Declaración de patrimonio del diputado Farcas devela debilidades de nueva Ley de Probidad

El 31 de marzo pasado venció el plazo para que las autoridades de todo el país presentaran sus declaraciones de patrimonio en el formato que establece la nueva Ley sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses (Nº 20.880). Esta nueva declaración debería permitirnos verificar que, por ejemplo, los parlamentarios que poseen un cuantioso patrimonio no legislen en temas en los que tienen intereses. Sin embargo, una revisión de la declaración hecha por el diputado Daniel Farcas Guendelman (PPD), es una alerta de las debilidades de esta flamante ley con un largo y rimbombante nombre.

La declaración del diputado Farcas llamó la atención desde el primer momento por la magnitud de su patrimonio –más de $10.800 millones– y fue objeto de diversas notas de prensa y entrevistas. Por esa misma razón, CIPER la revisó y constató que allí no se informan los datos indispensables que permitan evitar posibles conflictos de interés, ya que se omiten los rubros de las inversiones del diputado (ver declaración).

De la lectura del documento se desprende que, aparte de una empresa de transportes cuya participación valora en $250 mil, el resto del patrimonio de Farcas se concentra en dos sociedades de inversión cuyos activos serían administrados por un fideicomiso. El grueso de su fortuna corresponde a Inversiones Kava Ltda. ($10.766.467.465), sociedad de la que es dueño en un 99%. Siendo el diputado el controlador de Kavas, la nueva ley le exige que dé a conocer en qué sectores invierte. Pero en su declaración esa información permanece oculta.

CIPER inició entonces un rastreo en bases de datos disponibles para intentar dilucidar las zonas oscuras de sus inversiones. En base a esos datos (Diario Oficial, entre otros), es posible concluir que Kava tiene participación en múltiples sociedades. Y aunque no está claro el rubro de cada una, al menos debiera explicitarse su conflicto de intereses en temas farmacéuticos, acuícolas e inmobiliarios.

Al comienzo de su periodo, Daniel Farcas integró la Comisión de Vivienda de la Cámara, pese a que él mismo reconoció recientemente a La Segunda que tiene intereses en el rubro inmobiliario. Cuando se le consultó cómo se llamaba la constructora de su familia, afirmó no conocer el nombre: “sé que hacen algunas cosas, pero no sé dónde están construyendo”. A T13.cl le dijo que el origen de la fortuna familiar es la desaparecida cadena Guendelman, y aseguró que él no controla los $10,8 mil millones que declaró, sino que es parte del patrimonio de la familia Farcas.

Inversiones Kava Ltda. fue creada en marzo de 2005 por el diputado y su hermana Claudia Farcas, con un capital de $1 millón, monto que él aportó en un 99%. El objeto es amplio e incluye “toda clase de servicios, consultorías y asesorías” y la inversión en Chile y el extranjero en toda clase de bienes. La sociedad no ha tenido cambios en su composición, pero el 23 de abril de 2014, poco después de asumir como diputado, Daniel Farcas traspasó la “representación y administración de la sociedad y uso de su razón social” a su padre Adalberto y a su hermano Ariel.

Desde su creación hace 12 años, Kava ha invertido en millonarias participaciones en múltiples negocios de la familia Farcas, como Inmobiliaria Vertical (y a través de ésta en Agrícola Vertical), Tikún, Kineret, Tarbut, Teknol y Clarial, entre otras. Para hacerse una idea de los volúmenes de inversión: sólo entre 2014 y 2015, cuando su cartera ya estaba supuestamente en manos de un fideicomiso, Kava suscribió acciones por más de $9.900 millones en Tikún.

El árbol de sociedades de los Farcas tiene su corazón en el Centro Veterinario y Agrícola (Centrovet), empresa creada en 1979. En los años noventa, Adalberto Farcas le cedió a cada uno de sus cuatro hijos Farcas Guendelman (incluyendo el diputado) un 9% de participación y otro 9% bajo la fórmula de nuda propiedad, quedándose él con el usufructo vitalicio. Los derechos de sus hijos fueron transferidos a Clarial en 2005. Tras sucesivas modificaciones, Centrovet quedó controlada en 2012 por Farquímica y Holding Salud Animal. A su vez, Centrovet controla Inversiones HSA.

No es un negocio pequeño. En 2009, El Mercurio informaba que Centrovet ya facturaba US$30 millones al año. Adalberto Farcas y sus cuatro hijos controlaban el 80% de la compañía, mientras que el 20% restante había sido adquirido por Víctor Hugo Puchi, el mayor empresario salmonero nacional y controlador de AquaChile. El interés de Puchi en Centrovet no es difícil de adivinar: el producto estrella de la compañía son las vacunas para salmones.

Tres años más tarde, en 2012, vendría su internacionalización, cuando una de las mayores farmacéuticas veterinarias del mundo ingresó a la propiedad de Centrovet a través de un joint venture. Se trata de la francesa Virbac, que en ese momento facturaba más de 700 millones de euros al año, mientras que Centrovet ya vendía US$ 58 millones, según medios especializados.

Inauguración en Centrovet: el senador Guido Girardi, el ministro de Economía y el ministro de Agircultura cortan la cinta.
Inauguración en Centrovet: el senador Guido Girardi, el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, y el ministro de Agricultura, Carlos Furche, cortan la cinta.

En noviembre de 2014, Centrovet inauguró con bombos y platillos un Centro de Investigación y Desarrollo en su sede de Cerrillos, con una inversión de US$12 millones. A la ceremonia asistieron representantes políticos de alto nivel. La cinta tricolor la cortaron el ministro de Agricultura, Carlos Furche; su par de Economía, Luis Felipe Céspedes; y el senador Guido Girardi (PPD), muy cercano al diputado Farcas. No era la primera vez que el senador Girardi visitaba la planta: en 2008 estuvo en el lugar junto a la Presidenta Michelle Bachelet y el entonces ministro de Hacienda, Andrés Velasco.

El año pasado, sin embargo, Centrovet fue un lastre para Virbac. Según informó la cadena francesa BFM Business, Chile fue el único lugar donde sus ventas cayeron. “En ese país Virbac fue penalizada por la industria chilena del salmón, que después de haber recurrido masivamente a los antibióticos, decidió restringir esa práctica, lo que hizo caer las ventas del grupo francés en ese mercado”, publicó en enero BFM Business.

LAS OMISIONES DE FARCAS

¿Quién es Daniel Farcas? La pregunta se plantea en un antiguo blog creado por el actual diputado por Conchalí, Huechuraba y Renca. El texto parte describiendo su trayectoria política y enumera los múltiples cargos que ha ejercido en el sector público. Detalla también su gestión como pro-rector y vicepresidente de la Universidad UNIACC (para lo que no cuenta ahí, ver reportaje “Daniel Farcas: su nexo con fraude de las Becas Valech y la compra de acreditación de la UNIACC”) y menciona sus numerosos grados académicos, incluyendo “post grados en administración de empresas, finanzas y marketing, Ph.D. en Leadership in Higher Education, Capella University” (aunque no especifica que es una universidad virtual).

Al final del texto, se refiere a sus actividades empresariales y dice que ha sido director ejecutivo, asesor comercial, gerente y socio de las siguientes empresas: Transportes Conferencia Ltda., Centro Veterinario y Agrícola (Centrovet), Inversiones Kava Ltda., Farquímica Ltda., Inmobiliaria Vertical S.A.

En su nueva declaración de patrimonio (entregada el 31 de marzo) y que actualiza una declaración similar hecha cuando asumió como diputado en 2014, Daniel Farcas sólo menciona a Transportes Conferencia y Kava. También señala que es dueño del 1% de Inversiones Cloni Limitada, con $82.257.112. Sin embargo, el registro del Diario Oficial indica que se retiró completamente de esa empresa familiar en julio de 2013.

En 2014, su declaración de intereses incluía también una participación en Productos Químicos Ehlinger, pese a que no la mencionaba en su declaración de patrimonio. La nueva norma contempla un solo formulario, que incluye intereses y patrimonio. Según el manual que preparó el gobierno, esto es así debido a que ahora “se reconoce la dimensión de fuente de conflictos de intereses que posee el patrimonio, por lo que la separación entre patrimonio e intereses carece de justificación”.

Aunque hay una casilla en que se pregunta por “otras fuentes de conflicto de intereses”, el reglamento señala que el llenado de la casilla es voluntario (Farcas la dejó en blanco). Si además el mero nombre de las sociedades en que una autoridad participa no permite deducir en qué áreas invierte y el giro es tan vago como “inversiones”, tampoco se puede saber dónde podría haber conflictos de intereses, como sucede en este caso. El área de potenciales conflictos aumenta si se toma en cuenta que sólo se obliga a explicitar las inversiones de sus sociedades cuando se es controlador o administrador de la misma.

Eduardo Engel, quien presidió la comisión anticorrupción conocida por su apellido, señala que este aspecto de la ley pudo ser más exigente:

–Hubiese sido mejor tener detalles sobre las inversiones de sociedades que no controla el funcionario público, en la medida que los montos en cuestión sean significativos, ya que en caso contrario será difícil detectar conflictos de interés. Por ejemplo, un alcalde puede tener una participación minoritaria pero significativa en la sociedad “Santo Alcalde”, dueña de la empresa recolectora de basura “Diabla Basura”. Si el alcalde favorece a “Diabla Basura” en la licitación comunal, su declaración de patrimonio e intereses no servirá para detectar este ilícito, pues solo menciona a “Santo Alcalde” y no a “Diabla Basura” –explica Engel.

El caso del diputado Farcas es un poco más complejo. Su declaración incluye un mandato entregado a Portafolio Capital S.A. para la administración de una cartera de valores por un total de $10.848 millones (la suma de los activos de las tres sociedades que él mismo declara). Según el formulario llenado por Farcas, el contrato de ese fideicomiso fue firmado el 24 de diciembre de 2013 en la notaría de René Benavente.

CIPER fue a dicha notaría a consultar los índices y también revisó los documentos del Archivo Judicial y no encontró ningún registro que acredite que el contrato se firmó la víspera de la Navidad de 2013, como consignó el diputado. Simplemente no hay huella de la escritura.

CIPER entonces consultó al diputado Farcas por el contrato del fideicomiso. Su respuesta fue que nuestra búsqueda había sido en vano ya que el contrato del fideicomiso se hizo a través de una escritura privada. Eso significa que solo las partes se quedan con un facsímil.

El diputado Daniel Farcas declinó dar a conocer la copia de dicho contrato. Dijo no entender por qué él iba a ser el foco de un reportaje y no confiar en este medio, por lo que mantendrá en secreto el contrato. Insistió, eso sí, en que el fideicomiso “es ciego”: “He sido súper transparente y de una sola línea. No he participado en nada. No tengo idea en qué está invertido”.

Cabe recordar que, al momento de supuestamente firmar el fideicomiso, la situación de Farcas era como la de Sebastián Piñera en 2009: meramente declarativa, pues no existía una ley que fiscalizara que fuera realmente ciego. Según ha dicho el Superintendente de Valores y Seguros, Carlos Pavez, más allá de lo que diga el contrato entre privados, la ley obliga al mandatario a entregar información de sus inversiones si el mandante así lo requiere.

De todos modos, si el fideicomiso de Farcas existiera y estuviera regulado para ser ciego, la nueva ley establece que la copia del mandato debiera estar publicada en el sitio web de la Cámara de Diputados, con el inventario de los valores sobre los que se constituye el mandato. Además, la empresa escogida para administrar el patrimonio del diputado debiera estar inscrita en un registro especial de la SVS. Nada de eso sucede.

Es importante destacar que la nueva ley solo obliga a crear un fideicomiso o enajenar los activos a quienes tengan un patrimonio de 25.000 UF ($664 millones) invertidos en “acciones de sociedades anónimas abiertas, opciones a la compra y venta de tales acciones, bonos, debentures y demás títulos de oferta pública representativos de capital o de deuda”. Esos requisitos no se aplicarían al patrimonio de Farcas, al menos de manera directa, pues el monto mayor está invertido en una sociedad anónima cerrada (Kava).

La norma que sí le corresponde cumplir es la que lo obliga a detallar sus inversiones. Y ello, porque en Inversiones Kava el diputado declara poseer el 99% del capital. El artículo 7, letra e) explicita que cuando un funcionario sea el controlador de una sociedad o pueda influir decisivamente en su administración, deberán incluirse en la declaración de patrimonio sus bienes inmuebles, derechos, concesiones, valores y acciones en comunidades, sociedades o empresas. Como se dijo, nada de eso cumplió el diputado Farcas.

Además de la letra de la ley, que en este caso es clara, existe un reciente pronunciamiento de la Contraloría referente al artículo que obliga a vender o delegar en un fideicomiso el patrimonio de una autoridad y cuya interpretación podría extenderse a otros acápites de la ley. El pronunciamiento responde a una consulta del gobierno respecto de si las autoridades se deben desprender solo de aquellos títulos en que tengan propiedad directa o también incluye a aquellos en los que se participa a través de otra sociedad. La respuesta del contralor Jorge Bermúdez es tajante: se refiere a la propiedad “por sí o a través de una sociedad u otra entidad en la cual tengan participación”. Interpretarlo de otra forma, dice el dictamen, “permitiría vulnerar las obligaciones en análisis con relativa facilidad, mediante la constitución o integración de sociedades y el correspondiente traspaso de los pertinentes títulos, restando eficacia a la preceptiva establecida al efecto”.

DÉBIL FISCALIZACIÓN A PARLAMENTARIOS

Quizás el principal avance de esta nueva ley de probidad es que entrega a la Contraloría atribuciones para fiscalizar la veracidad de las declaraciones de patrimonio  y establece sanciones cuando no se cumpla con las normas. Hasta ahora, y tal como lo reportó CIPER en múltiples oportunidades, no era poco habitual encontrar declaraciones incompletas o con graves omisiones, sin que nadie se hiciera cargo de aquello.

Camara de DiputadosEn el caso de aquellas autoridades que están fuera del alcance fiscalizador de la Contraloría, el avance es más ambiguo. En lo que respecta al Congreso, la ley otorgó la supervigilancia a las respectivas comisiones de ética de cada cámara, las que están compuestas por los mismos parlamentarios.

A diferencia de la Contraloría, que recibió atribuciones para pedir información a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF), la SVS, al Servicio de Impuestos Internos (SII), los conservadores de bienes raíces, el Registro Civil y a cualquier otro organismo público, no sucede lo mismo con el Congreso. Es decir, las comisiones de ética no tendrán facilidades especiales para poder chequear el contenido de las declaraciones de patrimonio y sólo accederán a información que es pública.

El prosecretario de la Cámara de Diputados, Luis Rojas, explicó a CIPER que la corporación firmó un acuerdo con el Registro Civil para facilitar el chequeo de los datos de las declaraciones. Si bien hay otro convenio con el SII, dicho organismo aún está evaluando qué información puede entregar, pues la ley no le permite dar a conocer datos amparados bajo el secreto tributario.

La ley señala que si un parlamentario no hace su declaración a tiempo o lo hace de manera incompleta o inexacta, “será apercibido” por la respectiva comisión y tendrá otros diez días hábiles para entregar el documento corregido. Si no lo hace, la multa es de 5 a 50 UTM (hasta $2,3 millones), descontables de su dieta, por cada mes en que no corrija la falta. Las comisiones pueden iniciar el procedimiento sancionatorio de oficio o por denuncia de cualquier interesado, y si el parlamentario no está de acuerdo con la resolución puede presentar un recurso de reposición, que resuelve la misma comisión. A diferencia de los funcionarios de la administración del Estado, que pueden ser incluso removidos de sus cargos, para los parlamentarios no hay más que una multa.

Luis Rojas, prosecretario de la Cámara de Diputados, dijo a CIPER que la Comisión de Ética decidió de oficio realizar un chequeo de los datos de todas las nuevas declaraciones de patrimonio. Para ello mandató a un equipo de cuatro personas de la Oficina de Informaciones para que en 45 días cruce la información con otras fuentes abiertas, plazo que vence a fines de mayo.

Además, actualmente en el Senado se tramita un proyecto de ley que crea una Dirección de Ética y Transparencia bicameral, iniciativa de los propios parlamentarios para enfrentar la crisis de confianza agudizada tras el escándalo de las platas políticas. La nueva dirección estaría compuesta por profesionales propuestos por Alta Dirección Pública y en el caso de las declaraciones de patrimonio su labor sería investigar su veracidad para luego entregar los resultados a las comisiones de cada cámara, que por ley son las que deben sancionar. Se espera que la nueva norma, que modifica la Ley Orgánica Constitucional del Congreso, se despache en los próximos meses.

Mientras tanto, el caso del diputado Farcas servirá para poner a prueba la nueva ley. A partir de la información que entregó, los chilenos no pueden saber de sus millonarios intereses en los cuestionados antibióticos de los salmones, ni que invierte dinero en negocios inmobiliarios, y tampoco fiscalizar que no vote en su beneficio. La Comisión de Ética tiene ahora la palabra y queda por verse si hubo mejoras reales en materia de probidad o es letra muerta para los parlamentarios.

Las sociedades en que se funde la fortuna de la familia Piñera Morel

“Mi madre siempre me dijo: si hay algo de mal gusto, es hablar de plata”, respondió el ex presidente Sebastián Piñera cuando en el matinal de Mega le preguntaron por el valor real de la fortuna de su familia. La Tercera había informado que en la declaración de patrimonio que entregó al Servel –como precandidato– incluyó activos por US$600 millones, lejos de los US$2.700 estimados por la revista Forbes. Piñera reconoció que la declaración subestima el valor real de su fortuna, pues considera avalúos fiscales y el “valor libro” de las empresas, pero invocó a su madre para no transparentar el verdadero volumen de sus activos.

“La revista Forbes estima un patrimonio familiar y lo que yo hice es declarar un patrimonio personal”, dijo en una entrevista posterior con Pedro Carcuro. Piñera y sus voceros se han esmerado en presentar las inversiones del candidato y las de sus hijos como dos carriles separados. Pero la división no es tan clara, tal como el propio Piñera lo describió en la misma entrevista de TVN: “Con mi mujer y mis hijos conformamos una sociedad hace más de 30 años y juntos hemos emprendido muchos proyectos y muchas empresas”.

BIDev SPMCIPER reconstruyó la trama societaria familiar de los Piñera Morel, la que cobra importancia en esta nueva carrera a La Moneda, porque no solo el candidato hará un fideicomiso, sino también su esposa e hijos, aunque la ley no lo exige. A diferencia de lo que hizo en la campaña de 2009, Piñera incluirá en su fideicomiso sus inversiones en el extranjero, pero sus herederos dejarán fuera sus negocios en el exterior. Así, pese a ir “más allá de la ley”, como suele insistir Sebastián Piñera, una parte importante de los negocios que ha creado y que poco a poco ha transferido a su familia, seguirá fuera del alcance del ojo público.

El año pasado Radio Biobío reveló la existencia de una sociedad en las Islas Vírgenes Británicas, y el diario Pulso dio a conocer una segunda en Luxemburgo, propiedad de los herederos de Piñera. Pese a las críticas que recibió en ese momento, Piñera no transparentó todas las sociedades en paraísos tributarios en las que participa su familia. Hay una tercera que omitió: Bancard International Development Inc., basada en las Islas Vírgenes Británicas, y descubierta por CIPER durante la investigación para este reportaje.

FORTUNA FAMILIAR OFF SHORE

El ex presidente Piñera al anunciar que sus hijos van a poner parte de sus inversiones en un fideicomiso ciego voluntario, informó que él vendió su participación en las sociedades familiares. Lo cierto es que es difícil separar el patrimonio de los distintos integrantes del clan Piñera. Comparten sociedades cuyo capital tiene el mismo origen –la fortuna de Sebastián Piñera Echenique– y lo que éste ha hecho es desligarse formalmente de su propiedad o bien entregarles una herencia en vida (sin pagar los onerosos impuestos a la herencia o a las donaciones).

Además, todas estas sociedades forman parte del llamado Grupo Bancard, que administra los negocios familiares. Es desde los cuarteles generales que Piñera tiene en Apoquindo 3000, que el equipo encabezado por el gerente general del Grupo Bancard, Nicolás Noguera, administra en conjunto el patrimonio de Piñera y el de su familia, que en la práctica es un family office.

Al menos dos de sus hijos todavía eran menores de edad cuando Piñera los incorporó como socios de sus empresas. Esto demuestra que ellos no generaron el dinero que hoy está a su nombre y que su patrimonio está completamente fundido con el de su padre. En 1997, Cristóbal Piñera Morel tenía apenas 13 años y su hermano Sebastián, 15. De enero de ese año data la primera publicación en el Diario Oficial que los sitúa como accionistas de Inversiones Bancard Limitada, junto a sus hermanas Cecilia y Magdalena. Cada uno de los Piñera Morel tenía entonces más de $520 millones de participación en esa sociedad.

Poder BII a SPESólo nueve meses más tarde, en septiembre de 1997, Sebastián Piñera creó en las Islas Vírgenes Británicas la sociedad Bancard International Investment Inc., la que sería representada por  Inversiones Bancard Limitada, la sociedad en que participan sus hijos. De acuerdo a un documento oficial de esa jurisdicción, la empresa tiene un capital autorizado de casi US$103 millones (ver documento). Su nombre salió a la luz cuando se descubrió que a través de esa sociedad Piñera tenía acciones de la pesquera peruana Exalmar y que funcionaba como un vehículo de inversión en el exterior (ver el reportaje “Piñera offshore: las inversiones en Latinoamérica de su sociedad en un paraíso fiscal).

Las escrituras revisadas por CIPER dan cuenta de que Inversiones Bancard actuaba como director de Bancard International Investment y le entregaba un poder a Sebastián Piñera Echenique para operar en su nombre (ver documento de marzo de 2004). El ex presidente fue también director de esta sociedad en las Islas Vírgenes al menos hasta enero de 2009, fecha en que firmó una escritura para sumar como apoderado a su hijo Sebastián. Sería este último quien lo reemplazaría en las siguientes escrituras como director de la misma sociedad, al menos hasta agosto de 2015.

No está claro en qué momento Bancard International Development Inc. se sumó al holding de empresas de la familia Piñera, pero las referencias más antiguas encontradas por CIPER en las escrituras revisadas para este reportaje son de 2004. Desde entonces se comportó en Chile casi como un espejo de la otra sociedad domiciliada en las Islas Vírgenes, primero con Sebastián Piñera Echenique como director, y luego con Sebastián Piñera Morel cumpliendo ese rol (ver documento de agosto de 2015).

Inversiones Bancard Ltda, la misma donde los hijos de Piñera debutaron en el mundo de los negocios, tiene su origen en una antigua empresa “zombie” y fue utilizada por su padre para eludir el pago de millones de pesos en impuestos (ver reportaje).

En 2015, CIPER reveló que dos sociedades del grupo habían sido denunciadas por el Servicio de Impuestos Internos (SII) por emitir boletas sin respaldo a SQM por un total de $344 millones. Se trata de Vox Populi y Administradora Bancorp, ambas sociedades en las que los cuatro hijos de Piñera tenían participación relevante.

La segunda fue, además, la que suscribió una operación ficticia de forward con el Grupo Penta, la que actualmente es investigada por el Ministerio Público. Sobre este episodio, el abogado de Piñera, Fernando Barros, dijo a El Mercurio: “Administradora Bancorp es parte del conglomerado de empresas y en este caso concreto cuelga del área de empresas de los hijos. Por eso, Sebastián Piñera no ha estado involucrado en su gestión”.

Administradora Bancorp era propiedad de Inversiones Bancorp Limitada (de Piñera, su mujer y sus hijos) y de Inversiones Santa Cecilia S.A., que a su vez está controlada por la anterior (ver reportaje).

LA SAGA GRIEGA

La Iliada, la Odisea y la Eneida, las tres grandes epopeyas grecolatinas, no sólo están unidas en sus argumentos por la Guerra de Troya, sino también por Sebastián Piñera. A partir de 2006, el ex mandatario creó una nueva línea de sociedades familiares para administrar su fortuna, a las que bautizó con el nombre de los tres relatos épicos.

Sebastián Piñera padre y Sebastián Piñera hijo
Sebastián Piñera Padre y Sebastián Piñera hijo

La primera en emerger fue Odisea. Su antecedente en la estructura societaria del empresario data en realidad de 2004, cuando junto a sus cuatro hijos constituyó Piñera Asociados como sociedad colectiva civil, una figura legal cuya característica principal es que no debe cumplir ninguna formalidad. Es decir, no debe publicarse su constitución en el Diario Oficial ni inscribirse en el Registro de Comercio, lo que la hace particularmente reservada para operar. Dos años más tarde, Sebastián Piñera la rebautizó como Inversiones Odisea Limitada.

En su constitución, la sociedad se caracterizó por el bajo aporte del padre –sólo $18 millones– mientras que cada uno de sus hijos figuraba invirtiendo $4.495 millones. A esa fecha, Cristóbal, el menor de los Piñera Morel, tenía 20 años y era estudiante de Sicología. Su hermano Sebastián probablemente estaba terminando su carrera de Ingeniería Comercial y Cecilia estaba recién titulada de pediatra. Magdalena, la mayor, es profesora de Historia y para entonces ya tenía varios años de experiencia laboral, pero nada que le permitiera invertir más de $4 mil millones.

Una cosa que resulta curiosa es el acceso que tenían los hijos de Piñera a la fortuna de la que en teoría ya eran dueños. Cuando en 2012 Cristóbal Piñera lanzó un emprendimiento en internet, señaló que pidió dinero a terceros y no al entonces presidente, y que como tuvo que renunciar a su trabajo debió volver a vivir a la casa de sus padres: “Viví seis meses de ahorros, me restringí de varias cosas que hacía antes”, dijo a La Tercera. Hablaba como un hijo de la clase media y no como el joven multimillonario que figuraba en las escrituras de las diversas sociedades familiares que integraba.

La participación de Sebastián Piñera Echenique representaba el 0,05% de Odisea cuando la vendió a sus hijos el 10 de marzo de 2010, un día antes de asumir la Presidencia de la República. Pero esa misma jornada, justo antes de desvincularse, Piñera ejerció un derecho sobredimensionado para su porcentaje de participación: podía elegir por sí solo a un miembro del directorio y dejó amarrado a su amigo y socio José Cox. Además, concurrió con su voto para elegir a Fernando Barros, su abogado de cabecera y creador de su red de sociedades.

Con Piñera formalmente fuera de Odisea, el nombre de ésta no hizo mayor ruido. Sin embargo, movía grandes volúmenes de dinero. Según La Tercera, en mayo de 2016 Odisea le prestó casi US$40 millones al grupo Cueto, al tiempo que invertía en numerosos fondos privados.

Odisea se hizo conocida cuando se supo de la compra de las acciones de Exalmar por parte de Mediterráneo Fondo de Inversión Privado. En este fondo, Odisea tiene el 99,99999%, según informó al Ministerio Público el abogado de Mediterráneo, Juan Domingo Acosta, en la investigación por la compra de acciones en la pesquera peruana. El diario Pulso informó que Odisea es también la actual dueña de la sociedad afincada en Islas Vírgenes: Bancard International Investment.

Luego de que Piñera dejó La Moneda, Odisea sufrió dos cambios relevantes. En julio de 2014, los Piñera Morel, dueños cada uno de un 25%, volvieron a transformarla en una sociedad colectiva civil. Y en septiembre de ese año ingresó un nuevo socio mayoritario: Inversiones La Ilíada. Esta última se quedó con el 60,4%, tras aportar más de $345 mil millones (unos US$ 517 millones).

cristóbal piñera
Cristóbal Piñera

Durante la investigación por la compra de acciones en Exalmar, el Ministerio Público pidió documentos de varias de las empresas ligadas a la familia Piñera. El abogado Acosta se negó a entregar aquellos relacionados con La Ilíada, por haber sido creada fuera del “periodo relevante” (el periodo presidencial de Piñera, que terminó en marzo de 2014). Como también es una sociedad colectiva civil, no hay publicaciones que contengan la información. Pese a ello, CIPER encontró en el Archivo Judicial su escritura de constitución, fechada el 30 de julio de 2014. La creación de Inversiones La Ilíada marca el ingreso de la tercera generación Piñera en los negocios familiares: seis de los nietos del ex mandatario, todos niños pequeños, figuran como accionistas.

La Ilíada nació con un capital de sólo $1 millón, de los cuales Sebastián y Cristóbal Piñera Morel pusieron $250 mil cada uno. Los cuatro hijos de Magdalena Piñera y Pablo Rossel colocaron, en conjunto, otros $250 mil. El último cuarto del capital lo aportaron los dos hijos de Cecilia Piñera y Ricardo Levy.

Tal como ocurre con el Caballo de Troya en los relatos de Homero y Virgilio, la sociedad escondía una sorpresa. En solo dos meses, la modesta sociedad que originalmente tenía un capital de $1 millón fue capaz de invertir más de US$500 millones en Inversiones Odisea. ¿De dónde salió ese dinero? No hay registro público.

Con ese capital, Odisea estaba lista para ingresar a las ligas mayores. Así lo demuestran los documentos a los que tuvo acceso CIPER: el 17 de diciembre de 2014, Odisea inscribió en Luxemburgo a Inversiones Eneida S.a.r.l, S.P.F. La primera sigla significa que es una sociedad de responsabilidad limitada, mientras que la segunda señala que es una sociedad de gestión de patrimonio familiar, entes reservados exclusivamente para la gestión de activos financieros y que tienen beneficios tributarios, como la exención del pago de impuestos a las utilidades.

Luxemburgo es miembro de la Unión Europea y ha logrado salir de las listas negras que lo consideraban un paraíso fiscal, pero sigue en un terreno gris. Es, al menos, una jurisdicción con bajas tasas impositivas (ver “Luxemburgo, el gran ducado de los pequeños impuestos”) y sus regulaciones favorables a las transacciones financieras la convirtieron en el país que ostenta el mayor PIB per cápita del mundo (ver “Cómo la elite política y financiera creó un paraíso fiscal”). Luxemburgo ha sido utilizado masivamente como una plataforma de evasión fiscal internacional, tal como lo demostró la investigación periodística Luxleaks (ver reportaje).

Inversiones Eneida nació con un capital de 12,5 millones de euros (ver documento de constitución), el que aumentó a 18 millones de euros apenas unos días después, en la víspera del año nuevo, el 31 de diciembre de 2014 (ver documento). Un año más tarde, en noviembre de 2015, la cifra aumentó a 30 millones de euros (unos US$ 32 millones). Todas las acciones fueron suscritas por Inversiones Odisea (ver documento).

La dirección en Luxemburgo de Eneida es la de Amicorp Group, empresa en que también trabajaban quienes fueron designados como sus gerentes: Fabio Mastrosimone y Marco Lagona, ambos domiciliados en Italia. Amicorp ofrece servicios de gestión de activos en jurisdicciones internacionales y se hizo conocida en Chile por abrir las sociedades que Sergio Jadue utilizó en paraísos fiscales para esconder su millonario fraude.

LOS HEREDEROS

El mayor de los hijos hombres de Sebastián Piñera Echenique, Sebastián Piñera Morel, se ha consolidado como su heredero en materia de negocios. Trabajó con su padre en Bancard y participó en el comité de directores que administró la porción de su patrimonio que quedó fuera de los fideicomisos ciegos que delegó cuando llegó a La Moneda.

En medio del gobierno de su padre, Piñera Morel viajó a hacer un MBA a la Universidad de Stanford y al regreso creó una empresa de inversiones, BP Capital, pero siguió participando de las decisiones estratégicas de Bancard.

Ricardo Levy
Ricardo Levy

Junto a su hermano Cristóbal, quien acaba de terminar un MBA en el MIT, es director de casi todas las sociedades de su padre: Vox Populi, Sociedad Agrícola y Ganadera Los Corrales, Parque Chiloé, Arenas Blancas, Inmobiliaria El Mañío, Inmobiliaria El Canelo, Inmobiliaria El Boldo, Inversora San Juan, Diptel, Inversiones y Asesorías Milenio, Hotelera Lago Ranco, Inversiones Santa Cecilia, Bancard Inversiones e Inversiones Bancorp, por nombrar algunas. Sebastián y Cristóbal Piñera Morel tienen además la representación de dos de las empresas familiares clave: La Ilíada y Odisea.

La presidencia de las sociedades de Piñera quedó delegada, cuando inició su carrera a La Moneda en 2009, en dos de sus hombres de mayor confianza: Fernando Barros y José Cox. Sin embargo, en agosto de 2015, Cox renunció al menos a ocho de esas sociedades. Ingresó entonces a escena un nuevo liderazgo: Ricardo Levy, el esposo de Cecilia Piñera Morel. Levy, quien es ingeniero civil de la UC y MBA de Stanford, asumió la presidencia de casi todas las sociedades de su suegro en reemplazo de Cox.

La quiebra que puso a prueba el modelo público-privado de defensoría penal en Chile

Vea además:

 

Somos la oficina de abogados privados penales más grande de Chile”, se lee aún en la página web de la ahora desparecida Defensa Jurídico Penal Sociedad Anónima (D.J.P.). Suena como un eslogan, pero es probable que en algún momento haya reflejado la realidad, pues D.J.P. creció al alero de un modelo de defensa penal pública que entrega a privados más del 70% de las causas en que el Estado asume la representación de los imputados, principalmente de escasos recursos. De todas las empresas que florecieron con el nuevo sistema, D.J.P. fue la que más contratos se adjudicó desde que en 2005 la Reforma Procesal Penal se implementó en la Región Metropolitana, la más poblada del país. Pese a tener un millonario flujo de ingresos asegurado, las finanzas de D.J.P. colapsaron y desde enero se encuentra en proceso de liquidación.

La quiebra de D.J.P. dejó heridos en el camino y puso un signo de interrogación sobre un modelo que descansa en la tercerización de la defensa pública. A mediados de 2016, D.J.P. dejó de pagar los sueldos de los abogados contratados para atender a los clientes del Estado. Era claro que la empresa era inviable económicamente y de mutuo acuerdo se puso fin a sus contratos con la Defensoría. Pero ese no fue el fin de la relación: el 23 de septiembre de 2016, se firmó el fin anticipado de cuatro convenios con D.J.P (ver documento). Tres días más tarde, el 26 de septiembre, el ente público aprobó un nuevo contrato de tres años por $890 millones con Asesorías Jurídicas Integrales SpA (A.J.I.), una empresa creada por D.J.P. Ambas tienen el mismo representante legal, el abogado Gonzalo Torre Griggs (ver aprobación del contrato y orden de compra).

Gonzalo Torre, socio de DJP (Foto: torreycia.cl)

Parte de los abogados y personal administrativo de D.J.P. simplemente fueron traspasados a A.J.I. “Era parte del mismo holding, pero nos prometieron que nos iban a pagar, que eran distintos RUT. Dijeron que esta empresa estaba limpia”, recuerda uno de los abogados que trabajaba para D.J.P. y que siguió haciéndolo para A.J.I. El desenlace no debería sorprender: al terminar el primer mes, no se pagaron los sueldos. Dos semanas más tarde, la Defensoría instó a los abogados a renunciar y continuar trabajando a través de un convenio directo con la institución. El resto del personal quedó en la calle.

“No teníamos causal legal para no suscribir el contrato con A.I.J.”, asegura Juan Pablo Montes, asesor jurídico de la Defensoría Metropolitana Norte. Dice que aunque eran dos empresas distintas, buscaron argumentos jurídicos que les permitieran no firmar el nuevo convenio, pero no los encontraron. La Contraloría ya había tomado razón de la adjudicación, pues la licitación se había cerrado en mayo.

En el momento en que explotó la crisis, a mediados de 2016, D.J.P. tenía más de 40 abogados contratados para la Defensoría Penal Pública. Otros ocho abogados se sumarían en octubre, tras el convenio con A.J.I. En total, los abogados de D.J.P. tenían en sus manos 3,253 causas judiciales. “Nosotros no sabíamos la realidad de los trabajadores impagos por meses, algunos un año, porque no estaban dentro de las nóminas de abogados ni de asistentes que tenían relación con nosotros a través de los contratos licitados”, dice el jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica de la Defensoría, Álvaro Paredes.

CIPER encontró testimonios de abogados de D.J.P. y que trabajaban para la Defensoría que denuncian que al menos un año antes de que saliera a la luz la crisis, la empresa evidenció su falta de liquidez: empezó a pagar los sueldos de manera parcelada y a incumplir las obligaciones previsionales. Pese a que la Defensoría debe certificar que la empresa cumple las normas laborales antes de trasferir los pagos, ésta no detectó los problemas de insolvencia de D.J.P. Tras una denuncia, la Fiscalía de Alta Complejidad (Centro Norte) se encuentra investigando si en los últimos meses D.J.P. falsificó las firmas de sus empleados en los documentos que avalaban el cumplimiento de sus compromisos laborales.

AUGE Y CAÍDA DE D.J.P.

La sociedad Defensa Jurídico Penal (D.J.P.) fue creada en octubre de 2004 por los abogados Kleber Monlezun Cunliffe, Gonzalo Torre Griggs y la Universidad Miguel de Cervantes. El objetivo de D.J.P. era presentarse a las licitaciones de la recién creada Defensoría Penal Pública, pues la nueva reforma procesal penal comenzaría a operar en Santiago durante el año siguiente.

La apuesta fue un éxito. En esa primera licitación, D.J.P. se adjudicó el 48% de las causas licitadas en la Región Metropolitana y empezó a posicionarse como una importante oficina de abogados defensores. La atención pública se centró en los vínculos políticos de una de las instituciones que formaba parte de D.J.P.: la Universidad Miguel de Cervantes. Su presidente (hoy rector), era el ex diputado democratacristiano Gutenberg Martínez, casado con Soledad Alvear, la ministra de Justicia que llevó a cabo la Reforma Procesal Penal y firmó el proyecto de ley que creó la Defensoría Penal Pública, con su modelo con énfasis privado. Y su representante era Francisco Cumplido, ex ministro de Justicia, también democratacristiano, partido al que estaban ligados varios de los directivos de dicha universidad privada.

En septiembre pasado, Martínez aseguró a CIPER que debido a la polémica la universidad se retiró en 2007 de D.J.P. Los vínculos no desaparecieron del todo: la oficina principal de la empresa funcionó hasta su cierre, a fines de 2016, en el edificio de la Universidad Miguel de Cervantes. El inmueble es propiedad de Inmobiliaria Educacional S.A., en que uno de los accionistas es la Sociedad de Inversiones TLA S.A., creada por el abogado Torre y Mercedes Aubá Asvisio. Esta sociedad es parte de la Corporación Universidad Miguel de Cervantes, lo que explica que Torre sea parte del consejo directivo de esa casa de estudios y Aubá su secretaria general.

El historial de contratos entre DJP y la Defensoría Penal Pública. Fuente: Univisión con datos de CIPER.

 

En 2010, Torre Griggs y Aubá Asvisio, junto a otros socios, crearon Defensa Judicial de Personas Sociedad Anónima. La empresa, cuyas siglas coinciden con las de D.J.P., también se ha adjudicado licitaciones de la Defensoría Penal Pública.

Sólo entre 2007 y 2014 ambas sociedades –Defensa Jurídico Penal y Defensa Judicial de Personas– recibieron al menos $18 mil millones por los contratos con la Defensoría.

En 2009, D.J.P. creó también Mediación Integral SpA, otra empresa que prestaría servicios al Estado. Los registros oficiales de transparencia indican que, desde su nacimiento hasta octubre de 2015, recibió pagos de la Subsecretaría de Justicia por más de mil millones de pesos. El mismo mes que dejó de prestar servicios de mediación para el gobierno, D.J.P. modificó el nombre de Mediación Integral SpA por uno que anunciaba su nuevo giro: Asesorías Jurídicas Integrales SpA (A.J.I.). Con esa nueva identidad participaría en la siguiente licitación de la Defensoría Penal Pública. Al momento de firmar su primer contrato (en septiembre de 2016, y que apenas duró un mes y medio), su dueño ya no era D.J.P., aunque compartía accionistas: Gonzalo Torre Griggs y dos de los socios de Defensa Judicial de Personas, Mercedes Aubá Asvisio y Marco Antonio Lillo de la Cruz.

Nadie informa con certeza qué gatilló los problemas financieros de D.J.P. Aunque para su principal controlador, la explicación es clara: en septiembre pasado, Torre Griggs dijo a CIPER que el problema era que los ingresos eran menores que los gastos. En la solicitud de liquidación voluntaria que la empresa presentó el 22 de enero pasado en el 28° Juzgado Civil de Santiago, se asegura que los contratos con la Defensoría Penal Pública no eran rentables (ver documento).

El escrito judicial señala que los contratos de la primera licitación (2005), en que la Defensoría pagaba por causa terminada, le permitieron a D.J.P. repartir por única vez dividendos entre los socios. Dicha fórmula de pago fue modificada por la Defensoría en las licitaciones posteriores porque generaba incentivos perversos que afectaban la calidad de las defensas y las empresas maximizaban sus márgenes pagando bajos sueldos a los abogados.

Pese a que D.J.P. siguió concursando durante once años en las licitaciones, ahora se dice que apenas les permitían cubrir sus costos fijos y que participaban para “ganar experiencia”, a la espera de mejores condiciones: “Sin embargo, en vez de ir mejorando los precios, éstos fueron gradualmente bajando y las exigencias aumentaron hacia los prestadores, lo que significó que los costos fueran mayores que los ingresos”, se lee en el escrito judicial que solicita su liquidación.

La explicación es poco convincente para los otros actores del sistema. Aunque un defensor privado del norte del país dijo haber recibido con retraso su salario recientemente, no se sabe de otros proveedores que hayan tenido problemas financieros graves. Además, la misma D.J.P. siguió participando una y otra vez en las licitaciones. Según Álvaro Paredes, jefe de asesoría jurídica de la Defensoría, en un momento se intentó tener acceso a las utilidades que tenían los proveedores en cada contrato, pero la Contraloría impugnó la medida, por lo que la autoridad no conoce el nivel de ganancias que dejan las licitaciones.

Ante el tribunal, D.J.P. reconoció deudas por $398 millones, la gran mayoría con sus trabajadores. Es probable que el monto crezca, pues a una empleada que ya ganó un juicio, la empresa dice adeudarle $242 mil, mientras que la justicia condenó a D.J.P. a pagarle $16,8 millones más cotizaciones pendientes, reajustes e intereses.

Algo que llama la atención es que el mayor acreedor de D.J.P. es el abogado y ex coordinador de la empresa, José Rojas Silva, a quien le reconocen una deuda laboral por más de $50 millones. Rojas es socio de Gonzalo Torre Griggs en varias empresas y trabaja en su estudio Torre y Cía. Contactado por CIPER, el abogado aseguró que todas las empresas que creó con Torre están inactivas y sólo tiene con él una “comunidad de techo” como abogado.

Torre y Rojas tienen otro lazo común: ambos están registrados en la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, entidad que reemplazó a la Superintendencia de Quiebras. Rojas figura como veedor, hasta diciembre pasado; y Torre Griggs como asesor económico de insolvencia (antes fue síndico de quiebras). Este último se presenta en otra de sus empresas (www.insolvencia.cl) como un abogado con “amplia experiencia en asesorías a empresas en situación de insolvencia, (que) ha participado en importantes quiebras y convenios judiciales”. Es curioso que con esa especialidad no haya podido resolver los problemas financieros de su empresa D.J.P.

SE ENCIENDEN LAS ALARMAS

Según Álvaro Paredes, la primera señal de alerta de que algo andaba mal con D.J.P. la dio en mayo de 2016 el jefe de Estudios de la Zona Metropolitana Sur, Jorge Moraga, quien “señaló que le preocupaba que hubiera alguna lesión a la calidad de la cobertura”. Moraga dice que supo de “la situación que afectaba a los abogados pertenecientes a la empresa D.J.P.” en una reunión del equipo regional y que desde ese momento los esfuerzos de centraron en prevenir que afectara la atención de los usuarios.

Álvaro Paredes, jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica de la Defensoría Penal Pública

La solución, coinciden Paredes, Moraga y Montes –todos funcionarios de la Defensoría–, se logró gracias a que los abogados de D.J.P. siguieron representando a sus clientes pese a que la empresa dejó de pagar sus salarios. “Mostraron un alto compromiso y una encomiable vocación de servicio. Ello permitió que pese a los inconvenientes existentes, los problemas de cobertura y calidad en el servicio fueran virtualmente inexistentes”, dice Moraga, aunque él mismo y otros abogados del staff de la Defensoría debieron reemplazar a los abogados de D.J.P. en algunas audiencias.

En total, 44 de los abogados de D.J.P. fueron recontratados de manera directa por la Defensoría a partir de agosto de 2016. A muchos de ellos la empresa aún les adeuda meses de trabajo, además de indemnizaciones y cotizaciones previsionales obligatorias. Los juzgados laborales de Santiago registran 38 demandas contra D.J.P., varias de las cuales incluyen a más de un recurrente. A los recontratados, la Defensoría les exigió no extender la demanda a esa institución para intentar recuperar su dinero. Pero el resto, además de empleados administrativos, sí lo hizo.

En uno de los juicios laborales, un peritaje privado acreditó que D.J.P. había falsificado la firma de uno de sus empleados en el documento de liquidación de sueldo que envió a la Defensoría para demostrar que salarios y cotizaciones estaban al día, un requisito para poder recibir los dineros del contrato con el Estado. Dos abogados presentaron una denuncia penal y actualmente el Ministerio Público investiga a la empresa por presunta “falsificación o uso malicioso de documento privado”.

LA EMERGENCIA POR DENTRO

En el sistema mixto de Defensoría Penal Pública, las empresas licitadas de abogados deben atender a los usuarios como si fueran la misma institución pública. En el oscuro hall de ingreso al edificio Carmen 8 (aledaño a la Alameda) aún se lee que en el cuarto piso está la Defensoría Penal Pública. Lo que allí funcionaba era una de las oficinas de D.J.P.

Carmen 8 es un edificio histórico en la política chilena y, al igual que los orígenes de D.J.P., está ligado a la Democracia Cristiana (DC). Entre los pisos 6 y 8 estaba la sede del partido durante la dictadura. Por eso, uno de los mayores escándalos políticos de la época fue bautizado como el Carmengate. En 1988, durante la primaria para elegir al primer candidato presidencial del retorno a la democracia, el ganador en la DC fue Patricio Aylwin, pero su contendor, Gabriel Valdés, acusó que en la sede de Carmen se habían manipulado los votos. Siempre quedó la duda de si eso había cambiado el rumbo de la transición chilena.

En el edificio de Carmen 8 la oficina de DJP se presentaba como si fuera la Defensoría.

Para D.J.P., la historia en Carmen 8 de acabó el 30 de noviembre pasado. Ese día simplemente se “puso candado” a su oficina. Así lo relata en su demanda laboral la secretaria Claudia Ramírez, quien llegó a trabajar y no pudo entrar, porque la empresa no había pagado el arriendo. Ahí le comunicaron que estaba despedida.

En otra demanda laboral, dos abogados recuerdan que ya en septiembre la situación era crítica. El 7 de ese mes les cortaron los “suministros básicos” por falta de pago. “Los trabajadores estábamos sin las condiciones mínimas para desarrollar nuestras tareas”, acusan.

Para los ex empleados no profesionales la situación es aún más compleja que para los abogados, pues simplemente se quedaron sin trabajo cuando la empresa cesó su actividad: no recibieron oferta de la Defensoría. Nadia Toro es técnico jurídico y estaba embarazada cuando D.J.P. cerró. No le pagaron noviembre ni sus cotizaciones previsionales desde enero de 2016, además de vulnerar su fuero maternal. No ha encontrado trabajo. “A ellos no les importan los trabajadores, ni siquiera dan la cara”, se lamenta hoy.

Aunque la crisis de D.J.P. no generó un gran caos en el sistema de defensas públicas, porque los abogados pasaron a trabajar directamente con la Defensoría, sí hubo problemas. Los registros de sanciones de la Defensoría Penal Pública muestran que durante 2016 aumentaron las multas a la empresa, principalmente por no cumplir con las visitas a los imputados detenidos, que deben realizarse al menos cada 15 días, lo que implica un incumplimiento en el estándar de defensa.

Algunos ex abogados de D.J.P. dicen que a mediados de 2015 empezaron a recibir sus salarios de manera parcelada y con atraso, mientras que para otros las dificultades comenzaron en 2016. “Había gente que tenía que pedir plata para poder ir a trabajar, algunos estuvieron meses trabajando gratis, otros pidieron licencia médica”, dice un ex defensor de D.J.P. para explicar por qué algunos interrumpieron las visitas a las cárceles. “Yo vi a abogadas llorar porque no llegaban a fin de mes”, relata.26

Jacqueline Stubing es una de las pocas abogadas que no tiene problema en dar su nombre para denunciar la experiencia que vivió con la caída de D.J.P. Trabajó siete años en la empresa, en agosto de 2016 pasó a convenio directo con la Defensoría y semanas después renunció con escándalo durante una audiencia judicial.

La abogada dice que estaba dispuesta a seguir en D.J.P. aunque no le pagaran, porque la empresa siempre había cumplido y le apasiona el sistema de litigación de la Defensoría. “Pero era difícil trabajar así. Al final era trágico, los compañeros no tenían cómo movilizarse”, recuerda.

Pero lo que terminó de enojarla fue la forma en que se hizo la transición: les avisaron que la empresa tenía problemas graves y directivos de la Defensoría les ofrecieron recontratarlos de manera directa. Según Stubing, se reunieron con ellos un día viernes y les dijeron que había una fila de gente esperando por esos puestos, por lo que debían decidir durante el fin de semana si aceptaban la propuesta, renunciar de manera amistosa a D.J.P. y el lunes seguir con sus mismos casos, ahora como abogados externos de la Defensoría.

–Resulta que nosotros los estábamos salvando. Si no hubiéramos aceptado habría sido un caos –dice Stubing.

La abogada Jacqueline Stubing. Foto: María de los Ángeles Santos.

La abogada reclama que no alcanzaron a evaluar realmente la propuesta de la Defensoría. Según ella, por la presión a la que fueron sometidos, debieron asumir las condiciones estándar de los convenios directos sin darse cuenta de lo que significaba: “Tuvimos que dejar una garantía de $750 mil en la Defensoría, después de haber estado dos meses sin sueldo. Arrendar oficina y cumplir requisitos, como contratar un asistente”. Dice que fue como el dicho teatral de “la función debe continuar” y cada abogado se llevó las carpetas de sus casos para seguir atendiendo a los imputados.

La gota que colmó su paciencia fue que a las pocas semanas de instalada en su nueva oficina le avisaron que vendría una inspectora de la Defensoría a revisar el recinto. Dice que a unos colegas ya les habían hecho cambiarse de oficina tras una inspección y le indignó que fueran más duros con ellos que lo que habían sido con D.J.P., que no fue fiscalizada a tiempo.

Simplemente avisó que no se sometería a la inspección y a la hora señalada no estuvo ahí para abrir la puerta. Stubing asegura que su oficina cumplía con los estándares y sus carpetas estaban en orden (esto fue confirmado a CIPER por la Defensoría), pero que se rebeló porque se sintió humillada.

–¿Qué le iba a enseñar a mis hijos? No podía enseñarles algo distinto a la dignidad, sentía que me vendía al aceptar condiciones indignas. No es que fuera a cambiar nada, pero no aceptar la inspección era lo que tenía que hacer, que mis compañeros que también estaban hastiados supieran, así mi conciencia quedó aliviada–dice con la voz quebrada.

Sabía que la iban a sancionar. Durante el proceso investigativo dejó estampado lo que significó para ella el traspaso desde D.J.P.: “Con el término de la empresa a la que serví por años, vino el calvario, la segregación, la discriminación. No puede ser que como abogada y defensora de derechos, como creí llamarme, me haya sentido humillada al aceptar las condiciones laborales ofrecidas por la Defensoría Penal Pública (…) Como persona, mujer trabajadora, la presión fue letal (…) Tal vez es difícil entender mi reacción porque con ella asumí un riesgo, de alguna forma era decir NO MÁS”, escribió.

No renunció inmediatamente. Dice que no es fácil dejar de un día para otro las defensas, porque detrás hay una persona imputada y una familia. Tenía un caso particularmente complicado, en que el imputado estaba acusado de robo con violación y cambió su versión en la mitad del proceso. Además le fallaron las personas que debían atestiguar a su favor.

La audiencia en que se juzgaría a su defendido se dio en un contexto bastante especial, pues la sala estaba llena de jueces extranjeros que venían a observar cómo funcionaba la reforma procesal penal en Chile. Stubing recuerda que le pidió al juez aplazar la audiencia porque faltaban los testigos y porque ella dejaría pronto la Defensoría y no podría representar al imputado en las etapas posteriores. Pero el juez fue inflexible.

“Magistrado, renuncio a la Defensoría”, respondió entonces la abogada, que escuchaba a sus espaldas como los asistentes murmuraban sin entender lo que estaba pasando y se oían voces que pedían que la amonestaran. Recuerda que el juez pidió disculpa a los invitados extranjeros, asegurándoles que nunca había pasado algo así antes desde la aplicación de la reforma.

Así, histriónicamente, Jacqueline Stubing puso fin a su carrera como defensora penal pública.

La red de testaferros que movió más de $400 millones para el senador Orpis

De todos los parlamentarios investigados por financiamiento político ilegal, el senador Jaime Orpis (UDI) enfrenta el escenario más complejo. Está desaforado y formalizado por cohecho, fraude tributario y al Fisco, y el Ministerio Público acaba de insistir en que se le acuse también por lavado de dinero. Hasta ahora se le imputan delitos cometidos a partir del año 2009, pero los registros acumulados en la indagatoria indican que el senador desvió dineros de sus asignaciones parlamentarias para gastos personales al menos desde 2006.

Si el foco de los dineros privados que recaudó en forma ilícita está puesto en Corpesca, la pesquera del Grupo Angelini, ésta no fue la única empresa en pasarle dinero por debajo de la mesa. El recuento hasta ahora arroja que fue la compañía que más fondos le derivó a través de su red de boleteros ($264 millones entre 2009 y 2013, según el Ministerio Público). Le siguen: Entel, Quiborax, GTD Teleductos, Agrícola Tarapacá y Costanera SA Comercial e Industrial.

La nómina incluye también a Soquimich (SQM), una infaltable en el financiamiento ilegal de la política, que entre octubre de 2008 y mayo de 2009 le entregó $6 millones a través de boletas falsas. Poco más de un año después, en agosto de 2010, el senador presentó un proyecto de ley que afectaba directamente los intereses de SQM: propuso que el litio fuera susceptible de concesión minera. La moción no fue admitida por ser una iniciativa exclusiva del Ejecutivo, pero Orpis solicitó al Senado que lo enviara al gobierno para que considerara patrocinar el proyecto. En los años siguientes (2012-2013), SQM donó más de $100 millones a La Esperanza, una ONG fundada por Orpis.

No hay antecedentes de que esos fondos se hayan desviado, como sí lo fueron cientos de millones que Orpis obtuvo de fuentes públicas y privadas. Para mantener el flujo, Orpis requirió de una aceitada red de boleteros y de la lealtad de tres mujeres que reclutaron personas, las coordinaron y recibieron los fondos obtenidos ilegalmente por el senador.

EL TRIO INDISPENSABLE

La pieza principal del engranaje era María Viviana Quiroz Ruiz (UDI), quien está contratada por el Senado como la jefa de gabinete de Orpis. También opera como su jefa de campaña en época electoral y dice que incluso lo asesora “en algunas oportunidades”. Ella es punto fijo en su circunscripción (regiones de Arica y Parinacota y de Tarapacá), mientras que en la sede del Congreso en Valparaíso las riendas las llevaba su secretaria personal: Blenda Huus Maillard.

El 4 de abril Huus será formalizada por fraude reiterado al Fisco, el mismo delito que se le imputó el año pasado a Viviana Quiroz y uno de los que le costó el desafuero al senador Orpis.

La tercera pieza clave del sistema ideado por Orpis era la ingeniera en administración de empresas, Carolina Gazitúa, quien además de su contrato como asesora parlamentaria del senador UDI, recibió pagos de distintas empresas y se encargó de coordinar parte de la red de boleteros que nutría de fondos al parlamentario y a quienes la Fiscalía ha calificado como sus “testaferros”. Es el testimonio de Gazitúa el que permite afirmar que se desviaron dineros del Senado al menos desde 2006.

Francisco Mujica, ex gerente de Corpesca
Francisco Mujica, ex gerente de Corpesca

Orpis ha reconocido el uso irregular de sus asignaciones parlamentarias, pero sólo a partir de las elecciones de 2009. “Reconozco que apliqué a usos propios o ajenos parte del dinero que se me asignaba para el pago de asesores externos o legislativos”, declaró en enero de 2016, comprometiéndose a devolver esos pagos.

En abril de ese año, el abogado Fernando Barros depositó en la cuenta del Senado un cheque por $152.861.291, que según dijo a The Clinic, fueron fruto de una colecta de 70 personas que “prestaron” a Orpis ese monto para saldar esa deuda.

Pese a que el legislador fue apartado de su labor parlamentaria hace más de un año y a que cumple arresto domiciliario, Orpis sigue teniendo un alto costo para el Fisco: más de $200 millones durante 2016. Orpis aún recibe su dieta parlamentaria ($9 millones) y Quiroz está contratada como su jefa de gabinete, con el sueldo más alto de todos quienes trabajan como personal de apoyo del Senado: $4,8 millones mensuales. Huus, en tanto, trabajó hasta noviembre pasado con un sueldo de $3,6 millones, que supera por lejos al de todas las otras secretarias de los senadores. Hubo años en que parte de su salario se utilizó para pagar gastos personales del senador Orpis.

LA ASESORA ESTRELLA

Cuando se supo lo de los pagos vinculados a Marta Isasi, el senador andaba muy nervioso, se notaba que no estaba bien”, recordó Carolina Gazitúa ante los fiscales Carlos Gajardo y Carmen Gloria Segura. Orpis tenía razones para inquietarse. En mayo de 2013, CIPER reveló que la diputada Isasi había recibido dinero irregular de Corpesca durante la tramitación de la Ley de Pesca, lo que detonó una investigación del Ministerio Público (hoy Isasi está formalizada por cohecho).

Lo esperable era que la indagatoria buscara si había otros parlamentarios “cohechados”, y el primero en aparecer sería él. Y eso fue justamente lo que sucedió.

Lo que para Orpis era esperable, para el resto del mundo político fue una sorpresa. El senador UDI por las regiones de Arica y Parinacota y de Tarapacá era uno de los parlamentarios más respetados de todos los sectores, considerado probo y serio. Según publicó en su momento La Tercera, fue él mismo quien alertó a dirigentes de su partido de que su nombre podía surgir en la investigación.

Pasaron casi dos años antes de que Orpis fuera asociado públicamente al financiamiento irregular de la política. Una primera pista emergió en abril de 2015, cuando SQM hizo una masiva rectificación tributaria. Entonces CIPER informó que una de las personas denunciadas por el Servicio de Impuestos Internos (SII) por emitir boletas falsas a la minera era Carolina Gazitúa, quien también había sido asesora de Orpis y había recibido pagos de Corpesca.

Poco después, el gerente general de la pesquera, Francisco Mujica, reconocería ante la Fiscalía que la empresa había recibido boletas de terceras personas para canalizar dinero hacia el senador Orpis. Carolina Gazitúa estaba entre ellas.

Fue Viviana Quiroz quien presentó a Orpis y Gazitúa. Quiroz es tía de Alexis Ramírez Quiroz, el esposo de Gazitúa, y madrina del hijo de ambos. Gracias a ese contacto, la administradora de empresas se convertiría en asesora del senador a partir de 2006. Según relató a la Fiscalía (ha declarado al menos cuatro veces de manera presencial y una por teléfono), trabajaba desde su casa haciendo informes y los lunes se reunía con Orpis en la sede del Senado en Santiago.

Gazitúa ha dicho que en un comienzo su sueldo oscilaba entre $300 mil y $400 mil pesos, pero emitía boletas por montos mucho mayores. En 2006, por ejemplo, el Senado le pagó $900 mil en junio y $1,8 millones durante los seis meses siguientes ($12,6 millones en total). La diferencia la depositaba en las cuentas bancarias de Blenda Huus o Jaime Orpis.

Los montos fueron variando en los años siguientes. En 2009, Gazitúa emitiría su primera boleta falsa a una empresa privada: $5,5 millones a Quiborax. Allan Fosk Kaplun, gerente de Administración y Finanzas de la empresa familiar, reconoció que Orpis le pidió ayuda para financiar su campaña electoral ($8 millones en total).

Parte del dinero, sin embargo, fue destinado a gastos personales de Orpis. Tras recibir el cheque de Quiborax de manos de Fosk, Gazitúa realizó múltiples depósitos: $500 mil a la Cofradía Náutica Frutillar, de la que era socio el senador; $500 mil a la empresa de artículos náuticos Nauticentro; $50 mil a Santiago Orpis, su hijo; $507 mil a la compañía de leasing Tattersal; $305 mil para pagar las contribuciones de la casa del parlamentario en Lo Barnechea; $1,5 millones a la ex intendenta de Tarapacá Antonella Sciaraffia (un préstamos de Orpis, declararían ambos); $1,5 millones a Viviana Quiroz y $500 mil a Alfredo Valdés (ex ejecutivo de una salmonera y quien ayudó a Orpis en el arreglo de una lancha).

Orpis ha intentado justificar ante el Ministerio Público ese desvío de fondos, diciendo que utilizaba su dieta parlamentaria para cubrir las deudas de campaña, por lo que, cuando le entraba dinero externo, compensaba pagando con esa plata sus gastos domésticos.

Ese año 2009, Carolina Gazitúa emitiría otras dos boletas falsas por $3,2 millones en total a SQM, dinero que depositó en la cuenta de Viviana Quiroz. Y en 2010 otra a GTD Teleductos por $5,5 millones.

La cronologías de las boletas ideológicamente falsas que fueron a parar a la caja del senador desde distintas empresas indica que Corpesca es la empresa que más facturó a su red de boleteros por servicios no prestados.

En 2010 Jaime Orpis nuevamente habló conmigo en la oficina del Senado en Santiago. Era un día en que estaba muy contento y me cuenta que tuvo una reunión con un amigo de él, que era Francisco Mujica, gerente de Corpesca, y que ellos se habían ofrecido a pagarle una deuda de la campaña reciente en que había sido reelecto senador (…) Me pregunta si tengo problemas en renunciar a ser su asesora del Senado y empezar a extender boletas para Corpesca. Yo le pregunté si eso me iba a traer algún problema y él me dijo que no”, relató Gazitúa a los fiscales.

Entre 2010 y 2013, Carolina Gazitúa emitió boletas para que fueran pagadas por Corpesca por más de $63 millones brutos. Los cheques los retiraba en las oficinas de la empresa, ubicadas en el edificio del Grupo Angelini en Santiago (El Golf 150). Luego Gazitúa los cambiaba y el dinero en efectivo, lo depositaba en una cuenta de Orpis o pagaba los créditos que éste había comprometido con bancos de la plaza.

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En total, las boletas que Carolina Gazitúa emitió –a solicitud de Orpis– a distintas empresas suman $83 millones, a lo que hay que agregar el dinero que le pagó el Senado como asesora del senador y que fue devuelto a Orpis o a su secretaria.

Además, Orpis le encargó a Gazitúa que buscara a otras personas que pudieran ayudar a recaudar más dineros privados. “Muchas veces el senador me decía: ‘Carola, necesito una nueva boleta’, y yo le decía que no tenía a quién pedirle. Esto es, personas de confianza que una vez que recibieran los dineros me los fueran a devolver (…) Yo sentía presión, me insistía muy educadamente. Esa presión la sentía porque era mi jefe”, declaró.

Carolina Gazitúa finalmente reconoció que, ante la insistencia de Orpis, recurrió en 10 oportunidades a boletas de su marido, Alexis Ramírez Quiroz, el sobrino de Viviana Quiroz. Ante los fiscales, ella aseguró que como manejaba la cuenta bancaria y la clave del SII de su esposo, no fue necesario contarle lo que estaba haciendo. En total, las boletas de Ramírez Quiroz a Corpesca suman $27,7 millones.

La investigación del Ministerio Público determinó que tras cobrar los cheques, Gazitúa solía usar el dinero para pagar dos créditos que tenía Orpis en los bancos Security y Santander, aunque al menos en una oportunidad depositó directamente el monto en la cuenta del senador.

El mismo modus operandi utilizó Carolina Gazitúa con su cuñado, Marcelo Ramírez Quiroz, a quien le pidió cuatro boletas para Corpesca, por $8,8 millones. Los hermanos Ramírez Quiroz pagaron caro el “favor” a Orpis: ambos debieron pedir la baja de Carabineros, en donde cumplían funciones.

El mundo castrense fue otra fuente de boletas falsas a la que recurrió Carolina Gazitúa para recaudar más dinero de privados para Orpis. El punto de contacto fue el Colegio Alcázar, al que asisten hijos de uniformados. Ahí Gazitúa recurrió a distintas apoderadas, como María Pilar Plaza. En su declaración policial, Plaza dijo que Gazitúa le pidió boletas argumentando que si subía de tramo en sus ingresos pagaría más impuestos. Según Plaza, simplemente le dio su clave del SII y nunca supo qué había hecho su amiga con ella. Dijo no recordar haber firmado los cheques para su cobro, debido a que en esa época tomaba muchos medicamentos. Las boletas que emitió Plaza para Corpesca suman $21,1 millones.

Otra amiga casada con un militar que le pasó su clave del SII a Gazitúa, fue María Francisca Yávar. Según su versión, Gazitúa esgrimió un argumento diferente que el que le dio a Plaza: le dijo que necesitaba boletas para poder cobrar su sueldo, pues quería tener ingresos para sus gastos personales ya que su esposo no le daba dinero. Fueron dos boletas por $3,9 millones, dinero que después Yávar transfirió a Gazitúa.

Más delicado es el caso de Muriel Teixido, quien hizo boletas por $29 millones, pero no reconoció su firma en el endoso de los cheques que Corpesca hizo a su nombre. Según la investigación del Ministerio Público, Gazitúa falsificó su firma en al menos dos oportunidades para cobrarlos y entregar luego el dinero a Jaime Orpis. Teixido sí reconoció haber emitido las boletas a solicitud de Gazitúa, quien le especificó que eran para financiar la campaña de Orpis. Teixido y Gazitúa se conocen porque sus esposos –Enrique Quiroz Toro y Alexis Ramírez Quiroz, respectivamente– son primos, además de sobrinos de Viviana Quiroz.

En total, los dineros triangulados por Orpis a través de Gazitúa (excluyendo sus asesorías parlamentarias) y su red superaron los $173 millones.

LA ASESORA MEJOR PAGADA DEL SENADO

Los lazos de Viviana Quiroz con la UDI son antiguos. Milita en ese partido desde 1990, pero ya antes había trabajado en la campaña presidencial de Hernán Büchi (1989). Ahí creó los nexos que la llevaron poco después a trabajar con Jaime Orpis, quien tras el regreso de la democracia fue electo diputado por la Región Metropolitana (La Granja, Macul y San Joaquín). En paralelo, ella fue consejera regional de Tarapacá hasta 2014 y durante un tiempo trabajó en la Corporación La Esperanza –ONG fundada por Orpis y dirigida por su esposa–, reemplazando al encargado de Iquique.

Cuando en julio de 2015 Viviana Quiroz declaró, lo hizo acompañada por uno de los abogados de Orpis: Sergio Rodríguez Oro. Entonces detalló sus responsabilidades laborales como jefa de gabinete, jefa de campaña y asesora. En épocas electorales, relató, manejaba las finanzas y todas las decisiones de campaña, desde las contrataciones hasta los múltiples regalos que se hacían para captar electores: fumigar y desratizar casas, entregar lentes o contratar un “tren”, entre otros.

También reveló la mecánica que financiaba el clientilismo electoral de Orpis en el norte: “Los fondos para campaña en parte se conseguían de esta forma: el senador me decía, ´sabes, me conseguí $5 millones’ y yo me conseguía la persona que hiciera la boleta por ese monto. Ellos me entregaban la boleta, cambiaban el cheque y me depositaban a mí”.

Felipe Rojas, consejero regional de Tarapacá
Felipe Rojas, consejero regional de Tarapacá

Aunque en la elección de 2009 el senador Orpis sólo declaró haber gastado $236 millones (casi el tope legal), y más que triplicó lo informado por el candidato más cercano, Quiroz calculó que en realidad se gastaron unos $350 millones. Orpis ha llegado a hablar de $450 millones.

Para esa elección de 2009, Orpis ya contaba con aportes ilegales de Corpesca, los que datan desde las municipales de 2008. La explicación para ello la dio Quiroz ante los fiscales. Allí afirmó que Orpis, como “jefe político” de la región, debía ayudar a todos los candidatos del partido. A algunos ella misma les entregó dinero, aunque en general los aportes se hacían en bienes materiales como lentes ópticos, ejemplificó.

Lorena Lara, la ahora ex esposa del hijo de Viviana Quiroz, Eugenio Fernández Quiroz, fue su principal boletera. Entre 2009 y 2011 emitió boletas por $54,1 millones a Corpesca, Entel, Quiborax, al Senado y al Comité de Senadores UDI. “No sé lo que es ese comité”, dijo Lara cuando en agosto de 2015 los fiscales le preguntaron por sus servicios al Comité UDI del Senado. En esos momentos trabajaba en la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas en Iquique y negó cualquier responsabilidad en los pagos irregulares. Su versión fue que tanto su ex marido como su suegra tenían su clave del SII para emitir boletas y no le avisaron. Sí reconoció que a veces recibía plata para Viviana Quiroz o cobraba cheques que ella le pedía, pero dijo no haber preguntado nunca para qué era.

En ese punto se produce un choque de versiones entre Lorena Lara y su ahora ex pareja, Eugenio Fernández Quiroz. Y ello, porque el hijo de Viviana Quiroz negó haber emitido las boletas. Declaró que él supo de los pagos, pero no preguntó detalles: “Era un tema entre ella y mi mamá”, dijo, agregando que su ex esposa intentaba culparlo para hacerle daño.

Fuera de su red familiar, Viviana Quiroz recurrió también a amigos, como la abogada María Francisca Cuéllar, quien emitió una boleta para Corpesca ($5,5 millones) y otra para SQM ($3 millones). Quiroz reconoció haberle pedido también boletas a su amigo Rodrigo Ortega Martínez ($10 millones para Corpesca, según La Tercera). El hermano de éste, Daniel Ortega Martínez, quien fue asesor de Orpis y seremi de Bienes Nacionales de Tarapacá durante la administración Piñera, figura con otra boleta por S10 millones a la pesquera.

Lucía Montenegro, amiga de Viviana Quiroz “hace más de 40 años”, emitió cinco boletas por un total de $7,5 millones a Corpesca. A la policía le dijo que Quiroz se lo pidió para poder “recibir unas lucas” de la pesquera para la campaña de Orpis.

Montenegro había trabajado como secretaria en la Corporación La Esperanza, recomendada por Quiroz, quien luego le presentó a Felipe Rojas Andrade. Con Rojas trabajó desde que éste salió electo concejal por Iquique en 2008 y se fue con él a la Gobernación de Iquique cuando Rojas fue nombrado su titular en 2010. En 2008, Montenegro emitió una boleta por $11,9 millones a nombre de Sebastián Piñera, lo que ella justificó como trabajo de campaña.

Quiroz también presentó a Orpis con Felipe Rojas (UDI), quien actualmente es consejero regional por Tarapacá. El senador lo fichó como su asesor y además lo recomendó con Corpesca cuando Rojas dejó la gobernación. Su situación es por ahora confusa. Tanto Francisco Mujica como Jaime Orpis y Viviana Quiroz ratifican lo declarado por Rojas: que efectivamente asesoró a Corpesca. Fueron “asesorías comunicacionales”, dijo Rojas, y eran sólo orales, por lo que no hay forma de probar que se hayan realizado. Miguel Ángel Escobar, gerente de Operaciones de Flota de la pesquera, declaró que fue Rojas quien le pidió si las boletas podían ser emitidas por su secretaria (Lucía Montenegro).

Además, hay registros de transferencias bancarias de Rojas a Viviana Quiroz, lo que hace sospechar que, tal como el patrón que se utilizaba para recuperar los otros dineros recaudados, le estaba devolviendo el dinero de Corpesca. Siguiendo la misma explicación que dieron otros miembros de la red de boleteros de Orpis, Rojas justificó los traspasos diciendo que le estaba pagando a Quiroz una deuda. En su querella, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) lo identificó como uno de los “testaferros” de Orpis.

La jefa de gabinete de Felipe Rojas en la Gobernación de Iquique, Marianella Ovalle, también aparece con transferencias de Viviana Quiroz y de varios boleteros de Orpis, además de depósitos de Blenda Huus y del mismo Jaime Orpis. Cuando le tocó el turno de declarar, dijo que eso se debía a que le prestaba cheques a Viviana Quiroz y Jaime Orpis le devolvía la plata. “De Viviana soy amiga. Soy militante de mi partido (UDI) y lo que me pidan hago”, afirmó.

Raúl Lobos, jefe de Finanzas de la Gobernación de Iquique cuando Rojas la encabezaba, también figura en la red de recaudación de Orpis. Fue Viviana Quiroz quien le hizo los contactos para que fuera contratado en la gobernación, y luego lo fichó como asesor de Orpis. Nunca conversó con el senador acerca de los informes que debía emitir sobre sus asesorías. Lobos lo justificó diciendo que no lo hizo porque Orpis estaba enfermo, por lo que era Quiroz quien le encargaba trabajos, como los que realizó sobre la Empresa Portuaria de Iquique (EPI)

Cuando declaró, Raúl Lobos reconoció que el contenido de sus asesorías lo sacaba de fuentes públicas (“uno pone EPI en Google y hay mucha información”) y que sólo fue a la empresa a “hacer unas consultas”. Un peritaje de la PDI determinó que “todos (los informes) fueron copiados de manera íntegra con alteraciones en el orden de la información, omisión de ésta, palabras de inicio de los párrafos”.

Por ese trabajo de copiar y pegar información de internet Lobos cobraba caro: $3 millones por cada informe ($12 millones en total).Aunque registra transferencias a Viviana Quiroz, Lobos aseguró que nunca le pidieron devolver parte de los pagos del Senado por su asesoría y que, al igual que Felipe Rojas, esas transferencias corresponden al pago de una deuda con Quiroz. Raúl Lobos será formalizado el 4 de abril junto a Blenda Huus.

LA SECRETARIA DE CONFIANZA

Si Viviana Quiroz era la encargada de coordinar todo el trabajo de Orpis en su circunscripción, Blenda Huus se concentraba en sus labores legislativas. Trabajó desde 1994 como su secretaria en el Congreso: manejaba los asuntos administrativos, hacía seguimiento de los proyectos de ley y era quien tenía acceso a su correo electrónico del Senado.

Además, se encargaba de manejar sus cuentas y recibía parte de los dineros de los boleteros: “Él me dice ‘Blendita, te van a depositar una plata’, me llegan unos fondos a mi cuenta corriente por vía transferencia, y él me dice ‘destínate estos fondos al pago de este crédito’. Sin embargo, el senador es muy desordenado y a veces yo le pago y él me devuelve”, declaró ante el Ministerio Público en agosto de 2015.

El 11 de octubre de 2016, Huss pidió ampliar su declaración, ya sin la asesoría de un abogado de Orpis, lo que permitió aclarar algunos de los misterios de las platas del senador. Por ejemplo, por qué desde 2013 el senador le subió el sueldo en más de $1,5 millones, convirtiéndola en la secretaria con mejor salario del Senado (llegó a ganar $3,6 millones).

Bofill, Mujica y Orpis
Bofill, Mujica y Orpis

Coincidentemente, el mismo día en que prestó testimonio ante el Ministerio Público, Huus perdió para siempre ese excelente sueldo: Orpis notificó al Senado a través de un correo electrónico que su secretaria estaba despedida. “Dadas las serias limitaciones que me asisten para desempeñar mis funciones, especialmente en el trabajo legislativo, comunico a Ud. que Blenda Huus dejará de prestarme servicios a contar del 30 de noviembre de 2016”, escribió Orpis. El finiquito contempla como fecha de inicio del contrato el 11 de marzo de 2014, por lo que su indemnización ascendió a $6,9 millones.

En esa segunda declaración, Huss había afirmado que el aumento de salario lo pidió porque una serie de problemas personales hicieron que subieran sus gastos. Sin embargo, al mismo tiempo que comenzó a ganar un mejor sueldo, dejó de recibir en su cuenta los depósitos que terceros le hacían para Orpis. Por eso, agregó, en la práctica, y durante cerca de dos años, no recibió más dinero: terminaba pagando las cuentas de Orpis con su plata.

Huss enumeró ante la Fiscalía los gastos personales del senador que pagaba con su sueldo del Senado: los servicios básicos de su casa de veraneo en Frutillar, sus créditos bancarios, su línea de sobregiro… “Lo hablé con don Jaime y me dijo que tenía un problema de caja, entonces le empecé a cobrar la diferencia, a veces en cuotas”.

Pese a que jugó un rol clave en el esquema de testaferros al recibir los dineros captados irregularmente y destinarlos a los gastos de Orpis, Blenda Huss ha insistido en que nunca supo el origen de las platas. “No supe. No pregunté. Yo nunca pregunto nada”, dijo, asumiendo el estereotipo de la secretaria de confianza.

BOLETEROS PROPIOS

Aunque la mayor parte de los integrantes de la red de boleteros de Jaime Orpis fue fichada por Quiroz y Gazitúa, el senador también usó sus propios contactos para su peculiar recaudación de fondos. Bárbara Molina Ellies es hija de Patricia Ellies, directora de la Corporación La Esperanza, y recibió pagos como su asesora en el Senado y además emitió boletas para Corpesca, Agrícola Tarapacá y Costanera SA Comercial e Industrial por un total de $20,6 millones.

Según su relato, desde que era estudiante de Derecho que hacía informes para Orpis y él le pagaba por ello $200 mil. Hasta que en un momento, el senador le pidió que hiciera boletas al Senado por $2 millones y le devolviera la diferencia para así pagar a otros asesores. Al igual que a otras boleteras, cuando explotó el caso judicial, Orpis le ofreció a Bárbara Molina la asesoría del abogado Alejandro Espinoza, pero a ella no le gustó: “Entendí que la estrategia era ir viendo qué pasaba y no me acomodó, porque yo quería decir la verdad y colaborar”, declaró.

Fue Molina Ellies quien le presentó a Orpis a uno de sus compañeros de universidad: Javier Jara Cáceres. Al principio, en 2006, Jara colaboró en la Corporación La Esperanza, y luego pasó a asesorarlo en el Senado. En 2009 Orpis lo inscribió en el Servel como su administrador de campaña, pero Jara niega haber realizado esa tarea (su nombre fue después reemplazado ante el Servel).

Cuando Jara se tituló de abogado dijo haberle pedido a Orpis un aumento de sus honorarios: “(Orpis) me indicó que me podía subir el sueldo, pero que yo debía devolverle parte de ese dinero”, declaró ante la PDI. Fue así entonces que cada mes depositaba entre el 70% y el 80% de sus honorarios en la cuenta bancaria de Blenda Huus. Durante el periodo cuestionado (2010-2011), Jara estaba viviendo en Escocia y emitió boletas al Senado por $30,3 millones.

Otro de los miembros de la red de recaudación fraudulenta de Orpis investigado por el Ministerio Público es Mario Candia Zlatar. Conoció al senador cuando fue presidente de la UDI en la Región de Tarapacá: “Se diría que llegamos a ser amigos”, resumió a los policías que le tomaron declaración. Aunque figura como asesor pagado de Orpis y del Comité UDI del Senado, Candia Zlatar aseguró haber trabajado gratis para la UDI: “Me pidieron esta boleta. El senador me dio el título. Era una boleta electrónica. Yo de los dineros no vi un peso. Así se gestó”, declaró.

En total, fueron $24 millones los que pagó el Senado a Candia Zlatar, aunque éste aseguró que los montos más pequeños (boletas por $300 mil que suman $2,5 millones) eran pagos por asesorías reales. El resto lo depositó a Viviana Quiroz, de quien se consideraba amigo.

LAS INESTABLES FINANZAS DE ORPIS

Una de las cosas que ha sorprendido de la investigación sobre Jaime Orpis, es que pese a invocar su alto endeudamiento por las campañas políticas como justificación de sus manejos indebidos de dinero, utilizara estos fondos para pagar lujos, como la Cofradía Náutica de Frutillar. Una revisión más detallada de sus gastos y sus deudas, reflejados en los correos electrónicos incautados por el Ministerio Público, arroja otras sorpresas.

Entre abril de 2009 y abril de 2010, Orpis recolectó al menos $155 millones a través de boletas falsas de terceros. El 2009, año de elecciones presidenciales y parlamentarias, es la fecha en que el Ministerio Público sitúa el inicio de su financiamiento irregular masivo, particularmente de Corpesca.

Ese mismo año las finanzas le generaron situaciones incómodas a Orpis. En agosto debía $432 mil de gastos comunes (cuatro meses) de su casa en el Loteo Salzburg de Frutillar. Ahí es vecino de otros dirigentes UDI, como el ex diputado Cristián Leay (formalizado por el Caso SQM) y el experto electoral Andrés Tagle, quien integra el Consejo Directivo del Servicio Electoral (Servel) desde julio de 2016.

Tagle era el encargado de recaudar los gastos comunes del condominio y en agosto de 2009 le escribió a Orpis un correo electrónico con el siguiente mensaje: “Eres por lejos el principal moroso, ya que los demás están al día. Pasa a ser una obligación mía cortarte la luz, el agua u otras medidas que tu comprenderás me costaría mucho tomar”. En septiembre, Tagle le volvió a insistir, ya que Orpis seguía moroso.

Pese a sus aparentes dificultades para mantener su estándar de vida, al año siguiente invirtió en otro lugar de veraneo. Compró una parcela más al sur en la misma Región de Los Lagos, específicamente en Vodudahue (comuna de Hualaihué), junto al empresario local Osvaldo Oecklers, el senador Alejandro García-Huidobro y el entonces diputado Gonzalo Uriarte, ambos UDI. Tributariamente el predio es considerado “sitio eriazo” y su avalúo fiscal es de $7 millones. “Le administro las platas del campo de Vodudahue, son cuatro socios y eso lo administro desde mi cuenta“, declaró Blenda Huus, dando una muestra más de cómo manejaba sus finanzar Orpis.

Según Uriarte, por el terreno de 5 mil m2 pagaron unos $5 millones y construyeron una cabaña rústica de descanso. El lugar, ubicado cerca de las Termas de Porcelana y del Parque Pumalín, no tiene acceso por tierra, por lo que es necesario llegar navegando

La aventura patagónica de Orpis y sus amigos incluyó la compra de una lancha de 11 metros de eslora, bautizada como “La Minga”, y un bote con motor fuera de borda de segunda mano.

La idea de Orpis era hacer un negocio de transporte turístico que no se concretó, relató a CIPER  un empresario que fue contactado por el senador. Durante las negociaciones, Orpis le envió a dicho empresario un email (mayo de 2010) en el que asegura que en sus dos embarcaciones se gastaron $55 millones.

Río Vodudahue (Fuente: Parque Pumalín)
Río Vodudahue (Fuente: Parque Pumalín)

Gonzalo Uriarte descarta completamente ese monto y asegura que “La Minga” no costó más de $5 millones, pues era un lanchón de madera, tipo chilote, que mandaron a hacer con madera nativa y un motor de micro. Un vecino de Vodudahue comenta que la embarcación “está muerta en Hornopirén, jubiló” y que salió muy costosa para los dueños porque hubo que hacerle muchos arreglos.

En mayo de 2010 Orpis ya había gastado más de $12 millones en “La Minga” y le debía otros $3 millones a uno de sus socios, según uno de los correos. Además, adeudaba $1,7 millones a un mecánico. Y aunque le insistían por correo que era urgente pagar, él se demoraba; cuando lo hizo, transfirió en cuotas.

También tardó en pagarle a quien fue el quinto socio de “La Minga” cuando vendió su parte. En un tono desesperado, éste escribió un email a Orpis, Uriarte y García-Huidobro en octubre de 2010, cobrándoles los $10,2 millones que había aportado en la embarcación (lo que permite hacerse una idea de la inversión real) y que debían de haberle pagado dos meses antes. El más atrasado era Orpis, quien recién a fines de noviembre de 2010 le depositó $2 millones (antes había pagado $250 mil). “Disculpa el atraso. El tema de campaña me ha costado ordenarme”, le escribió.

Las deudas políticas en su circunscripción le seguían pasando la cuenta: en abril de 2010, El Mercurio de Antofagasta le envió cheques protestados por $28 millones. Los cheques fueron emitidos originalmente por José Durana, quien fue el encargado de su oficina parlamentaria en Arica hasta que en marzo de ese año asumió como gobernador. Según declaró el propio Durana, la deuda se originó por publicidad en la segunda vuelta presidencial y Orpis se hizo cargo del pago.

Por esa misma fecha Orpis empezó a ordenar sus cuentas. Entre abril y mayo de 2010 hizo dos abonos por un total de $8 millones para avanzar en el pago de un crédito por $12 millones con Corpbanca. En julio pre-pagó dos créditos al Banco Security (un hipotecario y uno de consumo) por un total de $31 millones.

Pero en 2011 tuvo gastos imprevistos. En enero recibió una cotización por $7 millones por una reparación de “La Minga”. Ese mes ya estaba sobregirado en casi $1 millón en el Banco de Chile. En agosto, “La Minga” estuvo a punto de hundirse y la empresa que la rescató le envió una cuenta por $2,1 millones por el servicio.

El año 2012 también comenzó con un sobregiro: $800 mil en el Banco Security, pero Orpis seguía pensando en grande. Ese año comenzó a planificar la ampliación del segundo piso de su casa en La Dehesa, el que de acuerdo a la cotización, tendría un costo de $22,6 millones.

“Me vi sobrepasado (por las deudas de campaña) y recurrí al financiamiento irregular”, reconoció Orpis en la carta con que renunció a la UDI en enero de 2016. Los vasos comunicantes entre sus gastos particulares y las platas políticas dificultan distinguir hasta qué punto los dineros obtenidos irregularmente se destinaron a cubrir esas deudas.

SQM admite ante justicia de EE.UU. que hizo “pagos indebidos” a políticos

El viernes 13 de enero el Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos ingresó ante la Corte del Distrito de Columbia dos documentos reveladores sobre los pagos políticos ilícitos de Soquimich (SQM).  En ellos no sólo se fija una millonaria multa por haber violado la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por su sigla en Inglés), sino que la minera acepta formalmente el haber realizado “pagos indebidos” a funcionarios y políticos, violando además la normativa tributaria y de financiamiento electoral chilena.

En los documentos, el DOJ describe cinco casos de pagos vinculados a políticos. Los receptores no están individualizados con nombre y apellido, sin embargo, la descripción permite identificar a al menos cuatro de los beneficiados: el senador Jaime Orpis, el ex ministro y ex senador Pablo Longueira y el ex subsecretario Pablo Wagner (todos militantes de la UDI al momento de recibir los pagos); y el candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami (PRO).

La multa fijada por el DOJ y aceptada por SQM, asciende a US$15,5 millones.

En paralelo, ese mismo viernes 13 la Securities and Exchange Comission (SEC), que regula el mercado de valores en Estados Unidos, hizo público otro acuerdo con SQM: el pago de una multa por US$15 millones. Con esta nueva sanción, la minera deberá cancelar en total US$30,5 millones, la mayor multa a una empresa chilena por violaciones a la FCPA (en agosto Latam pagó US$22,2 millones).

Foto: Wikimedia
Foto: Wikimedia

Ante ambas autoridades  estadounidenses, SQM aceptó no haber cumplido con las normas de control interno y haber ingresado a su contabilidad gastos falsos, por servicios que no se prestaron. En total, entre 2008 y 2014 la minera reconoce haber utilizado US$14,75 millones en “pagos indebidos” a personas políticamente expuestas (PEP), a través de la cuenta de gastos del ex gerente general, Patricio Contesse.

En el documento de “cease-and-dessist” (cese y desistimiento del procedimiento), la SEC detalla que los “pagos indebidos” se realizaron a través de contratos falsos por servicios no prestados y, también, canalizando dineros a través de fundaciones vinculadas a políticos. En esta última categoría se describe una situación que no parece haber emergido aún de las investigaciones que se siguen en Chile por el financiamiento irregular de la política: “Un chileno PEP solicitó pagos de un ejecutivo de SQM a una fundación relacionada. Pero como esa fundación aún no existía legalmente, los pagos fueron hechos por SQM a través de un contrato de prestación de servicios con una empresa de comunicaciones” (ver documento).

La SEC también cuestiona que Contesse pudiera realizar pagos a terceros sin que la empresa verificara que éstos fueran adecuados, los precios correspondieran al valor de los servicios o que siquiera dichos servicios se hubieran prestado realmente. En el caso de las fundaciones, la empresa tampoco revisó que las donaciones no terminaran en manos de los políticos ligados a ellas.

La cuenta de gastos discrecionales del ex gerente general de SQM, mediante la cual se hicieron estos desembolsos a políticos, osciló entre US$3,3 millones anuales en 2008 y US$5,7 millones en 2014.

El relato de la SEC destaca que en 2014 –año en que estalló en Chile el Caso Penta– las alarmas se encendieron dentro de SQM. En ese momento, una auditoría interna detectó que seis proveedores que recibieron pagos entre 2012 y 2013 tenían conexiones de “alto riesgo” con PEPs. La auditoría sugirió que se terminaran dichos contratos, información que fue entregada a los máximos ejecutivos y al directorio de SQM, entonces presidido por Julio Ponce Lerou.

sqmLa SEC concluye que, pese a ello, “se hicieron cambios insuficientes al sistema de control contable interno. Como resultado, los pagos indebidos de SQM a PEPs continuaron por otros seis meses después del informe de auditoría interna”.

Peor aún, la SEC destaca que “incluso cuando pagos a receptores de ‘alto riesgo’ fueron identificados por la auditoría interna y los contratos sospechosos fueron resciliados, los pagos siguieron haciéndose a personas relacionadas a PEPs. Por ejemplo, cuando los pagos hechos a un familiar de un funcionario chileno fueron cortados alrededor de septiembre de 2014, los pagos comenzaron a hacerse a un asesor de ese funcionario público alrededor de octubre de 2014”.

A pesar de que en los documentos de la SEC no se individualiza a los beneficiados por esos pagos a políticos, los nombres se encuentran en el estudio de Shearman & Sterling, el bufete estadounidense al que SQM le pidió en 2015 determinar si se había violado alguna norma de la FCPA.

Ahí se menciona el informe de auditoría interna de 2014 y los seis proveedores con vinculaciones PEP: el Core del Biobío, Claudio Eguiluz (RN); la esposa del ex diputado Cristian Leay (UDI), María Alejandra Bórquez; la empresa del asesor de Marco Enríquez-Ominami (PRO), Cristián Warner Comunicaciones; el ex presidente del PRI, Humberto de la Maza; y el ex funcionario de la Junji Jorge Daza Aránguiz. El sexto PEP es el hijo del diputado Roberto León Ramírez (DC), Roberto León Araya. Luego de que se cortaran los pagos, se hicieron transferencias al asesor del parlamentario, Miguel Salazar.

PAGOS POLÍTICOS CUESTIONADOS

Uno de los documentos ingresados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos a la corte es el “Deferred prosecution agreement” (DPA). Allí se presentan los cargos criminales pero se posterga la acusación por tres años, durante los cuales SQM debe cooperar con las autoridades estadounidenses e implementar un programa de control interno (ver documento).

Se adjunta también el “Statement of facts” (Declaración de hechos), que detalla el “esquema” que dio origen a la multa. Dicha declaración fue suscrita por SQM, lo que implica que la empresa acepta que su contenido es correcto (ver documento).

Senado Discute Ley Antitabaco
Jaime Orpis

El acuerdo destaca a cinco “funcionarios chilenos” -cuyos nombres no menciona- como casos relevantes para configurar el esquema de pagos indebidos de SQM. El llamado “funcionario chileno 1” es fácilmente identificable: el senador Jaime Orpis. Y ello, porque incluso se cita un email en que Orpis y su esposa le piden a Contesse una donación para la Corporación La Esperanza: “Perdona que volvamos a insistir, pero estamos desesperados, puesto que solo llevamos el 20% de nuestra meta. ¿Te quedarían excedentes de capacitación para traspasarnos?”. Poco después, la corporación recibió aproximadamente US$18 mil de SQM. En total, se afirma en el documento del DOJ, entre 2008 y 2013 se transfirieron US$160 mil a “fundaciones apoyadas por el funcionario chileno 1”.

Jaime Orpis está también desaforado y formalizado por cohecho (con arresto domiciliario en su casa de vacaciones en Frutillar) en el “Caso Corpesca”.

La descripción del “funcionario chileno 2” calza con el ex senador y ex ministro de Economía Pablo Longueira: “SQM también pagó aproximadamente US$630 mil del fondo discrecional del gerente general durante el periodo relevante a fundaciones controladas por el funcionario chileno 2, quien en momentos del periodo relevante tuvo influencia sobre los planes para minería del gobierno, un asunto de central importancia para los negocios de SQM”. A continuación, se cita un email que Longueira envió a Contesse pidiendo ayuda para una fundación presidida por su hija, a la cual se donaron US$16 mil.

Pablo Longueira está formalizado por el delito de cohecho en la causa que investiga precisamente los pagos ilícitos a políticos hechos por SQM.

Pablo Longueira
Pablo Longueira

Para graficar el pago de servicios no prestados y el uso de boletas falsas para “disfrazar” transferencias a PEPs, el documento del DOJ menciona al “funcionario chileno 3”, que no es otro que el ex subsecretario de Minería Pablo Wagner. SQM pagó aproximadamente US$11.034 por “servicios financieros” a su cuñada, María Carolina de la Cerda, quien ha declarado que esos fondos eran para financiar la campaña senatorial del actual alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín.

El “funcionario chileno 4” es menos identificable, aunque los montos detallados que pagó SQM coinciden con los que recibieron cercanos al senador Fulvio Rossi (entonces militante del Partido Socialista), según la investigación judicial en curso en Chile.

Los documentos del DOJ mencionan US$63 mil pagados a un ex asesor y jefe de gabinete (monto que coincide con pagos a Mariela Molina, ex asesora y jefe de gabinete de Rossi) y US$29 mil por consultorías a un familiar (monto que coincide con lo que recibió María Valentina Martínez, cuñada de la hermana de Rossi). “SQM hizo esos pagos sin recibir ninguna evidencia de que las ‘asesorías comunicacionales’ o los ‘servicios de consultoría’ fueran realizados y a la fecha no ha encontrado ninguna evidencia”, dice el documento.

Cuando el DOJ describe la “falsificación de libros y registros” utiliza como ejemplo al “funcionario chileno 5”. Los montos, fecha del contrato y número de facturas coinciden con los pagos que le hizo SQM a la empresa de comunicaciones de Cristian Warner, ex jefe de campaña de Marco Enríquez-Ominami.  Así se lee en el documento del DOJ:

Marco Enriquez-Ominami
Marco Enriquez-Ominami

En o alrededor de febrero de 2011, bajo instrucciones del ejecutivo de SQM (Contesse), dos empleados crearon contratos de servicios falsos para proveedor ficticio con el solo objeto de canalizar fondos de SQM a una fundación controlada por el funcionario chileno 5. Entre aproximadamente 2008 y aproximadamente 2012, SQM pagó desde el fondo discrecional del gerente general 36 facturas enviadas bajo dicho contrato, por un total aproximado de US$577 mil”.

¿A qué fundación ligada a Enríquez- Ominami se refiere el documento del DOJ? La indagación de CIPER indica que el acuerdo previo sobre los aportes irregulares de SQM a la campaña de Enríquez-Ominami se canalizaría a través de la Fundación Progresa, pero al momento de concretarse los pagos se optó por las facturas por servicios no realizados emitidas por la empresa de Cristián Warner.

El acuerdo de SQM con las autoridades estadounidenses abre una pregunta: ¿perseguirá el DOJ a otras empresas chilenas investigadas por financiamiento ilegal de la política que hacen negocios en Estados Unidos? Si fuera así, la lupa del DOJ y de la SEC podría recaer, por ejemplo, en algunas empresas del Grupo Angelini. La respuesta quedará en manos de la nueva administración Trump, pero la SEC ya anunció que su investigación sigue abierta.

El otro negocio ilícito que Matte le endosó a un gerente que terminó en la cárcel

Han pasado 40 años desde el día en que Patricio Gómez Bahamonde huyó a la Argentina. Su abrupto viaje fue decisión del directorio de la empresa en la que se desempeñaba como gerente de Finanzas. Buscaban ganar tiempo para negociar con los acreedores el pago de millonarias deudas cuyas garantías él había firmado. “Te traemos de vuelta el lunes”, cuenta que le aseguraron. Pero lo que prometía ser un fin de semana largo en Buenos Aires, se extendió por meses. Los dueños de Aceros Andes simplemente se desentendieron del asunto y Gómez terminó en la cárcel.

Patricio Gómez había decidido no hacer nunca públicos los detalles de su historia. Hasta que a fines de 2015, cuando estalló el escándalo de la colusión de los precios del papel tissue, por los diarios y la TV se enteró de cómo el empresario Eliodoro Matte Larraín les endosaba a los ejecutivos de la CMPC la responsabilidad de ese ilícito. Y supo de su explicación: pese a ser el presidente de la compañía –controlada históricamente por su familia– él nunca se enteró de nada.

Patricio Gómez, entonces gerente de Finanzas de Acero Andes.
Patricio Gómez, ex gerente de Finanzas de Acero Andes.

Por esos días, Gómez cumplía 45 años de matrimonio. Su mujer le pidió un solo regalo: que hablara, que Matte no podía nuevamente descargar la responsabilidad en sus subalternos, que debía saberse que no era la primera vez…

La historia que relata Patricio Gómez es un thriller de negocios. En la trama de la caída de Aceros Andes, propiedad de los grupos Matte y Gianoli-Mustakis, el rol de Eliodoro Matte era hasta ahora desconocido. Desde 1968 y hasta septiembre de 1976, Gómez fue gerente de Finanzas de la empresa líder en América Latina en la fabricación de piezas pesadas para la minería y la reposición de línea férrea.

–La formaron con la habilidad propia de los Matte: ellos nunca colocan plata, logran que otros lo hagan y hacen figuras legales de tal modo de optimizar su rentabilidad. Aportaron las fundiciones, los equipos y en vez de inyectarle capital de trabajo, hicieron emisiones de bonos o de ventures de esa época, con mucho éxito en el mercado, porque estaba respaldado por la familia Matte. Usaban y usan la imagen de que son serios, rectos y honestos –relató Patricio Gómez a CIPER.

La victoria de Salvador Allende significó un punto de quiebre en el hasta entonces exitoso desarrollo de Aceros Andes. Fue una de las primeras empresas intervenidas por el gobierno de la Unidad Popular, la que pasó a ser manejada por el interventor Manuel Salgado Suárez. Pese a ser opositor, Gómez se quedó en la firma, mientras los dueños se borraron del mapa. Y así fue hasta después del Golpe de Estado de 1973, cuando recibieron la empresa en estado calamitoso, pues la producción prácticamente se había paralizado durante la UP. Sus dueños veían al régimen militar como la tabla de salvación, y al principio lo fue.

Eliodoro Matte hijo había dejado Chile en septiembre de 1970, pocos días después del triunfo de Allende, para estudiar un MBA en la Universidad de Chicago. Matte, quien ha reconocido en privado y en público que Augusto Pinochet era el hombre público que más admiraba, tras el golpe se sumó a su gobierno. Primero fue jefe de Finanzas del Ministerio de Salud, luego gerente general de Laboratorio Chile y de la Sociedad Constructora de Establecimientos Hospitalarios.

Foto: La Segunda 12 de julio 1977.
Foto: La Segunda 12 de julio 1977.

En 1976, Matte dejó el sector público y se integró al directorio de CMPC, el que entonces presidía su padre, Eliodoro Matte Ossa. También ingresó al directorio de Aceros Andes (entre otros negocios familiares). Pero las políticas económicas de sus compañeros Chicago Boys pondrían en aprieto a la compañía.

Matte tenía sólo 31 años y en Aceros Andes compartía directorio con hombres públicos y de negocios de vasta trayectoria. El presidente era Constantino Mustakis Botasilini, cabeza del grupo Gianoli-Mustakis; y el vicepresidente, Manuel Mardones Restat, hombre de confianza histórico del Grupo Matte. El resto del directorio lo integraban el ex ministro Ernesto Pinto Lagarrigue y el abogado Carlos Torretti, entre otros.

Aceros Andes fue creada en tiempos del apoyo del Estado a la producción nacional, con fuertes barreras a la mercancía extranjera, bajo la lógica de la sustitución de las importaciones. El gobierno militar impondría la política contraria: una baja sostenida de los aranceles para abrir la economía chilena al mundo.

Gómez cuenta que hasta se reunieron con los ministros Chicago Boys que manejaban la economía, creyendo que la influencia del ex presidente Jorge Alessandri –entonces presidente de la CMPC–, solucionaría el asunto. Pero la respuesta fue que la baja de aranceles era una decisión irrevocable y que “las empresas que tienen que cerrar se cierran”.

La prensa de la época entrega otra versión: le atribuye la crisis de Aceros Andes a la brusca caída en la demanda de Ferrocarriles del Estado, el principal cliente de la empresa. Otro de los duros efectos de la fuerte contracción presupuestaria del Estado.

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Como encargado de las finanzas de Aceros Andes, Patricio Gómez debía gestionar los créditos que le permitían a la compañía financiarse. Operaban tanto con instituciones formales, como el Banco Sudamericano, relacionado societariamente con el mismo Grupo Matte; como con financieras informales, las que se multiplicaban en aquellos días de regulaciones mínimas.

–La empresa tenía un endeudamiento bastante alto, pero estaba basado en el prestigio de la familia Matte, porque no teníamos garantías. Yo pedía plata y me la daban. Estábamos endeudados con todos los bancos y con las financieras. Todo sobre la base del prestigio, porque siempre la empresa había cumplido en todo –relata el ex gerente.

En su rol de apoderado de la compañía, Gómez debía firmar los cheques que se dejaban en garantía por los créditos. La segunda firma era la de su asistente, el ingeniero comercial Fernando Garrido Taraba. Los cheques quedaban en una notaría acompañados de un escrito donde se señalaba que la firma era a título personal, pero por instrucción del directorio de Aceros Andes. Con el tiempo, reconoce Gómez, se dio cuenta de que esa “precaución” no tenía validez legal.

En septiembre de 1976 ya era claro que la empresa tenía graves problemas financieros. Pero Gómez dice que estaba tranquilo, pensaba que, finalmente, podrían pagar las deudas porque contaban con el respaldo de la familia Matte. En una reunión extraordinaria de directorio, se acordó notificar a los bancos y financieras de que iban a cesar sus actividades y congelar los pagos a la espera de una solución. Fue Gómez, junto al gerente general de Aceros Andes, George Le Blanc Donaldson, quienes dieron las explicaciones a los ejecutivos de las instituciones acreedoras.

–Se produjo un altercado, había molestia. Nos miramos las caras, tratamos de dar explicaciones, pedimos que nos dieran tiempo, que íbamos a ver cómo resolvíamos la situación. Hasta que el señor Prieto, de la Financiera Fusa, se paró y dijo: Yo aquí no veo presente a ningún miembro de la familia Matte. Yo he puesto dinero porque está la familia Matte detrás, y los que están en representación de los bancos también. Ustedes son empleados. Nosotros queremos a la familia Matte diciendo “nosotros respondemos”, como buenos empresarios. Vamos a hacer lo siguiente, mientras no dé la cara la familia Matte, yo voy a ejecutar al señor Gómez, que está aquí presente, lo voy a perseguir, lo van a tomar preso, y que la familia Matte responda por el señor Gómez. Pido a los que están aquí, que hagan lo mismo y ejecuten al señor Gómez” –, recuerda el entonces gerente de Finanzas, quien estaba desesperado ante la ausencia de al menos un representante de los dueños de la empresa.

Esa misma tarde se realizó una nueva reunión extraordinaria del directorio a Aceros Andes, a la que asistió Eliodoro Matte. Gómez recuerda que los directores le aseguraron que lo iban a respaldar, pero para que no lo metieran preso, necesitaban sacarlo del país para negociar con los acreedores.

Era un día miércoles. Le compraron un pasaje en Lufthansa a Buenos Aires para esa misma noche y le aseguraron que al lunes siguiente estaría de regreso. El alivio que sintió cuando al pasar por Policía Internacional constató que aún no había una orden en su contra, se esfumó cuando se encontró al interior del aeropuerto con uno de los representantes de los bancos a quienes ese mismo día les había dicho que iba a responder por las deudas. Le prometió que el lunes estaría de vuelta en Chile.

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Con poco dinero en el bolsillo, se hospedó en un hotel de la capital argentina a la espera de instrucciones. Pero éstas nunca llegaron. Tenía 32 años, su esposa en Chile estaba embarazada, mientras él seguía prófugo de la justicia en Argentina. Lo único claro era que su ausencia le quitaba a la empresa la presión de los acreedores, pues no tenían cómo exigir el pago de las deudas.

Han pasado cuatro décadas, pero en este punto del relato Patricio Gómez aún se emociona.

–Nunca más supe de la familia Matte, se desligaron, se desentendieron de mí. Un hermano mío, abogado, fue a hablar con el abogado de Aceros Andes, quien se lavó las manos totalmente. Ana María, mi esposa, estaba embarazada y todo sin un peso– recuerda.

Cuando ya estaba cansado de mandar recados a Santiago, apareció en Buenos Aires un hombre de confianza de los Gianoli-Mustakis con dinero para tres meses. Le pidió que se quedara tranquilo y en silencio mientras se resolvían las cosas en Chile. Patricio Gómez accedió, pero exigió que enviaran a su esposa y a sus dos hijos a la Argentina.

Ya con su esposa e hijos a su lado, Patricio Gómez supo –a través de Constantino Mustakis– que con el pasar de los días el control de la empresa lo tomó el grupo Gianoli-Mustakis, porque los Matte desconocieron las deudas. Además, querían evitar cualquier daño a la imagen de la familia. El argumento que dieron fue que Patricio Gómez era un excelente profesional, pero que producto del cansancio y el estrés había excedido sus atribuciones, cometiendo el ilícito de firmar cheques en garantía por los créditos, sin consultar al directorio.

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Mientras tanto, en Buenos Aires, la espera de Patricio Gómez se seguía alargando. Hasta que llegó un momento en que éste decidió que su mujer volviera a Chile para dar a luz en su país. Estaba desesperado: “Quedó claro que yo estaba abandonado y que mientras yo no fuera detenido esto no iba a reventar”.

Entonces, en abril de 1977, cambió como pudo su aspecto, se consiguió un pasaporte falso e ingresó clandestinamente a Chile. Quería estar presente cuando naciera su hijo. Durante semanas se escondió en distintas casas, al tiempo que buscaba asesoría legal y el mejor momento para entregarse a la justicia. También hizo otras gestiones.

–Llamé a Eliodoro Matte varias veces. Nunca me contestaba. Al final, lo ubiqué una noche en su casa. Tuvimos una conversación muy larga. Me dijo que si de él dependiera, respondía por las deudas, pero que había personas en la familia que mantenían la posición de dejarme botado – aseguró Gómez a CIPER.

Con la inflación, el monto de la deuda se había multiplicado, por lo que su confianza en que su “irreprochable conducta anterior”, la atenuante que lo salvaría de una condena de cárcel alta, se diluía. Como Gómez no tenía dinero para pagar su defensa, en Aceros Andes le prometieron que le pondrían un abogado. Tampoco cumplieron. Gómez dice que sólo lo dijeron para dilatar su situación de “fugado”. Finalmente el estudio de Alfredo Etcheberry ofreció  representarlo gratis y el caso lo asumió el abogado Carlos Balbontín (ambos fueron contactados sin éxito para este reportaje).

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El 20 de julio de 1977, los abogados dejaron a Gómez y a su ayudante Garrido –quien había permanecido prófugo en Chile durante 10 meses– en la puerta de los juzgados del crimen para que se entregaran. Inmediatamente fueron fichados, declarados reos y enviados incomunicados a la Cárcel Pública. “Reo Gómez, dígame dónde está la plata de Aceros Andes, porque dicen que usted es responsable”, lo encaraba la jueza Juana González, titular del Primer Juzgado del Crimen de Santiago, quien asumió la causa.

Y aunque Gómez dice haberle explicado con el mayor detalle posible a la jueza el tejemaneje financiero de la empresa, muy pronto se dio cuenta de que su situación empeoraba. Como los directores de Aceros Andes insistían en que él había firmado a escondidas los cheques de garantía de los créditos, la jueza pidió los libros de actas del directorio. Allí debía estar la constancia de que Gómez había firmado con autorización de los directores y en su rol de apoderado de la empresa. Pero del libro de actas no había rastro: había desaparecido. Era su palabra contra la de directores, hombres de gran influencia y prestigio.

Para entonces, el caso de Aceros Andes ya era un escándalo en el mundo de los negocios. Las imputaciones eran por fraude, quiebra fraudulenta y giro doloso de cheque. Los querellantes acusaban que, sabiendo que la empresa estaba en bancarrota, sus dueños se endeudaron gracias a que la compañía parecía tener respaldo económico, engañando a sus financistas.

En una entrevista con la periodista Raquel Correa, publicada en revista Cosas, el abogado Nurieldín Hermosilla, representante del 38% de los pasivos, decía que en toda su carrera no había visto un caso en que los dueños de una empresa se negaran a resolver una situación en que bastaba que dos importantes grupos económicos se allanaran a cubrir una deuda pequeña en relación a su patrimonio. Avalaba sus dichos el que durante ese período de no pago de los compromisos, los Matte y los Mustakis habían realizado millonarias inversiones en otras empresas. “Y, sin embargo, no cubrieron la deuda, lo que afectó directamente a los dos ingenieros que habían firmado los cheques y al gerente general”, afirmaba Hermosilla.

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La última acotación del abogado en la citada entrevista, resulta interesante para los efectos de esta historia: “La culpa recae legalmente en los giradores personales, Gómez y Garrido. Pero mi impresión es que ellos no son moralmente culpables, sino quienes estaban detrás de ellos y los dejaron abandonados”.

En esa misma entrevista, Hermosilla afirmó que los empresarios Matte y Mustakis se creían “dioses del Olimpo” y “pecaron de soberbia”: “Es la primera vez en la historia financiera del último tiempo en que aparece el propósito de eludir maliciosamente el cumplimiento de obligaciones financieras. Además, los perjudicados y los autores del perjuicio se mueven en un círculo muy estrecho, lo que hace que ésta sea como una pelea entre hermanos, resultando por eso más terrible”.

EL MISTERIO DEL LIBRO DE ACTAS

Otro de los hitos de esta historia que Patricio Gómez no olvida fue el día en que la jueza Juana González lo citó y lo sorprendió con un paquete envuelto en papel café entre sus manos: era el libro de actas que hasta ese día estaba desaparecido. La jueza le dijo que alguien lo había entregado anónimamente en el tribunal.

Gómez cuenta que después le dijeron que fue la avaricia de Eliodoro Matte padre la que provocó que misteriosamente apareciera el libro que lo salvaría. Quien lo hizo llegar al tribunal habría sido su secretaria de toda la vida, a quien no le pagó lo que le debía por años de servicio. Nunca se supo con certeza si fue ella, pero sí quedó claro que lo escondieron para que los directores pudieran endosarle la responsabilidad a sus subalternos, evitando así pagar las deudas sin ir a la cárcel.

incomunicados-ejecutivos-aceros-andesEl libro de actas salvó a Gómez y Garrido. Los documentos demostraban que el directorio autorizó todos los créditos y también los cheques que se firmaron para respaldarlos. La jueza González estaba indignada. “Los voy a meter a todos presos”, cuentan que proclamaba en esos días. Pero lo hacía al interior de su despacho, ya que estaba consciente del poder que ostentaban los dos grupos económicos responsables de las deudas de Aceros Andes; y sobre todo, de su situación precaria, pues era el periodo más duro de la dictadura y ella era una mujer de izquierda.

Finalmente la jueza González ordenó que la policía detuviera a Constantino Mustakis, Manuel Mardones y George Le Blanc. El 9 de agosto de 1977, los dos directores y el gerente general de Aceros Andes quedaron incomunicados en la Cárcel Pública.

“No se atrevió a meter preso a Matte”, dice Gómez, quien sí recuerda muy bien el careo que decidió la jueza y que lo hizo enfrentarse al empresario. Según los diarios de la época, el careo tuvo lugar el viernes 12 de agosto de 1977. Gómez recuerda que hacía frío cuando lo fueron a buscar a Capuchinos y lo llevaron engrillado al tribunal. CIPER intentó acceder al expediente que contiene el registro oficial de la época, pero tras varias semanas de búsqueda, en el Archivo Judicial informaron que éste se encuentra perdido. Desapareció. Otro misterio.

Cuarenta años después, Gómez reconstruyó para CIPER el diálogo que tuvo con Matte durante ese careo:

Jueza: Identifique a la persona que está al frente.

Matte: El señor Gómez.

Jueza: Levante la cabeza y mírelo.

Matte: Hola, Patricio.

Jueza: Usted declaró que el señor Gómez estaba enfermo, con surmenage, pero yo veo en el libro de actas que usted sabía todo. ¿Es falso? ¿Miente el señor Gómez o lo que está escrito es verdad?

Matte: Es verdad.

Jueza: Pero levante la cara y míreme a mí.

Matte: Todo fue así. Perdona, Patricio.

Jueza: Acá no hay perdón. ¿Usted declara que todo lo que dijo el señor Gómez es verdad?

Matte: Sí.

El diario La Segunda de ese día 12 de agosto de 1977, informa que Matte concurrió a tribunales y que esa tarde podría ser careado con Gómez. El diario también recoge la versión de que Constantino Mustakis habría ofrecido pagar de su bolsillo un millón de dólares para llegar a un acuerdo con los acreedores, pero que Matte no estaba dispuesto a hacer lo mismo. Solo respondería con sus acciones de Aceros Andes. Pese a ello, Mustakis fue el que pagó con cárcel.

CIPER intentó tener la versión de Eliodoro Matte sobre este episodio, pero el empresario hizo saber que estaba retirado y ya no daba entrevistas.

EL FIN DEL CHEQUE EN GARANTÍA

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Durante los primeros días de septiembre de 1977, la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago escuchó los alegatos de las defensas de los cinco detenidos por la quiebra de Aceros Andes. El Mercurio cubrió la noticia día a día y, cuando salió el fallo, lo publicó completo. El titular fue: “Importante fallo se dictó sobre el cheque en garantía”.

Un titular extraño, pero que en parte se explica porque ese dictamen judicial, en los hechos, provocó un cambio de jurisprudencia que marcó un hito en el sistema financiero. Al sentenciar que en el caso de Aceros Andes los cheques no podían ser considerados como “el cuerpo del delito”, dejó establecido que estos documentos financieros solo pueden usarse para pagar obligaciones y no como garantía de compromisos futuros (como créditos).

Gracias a eso, a los dos ejecutivos de Aceros Andes que habían firmado los cheques que garantizaban las deudas de Aceros Andes (Patricio Gómez y Fernando Garrido), se les levantó el procesamiento por giro doloso y quedaron libres. El fallo estableció que actuaron “en representación de Aceros Andes S.A. no en pago de obligaciones, sino para garantizar la cancelación de los pagarés representativos de los créditos”.

Los ministros determinaron además: “Se encuentra establecido en el proceso, en el estado actual de la investigación, el hecho de haberse intentado retardar la quiebra de Aceros Andes S.A. obteniendo fondos para ésta mediante el arbitrio ruinoso de obtener créditos con vencimiento a treinta días, con interés de 10% mensual o más, suscribiéndose, al efecto, pagarés”.

Respecto a Mustakis, Mardones y Le Blanc, el fallo señala que los antecedentes permitían presumir con fundamentos que los  “tres inculpados autorizaron expresamente la realización de aquellos actos tendientes a obtener fondos con el fin ya indicado, por lo que debe considerárseles autores” de delitos contenidos en la Ley de Quiebra, descartando la figura de estafa. Gracias a esto, los ex directivos quedaron libres, aunque aún en calidad de reos.

eliodoro-mattePara Patricio Gómez el fallo fue una revancha. Estando preso, recibió la visita de un recadero de los dueños de Aceros Andes, quienes le ofrecían medio millón de dólares para que se declarara culpable y liberara el directorio. “Sabe qué más, la honestidad no se transa”, asegura Gómez que fue su respuesta. Cuando lo liberaron, varios abogados le ofrecieron querellarse contra el Grupo Matte por injuria, calumnia y los perjuicios causados. “Me negué y volvería a hacerlo”, dice.

Aunque al principio le costó, Gómez pudo reconstruir su prestigio y su carrera como ejecutivo de grandes empresas de distintos grupos económicos. Uno de sus trabajos más importantes fue en una gran minera extranjera. Lo primero que dijo en la entrevista laboral fue que había estado preso, y explicó las razones. Lo contrataron. Años después, su jefe le entregó un documento: era una carta de recomendación firmada por un alto ejecutivo del Grupo Matte, en la que certificaban su honestidad.

“Nunca me pagaron un peso, lo único fue la carta”, dice Patricio Gómez casi al terminar su relato. Porque al final, es inevitable volver sobre el hito que lo hizo desistir de no hablar nunca públicamente de cómo vivió él y su familia la quiebra de Aceros Andes: el estallido de la colusión de la CMPC en el precio del papel tissue. Leer junto a su mujer que Matte nuevamente insistía en que los miembros del directorio no sabían nada, que fue un asunto de los gerentes, quienes además se fueron con millonarias indemnizaciones, los indignó. Y fue entonces que decidieron que debían contar su historia.

SII deberá entregar información sobre el origen de US$18,7 mil millones refugiados en el exterior

Fueron US$1.502 millones los que recaudó el Fisco en 2015 gracias al polémico artículo transitorio de la Reforma Tributaria que permitió regularizar los capitales chilenos en el extranjero pagando sólo una tasa de 8%. Eso significa que eran más de US$18,7 mil millones los que no habían sido declarados  en Chile y que, en virtud de esa franquicia válida solo por un año, quedaron “blanqueados” tributariamente gracias a un artículo que se incluyó a última hora en la ley (Artículo 24° transitorio de la Ley N° 20.780). Pese al enorme monto –equivale nada menos que al 8% del PIB de Chile en 2015–, el Servicio de Impuestos Internos (SII) intentó que cualquier otra información respecto a ese dinero –que no fuera el monto total recaudado– permaneciera en secreto.

En enero de 2016, apenas terminó el periodo extraordinario para declarar el dinero por el que chilenos no habían pagado impuestos en el país, CIPER utilizó la Ley de Transparencia para pedir al SII información respecto al origen de esos fondos. El servicio negó toda la información solicitada, por lo que recurrimos al Consejo para la Transparencia, el que determinó que parte de los datos eran públicos. El SII no aceptó el dictamen y recurrió a la Corte de Apelaciones de Santiago. El 30 de diciembre la corte ratificó que el SII debía entregar la información solicitada.

Al accederse por el Consejo sólo a la divulgación de información de carácter estadística, innominada sin referencia a contribuyentes ni domicilios ni otros datos de contexto, no ha incurrido en infracción a los artículos 35 del Código Tributario y 24 transitorio N° 13 de la Ley N° 20.780, dado que no se divulga en forma alguna la cuantía o fuente de los bienes o rentas, ni otros datos o antecedentes que hayan sido proporcionados por el contribuyente con motivo de la declaración que efectúe conforme al ya citado artículo 24 transitorio, por lo que se rechazará el reclamo de ilegalidad”, señala el fallo de la Undécima Sala de la Corte de Apelaciones, integrada por los ministros Hernán Crisosto, Mireya López y Alejandro Rivera (ver fallo).

El ministro Crisosto estaba por acoger parcialmente el reclamo del SII, al estimar que parte de la información solicitada excedía lo estadístico y podría llevar a identificar a un contribuyente.

En su petición original, la solicitud de CIPER incluía la nómina de los contribuyentes, pero al mismo tiempo se invocaba el principio de divisibilidad, de modo de que el SII entregara aquella información que estimara que era pública y mantuviera en reserva la que no lo era. Sin embargo, la negativa fue total. Finalmente el Consejo para la Transparencia acogió parcialmente el amparo de CIPER –y así lo ratificó la Corte de Apelaciones– determinando que la siguiente información es de carácter público:

–Lista con los 50 mayores montos “repatriados”, sin individualización del contribuyente;

–Nómina de países desde donde se “repatriaron” capitales, junto con los montos “repatriados” desde cada país;

–Estadísticas respecto a la fecha en la cual salieron de Chile o se originaron los capitales acogidos al artículo 24 transitorio de la ley N° 20.780.

Si bien se habla comúnmente de que esta es una norma para la repatriación de capitales, lo cierto es que no se exige que el dinero ingrese efectivamente al país, sino solo que se declare. El beneficio, que terminó el 31 de diciembre de 2015, es en la práctica una amnistía tributaria. En vez de pagar multas, intereses o incluso la tasa correspondiente al impuesto a la renta (hasta 32%), quienes se acogieron al artículo transitorio pagaron una tasa plana de 8%.

En el gobierno se esperaba una recaudación casi 10 veces menor que la que tuvo el artículo transitorio, una muestra de las bondades de la amnistía tributaria. Las filtraciones de las cuentas en el Banco HSBC en Suiza, que fueron reveladas en el  proyecto periodístico Swissleaks del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (en el que participó CIPER junto 140 periodistas de 45 países), fueron otro incentivo para sincerar los dineros que contribuyentes chilenos mantenían ocultos en el exterior.

La solicitud de CIPER al SII buscaba despejar algunas de las interrogantes que rodearon el debate legislativo de la repatriación de capitales. La primera, es el origen geográfico de los fondos y, particularmente, cuánto del dinero no declarado está albergado en paraísos fiscales. Un segundo misterio era el origen temporal de estas fortunas ocultas: ¿fueron sacadas del país durante el gobierno de la Unidad Popular?, ¿durante la crisis del ‘82?, ¿o se escondieron derechamente en democracia? ¿Cómo se multiplicaron en el extranjero?

Hasta ahora el SII sólo ha revelado el monto total recaudado (US$1.502 millones) y el número de contribuyentes que se acogieron al beneficio (7.832). Un cálculo simple arroja que el total de los dineros declarados asciende a US$18,7 mil millones, por lo que estamos hablando de un promedio de US$2,4 millones por contribuyente. Sabemos que los promedios son engañosos, por lo que las cifras pueden esconder fortunas multimillonarias que durante años se refugiaron en paraísos fiscales para no pagar impuestos.

ARGUMENTOS ENCONTRADOS

La solicitud de acceso a la información hecha por CIPER al SII el 4 de enero de 2016 enfrentó obstáculos desde un inicio. Originalmente se ingresaron cinco peticiones diferentes, pues por ser de distinta naturaleza, era probable que algunas fueran rechazadas. El 18 de enero el organismo pidió incluir el nombre de la apoderada e ingresar una nueva solicitud que agrupara todo, con lo cual los plazos legales volvieron a cero. Un mes más tarde se nos notificó que la respuesta se había enviado por carta certificada, pero ésta nunca llegó. No fue hasta el 9 de marzo que conseguimos que se nos enviara nuevamente la respuesta, que fue una denegación total invocando la reserva establecida en el artículo 35 del Código Tributario (ver respuesta).

Cuando recurrimos al Consejo para la Transparencia, argumentamos que respecto a las personas jurídicas que se acogieron al beneficio tributario, existía jurisprudencia de que la nómina podía hacerse pública. En 2014, el mismo servicio entregó la nóminade empresas que se habían acogido a la franquicia tributaria para las donaciones políticas, con sus RUT, razones sociales y rubros, excluyendo los montos y las personas naturales. En cuanto a la información estadística (principales montos, lugar y fecha de origen), toda la jurisprudencia en materia de transparencia indica que es pública.

Ante el Consejo para la Transparencia, el SII sólo invocó la causal de reserva y se refugió en una formalidad: alegó que el reclamo lo había presentado Mónica González y no la Fundación CIPER. Este argumento fue rechazado por el consejo, pues, tal como explicó CIPER, el formulario del SII no contempla la posibilidad de incluir el representante legal y porque Mónica González ya ha acreditado su representación con anterioridad.

En cuanto al fondo, el consejo ratificó que “el secreto tributario debe entenderse referido a los datos patrimoniales de los contribuyentes y no a toda la demás información genérica de éstos que posea el servicio“. Por ello, se rechazó la solicitud de acceder a los nombres de los contribuyentes que se acogieron al beneficio, pero se acogió respecto a toda la información estadística (ver fallo del Consejo para la Transparencia).

Luego del dictamen del consejo, el 4 de agosto pasado el SII recurrió a la Corte de Apelaciones para intentar que toda la información respecto a la repatriación de capitales permaneciera secreta. Durante la tramitación, nuevamente recurrió a las formalidades, esta vez para intentar –y conseguir– que la causa fuera vista por la sala especializada en materia tributaria (Undécima) en vez de la Sexta, donde se estaba tramitando. Ante esos jueces especializados, el SII argumentó, sin éxito, que el secreto tributario “no admite excepciones, por tratarse de un régimen especialísimo”.

Si el SII no recurre de queja ante la Corte Suprema, deberá entregar la información a CIPER antes del próximo 10 de enero.

La valiosa colección de arte que la nuera de Pinochet busca proteger

Vea también: El verdadero valor de la fortuna que acumuló Pinochet”

María Soledad Olave Gutiérrez (54 años) es la única familiar política de Augusto Pinochet que ha estado procesada en la investigación del origen de la fortuna que ocultó el dictador. Frente a las medidas adoptadas en tribunales, ella ha respondido con dureza afirmando que se trata de una persecución judicial contra la familia de su esposo, Marco Antonio Pinochet Hiriart. A nueve años de haber sido sobreseída en el juicio del Caso Riggs, las escrituras que rastreó CIPER indican que Olave también siguió la estrategia diseñada por los Pinochet para proteger sus bienes.

Tal como informó CIPER, durante 2015 los herederos del dictador comenzaron a traspasar propiedades a nombre de sus hijos. Así sucedió con el fundo Los Boldos y también con el departamento en La Dehesa donde habita la matriarca, Lucía Hiriart (ver reportaje). Casi todas las transacciones se sellaron en la notaría de Alfredo Martin Illanes y cuatro de ellas tuvieron lugar el 9 y el 10 de octubre de 2015.

María Soledad Olave (foto:javierpoch.blogspot.cl)
María Soledad Olave (foto:javierpoch.blogspot.cl)

El primer día fue Lucía Hiriart quien transfirió a sus nietos su parte de Los Boldos. Al día siguiente, el 10 de octubre, lo hicieron Verónica, Augusto y Jacqueline Pinochet Hiriart. Fue así cómo encontramos en ese mismo libro notarial, en la página que precede a las escrituras mencionadas, un misterioso documento firmado por María Soledad Olave.

El acta lleva por título “Ratificación de contrato de bienes muebles, y no indica quién es la contraparte de Olave.

Para develar el misterio fue necesario seguir rastreando hasta encontrar archivado en otro libro notarial, un documento que Olave firmó dos meses antes, el 12 de agosto de 2015, en la notaría de Armando Ulloa Contreras. Allí se lee que el anticuario Jorge Hugo Torres Sandoval declara haberle vendido entre marzo de 1987 y agosto de 1995, una serie de objetos que parecen ser de gran valor, pero cuyo precio se omite.

La lista da cuenta de la colección de piezas de arte, alfombras y objetos antiguos que pueden valer una pequeña fortuna. Lo que hace imposible tasar al menos los cuadros con exactitud, es que en ese documento notarial las dimensiones de las obras están cortadas en el margen de la hoja (ver lista completa).

En ninguno de los dos documentos se deja constancia de la causal de ese inventario. Solo se explicaría por el interés de María Soledad Olave de dejar constancia de que su valiosa colección no forma parte del patrimonio familiar de los Pinochet Olave.

El matrimonio de Marco Antonio Pinochet y María Soledad Olave tuvo lugar el 28 de octubre de 1989. Aprovechando los últimos meses que le quedaban a Augusto Pinochet como gobernante de facto, la boda se realizó en el palacio presidencial de Cerro Castillo, en Viña del Mar, según se relata en el libro La familia, historia privada de los Pinochet, de Claudia Farfán y Fernando Vega.

El certificado oficial da cuenta de que la ceremonia civil tuvo lugar en Isla de Maipo. En esa ocasión los novios pactaron una unión con separación total de bienes, lo que en teoría protege las pertenencias de Olave de un embargo que pudiera afectar a su esposo. Como se sabe, Marco Antonio Pinochet aún tiene en curso un juicio tributario cuyo fallo definitivo está pendiente.

El acta en cuestión podría ser una protección sobre los objetos más valiosos que se encuentran al interior de la residencia de los Pinochet Olave.

El documento detalla las compras de esos objetos, las que supuestamente tuvieron lugar hace más de 20 años. Para ello, Olave y el anticuario certifican que “este contrato de compraventa se celebró verbalmente sin que se hubiera consignado por escrito”.

El gusto artístico de María Soledad Olave es bastante ecléctico. La lista incluye cuatro cuadros de Roberto Matta, un grabado de Goya, una escultura de Botero, una acuarela de Jorge Tacla, una escultura de Palolo Valdés, óleos de Hugo Marín y Armando Lira y dos cuadros de Sammy Benmayor, entre otras obras.

Se detallan además doce alfombras -de distintos tamaños- persas, turcas, paquistaníes y de Kurdistán. Entre los muebles hay sillas y sillones Luis XV, un arrimo del renacimiento italiano, además de una cómoda, un mueble y una mesa con cubiertas de mármol. Los objetos enumerados incluyen un ícono religioso de una virgen rusa, botellas de cristal; además de bandejas, candelabros, mates y una sopera de plata.

Marco Antonio Pinochet
Marco Antonio Pinochet

CIPER decidió ubicar al anticuario Jorge Torres. En la tienda que antiguamente lo hizo conocido, ubicada en calle Quinchamalí (Las Condes), ya no está. Torres quebró en 2010 y ahora vende sus antigüedades en un local del barrio Italia (Providencia). Al ver el acta con el detalle de los bienes que supuestamente él le vendió a María Soledad Olave, el anticuario Torres dijo no recordar haberla firmado. No lo negó tampoco. Repitió que no recordaba. Y cuando se le pidió que refrescara su memoria leyendo uno a uno los objetos que allí aparecen, tampoco los reconoció como ventas suyas.

Luego de algunas cavilaciones, Torres dijo a CIPER que solo algunos de esos objetos podrían haber sido de su tienda:

-El óleo de Hugo Marín puedo haberle recomendado que fuera a comprarlo directamente a la galería o a un remate. Los prendedores mapuche pude haberlos vendido yo, pero tendría que mirarlos. Sin mirar una fotografía no puedo decirle cuánto costaban, no sabría…

Lo que sí reconoció Torres fue una relación de amistad con María Soledad Olave, a quien ve esporádicamente en situaciones sociales:

-La conocí primero a ella y después conocí a su esposo, Marco Antonio. Eso fue en 1985. La conocí por medio de amistades que teníamos en común. Ella tenía un grupo de como 20 amigas, entonces nos veíamos en fiestas y en reuniones sociales. La última vez que nos topamos fue hace más de un año, en un desfile de Cecilia Bolocco.

Respecto de sus gustos artísticos, Jorge Torres señaló a CIPER que Olave “no era coleccionista, compraba para amoblar la casa. Tenía cosas bonitas en los pasillos, pinturas, pero era una casa común y corriente”.

LA NUERA DEL GENERAL

Marco Antonio Pinochet (59 años) es el cuarto de los cinco hijos del matrimonio Pinochet Hiriart y siempre se dijo que era el favorito de su madre. Aunque en su juventud protagonizó algunos escándalos de índole personal y más tarde en el mundo de los negocios, con los años se mantuvo en un segundo plano mientras su hermano Augusto ocupaba el sitial de oveja negra de la familia.

La detención de su padre en Londres en octubre de 1998 terminó de golpe con el bajo perfil que se había esmerado en mantener junto a su esposa. Marco Antonio Pinochet asumió entonces el rol de vocero de la familia, defendiendo al general de una manera enérgica pero a la vez más racional y menos rabiosa que algunos de sus hermanos.

El descubrimiento en 2004 de las cuentas ocultas que el dictador mantenía en el Banco Riggs de Estados Unidos, iluminaría una nueva faceta de Marco Antonio Pinochet. Fue entonces que emergió su rol clave en la familia: los cruces de cuentas y documentos de respaldo mostraron que era la persona de mayor confianza de su padre en el manejo de su fortuna y uno de los articuladores de su ocultamiento.

En 2004 el ministro Sergio Muñoz lo procesó por existir “presunciones fundadas que le correspondió participación de cómplice en el delito tributario (…) especialmente por cuanto cooperó en el manejo de los fondos que mantiene Augusto Pinochet Ugarte en el extranjero, actividad en que utiliza incluso documentación falsificada”.

Los hallazgos de los movimientos desde las cuentas donde Pinochet ocultaba su fortuna, terminaron por involucrar también a la esposa de Marco Antonio Pinochet. Una de las cuentas secretas del dictador fue abierta en 1985 en Nueva York, con el nombre de su titular falso: “Marco P. Hiriart”. En 1989 el titular se modificó (en fideicomiso) y pasó a ser de “J. Ramón Ugarte”, uno de los alias que utilizó Pinochet para ocultar sus dineros. Finalmente, en 1999, estando ya detenido en Londres el general, la cuenta fue traspasada a nombre su nuera, María Soledad Olave. La investigación judicial determinó que por esa cuenta pasaron más de US$2 millones sin origen justificado.

El sucesor de Muñoz, el ministro Carlos Cerda, amplió los procesamientos a gran parte de la familia Pinochet, incluyendo a Soledad Olave. Su defensa la asumió el actual presidente del Consejo de Defensa del Estado (CDE, entidad querellante en la misma causa), Juan Ignacio Piña.

Libro "La Nuera del General" (Fuente: Flickr)
Libro “La Nuera del General” (Fuente: Flickr)

“Yo creo que todo esto es un show mediático para el juez, porque él gana dinero haciendo estas cosas. Por cada Pinochet que mete preso, lo premian”, acusó con dureza entonces María Soledad Olave. El SII también se había querellado en su contra por no haber declarado ingresos por $35 millones.

En diciembre de 2006, el lanzamiento del libro La nuera del general, de la periodista Paula Afani, transformó al Club de la Unión en un epicentro del pinochetismo. El evento fue la ocasión para que nuevamente la esposa de Marco Antonio Pinochet lanzara duras acusaciones: “El apellido de mi marido era una carnada demasiado atractiva para un juez que consideró que conmigo haría una pesca milagrosa, que mostraría como trofeo de guerra a las autoridades de gobierno“.

La resolución de Carlos Cerda fue revocada por la Corte de Apelaciones, la que invalidó casi todos los procesamientos, salvo los de Marco Antonio Pinochet y el albacea de su padre, Óscar Aitken. Con Pinochet muerto, el Caso Riggs se cerró en 2015 con sólo seis condenas a los militares que facilitaron la malversación de fondos del ex comandante en jefe. El fallo está en acuerdo en la Corte de Apelaciones de Santiago.

Pero las indagaciones que hizo la policía en torno a los dineros de Olave, entregan un cuadro interesante sobre su patrimonio. Destaca la herencia que recibió de su padre en 1998, que incluía dos departamentos en Providencia y una parcela en San Bernardo. En la investigación del Caso Riggs, Soledad Olave afirmó que los US$150 mil con que abrió una cuenta en Puerto Rico correspondían a la venta de dos departamentos que recibió en herencia.

La investigación también reveló que una copia de su cédula de identidad fue presentada por su marido cuando éste abrió la cuenta de Meritor (creada en el paraíso fiscal de Bahamas), una sociedad que también movió fondos de su suegro. Según dijo Olave en ese momento, su única relación con las cuentas de su esposo era que aparecía como beneficiaria en caso de muerte.

Cuando estalló el Caso Riggs, Soledad Olave era representante en Chile de la marca de ropa española “Don Algodón”, y era socia de “Agrocomercial Olave”, “Agrícola Olave” e “Inmobiliaria Imperial” junto a sus hermanos. En los documentos notariales se identificó como “agricultora”.

Desde 1994 su negocio textil estuvo asociado a Fermar, una empresa ligada a su esposo y que figura entre las transacciones de su suegro en el extranjero. En 1995 creó San Esteban Limitada junto a su madre y un hermano. Luego, San Esteban se asociaría con Forinvest Holding Co., una sociedad anónima identificada como empresa extranjera y que también estaría ligada a un socio de Marco Antonio Pinochet, para crear Real Inversiones. Esta última sociedad fue utilizada en 2006 para comprar la casa en La Dehesa, vecina a la de Augusto Pinochet y Lucía Hiriart en Los Flamencos, donde viven Soledad Olave y su esposo.

Después del estallido del Caso Riggs, Soledad Olave siguió haciendo negocios. En 2009, creó “Agrícola, Forestal e Industrial María Soledad Olave Gutiérrez Empresa Individual de Responsabilidad Limitada”. Al año siguiente esa empresa modificó su nombre por el de “Agrícola e Inversiones Tres Puntas Limitada”. El último registro comercial data de 2011, año en que junto a su hija María Josefina Pinochet, constituyó “Asesorías e Inversiones TOBIAS Limitada”.

Las operaciones de la familia Pinochet para proteger la herencia inmobiliaria del dictador

Este 10 de diciembre la familia Pinochet conmemora el décimo aniversario de la muerte del ex dictador en un escenario complejo. Varias causas judiciales que pueden afectar su patrimonio llegan a la recta final. Los Pinochet Hiriart se han preparado para este momento, y se han preocupado de poner a resguardo sus bienes más importantes. Una de esas decisiones ha sido traspasar las propiedades de mayor valor a los nietos de Augusto Pinochet.

Su viuda, Lucía Hiriart, deberá responder en los próximos días ante un tribunal por los manejos oscuros del millonario patrimonio fiscal cedido a CEMA Chile. A ello se suma que el Caso Riggs entra en tierra derecha. La sentencia de primera instancia le entrega al Fisco los bienes que quedaron a nombre de Pinochet y también los que son de sociedades que el dictador abrió en paraísos tributarios. La apelación a ese fallo ya está en etapa de acuerdo después de seis meses de análisis en la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago.

Lucía Hiriart y Augusto Pinochet
Lucía Hiriart y Augusto Pinochet

Un tercer frente judicial acecha a la familia: la resolución de los juicios por los millonarios impuestos adeudados por Pinochet y tres de sus hijos.

En este complejo cuadro procesal, la familia ha hecho sigilosos movimientos para proteger su fortuna. En los últimos dos años, Lucía Hiriart y sus cinco hijos –Augusto, Lucía, Verónica, Marco Antonio y Jacqueline– realizaron una serie de operaciones en que “vendieron” bienes raíces a algunos de los nietos del ex dictador a precios muy por debajo de su valor comercial.

Con esta fórmula, los herederos directos se desprendieron de propiedades que podrían estar en riesgo de ser embargadas y de la amenaza de una demanda civil del Estado al momento en que se cierre el proceso por el enriquecimiento ilícito de Augusto Pinochet. Ese juicio se originó en 2004, cuando el Senado estadounidense reveló la existencia de sus cuentas secretas en el Banco Riggs.

UNA VIEJA COSTUMBRE

Augusto Pinochet acumuló una larga experiencia en operaciones inmobiliarias ficticias. Cuando aún era un simple teniente y necesitaba demostrar solvencia económica para que el Ejército lo autorizara a casarse con Lucía Hiriart, un amigo le transfirió una vivienda para que pudiera demostrar la propiedad de un bien raíz. Ese dato fue relatado por los periodistas Fernando Vega y Claudia Farfán en el libro La Familia, historia privada de los Pinochet.

Décadas después y ya como comandante en jefe del Ejército, retomaría el ímpetu en sentido contrario: crearía sociedades en paraísos fiscales para esconder el cuantioso patrimonio acumulado en sus 17 años como dictador.

Ahora sus herederos aplican las lecciones aprendidas para proteger aquello que no está embargado. Primero transfirieron a sus nietos el departamento que Lucía Hiriart compró en La Dehesa en 2014 -y en el que vive actualmente- y luego hicieron lo mismo con la parcela de Los Boldos, el lugar de descanso predilecto de Pinochet y en cuya capilla se depositaron sus cenizas.

Estas operaciones pueden ser leídas también como una forma de eludir el pago del impuesto a la herencia, que asciende hasta un 25% en el caso de los hijos y a un 45% cuando se trata de los nietos (ver tabla).

En la legalización de estas escrituras no aparece el abogado y asesor tributario histórico de Pinochet y su familia, Fernando Barros, quien además renunció en agosto pasado a la defensa de los juicios por impuestos adeudados que afectan tanto a Pinochet como a su hijo Marco Antonio. Barros puso así fin al fuerte vínculo con Pinochet, el que se fortaleció cuando el dictador fue detenido en Londres en 1998 y el abogado, que se encontraba en Europa gozando de un año sabático, asumió como su vocero legal. Detrás de las últimas operaciones inmobiliarias de la familia ahora figura el teniente coronel (r) y ex auditor militar Christian Plass, quien ha redactado las escrituras de compra-venta. Plass, master en Derecho Tributario, asumió también la defensa de Lucía y Marco Antonio Pinochet en los juicios tributarios.

LOS BOLDOS, DE MANO EN MANO

En las cercanías del balneario de las Rocas de Santo Domingo, la Hacienda Bucalemu del Ejército fue uno de los lugares favoritos de Augusto Pinochet mientras estuvo en el poder. Se supo de las gestiones que hizo para quedarse con la propiedad o al menos gozar de ella después de su retiro. No lo consiguió y terminó comprando una parcela de 51 hectáreas muy cerca de Bucalemu, la que bautizó como Los Boldos. Ahí los Pinochet construyeron tres casas. En el inmueble principal se instaló él con su mujer y mostró su apego a esa residencia al trasladar a ella su valiosa biblioteca (ver reportaje). En el gran paraje su viuda hizo levantar una capilla, donde depositaron las cenizas de Pinochet, después de su muerte en 2006.

Los Boldos corresponde a la parcela 9 de la ex Hacienda El Convento, la que Pinochet adquirió en enero de 1994 por $34 millones. Según documentos y testimonios que registra la investigación judicial, en las obras se utilizaron recursos del Ejército.

Un ex gásfiter de la Comandancia en Jefe relató que durante un año un vehículo de la institución lo llevaba a Los Boldos de lunes a viernes, junto a otros suboficiales que eran maestros y a un grupo de soldados, a trabajar en las obras. Cada semana Lucía Hiriart visitaba el avance de los trabajos. La propiedad quedó a su nombre, aunque como estaba casada en régimen de sociedad conyugal, pertenecía al patrimonio de la familia.

Casa en Los Boldos
Parcela Los Boldos

Poco después tuvo lugar la primera venta ficticia: en diciembre de 1994 la gran parcela fue adquirida por Belview International, controlada por una sociedad de papel del mismo nombre creada en las Islas Vírgenes Británicas por el ex albacea de Pinochet, el abogado Óscar Aitken. En una de sus declaraciones en el juicio del Caso Riggs, Aitken explicó que Belview se creó “con fines declarados desde su inicio de carácter inmobiliario y con el propósito de facilitar la asignación hereditaria”. En palabras simples: para no pagar el gravoso impuesto a la herencia.

Por la compra de Los Boldos, Belview pagó $80 millones, $46 millones más de lo que Lucía Hiriart había desembolsado menos de un año antes. Además de mantener bajo reserva a los verdaderos propietarios del terreno, la operación sirvió para lavar parte del dinero que Pinochet mantenía oculto en cuentas en el extranjero.

En mayo de 1996, Belview concretó su objetivo principal, al vender nuevamente Los Boldos a Pinochet, su esposa y sus cinco hijos en partes iguales, sin que pareciera una transacción entre familiares diseñada para eludir el pago del impuesto a la herencia. Supuestamente se cancelaron $84 millones en cuatro cuotas. Por estas operaciones Lucía Hiriart estuvo procesada por evasión tributaria, figura que luego fue revocada por la Corte Suprema.

La detención de Augusto Pinochet en Londres en 1998 gatilló una nueva transferencia. Temeroso de que el juicio que en su contra había iniciado Baltasar Garzón terminara despojándolo de todo su patrimonio, el 23 de abril de 1999 el dictador y su esposa liquidaron su sociedad conyugal. La operación la hizo el abogado Ambrosio Rodríguez. En la división de los bienes, ella se quedó con los dos séptimos de Los Boldos que le correspondían al matrimonio. Los restantes cinco séptimos siguieron en manos de sus cinco hijos.

El valor de los dos séptimos –adjudicados a Lucía Hiriart– fue calculado en $27,4 millones. Esto significa que, a esa fecha, el precio de Los Boldos se estimó en $95,5 millones.

Dieciséis años más tarde un grupo de nietos del matrimonio Pinochet-Ugarte se comprometió a pagar en cuotas un total de apenas $61 millones por el mismo inmueble, ahora con cinco inmuebles y un extenso parque. El monto de la venta resulta a todas luces absurdo. Aunque es difícil precisar el valor real de la parcela, distintas estimaciones arrojan un precio de mercado mucho más alto.

CIPER consultó con un corredor de propiedades de la zona, quien señaló que las ventas más baratas que se realizan en el área oscilan entre $10 millones y $12 millones de pesos la hectárea. El corredor conoce el predio en cuestión y estima que el valor comercial de Los Boldos es mucho mayor, pues incluye cinco inmuebles (considerando la capilla), un parque y un bosque de eucaliptus maduro de alto valor forestal que cubre gran parte del terreno.

En 2005, cuando estaba a cargo de la causa, el ministro Carlos Cerda ordenó una tasación que calculó en $1.200 millones el valor comercial de Los Boldos, según publicó El Mercurio. Once años más tarde, CIPER le pidió a un reputado tasador que avaluara la propiedad. Lo hizo considerando los precios de venta más recientes en el sector. El resultado es impactante: Los Boldos podría venderse hoy en $13.000 millones.

La primera en “vender” fue Lucía Inés Pinochet Hiriart. El 17 de abril de 2015 traspasó a su hijo Hernán Augusto García Pinochet su parte de Los Boldos en $10 millones, de los cuales éste pagó $1 millón en efectivo y se comprometió a cancelar el resto en tres cuotas anuales de $3 millones. La escritura la hizo el abogado Christian Plass y se inscribió en el Conservador de Bienes Raíces de San Antonio el 18 de junio del año pasado.

El 10 de junio de 2015, Marco Antonio Pinochet Hiriart llevó a cabo una operación similar: vendió a sus hijos Diego Antonio, María Josefina y Nicolás Antonio Pinochet Olave su porción de la parcela. Los tres jóvenes se identificaron como estudiantes universitarios. El precio fue fijado en $9 millones ($3 millones cada hijo), a pagar en cinco cuotas anuales. El vencimiento de la primera cuota se fijó casi un año más tarde de la firma de la escritura. Ésta fue ingresada al Conservador de San Antonio el 21 de septiembre de 2015.

El resto de la familia siguió la misma ruta. El 8 de octubre de 2015, ante el notario Alfredo Martin Illanes, la viuda de Pinochet María Lucía Hiriart Rodríguez, transfirió sus dos séptimos de la propiedad a cinco de sus nietos: uno por cada uno de sus hijos. Los beneficiados fueron Cristóbal Andrés Pinochet Molina, Lucas Ramón Noguera Pinochet, Francisca Lucía Ponce Pinochet, Hernán Augusto García Pinochet y Diego Antonio Pinochet Olave.

Augusto Pinochet y Lucia Hiriart
Augusto Pinochet y Lucia Hiriart

Luego de identificarse como “chilena, viuda, labores de casa”, Hiriart fijó en $15 millones el precio de venta de sus dos séptimos, un monto menor que al que vendieron los dos hijos que la antecedieron. Cada uno de los cinco nietos beneficiados se comprometió a pagar $3 millones: $1,5 millón al contado y la misma suma antes del 31 de diciembre de este año.

Augusto, Verónica y Jacqueline Pinochet Hiriart concurrieron a la misma notaría un día después que su madre, asesorados por el mismo abogado Plass. Mientras el primero se identificó como jubilado, las dos mujeres lo hicieron como dueñas de casa.

Augusto, el mayor de los hermanos, vendió su parte a solo uno de sus hijos, Cristóbal Andrés Pinochet Molina, por $9 millones, en seis cuotas anuales de $1,5 millón.

Verónica, en cambio, dividió la venta entre los cuatro hijos de su matrimonio con Julio Ponce Lerou: Daniela Verónica, Francisca Lucía, Julio César y Alejandro Augusto Ponce Pinochet. También les cobró $9 millones: $2,25 millones cada uno, en tres cuotas anuales.

Jacqueline, la menor de los Pinochet Hiriart, también vendió su séptimo de Los Boldos en $9 millones y con la misma forma de pago que fijó su hermana Verónica. Pero ella incluyó a solo cuatro de sus nueve hijos: Federico, Lucas Ramón e Iván Augusto Noguera Pinochet, y Lucía Verónica Amunátegui Pinochet.

EL OJO INMOBILIARIO DE DOÑA LUCÍA

Quizás el mejor negocio inmobiliario hecho por el matrimonio Pinochet Hiriart fue la compra de los terrenos de calle Los Flamencos, en La Dehesa. Allí vivieron tras dejar la casa del Ejército en Presidente Errázuriz, la que ocuparon desde 1974. Originalmente el terreno de La Dehesa estaba compuesto por cuatro paños por los que se pagó un total de $73 millones. Esa compra tuvo lugar solo dos meses antes de que el dictador dejara La Moneda.

La adquisición fue gestionada por Juan Romero, quien llegó a ser auditor general del Ejército. En el juicio por el Caso Riggs, Romero declaró que al menos por una parte del terreno se pagó un valor menor al de mercado. Así se explica en el fallo: “En lo que se refiere al terreno de propiedad del  recibió la instrucción del general Pinochet de pedir, en lo posible, la donación del sitio, pero no fue posible dado que el vendedor lo vendía en aproximadamente 6 o 7 UF el metro cuadrado, pero aceptó reducir el precio a 2 o 2,5 UF, por tratarse del general Pinochet”.

En Los Flamencos construyeron una gran casa, obra en la que también se habrían usado recursos fiscales. Según publicó El Mercurio, el ministro Carlos Cerda encontró el presupuesto para su construcción, el que estaba rotulado a nombre del “Ejército de Chile. Vicecomandancia en Jefe. Comando de Ingenieros del Ejército”. El valor: $60 millones. Bajo el mismo rótulo, otro documento presupuestaba en $5,7 millones la construcción de un gimnasio, un sauna y un vestidor para dicha residencia.

Lucía Hiriart
Lucía Hiriart

En 1999, al momento de la liquidación de la sociedad conyugal, la propiedad se la adjudicó Lucía Hiriart por $214 millones. Pero por el enorme terreno (3.300 m2) y por el auge inmobiliario de La Dehesa, esa tasación estaba fuera del valor de mercado. Eso quedó en evidencia en 2014, cuando la viuda vendió la propiedad en $1.351 millones a la Inmobiliaria y Constructora El Canal, la que los pagó al contado.

La casa no estaba embargada, pero igual se pidió al ministro Manuel Valderrama la autorización para su venta. Ahí se construyó un condominio –“Casas Los Flamencos”– el que ahora oferta la misma inmobiliaria El Canal, con precios desde 24.900 UF ($655 millones).

Tras esa venta, el 5 de noviembre de 2014, Marco Antonio Pinochet compró para Lucía Hiriart un departamento también en La Dehesa. El inmueble (más una bodega y dos estacionamientos) está en el zócalo del edificio 12 del condominio ubicado en Avenida Valle del Monasterio 2298. El precio fue de 13.530 UF ($329 millones a esa fecha). Así, tras la venta de Los Flamencos y la compra del nuevo departamento, Lucía Hiriart se quedó con más de $1.000 millones de diferencia.

Menos de un año más tarde, el 10 de junio de 2015, Lucía Hiriart le “vendió” su nuevo departamento a cinco de sus nietos, pero conservó el usufrutuo de por vida. Esa operación está dentro del mismo esquema de elusión del pago del impuesto a la herencia. Los beneficiados fueron: Cristóbal Andrés Pinochet Molina (administrador), Lucas Ramón Noguera Pinochet (estudiante), Hernán Augusto García Pinochet (agricultor), Francisca Ponce Pinochet (relacionadora pública) y María Josefina Pinochet Olave (estudiante de Derecho).

Lucía Hiriart cobró $120 millones, en total, a sus cinco nietos. Es decir, $209 millones menos de lo que pagó por el departamento en una zona exclusiva de La Dehesa sólo meses antes. Además, les fijó una fórmula de pago en cuatro cuotas anuales de $6 millones.

LOS JUICIOS PENDIENTES

De acuerdo a la ley, Augusto Pinochet fue sobreseído penalmente tras su fallecimiento, lo que no significa su inocencia. Pero el Caso Riggs siguió avanzando, aunque a paso más que cansino. Recién en mayo de 2015 el ministro Manuel Antonio Valderrama dictó la sentencia cuya apelación está en acuerdo en la corte capitalina.

En el fallo de Valderrama se condenó por malversación de caudales públicos a seis de los militares que participaron del esquema que utilizó Pinochet para apropiarse de gastos reservados y ocultar su fortuna en el exterior. La sentencia también ordenó el comiso en favor del Fisco de las 24 propiedades embargadas que siguen a nombre de Pinochet o de sus sociedades en paraísos fiscales.

La investigación judicial del Caso Riggs calculó en $8.100 millones el perjuicio impositivo de las maniobras financieras de Pinochet para ocultar su fortuna, fijándose en $1.395 millones lo adeudado entre 1999 y 2005. La querella del SII está dirigida contra él, su esposa y su hijo Marco Antonio por declaraciones de impuestos incompletas. Todos fueron procesados, pero luego sobreseídos.

En su momento, el ministro Sergio Muñoz liberó parcialmente el embargo que pesaba sobre las cuentas de la familia para permitirles pagar las contribuciones de las propiedades embargadas. Una medida que también concedieron los otros dos ministros que han llevado este juicio (Carlos Cerda y Manuel Valderrama). A pesar de estos pagos parciales, las diferencias entre los Pinochet y el SII persistieron, por lo que aún existen procesos por cobros pendientes (impuestos, multas y reajustes) que según radio Biobío ascienden a más de $3.000 millones.

Casa en Los Flamencos, La Dehesa
Casa en Los Flamencos, La Dehesa (Fuente:T13.cl)

La más complicada con la deuda impositiva es Lucía Pinochet Hiriart. El 21 de diciembre pasado la Tesorería despachó un “mandamiento de ejecución y embargo” por los $342 millones en impuestos que el SII le cobra. De no pagar la deuda, el Fisco podría quitarle parte de sus bienes. De ejecutarse esa orden, el embargo podría no afectar su porción de Los Boldos, la que ya “vendió” en 2015 a su hijo Hernán García.

Representada por el abogado Christian Plass, Lucía Pinochet logró que se suspendiera el cobro porque recurrió de casación a la Corte Suprema (ver documento). El recurso está en trámite. Los incumplimientos tributarios de Lucía Pinochet se derivan -en parte- por ocultar dineros depositados en cuentas en el extranjero y que se descubrieron en la investigación del Caso Riggs.

Su hermana Verónica Pinochet Hiriart ha seguido un camino más complejo, pues derivó su caso a los nuevos Tribunales Tributarios y Aduaneros (ver documento). Allí logró que se dejaran sin efecto los cobros que le hace el SII por un total de $65 millones. El fallo fue revocado luego por la Corte de Apelaciones, lo que tras ser ratificado por la Corte Suprema hizo que el caso volviera al tribunal de primera instancia. Además de invocar la prescripción, la defensa de Verónica Pinochet alegó que el SII registró como ingresos los dineros que recibió de su ex esposo Julio Ponce Lerou y de sus padres para la manutención de su familia, lo que no constituiría renta.

En cuanto a Marco Antonio Pinochet Hiriart, su juicio tributario está atado a tres causas contra su padre que la Corte de Apelaciones tiene pendientes. Por petición del Consejo de Defensa del Estado (CDE) las cuatro apelaciones se pondrán en tabla al mismo tiempo, pero están paralizadas desde agosto pasado, cuando el abogado Fernando Barros renunció a sus defensas.

Aunque a Marco Antonio lo representa ahora Christian Plass, nadie ha asumido hasta ahora la defensa de Augusto Pinochet en esos tres juicios tributarios. La última controversia tuvo como protagonista a la albacea del dictador, Julia Espinoza Hormazábal, pues Plass objetó que correspondiera notificarla en este juicio. Lo cierto es que en cualquier momento esta causa podría ponerse en tabla.

En este escenario, si los fallos les son desfavorables, Lucía, Verónica y Marco Antonio Pinochet tendrían que pagar al Fisco, por lo que arriesgan el embargo de sus bienes. Ese escenario fue precisamente el que previeron al “vender” a sus hijos a precios irrisorios su parte de Los Boldos.

Esa misma operación –similar a la que Lucía Hiriart hizo con el departamento en La Dehesa donde hoy vive– pone a los bienes de los herederos a salvo de posibles embargos por los tributos en mora que dejó Augusto Pinochet. Como las deudas tributarias son heredables, por lo que en principio pasarían a su sucesión, la herencia fue aceptada por los hijos de Pinochet con “beneficio de inventario”. Eso significa que limitaron los eventuales cobros al monto de la herencia, dejando fuera de alcance del SII el resto de su patrimonio.

Los documentos del Departamento de Justicia en que Lan reconoce “sobornos” a sindicalistas

La millonaria multa que Latam (ex Lan) aceptó cancelar a fines de julio en Estados Unidos prometía cerrar un capítulo negro que la aerolínea arrastra hace diez años, cuando realizó pagos para poder consolidar su entrada al mercado argentino que han sido cuestionados. Pero el tema estuvo lejos de cerrarse. Una denuncia en Argentina puso ahora el foco en el ex Presidente Sebastián Piñera, quien al momento de los pagos era accionista y director de Lan, y de paso reactivó la investigación que se lleva a cabo en Chile por los mismos hechos (ver recuadro).

Sebastián Piñera
Sebastián Piñera

Ante el revuelo público, Latam se apuró y el martes 9 de agosto emitió un comunicado en que “señala enfáticamente” que Piñera y otros directores “no tienen ninguna participación y ninguna autoridad ha hecho planteamiento alguno de esta naturaleza”. Además, asegura que tanto el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por su sigla en Inglés) como la Securities and Exchange Comission (SEC), organismo que fiscaliza el mercado de valores en ese país, “concluyeron que no hubo infracción a la normativa que prohíbe el pago de cohecho a autoridades con el objetivo de obtener una ventaja comercial. En este sentido, la compañía descarta absolutamente haber realizado algún pago a un funcionario público argentino”.

La declaración de Latam llama la atención por dos cosas. Por un lado, una de las condiciones de la salida a la que accedió el gobierno estadounidense compromete a la empresa a no emitir comunicados o declaraciones respecto a la investigación sin que el DOJ revise el contenido del texto. Esta exigencia no habría sido respetada por la aerolínea.

La compañía está de acuerdo en que si ella o cualquiera de sus subsidiarias directas o indirectas emite un comunicado de prensa o realiza cualquier conferencia de prensa en relación a este acuerdo, la compañía deberá primero consultar con la Oficina (la Sección Fraude de la División Criminal del DOJ) para determinar (a) si el texto de la propuesta comunicado o declaración a la prensa son verdaderos y precisos respecto a los asuntos entre la Oficina y la compañía; y (b) si la Oficina tiene alguna objeción en que se dé a conocer”, dice el acuerdo suscrito por Latam en Estados Unidos.

CIPER consultó a la Gerencia de Comunicaciones Externas de Latam si el DOJ había visado la declaración y la respuesta fue que “ésta hace mención a contenidos de la declaración pública del pasado 25 de julio, que fueron autorizados por el DOJ”. Sin embargo, al comparar ambos comunicados es claro que los contenidos son diferentes y que el primero –que tuvo la venia del DOJ– es menos específico y ni siquiera menciona la palabra cohecho o niega el pago a un funcionario público (ver declaración del 25 de julio y declaración del 9 de agosto).

Por otra parte, ambas declaraciones omiten un aspecto central de la trama: aunque los cargos formulados acusan fallas de control interno y la inclusión de datos falsos en los registros contables de la empresa, Latam reconoció explícitamente en el acuerdo judicial que firmó con el DOJ haber hecho pagos a dirigentes sindicales de la compañía en Argentina, los que en ese documento fueron calificados como sobornos. Quien recibió dichos pagos como intermediario fue un asesor de la Secretaría de Transporte argentina. Dicho asesor actualmente está con arresto domiciliario por haber sido testaferro del entonces secretario de Transporte para recibir coimas de una empresa española.

El director ejecutivo del Rock Center for Corporate Governance de la Universidad de Stanford, Evan Epstein, explica que el acuerdo entre Latam y el DOJ se dio en el marco de Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por su sigla en Inglés) de Estados Unidos, que sanciona la corrupción y el soborno a funcionarios públicos en otros países. El experto considera que si la declaración pública de Latam no contó con el visto bueno del DOJ se trataría de una acción “poco prudente” y podría estar incumpliendo el acuerdo con el organismo.

Es difícil prever si esa falta de prudencia tendrá consecuencias, pero no es descartable que el DOJ no apruebe los términos y exija, por ejemplo, que Latam emita un nuevo comunicado rectificando el anterior.

Dicho acuerdo con el DOJ evitó a Latam ir a juicio en Estados Unidos. A cambio aceptó pagar US$12,75 millones de multa penal. Además, negoció con la SEC pagarle el equivalente a los US$6,74 millones que obtuvo gracias a su cuestionada actuación en Argentina, más US$2,7 millones en intereses. Un total de US$ 22,2 millones.

HISTORIA DEL MILLONARIO PAGO

Lan llegó a acuerdos tanto con el Departamento de Justicia como con la SEC. El primero tuvo un marco judicial, bajo la jurisdicción del Distrito del Sur de Florida. Ahí se ratificó el llamado “Deferred prosecution agreement”, en que el DOJ presentó los cargos pero postergó por tres años la acusación. Las partes firmaron un acuerdo en que la empresa reconoce los hechos que se le imputan, paga una multa y se compromete a desarrollar un plan para mejorar sus prácticas internas. Si se respetan los términos del acuerdo, los cargos serán levantados después de tres años.

El primer adjunto del documento judicial es la llamada “Declaración de hechos” (Statement of facts), en que se detallan todos los datos relevantes para el DOJ. Al firmar, la empresa admite que el contenido de la declaración es verdadero y correcto, e incluso acepta que aún cuando la autoridad decidiera seguir con la acusación judicial, Lan no va a contradecir los hechos contenidos en la declaración (ver documento).

Manuel Vázquez (Fuente: infobae.com)
Manuel Vázquez (Fuente: infobae.com)

El documento no identifica a las personas mencionadas en la acusación y sólo describe sus funciones. Se sabe, por la investigación judicial que hubo en Argentina, que quien representó a la empresa en las negociaciones para hacer los pagos irregulares fue Ernesto Ramírez, ex ejecutivo de Lan Cargo y ex vicepresidente de Desarrollo de Negocios de Lan, quien hoy es gerente en una filial de la aerolínea en Estados Unidos llamada Connecta Corporation.

Su contraparte sólo es identificada como “consultor” en el documento, pero se trata del español Manuel Vazquez, quien es descrito como “asesor de la Secretaría de Transporte de Argentina durante el periodo relevante. Fue designado en ese puesto en virtud de una resolución no publicada”. El acuerdo al que en paralelo llegó Lan con la SEC entrega otro dato relevante sobre el consultor: fue contratado el 31 de diciembre de 2005 como un asesor “ad-honorem” del gabinete y renunció el 2 de julio de 2009 (ver documento). En ese mismo periodo Ricardo Jaime dirigía la Secretaría de Transportes, dependiente del Ministerio de Planificación, que encabezaba Julio de Vido.

Todos estos datos contenidos en la “Declaración de hechos”, aunque no mencionan nombres, le bastaron a Evan Epstein para calificar al consultor que recibió el dinero como “funcionario público extranjero argentino”. Así lo hizo en una columna que escribió sobre este tema y que publicó el pasado 1 de agosto el Centro de Gobierno Corporativo de la Pontifica Universidad Católica (vea esa columna). Según explica Epstein, la aplicación de la ley FCPA implica que haya un funcionario público extranjero involucrado, pues es una ley que busca combatir el cohecho de empresas estadounidenses o con vínculos con Estados Unidos (las acciones de Lan se transaba en la bolsa de Nueva York) en otros países.

De hecho, en el comunicado que difundió el lunes 25 de julio la propia DOJ calificó al receptor de los pagos hechos por Lan como un “asesor de la Secretaría de Transportes” (ver comunicado).

En opinión de un penalista local que ha estudiado la ley FCPA, Vazquez puede ser considerado funcionario público porque según muchas legislaciones “lo que determina el carácter público es la función y no es relevante si se trata de una función que se ejerce de planta, contrata, honorario o incluso si se desempeña ad honorem”.

La “Declaración de hechos” del DOJ describe el aterrizaje de Lan en Argentina a mediados de la década pasada y especifica que entre 2004 y 2005 mantuvo discusiones con funcionarios de la Secretaría de Transporte para poder ingresar a ese mercado. Finalmente, fue autorizada a comprar la aerolínea local Aero 2000 y el gobierno cambió las normas internas para que Lan pudiera ser el accionista controlador a pesar de ser inversionista extranjero. Las autoridades le permitieron operar nuevas rutas y cobrar precios más altos por sus pasajes. A cambio, Lan debía contratar personal de otras dos aerolíneas que ya no operaban: Lafsa y Southern Winds.

Los problemas con los nuevos empleados se fueron agudizando en torno a sus contratos colectivos, que establecían que sólo realizarían una función muy específica. Los sindicatos amenazaban con exigir la aplicación de esta regla, lo que encarecería los costos laborales de la aerolínea.

Para terminar con las demandas sindicales, Lan pagó a un tercero –el asesor gubernamental y “consultor” Manuel Vazquez– más de US$ 1 millón. El documento del DOJ, que Lan acepta como verdadero, califica el acto como soborno: “En septiembre y octubre de 2006, Lan negoció y ejecutó un acuerdo de consultoría ficticio por US$ 1,15 millón para canalizar sobornos a dirigentes sindicales. Como resultado de estos pagos corruptos, los sindicatos de Lan accedieron a no aplicar la regla de función única por un determinado número de años y aceptaron incrementos de salarios substancialmente menores que los que habían demandado”.

Para esconder el pago, Vazquez redactó un acuerdo de consultoría falso, según el cual debía hacer un estudio sobre rutas aéreas y un análisis legal para la empresa, los que nunca se realizaron. Un párrafo clave del documento del DOJ, cuya veracidad es ratificada por Lan, da cuenta de que un alto funcionario gubernamental argentino estuvo al tanto de la negociación del acuerdo: “El 2 de octubre de 2006, el consultor envió por email al ejecutivo de Lan Cargo el borrador del acuerdo, copiando a un funcionario de alto nivel de la Secretaría de Transporte. Entre otras responsabilidades, el alto funcionario estuvo involucrado en las negociaciones de Lan con sus sindicatos”.

En ese borrador no figura Vazquez, sino su empresa Controles y Auditorías Especiales de Argentina S.A. (CAESA), la misma que había utilizado para recibir coimas para el secretario de Transporte, Ricardo Jaime (ver el borrador del contrato de consultoría publicado en 2011 por The Clinic).

El texto del DOJ especifica que un ejecutivo de Lan Cargo (Ramírez) llegó al acuerdo con el falso consultor y éste fue aprobado por un ejecutivo de Lan “a pesar de que ambos sabían que la descripción en el acuerdo de los servicios que la compañía del consultor proveería era falsa. Ambos entendían que el verdadero propósito del borrador del acuerdo era usar al consultor para interceder en nombre de Lan ante los dirigentes de los sindicatos argentinos. El ejecutivo de Lan Cargo sabía y pretendía que el consultor usara parte del dinero que recibió, según el borrador del acuerdo, para sobornar a los dirigentes sindicales para que aceptaran términos más favorables para Lan. El ejecutivo de Lan también sabía que el consultor podría entregar parte del dinero a los dirigentes sindicales”.

Ignacio Cueto
Ignacio Cueto

Según la SEC, fue el CEO de Lan, Ignacio Cueto, quien aceptó el trato y no habría informado a otros ejecutivos de la compañía de que los servicios eran ficticios. En febrero pasado, Cueto se convirtió en el primer chileno en ser sancionado bajo la ley FCPA, tras llegar a un acuerdo con la SEC que incluyó el pago de una multa por US$75 mil por estos mismos hechos (ver documento).

De acuerdo a los documentos del DOJ y la SEC, el pago de los US$1,15 millón se realizó entre octubre de 2006 y enero de 2007. Lan realizó las transferencias a través de una cuenta en el Citibank de Atlantic Inversion Investments LLC (AAI), una de sus subsidiarias, que está registrada en el Estado de Delaware (considerado un paraíso fiscal por el nivel de secretismo con que opera y donde hay más sociedades registradas que habitantes). El dinero se recibió en una cuenta del banco Wachovia en Roanoke, Estado de Virginia, a nombre del “consultor” Vazquez y su esposa. En noviembre de 2006, AAI transfirió otros US$58 mil a una sociedad propiedad de la esposa y el hijo de Vazquez, y que está domiciliada en Costa Rica.

La investigación de las autoridades estadounidenses no sigue la ruta del dinero tras la transferencia a Vazquez, por lo que no se sabe cuánto se pagó a los dirigentes sindicales ni si otras personas recibieron parte del millonario monto desembolsado por Lan.

En Argentina las sospechas apuntan a que el ex secretario de Transporte de la era Kirchner, Ricardo Jaime, pudo haber recibido parte del dinero pagado por Lan. Esa tesis fue sugerida en el libro “El ReKaudador… Ricardo Jaime la cara de la corrupción en la era kirchnerista”, del periodista argentino Omar Lavieri. En septiembre de 2011 The Clinic publicó un extracto del libro, texto que reveló las coimas del ex secretario de Transporte que llevaron a Jaime a la cárcel.

Sobre los pagos de Lan a Vazquez, el libro de Lavieri revela que las transferencias se realizaron días después de que la aerolínea recibiera su autorización definitiva por parte del gobierno argentino, en septiembre de 2006. Además, se detallan las numerosas audiencias de Ricardo Jaime con ejecutivos de Lan, entre ellas una de julio de 2006, del secretario de Transporte con Ernesto Ramírez, Sebastián Piñera e Ignacio Cueto.

LOS PRONTUARIOS DEL “CONSULTOR” DE LAN Y SU JEFE

En mayo de 2003, el entonces presidente de Argentina, Néstor Kirchner, nombró a Ricardo Jaime como Secretario de Transporte de la Nación, cargo que mantuvo hasta julio de 2009. Su asesor de estrecha confianza durante esos años fue Manuel Vázquez, abogado español y reconocido lobbista. Ambos fueron protagonistas de un bullado caso de corrupción con maquinaria ferroviaria.

De acuerdo a un reportaje publicado por La Nación de Argentina, el proceso tiene su origen en febrero de 2005, cuando el gobierno trasandino firmó un Acuerdo de Cooperación en Materia Ferroviaria con España y Portugal. Gracias a este trato, desde 2005 hasta 2010, alrededor de 600 vagones y locomotoras fueron importados a Argentina, dice el diario, citando un informe de la Auditoría General de la Nación de ese país. La maquinaria estaba en pésimas condiciones y hoy, en su gran mayoría, se encuentra apilada en depósitos ferroviarios como chatarra. El pago del gobierno argentino por estas compras, según el fallo judicial divulgado por La Nación, superó los 100 millones de euros.

Ricardo Jaime
Ricardo Jaime

Además del deplorable estado de los trenes, explica el artículo, dichas compras escondieron millonarios pagos por “comisiones” a la empresa Controles y Auditorías Especiales (CAESA), manejada por el asesor Manuel Vázquez. Se trata de la misma empresa que recibió los pagos de LAN y que hoy está bajo la lupa de la justicia a ambos lados de la cordillera.

Estos y otros hechos ocurridos durante la administración de Jaime han motivado la apertura de numerosas causas contra él y contra Vázquez por enriquecimiento ilícito, cohecho, negociación incompatible, tráfico de influencias, estafa, entre otros delitos. La fiscalía argentina sostiene que el patrimonio del ex secretario kirchnerista al dejar su cargo incluía un yate, un jet privado, más de 15 vehículos y varias propiedades en Argentina y Brasil, según informó La Nación.

En abril de este año, en la causa por el fraude ferroviario, la justicia ordenó la prisión preventiva para ambos por “peligro de fuga”. Jaime se entregó voluntariamente y Vázquez fue apresado por Gendarmería mientras se escondía en un clóset de su casa, según La Nación.

A fines de 2015, Jaime había sido condenado a seis años de prisión por su responsabilidad administrativa en la “Tragedia de Once”, el accidente ferroviario  que cobró la vida de 51 personas en febrero de 2012. Unos meses antes ya había recibido otra condena a un año y medio de cárcel por haber cobrado coimas a las empresas ferroviarias que debía controlar y en 2014 fue sentenciado por intentar robar evidencia durante un allanamiento en su casa.

Según Infobae, Ricardo Jaime se transformó en el primer funcionario kirchnerista preso por delitos de corrupción y será el primero en declarar como imputado ante un fiscal extranjero, cuando el persecutor chileno Andrés Montes viaje a Argentina para interrogarlo. Actualmente, Jaime se mantiene en prisión preventiva en el penal de Ezeiza y Manuel Vázquez cumple arresto domiciliario total.

El dolor de cabeza de Piñera

Luego de que el 25 de julio se diera a conocer el acuerdo de Latam en Estados Unidos, una extraña nueva arista del caso se abrió en Argentina. La venezolana Gledys Stailer Cadenas Vega interpuso el 5 de agosto una denuncia contra Julio de Vido, Ricardo Jaime y Manuel Vazquez, en la que incluyó a Sebastián Piñera e Ignacio Cueto. Según informó T13.cl, la mujer había demandado en 2013 a la aerolínea “debido a que le habrían cobrado en reiteradas oportunidades un mismo pasaje y le habrían perdido su equipaje”. Ahora acusa que Piñera “habría sido quien autorizó el pago de coimas a Ricardo Jaime y a su socio Manuel Vázquez”.

El ex Presidente debió salir a desmentir públicamente la acusación, la que tildó de “irresponsable” o “malintencionada”. Si bien Piñera era accionista y director de Lan cuando ocurrieron los pagos a Vazquez, no es mencionado ni en los documentos del DOJ ni de la SEC, que sólo responsabilizó a Ignacio Cueto por los hechos.

Pese a que no se conocen las motivaciones de la venezolana ni los antecedentes que maneja, su denuncia tuvo efecto inmediato. En Argentina, la acusación es investigada por el fiscal Ramiro González, y en Chile se reactivó nuevamente la indagatoria del fiscal Andrés Montes, quien viajará a Buenos Aires a interrogar a Ricardo Jaime y Manuel Vazquez.

La investigación chilena se inició en 2010, luego de una denuncia del entonces diputado Jorge Burgos por los hechos que hacían noticia en Argentina. La causa cayó en manos del fiscal José Morales, quien incluso fue a Buenos Aires a hacer diligencias. Sin embargo, luego archivó el caso por estimar que estaba fuera de jurisdicción.

En 2014 la causa se reabrió en Chile luego de que un informe de la OCDE cuestionara que en “el caso aerolínea” no se haya entrevistado a testigos ni se haya hecho un esfuerzo por indagar si la orden de pagar los US$1,15 millón a Vazquez se dio desde nuestro país. No se supo de avances hasta ahora, cuando se anunció que el fiscal Montes interrogaría a Vazquez y Jaime, detenidos en Argentina.

Patricio Rodrigo: La historia del incondicional de Girardi que protagoniza la trama PPD-SQM

Sergio Ortega parece estar empeñado en incendiar la pradera en el PPD. El ex jefe de Administración y Finanzas de ese partido prestó declaración por segunda vez en la investigación por los aportes ilegales de Soquimich (SQM) a las arcas del PPD y puso frente a las balas a la alcaldesa de Santiago, Carolina Tohá, justo al inicio de su campaña a la reelección. Cuando ella presidía el PPD, dijo Ortega a los fiscales, autorizó la fórmula para canalizar el dinero desde la minera. En su primera declaración, Ortega ya había remecido hasta los cimientos de la colectividad al testificar que tras el irregular mecanismo para obtener fondos estaba la mano del senador Guido Girardi, el cacique más poderoso del partido. No sonaba descabellado, porque fue un histórico colaborador de Girardi quien ejecutó la triangulación: el ambientalista Patricio Rodrigo.

Mientras el partido en pleno intenta proteger a Carolina Tohá –quien niega haber sabido de los aportes de SQM– para conjurar el riesgo de perder la alcaldía más importante del país, la Fiscalía sigue intentando aclarar responsabilidades entre los jerarcas del PPD. Lo que ya está acreditado en la investigación –y que en principio se intentó ocultar– es que los $57 millones que se traspasaron al PPD desde la minera del ex yerno de Augusto Pinochet, Julio Ponce Lerou, se canalizaron a través de una entidad dirigida por Patricio Rodrigo: la Corporación Chile Ambiente.

Fue Rodrigo, como director ejecutivo de la corporación, quien en agosto de 2011 firmó el convenio con SQM Salar que puso en marcha la triangulación de dinero que ha salpicado a la alcaldesa Tohá y al senador Girardi (ver recuadro con los detalles del caso).

Castillo Girardi Rodrigo
Marcelo Castillo, Guido Girardi y Patricio Rodrigo

Si bien en un comienzo Patricio Rodrigo se esmeró en probar ante la Fiscalía que su único compromiso con SQM era dictar charlas y que éstas se habían realizado, los avances de la investigación pronto demostraron que el convenio escondía una operación para financiar al PPD, del que Rodrigo fue militante desde su fundación hasta 2012. Patricio Rodrigo integra el círculo íntimo del senador Girardi, de quien es un estrecho amigo desde los años 80 y con quien trabajó por más de una década. Juntos crearon la Comisión de Medio Ambiente del PPD.

Ingeniero agrónomo, Rodrigo es reconocido como uno de los integrantes del tridente que históricamente ha acompañado a Guido Girardi en los temas ambientales. Los otros dos son los abogados Marcelo Castillo y Lorenzo Soto. Además de ser los asesores predilectos del senador en los temas “verdes”, el trío también ha ido cruzado sus historias como protagonistas de conflictos de alto impacto en el mundo ambiental, como los controversiales proyectos HidroAysén y Pascua Lama.

“No tengo nada que ocultar”, asegura Patricio Rodrigo en la casona de calle Las Abejas, en La Reina, donde funciona Chile Ambiente y que es también la sede de la Fundación Chile 21, cuyo programa de Medio Ambiente él mismo dirige. Rodrigo insiste en que prefiere contar todo, a pesar de que sus asesores legales le han recomendado no hablar. Su abogado es Marcelo Castillo, actual presidente de Chile Ambiente y quien lideró la batalla legal contra HidroAysén cuando Patricio Rodrigo era el secretario ejecutivo del Consejo de Defensa de la Patagonia.

No es la primera vez que Patricio Rodrigo está en el ojo del huracán. Tras su exitosa gestión dirigiendo la campaña contra HidroAysén,  fue cuestionado por haber aceptado estudiar el impacto ambiental de Pascua Lama como parte de un convenio firmado por la minera Barrick con un grupo de comunidades diaguitas. Ese acuerdo fue negociado por el abogado de las comunidades, Lorenzo Soto, el tercer asesor histórico de Girardi, quien también integró el equipo contra HidroAysén. Soto fue acusado de pactar con Barrick para viabilizar el megaproyecto minero en perjuicio de algunos de sus representados.

La evaluación ambiental que hizo Rodrigo en Pascua Lama, dicen sus detractores, habría sido parte de la puesta en escena para sellar el acuerdo que permitió a Soto cobrar una generosa suma por sus servicios. Han pasado dos años y las críticas no amainan, al punto que Soto enfrenta una denuncia por prevaricación.

LA TRENZA AMBIENTALISTA DEL PPD

Un temprano interés por los temas medioambientales es el que cruza la relación entre Patricio Rodrigo, Guido Girardi y Marcelo Castillo. Cuando estudiaba Medicina en la Universidad de Chile, el actual senador por Santiago Poniente fundó el colectivo Pehuén, uno de los primeros movimientos político-ecologistas de los ‘80 que se sumó a uno de los conglomerados opositores a la dictadura llamado Bloque Socialista. Según cuenta un dirigente de la época, Castillo era militante del Mapu –que también integraba el Bloque Socialista– y estudió Derecho en la Universidad Católica, pero sus intereses coincidían con los de Girardi, lo que los acercó.

Con los años, Castillo se especializó en Derecho Ambiental, se unió al PPD –fue presidente de su Comisión de Medio Ambiente, que aún integra– y ayudó a Girardi a formar la Bancada Verde de la Cámara de Diputados. “Ha sido mi asesor en materia ambiental desde que era estudiante. Fue el asesor más importante de la Bancada Verde durante mucho tiempo”, decía Girardi en 2002.

También en los ‘80 se encontraron por primera vez Girardi y el ingeniero agrónomo de la UC Patricio Rodrigo. Juntos participaron en la formación del PPD, tras lo cual Rodrigo sería el encargado del programa ambiental de Patricio Aylwin.

Marcelo Castillo (Fuente: somosmelipilla.cl)
Marcelo Castillo (Fuente: somosmelipilla.cl)

Con el regreso de la democracia, el nuevo ministro de Bienes Nacionales, Luis Alvarado, fichó al ingeniero agrónomo como jefe de Planificación y Presupuesto de esa cartera. En ese momento el país no tenía institucionalidad ambiental y desde Bienes Nacionales se trabajó en el desarrollo de una política sobre el tema. Rodrigo cuenta que se llevó a Girardi a trabajar con él en materias ambientales, un capítulo fugaz y desconocido, que el actual senador ni siquiera menciona en su currículum político-profesional.

Aunque Patricio Rodrigo se mantuvo en ese puesto durante todo el gobierno de Aylwin, dejó una mancha en su ficha de funcionario público. Cuando asumió la sucesora del ministro Alvarado, la actual jefa de la cartera de Educación, Adriana Delpiano, se encontró con un sumario de Contraloría contra Patricio Rodrigo por mal manejo de recursos públicos. La conclusión era lapidaria: el funcionario debía ser destituido (ver decreto que lo destituyó).

El director ejecutivo de Chile Ambiente le baja el perfil al episodio y asegura que “no se perdió ni un peso, no hubo dolo, fue un error administrativo”. Lo que pasó, relata, es que firmó un convenio con la Unicef para un programa de educación ambiental, pero nunca se hizo el decreto que formalizaba el acuerdo y permitía el desembolso de recursos. La sanción de Contraloría incluía la inhabilitación por cinco años para ejercer cargos públicos, pero transcurrido ese periodo Rodrigo volvió el 2000 al aparato estatal como jefe de gabinete de la entonces directora de la Conama, Adriana Hoffman.

Ya entonces el apellido Rodrigo era sinónimo de Girardi, recuerda un funcionario de la época. Hoffman era una activista ambiental sin historia partidaria o experiencia gubernamental, por lo que Patricio Rodrigo era visto como su “brazo político”, además de un brazo del “girardismo”.

Sólo estuvo un año en Conama, tras lo cual se convirtió en asesor de Guido Girardi, primero en la Cámara de Diputados y luego en el Senado, hasta que en 2014 pasó a asesorar al comité de senadores del PPD, labor que terminó en marzo de 2015, justo cuando estalló el caso SQM.

Aún estaba en Bienes Nacionales cuando participó en la fundación de la Corporación para la Conservación y Preservación del Medio Ambiente, el nombre completo de Chile Ambiente. Lo hizo junto al doctor Hernán Sandoval, quien presidió la corporación hasta mediados del año pasado, cuando fue reemplazado por Marcelo Castillo. Si bien versiones de prensa señalan que Sandoval se retiró molesto por el involucramiento en la investigación por las platas políticas, Rodrigo asegura que el médico sabía de los aportes de SQM para el PPD y que se fue porque cumplió una etapa y estaba muy ocupado en su rol de decano de la Universidad de las Américas.

La corporación opera como una consultora ambiental y ha desarrollado decenas de proyectos desde su creación. “Chile Ambiente ha contribuido a incorporar, en su historia, sobre 800 mil hectáreas a la conservación oficial de ecosistemas terrestres”, recalca Rodrigo. Entre sus proyectos más conocidos están los planes para el desarrollo del parque Pumalín de Douglas Tompkins (2000-2004), del Parque Tantauco de Sebastián Piñera (2005-2007) y del proyecto de Conservación Las Margaritas (2011), de Andrónico Luksic.

Pero no sólo ha sobrevivido gracias a proyectos “verdes” para millonarios. El Estado también ha sido un buen cliente para Chile Ambiente. A través de licitaciones realizadas en la plataforma Mercado Público se ha adjudicado contratos por más de $500 millones en la última década. El grueso corresponde al primer gobierno de Michelle Bachelet, cuando obtuvo proyectos por $415 millones, principalmente de la Conama y la Conadi.

PATAGONIA SIN PPD

Fue Carlos Cuevas, entonces presidente de la Fundación Pumalín y mano derecha de Douglas Tompkins, quien en 2007 fichó a Patricio Rodrigo para hacer una consultoría sobre la forma de enfrentar el megaproyecto HidroAysén, que contemplaba la construcción de centrales hidroeléctricas en los ríos Baker y Pascua. Rodrigo ya había trabajado para Tompkins en Pumalín y muchos lo veían como una de las personas que habían sido clave para acercar al empresario ecologistas al mundo político y superar la rivalidad que marcó su relación con la administración Frei. En ese proceso jugaron también un rol importante Hernán Sandoval, íntimo amigo del entonces Presidente Ricardo Lagos, y otros PPD como Girardi y Sergio Bitar (ver video de Girardi, Rodrigo y Castillo homenajeando a Tompkins tras su muerte en 2015).

Rodrigo dice que tras entregar su propuesta, que derivó en la creación del Consejo de Defensa de la Patagonia, las organizaciones que participaban del movimiento decidieron en su ausencia que él era el único que podía dirigir la campaña. Otras versiones señalan que Tompkins lo ungió en el puesto. En lo que todos coinciden, incluyendo a Rodrigo, es en que su rol en Patagonia sin Represas significó un cambio en su carrera. Si bien siempre había estado ligado a la ecología desde la consultoría, a partir de entonces se convirtió en activista.

Campaña "Patagonia sin represas"
Campaña “Patagonia sin represas”

Su participación incluía a Chile Ambiente, corporación que fue receptora de cuantiosos fondos desde Estados Unidos, los que habrían sido conseguidos por Tompkins. Como el Consejo de Defensa de la Patagonia no tenía personalidad jurídica, las distintas ONG que la conformaban manejaban sus propios fondos, los que eran utilizados para financiar la millonaria campaña que posicionó el rechazo a HidroAysén en todo el país.

Los documentos de la Foundation for Deep Ecology, que presidía Tompkins en Estados Unidos., registran transferencias por US$200 mil para Chile Ambiente en 2007 a través del a Tides Foundation, especializada en intermediar donaciones para organizaciones sin fines de lucro. En los años siguientes no se precisa el destinatario final, pero los reportes de Tides dan cuenta de que entre 2007 y 2009 se transfirieron US$ 740 mil a Chile Ambiente para financiar la defensa de la Patagonia.

En la estrategia liderada por Rodrigo fueron actores importantes sus viejos compañeros del PPD. La judicialización del proyecto fue una de las vías por las que se buscó revertir la autorización ambiental. Patricio Rodrigo llegó a decir que se presentarían hasta 200 querellas para detener HidroAysén. No estuvieron ni cerca, pero sí se dio una batalla legal en varios frentes, aunque sin éxito en tribunales. En el equipo legal que coordinaba la abogada Macarena Soler (también jefa legal de Pumalín) una pieza clave era Marcelo Castillo, quien según Rodrigo además jugó un rol relevante en la “articulación política” de la campaña. En un comienzo también participó Lorenzo Soto, pero a medio camino se retiró por “diferencias profundas” con el resto del equipo, según cuenta un ex integrante de la campaña.

Castillo, en cambio, encajó bien y se mostró comprometido, dice la misma persona, pese a que su perfil no calza con el de abogado ambientalista, sino que es simplemente un experto en derecho ambiental. Eso explica que no tenga conflicto en defender causas que pueden ser calificadas como “verdes” y al mismo tiempo representar a grandes empresas en proyectos de alto impacto en el medio ambiente, como Agrosuper en Freirina o empresas salmoneras. Ha sido también abogado de KDM, cliente por el que se vio envuelto en una polémica a comienzos de la década pasada, cuando se le sindicó como redactor de la acusación constitucional contra el entonces intendente Marcelo Trivelli para favorecer a KDM en medio de lo que fue una verdadera “guerra por la basura” de Santiago.

En Patagonia sin Represas, varios de los recursos patrocinados por Marcelo Castillo incluían como recurrente a Guido Girardi y otros parlamentarios, como Antonio Horvath o Enrique Accorsi. “Siempre el Guido fue un aliado estratégico. Nos abría las puertas del Senado cuando no éramos nadie. Por la amistad que teníamos y por la consecuencia de defender causas ambientales. Ahora mucha gente se ha quedado con el asesinato de imagen mediático que ha sufrido él, producto de que es un personero que va de punta cuando trata de ladrones de cuello y corbata a las AFP y a las Isapres. Porque dice las cosas por su nombre”, afirma Rodrigo.

Pero hubo una batalla en la que Girardi separó aguas de Castillo y Rodrigo: la campaña personalizada contra Daniel Fernández por su rol como vicepresidente ejecutivo del proyecto HidroAysén. Luego de una historia común dentro del PPD –Fernández también fue uno de los fundadores de la Comisión de Medio Ambiente del partido–, la eléctrica puso a Fernández en la trinchera opuesta de Rodrigo y Castillo. Girardi, amigo personal de los tres, se mantuvo al margen, pues estaba en desacuerdo con la ofensiva.

En julio de 2011, Marcelo Castillo interpuso una querella criminal contra Daniel Fernández, acusándolo de presentación de pruebas falsas y de perjurio en un caso por derechos de agua que se ventiló en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Y luego en octubre, el mismo Castillo hizo una presentación al Tribunal Supremo del PPD –por sí mismo y en representación de Patricio Rodrigo y otros militantes– pidiendo la expulsión de Fernández. Argumentó, entre otras cosas, que el partido tenía un voto político en que se oponía a HidroAysén. Le fue mal. En abril de 2012 el Tribunal Supremo decidió no sancionar a Daniel Fernández.

El periodo de enfrentamiento con Fernández coincide con el momento en que Patricio Rodrigo aceptó que Chile Ambiente intermediara fondos de SQM para el PPD. Esa gestión demuestra que hasta entonces estaba completamente comprometido como militante, dice: “Si había que asumir algún riesgo de imagen, yo estaba dispuesto porque en el fondo mis convicciones y mis principios políticos me hacían favorable a ese apoyo”. Pero en menos de un año su relación con el partido giró: “Me sentí casi expulsado cuando el Tribunal Supremo falló a favor de Fernández en una controversia interna porque teníamos la cabeza de Hidroaysén y la cabeza de Patagonia sin Represas conviviendo en el mismo territorio político”. Entonces renunció a su militancia de 22 años. Castillo, en cambio, se quedó.

AVANZAR TRANSANDO

En julio de 2014, tras siete años como secretario ejecutivo, el Consejo de Defensa de la Patagonia informó que un mes antes Patricio Rodrigo había puesto su cargo a disposición. Lo que gatilló el anuncio fue la noticia de que el ingeniero agrónomo había asumido un nuevo rol como parte de un acuerdo entre la minera canadiense Barrick, titular del proyecto Pascua Lama en Atacama, y un grupo de comunidades diaguitas. A través de una declaración pública las organizaciones opositoras a HidroAysén querían dejar claro que no tenían nada que ver con la nueva consultoría de Rodrigo y hacían saber “su claro cuestionamiento al proyecto Pascua Lama”.

Cuando Rodrigo apareció en escena, la polémica en el valle del Huasco ya estaba desatada. El protagonista era el abogado Lorenzo Soto, el mismo que ha asesorado a Girardi desde que estudiaba derecho “en casi todos los proyectos, desde los ambientales hasta los recursos contra la comida chatarra”, según contó el propio senador en 2013.

Los intereses de Girardi como parlamentario y Soto como abogado suelen estar alineados. Así sucedió en 2010 con la oposición a la termoeléctrica Barrancones. Como se aprecia al inicio de un video grabado en esa época (vea ese registro), Lorenzo Soto, quien entonces era asesor de Girardi y defensor de los detractores de Barrancones, ingresa a la sala del Senado donde el parlamentario PPD realizará la conferencia de prensa junto al diputado Enrique Accorsi. Los acompaña en la testera Patricio Rodrigo, quien en ese momento era secretario ejecutivo de Patagonia sin Represas y al mismo tiempo asesor de Girardi. Un par de años más tarde, Girardi y Rodrigo, esta vez junto al diputado Alberto Robles (PRSD), hacían una conferencia de prensa contra el proyecto de la termoeléctrica Castilla, donde parte de los opositores también estaban representado por Soto.

Lorenzo Soto
Lorenzo Soto

Lorenzo Soto es un personaje cuestionado por un sector del mundo ambientalista. “Soto transa para obtener jugosas indemnizaciones, hay un problema ético ahí”, critica un abogado ecologista, que estima que los bienes ambientales son de todos y no son negociables.

En concreto, a Soto se le acusa de ofrecer gratis sus servicios a las comunidades afectadas por proyectos con alto impacto ambiental y agudizar el conflicto a través de efectivas acciones judiciales, lo que obliga a negociar a las empresas. De esa forma, obtiene una suculenta comisión de los acuerdos económicos. El caso emblemático es el de Barrick, pero antes lo había hecho en la central Bocamina de Endesa, en Coronel, litigio en que representó a los pescadores y al senador Alejandro Navarro. Soto logró paralizar esa planta en tribunales y consiguió que Endesa indemnizara a los pescadores. Según una nota de Radio BíoBío, habría cobrado entre US$4 y US$5 millones tras el arreglo, lo que habría molestado a algunos de sus representados.

Soto se ha defendido de estas críticas: “Hay una serie de estereotipos que apuntan a considerar que exigir compensaciones significa venderse a las empresas. Lo que significa es conseguir reparaciones equivalentes al daño que no se puede evitar”, dijo a El Mercurio. Su colega Marcelo Castillo también ha salido en su defensa: “Es muy frontal, domina las complejidades de esta institucionalidad y trabaja de manera acuciosa, lo que es perfectamente legítimo. Lo mismo que cobrar por sus servicios profesionales”.

Uno de los principales detractores del rol de Soto es Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), quien critica que “Girardi aparece permanente detrás como uno de los patrocinadores de esta gente (…). A Soto lo conocemos de años porque ha venido interviniendo en distintos procesos”. En el caso de la termoeléctrica Castilla, acusa Cuenca, fue Girardi el que presentó a Soto a los dirigentes de las comunidades locales.

En el round con Castilla, Soto terminó representando a un grupo de pescadores e intentó que desistieran de sus recursos legales. El convenio que había negociado con la eléctrica tenía cláusulas leoninas, en que hasta los descendientes de los pescadores tenían prohibición de realizar cualquier acción contra la empresa (ver borrador del acuerdo). En esa ocasión la conciliación con la empresa fue promovida por el ministro de la Corte Suprema Sergio Muñoz, pero fracasó ante la negativa de otras comunidades locales. Finalmente, de todas maneras el máximo tribunal terminó rechazando el estudio ambiental que permitía la construcción de la central, algo que no hubiera sucedido en caso de haberse sellado el acuerdo que promovía Soto.

En 2012 el abogado se enfrascó en la batalla contra Barrick por Pascua Lama. Diversas comunidades diaguitas firmaron un mandato para que las representara junto a su histórico socio, el abogado Alex Quevedo. También suscribieron contratos que les encargan gestiones judiciales y extrajudiciales para reclamar contra Barrick por la legalidad de los actos que se “impongan sobre sus bienes y/o actividades”, “impugnar la autorizaciones que otorgue la autoridad pública para la ejecución de los proyecto”, “obtener indemnizaciones por los perjuicios que sufra el cliente con ocasión de la instalación y funcionamiento de los proyectos”, así como “negociar con las empresas o con la autoridad, las compensaciones que se acuerden” (ver contrato).

Cualquier acuerdo, señalaba el contrato, debía contar con el consentimiento del cliente. El documento establece honorarios de 30% “de la indemnización, resultas o negocio de cualquier origen y que por cualquier causa sea pagada o generada a favor del cliente”. En un contrato de ese tipo, en que sin compensaciones los abogados no reciben honorarios, hay un claro incentivo para negociar con la empresa.

Para entonces el conflicto de Pascua Lama ya llevaba años. Uno de los primeros en rechazar el proyecto fue Girardi, que como diputado pidió comisiones investigadoras y presentó en 2006 un proyecto de protección de glaciares –amenazados por la minera–, basado en un estudio del propio Lorenzo Soto. Ese mismo año Marcelo Castillo había entrado a escena al presentar la primera demanda para paralizar el proyecto minero, en representación de un agricultor.

Pero para la historia quedará que Lorenzo Soto fue quien consiguió que la justicia detuviera la construcción. Una versión que es relativizada por sus detractores, pues antes del fallo hubo una paralización decretada por Sernageomin y un desastre ambiental en que la propia minera se autodenunció. Pero las gestiones de Soto fueron efectivas para detener al gigante minero y al abogado se lo caracterizaba en los medios como el terror de las grandes empresas.

En mayo de 2014 Soto llegó a un acuerdo con Barrick en representación de 15 comunidades diaguitas a través de la firma de un “memorandum de entendimiento” (ver documento). El pacto buscaba allanar el camino para desarrollar el proyecto “de manera sustentable” con la venia de los diaguitas. Y si bien no se exige a las comunidades desistir de acciones legales, son varios los actores que creen que en la práctica sí implicó una renuncia. Argumentan que poco después de la firma se realizaron los alegatos en la Corte Suprema por un recurso de casación presentado por Barrick debido a una sanción de la Superintendencia de Medio Ambiente. Lorenzo Soto fue uno de los reclamantes iniciales, pero no se presentó a alegar ante la Suprema.

Pascua Lama
Pascua Lama

El memorandum desató el inmediato rechazo de otras organizaciones locales, que protestaron a través de un comunicado: “Repudiamos el rol de abogados como Lorenzo Soto, que se ha dedicado a lucrar con el sufrimiento y vulnerabilidad de nuestros territorios, ya lo vimos negociar con el caso de la termoeléctrica Los Robles y Farellones, intentó realizar transacciones económicas que pusieron en riesgo la acción judicial de la comunidad de Totoral en el caso contra la termoeléctrica Castilla, quiso operar a favor de Agrosuper en Freirina. Soto piensa que las comunidades tenemos derecho a ponerle precio a los bienes comunes, y de paso darle un buen porcentaje por sus oficios”.

La tensión aumentaría en los días siguientes, cuando Lucio Cuenca de OLCA abordó un vuelo de Copiapó a Santiago y se encontró con Soto, quien viajaba acompañado de Patricio Rodrigo. Se puso a hacer averiguaciones y descubrió que Rodrigo lideraría el equipo técnico que validaría el memorándum. Ardió Troya.

Rodrigo salió a defenderse, diciendo que Barrick no le pagaba, que todo estaba por definirse y que sería una “labor a realizar con la Universidad de Chile”. Esto fue desmentido por la Facultad de Agronomía de esa casa de estudios, que aclaró que Rodrigo era un profesor ad-honorem con dos horas semanales y que desconocían qué actividades podría estar realizando con Barrick a título personal.

“El decano (de la Facultad de Agronomía, Roberto Neira) no actuó profesionalmente con altura de miras, sino que cedió a las presiones de grupos marginales que están por una vía no institucional de cambio social en Chile”, acusa hoy Rodrigo, quien asegura que todo estaba conversado con la universidad, al punto que sus abogados estaban revisando los contratos.

Finalmente, hizo el trabajo por su cuenta, no a través de Chile Ambiente, sino de Rodrigo y Asociados, empresa en la que participa su hija. Su mandante, insiste, no era ni Lorenzo Soto ni Barrick, sino que las comunidades diaguitas que le pidieron que realizara los estudios ambientales. La lógica del acuerdo era que la empresa minera financiara el trabajo de un consultor independiente –Patricio Rodrigo– para que hiciera un due dilligence del estudio ambiental de Pascua Lama y les entregara información para entender el impacto del proyecto.

El memorándum contemplaba un “fondo de ejecución”: US$ 2,3 millones que Barrick entregaría para financiar los estudios y la evaluación técnica del proyecto (profesionales, talleres, equipamiento y traslados, entre otros ítems) (ver documento). Ese monto incluía los servicios prestados por Patricio Rodrigo –diez meses de trabajo, con un equipo de 30 profesionales que trabajaron 12 mil horas, detalla–, labor por la que cobró unos US$600 mil. No hay registro de qué pasó con el US$ 1,7 millón restante del fondo, el que sería administrado por las comunidades y que, según se explicitaba, no tenía carácter indemnizatorio.

Según Rodrigo, su equipo detectó “errores gravísimos” en el proyecto y “eso le pega una subida de costos gigantescos”. Eso, junto a la baja de precio de los metales habría, según el consultor, gatillado que la empresa cancelara el proyecto. Sin embargo, este 14 de julio Barrick anunció que estaba estudiando la forma de retomar las obras por partes.

La tarea de Rodrigo y su equipo terminó a mediados de 2015 (aquí se puede ver un video del proceso). El cronograma establecía que las comunidades debían decidir si seguían con una segunda etapa de mesa de diálogo para luego firmar un acuerdo de cooperación, pero según Rodrigo todo quedó en nada: “Yo podría haber continuado con ellos, pero se produjo todo este enredo de SQM que enturbió el proceso. Entonces, Soto fue uno de los que se opuso a que yo siguiera y el proceso se les derrumbó, porque no hubo quien condujera socialmente… Y hoy ellos ya no son abogados de las comunidades”.

LITIGIOS PENDIENTES

Una de las grandes dudas es cuánto cobraron los abogados Soto y Quevedo por el acuerdo con las comunidades diaguitas. En mayo de 2014 se firmaron anexos de contrato, en que los abogados renunciaban unilateralmente a parte de los honorarios fijados inicialmente, bajando de 30% a un 20% “contra resultado”. Es exactamente lo mismo que hicieron cuando representaron a los pescadores de Coronel.

El memorandum menciona que Barrick pagaría la asesoría jurídica de las comunidades, pero el monto se establecería en un anexo que nunca se hizo público. Lo mismo sucede con el monto que se entregaría a las comunidades para poder cumplir los objetivos del acuerdo. Los opositores acusan que quienes firmaron el memorandum recibieron beneficios económicos por parte de Barrick.

La polémica generada por ese entendimiento está lejos de amainar. Sintiéndose traicionados, en noviembre de 2015, miembros de algunas comunidades diaguitas que habían contratado a Lorenzo Soto y Alex Quevedo los denunciaron por fraude y prevaricación, por actuar contra los intereses de sus mandantes, con lo cual la Fiscalía de Vallenar inició una investigación desformalizada. Dicen haber sido engañados y que nunca firmaron para apoyar el memorandum de acuerdo con Barrick.

Dicho memorándum establecía que éste debía ser ratificado por las comunidades dentro de los 30 días siguientes, para lo cual se organizaron asambleas en que sus socios debían votar. Sin embargo, los denunciantes reclaman que no fueron informados del detalle del convenio ni lo que éste implicaba, sino que les dijeron que significaría recursos económicos para las comunidades.

Una de las denunciantes, Susana Campillay, dice que sin ser parte de la comunidad, asistió a la asamblea en reemplazo de su padre, que estaba enfermo, y firmó una lista de asistencia con el nombre de éste:

“Asistí porque me interesaba escuchar lo que hablaban los abogados (Soto y el mediador Alonso Barros), nunca había venido ningún abogado a nuestra localidad. Habló el mediador, dijo que Barrick estaba a los pies de las comunidades, estaban arrepentidos. Venían a proponer un memorándum que era un intercambio de información, en que Barrick se ponía a disposición de las comunidades para que los investigaran y vieran qué hacían ellos en la mina. Inmediatamente, me paré y dije que no estaba de acuerdo, porque me parecía poco lógico, si no había que investigar. Los habían parado porque tenían más de 20 multas, se habían denunciado. El daño ya estaba bastante avanzado. Los glaciares nunca más los vamos a recuperar”.

Protesta contra proyecto Pascua Lama (Fuente: veoverde.com)
Protesta contra proyecto Pascua Lama (Fuente: veoverde.com)

Susana Campillay cuenta que su sobrina, Diana Zepeda Campillay, aparece firmando en la misma lista, pese a que en ese momento estaba estudiando en Antofagasta. Con esos dos nombres se lograron las 25 firmas que se necesitaban para aprobar el memorándum en la comunidad.

Hasta ahora son 14 las personas de distintas comunidades que se han sumado a la denuncia criminal. Algunos alegan que en sus comunidades no se hicieron asambleas y que fueron a sus casas a pedirles que firmaran.

Reclaman, además, que no saben qué han hecho los dirigentes de las comunidades con los fondos entregados por Barrick. Solange Bordones, quien debía administrar el dinero, no reveló en su declaración a cuánto ascendieron los recursos que recibió, pero dijo que todo estaba en la página web www.diaguitasdelhuasco.org, la que no se encuentra disponible. Sostuvo que no fue Barrick la que pagó a los abogados, sino que la empresa puso el dinero a disposición de las comunidades. Descartó que los honorarios ascendieran a $182 millones, como acusaban los denunciantes, pero tampoco aclaró cuál era el monto.

En su declaración ante la fiscalía, fechada en marzo de 2016, el abogado Lorenzo Soto acusa que las denuncias son “completas y maliciosamente falsas”, además de “difamatorias”. Desde el punto de vista legal, alega que él representa a las comunidades y asociaciones diaguitas, y que sólo éstas podrían acusarlo de prevaricación, pero no las personas naturales que las integran. Además, argumenta que el encargo era “obtener los mayores beneficios o resultados posibles en favor de mis clientes frente a la ejecución del proyecto Pascua Lama”.

Pero la del memorandum no es la única controversia pendiente. Se espera también una resolución de la Contraloría respecto a un contrato por $30 millones adjudicado en octubre de 2014 entre la Subsecretaría de Medio Ambiente y Chile Ambiente. Dicho convenio no tiene que ver directamente con Pascua Lama, sino con un estudio relativo a la futura norma secundaria del agua del río Huasco. Se asignó a través de un concurso publicado en la página web del Ministerio del Medio Ambiente, en el que Chile Ambiente fue el único oferente.

Constanza San Juan, vocera de la Asamblea del Agua del Guasco Alto, cuenta que reclamaron a los funcionarios del Ministerio del Medio Ambiente que Chile Ambiente tenía un conflicto de interés, pues prestaba una asesoría al convenio de Barrick con las comunidades y el estudio que se le encargó tiene que ver con la norma del agua del río que Pascua Lama contaminaría. Los funcionarios les explicaron, dice San Juan, que quien realizaría el estudio no sería Patricio Rodrigo, sino Pablo Morales, pero dicho profesional también fue parte del equipo que trabajó en el estudio sobre Pascua Lama. Por eso, presentaron la denuncia ante la Contraloría (ver documento).

Rodrigo dice que no estaba al tanto de la denuncia, aunque sabía que había quejas porque los reclamantes habían interrumpido los talleres “para meter bulla, tener algún protagonismo y algún espacio donde puedan vociferar”. En todo caso, él no ve ningún conflicto de interés y cuenta que el trabajo ya está entregado: “Como estábamos apoyando el tema de los diaguitas, me pareció interesante fortalecer el trabajo en la zona respecto al tema de los servicios ecosistémicos y la percepción que la comunidad en general tiene de ellos. Pero yo no participé ni en la convocatoria del proyecto ni en su ejecución, sólo firmé el contrato como representante de Chile Ambiente”.

CIPER intentó entrevistar a los abogados Marcelo Castillo y Lorenzo Soto para este reportaje. Mientras el primero no contestó los llamados, el segundo dijo que no estaba interesado en hablar.

 

La ruta del dinero: de SQM al PPD

Ya en mayo de 2015 el ex tesorero del PPD, Luis Matte, reconoció que había gestionado el contrato con SQM, aunque aseguró que el grueso del dinero era para financiar la campaña Patagonia sin Represas, que lideraba Patricio Rodrigo. Según dijo entonces Matte a La Tercera, sólo el 10% se destinaba a gastos operativos del partido.

Pasarían diez meses para que el ex jefe de Administración y Finanzas del PPD, Sergio Ortega, quien aún figura como funcionario del partido, reconociera abiertamente ante la PDI que las platas eran para la colectividad. Matte le había pedido que colaborara en el proceso administrativo de llevar las facturas de Chile Ambiente y retirar los pagos de SQM. “Esta pseudo obligatoriedad que teníamos con Chile Ambiente surgió como una instrucción superior de la directiva del partido, con el propósito de brindarle ayuda a don Guido Girardi, un senador connotado y miembro de Chile Ambiente”, declaró Ortega a la PDI, poniendo una bomba en el corazón del PPD.

El estruendo sería aún mayor con la segunda declaración de Ortega, esta vez como imputado, la que tuvo lugar en junio pasado. Parte de su testimonio fue dado a conocer este 27 de julio por 24horas.cl: Ortega dijo que durante la gestión de Carolina Tohá aumentaron los gastos del PPD y que “ella estaba en conocimiento de la fórmula de financiamiento” que usó el partido para solventarlos.

Los fiscales le exhibieron un correo electrónico de agosto de 2011 en que Matte le escribió: “Sergio quedo OK por mí y Carolina, sácale la firma a P. Rodrigo“. Sobre ese e-mail, Ortega declaró: “Este correo tuvo por finalidad informarme que el acuerdo convenio SQM con Chile Ambiente había sido revisado, tanto por él como por Carolina Tohá, instruyéndole que me contactara con Patricio Rodrigo para obtener su firma final. Este correo confirma que toda decisión previamente era tomada por la mesa directiva”.

Samuel Donoso y Patricio Contesse
Samuel Donoso y Patricio Contesse

Este jueves 28 de julio el noticiario de Mega sumó un nuevo ingrediente a la crisis: tras obtener los documentos contables del PPD, constataron que aún antes de los pagos hechos a Chile Ambiente el partido registraba aportes de SQM. De hecho, en enero de 2011 en los libros del PPD aparece identificado un “aporte afiliado” por parte de SQM, como si fuera un militante del partido. Los documentos contables fueron enviados al Servel con la firma de Carolina Tohá.

Tohá ha dicho que no sabía nada. En su directiva el secretario general era Samuel Donoso, vinculado al girardismo y actual abogado del gerente general de SQM, Patricio Contesse, quien ha mantenido silencio. En cuanto a Guido Girardi –a quien el diputado Pepe Auth motejó como el “socio controlador” del PPD–, en ese momento ocupaba la primera vicepresidencia del partido y también ha negado tener conocimiento de los pagos de SQM.

Girardi, a diferencia de lo que declaró inicialmente Ortega, no es miembro de Chile Ambiente, pero sí es muy cercano a Patricio Rodrigo. “Soy muy amigo del Guido hace 30 años. Salíamos con los niños a veranear juntos. Si yo estoy involucrado en algo, involucran a Guido y vice versa muchas veces, pero en esto doy fe: Guido no tenía idea de esto, no sabía”, insiste Rodrigo.

No era la primera vez que Girardi era mencionado en la investigación a SQM por el financiamiento ilegal de la política. En la auditoría que la minera encargó al bufete estadounidense Shearman & Sterling se cita un correo de agosto de 2012 en el que Contesse autoriza al abogado de la empresa, Enrique Olivares, a llamar los políticos que han recibido contribuciones de SQM para aclarar con ellos cualquier problema que hubieran  tenido. La secretaria de Contesse le envía luego a Olivares los números de los senadores Fulvio Rossi (PS), Hernán Larraín (UDI) y Guido Girardi. En un correo fechado al día siguiente, el abogado confirma que habló con Rossi y Girardi.

El informe encargado por SQM concluye que no hay evidencia de que los individuos mencionados –los tres senadores y una lista de candidatos municipales enviada por Rossi– hayan recibido financiamiento ilegal. En el entorno del senador PPD dijeron en enero a La Tercera que éste no pidió dinero a SQM y que no conoce al abogado Olivares. Hasta ahora Girardi no ha sido citado a la Fiscalía.

El único dirigente PPD que ha reconocido haber pedido dinero a SQM es el ex tesorero Matte y pese a los avances de la investigación, aún quedan muchas dudas. La primera huella de las gestiones está en los registros del Servicio Electoral (Servel), donde el 30 de junio de 2011 el PPD inscribió a Chile Ambiente como su instituto de formación política (ver documento). Esta figura fue creada en 2003 para que las llamadas “instituciones formadoras” de los partidos pudieran recibir donaciones con beneficios tributarios. Hasta que el PPD inscribió a Chile Ambiente, nadie la había usado. Pero ni Chile Ambiente era un instituto formador ni SQM donó el dinero, sino que simuló la prestación de un servicio.

Patricio Rodrigo reconoce que en realidad a Contesse no le interesaban sus charlas medioambientales. De hecho en varias de ellas aprovechó a hacer campaña para Patagonia sin represas, es decir, SQM ayudó a financiar la campaña contra HidroAysén. “Qué bueno que haya sido así también. Plata de los ricos a financiar causas ambientales que afectan a comunidades”, reflexiona hoy.

Pero la noticia no cayó tan bien a sus ex compañeros de campaña. “No consideramos una práctica aceptable recibir financiamiento de grandes empresas alineadas con el modelo extractivista”, señaló a través de un comunicado el Consejo de Defensa de la Patagonia en mayo, recalcando que no sabían del rol de Chile Ambiente como instituto del PPD. Rodrigo reclama que él no tenía por qué informar nada y que tampoco tiene reparos con SQM como fuente de financiamiento: “Yo ofrecí colaboración (al PPD), me entregaron dos empresas y bienvenida sea esa colaboración. Uno no puede estar distinguiendo estos son los buenos y estos son los malos”.

La otra empresa que entregó financiamiento a través de Chile Ambiente es la eléctrica Coyanco, ligada a al ex presidente de la CPC Juan Claro y a Gerens, y dueña de una central de pasada en el río Maipo. A diferencia de SQM, Coyanco sí realizó la transferencia –de $30 millones– a través de una donación certificada por el Servel. Los correos electrónicos que tiene la fiscalía dan cuenta de que Matte le propuso esa alternativa a SQM, pero la empresa optó por el convenio. El documento comprometía a Chile Ambiente a realizar capacitaciones y entregar un informe sobre “la formación y capacitación de dirigentes políticos y sociales en gestión ambiental”. El objetivo era tan ajeno a los intereses de la minera que el abogado que debía firmar el documento envió un email preguntando: “¿qué relación tiene esto con las actividades de SQM?”.

Evidentemente el convenio no tenía nada que ver con SQM. De acuerdo a las transferencias detalladas por Rodrigo ante los fiscales, hizo diez cheques por $38 millones al PPD. Seis de estos cheques, por un total de $26,2 millones, eran al portador, es decir, podían ser cobrados por cualquiera. La diferencia con el dineros pagado por SQM –$19 millones– se quedó en Chile Ambiente, por concepto de overhead y por el pago de las charlas realizadas por Rodrigo. Esto, porque además de captar financiamiento para el PPD, el convenio buscaba aliviar las cuentas de la corporación ambiental.

La PDI buscó a cada uno de las contrapartes que Rodrigo tuvo para realizar las charlas para chequear que éstas efectivamente se hubieran realizado. De las que fueron confirmadas hay una sobre Hidroaysén, realizada al sindicato de Enap. Otra se hizo en el Senado y su contraparte era la comisión Desafíos del Futuro, que creó Girardi. También dice haber hecho una charla para la Fundación Progresa, ligada al PRO, pero la presidenta de la fundación, Patricia Morales, quien competirá contra Tohá por la alcaldía de Santiago, no quiso declarar ante la PDI.

“Las personas con quienes yo coordinaba las charlas no sabían quién me pagaba. Yo creo que las personas con quienes yo pactaba las charlas pensaban que las financiaba Douglas Tompkins, o bien el Estado”, declaró Rodrigo.

Carolina Tohá y Guido Girardi
Carolina Tohá y Guido Girardi

Dos de las charlas fueron realizadas en Chile 21. CIPER consultó a María de los Ángeles Fernández, quien era directora ejecutiva de la fundación durante la época investigada. Si bien confirmó que las charlas se realizaron, se mostró sorprendida de que Rodrigo las haya incluido como parte del convenio con SQM, pues éstas formaban parte de sus labores como director del programa de Medio Ambiente de Chile 21, por el cual recibía un sueldo. “Las charlas no tenía que ver con SQM”, dice Fernández.

Rodrigo retruca que esas charlas eran ”extraprogramáticas y eran parte del contexto de contribuir a la conciencia ambiental y a la conciencia social”. En cualquier caso, añade, el convenio con SQM hablaba de charlas, sin mencionar cuántas, por lo que “bastaban con dos charlas para respaldar el contrato”.

Pero además de las formalidades de cumplimiento del convenio, hay otra arista que está siendo investigada por la Fiscalía: para justificar los pagos al PPD, Chile Ambiente recibió facturas de la Corporación Innovación y Democracia, en un proceso que tiene varios visos de irregularidades. Hasta ahora hay acusaciones cruzadas respecto de quién tenía el talonario de facturas de esa organización, que había dejado de funcionar hacía una década y que no registró facturas ni realizó declaraciones ante el SII. Sin embargo, entre julio de 2011 y mayo de 2012 emitió facturas por $58,6 millones.

“Yo no me percaté de que eso era un error, una irregularidad, y que por lo tanto se iba a producir todo este entuerto en que estamos metidos”, explica ahora Rodrigo, quien a través de Marcelo Castillo presentó una denuncia contra la Corporación Innovación y Democracia por haberle entregado facturas supuestamente falsas. Dentro del PPD hay quienes leen esta denuncia como un enfrentamiento entre Girardi y Bitar, pues Innovación y Democracia está vinculada a este último.

Los inicios de la cuestionada corporación están ligados al corazón del PPD. Fue creada en 1998 y su lista socios formadores incluye al actual ministro de Energía, Máximo Pacheco (hoy no milita en el partido); la titular de Educación, Adriana Delpiano; la alcaldesa de Santiago, Carolina Tohá; los diputados Pepe Auth y Juan Luis Castro; la senadora Adriana Muñoz; el empresario Blas Tomic y Samuel Donoso, quien fue su director ejecutivo, entre otros. Al formarse, la corporación recibió en comodato una casa ubicada en la esquina de las calles Concha y Toro y Erasmo Escala, donde funcionaba el PPD, de parte de Inmobiliaria Pehuenche. Los representantes de esa sociedad eran Sergio Bitar y Gustavo Silva, quien además figura como presidente de la corporación.

En 2002 fue rebautizada como Corporación para la Innovación Política y más tarde pasaría a llamarse informalmente Corporación Aire Libre, un think tank públicamente ligado a los ex ministros Sergio Bitar e Ingrid Antonijevic. Según diversas declaraciones recogidas por la PDI, la corporación quedó inactiva hace al menos una década.

La judicialización que definirá el futuro de la Reforma Laboral

El futuro de la reforma laboral ha quedado en manos de la Corte Suprema. Específicamente de su Cuarta Sala, que tramita las contiendas laborales. Y esa no es una buena noticia para los círculos empresariales. Desde hace dos años, esa sala viene mostrando una ostensible inclinación a acoger los argumentos de los sindicatos. Eso permite suponer que todo lo que ha quedado pendiente o indefinido en la reforma será zanjado por una magistratura más proclive a reconocer y profundizar los derechos laborales. En síntesis, los parlamentarios de derecha que presentaron la reforma al Tribunal Constitucional (TC) para convertirla en un león sin dientes, podrían haberse dado un tiro en el pie. Algo que sólo podrá comprobarse analizando los fallos que de ahora en adelante caigan en manos de los ministros supremos.

CIPER revisó el texto de la reforma laboral, analizó los fallos más relevantes de la Cuarta Sala de la Corte Suprema y consultó con académicos y especialistas en derecho laboral. La conclusión es que la única certeza que existe tras el paso de la reforma por el TC es que serán los tribunales los encargados de llenar los vacíos normativos inéditos en materia de derecho laboral.

rincon-diaz-valdesEl requerimiento de inconstitucionalidad presentado por parlamentarios de oposición si bien tuvo éxito en poner fin a la titularidad sindical, dejó como daño colateral la desregulación de los grupos negociadores. Para salvar el vacío, el gobierno intentó convencer a la derecha de aprobar una reforma constitucional que le diera preeminencia a los sindicatos por sobre los grupos negociadores, para luego normar el funcionamiento de estos últimos.

“El TC dejó a los sindicatos y los grupos en igualdad y eso es la cueca en pelotas”, confidenciaba un alto funcionario de gobierno, advirtiendo que la incertidumbre era tal que los grupos negociadores incluso podrían convertirse en un arma contra las empresas. Pero pese al mensaje enviado al empresariado y a la oposición, el Ejecutivo no logró el apoyo político para el quorum que exigía aprobar esa reforma.

La tarde del viernes 17 de junio, en los patios de La Moneda, el vocero de gobierno, Marcelo Díaz, junto a los ministros de Hacienda y Trabajo, Rodrigo Valdés y Ximena Rincón, anunciaban que sólo se tramitaría el veto. Es decir, no habrá regulación para los grupos negociadores. 

GRUPOS SIN LEY

La composición actual del Tribunal Constitucional no auguraba un buen desenlace para el gobierno, pero no estaba en los cálculos la forma radical con que el organismo cercenaría la titularidad sindical, una de las promesas de campaña de la Presidenta Bachelet. Este concepto buscaba garantizar que los sindicatos fueran los principales actores de la negociación colectiva, relegando a un segundo plano a los grupos negociadores, que sólo podrían pactar colectivamente cuando no existieran sindicatos.

Los grupos negociadores fueron por años la bestia negra de los sindicatos. Institucionalizados en 1979 en el Plan Laboral de José Piñera, estaban destinados a ser organizaciones que coexistieran con los sindicados en las empresas. “Se reconocía por ley que los grupos podían negociar, pero no se decía cómo podían negociar ni su quorum, de manera que se entendía que había más facilidad negociadora en los grupos que en los sindicatos”, explica Diego López, abogado del estudio Rojas García y López. Eso se prestaba para manipulaciones: “El empleador sacaba un contrato y hacía que los trabajadores se pusieran en filita a firmar. Esa era la negociación, sin ninguna formalidad”, describe Joaquín Silva, abogado de Consultora Laboral.

Valentina Doniez, investigadora de la Fundación Sol, explica por qué estos grupos resultan tan funcionales al sector patronal: “La característica de los grupos negociadores es que son no confrontacionales, entonces pueden recibir lo que les ofrece la empresa, pero no tienen capacidad de exigir”.

SANTIAGO 29 DE MAYO DE 2013TRABAJOS VIALES EN POBLACIÓN LA LEGLos grupos negociadores solían ser promovidos por los empleadores como una forma de competir deslealmente con el sindicato, quitándole fuerza y socios. Si bien no desaparecieron con la reforma laboral de 2001, se les puso reglas que restringieron su marco de acción: se les exigía quorum, elegir una comisión negociadora, presentar un proyecto, votarlo, ministros de fe, etc. Es lo que se llamó una negociación semi-reglada. Además, se hizo más fácil identificar y perseguir cuando eran utilizados por los empleadores como una herramienta antisindical.

Así sucedió por ejemplo en 2011, luego de que la Red Salud UC fomentara la creación de un grupo negociador de unas 150 personas en paralelo al sindicato, que tenía 1.500 socios. El grupo recibió apoyo y financiamiento de la empresa, además de beneficios especiales. Por eso, la Red Salud UC fue condenada en primera instancia por prácticas antisindicales, aunque antes de que la Corte de Apelaciones se pronunciara llegó a un acuerdo extrajudicial con el sindicato.

El sindicato del Banco Bice tuvo menos suerte, pues el grupo negociador apoyado por la empresa terminó convirtiéndose en otro sindicato, lo que le quitó socios a la organización original.

“La empresa primero promueve la existencia de grupos negociadores, derechamente les dice ‘ustedes formen este grupo y yo les doy todas las facilidades, les doy pasajes para que recorran el país y llegamos a un acuerdo´. Se forma, negocia y muere. Lo que les interesa a los patrones es mantenerlos, porque con eso hacen el paralelo con las organizaciones sindicales. Así, se transforman en una organización sindical de hecho, sin tener ninguna obligación, sin directiva sindical, nada”, explica Joaquín Silva, quien fue abogado en los casos de Red Salud UC y Banco Bice.

El abogado y académico de la UDP José Luis Ugarte le baja el perfil al problema y recalca que, tras la reforma laboral del 2001, los grupos negociadores dejaron de ser tan importantes como sí lo fueron en los ´90. Esta pérdida de relevancia es reconocida por la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa. Sin embargo, ella explica que de todas maneras son un riesgo para las organizaciones sindicales, pues, en general, los grupos negociadores se organizan en empresas donde ya hay un sindicato.

Según la última Encuesta Laboral (Encla 2014, elaborada por la Dirección del Trabajo), más del 80% de los instrumentos colectivos son negociados por sindicatos, por lo que menos del 20% corresponde a grupos negociadores. Pero, tal como apunta Bárbara Figueroa, la Encla concluye que “los grupos negociadores proceden mayoritariamente no ya de empresas sin sindicato, como sería razonable suponer, sino, por el contrario, de empresas con sindicato”.

Al establecer la titularidad sindical, la reforma laboral reducía el reconocimiento de los grupos negociadores exclusivamente a aquellas empresas en que no había sindicato. Era una forma de fortalecer la organización sindical –en línea con los convenios de la OIT– que fue rechazada por el Tribunal Constitucional (TC), el que interpretó literalmente el artículo 19 N° 16 de la Constitución (“la negociación colectiva con la empresa en que laboren es un derecho de los trabajadores”). La entidad estimó que el derecho a negociar no es privativo de un tipo de organización específica, como el sindicato, sino que es de cada uno de los trabajadores y, por lo tanto, no se puede prohibir a los empleados negociar a través de grupos.

El mayor problema para dar continuidad a la reforma después del recorte que le hizo el TC se debe a que, al rechazar la titularidad sindical, el tribunal también declaró inconstitucionales una serie de artículos del proyecto, entre ellos el que regulaba cómo deben operar los grupos negociadores (artículo 315). Así, desaparecieron de la ley las normas que fijaban el quórum de los grupos negociadores, la existencia de una comisión negociadora elegida ante un inspector del Trabajo y que les permitían hacer exigencias al empleador.

trabajadoresEl mismo fallo, en el voto disidente de los ministros Carlos Carmona, Gonzalo García, Domingo Hernández y Nelson Pozo, muestra la contradicción de la resolución de mayoría que eliminó el artículo 315 y otros que se referían a los grupos negociadores: “La sentencia apoya paradójicamente una organización inexistente: los grupos negociadores ya desaparecieron”.

Los primeros en destacar públicamente esta contradicción fueron los abogados José Luis Ugarte y Daniela Marzi, quienes en una columna publicada por The Clinic hicieron ver que tras el fallo del TC el gobierno tenía la solución en sus manos: los grupos negociadores quedaron fuera de la legalidad al no tener regulación y, por lo tanto, habría titularidad sindical de hecho.

Esta interpretación tomó fuerza con el correr de los días, sobre todo luego de que el gobierno renunciara a su idea de presentar una reforma constitucional y anunciara que sólo tramitaría el veto. Pero nadie espera que los grupos negociadores desaparezcan por arte de magia. Lo que viene ahora es un largo camino en los tribunales de justicia, para el que los abogados laboralistas ya preparan estrategias.

ESCENARIOS JUDICIALES

Habrá probablemente mucha judicialización en torno a qué se puede o no hacer”, adelantó la ministra del Trabajo, Ximena Rincón, cuando anunció que se seguiría el camino del veto presidencial. Lo cierto, retruca el abogado Diego López, es que lo que habrá es una profundización de la judicialización, porque aún antes del fallo del TC se sabía que la reforma laboral tiene varios temas que “en el fondo invitan a que sean los jueces los que definan el sentido y alcance de las normas”.

Estos puntos poco definidos y que quedarán entregados a la interpretación de los jueces son precisamente algunos de los que más se disputaron en el Congreso, pues podrían ser utilizados por los empleadores para burlar la prohibición del reemplazo en huelga. Entre estos puntos se cuentan las adecuaciones necesarias que puede hacer una empresa para mover a sus trabajadores a otros puestos de trabajo en caso de huelga o los servicios mínimos que puede mantener en funcionamiento. En el fondo, se dejó el campo abierto para que la justicia resuelva aquellos asuntos que los políticos no fueron capaces de definir con precisión. Según precisa López, “el costo no es de judicialización, porque la judicialización ya estaba, sino que es una incertidumbre que genera menos claridad sobre lo que va a pasar”.

La total incertidumbre es respecto a la forma en que leerán los tribunales la falta de normas que regulen las negociaciones fuera del sindicato. En palabras de un ministro de corte con experiencia en temas laborales, lo que puede esperarse es una gran dispersión de casos, en que se sucedan fallos contradictorios. La doctrina tardará años en asentarse, advierte.

Es probable que la primera señal la dé la Inspección del Trabajo, pues debería visar los instrumentos colectivos suscritos por los grupos negociadores. El abogado José Ugarte es de la tesis de que la Inspección del Trabajo no tiene competencia para pronunciarse sobre asuntos que no están en la legislación vigente. Diego López, en cambio, cree que el organismo podría emitir un dictamen que advierta cuál será su postura en estos casos y considera posible que determine que no puede pronunciarse sobre algo que no existe. Como sea, ese será, probablemente, el primer paso que los grupos negociadores darán antes de recurrir a la justicia.

José Luis Ugarte plantea que en tribunales se abrirán dos grandes escenarios y que “hay que ver qué tesis interpretativa domina”. Una alternativa es que por no estar en el Código del Trabajo, se asuma que los grupos negociadores simplemente dejaron de existir. “No es disparatado sostener eso jurídicamente”, asegura. Pero agrega que una segunda posibilidad es que requieran ser reconocidos caso a caso por los tribunales. “En mi opinión ambas alternativas son un poco el inicio de la muerte de los grupos negociadores, porque ir caso a caso es un camino incierto”, dice Ugarte. Un camino que pocos tomarían.

direccion-del-trabajoDesde la vereda de los asesores empresariales, los abogados se han mostrado optimistas de que lo que imperará es la continuación de lo que señala la normativa vigente hasta ahora en materia de negociación semi-reglada. Según El Mercurio, el ex director del Trabajo y abogado de empresas Marcelo Albornoz (DC) dijo, en un análisis para la bancada de su partido, que “subsiste la norma actual que reconoce a los grupos negociadores como parte de un contrato colectivo”. Aún más allá fue el asesor de la Sofofa, Luis Lizama, quien sostuvo en La Tercera que si se aplica de buena fe el criterio del Tribunal Constitucional, la DT y los jueces “debieran entender que el grupo negociador es un actor que podría negociar colectivamente y en condiciones idénticas a las que tiene un sindicato”. Eso implica no sólo el derecho a huelga, sino también al fuero, un privilegio hasta hoy reservado a los sindicatos.

En opinión de Diego López, la judicialización supone que las empresas serán los principales actores en recurrir a la justicia en busca de reconocimiento de los grupos negociadores. Por su naturaleza, estos grupos no existen más que para negociar en un momento y no cuentan con el presupuesto y la organización necesaria para contratar abogados e iniciar acciones legales. Además, cree poco probable que espontáneamente trabajadores no organizados busquen recurrir a una figura que ni siquiera estará en la ley. Si se dieran casos en que las empresas busquen validar los grupos, José Luis Ugarte cree que los jueces deberían rechazarlos: “Si el interés en el grupo es del empleador, que de alguna manera armó el grupo, yo si fuera juez diría que eso no es un espacio de representación de los trabajadores”.

En una segunda fase, es esperable que sean los sindicatos los que recurran a la justicia para impugnar la validez de los grupos. “Si le va bien a la primera ola de judicialización de los grupos, que será presentada por las empresas, inmediatamente va a venir una segunda ola de los  sindicatos a cuestionar: ‘¿De dónde sacó usted que los grupos pueden negociar o que ese es el quorum? Usted inventó la ley, esa regla no está en la ley’”, prevé López.

Otra motivación para que un sindicato lleve el tema de los grupos a tribunales podría ser el intentar incorporar a una negociación a un trabajador que tiene un instrumento colectivo vigente. La actual legislación establece que si alguien es parte de un grupo negociador y el contrato aún es válido, no puede ser parte de otra negociación. Pero después del fallo del TC esa norma desaparece. “Se puede alegar que el instrumento colectivo suscrito no es válido o, que siendo válido, no puede producir el efecto de impedir negociar colectivamente al trabajador por el sindicato”, dice Juan Vergara, asesor sindical que es parte de ProSindical.cl, quien agrega que “lo que va a haber es un cuestionamiento a la validez o a la eficacia de los instrumentos suscritos por grupos negociadores”.

-Creo que vamos a volver a lo que había antes del 2001 y la judicialización va a ser excesiva, incluso los sindicatos lo van a judicializar todo -resume el abogado Joaquín Silva.

Ugarte no descarta que haya situaciones en que sea razonable que los tribunales reconozcan a los grupos negociadores como entes válidos para representar los derechos de los trabajadores, lo que ratifica la tesis del “caso a caso”.

Un ejemplo de lo anterior podría producirse debido a un cambio introducido en el Senado que aumentó el quorum que deben tener los sindicatos de las pequeñas y medianas empresas. Si bien ese sector tiene un bajo nivel de sindicalización, según cálculos de la Fundación Sol serán 1,4 millones los trabajadores que hoy tienen derecho a formar un sindicato y no podrán hacerlo con la nueva normativa. En esos casos, los grupos negociadores, que ya no tienen quorum, podrían ser una alternativa para negociar colectivamente.

LAS VELITAS A LA CUARTA SALA

Cuando se habla de judicialización las esperanzas de quienes confían en que se ratifique el derecho a la libertad sindical están puestas en la Cuarta Sala de la Corte Suprema. Hasta mediados de 2014, esa sala, que resuelve los asuntos laborales, era considerada como “pro empresa”, pero desde la salida de su ex presidente, el ministro Patricio Valdés –ex gerente general de la Sofofa–, sus fallos han sido consistentemente “pro trabajador”. El problema de dejar en manos de la justicia algo tan relevante es que en un par de años la conformación de la sala podría cambiar y con ello darse un nuevo giro en materia laboral.

En lo inmediato, se estima que la que verá las primeras causas relativas a la reforma laboral será una sala integrada por los ministros Carlos Cerda, Sergio Muñoz, Gloria Ana Chevesich, Andrea Muñoz y Ricardo Blanco, entre otros, quienes han dictado fallos relevantes en materia de libertad sindical.

Carlos Cerda
Carlos Cerda

Además de hablar por sus fallos, en julio del año pasado los ministros Muñoz y Cerda expresaron fuertes críticas a la realidad laboral del país durante un seminario de la Corte Suprema. Muñoz, entonces presidente del máximo tribunal, dijo que “a pesar de ser la huelga un derecho fundamental reconocido constitucionalmente, la regulación chilena limita su ejercicio solo al proceso de negociación colectiva reglado; permite, además, el reemplazo de trabajadores en huelga y favorece la desvinculación individual de estos”.

El ministro Cerda no se quedó atrás y respecto a la tramitación de la Reforma Laboral señaló que “los capitalistas están agrupados por actividad, pesca, minería, construcción, agricultura, a través de cúpulas empresariales de alcance nacional, que les permiten tener una voz para que la consecuencia pueda ser mucho más eficaz que lo que ocurre con el trabajador en una reforma que pretende reivindicarle parte de su poder. Dicen que la reforma va destinada a darles poder a unos dirigentes sindicales, que en el fondo lo que van a hacer es entorpecer la productividad y el crecimiento económico”. Y agregó: “yo estoy aquí para defender al trabajador en materia laboral, porque el derecho laboral es tutelar de la parte más débil, es un derecho de fuero y eso no lo callo” (ver nota de El Mostrador).

A juicio de José Luis Ugarte, la defensa de esos derechos es la tarea de los tribunales de justicia y por lo tanto la interpretación que se ha hecho del giro de la Cuarta Sala es una caricatura. “En mi opinión lo que hace es aplicar los principios del derecho del trabajo, que son los principio de protección del trabajador. No es que sea una sala ideológica, sino que aplica los principios de la disciplina, lo que pasa es que antes hubo durante seis años una sala laboral que era un absurdo y negaba los principios que son de los libros. A cualquiera que estudia Derecho le enseñan eso”, dice Ugarte.

Para Diego López, lo que ocurre en la Cuarta Sala no es un “veranito de San Juan”, porque se han dictado sentencias sólidas y bien argumentadas, que han creado una jurisprudencia consistente: “Son fallos ambiciosos. Lo que pretenden es sentar las bases doctrinarias para tomar decisiones. La mayoría de ellos se refieren a principios que estaban como olvidados: el principio del acceso eficaz a la protección, el principio pro operario, el reconocimiento de que la libertad sindical es un derecho cardinal de nuestro ordenamiento jurídico. Declaraciones que se echaban en falta hace cinco o 10 años. No es sólo que cambie la doctrina, sino que se está haciendo de una manera vigorosa”.

Para Juan Vergara, el comportamiento de la Cuarta Sala “permite abrigar esperanza de que se traduzca en un mayor reconocimiento de los instrumentos colectivos suscritos por sindicatos que los que suscriben eventualmente los grupos negociadores. Ha tenido un desarrollo constante de todo lo que implica libertad sindical, incluyendo el derecho a huelga como derecho fundamental que es de especial cuidado y protección”.

Y aunque en el ordenamiento jurídico chileno los fallos no sientan precedentes que obliguen a otros tribunales, varios de los abogados consultados coinciden en que los dictámenes de la Cuarta Sala de la Corte Suprema han ido permeando a las cortes de apelaciones y a los tribunales de primera instancia. No es solo por doctrina, dice Joaquín Silva, sino que se trata de un sistema jerárquico en que los jueces de instancias inferiores tienen el incentivo de fallar alineados con los superiores que van a evaluar su desempeño.

Uno de los primeros cambios que hizo notar la nueva conformación de la Cuarta Sala tiene que ver con un asunto de amplio efecto para los trabajadores. Mientras la presidió Patricio Valdés, la sala sentenció reiteradamente que el cálculo de las indemnizaciones por término de contrato debe realizarse con el monto de la última remuneración, excluyendo las asignaciones de colación y movilización. Según un estudio de la Corte Suprema, sólo entre 2011 y 2012 se acogieron 24 recursos adoptando esa doctrina (16 de ellos con el voto de Valdés). A partir de 2014 eso empezó a cambiar y hoy está asentado que para calcular la indemnización deben sumarse los bonos de transporte y movilización.

Otras sentencias se han replicado en menos oportunidades, pero han significado un cambio radical de doctrina hacia el respeto de la libertad sindical. En diciembre de 2014 un fallo redactado por el ministro Carlos Cerda ratificó una sentencia de la Décima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, que determinó que durante una huelga las empresas no pueden reemplazar a los trabajadores con personal interno (esto es lo que en la reforma se denominó adecuación interna). El caso específico estaba referido a la empresa Promolinks –subcontratista de Movistar–, la que fue multada por prácticas antisindicales.

El fallo reconoció la “plena reafirmación de la huelga como principio básico del catálogo de derechos económicos, sociales y culturales, y como prerrogativa irrenunciable del derecho laboral”. Se adelantó a lo que entonces era reconocido por la normativa vigente. De hecho, tres semanas más tarde, cuando se envió el proyecto de Reforma Laboral, en su mensaje especificaba que la eliminación del reemplazo de trabajadores era “consistente con la actual jurisprudencia de la Corte Suprema”. Hay quienes sostienen que el fallo reconoce mayores derechos a los trabajadores en huelga que el texto que fue despachado finalmente por el Congreso.

Esta doctrina se ha mantenido hasta hoy. El 1 de junio recién pasado, la Cuarta Sala rechazó un recurso interpuesto por la empresa de transportes de valores Brinks, dictaminando que el reemplazo interno de trabajadores “constituye una cuestión jurídica respecto de la cual, en la actualidad, no hay diferentes interpretaciones”.

Sergio Muñoz
Sergio Muñoz

Cinco días más tarde, la sala dictó otra sentencia, redactada por el juez Sergio Muñoz, que determinó que si una persona es objeto de vulneración de sus derechos fundamentales –por ejemplo, acoso– puede demandar a su empleador y al mismo tiempo autodespedirse. Eso evita que para recibir una indemnización la persona tenga que optar entre seguir viendo vulnerados sus derechos o alejarse de quien los vulnera. Este caso se refería a Empresa de Servicios Educacionales Aurora Irene Villablanca Gómez E.I.R.L., una escuela de lenguaje.

Pero sin duda uno de los fallos más relevantes de la Cuarta Sala se dio a conocer en marzo pasado, cuando ratificó una decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago, que determinó que el derecho a huelga no solo puede ejercerse durante la negociación colectiva, sino también fuera de esta. El tribunal de alzada había sentenciado que “ha sido superada la tesis que sustentaba que la huelga era una ‘etapa indeseable’ de la negociación colectiva; por lo mismo, tampoco puede sostenerse que cualquier huelga que se realice fuera de la negociación colectiva sea ilícita o contraria al derecho”. La sentencia es referida a la empresa ActionLine –subcontratista de Claro–, cuyos empleados realizaron una huelga de brazos caídos para reclamar por bonos y horas extras impagos.

Los fallos de la Cuarta Sala de la Corte Suprema también han cambiado la doctrina respecto a las relaciones laborales en el sector público. En abril de 2015, dictaminó que una funcionaria que trabajó durante cuatro años a honorarios en la Municipalidad de Santiago tenía derecho a indemnización pues existía una relación laboral.

Meses más tarde, en diciembre, la misma sala hizo noticia al reconocer que los funcionarios públicos tienen el derecho de presentar recursos de tutela laboral por vulneración de derechos fundamentales, algo hasta entonces reservado para trabajadores del sector privado.

VUELTA AL TC

El miércoles 22 el Congreso despachó el veto enviado por la Presidenta Bachelet. En él se eliminan tres pactos de adaptabilidad (que flexibilizan las jornadas y turnos), pues en la redacción original de la reforma éstos pactos sólo podían ser negociados por el sindicato, lo que quedó descartado con el fin de la titularidad. También se saca del proyecto la exigencia de que haya un quorum para negociar, con lo cual la ley queda como está actualmente, en que sólo se pide quorum para formar el sindicato.

Tribunal Constitucional
Tribunal Constitucional

El texto fue enviado al TC para control de constitucionalidad y la oposición, particularmente el senador Andrés Allamand (RN), advirtió que recurrirá “a todas las instancias administrativas y jurisdiccionales” para reclamar. A su juicio, el resultado de la reforma es “una aberración jurídica” y el gobierno incurre en desacato por no obedecer lo dictaminado por el TC al no legislar tras el fallo.

Más allá del destino que puedan tener los reclamos de la oposición, no es descartable que una vez que la ley sea promulgada haya quienes vuelvan al TC para intentar que en casos particulares se reconozcan a los grupos negociadores los mismos derechos que a los sindicatos. El problema, explica un abogado constitucionalista, es que hoy no hay normas que regulen a los grupos negociadores, por lo que es difícil de prever qué artículo el TC podría declarar inaplicable.

María Elena, el municipio que pertenece a Soquimich

Entre las miles de páginas que acumulan los expedientes de las investigaciones del financiamiento ilegal de la política llevado a cabo por los controladores de Soquimich (SQM), hay un intercambio de correos electrónicos que desnuda la realidad de María Elena, un pequeño campamento minero de la Segunda Región. El único municipio del país que pertenece a una empresa privada: Soquimich. Entre los correos electrónicos incautados a esa compañía queda en evidencia que los tentáculos del financiamiento irregular de la minera alcanzan también al alcalde de la comuna, el socialista Jorge Godoy Bolvarán.

Jorge Godoy debe $4,2 millones en bonos por la enfermedad de su señora, la cual estuvo hospitalizada en la Clínica La Portada durante 14 días. Nos ha solicitado pagar en cuotas”, informaba en julio de 2010 Daniel Jiménez, vicepresidente de Exploración de SQM, a Patricio de Solminihac, actual gerente general de la empresa, quien entonces se desempeñaba como subgerente. El problema era que la isapre del alcalde no aceptaba pagos en cuotas, por lo que se planteó la alternativa de hacerle un préstamo a Jorge Godoy.

Alcalde Jorge Godoy Bolvarán
Alcalde Jorge Godoy Bolvarán

A De Solminihac no le gustó la idea. Así se desprende de la respuesta que le envió a Daniel Jiménez: “Prefiero que veas el plan de pago directo con la isapre, en este caso en especial para no entrar con SQM en préstamos con un funcionario”. Es decir, el ejecutivo prefirió que la empresa saldara directamente la deuda de la esposa del alcalde antes que prestarle dinero.

El problema había sido planteado originalmente por el propio Godoy al entonces gerente general de la compañía, Patricio Contesse, hoy formalizado por delitos tributarios y quien próximamente será imputado del delito de soborno junto al ex senador Pablo Longueira.

Del intercambio de correos electrónicos se concluye que no solo la empresa le instaló un teléfono en su casa al alcalde de María Elena, sino que, además, SQM le pagaría también la cuenta. Al parecer, el alcalde gastó más de lo presupuestado, razón por la cual se habría decidido proceder al cobro del consumo. Así se lo planteó Daniel Jiménez en un correo electrónico dirigido a De Solminihac: “Hace unos tres meses (el alcalde) nos pidió que instaláramos un teléfono en su chalet (personal). La cuenta del mes pasado fue de $300.000, la cual estamos cobrando”.  En su respuesta, el entonces subgerente general de la minera propuso una solución intermedia: “Pongamos un tope razonable al teléfono privado de su chalet y le cobramos la diferencia”. No se explicita cuánto es lo “razonable”.

El análisis de estos correos electrónicos está incluido en un informe elaborado por la Brigada Investigadora de Delitos Funcionarios de la PDI a solicitud del fiscal Pablo Gómez. El foco del estudio está puesto en la tramitación del royalty, pues se indaga el eventual cohecho del ex senador Pablo Longueira, quien recibió de parte del entonces gerente general de SQM, Patricio Contesse, el borrador de un artículo sobre el impuesto específico a la minería, el que luego quedó plasmado en la ley (ver reportajes Cambio clave de la ley de royalty que benefició a SQM salió del computador de Contesse y Estos son los dos contratos que firmó Pablo Longueira y que le otorgaron el beneficio tributario a SQM).

Un par de meses antes del intercambio de emails sobre las deudas del  alcalde Jorge Godoy, el edil había creado la Asociación de Municipios Mineros, de la cual se convirtió en su primer presidente. Su postura sobre el impuesto específico a la minería preocupaba a SQM y es por eso que al buscar en los miles de correos electrónicos incautados la palabra “royalty”, los funcionarios de la PDI se encontraron con los emails relativos al alcalde de María Elena.

Un tema, que no sé si plantearlo (en la reunión con el alcalde Godoy), y que me imagino que P. Contesse se lo planteó, es su planteamiento como presidente de municipios mineros frente al royalty. Avísame si quieres que se lo plantee y eventualmente discutámoslo”, le escribió Jiménez a De Solminihac, quien respondió con un escueto: “Yo creo que debes comentarlo”.

Vista de la Plaza de Armas de María Elena
Vista de la Plaza de Armas de María Elena

No hay un mayor desarrollo sobre  la preocupación de fondo de los ejecutivos de SQM con la postura de Jorge Godoy. Lo que sí está claro es que un par de meses más tarde, cuando el gobierno envió el proyecto de ley que modificaba el impuesto específico a la minería, el alcalde Godoy fue invitado a exponer a la Comisión de Hacienda del Senado en su calidad de presidente de la Asociación de Municipios Mineros. Allí dijo representar a 120 municipios y llamó a los parlamentarios a rechazar el proyecto de ley que buscaba aumentar el impuesto para financiar la reconstrucción después del terremoto.

Reformular la tributación y dirigir sus ganancias hacia las comunas mineras, fue la opinión que expuso Jorge Godoy en la comisión del Senado. El alcalde de María Elena precisó en esa ocasión que el cambio no debía hacerse con la celeridad que exigía la reconstrucción, sino que a través de una política tributaria minera a nivel país.

CIPER intentó sin éxito conversar con el alcalde Godoy para conocer su versión, pero en reiteradas ocasiones el edil dijo estar ocupado comprometiéndose a devolver el llamado, lo que nunca hizo. Cuando finalmente logramos comunicarnos, cortó el teléfono tras escuchar la primera pregunta.

EL DUEÑO DEL PUEBLO

En el fondo el alcalde, por decirlo de alguna manera, no puede cambiar ni las ampolletas, porque todo lo que hay ahí es de la compañía (SQM), no es del municipio”. La descripción la hizo hace algunos años el entonces Seremi de Vivienda de la Segunda Región, Gonzalo Godoy, para graficar la situación que vive el municipio de María Elena. Su origen minero y el boom privatizador de la dictadura explican el sinsentido de una comuna alojada al interior del terreno de una empresa.

Enclavada en la pampa, a 220 kilómetros al noreste de Antofagasta, María Elena nació en 1926, en pleno boom del salitre, como un campamento minero en los terrenos que la compañía Anglo Chilean Consolidated Nitrate Corporation le compró al Fisco en 1924. De hecho, se dice que fue bautizado así en honor a Mary Ellen Comdon, esposa del primer administrador de la planta, Elías Cappelens. Tras una fusión, la empresa pasó a manos de la Compañía Salitrera Anglo Lautaro, la que en 1968 junto a la estatal Corfo formó la Sociedad Química y Minera de Chile: Soquimich. Duró poco como empresa mixta, pues en 1971 fue estatizada por el Presidente Salvador Allende y dejada al alero de Corfo.

sqm-salarEl resto de la historia es más conocida. En 1982 Augusto Pinochet la incluyó dentro de su proceso privatizador y fue así como la minera terminó hacia finales de esa década en manos de su yerno Julio César Ponce Lerou, quien la controla hasta hoy. En 1979, cuando Soquimich aún era propiedad fiscal, se creó el municipio de María Elena. Tras la privatización, la comuna quedó dentro de los enormes dominios de Ponce Lerou.

Desde entonces la municipalidad vive en un extraño limbo donde aún lo público se encuentra en terrenos privados. “Es un tema complejo, al principio fue difícil, pero con el paso de los años se convirtió más bien en una relación de amistad. Ambos (municipio y SQM) se necesitan”, resume Nelson Avendaño (UDI), quien hace 24 años es concejal de María Elena. Su colega en el concejo, Jacqueline Godoy (RN), quien es profesora, explica que por ejemplo, el edificio de la escuela es municipal, pero está sobre un terreno de SQM, y que hay muchas cosas que no se pueden hacer en la comuna porque no hay terreno fiscal.

El también concejal Jorge Ramírez (PS) afirma que “todo se rige a través de la empresa, la municipalidad para trabajar tiene el comodato de una o dos calles principales y las plazas, pero el resto es de la empresa, así es que no se pueden hacer grandes inversiones en este campamento”. Además de concejal, Ramírez es dirigente sindical de SQM, aunque desde 1992, a raíz de un juicio laboral, dice no trabajar realmente en la minera, porque la empresa no le asigna tareas. Como Ramírez es reelegido por su sindicato, el fuero impide su despido.

Según consta en su declaración de intereses, otro de los concejales de la Municipalidad de María Elena, Carlos Ardiles (UDI), también trabaja en SQM, con lo cual ya son dos de los seis integrantes del concejo municipal los que reciben un salario de la empresa minera.

Es SQM la que provee de electricidad y agua a los habitantes del pueblo, y la que se hace cargo del alcantarillado. Los trabajadores de la empresa reciben gratis sus viviendas y tienen una cuota de agua y luz sin cobro. El resto de la población debe pagar sus cuentas a SQM y en su gran mayoría también le pagan a la minera el arriendo de sus casas, pues casi todas son de propiedad de la compañía.

La relación de dependencia entre el municipio y SQM genera no pocas tensiones. De hecho, en el intercambio de correos electrónicos entre los ejecutivos de SQM se dice que el Departamento de Educación de la Municipalidad de María Elena tenía en ese momento una deuda de $34 millones por concepto de luz y agua con la empresa, y que estaban presionando al alcalde para que pagara.

Municipalidad de Maria Elena
Municipalidad de Maria Elena

En un reciente dictamen en que se analizó la responsabilidad del municipio de María Elena en el aseo de las calles, la Contraloría concluyó que la “localidad de María Elena se encuentra asentada sobre terrenos de propiedad privada, pertenecientes a la empresa Sociedad Química y Minera de Chile, Soquimich, y por consiguiente, las calles de esa localidad no constituyen bienes nacionales de uso público”. El aseo de las calles es, por lo tanto, también responsabilidad de SQM.

El único servicio que no es provisto por la minera es la telefonía, aunque dicen que son pocos los privilegiados –como el alcalde– que cuentan con una línea fija.

Como el Estado no puede invertir en terrenos privados, cada vez que se planea una obra pública se debe negociar con SQM para que entregue la superficie en comodato por más de 20 años. Una fórmula que al parecer no acomoda demasiado a la empresa ya que a comienzos de esta década se abrió a traspasar terrenos al fisco. En agosto de 2012 el Consejo Regional de Antofagasta analizó el tema y fue allí donde el ex seremi Gonzalo Godoy planteó las dificultades de esa relación poniendo como ejemplo que hasta para cambiar una ampolleta hubiera que consultar a SQM.

En esa misma reunión, Gonzalo Godoy anunció que la empresa había oficializado su intención de “regularizar” la situación de María Elena, lo que significaría “que el campamento deje de ser campamento minero de propiedad de la empresa y pase a ser un enclave urbano”.

El ex seremi afirmó que hasta ese momento habían tenido que “torcer la oreja” a las normas para poder financiar obras, porque la ley les impide invertir en terrenos privados. “Durante y posterior al terremoto de Tocopilla, María Elena sufrió muchos daños y se hicieron una serie de proyectos ahí, algunos se pudieron concretar y otros quedaron ahí no más, porque no logramos buscar la forma de poder invertir en ese lugar”, explicó.

Su sucesor en la Seremía del Minvu en la Segunda Región, Mauricio Zamorano, explicó a CIPER que el plan de transformar a María Elena en un “enclave urbano” sigue vigente y que la empresa está interesada en ceder los terrenos. Y ello, porque la propiedad de María Elena le generaría a SQM más gastos que beneficios, por lo que deshacerse de ella le permitiría concentrarse en su negocio minero.

“Hay una voluntad de ir cediendo todos lo que no dice relación directamente con la explotación de la faena minera”, aseguró Mauricio Zamorano. Por ahora, se trabaja en el primer plan regulador comunal, un paso clave para poder hacer planificación territorial.

La confesión de Jadue en EE.UU.: “Participé de un esquema para defraudar al aceptar sobornos”

El juez del Distrito Este de la Corte de Nueva York Raymond. J. Dearie aceptó la solicitud de CIPER de liberar la transcripción de la audiencia en que el 23 de noviembre de 2015 el ex presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), Sergio Jadue, se declaró culpable de haber conspirado para cometer delitos de crimen organizado (racketeering conspiracy) y de haber sido parte de una conspiración para realizar fraude con transacciones bancarias (wire fraud) en perjuicio de la FIFA, la Conmebol (Confederación Sudamericana de Fútbol) y la Concacaf (Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol).

Jadue admitió explícitamente haber recibido sobornos para adjudicar la transmisión televisiva de los principales torneos de fútbol de América y arriesga hasta 20 años de prisión en Estados Unidos, aunque por haber llegado a un acuerdo con la Fiscalía es probable que la sentencia sea mucho más leve.

La transcripción de la audiencia tiene 36 páginas en Inglés, pero el juez Dearie accedió también a liberar un documento anexo (identificado como exhibit 3) que contiene la confesión de Jadue en Español. En esa declaración de una carilla y media, Jadue confiesa haber recibido sobornos de empresas para obtener los derechos de transmisión de la Copa Sudamericana y la Copa América, incluyendo la Copa América Centenario que comienza este 3 de junio en Estados Unidos.

Respecto al primer cargo, de crimen organizado, Jadue reconoció lo siguiente:

Comenzando aproximadamente en 2012, yo acordé con ejecutivos de marketing deportivo y oficiales de fútbol afiliados a FIFA y Conmebol varios esquemas involucrando el pago y recibo de sobornos en conexión con Ia venta de derechos de los medios de comunicación y marketing de torneos de fútbol.

En particular, yo y otros oficiales de fútbol recibimos sobornos de las compañías de marketing de deportes, las cuales pagaron los sobornos para obtener, mantener y renovar los derechos de televisión en los torneos de Ia Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Recopa Sudamericana, Copa América y Copa América Centenario”.

En cuanto al segundo delito, de fraude con transacciones bancarias, Jadue confesó:

Desde aproximadamente 2012 a 2015, yo, a sabiendas e intencionalmente de acuerdo con otros oficiales de fútbol y ejecutivos de marketing deportivo, acordé participar en un esquema de defraudar a FIFA, Conmebol y Concacaf de su derecho a servicios honestos al aceptar sobornos. Yo y otros oficiales de fútbol mantuvimos posiciones de autoridad y confianza dentro de estas organizaciones de fútbol. A pesar de esto, compañías de marketing deportivo nos hicieron pagos de soborno para obtener y mantener los derechos de marketing en el torneo de Copa América, incluyendo una edición del torneo programada a ser jugada en los Estados Unidos en 2016. Para llevar a cabo el esquema, yo, junto con otros oficiales de fútbol y ejecutivos de marketing deportivo, utilizamos instalaciones de transferencia e instituciones financieras localizadas en Estados Unidos, entre otros países, para hacer y recibir los pagos de soborno”.

Raymond J. Dearie (Fuente: New York Law Journal)
Raymond J. Dearie (Fuente: New York Law Journal)

Jadue no mencionó en su confesión a las compañías que pagaron los sobornos, pero la investigación de la Fiscalía de EE.UU. reveló que se trató de la empresa  Datisa, que opera con el nombre de fantasía de WeMatch. El ex presidente de la ANFP tampoco identificó a los otros dirigentes deportivos que participaron del fraude ni dio a conocer el monto de la coima que recibió. Sin embargo, en noviembre de 2015 el ex presidente de la ANFP aceptó que la Fiscalía le incautara hasta US$2,2 millones, equivalente al soborno recibido. Parte de ese dinero se obtuvo desde la cuenta R201414K1 del Banco UBS a nombre de la sociedad Lisburn Strategies Inc., domiciliada en el paraíso fiscal Islas Vírgenes Británicas (ver reportaje de CIPER:  Acuerdo de Jadue con Fiscalía incluye incautación de hasta US$ 2,2 millones y cuenta en banco UBS).

La Fiscalía de Estados Unidos ha presentado cargos similares en contra de los más altos dirigentes de la Conmebol y la Concacaf. No obstante, en su confesión  Jadue enfatizó que los co-conspiradores no revelaron a los comités ejecutivos de esas instituciones, así como tampoco al comité de la FIFA, los sobornos que recibían.

Sergio Jadue –que hoy se encuentra domiciliado en Miami- deberá presentarse nuevamente ante el juez Dearie a las 10 de la mañana del próximo 17 de junio en una audiencia en que se dictará sentencia o se controlará el avance del caso. Ese mismo día, no lejos de la Corte de Nueva York, en el Metlife Stadium del vecino estado de New Jersey, se jugará una llave de los cuartos de final de la Copa América Centenario, por cuyos derechos de transmisión Jadue cobró una coima.

ESTADOS UNIDOS CONTRA SERGIO JADUE

El 20 de abril pasado, CIPER presentó una solicitud formal al juez Dearie para que liberara la transcripción de la audiencia en que Jadue se declaró culpable y cuyo contenido había sido declarado confidencial. Se comunicó también la petición a la Fiscalía y al abogado de Jadue en Estados Unidos, William Brodsky,del bufete Fox, Hovan & Camerini. El 2 de mayo ambas partes accedieron a dar a conocer una versión editada –en la que se tarjan textos que aún requieren reserva– de la transcripción. No fue hasta este miércoles 1 de junio que el juez Dearie resolvió acoger la solicitud de CIPER y dar a conocer el documento.

La transcripción tiene cerca de seis de las 36 páginas completamente tarjadas y el relato de la audiencia no permite deducir de qué se habló en los momentos que se mantienen en secreto. De todos modos el documento reproduce en detalle todo lo que pasó en el resto de la audiencia, que duró una hora.

Además del abogado Brodsky, Jadue estuvo acompañado por su defensor chileno, José Pablo Forteza, del estudio Insunza. Brodsky explicó al juez que también asistía el abogado argentino Santiago Sáenz Valiente, quien estaba pasando un tiempo en su bufete para aprender los procedimientos judiciales estadounidenses.

Durante la audiencia, según describen los documentos liberados, el juez Dearie hizo gala de su sentido del humor en un par de momentos, como cuando le explicó a Jadue que los dos delitos por los que estaba acusado implicaban conspiraciones.

–¿Cuál es, señor, según su entendimiento, la naturaleza de una conspiración? ¿Qué es una conspiración? –preguntó Dearie.

Es llegar a un acuerdo con varias otras personas para cometer un crimen –respondió Jadue, con la ayuda de un traductor.

Dos A+ hoy, eso es –replicó el juez utilizando la nomenclatura de notas escolares que equivale a un 7. –Está en lo correcto. Quiero enfatizar que el crimen es el acuerdo.

sergio-jadue-blatterGran parte del tiempo de la audiencia el juez Dearie lo dedicó a explicar pedagógicamente a Jadue la naturaleza de los delitos por los que estaba por declararse culpable y en asegurarse de que entendía cada una de las implicancias que tendría asumir esa responsabilidad. Antes de comenzar, le preguntó por su salud física, emocional y mental, si estaba bajo algún tipo de medicación, si alguna vez había tenido problemas con el alcohol o las drogas, y si era capaz de concentrarse en lo que le estaba diciendo.

Luego, le explicó en detalle que al aceptar los cargos renunciaba al derecho de ser juzgado por un Gran Jurado –lo que obligaría a la parte acusatoria a probar los delitos– escenario en el que eventualmente podría ser declarado “no culpable” aún si hubiera cometido los delitos. Al renunciar a ese derecho, él como juez procedería como si dicho jurado hubiera presentado una acusación en su contra para llevarlo a juicio, pero tal juicio no se llevaría a cabo.

A continuación se produjo un largo diálogo entre las partes que fue censurado en la transcripción, tras lo cual el juez dijo que aunque normalmente leía los cargos, en esa ocasión se trataba de 17 páginas, por lo que pidió a la asistente del fiscal de distrito, Kristin Mace, que los resumiera. Fue después de que la abogada describiera los cargos de conspiración para el crimen organizado y conspiración para el fraude bancario que se produjo el diálogo en que el juez Dearie le preguntó a Jadue si sabía lo que era conspirar.

Pese a que la audiencia se produjo luego de que Jadue llegó a un acuerdo con la Fiscalía y se supone que se negoció la condena que ésta pedirá el próximo 17 de junio, el juez Dearie se preocupó de que quedara claro que él es quien determina la sentencia. Y que en este caso la ley estipula que la pena máxima es de 20 años, con hasta 3 años libertad vigilada después. Además, arriesga una multa de hasta US$ 250 mil, o el doble de las ganancias que obtuvo al cometer los delitos (US$4,4 millones). Si va a la cárcel, es virtualmente inevitable que después sea expulsado de Estados Unidos, advirtió el juez.

Luego de escuchar el detalle de las penas que arriesgaba, Jadue pidió un minuto para hablar con su abogado, tras lo cual la transcripción tiene dos páginas tarjadas.

Hacia al final de la audiencia, el juez le preguntó a Jadue si se declaraba culpable de cada uno de los cargos, a lo que éste asintió. Aseguró, además, que nadie lo había presionado para que lo hiciera ni le había prometido nada que no se hubiera dicho en la audiencia.

Dígame, ¿qué es lo que hizo?”, le preguntó el juez a Jadue. Entonces el ex presidente de la ANFP relató el detalle de los delitos que aceptaba haber cometido, tal como está transcrito al comienzo de esta nota (ver documento con la confesión completa y la transcripción de la audiencia). El juez Dearie aceptó su declaración de culpabilidad.

LA ERA NEGRA DE JADUE EN LA ANFP

Sólo habían pasado seis días desde su caótica salida de Chile cuando Sergio Jadue se enfrentó al juez Dearie. Atrás quedaba el mito de la era de excelencia dirigencial, respaldada por su éxito económico, contratos millonarios y gloria deportiva con la conquista de la primera Copa América en la historia de Chile. Se iniciaba una de las épocas más oscuras del fútbol nacional. Su caída destapó una caja de Pandora que expuso todas las malas prácticas con las que la administración Jadue actuó: préstamos millonarios a los clubes por sobre lo permitido, contratos exorbitantes y desventajosos para la ANFP.

Los contratos del ex entrenador de la selección chilena, Jorge Sampaoli, se transformaron en la arista más dolorosa para la hinchada y la ANFP, pues terminaron con su salida de “La Roja”. Llegaron a ser más de seis las modificaciones del vínculo laboral que beneficiaron al argentino. Entre ellas, un anexo de contrato para prestar servicios al Instituto Nacional del Fútbol (INAF) para revisar la malla curricular y realizar charlas. No existe informe que avale que el trabajo se haya realizado. Es más, el rector del INAF, Martín Mihovilovic, dijo a CIPER que sólo se trató de un informe oral. Hoy existe una querella interpuesta por la ANFP por este tema (ver reportaje de CIPER “Ultimátum de Justicia: La ANFP cuadra la caja o se querella por las platas ‘perdidas‘”).

Jorge Sampaoli, ex entrenador de la Selección Chilena.
Jorge Sampaoli, ex entrenador de la Selección Chilena.

Incluso, la ANFP debió rectificar declaraciones tributarias del entrenador por la fórmula de pago que se tenía establecía. En concreto, la mitad del sueldo que recibía el cuerpo técnico se pagaba como “derechos de imagen” a sus sociedades constituidas en Islas Vírgenes: Alta Lake Investing (Sampaoli), Greenboro Investors (Becaccece) y James Bay Investors (Desio). Una fórmula que los ayudó a evadir impuestos, pero que luego regularizaron con un contrato de trabajo y un pago rectificatorio al Servicio de Impuestos Internos (SII) (vea reportaje de CIPER “ANFP paga US$500 mil al SII por contrato con sociedad de Sampaoli creada en paraíso fiscal“).

Parte de las malas prácticas de la era Jadue fueron expuestas por un informe de la consultora Deloitte, cuyo resumen ejecutivo fue dado a conocer el 25 de mayo pasado, aunque el documento íntegro sólo será entregado al fiscal Carlos Gajardo, quien indaga eventuales delitos cometidos durante la gestión de Jadue en la ANFP. Deloitte detalló desórdenes contables en la corporación, dineros entregados al portador, millones de pesos sin rendir, tarjetas de crédito para uso personal de la familia de Jadue y servicios contratados con precios inflados, entre otras irregularidades. Un verdadero despilfarro de dinero que los llevó a contratar un avión privado durante el Mundial de Brasil, en el cual incluso se realizó un viaje con un solo pasajero: Nibaldo Jaque, entonces secretario general de la ANFP (vea reportaje de CIPER “El avión privado que arrendó Jadue y que le costó a la ANFP $138 millones”).

Pero antes de que se destaparan las irregularidades en Chile, el ex presidente de la ANFP cayó en las manos de la fiscal estadounidense Loretta Lynch, quien destapó la red de corrupción del fútbol internacional más grande desde el bullado caso de Joao Havelange. Su investigación tiene en vilo a quienes fueron las principales autoridades de la Conmebol por haber pactado pagos por unos US$100 millones en coimas a cambio de derechos televisivos y comerciales. Uno de ellos es Jadue, quien ante las evidencias llegó al acuerdo con la Fiscalía que lo tuvo en noviembre ante el juez Dearie.

Sergio Jadue estuvo involucrado en la negociación de los contratos realizados por la Conmebol. Así lo relató en el Consejo de Presidentes del 18 de diciembre de 2012 (ver acta), cuando presentó el contrato de la selección chilena con MegaSports, jactándose de su experiencia de negociación de contratos en el ámbito internacional:

Quiero señalar que yo presidí la comisión de negociación con FOX en la Conmebol para la venta de los derechos de la Copa Libertadores, contrato el cual terminaba el año 2018 y FOX hizo una oferta para subir 10 millones de dólares al año desde ahora hasta el 2022 solamente para crecimiento de cuatro años”, dijo el calerano (vea reportaje de CIPER “FOX: los nexos con la red de sobornos del fútbol de la principal interesada en el CDF”).

El 14 de junio Chile tiene agendado su último partido de la primera fase de la Copa América Centenario. Enfrentará a Panamá en Filadelfia. Tres días después, el 17 de junio, Sergio Jadue se presentará nuevamente frente al juez Dearie, en Nueva York, audiencia en la que es posible que escuche la sentencia por sus crímenes.

 

Graves irregularidades en la Caja de Compensación Los Héroes

Cuando Fernando Rojas pulsó el botón “enviar denuncia” en el computador que ocupaba como subgerente de Afiliación de Empresas de la Caja de Compensación Los Héroes, confió en la garantía de anonimato de la intranet de la institución, diseñada para aplicar el modelo de prevención del delito.

La acusación apuntaba directamente a su jefe, el gerente de Empresas y Trabajadores, Gonzalo Vial,a quien denunciaba por tener una “estrecha relación” con un proveedor involucrado en irregularidades. Pero en vez de iniciarse una investigación contra Vial, algunas semanas después, el  viernes 28 de agosto de 2015, éste despidió a Rojas. Gonzalo Vial desmiente el supuesto vínculo con el proveedor, asegura que nunca supo de la denuncia de Rojas y dice que su despido se debió exclusivamente a su bajo rendimiento.

los-heroes-2Sean cuales fueren las verdaderas razones de su despido, Rojas dejó puesta una bomba de tiempo antes de irse: se reunió con la gerenta de Personas de la Caja de Compensación Los Héroes, Sara Narbona, y le entregó detalles de su denuncia. Alarmada, Narbona empezó a recoger testimonios coincidentes de otros empleados e informó a sus superiores de la gravedad de las acusaciones. El 21 de septiembre, Narbona también era notificada de su despido.

Los dos ex ejecutivos –Fernando Rojas y Sara Narbona- recurrieron a la justicia laboral en noviembre, exigiendo una indemnización. Ambos llegaron a acuerdo con la caja y cada uno obtuvo $20 millones. Lo que podría haber sido una controversia laboral más, terminó abriendo una caja de Pandora que ya ha costado la cabeza a varios otros ejecutivos de Los Héroes. Porque los hechos denunciados por Rojas y Narbona motivaron que en enero la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) iniciara una investigación sobre el cúmulo de irregularidades denunciadas.

¿Qué escondían las acusaciones de Rojas y Narbona? La lista de irregularidades es larga y gira en torno a la relación de Los Héroes con los dirigentes sindicales de instituciones afiliadas y a los denominados “dealers”, empresas contratadas por la caja de compensación para externalizar la captación de créditos entre los trabajadores a cambio de una comisión. Las denuncias apuntan también a la relación que la caja tiene con los dirigentes sindicales de su mayor afiliado: Gendarmería de Chile.

La investigación de la Suseso tiene lugar en momentos en que el sistema de cajas de compensación vive una situación crítica, tras la intervención de la Caja de Compensación La Araucana, la que gatilló que se restringiera el acceso a los créditos bancarios. Las ganancias de Los Héroes han caído (ver gráfico) y Sara Narbona acusa que, pese a ello, la institución gastó en 2014 más de $3 mil millones en pagar comisiones a dealers, un monto similar a sus utilidades de ese año.

Las cajas de compensación son entidades sin fines de lucro que por ley deben destinar la totalidad de sus utilidades a entregar beneficios a sus afiliados. Todos los gastos que se realicen indebidamente son al final dineros que debieran ser destinados a sus afiliados en vez de terminar en bolsillos de terceros, como parece suceder en este caso. CIPER intentó tener una versión de la Caja Los Héroes, donde primero pidieron una semana para poder agendar una entrevista con el gerente general, Jorge Leyton, pero luego se arrepintieron argumentando que sólo contestarían un cuestionario por escrito. Debido a las delicadas denuncias sobre el manejo de los dineros, insistimos en la entrevista cara a cara. No tuvimos éxito.

DEALERS EXTERNOS

Uno de los focos de atención es el explosivo crecimiento de los pagos a una empresa conocida coloquialmente dentro de Los Héroes como Global, propiedad del ingeniero comercial Juan Esteban Calleja. El dealer con el que opera oficialmente se llama en realidad Consulting Management Limitada, donde las verdaderas dueñas son la madre y esposa de Calleja. En las memorias de Los Héroes, Consulting Management figura desde 2013 entre los 20 mayores proveedores de la caja, prestando un “servicio de preevaluaciones”. En su denuncia, Sara Narbona acusa que actualmente el 65% de las comisiones que se pagan a los dealers los recibe esa empresa, pero Gonzalo Vial asegura que sólo llegó a ser la segunda más grande, después de Contiggo.

El principal “cliente” de Consulting Management en afiliados para Los Héroes es Gendarmería. Un dato que resulta clave en la segunda acusación del ex subgerente de Afiliación de Empresas de Los Héroes, Fernando Rojas: la existencia de “pagos irregulares” a dirigentes sindicales de esa institución pública. Los pagos, dice un ex ejecutivo, se habrían hecho a través de Consulting Management, entidad a la que luego la caja reembolsaba.

En su demanda, Sara Narbona reproduce la entrevista que le hizo a Rojas al momento de su despido, quien le dijo que la afiliación de funcionarios de Gendarmería se habría hecho en base a coimas: “Todos sabemos que a Gendarmería se lo ganaron solo pagando a los dirigentes, no solo plata directa, sino también fiestas, alojamientos, hoteles lujosos (…) Todo financiado con el concepto de Plan de Beneficios, que se supone se debe disponer como beneficis para todos los afiliados de la CCAF Los Héroes”.

(Fuente: Memoria Los Héroes)
(Fuente: Memoria Los Héroes)

Estas denuncias son las que hoy preocupan y ocupan en la Suseso, donde se dice que las acusaciones son graves y, de confirmarse, podrían significar una sanción para la caja de compensación. La normativa contempla multas de hasta 15.000 UF.

Nuestra preocupación básicamente es la protección de lo que se denomina el fondo social, es decir los recursos que la caja administra para otorgar beneficios sociales (…) Regalos u otro tipo de incentivos están expresamente prohibidos por circulares nuestras emitidas ya en 2006 –dijo a CIPER el superintendente de Seguridad Social, Claudio Reyes.

La relación entre Los Héroes y Gendarmería comenzó a gestarse hace unos cinco años. Hasta entonces todos los funcionarios de la institución cotizaban en la Caja de Compensación Los Andes, pero cada región empezó a votar para decidir de manera independiente si se cambiaban a otra caja. Los ejecutivos de Los Héroes sabían que esa podía ser una mina de oro: con cerca de 15.000 funcionarios, conocidos por su altísima propensión a endeudarse, Gendarmería podía significar un punto de inflexión para la caja, que en 2011 había visto caer en 75% sus utilidades (ver gráfico “Ganancias”).

Es ahí donde entra en escena Consulting Management. La empresa, en conjunto con directivos de Los Héroes, comenzó un trabajo región por región para convencer a los trabajadores de cambiarse de caja de compensación y optar por Los Héroes. La campaña fue un éxito: en un par de años, las 15 regiones de Gendarmería estaban adscritas a esa caja. ¿Cómo lo lograron? Entre los testimonios que recogió la propia Sara Narbona, los empleados de Los Héroes mencionaron que había hechos “graves: pues se han ofrecido muchas cosas que no debemos ofrecer”.

Las irregularidades eran un secreto a voces dentro de Los Héroes. Como lo resume una de las denuncias que escuchó Sara Narbona: “lo que pasó en Gendarmería lo saben todos, pero nadie habla”. Los rumores tanto dentro de la caja como entre funcionarios de la institución pública mencionan millonarios obsequios a dirigentes de las regiones más cotizadas. Los altos montos no pudieron ser confirmados por CIPER, pero sí “regalos” y  pagos indebidos a funcionarios de Gendarmería.

Un gendarme reconoció a CIPER que recibió dinero de parte de una ejecutiva de Los Héroes a cambio de convencer a los funcionarios de su región de votar a favor de afiliarse a esa caja. La palabra clave de la oferta era “potenciarlo” como dirigente, entregándole herramientas para promoverse entre los afiliados a su asociación gremial. Así todos ganaban.

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Claudio Reyes

Tú me puedes apoyar y yo te puedo potenciar. ¿En qué te puedo ayudar?”, le dijo la ejecutiva al dirigente, que pidió reserva de su nombre. Relata que recibió $200 mil, los que utilizó en hacer un asado para los gendarmes, entre otras actividades de proselitismo gremial. La ejecutiva de Los Héroes sólo le pedía boletas para poder acreditar el gasto ante la caja, pero reconoce que él podría hacer entregando cualquier recibo y haberse quedado con el dinero para su bolsillo. Lo mismo con los regalos de vales para fines de semana en las cabañas que tiene Los Héroes para sus afiliados, que él podía usar como quisiera. Aunque el dirigente de Gendarmería asegura que los distribuía entre los asociados a su organización gremial.

No sabíamos cómo era el juego, o si no habríamos pedido más plata”, dice ahora el mismo dirigente respecto a los rumores de millonarios pagos en otras regiones. Su respuesta refleja el malestar que ha provocado entre los dirigentes y funcionarios de Gendarmería el rumor de que algunas organizaciones y dirigentes han recibido más beneficios que otros.

Un dirigente gremial de otra región que el anterior, afirma: “Es un tema muy tránsfuga para nosotros”, y apunta a Gonzalo Vial como responsable, porque descubrieron que a ellos les daban $30 mil por funcionario mientras que en otras regiones recibían hasta $80 mil. Reclamaron y consiguieron nivelar el monto. En Santiago, en cambio, el dirigente nacional de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (ANFUP), Óscar Benavides,  asegura que el reparto de los fondos es equitativo y se entrega para actividades recreativas.

Además, la entrega de financiamiento cuyos montos dependen de la captación de créditos es una práctica habitual, pero cuestionada por la Superintendencia de Seguridad Social:

-Un comportamiento aceptable es que esas prácticas no existan. Esta es plata que sale del Fondo Social como gastos de administración. Los créditos debieran otorgarse simplemente en base a los méritos del deudor, no de un gestor o intermediario. Y por cierto esto no tiene solo que ver con un tema de carácter ético, sino con la sustentabilidad de la industria. Porque esto lo que hace es incrementar el costo del crédito -explica el superintendente Reyes.

PRÁCTICAS CUESTIONADAS

A fines del año pasado, tras las denuncias de los subgerentes de Afiliación de Empresas, Fernando Rojas, y de Personas, Sara Narbona, se habría iniciado una investigación interna en Los Héroes. Por esa misma fecha fue despedido el gerente de Empresas y Trabajadores de la Caja de Compensación Los Héroes, Gonzalo Vial. Muchos creyeron ver allí el vínculo entre ambos hechos. Pero Vial aseguró a CIPER que nunca supo de las acusaciones que se habían hecho en su contra. Lo echaron –insiste- por ser el superior de una ex funcionaria que había cometido irregularidades de las que jerárquicamente era el responsable.

Lo que llama la atención es que, cuando describe las irregularidades descubiertas, nuevamente se trata de pagos a dirigentes sindicales, aunque esta vez no son de Gendarmería. De acuerdo a lo que supo Vial, una productora llamó para cobrar por un evento del cual no había registro en Los Héroes. Después esa misma productora confesó que los eventos no se realizaban, sino que una ejecutiva de Los Héroes le pedía que facturara el servicio y traspasara dineros a dirigentes sindicales.  Gonzalo Vial asegura que es el único caso irregular que conoce.

gendarmes-1Respecto al crecimiento explosivo de Consulting Management como proveedor de afiliados de Los Héroes, Vial asegura que la única explicación es que trataban de mantener a los equipos trabajando con las mismas instituciones, pues ya conocían la organización y la estructura de beneficios. Y sería así que Juan Esteban Calleja fue ganando regiones de Gendarmería como afiliados y su empresa creció hasta convertirse en la segunda más grande.

Quienes cuestionan las prácticas de los dealers y la relación de éstos con dirigentes gremiales de Gendarmería, apuntan, además de Vial, a la subgerenta Nacional de Empresas y Trabajadores de Los Héroes, Yanira Figueroa. Sus acusadores sostienen que Figueroa es la ejecutiva que manejaba los contactos cotidianos con Consulting Management, empresa donde incluso trabaja su padre. Yanina Figueroa es también quien interactúa con los dirigentes de Gendarmería, pues lideró el proceso de afiliación de la institución en distintas regiones, para lo cual se apoyó también en personal de Consulting Management.

Una de esas personas es una ex ejecutiva de Consulting Management, además de pareja y hermana de gendarme, quien luego denunció acoso laboral, haber sido despedida pese a estar embarazada y que no se le pagaron las comisiones prometidas por su trabajo con Los Héroes.  En su denuncia, la mujer hace ver que “yo no acepté ciertos acuerdos dentro de los procesos de mi trabajo reñidos por mis valores y mi ética”.

Según una ex ejecutiva de Consulting Management, durante el proceso de afiliación todas las energías estaban puestas en “fidelizar” a los funcionarios de Gendarmería, lo que incluía entregarles regalos a personas estratégicas –desde teléfonos a computadores–, además de agasajar a los dirigentes con cenas caras y otras actividades nocturnas.

Varias de las fuentes consultadas describieron como problemática la relación del equipo de Yanina Figueroa con los funcionarios de Gendarmería, pues se habrían cruzado varios límites profesionales. Quizás el caso más dramático lo vivió la misma Figueroa, quien protagonizó un episodio policial en febrero pasado en el balneario penquista El Pingueral, cuando un gendarme fue detenido por agredirla e intentar secuestrarla. El gendarme fue formalizado en el Juzgado de Garantía de Tomé y el caso está siendo investigado actualmente por la Fiscalía de la VIII Región.

GENDARMERÍA: LA “JOYA” DE LOS HÉROES

Según una presentación hecha por Los Héroes a inversionistas, el 24% de la cartera de créditos a trabajadores a marzo de 2015 estaba en manos de Gendarmería. La mayor colocación de la caja en una sola institución. Sin embargo, empleados de Los Héroes aseguran que en realidad la cifra es aún más alta y alcanza al 65%, mientras que Sara Narbona en su demanda dice que corresponde al 70%. El superintendente de Seguridad Social, Claudio Reyes, estima que el porcentaje es menor, pero de todos modos estaría sobre el máximo de 10% de concentración permitido en una institución: “En este caso nos parece que está siendo vulnerado”, dice.

gendarmes-2En enero pasado, un informe de la clasificadora de riesgo Feller-Rate también calculó un porcentaje que está sobre el límite, aunque en un rango menor: “Cabe destacar que parte importante del incremento de las colocaciones del segmento trabajadores corresponde al convenio alcanzado con la Dirección General de Gendarmería, que a septiembre de 2015 representa el 14,8% del total de la cartera. Si bien dicho porcentaje es elevado, el riesgo de concentración se compensa por la pertenencia de la entidad al Estado, caracterizado por una mayor estabilidad en el empleo”.

Las cajas de compensación deben enviar a la Suseso información de todos los créditos que otorgan, por lo tanto se investiga cómo se superó el límite sin que la autoridad reparara en ello:

-Se supone que la caja tiene una política de crédito, un comité de riesgo de crédito y tiene normas impartidas por la superintendencia para administrarlos. Y tiene que informar. Nosotros tenemos una central de riesgos que concentra digitalmente los saldos de las colocaciones y a través de esos indicadores podemos percibir si eso (la superación del límite) está ocurriendo. Por lo tanto, si ocurre, puede darse lugar a un proceso sancionatorio -explica el superintendente Reyes.

Si bien Los Héroes informó a fines del año pasado del litigio con Narbona y la Superintendencia de Seguridad Social sabe que ha habido más despidos, resta aún por certificar las causales. Y lo más importante, el grado de conocimiento que tenían los directivos de la caja sobre los hechos denunciados.

distribucion-gendarmes-losheroesClaudio Reyes explica que el foco de investigación está en las prácticas comerciales, que también pueden ser objeto de un proceso sancionatorio. Además de combatir aquellas prácticas que la normativa prohíbe, como ofrecer regalos, incentivos indebidos o pagos a cambio de afiliados, el superintendente anuncia cambios para poner límites más estrictos: “Nos preocupa que nos ajustemos a ciertas normas de carácter ético y de respeto también desde el punto de vista de consumidores”.

Actualmente las cajas de compensación viven un momento particularmente complejo. Tras el colapso e intervención de la Caja La Araucana el año pasado, en la Superintendencia de Seguridad Social creen necesario que todas las instituciones ajusten sus operaciones. A juicio de Claudio Reyes, el escenario actual obliga a estas empresas a revisar sus estructuras de costos, y allí algunos servicios, como los pagos de comisiones a dialers, pueden no ser sostenibles.

La afirmación de Claudio Reyes da asidero a la acusación que hace Sara Narbona: Los Héroes gastó en 2014 más de $3 mil millones en comisiones para dealers, un monto similar a las utilidades obtenidas por esa caja ese año.

La reformulación de la forma en que operan las cajas de compensación debiera alcanzar también a las prácticas que se han cuestionado en Los Héroes y en costumbres que están arraigadas en las relaciones que establecen con los sindicatos. “Eso también tiene que ver con una cultura de los propios sindicatos, que encontraron en las cajas y otras instituciones similares una fuente de financiamiento de sus propias actividades. Esto también va a tener que ir desapareciendo en el tiempo, no hay recursos para aquello”, concluye Reyes.

EL HISTORIAL DE LOS HÉROES

En marzo de 2012, el programa Esto no tiene nombre de TVN transmitió un episodio que denunció graves irregularidades en la Caja de Compensación Los Héroes: prácticas abusivas para conseguir que los jubilados que iban a cobrar sus pensiones suscribieran créditos en esa institución. El escándalo fue tal que Cajas de Chile, asociación gremial de la industria, expulsó a Los Héroes por estimar que había vulnerado el espíritu de las cajas de compensación: trabajar por el bien social.

La práctica abusiva era mayor dado que la Caja de Compensación Los Héroes se adjudicó en 2010 la licitación para que los jubilados cobraran en sus sucursales las pensiones del Instituto de Previsión Social (IPS, ex INP). Según un ex ejecutivo de Los Héroes, el contrato se veía como un gran negocio que traería nuevos clientes para sus créditos, pero el resultado fue menos exitoso de lo esperado. Porque las grandes inversiones que debieron ejecutar para aumentar su cobertura de cajas de pago, se vieron mermadas una vez que la superintendencia descubrió que se estaban aprovechando de los jubilados que iban a cobrar sus pensiones para ofrecerles créditos. Fue entones que la Suceso cambió la normativa y prohibió que se diera un préstamo el mismo día que la persona cobraba su jubilación.

Cuando el equipo de TVN descubrió que la norma no se cumplía, la Superintendencia de Seguridad Social le cursó dos multas a Los Héroes: por externalizar la evaluación y aprobación de los créditos (300 UF) y por la afiliación de pensionados que iban a cobrar su pensión (499 UF).

Ese mismo año (2012), la Caja de Compensación Los Héroes experimentó una caída de sus colocaciones entre un 30% y 50%, lo que afectó duramente sus resultados. Los directivos de Los Héroes culparon a los cambios regulatorios. Pero lo cierto es que las utilidades de Los Héroes se habían desplomado ya el año anterior, cayendo de $24,4 mil millones a $6,4 mil millones. En 2012 la caja tocó fondo al obtener $1,2 mil millones de utilidades.  Luego de una leve alza en 2013 y 2014, en 2015 volvieron a caer a los $1,5 mil millones.

El contrato que enfrenta a los funcionarios del CDE con su presidente

Hice una pelotudez superlativa”, reconoce el presidente del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Juan Ignacio Piña, cuando se le pregunta por la carta que el 17 de marzo pasado envió a los 549 funcionarios de la institución. La misiva llevaba el sello del CDE y el de la empresa Inmune, contratada para buscar formas de reducir el ausentismo laboral. El texto generó alarma entre los funcionarios por dos razones: lo leyeron como una amenaza y pronto descubrieron que Piña había estado vinculado a la propiedad de Inmune.

Piña debió convocar a todos los funcionarios al primer piso del edificio de calle Agustinas para intentar calmar los ánimos, explicándoles que la iniciativa no buscaba perseguirlos y que el proyecto con Inmune se congelaría mientras trabajaban en buscar un acuerdo con las asociaciones gremiales. Y aunque los funcionarios fueron receptivos a las explicaciones, el tema no está cerrado. “Seguimos en estado de alerta”, dice el abogado Estanislao Dufey, secretario de la Asociación Nacional de Funcionarios del CDE.

Jorge Nazer
Jorge Nazer

Lo que más les preocupa es el riesgo de que se haya entregado información personal de los funcionarios a Inmune, que según su página web se dedica a “promover el buen uso de las licencias médicas y ayudar a reducir el fraude en el sistema de salud”. El mismo sitio tiene un su portada un formulario para denunciar anónimamente el uso de licencias fraudulentas y la empresa es conocida por representar judicialmente a las isapres para perseguir a los médicos acusados de emitir permisos cuestionados.

La polémica carta que Piña envió a los funcionarios parecía ir en esa línea, destacando que en el último año el 6,78% de las licencias en el CDE habían sido otorgadas por doctores que han sido denunciados por la Superintendencia de Seguridad Social, “lo que probablemente por desconocimiento de nuestros funcionarios, puede levantar suspicacias injustificadas sobre sus licencias médicas (ver carta). En palabras de un abogado del CDE, parecía estarse imputando delitos a los funcionarios de una institución repleta de penalistas. Para la presidenta de la Asociación Nacional de Abogados del CDE, Luppy Aguirre, la carta parecía una “velada amenaza de que tenían identificados a los funcionarios”.

Ese mensaje es justamente el que el Grupo Alto, holding del que es parte Inmune, mandaba a sus hogares a quienes creían haber identificado como autores de robo hormiga de los supermercados. Alto fue creado en 2003 por el abogado Jorge Nazer, junto a su amigo Juan Ignacio Piña, hoy presidente del CDE. Es por eso que Piña, quien dice haber vendido sus acciones de Alto en 2013, se inhabilitó al momento de suscribir el contrato con Inmune, que fue firmado por la consejera Clara Szczaranski. Eso tranquilizó a los funcionarios, quienes revisaron la licitación realizada a través de Chile Compra y confirmaron que Piña no había participado en el proceso (ver contrato).

Inmune fue creada en diciembre de 2007 por Asesorías e Inversiones Puerto Varas S.A., propiedad de Nazer, y Alto S.A., donde participaba también Piña. Tuvo varios nombres: nació como Servicios Alto Tecnología Limitada, luego pasó a Alto Control Salud Limitada y finalmente en 2014 fue rebautizada como Servicios y Asesorías Inmune Limitada.

Nazer es actualmente el presidente del Grupo Alto y sigue siendo socio de Piña en Inmobiliaria e Inversiones Alto, empresa que según el presidente del CDE no está ligada de ninguna forma a la estructura del grupo y se dedica sólo al negocio inmobiliario. Arrienda oficinas en el edificio ubicado en Miraflores 130. En 2012, por ejemplo, Piña y Nazer firmaron un contrato de alquiler con la Superintendencia de Servicios Sanitarios por todo el piso 10. Entre los pisos 11 y 13 funciona el Grupo Alto.

EL MIEDO A INMUNE

El precedente que preocupa a los funcionarios del CDE es la consultoría que en 2015 Inmune realizó al Poder Judicial. El resultado del estudio fue publicado en enero El Mercurio, que destacó que el 5,94% de las licencias había sido emitida por “médicos fraudulentos”. Según informó en febrero Radio Biobío, a partir del informe de Inmune una funcionaria del Poder Judicial fue suspendida y cuatro médicos fueron sancionados.

En la nota de El Mercurio aparecía entrevistado el presidente de la Asociación de Isapres, Rafael Caviedes, quien utilizaba la información de Inmune para defender las alzas de las isapres y la inconsistencia del Poder Judicial, que acoge los recursos que anulan esas alzas: “Este trabajo refleja las inconsistencias de los fallos de los jueces. Se incrementa el uso de licencias médicas en el propio Poder Judicial, pero no reconocen los aumentos de costos en licencias médicas que justifican las alzas de precio de los planes“.

Los funcionarios del CDE critican que los resultados de esa consultoría se haya “filtrado” a la prensa y creen que las declaraciones de Caviedes dan cuenta del mal uso que las isapres pueden hacer de esa información, si es que Inmune se las da a conocer. La empresa ha representado legalmente al menos a Banmédica y Colmena en las querellas contra médicos sancionados por la Superintendencia de Salud.

logos-alto-inmuneEl abogado Estanislao Dufey critica la motivación del contrato, que a su juicio parte de la desconfianza hacia los funcionarios, asumiendo que están usando licencias “truchas” y que se necesita una empresa externa que ayude a controlar. Duda, además, de los resultados que ha mostrado hasta ahora Inmune, y ejemplifica con dos unidades del CDE que aparecían con un excesivo número de licencias, sin reparar en que había dos personas con cáncer, una de las cuales murió esta semana. La Asociación de Funcionarios está preparando su propio informe técnico, que pone el acento en que el ausentismo es provocado por un trabajo altamente estresante.

Piña coincide con ese diagnóstico y explica que en los últimos años en el consejo ha aumentado la carga laboral, sin que haya sido posible ampliar la planta. Es por eso que busca convencer a los funcionarios de que es necesario tener un diagnóstico preciso del problema, para persuadir al Ministerio de Hacienda de que la gente se está enfermando y se necesitan más recursos para hacer crecer la dotación.

El presidente del CDE explica que la necesidad de hacer un estudio nació después de que Hacienda les comunicara que eran el tercer servicio con peor recuperación de licencias médicas a las isapres y tras constatar que entre 2014 y 2015 el ausentismo laboral había aumentado en un 23%. La licitación que ganó Inmune, indica Piña, se enmarca en un proyecto de modernización institucional, con fuerte énfasis en recursos humanos, financiada por el BID.

A la licitación, hecha a través de Mercado Público, se presentaron cuatro empresas. Inmune tuvo el puntaje más alto y su oferta era igual al máximo del presupuesto permitido: $18 millones. Ya se canceló el 80% ($14,4 millones) pues, según dicen en el CDE, se cumplieron las dos primeras etapas del contrato: un informe de diagnóstico de ausentismo en la institución y estrategias de gestión y de intervención, y de comunicación. Es en el contexto de esta segunda etapa comunicacional que se envió la polémica carta. La última fase, que está congelada por las conversaciones con los gremios, debiera consistir en capacitaciones, charlas y talleres.

Piña reconoce que las inquietudes de los funcionarios son “razonables”, pero cree que es necesario seguir trabajando para disminuir el ausentismo: “Lo más fácil sería rescindir el contrato, dejar de hacer ruido, no hay ningún problema. Pero yo estoy aquí para hacer la pega. Las dos asociaciones entendieron que es un problema del que tenemos que hacernos cargo”.

-El kick off (la partida) fue fatal y ahora lo que tengo que hacer cada dos minutos es tratar de recomponer eso. Estoy dedicado en este minuto a devolverle la tranquilidad a la gente respecto a la información que se entrega, de los doctores que entregan las licencias, etc. Aquí el partido que estamos jugando es otro. Es súper forme que se me haya ensuciado el partido por un puntapié inicial absolutamente fatal. Pero qué voy a hacer, ahora tengo que hacerme cargo nomás, y tengo que arreglar el asunto-, concluye Piña.