Urgencia máxima para nueva Ley de Pesca: solo limita a 20 años licencias perpetuas

Pese a su origen espurio y al compromiso de campaña del Presidente Sebastián Piñera, la Ley de Pesca no será modificada sustancialmente. El gobierno analiza tan solo reducir a 20 años las concesiones pesqueras que fueron entregadas a perpetuidad en 2012 a siete grupos económicos. A ello agregará modificaciones que buscan satisfacer algunas demandas de los pescadores artesanales y de otros grupos relacionados al rubro.

Personas que han participado en este ahora veloz proceso de modificación de la ley, dijeron a CIPER que la idea es avanzar en dos carriles, pero a dos velocidades distintas. Una vía rápida para enfrentar el problema “más grave” de la ley: acortar los plazos de las concesiones;  y, otra, más pausada, para resolver las peticiones de ordenamiento del sector. Ello le permitiría al gobierno poder negociar los cambios en el Congreso, para asegurar los votos que no tiene.

El punto de partida del gobierno es que, a pesar de la contundente evidencia judicial de que la industria pesquera cometió cohecho al pagarle a parlamentarios y otros protagonistas del sector, para aprobar esta ley de acuerdo a sus intereses, no se hará una modificación completa de los acápites de la ley que están impugnados.

Es cierto, el ordenamiento institucional chileno no da posibilidad de anular o derogar la llamada “Ley Longueira”. Y ello, no solo porque declarar la nulidad de una ley no lo contempla la Constitución. Lo más importante -y es lo que hoy prima entre las autoridades- es que modificar de raíz los artículos cuestionados por haber sido aprobados bajo cohecho, sería interpretado por la industria pesquera como una “expropiación”, lo que activaría demandas por indemnizaciones millonarias.

Para las grandes pesqueras, el derecho a pescar indefinidamente en el mar chileno, otorgado por la “Ley Longueira”, les pertenece. Y como desde que se abrieron los juicios por cohecho están conscientes de que existía el riesgo de que ese beneficio sea cuestionado, le han puesto alto precio a ese “derecho adquirido por ley”. Solo Camanchaca, la pesquera del Grupo Fernández, valorizó sus licencias en US$38,5 millones.

A pesar de que en el gobierno todavía hay quienes consideran que, no obstante los pagos ilícitos a algunos parlamentarios, la norma es positiva; el gobierno aún no descarta contratar una nueva evaluación independiente sobre la ley. Ese estudio debería dilucidar los impactos producidos desde su promulgación hasta ahora.

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José Ramón Valente, ministro de Economía

En marzo, en entrevista con CNN Chile (ver entrevista) el ministro de Economía, José Ramón Valente, indicó: “Es probable que nosotros pidamos otro informe a otro organismo internacional para tener más antecedentes y así entregarle a los chilenos algo contundente, que tenga acuerdo transversal y que sea un acuerdo de una vez y para siempre”.

En 2016, después del escándalo por las evidencias de los pagos de las pesqueras a parlamentarios durante la tramitación de la Ley de Pesca, el gobierno de Michelle Bachelet encargó a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) un análisis integral de la ley. Pero éste no se pronunció sobre el origen de la norma, ni el mecanismo de licitaciones, accesos a las pesquerías o determinación de cuotas, que son los temas más cuestionados de la normativa.

El Congreso, que lleva apenas un mes de funcionamiento tras el receso veraniego, ya tramita dos iniciativas que buscan modificar la Ley de Pesca. La primera, fue ingresada el 13 de marzo por el senador Manuel José Ossandón (RN), el dirigente de la coalición oficialista que le arrancó a Piñera la promesa de cambiar la norma. La segunda, una moción parlamentaria que el miércoles 14 de abril puso en primer lugar de la tabla el jefe de la bancada de senadores del Partido Socialista y presidente de la Comisión de Pesca del Senado, Rabindranath Quinteros. La moción fue elaborada también por las senadoras Adriana Muñoz (PPD) y Carolina Goic (DC).

Posiblemente, estos veloces movimientos en el Congreso provocaron que el mismo miércoles 14 de abril, la vocera de gobierno, Cecilia Pérez, debiera anunciar en La Moneda que el Ejecutivo enviará cuatro proyectos de ley prioritarios al parlamento, entre los que figura la reforma a la Ley de Pesca. Sin precisar en qué fecha será presentada la iniciativa, la ministra solo agregó que será en un “plazo breve”.

El mismo suspenso le imprimió una semana antes el subsecretario de Pesca, Eduardo Riquelme, cuando fue interpelado por los seis senadores de la comisión respectiva: “Sucederá antes de lo esperado”. La velocidad que le imprimió ahora el gobierno a esta modificación legal, rompió con el suspenso: Riquelme anunció en La Tercera que será en los próximos 45 días.

EL PROBLEMA DE LOS 20 AÑOS

-Estoy seguro que con estos cambios podremos corregir inmediatamente los enormes defectos que tiene esta ley – dijo el senador Manuel José Ossandón a CIPER, quien presentó su proyecto el 13 de marzo.

En 2017, apenas terminadas las primarias de la derecha, en las que Manuel José Ossandón fue derrotado, una de las condiciones que puso para sumarse a la campaña de Sebastián Piñera en la segunda vuelta, fue que se incluyera en el programa presidencial la modificación a la Ley de Pesca.

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Senador Manuel José Ossandón

“Sebastián Piñera se comprometió con una nueva Ley de Pesca, reconociendo que tiene que hacerse de nuevo. Para mí esa ley es corrupta, mal hecha. Derogarse no se puede, pero habría que enviar un nuevo proyecto de ley o modificarla profundamente”, enfatizó el senador tras la reunión en la que consiguió  la promesa del “cambio profundo”.

Ya antes de asumir este gobierno, el 28 de febrero, el ex alcalde de Puente Alto se reunió con el subsecretario de Pesca, Eduardo Riquelme, para informarle que su iniciativa ponía fin a las licencias renovables, estableciendo un nuevo llamado a licitaciones después de cumplidos los primeros 20 años adjudicados. Por esa misma fecha, Ossandón le informó también al ministro de la secretaría General de la Presidencia, Gonzalo Blumel, lo que se venía.

En su primera reunión con los integrantes de la Comisión de Pesca del Senado, el subsecretario Riquelme le adelantó a Rabindranath Quinteros (PS), Adriana Muñoz (PPD), Ximena Rincón (DC), Kenneth Pugh (RN) y Carmen Gloria Aravena (Evópoli), que el gobierno cumplirá de “todos modos” con el compromiso de campaña del Presidente Piñera de modificar la Ley de Pesca. Lo que acotó a reglón seguido aumentó la preocupación de lo que se hará con esta ley espuria: les advirtió que no habrá borrón y cuenta nueva.

La fórmula que baraja el gobierno se acerca al proyecto que ya presentaron tanto el senador Manuel José Ossandón como los senadores Quinteros, Muñoz y Goic. También a la que en 2010 planteó el primer ministro de Economía del anterior gobierno de Piñera, Juan Andrés Fontaine (actual ministro de Obras Públicas).

Pero hay un nudo que podría anunciar el conflicto que se avecina. Y esa discusión se dará en torno a un acápite propuesto en el proyecto de los senadores Quinteros, Muñoz y Goic:

-El origen espurio que tuvo esta ley es algo reconocido por todo el mundo y debe ser zanjado. Pero antes de sentarse a conversar, hay que definir la propiedad de los peces –afirmó el senador Quinteros a CIPER.

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Gonzalo Blumel, ministro de la Segpres

Las versiones recogidas por CIPER indican que la idea del gobierno es llegar al Congreso en las próximas semanas con una reforma que pueda ser analizada “por partes”. Esta estrategia es parecida a la que usó Bachelet para conseguir la aprobación de algunos proyectos en el Congreso, sobre todo cuando los apoyos se vislumbraban tan esquivos como se estima que será esta tramitación. El oficialismo no tiene mayoría y, además, se enfrenta a un Poder Legislativo renovado y que no controla.

Ese diseño permitiría avanzar rápidamente en los puntos donde hay mayores acuerdos y negociar los artículos o capítulos más complejos. En ese contexto, el gobierno buscaría primero despejar el punto más conflictivo de la ley impugnada: la renovación automática de las licencias de pesca cada 20 años.

Sobre este punto, hay una convicción ya adoptada en el Ministerio de Economía, y en ello coinciden todas las personas consultadas por CIPER. Y ella sería que la vía más “razonable” para modificar la Ley de Pesca es terminar con la renovación automática y cambiarla por la oferta de que las empresas del rubro participen en una nueva subasta abierta y competitiva al año siguiente de que expiren las dos décadas iniciales que consagró la “Ley Longueira”.

Ello implica mantener los primeros 20 años ya entregados a las grandes pesqueras o las “siete familias”: Angelini, Lecaros, Yaconi –Santa Cruz, Sarquis, Stengel, Fernández e Izquierdo.

Así, si estos cambios se aprobaran en 2018, las grandes pesqueras podrán seguir usufrutuando de ese cupo o “derecho” hasta 2033 (las licencias fueron entregadas en 2013) y estarían obligadas a competir por otra licencia recién en 2034. Siempre y cuando a esa fecha todavía queden suficientes recursos pesqueros.

En los sondeos que ha hecho el gobierno en el Congreso, con una activa participación del ministro de la Segpres, Gonzalo Blumel, esta opción es la menos resistida por la oposición. En la ex Nueva Mayoría, varios parlamentarios coinciden con el gobierno en que esta vía evitaría abrir un flanco mayor con las grandes pesqueras, que ya han dejado en claro que cambiar las reglas del juego no será gratis.

Acorde con lo que se plasmará en el proyecto, el gobierno ya les ha transmitido a los empresarios –aunque por vía informal- que la modificación a la Ley de Pesca buscará que “las licencias no sean para siempre”. Así lo reconocieron a CIPER representantes de esos gremios industriales.

EVITAR LAS INDEMNIZACIONES

Dada la convicción del gobierno de la forma en que enfrentarán el problema de fondo de la “Ley Longueira” (poniéndole fin a las licencias indefinidas), las conversaciones con las empresas pesqueras buscan evitar que la promesa de Piñera se convierta en un problema de Estado. Una nueva ley que podría provocar pagar grandes sumas de dinero a los industriales que se sientan “expropiados”.

Si ya la “Ley Longueira” es impresentable, estos nuevos pagos a la industria pesquera serían vistos simplemente como otro gran regalo para las “siete familias”.

ANGELINI CORPESCA
Roberto Angelini, presidente de Corpesca

En 2016, la administración Bachelet también intentó modificar el régimen de licencias otorgadas a las grandes pesqueras y se encontró con análisis legales que alertaban sobre la alta probabilidad de demandas contra el Estado e indemnizaciones millonarias. También se analizó invocar causales de caducidad ambiental y pesquera, pero la forma en que ello quedó plasmado en la redacción de la ley, solo aplicaría para la suspensión temporal de una licencia, pero no para su término.

Fue por eso que a fines de ese año, el entonces ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, sostuvo con  tanta vehemencia que una eventual anulación de la ley de Pesca sería  “inconstitucional”.

El senador Quinteros reconoce que “los 20 años” es el principal problema que hoy enfrenta la modificación de la ley vigente. La única salida posible –afirmó a CIPER- sería incorporar en la reforma un primer párrafo que establezca que los recursos del mar son del Estado y de todos los chilenos. Ello permitiría al Estado poder invocar una expropiación por causa de utilidad pública o de interés social o nacional.

En la tramitación de 2012, este artículo fue rechazado por la sala de la Cámara de Diputados y también por la del Senado.

La ley vigente considera que las licencias, además de divisibles, transferibles y  transmisibles, son susceptibles de todo tipo de negocio jurídico: son un bien que como cualquier otro tiene valor económico.

Por ejemplo, Camanchaca, la pesquera ligada a los empresarios Jorge Fernández y Francisco Cifuentes, estableció en su Memoria de 2017 que el valor de las licencias de pesca que recibió del Estado alcanza a US$38,5 millones. Eso, a valor libro, pero si las llegase a ofertar en el mercado, su precio podría multiplicarse varias veces, sostienen agentes de la industria. Por lo mismo, en ese documento, la pesquera indica que actualmente los posibles cambios a la ley de 2013 que se discuten, “podrían perjudicar los intereses pesqueros de la compañía”.

Actualmente, el Ministerio Público investiga la participación de la mayor pesquera de Chile, Corpesca, controlada por el Grupo Angelini, y de la Asociación de Industriales Pesqueros de la Región del Bio Bio (Asipes), por el pago ilícito a políticos entre 2009 y 2013 (durante la tramitación de la Ley de Pesca).

Jaime Orpis
Jaime Orpis

El 5 de marzo el Ministerio Público presentó cargos en contra de siete personas, entre ellas, el entonces gerente general de Corpesca, Francisco Mujica. De hecho,la propia Corpesca, como persona jurídica, está acusada de cohecho ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago. La Fiscalía pidió el pago de una multa de 20.000 UTM (US$1,6 millones aproximadamente) por incumplimientos a la Ley N°20.393, sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas.

A pesar de ello, el 9 de abril, en su carta a los accionistas, el presidente de Corpesca, Roberto Angelini, desestimó la investigación judicial diciendo que “la empresa como tal es totalmente ajena”.

Los dichos de Angelini son respaldados por los industriales del sector, quienes acusan que la reforma a la Ley de Pesca solo tiene una motivación política. Tras participar en las reuniones con el actual subsecretario de Pesca, a mediados de marzo, la nueva presidenta de Asipes, Macarena Cepeda, dijo a los medios que “estamos abiertos a trabajar por la perfección de la ley, creemos que es perfectible, pero antes de trabajar cambios específicos, el Estado debe hacerse cargo de los reales problemas (…), que tienen que ver con la pesca ilegal, con la sustentabilidad de los recursos, la precariedad laboral en el sector artesanal, con mantener certeza y estabilidad jurídica y la mejora en la investigación”.

Todas estas declaraciones hacen caso omiso de lo que ya ha establecido la investigación del Ministerio Público. Uno de los puntos fuertes de esa causa son los 21 años de presidio efectivo que la Fiscalía pidió para el ex senador, Jaime Orpis (UDI), al que se le acusa de cohecho, delitos tributarios y fraude al Fisco. Es la condena más alta que se ha pedido para un político chileno por corrupción en las últimas décadas.

La Fiscalía acusa a Orpis de favorecer a Corpesca mientras era senador tras recibir pagos de la compañía por $233 millones mientras se tramitaba la Ley de Pesca. El ex ministro de Economía, Pablo Longueira, también ha sido investigado por los aportes financieros ilícitos de las pesqueras.

Eduardo Riquelme, subsecretario de Pesca
Eduardo Riquelme, subsecretario de Pesca

A pesar de las declaraciones públicas, en el ámbito interno la industria pesquera ha acusado el golpe del cohecho que impregna la “Ley Longueira”. Poco después de que se iniciara la investigación judicial, Corpesca despidió a su gerente general, Francisco Mujica, y Asipes sacó a su dirigente máximo: Luis Felipe Moncada. Y hay más, porque el año pasado esta misma asociación gremial –cuyas operaciones están en Talcahuano, Coronel, Lota y Tomé- estableció una serie de normas internas para evitar nuevos casos de cohecho.

La investigación del Ministerio Público se inició en junio de 2013, luego de que CIPER revelara que un asesor de la entonces diputada Marta Isasi había entregado boletas falsas a Corpesca. Un financiamiento ilícito que fue ratificado por el gerente Francisco Mujica a CIPER (ver reportaje). Después, aparecerían los pagos ilícitos al senador Orpis (integraba la Comisión de Pesca del Senado) y los polémicos correos del presidente de Asipes, Luis Felipe Moncada, a Jacqueline Van Rysselberghe (presidenta de la UDI, ver aquí reportaje). Otra investigación de CIPER provocó la destitución del subsecretario de Pesca del gobierno de Bachelet, Raúl Súnico (ver reportaje), quien también recibía pagos ilícitos de Asipes.

MONEDA DE CAMBIO

Ante la posibilidad de que cualquier cambio a la Ley de Pesca que limite o reduzca los derechos de las pesqueras sea visto como una “expropiación”, el gobierno analiza ofrecer alternativas, como aumentar las licitaciones a la par que introducir algunas demandas sectoriales y científicas. Este paquete de modificaciones sería la moneda de cambio.

Y para ello, el análisis que en 2016 hizo la FAO por petición del gobierno de Bachelet, se ha convertido en material de consulta permanente. La entidad dependiente de la ONU sugirió, entre varias correcciones, que se eleven las multas y sanciones y que el Estado pueda suspender licencias o cuotas para resguardar la sostenibilidad medioambiental, económica y social del sector. También, que se fortalezca el rol fiscalizador del Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca) y una muy antigua demanda de los trabajadores pesqueros: calificar la actividad como de “alto riesgo”.

Aunque hasta la fecha no se ha hablado de incluir alguna modificación tributaria al sector, por tratarse de una iniciativa exclusiva del Ejecutivo, los parlamentarios han comenzado a proponer informalmente un aumento de los impuestos. Datos preliminares de Subpesca, indican que en 2017 el sector entregó al Estado $20.597,5 millones (unos US$33,7 millones) en impuestos por patentes y royalty.

Directora de la FAO para América Latina y el Caribe, Eve Crowley, y ex Presidenta Michelle Bachelet
Directora de la FAO para América Latina y el Caribe, Eve Crowley, y ex Presidenta Michelle Bachelet

Un artículo de Pulso del 21 de marzo informó que desde la entrada en vigencia de la ley, en 2013, el sector ha aportado a las arcas fiscales US$147,8 millones: US$69 millones por patentes y US$78,6 por royalty.

En su memoria anual 2017, Corpesca informó que el pago por impuestos específicos y patentes, que son independientes de la pesca efectiva, ascendió a US$7,3 millones, totalizando en el trienio 2015-2017 la suma de US$16,7 millones.

Según pudo conocer CIPER, entre los cambios que el Ejecutivo está dispuesto a ofrecer para hacer avanzar su reforma, figuran modificar Sernapesca, el Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) y el Fondo de Investigación Pesquera y de Acuicultura (FIPA), además de introducir nuevas herramientas para el control de la pesca ilegal, un tema de preocupación transversal en el sector.

El presidente de la Federación Nacional de Sindicatos de Pescadores Artesanales (Fenaspar), Hernán Cortés, adelantó a CIPER que su organización buscará que la reforma considere aumentar las cuotas para este sector, incorporar más científicos a los comités técnicos que definen la oferta del recurso, generar planes de manejo y hacerse cargo de las pesquerías en estado de colapso y sobreexplotación.

En esa misma línea, la senadora Carmen Gloria Aravena pretende conseguir que el gobierno incorpore en la reforma legal el fortalecimiento de los derechos de pesca artesanales, planes de desarrollo territorial para el borde costero y segmentar al sector por ventas. Desde el sector de las PYMES, el gerente de la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios Pesqueros, Alfredo Irarrázaval, planteará que la reforma le dé viabilidad a los emprendimientos basados en el desarrollo de productos de valor agregado para el consumo humano.

Neoliberalismo, crecimiento y equidad: los últimos 44 años de la economía chilena, según Ricardo Ffrench-Davis

Desaceleración, herencias y reformas estructurales, 2013-17*

Durante 2013 concluyó el ciclo iniciado en 2008 y dio comienzo a uno nuevo que está en pleno desarrollo al cierre de esta edición. Cuando empezaron en 2013 los shocks externos negativos a causa de la disminución de los precios de los productos básicos (commodities), la economía chilena se había acostumbrado a ingresos de exportación excepcionalmente elevados y el tipo de cambio estaba evidentemente sobre revaluado (precio del dólar muy bajo), mientras que las cuentas fiscales dependían de precios insosteniblemente elevados del cobre.

En este capítulo, la sección 1 empieza con un análisis de la situación en 2013, cuando se inició la desaceleración de la actividad económica. Se examinan vulnerabilidades generadas en los años previos y sus vínculos con la evolución de la desaceleración en 2014-17. La sección 2 expone, primero, un panorama general de las políticas económicas desde 2014 y sus resultados, y la interrelación entre las vulnerabilidades heredadas y la continuidad o el agravamiento de ellas; seguido por la situación vigente a fines de 2017 y las condiciones para retomar el crecimiento y hacerlo incluyente. En la sección 3 se abordan dos tópicos: la reforma tributaria de 2014 y el estancamiento de las exportaciones y su vínculo con la política cambiaria. La sección 4 concluye.

1. El nuevo ciclo económico que se inició en 2013

Hacia 2013, la economía chilena enfrentaba una combinación significativa de factores positivos y negativos. Por el lado positivo, el gobierno contaba con activos líquidos, equivalentes a 11 por ciento del PIB, que podía utilizar en caso que fuera necesario poner en marcha una política fiscal contracíclica. La tasa de interés que enfrentaba en los mercados financieros internacionales era muy baja (con un EMBI de 154 puntos básicos). El Banco Central contaba con reservas internacionales netas equivalentes a 15 por ciento del PIB. El sistema bancario, a pesar del rápido aumento de créditos otorgados en los años recientes, parecía encontrarse en una situación sólida.[1] La formación bruta de capital se había recuperado tras el shock de 2008-09 y era relativamente elevada. Chile presentaba el mayor PIB per cápita (a paridad de poder de compra) de la región, superando el promedio regional por más de 50 por ciento, a partir de un nivel que, a fines de la dictadura en 1989, se encontraba por debajo del promedio de América Latina.

Todas estas características positivas subyacían la buena fama que gozaba en ese momento la economía chilena; sin embargo, en 2013 existían una serie de vulnerabilidades que se habían ido acumulando en los años precedentes. Aquí examinamos cinco variables que indican que, si no se llevaba a cabo una implementación rápida de un programa contracíclico y estructural vigoroso, después de 2013 era probable que se produjese un reajuste recesivo espontáneo y una lenta creación de nueva capacidad productiva. Hemos expuesto el modo en que la economía chilena había contraído su tasa de crecimiento desde el 7,1 por ciento anual en 1990-98, a un 3,9 por ciento en 1999-2013.

En primer lugar, la responsabilidad fiscal se había relajado, como lo mostraba el desequilibrio entre los ingresos permanentes y los gastos permanentes. De hecho, desde 2009 Chile había exhibido un déficit fiscal estructural, incluyendo los cuatro años del gobierno del presidente Piñera. Si se deseaba lograr el objetivo —compartido según declaraciones de las actuales y anteriores autoridades— de contar con un presupuesto fiscal estructural equilibrado, el precio tendencial del cobre habría tenido que seguir siendo notablemente elevado y el crecimiento del gasto tendría que haber disminuido y/o debería haberse implementado una reforma tributaria para incrementar los ingresos. Es revelador que el fisco hubiese perdido la excepcional característica de haber sido acreedor neto por varios años y que en 2012 pasara a ser deudor neto, a pesar de que aún se beneficiaba del muy elevado precio del cobre (US$3,61/lb nominales en ese año).[2] Cabe destacar que el FEES aparecía acumulando fondos hasta en el 2013, a pesar de que el presupuesto fiscal registró un déficit efectivo de 0,6 por ciento del PIB en ese año. La aparente contradicción se resuelve al examinar lo sucedido con los pasivos de la Tesorería Nacional. El cuadro XI.1 provee la evidencia aclaratoria. La reposición de fondos soberanos en 2010-13 tuvo como contrapartida un significativo incremento de la deuda fiscal; sus pasivos en el 2013 triplicaron el nivel de 2009, incrementándose a un 12 por ciento del PIB.[3]

Fuentes: DIPRES, activos y pasivos consolidados de la Tesorería Nacional, a fines de cada período, de (1) Fondo de Estabilidad Económica y Social (FEES); (2) Fondo de Reserva de Pensiones (FRP); (3) otros activos del Tesoro Público más Fondo para la Educación; (4) deuda total del gobierno central; (6) se obtiene al dividir (5) por el PIB en pesos corrientes de la serie referencia 2013 convertido a dólares según el tipo de cambio anual promedio (Banco Central).
Fuentes: DIPRES, activos y pasivos consolidados de la Tesorería Nacional, a fines de cada período, de (1) Fondo de Estabilidad Económica y Social (FEES); (2) Fondo de Reserva de Pensiones (FRP); (3) otros activos del Tesoro Público más Fondo para la Educación; (4) deuda total del gobierno central; (6) se obtiene al dividir (5) por el PIB en pesos corrientes de la serie referencia 2013 convertido a dólares según el tipo de cambio anual promedio (Banco Central).

Segundo, el mecanismo de estabilización fiscal —el BFE—, evidentemente un activo valioso, subestabilizó —como se ha explicado en los capítulos IX y X—, no sólo a causa de cómo se medía y aplicaba el PIB tendencial sino también en lo que respecta a la estimación del precio tendencial del cobre (Vial y Naudón, 2017). Como expuse, hasta 2008 la estimación del Comité del Precio Tendencial estuvo muy por debajo de su nivel efectivo (en 2006-08 un promedio de US$1,19/lb versus US$3,14 efectivo), para pasarse de largo en 2010-15 en su estimación de la cotización a mediano plazo, fijándose sobre US$3 para los efectos de calcular el balance fiscal estructural (cap. XI, cuadro XI.2).[4] A principios de 2016, el precio efectivo del cobre disminuyó temporalmente por debajo de US$2/lb, haciendo que el gobierno convocase a una reunión extraordinaria del Comité del Precio Tendencial para que revisase su propuesta de meses anteriores. Éste redujo su estimado previo de US$2,98/lb para 2016 a US$2,57, mientras que durante 2016 el precio efectivo promedió US$2,21, y para 2017 se proyectaba una recuperación a US$2,80 (IPOM, 12/17), cifra similar a la estimación del comité para 2017.

Fuentes: Cuentas nacionales en moneda de 2003 para el PIB hasta 2005 y tasas de variación de la serie encadenada (referencia 2013) desde 2006. DIPRES (2017a) para las cuentas fiscales en pesos de 2016; , para 2017 se basó en DIPRES (2017c). En cada año, se usaron las estimaciones del PIB tendencial para el respectivo ejercicio presupuestario definidas en el año precedente. Para el balance estructural se utilizó la metodología vigente en el año respectivo, incluido el caso del 2009 (ver nota en cap. IX, cuadro IX.2).
Fuentes: Cuentas nacionales en moneda de 2003 para el PIB hasta 2005 y tasas de variación de la serie encadenada (referencia 2013) desde 2006. DIPRES (2017a) para las cuentas fiscales en pesos de 2016; , para 2017 se basó en DIPRES (2017c). En cada año, se usaron las estimaciones del PIB tendencial para el respectivo ejercicio presupuestario definidas en el año precedente. Para el balance estructural se utilizó la metodología vigente en el año respectivo, incluido el caso del 2009 (ver nota en cap. IX, cuadro IX.2).

Tercero, durante la mayor parte del auge de precios de los commodities, de una década de duración, el tipo de cambio real estuvo sobreapreciado como lo refleja el creciente desequilibrio comercial y de la cuenta corriente ajustada por términos del intercambio (principalmente un alto precio del cobre que financia un exceso de importaciones). Con la recuperación de la actividad económica iniciada en el 2003 se registró una normalización de las importaciones, las que naturalmente se habían contraído desde 1999. Luego de su normalización hacia 2006, prosiguieron incrementándose fuertemente en respuesta a la intensa apreciación cambiaria que tuvo lugar. Entre 2006 y 2013, el volumen de las importaciones (medido por el Banco Central) aumentó 64 por ciento, mientras que el de las exportaciones creció apenas 14 por ciento (ver evolución para 2000-16 en el cap. X, gráfico X. 1). La cuenta corriente experimentó un déficit de 4,1 por ciento del PIB en 2013, no obstante que el precio del cobre alcanzó un elevado promedio de US$3,32/lb en ese año. Adicionalmente, la diversificación de las exportaciones se había estancado. Los rubros no tradicionales, que habían liderado el crecimiento de las exportaciones en las décadas anteriores, perdían velocidad (cap. VII); más aún, hacia 2013, se exportaban menos productos y había menos empresas exportadoras que en 2008 (ProChile, 2016). Estos hechos eran particularmente inesperados en vista de los numerosos acuerdos de libre comercio suscritos por Chile (DIRECON, 2016). Todos estos antecedentes eran síntomas de una «enfermedad holandesa» causada por las exportaciones exitosas (por precios transitoriamente elevados en el caso de Chile) que aprecian el tipo de cambio y desalientan a las exportaciones no tradicionales y a las PYMEs que compiten con importaciones con un dólar barato; mientras más tiempo durase, mayor sería el daño estructural que causaría. Hacia 2013, se evidenciaba la necesidad de una significativa y sostenida devaluación cambiaria.

Cuarto, en el curso de 2013, después de su importante recuperación del contagio de la crisis global, la economía chilena llegó a operar al máximo de su capacidad y por consiguiente, era inevitable que el crecimiento del PIB efectivo convergiese hacia el PIB potencial (más cercano a la tasa efectiva de 3,8 por ciento en 2008-13, en lugar del 5,3 por ciento efectivo durante la recuperación de 2010-13). Dado que en esos años no se habían generado nuevos ingredientes del crecimiento, los que operaban en 2013 no eran capaces de sostener el 5,3 por ciento. El hecho es que a inicios de 2013, cuando la economía llegó a su frontera de producción, el crecimiento efectivamente disminuyó a 4,0 por ciento en el año calendario, a 3,7 por ciento en los últimos 13 meses del gobierno del presidente Piñera y a 2,9 por ciento en su último cuatrimestre.[5] Mientras tanto, la inflación permanecía reducida, bajo el 2 por ciento y la TPM en 5 por ciento, obviamente orientada, en vez de a frenar una inflación bajo el rango de 2-4 por ciento, a moderar el exceso de aumento de la demanda interna. Éste se reflejaba en el elevado déficit en cuenta corriente a pesar de la decreciente pero aún alta cotización del cobre.

La tasa de crecimiento del PIB en torno a 4,0 por ciento, que se observó durante una década y media, debió haber servido como advertencia de que había ingredientes ausentes requeridos para recuperar un crecimiento sostenido que no resultase tan alejado del logro de los años noventa (con un desempeño más cerca del 2,9 que del 7,1 por ciento).

Quinto, como se mencionó en el capítulo X, la tasa de FBKF parecía ser más bien elevada en 2013, un 24,8 por ciento, por sobre el peak de 2008 de 23,0 por ciento. Sin embargo, (i) se trata de cifras brutas y debido a que la depreciación del capital aumentó cerca de cuatro puntos porcentuales del PIB desde los años 90 y dos puntos de ello desde 2008; en consecuencia, la inversión neta (que es la que se adiciona al stock de capital productivo) se había limitado a recuperar el nivel de 2008; (ii) dicha tasa incluyó un significativo ciclo de inversiones en la minería, que se inició gradualmente en 2005 y comenzó su descenso en 2014; su proporción en la FBKF aumentó desde 13,6 por ciento en 2003-04 a 29,2 por ciento en 2012-13; la mayor parte de la FBKF en la minería se dirigió a compensar la aguda disminución de la calidad de los yacimientos mineros (lo que se reflejaba en una declinación en la medición tradicional de la productividad, PTF), adicional a la ya registrada desde fines de los noventa. iii) La tasa de 24,8 por ciento del PIB mide en precios constantes (encadenados a la base 2013): al comparar las cifras en moneda corriente, se comprueba que la tasa de 25,5 por ciento en 2008 excedía por décimas el 24,8 por ciento en 2013. La tasa corriente es la cifra que refleja el esfuerzo de financiamiento realizado por los inversionistas. En cambio, en precios constantes es una estimación de la evolución de la capacidad adquisitiva en términos reales; las tasas son tan diferentes debido a que las cuentas nacionales estiman que los precios de los bienes de capital disminuyeron en relación al deflactor del PIB entre 2007 y 2013 de manera que en este último, con un mismo porcentaje del PIB en moneda corriente, podían adquirir sobre un décimo más de equipos, maquinarias y construcciones. iv) En el curso del 2013 la FBKF estaba contrayéndose, y en el cuarto trimestre disminuyó 8 por ciento en términos reales y las importaciones de bienes de capital se contrajeron en torno a un tercio respecto al peak de su homónimo en 2012. Ello provocó un impacto negativo adicional, acentuando la desaceleración de la actividad económica que se inició en dicho año, pero que también afectaba a la mayoría de Latinoamérica, exportadora de recursos naturales intensos en precios cíclicos.

El ciclo de inversiones mineras tiende a estar asociado a los ciclos largos de precios. Cuando éste empieza a aumentar y genera expectativas de persistencia, las elevadas utilidades tienden a ser reinvertidas crecientemente para financiar inversiones considerables. Éstas se caracterizan por su maduración a largo plazo, por ejemplo, de 6 u 8 años.

Hay una sexta variable que se ha mencionado con cierta frecuencia, pero que me parece no ofrecía mayor vulnerabilidad. Se trata de la deuda externa privada. Ésta correspondía aproximadamente al 90 por ciento de la deuda externa total; la del sector privado se incrementó 109 por ciento real entre 2007 y 2013 en comparación con el 25,4 por ciento de aumento del PIB.[6] No obstante, resultaba tranquilizador, en vista de la incertidumbre de los mercados internacionales, que (i) la mayor parte de las obligaciones presentasen tasas de interés reducidas y fijas (2/3), (ii) fuesen a mediano plazo y que (iii) la deuda total externa de Chile estuviese en un nivel relativamente bajo, cercano a la mitad del PIB anual.[7] Como mencioné antes, los mercados financieros internacionales tenían una opinión muy positiva de la posición financiera de Chile, con lo que le asignaron el mencionado spread (EMBI) de 154 puntos básicos en 2013 en comparación con el promedio regional de 379 puntos.

2. El desempeño global desde 2013

A las vulnerabilidades existentes en 2013 se agregó (i) la incertidumbre que generó la puesta en marcha del programa progresista de reformas estructurales del nuevo gobierno que asumió en marzo de 2014, incluyendo ciertas contradicciones, descoordinaciones, fallas técnicas y fallas comunicacionales profundas; (ii) la significativa contracción del precio del cobre,[8] (iii) la intensa caída de la inversión minera, prosiguiendo su evolución natural de un ciclo de inversión de larga maduración y (iv) la continuación de la incertidumbre en los mercados internacionales, y su contagio al grueso de América Latina. Es importante reiterar que el crecimiento del PIB había cruzado la barrera del 3 por ciento en los últimos meses del gobierno anterior (11/13-02/14, con un 2,9 por ciento). Luego, fluctuaría cerca de un 2 por ciento hasta el 2016 y después de reducirse más en el primer semestre del 2017, parecía iniciar una recuperación en el segundo.

La fuerte desaceleración de la economía nacional no fue una excepción en América Latina. El gráfico XI.1 muestra que aun cuando Chile se desaceleraba, su tasa de crecimiento se mantenía sobre el promedio de la región. Dado que este promedio estaba muy afectado por una contracción pronunciada en Brasil, también comparamos el desempeño de Chile con un promedio regional, que excluye a Brasil. El 1,9 por ciento de crecimiento de Chile en 2014-16 quedó situado más cerca del promedio de Hispanoamérica (1,5 por ciento), pero luego de superar por casi 4 puntos a la región en los noventa (7,1 por ciento vs 3,2 por ciento), y por siete décimas en 1999-2013. En 2017 la economía chilena se desaceleró más y se situó entre el nivel de la región y el de Latinoamérica, que logró alguna recuperación.

Fuentes: Para Chile, datos del Banco Central, serie encadenada, referencia 2013. Para América Latina, Anuario Estadístico de CEPAL, a precios constantes de 2010 y CEPAL (2017).
Fuentes: Para Chile, datos del Banco Central, serie encadenada, referencia 2013. Para América Latina, Anuario Estadístico de CEPAL, a precios constantes de 2010 y CEPAL (2017).

Aquí examinaremos algunos indicadores y políticas más determinantes de la evolución de la economía desde 2013; luego abordaremos la situación a fines de 2017 y el espacio disponible para reiniciar un crecimiento sostenido incluyente.

a)  La trayectoria económica, 2014-17

La desaceleración iniciada en 2013 se acentuó en 2014. El volumen exportado siguió estancándose y los precios de exportación declinaron aún más, trasmitiendo sus efectos depresivos sobre el resto de la economía. En consecuencia, la producción para el mercado interno se redujo con mayor fuerza, desde un aporte a la tasa de crecimiento del PIB de 3,2 puntos en 2013 a sólo 1,8 por ciento en 2014 (cuadro XI.3). El Banco Central comenzaba a reducir la TPM, no obstante que el IPC retomaba fuerza, pues consideraba que el alza de la inflación respondía a la fuerte devaluación en respuesta a la persistente caída del precio del cobre. La política de metas de inflación se tornaba más pragmática.

Fuente: El PIB no exportado (NX) es igual al PIB total menos el valor neto o agregado en las exportaciones; las cifras entre paréntesis representan los aportes porcentuales respectivos de X y NX al crecimiento del PIB.Para detalles, ver cap. VII, cuadros VII.4 y VII.5. a Para 2017, utilizamos la estimación por el Banco Central del crecimiento del PIB y de las exportaciones, según IPOM, diciembre 2017.
Fuente: El PIB no exportado (NX) es igual al PIB total menos el valor neto o agregado en las exportaciones; las cifras entre paréntesis representan los aportes porcentuales respectivos de X y NX al crecimiento del PIB.Para detalles, ver cap. VII, cuadros VII.4 y VII.5. a Para 2017, utilizamos la estimación por el Banco Central del crecimiento del PIB y de las exportaciones, según IPOM, diciembre 2017.

En tanto, luego del peak registrado en el curso de 2013, la inversión minera bajaba con fuerza, principalmente por la evolución estructural de los procesos de inversión del sector; mientras que en 2013 se había empinado a US$15.000 millones, en 2014 se había reducido a US$12.400 millones, y decrecería a US$6.900 millones en 2016, esto es una contracción de 46 por ciento de un ítem que cubría 29 por ciento de la FBKF (COCHILCO, 2017). El efecto desacelerador del ciclo minero empezó a sentirse con fuerza en las regiones mineras en empleos, construcción y ventas del comercio y en las importaciones de equipos y maquinaria.

La menor FBKF mermaba la expansión futura del PIB, mientras también deprimía las expectativas y la demanda interna, en tanto que el Banco Central procuraba sostener la demanda interna con seis reducciones graduales de la TPM en el curso de 2014. Durante el año fue expandiéndose paulatinamente la brecha recesiva (entre PIB efectivo y potencial), que se había eliminado con la reactivación.

Frente al escenario macroeconómico expuesto, para el año presupuestario siguiente el Ministerio de Hacienda decidió efectuar un aumento reactivador del gasto —más allá de un creciente desembolso corriente—, con una mayor expansión de la inversión pública. La reforma tributaria comenzaba a proveer ingresos adicionales importantes que más que compensaron la merma por la ralentización de la demanda interna y de las utilidades. Efectivamente, el ingreso fiscal se incrementó 5,2 por ciento en el 2015 en comparación con 2,3 por ciento del PIB. Simultáneamente, la construcción privada se reactivaba gracias a un impuesto que comenzaría a regir sobre la inversión inmobiliaria, salvo la construcción que se activara antes de 2017.[9] El resultado fue reactivador aunque nunca se acercó a la conducción de un shock reactivador, como sí, en cierto grado, se había efectuado en el 2009. La realidad es que se registró una recuperación moderada de la actividad con cierto aumento del PIB a pesar de que las exportaciones se contraían y el precio del cobre declinaba más de 60 centavos. La consecuencia fue que la economía interna se elevó un 3,6 por ciento, contribuyendo más que el 2,3 por ciento de aumento del PIB en 2015 (2,7 puntos, ver cuadro XI.3). Dado que la economía interna es mucho más intensa en PYMEs y con mayor utilización del trabajo por unidad de capital físico que en el caso de las exportaciones, ello moderó significativamente el impacto negativo de la desaceleración sobre el empleo.

Con todo, la recuperación arrojó un alza de PIB efectivo menor que la estimación del crecimiento del PIB potencial (cuadro XI.2).[10] Se acumulaba la brecha recesiva pero con mayor lentitud ese año. En el intertanto, el IPC se encumbraba sobre el tope de la banda (promedió 4,4 por ciento anual en 2015, vinculado con un continuado proceso de devaluación del tipo de cambio). No obstante, durante la mayor parte de 2015, el Banco Central pragmáticamente mantuvo la TPM en el 3 por ciento alcanzado a fines de 2014.

Varias fuerzas afectaron la situación fiscal. Con la reactivación, más el comienzo de los efectos de la reforma tributaria, la recaudación sobre la economía interna se elevó, no obstante la menor recaudación y utilidades aportadas por la minería por el continuado descenso del precio del cobre. El aumento de los ingresos fiscales fue acompañado por un alza del gasto mayor, con lo cual tanto el déficit fiscal efectivo así como el estructural se incrementaron (cuadro XI.2).

La situación fiscal tenía una presencia sobresaliente en el debate para el siguiente año presupuestario por parte de los medios y de la oposición derecha. Se destacaban los dos déficits fiscales. La oposición no consideraba el papel contracíclico que, en mi opinión, debe tener el presupuesto fiscal. Ignoraba, además, que durante todo el gobierno anterior (del presidente Piñera) había existido un déficit estructural (cuadro XI.2), a pesar de que este había sido calculado con sobrestimaciones significativas del precio tendencial del cobre y del PIB tendencial (sesgos que continuaban vigentes en el gobierno de la presidenta Bachelet).

El hecho es que el nuevo gobierno tomó dos decisiones desactivadoras de la muy moderada reactivación del 2015. A mi juicio correctamente en aras de la transparencia, el Ministerio de Hacienda decidió, como se comentó, llamar a sesión extraordinaria al Comité de Precio Tendencial del Cobre para que revisase su propuesta. Al hacerlo, entregó una nueva estimación para 2016, significativamente menor en 50 centavos a la utilizada para las cuentas fiscales estructurales en 2015; obviamente, ello transparentó y agravó el déficit estructural, pero seguía vigente la responsabilidad contracíclica del fisco. Por el contrario, en vez de procurar acentuar la reactivación, se redujo el incremento del gasto para 2016, incluida una caída de la inversión fiscal. Se adujo que si no se hacía el ajuste restrictivo «los mercados nos castigarían».

La composición de la desaceleración había contribuido a explicar la persistencia de tasas de desocupación relativamente bajas; con aumentos todavía significativos de la ocupación y de la fuerza de trabajo. Pero la actividad para el mercado interno fue desacelerándose en el curso de 2016, hasta promediar apenas 2,1 por ciento en el año (cuadro XI.3). Mientras tanto, los salarios reales siguieron creciendo, aunque con una tasa declinante así como del empleo asalariado, y se registraba un aumento de la informalidad, acentuada en el 2016-17.[11]

El hecho es que la desaceleración se agravó en 2016 y 2017, con percepciones de que habría tocado piso hacia el tercer trimestre de este año (IPOM, 12/17), luego de los tres trimestres anteriores que promediaron un alza del PIB no minero del orden de 1 por ciento en doce meses. Las exportaciones siguieron estancadas y la economía interna, que responde a la macroeconomía nacional, creció por debajo de los años precedentes y de la capacidad productiva, con el correspondiente aumento de la brecha recesiva. La política macroeconómica no había sido capaz de operar con eficacia contracíclica. Sin embargo, tal como en 2003, luego de cinco años con una brecha recesiva, cuando llegó un shock reactivador externo, en estos momentos (fines de 2017) se percibe una serie de señales reactivadoras. Entre ellas, (i) un alza del precio del cobre, (ii) mayor crecimiento de la economía mundial y de los socios comerciales de Chile, (iii) optimismo de analistas e instituciones financieras internacionales, (iv) llegada del fin del ciclo de la inversión minera y (v) un par de meses con IMACEC muy superior al deprimido nivel de inicios de año.

b)  Espacio amplio para recuperación con sostenibilidad y crecimiento incluyente

Una dimensión positiva es que la existencia negativa de brechas recesivas desde 2013 —señal de falla de la política macroeconómica—, tiene como contraparte capacidad productiva disponible para una reactivación sustantiva. La BR vigente en 2003 permitió que cuando la demanda interna, empujada por las señales externas y no por una decisión local, se reactivase en el 2004, el PIB de ese año respondiera con un salto al 6 por ciento. La BR es más limitada ahora y hay más trabas para una reactivación vigorosa, pero es un hecho que existe un significativo espacio para una reactivación en 2018-19, con perspectivas de mejora desde el exterior y la oportunidad para que la política económica nacional retome el mando.

En este período hubo avances promisorios respecto al desarrollo productivo (Maggi, 2017; Muñoz, 2016). Ellos pueden contribuir a que la reactivación pueda ser acompañada por avances hacia una transformación productiva diversificadora e incluyente. Avanzado el primer gobierno de la presidenta Bachelet, CORFO inició un programa de clústeres, apoyando cinco sectores definidos por el Consejo de Innovación. Al poco tiempo asumió el gobierno del presidente Piñera, que desechó estas políticas selectivas. En el segundo gobierno de la presidenta Bachelet se diseñaron los programas estratégicos con el aprendizaje anterior, incorporando fuertemente al sector privado y dándole relevancia a los programas regionales, definidos de acuerdo a las vocaciones productivas de las regiones.

Recién están emergiendo los primeros frutos. Los programas están mejor articulados con los distintos sectores productivos y en las regiones en áreas como minería, energía solar, agroalimentos y turismo. Se percibe mayor sinergia entre las diferentes actividades y programas de CORFO y de otras instituciones públicas como SERNATUR (CORFO, 2015), así como una incipiente participación del mundo académico, universidades y centros de investigación. Junto a un mayor sentido de urgencia en ir consolidando estos frutos incipientes, se precisa reforzar la articulación de las políticas de fomento productivo con las de educación y ciencia y tecnología a nivel nacional y regional, por ejemplo, preparando técnicos en los sectores priorizados o doctores que después de su especialización tengan trabajo en Chile. Estos avances en desarrollo productivo han sido acompañados por importantes progresos en la inversión en energía (en especial la renovable) y en obras públicas, en diálogos con la comunidad y coordinación público-privada.

Es crucial la continuidad de este conjunto de planteamientos y acciones, con un apoyo incremental prioritario en las políticas públicas, como uno de los ingredientes esenciales para avanzar en un desarrollo productivo incluyente. En una dimensión negativa —entre otros, también perjudicial para la recién mencionada política de desarrollo productivo—, resurgía una traba para que la reactivación resulte sostenible. Con la recuperación de la cotización del cobre, reapareció una fuerte apreciación del tipo de cambio. Ello incrementa el valor real de la demanda interna en el corto plazo, pero privilegia las importaciones de bienes y servicios de consumo, y su inestabilidad desalienta el desarrollo productivo, deteriora la calidad de los proyectos de inversión y precariza el empleo. La frecuente afirmación de que la apreciación favorece al consumidor ignora que no es posible sustentar «un buen consumo» con un «mal empleo».

La estrecha vinculación entre el tipo de cambio y el precio del cobre (y los flujos financieros) reitera la falta de consideración por parte del mercado cambiario del rol del tipo de cambio como una señal crucial para la asignación de inversión productiva entre transables y no transables, e ignora que Chile aplica una política de balance fiscal estructural guiada por una estimación de la tendencia del precio del cobre y no por su cotización de corto plazo. El hecho de que en el mercado cambiario actual predominan las fuerzas cortoplacistas muy por encima de las necesidades de los exportadores y otros productores de transables, es de gran relevancia para las políticas macroeconómicas por su incidencia en una evolución sostenible del tipo de cambio. Ésta debiera estar vinculada a la productividad nacional versus sus socios comerciales y no a un precio de enorme volatilidad cíclica o a flujos financieros también de gran inestabilidad. El tipo de cambio ha exhibido una evolución intensamente cíclica (ver gráfico XI.2, más adelante), respondiendo al desempeño de los flujos de capitales financieros y del precio del cobre,[12] ambos marcadamente volátiles en ciclos de mediano plazo.

3. Dos tópicos de actualidad: la reforma tributaria y las exportaciones

Aquí examinamos dos áreas de política económica que han jugado un papel central en los últimos años y que han suscitado diversas reacciones: uno en el debate y el otro en el desempeño productivo. Nos referimos a la reforma estructural más relacionada con el sistema económico que es la reforma tributaria, que surte efectos desde el corto plazo.[13] El otro, que ha tenido un rol central en la caída de la tasa de crecimiento de la actividad económica, es el deterioro de las exportaciones y su vinculación con la política cambiaria.

a)  La reforma tributaria de 2014 y sus modificaciones

Chile estaba atrasado en el tema tributario para su grado de desarrollo desde 1990.[14] La carga tributaria era reducida y escasamente progresiva, como lo constataba la OCDE reiteradamente (OCDE, 2013).

En 1990, inmediatamente después del retorno a la democracia, Chile había implementado una significativa reforma tributaria. El principal cambio contempló la reimplantación del impuesto sobre las utilidades de las empresas —abolido por la dictadura en 1988—, fijando la tasa en un 15 por ciento, por sobre el 10 por ciento vigente antes de su abolición en 1988; junto con ello, hubo un alza de dos puntos porcentuales (de 16 a 18 por ciento) del impuesto al valor agregado (IVA).[15] El proyecto de impuesto a las utilidades mantuvo el sistema «integrado» adoptado en la reforma de 1984 de la dictadura. Este sistema reintegra el tributo pagado por la empresa al Servicio de Impuestos Internos (SII) en forma de un «crédito» al contribuyente del impuesto personal cuando declara la recepción de utilidades distribuidas por las empresas (Impuesto Global Complementario anual, IGC).

En el IGC se gravaban las rentas efectivamente recibidas. Adicionalmente, persistía la existencia de sociedades de inversión, en las que se puede contabilizar esas utilidades distribuidas como una «reinversión en una sociedad personal» con lo que se evita declararlas en el IGC hasta que se las retira. En el registro de utilidades no distribuidas por empresas y sociedades de inversión (llamado FUT), casi la mitad corresponde a éstas, que son más bien «empresas de papel» que permiten postergar o eludir impuestos. «El 78 por ciento de sus socios se encuentra en el decil de contribuyentes de más altos ingresos» (Agostini, 2008). La evidencia disponible antes de la reforma del 2014 mostraba que, a diferencia de las economías desarrolladas, el sistema chileno no poseía fuerza distributiva, en parte por la debilidad del impuesto a la renta.

En los debates presidenciales de 2013 surgió con fuerza el tema de la reforma tributaria, la recaudación y su impacto en la distribución de ingresos. El debate se intensificó en 2014 con la presentación del proyecto de reforma del nuevo gobierno. La reforma de la presidenta Bachelet buscó elevar la recaudación en 3 por ciento del PIB y hacerlo de manera fuertemente distributiva; un tercio de la recaudación sería para cubrir el deterioro fiscal heredado del gobierno anterior. El proyecto comprendió una serie de impuestos de diversa naturaleza, el principal de los cuales fue a las utilidades de las empresas: la tasa de 20 por ciento se elevaba a 25 por ciento manteniéndose el sistema integrado con un crédito tributario del 25 por ciento al contribuyente personal al declarar el IGC, pero ahora debía incluir no sólo las utilidades distribuidas por la empresa sino también las reinvertidas o «utilidades devengadas» («atribuidas», en el lenguaje de la reforma); [16] entre otros, también incluyó impuestos «correctivos» y «verdes» para desalentar el consumo de bienes considerados perjudiciales para la salud y el medio ambiente, respectivamente.

El tema de las utilidades devengadas fue el foco de la intensa oposición de las grandes organizaciones empresariales y de la oposición de derecha contra el proyecto. Un punto enfatizado en los medios de comunicación era que la reforma la sufrirían las PYMEs, la clase media y los sectores de menores ingresos.[17] Lo efectivo es que la reforma planteada era nítidamente progresiva, pues gravaba con mayor intensidad la renta del capital, que es más concentrada que los ingresos del trabajo. Sin embargo, es evidente que los cinco puntos de mayor impuesto sobre las utilidades reinvertidas restarían caja a la empresa, con un efecto neto negativo para la reinversión, mientras que el reembolso de impuestos pagados por la empresa se mantenía como crédito tributario a los devengantes de utilidades, quienes ahora debían tributar el IGC sobre la totalidad de las utilidades (distribuidas y reinvertidas).

El impacto sobre la inversión productiva fue poco reconocido por la autoridad, lo que le dio fuerza a los opositores para plantear que la reforma era anticrecimiento. Faltaron, a mi juicio, (i) haber planteado un vigoroso programa de desarrollo de las PYMEs, que contrarrestara la eventual menor inversión de las empresas grandes; el cambio de composición contribuiría a un crecimiento incluyente y (ii) efectuar un shock reactivador responsable, que habría operado contra las fuerzas recesivas que estaban en marcha desde 2013 y se agravaron en 2014 y que la oposición lo achacaba en pleno (con éxito comunicacional) a las reformas estructurales en discusión o en marcha.

Luego de difíciles negociaciones, una campaña extrema contra la reforma y una notoria incapacidad del gobierno de comunicar los efectos económicos y distributivos de la reforma, se aprobó un proyecto modificado en conjunto con la oposición. Este proyecto mantuvo un espacio opcional de tributar sobre las utilidades devengadas y sistema integrado (atractivo para empresas intensas en distribución de utilidades). Pero estableció como sistema principal (llamado sistema semiintegrado) una mayor tasa de 27 por ciento sobre las utilidades de la empresa (en vez del 25 por ciento del proyecto original) y el IGC se aplicaría, como en la ley entonces vigente, sólo sobre las utilidades distribuidas, pero reduciendo el crédito tributario del anterior de 100 por ciento a un 65 por ciento de lo tributado por la empresa sobre las utilidades.

Esta semidesintegración —reducción del crédito de 100 a 65 por ciento— me pareció un cambio positivo, progresivo y proinversión. Con ello, las utilidades reinvertidas sólo quedaban afectas al 27 por ciento sin entrar a la tasa progresiva del IGC. Así, parte de la carga del proyecto original se redistribuyó parcialmente desde un gravamen a las utilidades reinvertidas a uno sobre las distribuidas. Esto es positivo para la FBKF tan requerida para el desarrollo sostenido. Se mantuvo la gradualidad de los aumentos de tasas, las que alcanzarían plenitud en el 2018, lo que es positivo a mi juicio, pero se agregó una complejidad inconveniente al adicionar la opción, para parte de ciertas empresas contribuyentes, de escoger entre la tasa de 25 por ciento y declaración del IGC sobre ingresos devengados y tasa de 27 por ciento sobre ingresos recibidos y crédito tributario de sólo 65 por ciento en el IGC. Es una autorización a eludir y agregó la confusa decisión que implicaba escoger.

La reforma y su conflictiva discusión tuvieron efectos profundos y contradictorios en las expectativas. La reforma recauda más y de manera más progresiva (Banco Mundial, 2015), no obstante, por ejemplo, la adopción de una definición «generosa» de PYMEs. En el proyecto original y en la definición negociada, éstas quedan afectas a un trato tributario preferencial, pero en la modificación del proyecto se aumentó significativamente el tope de ventas para que una empresa sea considerada PYME, incluyéndose un segmento de medianas empresas cuyos propietarios se ubican en el decil más rico (Agostini, 2014).

Destaca la creciente visión negativa de gran parte de la opinión pública en el curso del debate y hasta la actualidad. No es sorprendente en cuanto a los sectores de más altos ingresos, dado que contribuirán con la mayor parte de la nueva recaudación (Banco Mundial, 2015). Sin embargo, surgió también una opinión negativa en segmentos de la población para los cuales la reforma tendría beneficios porque pagarían muy poco de los nuevos impuestos y los ingresos adicionales serían principalmente asignados a ellos.[18] Esto representa una notable derrota comunicacional del gobierno, más allá de imperfecciones corregibles, representa un avance hacia un sistema y una carga tributaria más cercana a la de países desarrollados.

b)  Continuación del estancamiento exportador [19]

El debilitamiento de las exportaciones se profundizó fuertemente desde la crisis global de 2008, como se expuso en el capítulo X. Luego de crecer mucho más rápido que el comercio mundial en los noventa, en los 2000 convergieron a la velocidad internacional, del orden de 6 por ciento anual. Desde la crisis tuvo lugar la caída drástica a un promedio en torno a 2,5 por ciento. Naturalmente, las exportaciones chilenas sufrieron el impacto, pero ahora evolucionaban muy por debajo del deprimido comportamiento del comercio internacional y más lento que el conjunto de la economía nacional.

El estancamiento del volumen de las exportaciones de bienes y servicios de 2008-13 se acentúo en 2014-17, pasando de un aumento en torno a 1 por ciento anual a un negativo 0,4 por ciento (cuadro XI.3). Las exportaciones no tradicionales de bienes, luego de expandirse 14 por ciento anual en 1990-98, 8,5 por ciento en 1999-2007 y 1,3 por ciento en 2008-13, en 2014-16 se estancaron (0,6 por ciento).

Desde 1999 se continuó la firma de numerosos nuevos acuerdos de libre comercio, abarcando a 64 países que cubrían el 85 por ciento del PIB mundial en 2015 y recibían el 94 por ciento de las exportaciones de Chile (DIRECON, 2016). No obstante las preferencias comerciales recibidas por Chile, el retroceso exportador fue sustancialmente mayor que el intercambio mundial, profundizándose en el presente decenio y agravándose en los años recientes. Cabe reiterarlo: la política cambiaria surge como una explicación fundamental, que castiga a las exportaciones, su valor agregado y su diversificación, y premia a las importaciones, a expensas del desarrollo de las PYMEs que compiten con éstas.

Entonces, mientras más prolongada sea la falla en la política cambiaria más profundos son sus efectos negativos para el desarrollo. La falla se expresa en que la cotización del dólar pasó por precios de 450, 760, 435, 680, 470 y 730 pesos en tres ciclos prolongados, como lo muestra el gráfico XI.2, en una economía de mercado, en la que los precios relativos son cruciales por su influencia sobre las expectativas y las decisiones de inversión.

Este tipo de volatilidad de mediano plazo —que se extiende por varios años en una dirección y luego se revierte intensamente en la dirección opuesta— es la que provoca más daños regresivos (sobre el empleo) y depresivos (sobre la FBKF y la calidad de la evaluación de proyectos de inversión productiva: ¿con qué tipo de cambio hacer la evaluación?). El tipo de cambio es el vínculo entre la economía interna y la internacional: qué profunda distorsión de las señales a los inversionistas productivos, tanto los exportadores actuales y potenciales como los actuales y potenciales productores que compiten con las importaciones. Habitualmente se enfatiza el impacto sobre el volumen de las exportaciones, con cierta menor frecuencia se cita su diversificación, pero hay otros dos efectos muy relevantes.

Fuente: Basado en serie del Banco Central del TCR del peso respecto a una amplia canasta de monedas. Nota: La brecha entre la línea recta (TCR promedio de 1986-2004) y la línea punteada muestra el ajuste compensador del TCR requerido para mantener la competitividad de la producción de transables, considerando la reducción de aranceles desde un promedio de un 11 por ciento en 1999 a un 1 por ciento desde 2004, así como la eliminación del 10 por ciento de reintegro simplificado de las exportaciones no tradicionales. Los números insertos sobre la curva de TCR, a título informativo, corresponden a promedios mensuales extremos del precio nominal del dólar en las fechas respectivas (salvo en 2017, cuando corresponde a su último día); las cotizaciones extremas del dólar tienden a coincidir con los extremos del TCR de la canasta de monedas, pues los cambios de tendencia del mercado cambiario nacional son más fuertes que aquellos en la relación dólar/resto de monedas.
Fuente: Basado en serie del Banco Central del TCR del peso respecto a una amplia canasta de monedas.
Nota: La brecha entre la línea recta (TCR promedio de 1986-2004) y la línea punteada muestra el ajuste compensador del TCR requerido para mantener la competitividad de la producción de transables, considerando la reducción de aranceles desde un promedio de un 11 por ciento en 1999 a un 1 por ciento desde 2004, así como la eliminación del 10 por ciento de reintegro simplificado de las exportaciones no tradicionales. Los números insertos sobre la curva de TCR, a título informativo, corresponden a promedios mensuales extremos del precio nominal del dólar en las fechas respectivas (salvo en 2017, cuando corresponde a su último día); las cotizaciones extremas del dólar tienden a coincidir con los extremos del TCR de la canasta de monedas, pues los cambios de tendencia del mercado cambiario nacional son más fuertes que aquellos en la relación dólar/resto de monedas.

Uno es el valor agregado de las exportaciones. Se trata del componente local de las exportaciones; sólo ese componente del valor bruto de las exportaciones es el que forma parte del PIB. Naturalmente, como lo hemos reiterado, tanto la apreciación cambiaria por prolongados lapsos como su inestabilidad desalientan la adición de valor interno a las exportaciones.

El otro es que el aumento desequilibrado en las importaciones no es irrelevante para el crecimiento sostenido e incluyente, debido al impacto en la calidad del empleo y en los balances de las PYMEs, las que tienen que competir con las importaciones en un entorno donde básicamente no existen aranceles y con una tasa de cambio real apreciada. Se suele argumentar que ello es compensado simétricamente por los períodos en que impera el proceso devaluatorio. Por el contrario, en general, predomina una fuerte asimetría. En las situaciones de cotización alta del dólar, con frecuencia ha prevalecido una demanda interna deprimida y la tendencia es que el sistema crediticio se torne más restrictivo con las PYMEs y les eleve las tasas de interés más a ellas que a los deudores grandes; una falla económica y social del mercado de capitales, depresiva del desarrollo y regresiva. A su vez, la recuperación de la actividad convive con holguras crediticias, demanda interna creciente, pero también con apreciaciones cambiarias que desalientan la adición de valor en las exportaciones, nuevas iniciáticas exportadoras y de desarrollo de las PYMEs. La inestabilidad macroeconómica, incluida la cambiaria, provocan efectos perversos sobre la economía, regresivos y depresivos del crecimiento.[20]

El Banco Central mantuvo su renuncia a aplicar una política contracíclica activa respecto del tipo de cambio, la cuenta de capitales y la demanda interna por bienes locales (determinada no sólo por la política monetaria, que sí ha sido más bien activa, sino también por el tipo de cambio y los flujos de capitales financieros que han tenido un comportamiento procíclico). En reiteradas ocasiones, el Banco Central expresó que el tipo de cambio observado (del dólar y de la canasta de monedas) durante la respectiva declaración, estaba situado dentro del rango «coherente con los fundamentos de largo plazo» (por ejemplo, ver IPOM de 12/12 y 06/15). El hecho es que el precio del dólar ha fluctuado, por ejemplo, entre $450 y $700; es tan evidente que ambas cotizaciones no corresponden a «los fundamentos económicos» como lo comprueban los fuertes desequilibrios de la cuenta corriente ajustada por los términos del intercambio

4. Conclusiones

Las actuales falencias de la economía chilena vienen acentuándose desde finales de los noventa, aunque sin duda han sido profundizadas por (i) la evolución del comercio internacional y la crisis global de 2008-09, (ii) el deterioro de las confianzas de muchos ciudadanos, (iii) la pérdida de impulsos innovadores públicos y privados, (iv) el fin del ciclo de elevados precios de los recursos naturales como el cobre y (v) las reformas estructurales iniciadas en 2014 y las incertidumbres que ellas han involucrado, cuando las fuerzas recesivas ya estaban operando y habían comenzado a situar la economía bajo su frontera productiva.

El cambio de enfoque macroeconómico, abandonando la estrategia contracíclica de los noventa, había contribuido crecientemente a llevar a Chile a converger hacia el débil desempeño promedio de la región. El trio de (i) metas de inflación por sobre los otros objetivos macroeconómicos, (ii) apertura plena de la cuenta de capitales en el entorno internacional actual y (iii) liberalización extrema del tipo de cambio, en un contexto de volatilidad del precio del cobre y de los flujos financieros, han sido determinantes del deterioro respecto de los noventa. En cambio, incluso desde ese decenio prevalecía la ausencia de políticas de desarrollo productivo innovador. Este conjunto de políticas operaba, en 2014, en el contexto de una región en desaceleración e incertidumbre en la economía internacional.

Ante el escenario externo e interno vigente, parece evidente que Chile necesita iniciar un nuevo ciclo de desarrollo. En particular, se precisa introducir reformas en la manera interna de enfrentar la globalización de la volatilidad financiera, la que ha provocado desequilibrios macroeconómicos muy costosos para la economía nacional y la inclusión social. Por otra parte, cada día se resiente con mayor intensidad la ausencia de políticas de desarrollo productivo. Por consiguiente, para un desarrollo incluyente resulta imprescindible recuperar equilibrios de la macroeconomía real y poner en marcha las tan postergadas políticas de desarrollo productivo que impulsen la inversión e innovación, en especial de las PYMEs, aprovechando los avances incipientes registrados durante este gobierno, que dejan huellas constructivas para el próximo ejecutivo. Para hacer la diferencia requerida para un crecimiento incluyente vigoroso, se trata de que sean significativos para la vida económica cotidiana, con continuidad, percibidas con nitidez por la población y el conjunto de las instituciones públicas embarcadas en ello.

Aparte de la corrección del sesgo contra las PYMEs y la inversión productiva del enfoque de macroeconomía procíclica (metas de inflación dominantes, cuenta de capitales abierta y tipo de cambio libre), se requieren reformas del mercado de capitales para un mayor acceso al financiamiento interno de largo plazo y la transmisión de tecnología. Los progresos interesantes, en particular en el Banco Estado, de trato ampliado y mejorado a las PYMEs, han contribuido a suavizar la desa­celeración vigente desde 2013, pero también son claramente insuficientes. Es preciso imprimirle al mercado de capitales un sello incluyente de la diversificación productiva, con un progreso desde el financierismo al productivismo; al estilo de la Corea del Sur de los setenta y ochenta, o de la Europa Occidental de posguerra. La cooperación cotidiana de los ministerios de Economía y Hacienda y del Banco Central es crucial.

Entre otros, reitero, comprende operar con una demanda efectiva cercana a la capacidad productiva y mantener un tipo de cambio real competitivo y sostenible, con una flexibilidad cambiaria administrada por la autoridad económica lo que no resulta viable con el extremo de tasa libre-libre y cuenta de capitales financieros abierta. A su vez, la política fiscal debe avanzar desde su actual neutralidad relativa, hacia un enfoque plenamente contracíclico, con impuestos y gastos contracíclicos.

Al heredar una economía en desaceleración desde 2013, se requería una reactivación con un eficaz impulso de inversión pública. Proyectos en infraestructura, vivienda, salud, escuelas, crédito para inversión de las PYMEs a tasas razonables, fortalecer la capacitación laboral, ofrecer crecientes recursos en apoyo a la investigación para el desarrollo, trasmisión de tecnología y organización a las PYMEs; asimismo, se necesitaba recuperar los ingresos fiscales decaídos con la desaceleración. Ello no se logra con pasividad fiscal o restricción adicional —recomendada con fuerza por la ortodoxia neoliberal— sino con un shock reactivador responsable y con capacidad para tener las cuentas en orden apenas se cierre la brecha recesiva entre el PIB efectivo y el PIB potencial.

Las propuestas precedentes son ingredientes para un renovado enfoque productivista e incluyente. El hecho es que, como expuse recién, la economía chilena cuenta con un espacio significativo para reacelerar el crecimiento, sea con impulsos provenientes del exterior o asumidos con personalidad, comprensión técnica y coherencia por las autoridades nacionales.

 

*Agradezco la valiosa colaboración de Andrea Costa y los comentarios de Ana María Correa.

[1] Los créditos bancarios en mora permanecían bajos, en alrededor de 2 por ciento del stock (SBIF, 2016).

[2] Seguimos la práctica de DIPRES de calcular los activos y pasivos a precios de mercado, todos convertidos en dólares a fines de cada año con el tipo de cambio nominal (TCN) respecto al dólar. Si el TCN se revalúa, como sucedió en 2012, los pasivos en pesos de un monto dado se elevan en su equivalente en dólares.

[3] Dos atenuantes importantes son que (i) el endeudamiento se efectuó principalmente en el mercado interno y a tasas de interés muy bajas y (ii) en una comparación internacional, el nivel de deuda era aún una proporción reducida del PIB anual.

[4] La inflación, según el índice de precios externos (IPE) del Banco Central, fue de 33 por ciento entre los promedios de 2006 y 2013 (el IPC de los EE.UU. subió 16 por ciento en el mismo período). El estimado tendencial de 2006, reajustado por la inflación mayor según el IPE, daría un tendencial real de US$1,32/lb en 2013 en comparación con la nueva estimación nominal efectuada en 2012 para el presupuesto de 2013 de US$3,06. En el intertanto, los costos de producción se incrementaron fuertemente, en especial por el deterioro de la calidad de los minerales extraídos, la incidencia de la apreciación cambiaria y el «descuido» con los costos cuando las utilidades son «excesivamente» altas. Con todo, los ingresos fiscales provenientes de la minería se elevaron de 1,0 por ciento del PIB (5,0 por ciento de los ingresos del gobierno central, Ygc) en 2003, a 8,2 por ciento del PIB (31,9 por ciento del Ygc) en 2007 y decrecieron a 1,9 por ciento del PIB (9,1 por ciento del Ygc) en 2014 (Rodríguez, et al. 2015).

[5] Incluso resultó un poco inferior en el IMACEC no minero (2,67 por ciento), pues la producción minera se expandió fuertemente en esos meses (5 por ciento). El Banco Central planteaba en su IPOM (09/13) que la desaceleración ya en el segundo trimestre a 4,1 por ciento constituía una «normalización». Confirmaba con ello que el 5,3 por ciento de aumento del PIB efectivo en 2010-13 incluía un significativo aporte por recuperación de actividad, y esa brecha estaba agotándose.

[6] De un total vigente de la deuda externa de US$135 mil millones en 2013, 26 por ciento correspondía a pasivos de los inversionistas extranjeros directos.

[7] Sin embargo, ese PIB anual se calculó con un tipo de cambio muy apreciado —un promedio de $495 por dólar en 2013. Un alza a $677 en 2016, causó una reducción sustancial del valor del producto expresado en dólares, pero el coeficiente seguía siendo moderado.

[8] Cabe reiterar, que una economía eficaz en sus políticas contracíclicas debiera ser poco afectada por una caída transitoria, evidentemente no estructural, del precio del cobre. Pero el hecho es que la política de tipo de cambio libre tiene sesgos procíclicos, en tanto que muchas de las declaraciones de las autoridades —y los mercados financieros y la prensa mayoritaria— son plenamente procíclicos en sus humores.

[9] Ver examen de la coyuntura económica en Marcel (2017a). Una enorme publicidad por parte de constructoras y corredores llevó a anticipar construcciones en 2015, estimuladas por la disponibilidad de créditos hipotecarios, a largo plazo y a tasas reales notablemente reducidas.

[10] El Comité había entregado una estimación de un crecimiento del PIB tendencial de 4,3 por ciento para 2015, por sobre el 3,8 efectivamente registrado en 2008-13; nuestra estimación de crecimiento del PIB* en 2014-17 es de 3,6 por ciento anual (anexo I, cuadro I.1).

[11] El comportamiento usual del mercado laboral de evolución procíclica del empleo asalariado y contracíclica del trabajo por cuenta propia se ha acentuado en tiempos recientes (Szederkenyi y Vergara, 2017).

[12] En Ffrench-Davis (2017b) ilustramos el punto mostrando la correlación diaria entre variaciones de la cotización del cobre y el tipo de cambio en la dirección opuesta entre enero 2015 y abril 2016, cuando cerrábamos ese artículo. Esa relación se ha repetido reiteradamente, como en 2017. Naturalmente, hay otras variables intervinientes en la evolución del precio de mercado, pero por prolongados lapsos esa relación tan procíclica ha predominado.

[13] Sin duda, las reformas educacional y laboral son fundamentales para el crecimiento y la inclusión, pero van más allá del alcance de este libro, ya extenso y centrado en temas que he estudiado con más profundidad.

[14] Numerosas propuestas y planteamientos habían surgido, entre ellas, Arellano y Corbo (2013); Durán y Kremerman (2012); Jorrat (2009); López y Figueroa (2011); OCDE (2013) y del conjunto de la oposición al gobierno de derecha en 2012, que sustentó la reforma presentada por el nuevo gobierno en 2014.

[15] El alza del IVA tiene un efecto regresivo en cuanto las familias de menores ingresos consumen un porcentaje más alto de su ingreso. Sin embargo, también debe considerarse que (i) el quintil más rico paga cerca de diez veces el monto de IVA que paga el quintil pobre y (ii) los mayores recursos provistos por la reforma serían transferidos principalmente a estas familias a través del aumento del gasto social. El efecto neto resultó evidentemente progresivo. Con el transcurso del tiempo, la tasa del IVA se elevó a 19 por ciento y el de las empresas a 17 por ciento primero y luego a 20 por ciento, para compensar rebajas de otros gravámenes. La carga se mantuvo alrededor del 18 por ciento del PIB, tasa a la que se había elevado con la reforma de 1990.

[16] Con este cambio desaparecía el incentivo tributario a la reinversión en la misma empresa o grupo económico, pero también en las sociedades de inversión y en el exterior por los grupos económicos (creciente destino de las utilidades no distribuidas).

[17] Tal reforma no tenía efectos para los dueños de PYMEs cuyos ingresos los ubican en tramos con tasas de impuesto marginal del IGC menores a 25 por ciento, precisamente porque el crédito de 25 por ciento que reciben por el impuesto pagado por sus utilidades empresariales implicaba que se les devolvía la diferencia entre el 25 por ciento y la tasa menor que les corresponde pagar en el IGC. Esto ocurría para el 98,7 por ciento de los contribuyentes del IGC en 2014 (Agostini, 2014).

[18] Por ejemplo, sobre bebidas y alcohol que, aunque de baja recaudación, fue muy explotado por la oposición y medios de comunicación.

[19] Este tema lo abordamos con más detalle en el cap. VII y en Ffrench-Davis (2017a, sección 4).

[20] La evidencia lapidaria es que la existencia de vigorosos mercados de derivados cambiarios no resuelve ese problema de inestabilidad cíclica; sí el de inestabilidad de corto plazo para exportadores e importadores ya existentes.

La aerolínea de Mongolia que disparó el aterrizaje de haitianos: en enero llegaron 5 mil

Casi cinco mil haitianos llegaron a Chile en enero recién pasado, marcando un fuerte incremento de 136,7% respecto del mismo mes de 2017. Y algo más de la mitad -2.542 personas- lo hizo en alguno de los 16 vuelos que en el primer mes de este año realizó desde Puerto Príncipe, la capital de Haití, un avión de Mongolian Airlines (MIAT), la aerolínea estatal de Mongolia. Un acuerdo firmado en noviembre del año pasado con la haitiana Sunrise Airways permitió a esa firma asiática convertirse en protagonista de la prácticamente descontrolada inmigración desde ese país caribeño.

Un video que se hizo viral a fines de febrero mostrando el descenso de ciudadanos haitianos desde un avión con capacidad para 300 pasajeros en una apartada zona del aeropuerto de Pudahuel, encendió la polémica pública por el explosivo aumento de la inmigración desde ese país caribeño. Fuertes protestas y brotes racistas se tomaron las redes sociales. Más allá de la irracional explosión xenófoba, el tema copó la agenda pública y planteó preguntas sobre quiénes están tras el negocio del transporte de haitianos hacia Chile.

(Fuente: Alexander Secul)
(Fuente: Alexander Secul)

CIPER revisó los registros de la Junta de Aeronáutica Civil (JAC) y descubrió un puñado de empresas “charteras” que mueven este negocio, aprovechando las laxas normas chilenas que permiten este tipo de vuelos privados. A ellas se suman aerolíneas regulares –como LAW, Copa, Avianca y Delta, entre otras–, que se han sumado a este floreciente mercado. Hasta ahora, todas las miradas se habían dirigido a LAW, pero es mucho más amplio el arco de empresas que están exprimiendo este nicho casi sin control de las autoridades.

El examen de las cifras oficiales, permitió a CIPER detectar que la empresa mongoliana, basada en Ulan Bator, es hoy el principal medio de transporte de pasajeros desde Haití a Chile. Desde fines de noviembre pasado, que el Boeing 767-300 arrendado por Sunrise Airways a la firma que controla el Estado Mongol aterriza en Santiago: ya en diciembre aparece transportando a 1.500 ciudadanos desde la capital haitiana. La aeronave es conocida entre los funcionarios del aeropuerto como “El Coyote”, en referencia a quienes transportan ilegalmente a personas a través de la frontera entre México y Estados Unidos.

En enero, Mongolian Airlines se convirtió en la líder de este mercado del que pocos hablan y aterrizó en Pudahuel prácticamente jornada por medio: los días 4, 6 ,9 ,11, 13, 16, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 30 y 31. De martes a domingo, entre las 4 y 7 de la mañana, el Boeing 767-300 se posó sobre las losas del terminal internacional de Santiago tras haber completado las casi siete horas y media de vuelo desde Puerto Príncipe.

Los registros de la JAC indican que en enero la ruta directa Puerto Príncipe-Santiago fue cubierta solo por dos aerolíneas que transportaron un total de 4.826 personas: Mongolian Airlines, que trajo 2.542 pasajeros, y la hoy aproblemada Latin American Wings (LAW), que movilizó a otros 2.284. Mientras la primera se hace del control del mercado, la segunda enfrenta una crítica situación financiera y anunció la suspensión de sus vuelos porque la PDI no está aceptando el ingreso de un alto porcentaje de sus pasajeros.

En los últimos días, tras la controversia pública por el video viralizado, la policía adoptó la práctica de revisar la veracidad de las reservas hoteleras que exhiben los pasajeros haitianos. Esta inédita política, según publicó La Tercera del martes 6 de marzo, originó que más de 200 ciudadanos haitianos no pudieran entrar al país. Los pasajeros correspondían en su gran mayoría a vuelos de LAW, aunque también afectó a la “chartera” chilena ONE y a Copa Airlines. En el aeropuerto se comentaba que Dynamic Airways y Sunrise también han debido enfrentar dificultades.

EL NEGOCIO ENTRE MONGOLIAN Y SUNRISE

El acuerdo entre Mongolian Airlines  y la aerolínea haitiana fue gestándose durante el año pasado gracias a las gestiones mediadoras de la empresa global de chárteres Zela Aviation, con sede en Chipre. En noviembre se cerró el negocio, que consiste en el arriendo de la nave mongoliana con sus pilotos y tripulación (o wet-lease en jerga aeronáutica).

(Fuente: Sunrise Airways)
(Fuente: Sunrise Airways)

La firma chipriota opera como agente global de ventas para los mongoles y otras aerolíneas que vuelan entre Europa y Asia. El 5 de febrero pasado The UB Post, un diario que se publica en inglés en Ulan  Bator, informó de las intenciones de Mongolian Airlines  para crecer en el negocio del arriendo de aviones. Su vicepresidente N. Enkhbaatar dijo a ese medio que la aerolínea estaba aprovechando la baja temporada en su país para alquilar sus aviones a otros operadores. En ese contexto, informó que el acuerdo con Sunrise Airways era el “primer paso para que la compañía comience sus vuelos directos a Estados Unidos”, proyectados para 2020.

Mongolian Airlines  opera regularmente en Asia (Beijing, Hong Kong, Seúl y Tokio) y Europa (Moscú, Berlin y Frankfurt). Sus viajes entre Haití y Chile son su primera incursión a este lado del mundo y de acuerdo con la misma publicación de The UB Post  todos los trayectos los hizo con una tripulación mongola compuesta por 36 personas, entre pilotos y tripulantes. Además, el artículo comenta que el arriendo a la línea hatiana permitirá a su personal acumular más de 600 horas de experiencia de vuelos sobre el Atlántico.

Hasta 2015 aproximadamente, cualquier viaje desde Santiago a Puerto Príncipe debía realizarse vía Panamá, Miami o Nueva York. Hoy hay vuelos directos desde Haití, como los que realiza Mongolian, y Santiago es uno de los destinos que más crece. La explosión que se vivió en los últimos meses, dijeron diversas fuentes a CIPER, se debe al temor que existe entre los haitianos que ya residen en Santiago por la posibilidad de que el nuevo gobierno de Sebastián Piñera endurezca la política de inmigración.

EL ROL DE LAS “CHARTERAS”

CIPER descubrió que el uso de aerolíneas chárter para el traslado de inmigrantes se ha convertido en una práctica recurrente. Por varias razones. Una de ellas: la normativa chilena que permite entrar al país a cualquier avión que solo cumpla con requisitos de seguridad y financiamiento de un seguro para sus pasajeros y tripulantes. Esta política de “cielos abiertos” permite autorizar bajo diferentes grados de libertad los vuelos de aerolíneas de 60 países y faculta a empresas de prácticamente todo el mundo a operar en Chile con amplias facilidades. Ya sea para vuelos estacionales, regulares o programados.

Todas estas “libertades” son parte de una política de Estado que considera la apertura unilateral de los cielos como una medida que dinamiza la economía y que permite abaratar los viajes de pasajeros y el transporte de carga.

Jaime Binder, secretario general de la JAC
Jaime Binder, secretario general de la JAC

-En Chile cualquier operador extranjero puede solicitar autorización para realizar este tipo de vuelos, quedando sometido a la normativa nacional vigente, la cual está constituida principalmente por la Norma Aeronáutica DAN 119 de la DGAC, denominada Obtención del Certificado de Operador Aéreo (AOC). Esta norma regula la operación no regular por empresas aéreas extranjeras, distinguiendo entre aquellas aerolíneas que deseen realizar 18 o menos vuelos de este tipo dentro de un año y las que desean realizar más de 18 vuelos no regulares en el mismo período- dijo a CIPER el director de la JAC, Jaime Binder.

En el primer caso, para realizar 18 o menos vuelos, las aerolíneas deben presentar únicamente el AOC otorgado por su país de origen, sus especificaciones operativas vigentes y los seguros obligatorios. En el segundo caso, deben obtener un AOC de operador extranjero en Chile. “La JAC, de acuerdo a sus competencias legales, toma conocimiento y aprueba las pólizas o certificados de seguros que cubren los daños a ocupantes de la aeronave y a terceros en la superficie”, añadió Binder.

La Ley de Aviación Comercial de Chile (Decreto Fuerza Ley N.° 2.564 de 1979) está sustentada en los principios de libre ingreso a los mercados, libertad tarifaria, mínima intervención del Estado y liberalización de la propiedad y el control de las empresas.

Otra razón que abona la operación de las “charteras” –explican en el mercado aeronáutico– es la poca oferta de vuelos al Cono Sur que existe en Puerto Príncipe y las dificultades para utilizar su precaria infraestructura aeroportuaria. De hecho, parte importante de la inmigración haitiana a Chile proviene en los últimos meses desde el cotizado balneario turístico de Punta Cana, en la vecina República Dominicana, cuyo aeropuerto permite el arribo y despegue de aviones de todo tipo. El viaje desde la capital haitiana hasta el otro extremo de la isla toma eso sí entre 8 y 9 horas en bus y, según explican en algunas aerolíneas, los pasajes desde ese balneario a Santiago incluyen hoy el valor del tramo por tierra.

El video grabado en Pudahuel que se viralizó a fines de febrero fue una muestra clara de la predominancia de las “charteras” en el traslado de inmigrantes haitianos. El vuelo, de la aerolínea estadounidense Dynamic International Airways, con capacidad para 300 pasajeros, venía desde Punta Cana. Solo en diciembre, esta compañía –acogida a la Ley de Quiebras de Estados Unidos– trajo directamente desde Puerto Príncipe a otras 3.415 personas y a 439 desde Punta Cana.

Una tercera razón del boom de las “charteras” es el precio. Como no tienen obligación de constituirse en Chile como una aerolínea regular –con representante legal, oficinas, personal, hangares, sistemas informáticos y una serie de otras exigencias locales e internacionales–, pueden vender pasajes más baratos. Como dice el ex gerente general de una aerolínea local, en su modelo de negocio estas firmas también consideran que el boleto de vuelta raramente será usado por los pasajeros, por lo que incluyen esa ventaja en su estructura de costos.  Saben que sus pasajeros vienen a quedarse.

CIPER comprobó que otras “charteras” de países poco familiarizados con Chile, como la sudafricana Global Aviation Operation, también han participado en el negocio del traslado de  inmigrantes. Durante 2017 esta firma registró siete vuelos Puerto Príncipe-Santiago en su Airbus A320, contratados para movilizar pasajeros de Sunrise Airways. En total, transportó a 764 personas. En febrero de 2018 recibió autorización de la JAC para realizar 10 vuelos.

También se sabe en el mercado que la dominicana Dominican Wings y la lituana Avion Express estuvieron sondeando el mercado. De hecho, la firma europea realizó en 2017 un par de vuelos entre Brasil y Santiago.

Aeropuerto-Arturo-Merino-Benítez-1023x573 (1)Fuentes del sector aeronáutico dijeron a CIPER que los precios desde Puerto Príncipe a Santiago en chartera varían desde los $540 mil a los $639 mil, en promedio. Mientras, por el mismo tramo las aerolíneas regulares cobran desde $639 mil. Ese es el valor del pasaje en la cuestionada LAW.

El año pasado, el Ministerio del Interior presentó ante el Ministerio Público una acusación por eventual tráfico ilegal de migrantes haitianos que apuntó directamente a LAW (ver querella). Sin embargo, en la Fiscalía Centro Norte indicaron a CIPER que “la causa está en investigación con diligencias en curso y aún no sido formalizada”.

“En el negocio de Haití el principal transportador es Copa, que tiene cuatro vuelos diarios y en los cuales trae a muchos haitianos. Después hay una empresa haitiana que se llama Sunrise, hay otra empresa chilena. Avianca también (…). Yo creo que la crítica es injusta, porque no somos la única línea aérea que lo hace y no somos la que más transportamos tampoco, entonces también es medio extraño esto”, dijo a La Tercera la semana pasada el gerente general de LAW, Andrés Dulcinelli.

Otras aerolíneas regulares que traen pasajeros desde Puerto Príncipe son Copa y Delta, con escala en Panamá. American Airlines transporta a través de Miami y Avianca, vía Bogotá.

Fuentes de la PDI dicen que en las últimas semanas se ha detectado también el ingreso de ciudadanos haitianos vía Lima. Según las cifras de la JAC, Peruvian Airlines movilizó en enero pasado a 2.004 pasajeros en dos rutas (Lima–Santiago y Punta Cana–Santiago), de los cuales 1.180 viajaron hacia Chile y 767 desde Santiago hacia los dos destinos mencionados.

LOS VUELOS DE SUNRISE AIRWAYS

En el ingreso de ciudadanos haitianos a Chile, la aerolínea de ese país Sunrise Airways le cabe un rol preponderante. La firma, controlada por el millonario haitiano Philippe Bayard ha volado en diversas ocasiones a Chile precisamente como “chartera”. Esta aerolínea solicitó ante la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC)  el 2 de agosto de 2017 la obtención de un AOC como operador extranjero en Chile, trámite que se encuentra en desarrollo y cuya finalización depende de ese organismo.

En septiembre, según la plataforma de la Ley del Lobby, el propio Bayard se reunió con el embajador de Chile en Haití, Patricio Utreras, para abordar las operaciones de Sunrise Airways en Chile.

Aeropuerto de Puerto Príncipe (Fuente: elclarinweb.com)
Aeropuerto de Puerto Príncipe (Fuente: elclarinweb.com)

Según fuentes del mercado, a Sunrise Airways le han parecido “desmedidas” las exigencias de seguridad de la DGAC. Pero el negocio es tan bueno que ha contratado aviones de países cuyos niveles de seguridad sí son reconocidos por las autoridades chilenas, a pesar de que cada vez que “terceriza” estaría dejando de percibir en torno al 12% del valor de cada pasaje. Ese sería el “fee” o cobro que le aplican las “charteras”, explican en el mercado.

Las cifras de la JAC muestran que en enero de 2018 Sunries solo trajo a Chile pasajeros provenientes de Lima: 294 personas. En diciembre movilizó un total de 954 pasajeros a Chile: 764 desde Puerto Príncipe a Santiago y 190 desde la capital peruana. Antes, entre el 29 de mayo y el 15 de junio de 2017 voló 18 veces como “charter” desde Puerto Príncipe a Santiago, con escala en Lima.

El martes 1 de agosto de 2017 ante la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, el director general de Asuntos Consulares y de Inmigración de la Cancillería, Carlos Appelgren, vinculó a Sunrise Airways con las redes de tráfico de inmigrantes. “No tienen otros itinerarios y les ha ido estupendamente bien. Tanto es así, que acaba de inaugurarse hace poco más de un mes una segunda aerolínea que ya tiene dos vuelos semanales hacia Chile“, agregó en referencia también a LAW.

LOS 3.415 PASAJEROS DE DYNAMIC

Uno de los “misterios” que envuelven a los chárter es el titular del vuelo. En Chile ni la JAC ni la DGAC le preguntan a una firma de ese tipo a nombre de quién harán los traslados. Si son pasajeros propios o de otra aerolínea. Conocerlo, depende prácticamente de la buena voluntad del contratante o de la información obtenida por vías no oficiales. Es el caso de Dynamic International Airways.

La aerolínea, que actualmente tramita el permiso AOC para operar en Chile, transportó sólo en octubre del año pasado a 3.415 personas desde Puerto Príncipe a Santiago.

(Fuente: Dynamic Airways).
(Fuente: Dynamic Airways).

En noviembre pasado, la compañía acogida a reestructuración financiera bajo el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos, informó al mercado estadounidense que en adelante operaría sus dos Boeing 767 como empresa “chartera”.También anunció, según reprodujeron algunos sitios de noticias aeronáuticas, el cierre de un contrato con la agencia de viajes británica Swift Travel Services para operar un servicio regular entre Puerto Príncipe y Santiago hasta finales de marzo de este año, en cooperación con LAW.

En diciembre del año pasado, la aerolínea Dynamic International Airways inició ante esta DGAC, el proceso para la obtención del Certificado de Operador Aéreo, el cual se encuentra en la etapa de presentación de documentación según la normativa vigente”, respondió por escrito la entidad aeronáutica a CIPER. La solicitud ingresó el 5 de diciembre de 2017 y de conseguirla podrá volar hasta 18 veces en un año calendario.

ABUSOS LABORALES Y RACISMO

Según cifras de la PDI solo en 2017 ingresaron a Chile 111.746 haitianos. El alto número ha generado controversia, choques culturales, competencia entre inmigrantes, abusos laborales, soledad y fuertes muestras de racismo.

Sobre el rechazo de numerosos haitianos, debido al endurecimiento de las políticas de la PDI en el aeropuerto, las aerolíneas deslindan responsabilidades. El gerente de operaciones de One Airlines, Miguel Durán, dijo a CIPER: “Como empresa charter, el avión nuestro fue arrendado por Global Travel en un viaje del 4 de marzo de 2018 desde República Dominicana (…) Global Travel es la empresa responsable, ya que ellos venden los tickets”.

Durán reiteró que su firma, controlada por el empresario salmonero Claudio Fischer, “no tiene counter ni relación con los pasajeros. ONE Airlines SpA. es una empresa ‘chartera’, ciento por ciento orientada al servicio de vuelos privados”. Global Travel es una compañía de capitales peruanos, cuyo dueño es el empresario de esa nacionalidad Máximo Herrera.

La mayoría de los haitianos que llegan al país en busca de una vida mejor se han ido estableciendo en Estación Central, Quilicura, Independencia y Santiago. Todas comunas donde ya hay grupos organizados de sus compatriotas. Aunque basta revisar la prensa regional para comprobar que su presencia se extiende sobre todo a las zonas rurales. Haitianas son las manos que parten las nueces que se exportan desde los campos chilenos y en la recolección de todo tipo de frutas. Por estos días se les puede ver en la vendimia.

En el campo es sabido que trabajan como temporeros superando con creces el límite legal de 15% para la mano de obra extranjera. Por lo mismo, las organizaciones empresariales están pidiendo al nuevo gobierno levantar ese umbral, ya que faltarían trabajadores en algunas áreas (vea la nota de Pulso).

Según datos de Clapes UC, si entre 2009 y 2013 los inmigrantes representaban entre el 1,3% y el 1,4% del empleo total, en 2017 alcanzaron al 2,1%. Eso equivale a cerca de 200 mil personas.

 

Los “súper sueldos” de más de $6 millones de los gobiernos de Piñera y Bachelet

Un correo electrónico con el asunto “honorarios” recibieron en la penúltima semana de febrero los 23 ministros que asumirán el próximo 11 de marzo. Remitido por el presidente electo Sebastián Piñera, el mensaje contenía un documento adjunto, titulado “Criterios para la contratación de personal a honorarios en ministerios”, con una clara instrucción sobre el monto de los salarios que se podrán pagar a quienes concentran los mayores sueldos del aparato público.

En la minuta, Piñera pidió a sus ministros tener una “especial consideración” respecto de las ofertas salariales a jefes o encargados de prensa o comunicaciones, periodistas o asesores comunicacionales, jefes de gabinete, asesores de gabinete de ministros o subsecretarios, coordinadores de asesores o áreas, asesores legislativos, asesores en general y directores de programas. Ello, con el fin de evitar que se repitan las críticas por los altos salarios pagados a quienes ocuparon esos cargos durante su primera administración, entre 2010 y 2014.

Sebastián Piñera
Sebastián Piñera

En el documento de página y media, el presidente electo instruyó a sus ministros a rebajar hasta en 10% el gasto en contratación de personal a honorarios. Y les ordenó además, que los sueldos ofrecidos “en ningún caso” superen el 90% de la remuneración bruta mensual del jefe o superior de servicio.

Está por verse si la instrucción de Piñera será cumplida. De ser así, se estaría poniendo freno al aumento sin control de los sueldos de los principales cargos de confianza en el gobierno y en la administración pública en general. Según estudios especializados, ello reproduce la desigualdad en Chile.

Según datos de Transparencia analizados por CIPER, en 2017, 109 funcionarios del gobierno central percibieron sueldos iguales o superiores a $6 millones mensuales. A la cabeza del grupo figuran profesionales y directivos de la Presidencia y de los ministerios Secretaría General de la Presidencia, Hacienda, Educación, Secretaría General de Gobierno y Defensa. En este equipo titular de los empleados públicos mejor pagados de Chile, aparecen precisamente los cargos a los que aludió Piñera en la minuta a sus ministros.

En el estudio “Desiguales”, publicado a fines de 2017 por el PNUD, los investigadores Matías Cociña, Raimundo Frei y Osvaldo Larrañaga sostienen que el Estado chileno replica en sus sueldos la disparidad de ingresos existente en la economía. Mientras el aparato público paga a unas 400 personas de diversas reparticiones y entidades fiscales una remuneración mensual sobre $5,9 millones, el sueldo promedio de los 5,5 millones de trabajadores que cotizan en una AFP alcanza apenas a $753.477 mensuales.

Las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) son claras: la mitad de los trabajadores chilenos recibe un ingreso mensual de $350 mil o menos y sólo el 1,2% alcanza un salario superior a los $3 millones cada mes. Es en ese 1% donde se ubica gran parte de los mandos medios de la administración pública.

CIPER revisó las remuneraciones mensuales brutas pagadas a los empleados de planta, contrata y honorarios de 19 ministerios y subsecretarías del gobierno central en diciembre de 2013 y junio de 2017, correspondientes al último año de las administraciones de Sebastián Piñera y Michelle Bachelet, respectivamente. De la nómina se excluyó a los ministros y subsecretarios, cuyos sueldos están fijados por  ley (Escala Única de Remuneraciones) y que van incrementándose cada año según los reajustes que negocia el sector público, además de algunos bonos.

LOS MINISTERIOS DE LOS “TOP”

Las cifras analizadas por CIPER revelan que, mientras en junio de 2017, en pleno gobierno de Bachelet, había 109 trabajadores del Estado recibiendo sueldos por $5,9 millones o más, en los últimos meses del primer gobierno de Piñera (diciembre de 2013) 119 funcionarios registraban un ingreso de ese monto o superior ($5,1 millones de entonces, dinero que a junio de 2017 equivale a $5,9 millones). Las conversiones se hicieron utilizando el valor de la UF para cada período.

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Michelle Bachelet

Las cifras llaman la atención, ya que en marzo de 2014 el entonces recién asumido ministro de Hacienda de Bachelet, Alberto Arenas, envió un oficio a todas las reparticiones públicas fijando un tope de sueldo para los asesores de gobierno. El texto, distribuido a ministros, subsecretarios, intendentes y jefes de servicio, establecía que los montos brutos mensuales de los honorarios “no podrán superar la remuneración bruta mensualizada del correspondiente subsecretario, intendente o jefe superior”.

Con esa medida, el gobierno de Bachelet le dio sustento a la fuerte crítica que desplegó la Nueva Mayoría durante la administración de Piñera a los altos sueldos pagados por su gobierno para lograr atraer personal altamente capacitado desde el sector privado. Pero lo prometido se quedó en las intenciones. Porque el análisis de CIPER muestra que en 2017 los salarios de los funcionarios públicos se asemejaron bastante a los de 2013.

Y como en política hay amnesia, durante la última campaña presidencial los altos sueldos y el aumento de los empleos públicos fueron un blanco frecuente de la coalición que apoyó a Sebastián Piñera.

Las cifras de la Dirección de Presupuestos (Dipres), que consideran sólo al gobierno central, muestran que mientras en 1995 el Estado empleaba a 130 mil personas, en 2010 la cifra había dado un salto a 203 mil y para 2018 se considera una planta de 250.664 funcionarios, casi el doble en 23 años. “Este incremento corresponde principalmente al programa de traspaso de personal de honorarios a contrata, destacando además un importante aumento de la dotación (2.544 personas) asociado a la puesta en marcha de nuevos jardines infantiles”, se explica en el Informe de Finanzas Públicas (IFP) incorporado en la Ley de Presupuestos de este año. El monto total destinado a este aumento de personal fue cifrado en US$12.765 millones.

Solo en 2017 la Encuesta Nacional de Empleo del INE evidenció que el sector público generó 71.109 puestos de trabajo a través de sus diversas reparticiones, oficinas y programas.

REGALÍAS DE LAS QUE SE HABLA POCO

Cada año el número máximo total de empleados que tendrá cada ministerio, tanto en planta como contrata y honorarios, lo fija el Ministerio de Hacienda a través de la Dipres. En la misma operación se determina la cuantía de bonos y asignaciones. Un acápite que es mirado con mucha atención por los funcionarios y su gremio (ANEF), ya que en el sector público tienen un carácter relevante: las regalías pueden llegar a representar el 76% del sueldo.

Según publicó La Tercera en noviembre de 2017 (ver artículo) entre enero y septiembre de 2017 la suma de los casi 50 incentivos de remuneraciones que existen para los distintos servicios del aparato público implicó un desembolso para el Estado de unos US$5.841 millones. Solo entre bonos y aguinaldos de Fiestas Patrias y Navidad los funcionarios recibieron unos US$795 millones adicionales, un alza de 16,6% (unos US$107 millones) respecto de lo que se pagó durante el gobierno de Sebastián Piñera.

EL PAGO DE CHILE

Usualmente,  el fichaje de personal a contrata y a honorarios permite a cada gobierno incorporar su sello ideológico al aparato estatal. Una facultad del sistema presidencial imperante que se ha transformado en un importante coto de caza político ya que los sueldos que se pagan son de los mejores.

Maria Luisa Brahm
Maria Luisa Brahm

En las 24 reparticiones analizadas durante ambas administraciones se encontraron funcionarios de alto rango que recibieron ingresos por más de $7 millones: 42 personas en la administración Piñera (sueldos de más de $6,1 millones de diciembre de 2013) y 14 durante el actual gobierno.

En 2013, el mayor monto correspondió a los honorarios de la abogada y jefa de asesores del gobierno, María Luisa Brahm. La actual ministra del Tribunal Constitucional, cuyo voto fue clave para la aprobación del proyecto de ley de aborto en tres causales, registró un ingreso de $8.041.635 (325 UF, equivalentes a unos $9,1 millones).

En el actual gobierno de Bachelet, el salario público más alto corresponde al abogado Óscar Sandoval Navarrete, contratado en planta de la Presidencia como director administrativo con un sueldo mensual de $7.765.742 (291 UF).

Si se cotejan esas cifras con el sector privado, un estudio de la consultora Mercer informó en 2016 que su última encuesta de remuneraciones arrojó que el sueldo base de un gerente en Chile es de al menos $6 millones mensuales. El estudio añade que los ejecutivos locales de ese nivel son los mejor pagados de la región entre sus pares.

“SÚPER SUELDOS” PARA ABOGADOS E INGENIEROS

Al analizar los mejores sueldos de la administración central reportados por Transparencia, CIPER constató que en 2013 estos corrieron por cuenta de los ministerios Secretaría General de la Presidencia (Segpres) y Energía, además del área de la Presidencia. En 2017 el ranking lo lideran tres carteras: los ministerios de Educación, Energía y nuevamente la Secretaría General de la Presidencia.

Si se examina qué carteras concentraron el mayor número de los “súper sueldos” del gobierno, se verá que en 2013 fueron los ministerios de Educación, Hacienda e Interior (36,98% del total de los mayores ingresos); mientras que en  2017 al inicio de la tabla se ubican los ministerios de Hacienda, Energía e Interior (33,34% del número total de los mejor pagados).

Ministerio de Hacienda
Ministerio de Hacienda

Otro factor que es necesario incorporar en este análisis es si esos sueldos corresponden a funcionarios pagados por planta, contrata o a honorarios. En 2013, el 52,1% de los sueldos altos correspondía a personal de planta. En promedio fueron 62 funcionarios que percibieron un sueldo equivalente a $6,6 millones (llevado a valor actual). La mitad de ellos cumplía labores en las carteras de Educación, Energía e Interior.

Si se examina la planta de junio de 2017, el 59,6% de los funcionarios de altos ingresos -65 personas con sueldos que promediaron $6,6 millones– están adscritos a los ministerios de Agricultura, Secretaría General de la Presidencia y Energía.

Respecto de los funcionarios mejor pagados bajo la modalidad “honorarios”, en la administración Piñera (2013) encontramos a 41 personas repartidas entre los ministerios de Economía, Hacienda y Educación (34,45%), recibiendo un ingreso mensual promedio de $6,3 millones (unos $7,1 millones de junio de 2017). En esa misma condición laboral, bajo la administración Bachelet (junio 2017) había 35 trabajadores con un sueldo mensual promedio de $6,5 millones, ubicados en Presidencia, Hacienda y Economía, principalmente.

A contrata, en tanto, había 16 personas en 2013 con “súper sueldos”, ganando en promedio $5,6 millones (unos $6,3 millones actuales) y se les podía encontrar mayoritariamente en los ministerios de Agricultura, Educación y Energía. En junio de 2017, bajo esa misma condición laboral, había solo nueve “súper sueldos”, con un ingreso promedio de $6,4 millones instalados en Educación, Energía e Interior.

Si se analiza por profesión, los datos de Transparencia arrojan que en ambos períodos los abogados lideraron el ranking de los mejor pagados. No sólo en número, sino que también en montos: en 2013 hubo 38 abogados entre los “súper sueldos” de la función pública,  cobrando en promedio $7 millones mensuales (valor actual). La mitad estaba en Agricultura, Defensa y Energía.

Las carteras donde se concentraron los abogados en la administración Bachelet fueron distintas: en junio de 2017 encontramos a 29 abogados repartidos en Hacienda, Interior y Educación , cobrando una remuneración mensual promedio de $6,6 millones.

Las otras profesiones con mayores sueldos pagados por el Estado en 2013 fueron ingeniería civil, sobre todo en los ministerios de Energía y Educación; mientras que en 2017 los ingenieros comerciales se convirtieron en el segundo grupo con mayor participación en los “súper sueldos”, principalmente en Hacienda y Energía.

En ambos períodos también encontramos periodistas entre los “súper sueldos” del gobierno: seis en 2013 con un sueldo mensual promedio de $6,7 millones (valor actual) y siete periodistas en la actual administración, con un ingreso mensual promedio de $6,6 millones.

La discriminación de la que son víctimas las mujeres en sus remuneraciones también se evidencia en este análisis que hizo CIPER de los “súper sueldos” que paga el gobierno de turno. En ambos períodos el porcentaje de mujeres no supera el 25%.

1% MÁS RICO

El análisis realizado por CIPER es solo una muestra de los “súper sueldos” que paga el gobierno. Pero el fenómeno se extiende a toda la administración del Estado. En su estudio “Desiguales”, Cociña, Frei y Larrañaga sostienen que existen al menos 400 funcionarios del sector público que reciben más de $5,9 millones mensuales. Con ese nivel de ingresos, todos ellos pertenecen al exclusivo grupo de casi 99.000 personas que en Chile forman parte del 1% más rico de la población.

En ese listado están la Presidenta de la República ($10,1 millones mensuales) y sus ministros ($9,1 millones mensuales en promedio), además de sus asesores más cercanos con ingresos mensuales iguales o superiores a los $6 millones.

desiguales“Desiguales” también considera en su análisis los ingresos establecidos por ley para los 21 jueces de la Corte Suprema ($9,1 millones), los parlamentarios ($9,1 millones los senadores y $8,6 millones los diputados); treinta empleados del Banco Central, incluyendo a sus consejeros ($8,7 millones o más cada uno) y algunos funcionarios de las universidades estatales. En total, la investigación de los tres académicos identificó a 230 empleados del sector público que reciben ingresos equivalentes al sueldo base de un gerente de empresa mediana e incluso de algunas grandes, sin contar sus bonos (ver tabla).

La investigación de Matías Cociña, Raimundo Frei y Osvaldo Larrañaga detalla un segundo grupo de altos ingresos con $5,9 millones mensuales bruto en promedio. En este segmento se ubican médicos y directivos de hospitales; los presidentes de las Cortes de Apelaciones ($6,7 millones) y los 169 jueces y fiscales de las Cortes de Apelaciones ($6,3 millones). También se incluye a 51 funcionarios del Senado y la Cámara ($5,7 millones).

En los sueldos de este segmento no se contabilizaron las asignaciones complementarias. “En este rango de remuneraciones se ubica la mayoría de los jefes de división ministerial, y algunos altos funcionarios del gobierno central, como fiscales, asesores de primera línea y otros. Su número varía por ministerios, pero en total suman alrededor de 150 funcionarios”, se lee en “Desiguales”.

A ese grupo, los investigadores suman otros 100 profesionales que trabajan en las superintendencias, el Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Dirección de Presupuestos (Dipres), del Ministerio de Hacienda.

Otro cálculo realizado por El Mercurio con cifras de Transparencia a diciembre de 2016, indicó que los funcionarios que reciben una remuneración bruta igual o superior a los $5 millones en la administración central son 600. Señala además,que seis autoridades de gobierno registraron ese año un salario mayor al de Bachelet: la ministra de Educación, Adriana Delpiano ($11,4 millones, monto que incluye un bono por modernización) y los subsecretarios Francisco Díaz (Trabajo) y Valentina Quiroga (Educación), con $10,6 millones al mes cada uno. En esa nómina de “súper sueldos” también figura el ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz ($10,5 millones) y  la intendenta de Aysén, Karina Acevedo ($10,2 millones).

RAYADO DE CANCHA

Determinar si un mismo funcionario hubiera ganado lo mismo, más o incluso menos por una función similar de gestión en el sector privado, es altamente complejo. Quien se lanzó al agua es el próximo director de Dipres, Rodrigo Cerda, quien como director alterno del Instituto Clapes UC, realizó el estudio “Remuneraciones del sector público”. Allí sostieneque, “en promedio, los trabajadores del sector público están mejor remunerados que sus contrapartes del sector privado con similares características observables”.

Rodrigo Cerda
Rodrigo Cerda

Distinta es la conclusión que hacen en las empresas “cazatalentos”. Desde allí se advierte que no siempre los funcionarios públicos ganan más que sus pares en el sector privado, porque lo que no se contabiliza a la hora de sacar cuentas es la confianza y el compromiso que significa el trabajo público. Un ejemplo claro de ello son las horas extraordinarias que un profesional debe estar a disponibilidad del gobierno. Un cargo de confianza implica también una apuesta personal por horarios y condiciones a veces menos rígidas.

Otro sector que se equipara al menos en el nivel de sueldos con su símil en el sector privado, es Salud. Representantes de los gremios de funcionarios públicos dijeron a CIPER que los sueldos en esta área deben estar alineados con el mercado, ya que se requieren trabajadores de alta experiencia técnica y manejo de personas, y como son escasos, hay que levantarlos del mundo privado.

En las próximas semanas, los ministros, subsecretarios e intendentes recién nombrados por Sebastián Piñera seguirán conformando sus equipos de trabajo con gente de su extrema confianza política. Cada uno de esos movimientos se hará bajo el atento escrutinio de los partidos del nuevo oficialismo. Todos ellos buscan poner allí a su gente, para ganar espacios, influencia y poder en vistas de las próximas elecciones en el horizonte.

Esta vez habrá un manual presidencial sobre la mesa: el instructivo “Criterios para la contratación de personal a honorario en ministerios”. Después de unos meses se verá si el nuevo gobierno llega con el cuchillo del carnicero, cortando de un lado grasa y “súper sueldos” a tajo abierto para engrosar con lo mismo en otro; o con el bisturí del cirujano: terminando con una desigualdad odiosa y ejecutando la reingeniería que el Estado necesita con urgencia.

 

Los 18 certificados académicos que Smith presentó para ser contratado por Carabineros

Vea también:

Todo comenzó en enero de 2017, al menos oficialmente. El primer peritaje que Inteligencia de Carabineros le encomendó a su nuevo asesor informático Álex Smith Leay (44 años), fue analizar el blog donde se publicó el comunicado que reivindicaba la bomba que el 13 de enero de ese año estalló en la casa del presidente del directorio de Codelco, Óscar Landerretche, en Santiago. Cuatro días después, el “profesor”, como lo apodaban en la Unidad de Inteligencia Operativa Especializada de Carabineros de La Araucanía (UIOE), entregó a su jefe, el capitán Leonardo Osses, su primer informe.

Álex Smith, el "profesor"
Álex Smith, el “profesor”

Smith llegó a esa unidad de Inteligencia exhibiendo un extenso curriculum académico. La  carpeta, en donde guardaba documentos y papeles firmados y timbrados, daba cuenta de sus profundos conocimientos en computación, agricultura, negocios y docencia. Todo ello lo plasmó en la ficha de postulación que hizo a Inteligencia de Carabineros como “asesor informático”, el 20 de marzo de 2017. Allí, entre otros títulos y cursos, Smith se presenta con tres profesiones: ingeniero de ejecución agrícola de Inacap (titulado el 5 de septiembre de 2000) con la “Especialización Relevante” de “Analista Programador”, entregada en 2003 por el mismo Inacap; ingeniero de ejecución forestal, también de Inacap (titulado el 15 de noviembre de 2000) y magíster en Administración de Empresas (MBA) de la Universidad Santo Tomás (titulado el 15 de enero de 2016).

Pero este lunes 19 de febrero de 2018, en la audiencia en que Smith Leay fue formalizado por obstrucción a la justicia y falsificación de instrumento público en el Juzgado de Garantía de San José de la Mariquina, el fiscal Juan Agustín Meléndez agregó un nuevo delito: “Según lo informado por Inacap, el señor (Smith) no obtuvo en esa casa de estudios el título de analista programador. La Universidad Mayor señaló que no registra títulos profesionales, ni tampoco realizó estudios, solamente realizó funciones de docencia”.

Lo que el fiscal no dijo en esa audiencia es lo que CIPER acreditó en esta investigación: que precisamente en los años en que Smith Leay registró la obtención de esos títulos ahora cuestionados, el rector de INACAP Temuco era su abuelo materno: Guillermo Leay Vera, quien dirigió esa institución al menos entre 1999 y 2006.

El abuelo de Álex Smith es un empresario prominente en La Araucanía. Fue presidente durante 20 años (hasta 2017) de uno de los gremios más poderosos de esa zona: la Asociación de Industriales de Malleco y Cautín (Asimca), entidad que forma parte de la Sofofa y de la Multigremial de la Araucanía, y que en reiteradas ocasiones ha pedido al gobierno declarar el Estado de Excepción en la zona.

“Por su importante labor dirigencial, destacamos y reconocemos la importante labor ejercida por don Guillermo Leay Vera, quien ejerció en nuestro gremio el cargo de Presidente durante 20 años”, dice la memoria 2017 de Asimca.

LAS REDES DEL “ABUELO”

Inacap no es solo la institución de educación superior donde Álex Smith realizó los principales estudios profesionales que dice haber completado. También inició allí su actividad laboral. Eso al menos es lo que se desprende de los antecedentes académicos y laborales que Smith entregó a Carabineros cuando postuló a esa institución en marzo de 2017.

Su primer trabajo -entre enero de 1998 y mayo de 2001- fue como administrador del predio “La Cantera” de propiedad de Inacap Temuco. A partir de 2001 y hasta 2008, Smith Leay declara haber trabajado como coordinador de sedes, carreras y laboratorios de diferentes especialidades en esa misma institución, cuyo rector era su abuelo materno: Guillermo Leay Vera.

Considerado un hombre público en Temuco -en enero de 2006 el Diario Austral le dedicó un perfil de dos páginas con el título de “El contador más importante de Chile”-, el abuelo de Smith Leay ha sido representante de otros gremios empresariales con gran influencia en la zona, como la Corporación de la Madera (Corma) entre 2004 y 2005. Leay Vera también figura como protagonista de diversas iniciativas culturales locales y como un destacado dirigente del básquetbol. Su nombre además, se asocia a la Fundación Mi Casa, de la que fue director; a la visita de Juan Pablo II a la capital de La Araucanía el 5 de abril de 1987 y a la Iglesia Católica, principalmente como director del Hogar de Cristo.

Inacap, sede Temuco.
Inacap, sede Temuco.

En la memoria 2017 de Asimca, aparece una breve reseña de Guillermo Leay Vera: contador del Banco Central de Chile (Santiago); gerente general de la Asociación de Ahorro y Préstamo de la Frontera (Temuco), gerente de sucursales Ahorramet (Santiago), gerente general de Diners Club de Chile y vicerrector de INACAP Temuco y ocasionalmente de Valdivia. De su trayectoria académica se destaca su especialización en política monetaria.

Según los registros del Diario Oficial, Guillermo Conrado Leay Vera es miembro fundador y ha sido gerente y presidente de la Corporación Privada de Desarrollo Social IX Región (Corprix), creada en 1977. En noviembre de 1986 esa entidad se hizo cargo de cuatro colegios en La Araucanía: los liceos industriales de Temuco, Angol, Nueva Imperial y Curacautín. Los convenios fueron renovados en 1996, por el entonces ministro de Educación, José Pablo Arellano, cuando Leay Vera era el presidente de Corprix. Tres años después esa corporación recibió un comodato del Estado para ocupar dos terrenos en Nueva Imperial y Lautaro con el fin de ampliar los colegios e impartir clases de educación física.

Pero en septiembre de 2006, tras varias denuncias, la Contraloría General de la República cuestionó la compra de oficinas que hizo Corprix en el tercer piso de un edificio ubicado en pleno centro de Temuco. A ese negocio, la corporación –de la que ahora era gerente Leay Vera- destinó más de $300 millones del dinero fiscal que debió ser utilizado para la educación de los jóvenes de escasos recursos. En 2007, el Mineduc puso fin al contrato y hoy los colegios son administrados por la Universidad de Santiago (Usach).

A fines de los años 90, esa misma Corporación Privada de Desarrollo Social IX Región, constituyó la sociedad educacional, inmobiliaria y de inversiones “Corprix Limitada”, aportando el 50% de su capital. El otro 50% quedó en manos de los mismos socios de Corprix: Guillermo Conrado Leay Vera, Guillermo Olhagaray Cisterna, Luis Enrique Durán Gutiérrez y Abel Sergio Varas Fierro (con el 12,5% cada uno).

Otra de las empresas de Leay Vera es la sociedad anónima “Orbita Comunicaciones”, creada en octubre de 1998 junto al diputado Germán Antonio Becker Alvear (RN), el presidente interino de la Multigremial de La Araucanía, Gastón Carlos Caminondo Vidal; el periodista Gustavo Cid; el ex dirigente deportivo René Rosas Bombín y el empresario local José Araya Massry.

EL NEXO ACADÉMICO CON CARABINEROS

El abuelo de Alex Smith no aparece mencionado en ninguno de los documentos con los que avaló su postulación a Inteligencia de Carabineros en marzo de 2017. En su extenso curriculum vitae (29 páginas), “el profesor” se presenta con las profesiones de ingeniero agrícola, ingeniero de ejecución forestal, analista programador y magister en administración de empresas. Adjunta 18 fotocopias –algunas legalizadas- de sus diferentes títulos y certificados de cursos tanto en su calidad de alumno (desde Manejo y Manipulación de Carnes hasta Primeros Auxilios) como de docente.

Todos sus documentos académicos están fechados entre 2000 y 2016. El certificado de título de “analista programador” de Inacap –el que hoy esa casa de estudios niega haberle otorgado- está emitido en Santiago el 17 de octubre de 2003 por el Centro de Formación Técnica Inacap. Este documento exhibe un timbre de copia certificada de la notaría de Carlos Alarcón Ramírez en Temuco, el 28 de diciembre de 2012 y revalidado en esa misma notaría el 20 de marzo de 2017. El certificado de título aparece firmado por Verónica Pereira (actual directora curricular de Inacap) y tiene el N° 6401 del folio 270 del registro general de títulos de esa institución de educación superior.

Fiscal Juan Agustín Meléndez.
Fiscal Juan Agustín Meléndez.

El lunes 19 de febrero, el fiscal Meléndez informó que la Universidad Mayor negó el título profesional de seguridad informática que Smith se adjudica en esa institución, afirmando que allí solo habría ejercido como docente. Los únicos dos certificados emitidos por esa casa de estudios que están en el dossier que Smith Leay entregó en su postulación a Carabineros, dan cuenta de un “Curso de certificación para la enseñanza online” de 65 horas académicas, extendido en Santiago, en agosto de 2013 por la Coordinación de Educación Virtual de esa universidad, firmado por el jefe del área Luis Cabrera Fuenzalida. El segundo curso, es un “Diploma de Docencia Efectiva”, otorgado en Temuco el 25 de abril de 2016 y que corresponde a una capacitación de 120 horas.

Pero la investigación de CIPER encontró otro dato importante en la carrera docente de Smith en las universidades Mayor y Santo Tomás, ambas en sus sedes en Temuco, que lo liga a Carabineros. La Universidad Mayor suscribió un convenio con la policía uniformada para entregarle cupos a la institución en distintos cursos. Entre 2012 y 2014, por ejemplo, aparecen cuatro cursos adjudicados por licitación a esa institución de educación superior. Entre ellos, dos diplomados en “Análisis de Inteligencia Comunicacional” (2013 y 2014).

El 17 de noviembre de 2017, a través de trato directo, la Prefectura Cautín contrató a la Universidad Mayor (sede Temuco) para desarrollar un curso de “Computación, rastreo, búsqueda y posicionamiento de personas, a través de la informática forense”, los mismos contenidos que Smith impartía en dicha universidad. El curso, que tuvo un valor por alumno de $144 mil, se llevó a cabo el 20 de noviembre y contó con la participación de 16 alumnos (cabos, sargentos, un subteniente y un capitán) de la Sección de Encargo y Búsqueda de Vehículos (SEBV) de Temuco. El costo total del curso, con descuentos aplicados, fue de $1.987.200.

En su dossier académico, Smith registró dos capacitaciones como docente en la Universidad Santo Tomás: cursos de “Autocad” (software de diseño para dibujo) y otro de animación (programa “Sketchup” de diseño gráfico). Según Smith, sería en esos cursos donde se habría producido el primer contacto con los policías de Temuco, los que fueron sus alumnos.

“Hace tres años más o menos, a través de la Universidad Santo Tomás, Carabineros me contactó para que hiciera un curso de ‘Autocad’ para Labocar. A los meses me contactaron nuevamente para realizar un curso de ‘Sketchup’… Hice varios cursos para Labocar no solo en Temuco, también en Valdivia. Me contactaron por diferentes universidades e impartí cursos no solo al Labocar sino al SEBV. Debido al hecho de que yo les hacía cursos a los carabineros, y ya me conocían, en enero de 2017 me contacta el capitán Osses y me pide ayuda en un asunto asociado al caso Laderretche”, afirmó en esa declaración judicial del 30 de enero pasado.

Leonardo Osses había sido uno de los alumnos de los cursos que Smith impartió. Fue así que cuando llegó a las dependencias de la UIOE de Temuco fue inmediatamente apodado como el “profesor”.

DOS INGENIERÍAS Y UN MBA

En el dossier que Smith presentó a Carabineros para su contratación como “asesor informático” de Inteligencia, el certificado de título como ingeniero de ejecución agrícola fue otorgado por el Instituto Profesional Inacap el 5 de septiembre de 2000. Es una fotocopia, sin sellos, firmada y timbrada por la secretaria general de esa casa de estudios, María Teresa Merino Gamé. Y también fue legalizado ante el notario Carlos Alarcón Ramírez de Temuco, el 28 de diciembre de 2012. El original se encontraría en el N° 6401 del folio 270 del registro general de títulos de esa institución.

La misma secretaria general aparece firmando el 15 de noviembre de ese año (2000) la copia de otro certificado de título de Smith: esta vez como ingeniero de ejecución forestal, cuyo original se encontraría en el N° 5.623, folio 375 del registro de la institución educacional. Este título también figura legalizado ante el notario Alarcón de Temuco, el 28 de diciembre de 2012.

El "profesor" Smith impartiendo clases de Excel.
El “profesor” Smith impartiendo clases de Excel.

Del mismo Inacap son otras tres “copias” de certificados por igual número de cursos:  uno de “Formación Pedagógica de Instructores o Relatores”, realizado en Temuco entre el 20 de marzo y el 8 de mayo de 2001, firmado por el subgerente de Capacitación, Fernando Bedregal; un segundo curso, “Actualización pedagógica para instructores o relatores según ISO 9001: 2000”, que tomó ocho horas académicas en Santiago entre el 24 y 25 de abril de ese mismo año, y lo firma el director de Empresas y Educación Continua, Tomás Irarrázaval Llona. El tercer curso es uno en línea: “Aplicaciones computacionales para la administración”, dictado en 40 horas entre el 13 de mayo y el 31 de agosto de 2015. El certificado lleva las firmas de Isabel Labra (gerente de Personas) y Alejandro Toth (director de Capacitación).

Otra casa de estudios de la que Smith acompañó tres certificados es la Universidad Santo Tomás (UST). El más antiguo (2009) es por un “Diplomado de Formación Pedagógica en Educación Superior” que duró 95 horas y fue realizado en Temuco entre septiembre y diciembre de 2009. El segundo certificado es por un “Diplomado en Gestión de Negocios” realizado en la capital de La Araucanía durante 180 horas pedagógicas en 2015 y fue emitido por la Dirección de Investigación y Postgrado. El tercer certificado de la UST es una fotocopia donde esa universidad acredita que Alex Guillermo Smith Leay obtuvo el grado académico de magíster en Administración de Empresas (MBA) el 15 de enero de 2016. El original se encontraría en el registro N° 24368 y la fotocopia contiene el timbre del mismo notario Carlos Alarcón Ramírez, el 20 de marzo de  2017.

Entre los certificados académicos que exhibe Smith Leay llama la atención uno extendido en 2005 por la Fundación Chile: el curso Licencia Digital ICDL Start, que entrega competencias en el uso de computadores personales al nivel más básico (procesador de  texto, hojas de cálculo y uso de Internet).  Lo extraño es que Smith habría tomado este curso dos años después de haberse titulado de “Analista Programador” (octubre de 2003) en Inacap.

Otro certificado que contiene el dossier de Smith es el que acredita que hizo el curso “Plan de entrenamiento para proveedores (PEP)” de 20 horas pedagógicas entre julio y agosto de 2014, dictado online por el portal de compras del Estado, Chilecompra. En ese mismo mercado público, “el profesor” se inscribió con la marca “Smith & Smith Capacitaciones”, en el rubro de capacitaciones y asesorías agrícolas, forestales e informáticas. Solo dos adjudicaciones a esa marca registra el “profesor” en 2012 y 2016: para cursos de Word y Excel por un total de $1.634.600 al Sence.

En su curriculum Smith también incorpora su experiencia como instructor en un taller digital de robótica en el Liceo Padre Hurtado de Loncoche y como relator en 16 cursos de capacitación de computación básica.

SMITH, EL GEOLOCALIZADOR

En enero de 2017, cuando Álex Smith inició su trabajo en la unidad de Inteligencia de Carabineros de La Araucanía (UIOE), la bomba que estalló en la casa del presidente de Codelco le dio la oportunidad para mostrar sus dotes. No obstante, a juzgar por los resultados que entregó a la UIOE, el peritaje de la bomba enviada a Landerretche fue muy básico: con información abierta disponible en internet.

En el informe  entregado al capitán Leonardo Osses, Smith detalló paso a paso su indagación. Primero buscó la dirección IP del servidor donde se alojaba el blog de los llamados “Individualistas tendientes a lo salvaje”, el grupo que se adjudicó la autoría del artefacto explosivo. Para ello, utilizó la consola de Windows, herramienta disponible en todo computador, y en la que basta introducir el comando “PING” más la dirección web que interesa ubicar, para conocer la dirección IP. Luego, “el profesor” buscó esa IP en páginas web que geolocalizan esas direcciones, para concluir: “el servidor que la aloja está ubicado en Grecia”.

Ese primer informe incluye datos del dominio web de la página, el que se obtiene de sitios como “Whois.domaintools.com” y análisis del código fuente de la misma, el que se logra marcando la tecla F12 con un navegador abierto en cualquier página web.

Abogada Marisa Navarrete, cabo Manuel Riquelme y Álex Smith.
Abogada Marisa Navarrete, cabo Manuel Riquelme y Álex Smith.

En su informe a Osses, Smith afirmó haber logrado detectar que hubo dos ingresos desde Chile a esa publicación: en las comunas de Estación Central y La Pintana. Pero esa información solo sirve para saber desde dónde ingresaron en Chile a leer ese comunicado, no para identificar a su autor. Expertos informáticos consultados por CIPER señalaron que es técnicamente imposible conocer quién ingresa a un sitio web usando los códigos que en su informe dice Smith haber analizado.

Muy pronto el trabajo de Smith en la UIOE se concentró en el conflicto mapuche. Y a pesar de que el “profesor” afirmó en su declaración judicial haber sido contratado por Carabineros solo a partir de octubre de 2017, los documentos de la AFP Cuprum que revisó CIPER indican que fue a partir de julio de ese año cuando la policía uniformada comenzó a pagarle a través de la vía institucional: el Departamento de Tesorería de Carabineros.

En su única declaración judicial hasta ahora (después se ha negado a declarar), Smith también afirmó haber hecho 180 “reportes” ad honorem a la UIOE entre marzo y julio de 2017. Dos fechas significativas: marzo es el mes que Smith Leay postuló a Carabineros como funcionario civil de Inteligencia y julio el mes en que la AFP Cuprum registra los primeros pagos regulares.

Hay otros archivos que dan luces del trabajo que realizó Álex Smith en las dependencias de la UIOE de La Araucanía: manejaba un archivo Excel que contenía una base de datos con información de 25.272 antenas celulares de todas las empresas proveedoras de servicios móviles repartidas por todo Chile. Pero serían los programas “Antorcha” y “Tubicación” los que Smith asegura haber creado, los que lo convertirían en pieza clave de la hoy dinamitada “Operación Huracán”.

El lunes 19 de febrero Smith y el cabo Manuel Antonio Riquelme, del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar), fueron imputados por obstrucción a la investigación y falsificación de instrumento público en la causa “Huracán 2”, una arista de la denominada “Operación Huracán”, que investiga la quema de 29 camiones ocurrida el 28 de agosto pasado en San José de la Mariquina. El Ministerio Público acusó al “profesor” de proporcionar pruebas adulteradas para inculpar a comuneros mapuche. Smith quedó con firma semanal y prohibición de salir del país.

El fiscal regional de Los Ríos, Juan Agustín Meléndez, dijo en la audiencia que el creador de Antorcha y “Tubicación”, dos software que según Smith son capaces de interceptar mensajes y ubicación de sospechosos para investigaciones policiales, no posee el título de analista programador (Inacap), ni tampoco un diplomado en seguridad informática (Universidad Mayor). En enero pasado ante la Fiscalía de La Araucanía, Smith aseguró poseer esas credenciales.

Al finalizar la audiencia en que su formación y competencias en el área informática fueron demolidas por el Ministerio Público –al igual que la “Operación Huracán”-, un Smith cabizbajo enfrentó a la prensa. “Yo construí un vehículo y fueron otros los que lo manejaron…A mí me quieren desacreditar y así quedan todos liberados. Soy el hilo más delgado”, fueron sus palabras registradas por el Diario Austral de Temuco. Solo, fumando compulsivamente, se retiró del tribunal. En la sede de Inacap de Temuco, la sombra de su abuelo, por años rector de esa institución, volvió a merodear por sus pasillos.

Millonario convenio entre INJUV y PNUD bajo sospecha de ser caja para pagar operadores políticos

Un millonario plan destinado a “empoderar” a los jóvenes más vulnerables del país está bajo sospecha de haberse convertido en una caja para la contratación de operadores políticos. Por esa razón, la Contraloría General de la República inició el 18 de enero pasado una extensa auditoría al Instituto Nacional de la Juventud (INJUV). La fiscalización se originó por denuncias de malas prácticas en la administración de un importante pozo de recursos públicos que el INJUV entrega cada año –y que solo en 2017 alcanzó a $2.666 millones– al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo(PNUD), para que esta entidad ejecute proyectos dirigidos a los jóvenes más pobres. El convenio entre ambas instituciones le permite al instituto participar en la selección del personal que contrata el PNUD.

Nicolás Farfán, ex director del Injuv.
Nicolás Farfán, ex director del Injuv.

El manto de dudas y acusaciones por irregularidades en el uso de estos fondos se acentuó el 8 de enero pasado, cuando sorpresivamente el entonces director de la institución, Nicolás Farfán Cerda (DC), renunció a su cargo. Un mes antes, la Contraloría había recibido la denuncia del ex director regional del INJUV de Arica y Parinacota, Paulo Bustamante (PPD), quien acusó a Farfán de “no haber hecho nada” ante las graves irregularidades en que incurría el personal contratado con los fondos asignados al PNUD: muchos no cumplen con horarios ni acatan instrucciones, denunció Bustamante, por lo que es imposible saber si ejecutan o no el trabajo que se les paga.

Paulo Bustamante, quien renunció en septiembre a su cargo en el instituto y en octubre a su militancia en el PPD, dijo a CIPER: “A nivel nacional el gasto en personal a honorarios del PNUD (y que el INJUV debe fiscalizar) supera a la ejecución de los programas. Es decir, se destinan más recursos para pagar honorarios que para ejecutar los programas destinados a nuestros jóvenes y eso es porque se contrata a operadores políticos”.  

CIPER tuvo acceso a la nómina de 149 personas empleadas bajo el convenio con el PNUD en el segundo semestre de 2017 y comprobó, mediante una revisión aleatoria, que al menos 30 contratados tienen nexos directos con las juventudes de los partidos oficialistas. Allí figuran militantes del PPD (9); del Partido Socialista (6); del Partido Comunista (6); de la Democracia Cristiana (5); del MAS (3) y del Partido Radical (1).

Denuncias como la de Paulo Bustamante, casi todas realizadas por funcionarios y colaboradores del INJUV –aunque en algunos casos la fuente es anónima–, son las que han llegado a la Contraloría y dieron origen a la auditoría en curso. Desde 2008 y en al menos seis oportunidades el órgano contralor ha emitido alertas sobre el uso de los dineros  traspasados por el INJUV al PNUD.

Las acusaciones apuntan a que las jefaturas del instituto han desoído casi por completo las recomendaciones hechas por la propia Contraloría para manejar con prudencia y estricto control los recursos que el INJUV entrega al PNUD, para que este último ejecute los programas. En 2017 esos fondos sumaron nada menos que US$ 4,4 millones (unos $ 2.666 millones al cambio actual), según informó el PNUD a CIPER. La cifra equivale a cerca de un tercio del presupuesto que en promedio recibe el Instituto Nacional de la Juventud cada año (entre $7.500 millones y $8.000 millones).

El INJUV cuenta con una pequeña planta de apenas 26 funcionarios a nivel país: un director y un subdirector nacional, 15 directores regionales, cinco jefes de departamento y cuatro subjefes de departamento. En estos momentos, solo 17 de esas plazas están cubiertas. Además, el instituto dispone de una dotación a contrata y honorarios con los que completa una nómina total de 167 personas. Con esta plantilla, el INJUV debe desarrollar en todo el país la política nacional para los jóvenes de entre 15 y 29 años que representan el 24,3% de la población total de Chile: 4,3 millones de habitantes. Para conseguir ese objetivo, la relación con el PNUD es clave, pues le permite al INJUV prácticamente duplicar su dotación nacional: mediante este convenio se contrata un promedio anual de 140 personas.

El convenio, en los hechos, le hace una verónica a las normas que limitan la contratación de personal a honorarios en las entidades públicas. Al “triangular” los fondos con el PNUD –que cobra una comisión del 7% de los recursos, lo que en 2017 sumó cerca de $186 millones–, el contratante es este organismo internacional que no tiene restricciones para tomar personal a honorarios. Pero, en los hechos, las autoridades del INJUV intervienen en la selección de los contratados y estos se relacionan directamente con los mandos medios del instituto. Asimismo, el PNUD está facultado para comprar equipamiento menor y tecnológico.

El sistema ha funcionado con convenios sucesivos plurianuales y se ocupa desde 2005, atravesando de manera transversal los dos gobiernos de Michelle Bachelet y el primero de Sebastián Piñera. Este último, volverá a contar con este convenio bajo su nueva administración, pues el contrato en vigencia se extiende hasta 2019. Por lo mismo, el ex canciller Alfredo Moreno, futuro ministro de Desarrollo Social –cartera de la que depende el INJUV–, tendrá que resolver cómo se implementarán las observaciones de la Contraloría.

Es muy probable que el convenio vuelva a renovarse después de 2019, como ya ha sucedido en tres oportunidades (2010, 2014 y 2016).

REPAROS DE CONTRALORÍA DESDE 2008

Desde 2014 la Contraloría ha advertido al INJUV en al menos seis oportunidades acerca de la necesidad de cautelar la debida inversión de los recursos públicos relacionados con el PNUD. Y si se revisa todavía más atrás, ya en 2008 la entidad había emitido cuestionamientos y recomendaciones por problemas con el uso de estos dineros.

contraloria-edificioEntre los reparos y observaciones de la Contraloría figuran cuentas rendidas sin comprobantes, beneficiarios de proyectos mayores de 29 años, inexistencia de procedimientos formales para la adjudicación de fondos, deudas no cobradas por $116 millones en 2016 y otras cuentas por cobrar de antigua data, sin que consten gestiones de cobro ni mucho menos se hiciera algo tan básico como su castigo contable.

La Contraloría también cuestionó la utilización de la cuenta corriente de una funcionaria para recibir el depósito de un fondo concursable. La involucrada –Deborah Muñoz, contratada para dar “apoyo profesional”, según los datos de Transparencia– dijo a CIPER que “fue un error malintencionado que se resolvió mediante sumario administrativo”. Ese sumario se cerró sin sanciones y la funcionaria fue sobreseída, luego de que el INJUV demostrara que la organización que ganó el fondo renunció a esos recursos, manifestando que “por un error involuntario” al momento de postular ingresó la cuenta corriente de Muñoz para que le depositaran la plata.

Firmado en 2015, el acuerdo vigente con el PNUD –conocido internamente como “Proyecto 90299”– establece un plan de trabajo a cuatro años para el “Fortalecimiento y Desarrollo de las Políticas Públicas en Juventud”. Su presupuesto total es de US$ 13,3 millones, el segundo mayor contrato de esta institución multilateral con el Estado chileno, superando solo el que ha firmado el PNUD con el Ministerio de Salud.

Ya en noviembre del año pasado las contrataciones del INJUV con tintes políticos hicieron noticia. Ese mes La Tercera publicó un reportaje donde informaba que el instituto era la entidad pública con mayor proporción de militantes en su dotación: 20 de los 23 funcionarios que en ese momento ocupaban cargos de planta eran miembros de partidos (86,9% del total) y 61 de sus 139 empleados a contrata (43,8%) también militaban en colectividades de gobierno (ver reportaje).

Desde mediados de la década de los 60, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo entrega asistencia técnica a diversas oficinas públicas en programas destinados a la reducción de la pobreza, gobernabilidad y desarrollo humano, entre otras materias. Con el INJUV la relación comenzó en 2005 y el modelo es similar al de la externalización de servicios que se ocupa en la empresa privada: el instituto encarga a la entidad multilateral el desarrollo de un proyecto, lo controla y le paga.

Al principio, según relata un ex director de la entidad, todo habría funcionado correctamente. Pero la laxitud de los controles superiores permitió que poco a poco se comenzara a utilizar este sistema como una bolsa de trabajo para personas afines al gobierno de turno. “En todo caso, esto ha pasado en todos los últimos gobiernos”, advierte una funcionaria.

LA SALIDA DE FARFÁN

El Departamento de Comunicaciones de la Contraloría indicó a CIPER que “efectivamente está en curso una auditoría en el Instituto Nacional de la Juventud a raíz de denuncias recibidas en el Portal Contraloría y Ciudadano”.

En círculos de gobierno se atribuye a esa indagatoria la renuncia del ex director de la entidad, Nicolás Farfán. CIPER intentó contactarse con el abogado DC, pero rehusó hacer declaraciones. Desde su entorno aseguraron que está “tranquilo” porque en otras tres investigaciones que hizo la Contraloría sobre el INJUV durante su mandato (desde febrero de 2016) “no se encontró nada reprochable”, dijeron.

En conversación con CIPER la subdirectora y actual directora subrogante de la entidad, Natalie Vidal (PS), se sumó a la defensa:

–Él renunció el 8 de enero, pero por razones personales. Las auditorías no nos dan susto. No es algo nuevo para nosotros. Estamos súper tranquilos con eso. No es algo que nos tome por sorpresa… ya ha habido más de seis revisiones que se han hecho por distintos motivos. Es un placer recibirlos (a los funcionarios de la Contraloría).

Durante los casi dos años en que Farfán estuvo en el INJUV debió enfrentar diversas acusaciones de desorden administrativo, contratación de personal bajo criterios de afiliación política, escaso control financiero y hasta dos demandas laborales. El abogado, asumió en el verano de 2016 en reemplazo del también DC Nicolás Preuss, quien renunció debido a supuestas diferencias con el ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza (PC).

“MILITANCIA MAYORITARIA”

–Cuando se habla de que más del 80% de los funcionarios son militantes no se considera que, al menos,  el director y subdirector nacional, además de los directores regionales, son cargos de designación del Presidente de la República. No es raro que sean de partidos. Evidentemente, hay una militancia mayoritaria de los directores regionales, son 15 de los 26 cargos de planta. Yo encuentro que este porcentaje, que parece tan alto, es algo malicioso, porque de esos cargos, 17 fueron nombrados por la autoridad–  se defiende la directora (s) Natalie Vidal.

Más allá de que los cargos de planta son directivos y deben contar con la confianza política del gobierno, CIPER constató que a nivel del personal a contrata del INJUV también hay un grueso contingente de militantes oficialistas.

Natalie Vidal junto a directores regionales del Injuv.
Natalie Vidal junto a directores regionales del Injuv.

A noviembre de 2017, la nómina a contrata sumaba 144 personas y CIPER encontró en ella los nombres de varios dirigentes de las juventudes de los partidos de la Nueva Mayoría: algunos de ellos son la vicepresidenta y el secretario general de la Juventud Radical, María Andrade y Alejandro Aillon, respectivamente; además de dos concejales socialistas (Esteban Barriga, de Temuco, y Carlos Bendetti, de Chiguayante) y el presidente de la juventud PS de Coquimbo (Abdón Julio). También aparecen el tesorero nacional de la Juventud Demócrata Cristiana, Cristián Landaeta, y el Consejero Nacional de esa misma colectividad, Hernán Bocaz. Por las Juventudes Comunistas figuran, entre otros, Melba Castro y Miguel Zúñiga.

De acuerdo a diversos testimonios recogidos por CIPER entre los funcionarios del INJUV, más de la mitad de los empleados a contrata son militantes de los partidos de gobierno, especialmente DC, PS y PC. No obstante, los principales cuestionamientos tienen que ver con las cerca de 140 personas que en promedio el PNUD ficha cada año para desarrollar los programas por los que le paga el INJUV.

El instituto atiende especialmente a los chicos de las familias más pobres del país y todo el material que produce el PNUD, como encuestas y estudios, se convierte en insumo para políticas públicas. Por ejemplo, la nueva estrategia de prevención de Enfermedades de Transmisión Sexual para los jóvenes que elaboró el Ministerio de Salud se hizo utilizando esa información. En promedio, el INJUV, por sí solo o a través del PNUD, encarga seis sondeos temáticos por año y una encuesta nacional más amplia trianual.

–El proyecto PNUD es súper importante. No solo por los recursos involucrados, sino que tiene que ver justamente con la forma en que llegamos a los jóvenes, con la mirada que el PNUD y sus expertos programáticos entregan. No hay ninguna institución que tenga la capacidad de ejecución que tiene particularmente el PNUD, que tiene prácticas claras y protocolos establecidos previamente, lo que nos da garantías de poder ejecutar el presupuesto de manera correcta y que efectivamente llegue a quien tenga que llegar– sostiene la directora (s) Natalie Vidal.  

NUEVO GOBIERNO HEREDA PLANTILLA “AMARRADA”

El proyecto que el PNUD desarrolla por encargo del INJUV se ejecuta sobre tres ejes: encuestas, capacitación y participación. En el convenio que está vigente, la entidad multilateral ha recibido hasta la fecha por esos trabajos US$ 8,16 millones a través de 21 pagos o transferencias realizadas entre 2016 y 2017. Así lo informó por escrito a CIPER un encargado de comunicaciones del PNUD.

injuv actividadAunque la ejecución de los proyectos es entregada al PNUD, en la práctica el director del INJUV actúa como jefe del personal contratado por la entidad multilateral. De acuerdo a las bases del convenio (ver acuerdo), el INJUV le paga al PNUD por proyectos terminados y el ente público es el responsable de que los programas se realicen. Por eso, el director nacional del INJUV es considerado, para todos los efectos, como la máxima autoridad, por lo que incluso le cabe la responsabilidad de determinar quién será el coordinador de los proyectos que se ejecutan. Según coinciden diversas fuentes que han trabajado bajo este sistema, ésa fue la llave que permitió ir abriendo de a poco la puerta a personas ligadas a las “juventudes” de los partidos políticos.

La escala de sueldos para los trabajadores contratados en este convenio es variable: el más bajo cancelado en 2017 fue de $ 344.188 mensuales y el más alto, $ 1.192.354 por mes. El salario incluye algunos beneficios propios del personal de la ONU, como un seguro de salud, vacaciones y derecho a postnatal. Las labores se desarrollan primordialmente en terreno: oficinas municipales y casas de la cultura, así como intervención en barrios, parques y playas.

El año pasado, 149 personas fueron empleadas en los diversos programas desarrollados en virtud del convenio; catorce más que en 2016. Estos contratos son anuales y aproximadamente el 75% del personal se repite el plato año tras año, según reconocieron fuentes del INJUV y otras que trabajan para el PNUD. Para 2018 –pese a la llegada de un nuevo gobierno– la plantilla ya está completa.

Los nombres de los empleados por el convenio son elegidos tras un llamado a concurso que se publica en la página del PNUD, diarios de circulación nacional y redes sociales. El organismo internacional le entrega al INJUV una selección de candidatos. Posteriormente, una terna compuesta por dos funcionarios del organismo internacional y uno del INJUV decide quién es contratado.

“Los concursos administrados por el PNUD siguen un protocolo estándar en los cuales prevalecen los principios de transparencia y probidad, publicando los requisitos técnicos y habilidades blandas requeridas para cada función, así como los criterios de evaluación. Se realiza primero una revisión técnica de antecedentes y luego entrevistas de tres postulantes que cumplen con un puntaje mínimo de 80 puntos”, respondieron a CIPER, por escrito, desde el PNUD.

Respecto del alto número de contratos que se renuevan, la entidad dependiente de la ONU sostuvo que todo depende de una evaluación de desempeño del personal y si existe o no la necesidad de continuar con el proyecto.

Al final de cada convenio plurianual, el PNUD debe entregar un balance que incluye un informe anual de la ejecución del proyecto, más una auditoría realizada por una empresa externa y un informe final de ejecución técnica y financiera con una evaluación exhaustiva del alcance y resultados del proyecto, buenas prácticas y lecciones aprendidas. “En el caso de este proyecto, el informe estará disponible después del cierre de su ejecución, previsto para el 2019. El informe final del proyecto anterior se encuentra disponible”, respondió el PNUD a CIPER.  

La auditoria correspondiente al 2016  fue realizada por la empresa ACG Consultores y la del ejercicio 2017 será licitada en el segundo trimestre de este año.

MILLAS ACUMULADAS

Dentro del INJUV, la ingeniera en Gestión Turística, Carolina Vargas Rojas, es la coordinadora nacional del convenio con el PNUD. Por sus manos pasan prácticamente todas las decisiones de pagos y contrataciones. La profesional ha sido requerida por la Contraloría para explicar –entre otras materias– cómo funcionó el programa durante 2017.

Según fuentes del INJUV, tres funcionarios de la Contraloría están hoy instalados en el edificio neoclásico que alberga las oficinas centrales del instituto, en Agustinas con Manuel Rodríguez. Su labor ha estado centrada en revisar cifras, mecanismos de registro y control y tomar declaraciones a funcionarios.  

La Contraloría también puso bajo la lupa los innumerables viajes de la cúpula del INJUV a regiones para participar en los proyectos que desarrolla el PNUD: diez de la actual directora subrogante y 15 del renunciado Farfán. En total, sólo en 2017 el INJUV compró 260 pasajes aéreos por los que pagó $ 39,1 millones.

Un tercio del total de esos boletos fue adquirido durante agosto con motivo del “Mes de la Juventud”, a cuyo lanzamiento en el Gimnasio Municipal Bicentenario de Renca fue invitada la Presidenta Michelle Bachelet. Allí, la mandataria anunció más de 250 actividades gratuitas para los jóvenes que atiende el INJUV. Dentro de ese menú destacan los llamados “Desayunos Públicos”, organizados por el PNUD, donde representantes de organizaciones juveniles de una comuna son invitados a conversar informalmente con el director y/o la subdirectora del instituto. Para esta actividad se compraron, solo durante agosto de 2017, 19 pasajes de avión.

LA PRUEBA ESTABA EN FACEBOOK

Al igual que el director regional de Arica y Parinacota, el de Valparaíso también renunció el año pasado. Pero si el primero lo hizo tras denunciar malas prácticas en el uso de los recursos entregados al PNUD, el segundo dejó su cargo en medio de críticas por protagonizar irregularidades en torno a esos mismos fondos.

CHRISTIAN ROMAN
Christian Román, ex director del Injuv Quinta Región.

Christian Román (PRSD) dejó la jefatura regional de Valparaíso en septiembre pasado. Su salida se concretó luego de que la Contraloría –tras una denuncia del diputado Osvaldo Urrutia (UDI)– lo acusara de donar sin permiso diez equipos audiovisuales a la Corporación Oído Público, una organización no gubernamental a la que Román estuvo vinculado, nexo que inicialmente negó. Por ello, la Contraloría lo denunció al Ministerio Público.

Además, según consta en el informe del ente contralor (ver documento), Román no se inhabilitó y evaluó a personas que integraban la directiva de Oído Público para que fueran contratadas por el PNUD. Asimismo, en ocho oportunidades pidió por correo al entonces director nacional del INJUV, Nicolás Farfán, que se pagaran las boletas de servicio emitidas por esas mismas personas: Silvia Vásquez y José Escalona. Los trabajos que estaban siendo cobrados no pudieron ser demostrados como efectivamente realizados, indicó el informe de la Contraloría.

De forma inédita en sus investigaciones, la Contraloría usó un posteo en el Facebook personal de Román como una prueba de su participación en Oído Público. Allí, el ex jefe regional del INJUV escribió una breve biografía suya donde se presentaba como “director de una ONG, Oído Público, que busca volcarse a la ciudadanía desde los principios radicales”.

Consultado el PNUD por todas estas denuncias e investigaciones, la entidad respondió por escrito a CIPER que “a la fecha no se ha recibido denuncia alguna ni formal o extraoficial respecto de los temas mencionados”. La respuesta añadió que el programa posee normas de conducta que regulan “exhaustivamente potenciales conflictos de interés o tráfico de influencias”, lo que está expuesto en su política de contrataciones (vea ese documento).  

BONOS Y DEUDA PREVISIONAL

Otra arista que revisa la Contraloría es una denuncia de la Asociación de Funcionarios del INJUV por el no pago de horas extraordinarias, deudas previsionales, bonos de escolaridad y una deuda con la Caja de Compensación La Araucana.

INJUV CONAF (1)A mediados del año pasado, el Departamento de Bienestar del INJUV remitió a Nicolás Farfán y a Natalie Vidal –entre otras cinco personas– un memorándum (N°66/2017) donde informaba acerca de los reclamos que La Araucana estaba haciendo porque dejó de recibir los pagos de créditos que personal del INJUV había pedido a esa entidad. Según el convenio entre ambas instituciones, esos abonos debían hacerse en forma mensual a través de descuentos por planilla. Pero no se hicieron.

Ante ello, el auditor del INJUV, Cristian Landaeta, inició una investigación interna, la que finalmente terminó en nada: el encargado de remuneraciones, José Abarzúa, ya había renunciado. Sin soluciones a la vista, La Araucana decidió suspender el convenio.

En las próximas semanas la Contraloría comenzará a preparar su informe, el que será recibido por el nuevo ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno. La administración entrante también se encontrará con una planta “reforzada”: el 31 de enero, la directora (s) Natalie Vidal firmó los nombramientos de cuatro jefes de departamento que pasarán a engrosar por tres años la plantas de personal inamovible: Marcos Barretto, ligado a la DC, quedará a cargo de Planificación y estudios; Nicolás Valdenegro, vinculado al PS, asumirá en Coordinación Programática; Carlos Rivera, hoy subdirector nacional (s), también cercano al PS, en las áreas Jurídica y Fiscalía, y Ramiro García en Comunicaciones (ver nombramientos).

El “amarre” de simpatizantes del actual gobierno en la planta del INJUV, se suma al de otros 28 que en 2017 hizo el Ministerio de Desarrollo Social, convirtiéndose así en una de las secretarías de Estado cuya plantilla más creció el año pasado. Según publicó La Segunda, cuando el nuevo gobierno desembarque en marzo, se encontrará con 328 jefaturas de distintos ministerios y servicios recientemente asignadas por la administración saliente.

LOS PROGRAMAS JUVENILES QUE EJECUTA EL PNUD

Entre los programas desarrollados por el PNUD en virtud de su convenio con el INJUV, figuran “Activo país territorial” y “Activo país público”, “Escuelas de ciudadanía”, “Gestión vive tus parques” y “Desayunos públicos”. Todas estas iniciativas apuntan a promover la participación ciudadana y el compromiso cívico de los jóvenes.

En estos proyectos se desarrollan actividades destinadas a ocupar el tiempo libre y entregar nociones básicas de educación cívica y emprendimiento, principalmente. También hay talleres de cultura, música y actividades deportivas. El PNUD también gestiona el programa “Tarjeta joven”,  que permite acceder a descuentos y beneficios en el mercado.

Además, el personal contratado por el PNUD administra una red de Infocentros, lugares de acceso público y gratuito a Internet, que hasta hace un par de años sí constituían un aporte de política pública, ya que permitían a los jóvenes de las familias más pobres conectarse al mundo digital. Pero hoy, con la masificación de las conexiones, estos centros están tan en baja que hay jornadas en las que nadie los usa. “Incluso en algunos de los municipios donde están instalados, se le da acceso al resto de la comunidad para que sean aprovechados”, reconocen fuentes del INJUV.

En cada uno de estos Infocentros trabaja al menos una persona del programa que desarrolla el PNUD: en total, 41 empleados repartidos por diversas comunas del país, cuyos sueldos son de $344 mil mensuales.

 

Juicio por cohecho contra SQM: Juez acoge salida alternativa y el CDE anuncia que apelará

Por Fernando Vega

Pese a los intentos del Consejo de Defensa del Estado (CDE) para evitar la suspensión condicional del juicio por cohecho contra SQM y su gerente general, Patricio Contesse, el Octavo Juzgado de Garantía aceptó la suspensión condicional de la investigación. En una audiencia que se extendió por casi tres horas, el viernes 26 de enero, el juez Luis Avilés aprobó el acuerdo entre la minera controlada por Julio Ponce Lerou y el fiscal de Valparaíso, Pablo Gómez.

El Consejo de Defensa del Estado (CDE), que se opone a la suspensión, mantendrá su rechazo a este acuerdo que permitiría a SQM zafar de su responsabilidad jurídica por el delito de cohecho y apelará la próxima semana. Así lo confirmaron fuentes de la entidad.  Existe un plazo de cinco días que vence este miércoles 31 para que el CDE apele.

La entidad solicitó el jueves 25 de enero al tribunal ampliar la querella a las filiales de SQM: SQM Salar y SQM Nitratos (vea aquí el escrito que presentó el consejo para detener la suspensión condicional). También pidió la realización de nuevas diligencias, lo que fue admitido por el Tribunal. Pero tras decretarse la suspensión de la investigación, éstas sólo podrían realizarse en el caso de que la Corte de Apelaciones acepte la reclamación del CDE.

El consejo sostiene que la investigación desarrollada por el Ministerio Público comprobó que Contesse administraba “una verdadera unidad de negocios independiente, exenta de auditoría o control alguno, y liberada del imperio del modelo de prevención de los delitos que había implementado -formalmente- la empresa, y que tenía por objeto pagar servicios inexistentes a funcionarios públicos a través de interpósitas personas como fundaciones u otro tipo de entidades”.

Patricio Contesse, ex gerente general de SQM y sus filiales acusadas
Patricio Contesse, ex gerente general de SQM y sus filiales acusadas

El CDE argumenta que pese a la existencia de un modelo de prevención de los delitos al interior de SQM; éste sólo operaba en el papel ya que sus normas y recomendaciones no fueron tomadas en cuenta por el gerente general de la minera.

El viernes 26 de enero, tras ser beneficiada con la suspensión del proceso, SQM se comprometió a pagar una multa de $2.550 millones (US$4,2 millones); de los cuales $900 millones irán a beneficio fiscal y los otros $1.650 millones a cuatro fundaciones que la compañía propuso. Además, la minera entregará al Ministerio Público un informe con las medidas anti corrupción que irá implementando dentro de la organización para evitar nuevos episodios de cohecho.

La suspensión condicional del proceso contra SQM fue propuesta por el fiscal de Valparaíso Pablo Gómez y avalada por el fiscal nacional Jorge Abott. En la práctica, la salida judicial significa que la empresa no será condenada –como persona jurídica– por los hechos de corrupción derivados de los pagos que Contesse, realizó a cercanos del ex ministro de Economía Pablo Longueira, y a las fundaciones que el también ex senador creó y de las cuales SQM era el principal financista.

Esos pagos a sus fundaciones son algunos de los hitos judiciales que muestran el vínculo de dependencia del ex ministro Longueira con la minera, debido a los múltiples aportes económicos que recibió de manos de Contesse, quien además era su amigo personal.

Hace dos semanas, en declaraciones a Radio Duna, el fiscal Pablo Gómez defendió así el acuerdo ratificado este viernes 26 con la minera: “Esta es por lejos la mejor salida a la que podríamos optar”, dijo, y argumentó que “llevamos tres años en esta investigación, no es una decisión que se esté tomando en los albores de ella, se está tomando al término de la misma”.

ATENUANTE CUESTIONADA

Según el CDE, si bien en los estatutos y documentos oficiales entregados a las autoridades de Chile y Estados Unidos, SQM argüía tener funcionando un modelo de prevención del delito, lo que el Ministerio Público aceptó como atenuante que posibilita la salida alternativa, el historial de sobornos pagados por la minera demuestra que ese sistema de prevención era “completamente ineficaz”.

Tanto los documentos oficiales de la minera como los testimonios judiciales de sus ejecutivos, acreditan que Patricio Contesse, entonces gerente general de la minera y de las dos filiales acusadas, manejaba exclusivamente un monto de libre disposición que no tenía ningún control institucional. Este monto osciló entre US$3,3 millones en 2008 y US$5,7 millones en 2014. De esa “caja chica” salieron los pagos ilegales de SQM a los políticos.

De hecho, en el juicio que debió enfrentar SQM en Estados Unidos por los “pagos indebidos a políticos”, la empresa reconoció haber utilizado US$14,75 millones entre 2008 y 2014 para ese fin (pagos sin respaldo). En ese país, SQM libró de una condena pagando dos multas que totalizaron US$30 millones.

Una de las huellas de la falla del modelo de prevención de delitos es que éste no evitó que la compañía fuera beneficiada de forma ilegítima durante la tramitación de la ley del royalty minero en 2010.

$719,9 MILLONES A LONGUEIRA

Según el del CDE, en la época en que se cometieron los hechos de sobornos por los que SQM está acusada, Patricio Contesse era su gerente general y ejercía el mismo cargo en las filiales SQM Salar y SQM Nitratos. Según el CDE las tres empresas se habrían beneficiado luego de acogerse a un régimen de invariabilidad tributaria que les permitió pagar menos impuestos.

Cuando Pablo Longueira ejercía como senador, solicitó al gerente general de SQM, Patricio Contesse, aportes mensuales para las Fundaciones Web y Chile Justo, de las cuales era su fundador, presidente y miembro del directorio (ver reportaje de CIPER). Además, el ex ministro de Economía habría recibido dinero a través de boletas de honorarios falsas, emitidas por terceros a nombre de SQM S.A. y SQM Salar por trabajos y servicios inexistentes. Las boletas eran requeridas y obtenidas a instancias de la asistente histórica y mano derecha de Longueira, Carmen Luz Valdivielso.

Pablo Longueira
Pablo Longueira

“Este cúmulo de beneficios económicos o prebendas, entregados a Juan Pablo Longueira Montes y sus fundaciones, de manera sistemática, constante y permanente, condicionaron a Juan Pablo Longueira y lo determinaron para actuar en pos de los intereses de la empresa SQM S.A., y sus filiales, desde las funciones públicas que le correspondió desarrollar, como parlamentario, Ministro de Estado y líder o referente dentro de la Alianza Política de Gobierno, ejerciendo influencias y actuando -en ese cometido- con infracción a los deberes del cargo”, dice el CDE en la ampliación de la querella.

La acción judicial del Consejo de Defensa del Estado apuntaba también “contra todos los que resulten responsables” de los ilícitos contemplados en la Ley 20.393 (de responsabilidad penal de personas jurídicas, en los casos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y cohecho).

En la  querella se argumenta que Longueira, en su calidad de ministro de Economía, jamás se inhabilitó e incluso firmó los dos contratos que consagraron el beneficio tributario por el royalty minero, “a pesar del conflicto de intereses que le afectaba”. A la fecha, se lee en el documento del CDE, el entonces ministro estaba recibiendo aportes de SQM “mediante la emisión de boletas de terceros, ideológicamente falsas, como por aportes de SQM Salar a sus fundaciones Web y Chile Justo”.

De acuerdo con el escrito, Pablo Longueira recibió de SQM y sus filiales un total de $719,9 millones mientras ejerció funciones públicas.

FALLAS EN LOS CONTROLES INTERNOS

En la fundamentación de la ampliación de su querella original, el CDE apuntó a SQM Nitratos y SQM Salar “por cuanto los hechos constitutivos del delito base ejecutado por su gerente general se dieron directamente en su interés y provecho”.  Y se reitera que la minera -como persona jurídica- permitió la ocurrencia de los sobornos debido a fallas en sus controles internos.

“Existía una total ausencia de mecanismos de control y una falla sistémica en los procedimientos de administración y auditoría de los recursos financieros que permitieran a la entidad prevenir su utilización en los delitos señalados. La responsabilidad de las personas jurídicas involucradas resulta palmaria”, se argumenta.

Fiscal Pablo Gómez
Fiscal Pablo Gómez

El CDE expone como prueba que el informe encargado por la propia SQM al estudio de abogados estadounidense “Shearman & Sterling LLP” y a “Vial Serrano Abogados” para analizar las situaciones irregulares en las que habría incurrido, se describen una serie de recomendaciones a implementar dado que su programa de prevención y cumplimiento no era eficaz.

“En suma, las sociedades imputadas carecían de un sistema de prevención idóneo que le habría permitido eximirse de responsabilidad penal”, indica la ampliación de querella del CDE.

Tanto los argumentos como las diligencias pedidas por el organismo intentaron echar  por tierra la piedra angular en que se sustentaba la suspensión condicional ofrecida por el fiscal Pablo Gómez: que SQM contaba con un efectivo sistema de prevención del delito. Ahora que el juez Avilés aceptó la suspensión, será la Corte de Apelaciones la que debe zanjar la controversia entre el CDE y la Fiscalía.

Este artículo fue actualizado el viernes 26 de enero de 2018 a las 19:11.