléndez había cuestionado a su antecesor, Luis Martínez, por haber archivado las investigaciones que la Fiscalía tenía contra Chepe Diablo. En aquella época, al ser consultado por la vinculación entre Salazar Umaña y el vicepresidente Óscar Ortiz, Meléndez respondió que no había ninguna investigación en contra de Ortiz, pero cerró diciendo que “las investigaciones son abiertas”. Un año después, el fiscal confirma que se está investigando a la sociedad Desarrollo Montecristo y enfatiza que esta investigación arrancó de cero.

“La investigación fue reabierta el año pasado por la Fiscalía. No hay certeza de por qué fue archivado el caso, fue sustraída la información que estaba en los tribunales, pero el caso lo reabrimos”, dijo Meléndez, en una breve rueda de prensa en el Hotel Capital en Antiguo Cuscatlán, uno de los negocios de Salazar Umaña que fueron allanados.

“La finalidad es obtener alguna evidencia para iniciar procedimiento de extensión de dominio”, dijo el fiscal Meléndez.

En 2014, la Fiscalía inició dos investigaciones por evasión de impuestos contra el alcalde Umaña, José Adán Salazar Umaña e industrias Gumarsal. Ambos procesos fueron cerrados después de que los empresarios pagaron multas.

El Faro intentó obtener una reacción del vicepresidente Óscar Ortiz a través de una de sus asistentes, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta.

Fiscalía busca en Montecristo

Óscar Ortiz y “Chepe Diablo” son socios fundadores de Desarrollos Montecristo S.A. de C.V., empresa que por años ha comprado y vendido tres terrenos en la isla Montecristo, ubicada en la zona costera del oriente del país, en las cercanías de la bahía de Jiquilisco.

Fundada a las 12 del mediodía del martes 20 de junio de 2000, Desarrollos Montecristo nació con tres cabezas, tres meses después de emitido el primer informe de inteligencia policial en el que el Estado salvadoreño reconoció la existencia de una organización que, con el paso de los años, sería llamada el Cártel de Texis. El tercer socio en Desarrollos Montecristo es otro empresario que hizo buena parte de su fortuna con una empresa de encomiendas llamada Urgente Express, y que en 2003 se convertiría en candidato a la alcaldía del municipio de Antiguo Cuscatlán por el FMLN. Su nombre es Rogelio Antonio Cervantes.

Los terrenos que Montecristo compró y luego fue vendiendo (y volviendo a comprar) a los largo de los años presentan algunas irregularidades en los precios a los que fueron adquiridos y posteriormente vendidos.

Por ejemplo, la primera compra de un terreno en la isla Montecristo fue el 3 de agosto del año 2000, según consta en los registros del CNR: 8,147.71 metros cuadrados de tierra por 200 mil colones ($22,857.14). El terreno lo vendió Alberto Chavarría Delgado, un jornalero que para entonces residía en San Luis La Herradura, en el departamento de La Paz, según consta en el acta de compraventa. Este lote es un fragmento de un terreno de mayor extensión que tenía 21 mil metros cuadrados, del que Chavarría Delgado desmembró una porción para vendérsela a Rogelio Cervantes, el tercer socio de Montecristo. Diez años después, en abril del 2010, la sociedad vendió de nuevo ese terreno por $5 mil, un precio casi cuatro veces menor, al entonces alcalde Óscar Ortiz.

El segundo terreno que la sociedad adquirió en la isla Montecristo tiene una extensión de 25,067.07 metros cuadrados. Según los registros de este lote, en un principio pertenecía a José Manuel Olívares. Este se lo vendió el 1 de junio del 2000 a una pareja de esposos por 240 mil colones ($27,428).

Casi dos meses después, la pareja decidió vender el terreno a Osmín Enrique Cervantes Salazar, quien lo compró por la mitad de precio, 120 mil colones ($13,714). A los pocos días, el 14 de agosto de 2000, Montecristo le compró el terreno a Cervantes Salazar por 350 mil colones ($40 mil), Un 50% más del precio original y casi tres veces lo que había pagado Osmín Enrique Cervantes Salazar.

Este terreno también tendría finalmente un cambio repentino de precio en el que el beneficiado sería, de nuevo, Óscar Ortiz, en detrimento de su propia sociedad, Desarrollos Montecristo. Por este terreno que a su compañía le había costado $40 mil, Ortiz pagó el 4 de octubre de 2010 solo $10 mil.

El tercer y último terreno que adquirió la sociedad en la isla Montecristo fue comprado el 25 de septiembre de 2000. Tenía una extensión de 19,246 metros cuadrados, con los que Desarrollos Montecristo completaría un total de 52,461 metros cuadrados en la isla. El propietario anterior era el mismo Óscar Ortiz.

Este terreno había sido adquirido en 1999 por Ortiz, para entonces diputado, por 500 mil colones (US$57.142). Un año después, el actual vicepresidente se lo vendió a su propia empresa, Montecristo, por 350 mil colones, el equivalente a US$40 mil, lo que significó una reducción de su precio de más de US$17 mil y por tanto una pérdida para Ortiz.

En los siguientes años, ese terreno cambió tres veces más de manos. El 27 de junio de 2007, Rogelio Cervantes, en calidad de representante de Desarrollos Montecristo, se lo vendió de nuevo a su anterior dueño: Óscar Ortiz. El precio de venta se mantuvo en US$40 mil. Y el 26 de mayo del 2008, poco más de un año después, Ortiz se lo volvió a vender a Cervantes, que esta vez lo compró como persona natural y no como representante de Montecristo, por ese mismo precio: US$40 mil.

Por último, cuatro años después, Ortiz volvió a mostrar interés por el terreno del que ya había sido dueño dos veces. Esta vez Rogelio Cervantes se lo vendió a su socio ya no en el precio de US$40 mil que venía manteniendo desde 2007, sino en cuatro veces menos: US$10 mil.

En resumen, Desarrollos Montecristo realizó, a pocos meses de fundada, tres compras de terrenos que le implicaron un desembolso de 900 mil colones, es decir 102 mil 867 dólares. La compra se hizo, al menos en uno de los casos, a un precio mucho mayor del que el terreno había tenido poco tiempo atrás. Y entre siete y diez años después de la primera transacción, los tres terrenos fueron a parar a manos de uno de sus socios, Óscar Ortiz, quien los obtuvo a un precio desplomado, generando pérdidas para su sociedad, en la que Chepe Diablo y Rogelio Cervantes también tienen acciones.

En abril de 2016, cuando el vicepresidente Óscar Ortiz fue consultado por su sociedad junto a Cervantes y Chepe Diablo, él respondió que cuál era el problema, si no había nada ilegal en ella. “Qué tiene de ilegal eso, pues. Tenés alguna cuestión ilegal”, dijo.

Esta es la primera vez que las autoridades mencionan en sus investigaciones a la sociedad fundada por Ortiz, Chepe Diablo y Cervantes. En los informes de inteligencia emitidos por la DEA en 2001 y por la PNC en 2006, a los que El Faro tuvo acceso, no aparece mencionada la figura del líder político de izquierdas ni su relación con Chepe Diablo en la trama del Cartel de Texis, que opera en el occidente del país en una zona conocida en el mundo del crimen como “El caminito”.

 

*Con reportes de Nelson Rauda

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