Mariana Callejas: el ocaso de una mujer marcada

Ver también:
Mariana Callejas: “Es tan triste escribir y que no te publique nadie”
Mariana Callejas, cómplice del crimen de Carlos Prats y su esposa (I): Vida literaria en el corazón de la DINA
puebla de la calzada chicos solteros

En la segunda mitad de los años noventa, cuando era prácticamente una sombra de las letras chilenas, un mito, un fantasma, Mariana Callejas volvió a la carga. Aconsejada por Carlos Iturra, hizo llegar a editoriales una carpeta con un conjunto de cuentos inéditos presentados con el verdadero nombre de la autora y el título New York, New York. La iniciativa generó reacciones encontradas en el mundo editorial chileno.

Carlos Orellana, quien en ese entonces oficiaba de editor en Planeta (falleció en 2013), recuerda haber recibido los originales de manos de la propia autora. Lo que sintió al verla aparecer por su oficina, fue “una cosa helada, de frío glacial, como si hubiera entrado un ser de ultratumba. En algún momento ella fue atractiva, pero estaba convertida en un despojo humano. Se notaba que se sentía no diré perseguida, pero sí rechazada, como que esperaba de antemano la negativa”.

En efecto: Orellana no se tomó la molestia de leer los originales. Ni siquiera por curiosidad. Le advirtió de antemano que no había ninguna posibilidad de publicarla en esa editorial, pero como tampoco era su propósito ofenderla, le dio a entender que no era nada personal. “No me sonrojo: la decisión fue política. Para mí era un personaje marcado por la huella de la infamia”.

A Editorial Sudamericana los originales llegaron por intermedio de un tercero y quien primero los leyó fue el escritor Germán Marín. “Fíjate que no eran nada de malos esos cuentos. Me gustaron. Varios de ellos transcurrían en Nueva York y eran de una ternura infinita”.

Marín era director editorial y recomendó publicarlos. La decisión quedó en manos de Arturo Infante, gerente general, quien leyó los cuentos y consideró que eran buenos. Pero tenía dudas. Entonces vino el debate, recuerda Infante, actual gerente de Catalonia:

-Germán (Marín), que es un provocador, quería publicarla y me daba decenas de ejemplos. Decía que si es por consideraciones políticas, jamás se habría publicado a Céline. Ante la duda yo releí los cuentos y consideré que eran buenos, que la mujer tenía un talento literario indudable, más que muchos escritores chilenos, pero consideré que ese talento se hacía relevante por las condiciones de ella. Tendría que haber sido genial y no era para tanto. Al final, su caso judicial se complicó y no la publicamos.

No es fácil separar a la escritora de la agente de la DINA. No hay cómo. Su estigma le ha valido un sello legendario que desafía los límites y despierta curiosidades perversas. Infante, el ex gerente de Editorial Sudamericana, recuerda que en esos días en que debatían con Marín los pro y contra de publicarla se vieron tentados a citarla a la editorial para conocerla en persona. Había un propósito morboso en ese impulso, admite el editor, pero se contuvieron para no comprometerse.

CUENTOS DE NUEVA YORK

Mariana Callejas estaba consciente de lo que provocaba. Desde su departamento en Providencia, poco antes de que la Corte Suprema confirmara la sentencia a veinte años de cárcel por el asesinato de Carlos Prats y su esposa, me dijo: “La gente me invita a veces por curiosidad, y yo me doy cuenta de que la invitación vale por una sola vez. Me invitan, salen de la curiosidad y después no me invitan más”.

Mariana Callejas
Mariana Callejas

Estaba segura de que esa curiosidad motivó su concurrencia a una cena en casa de Enrique Campos Menéndez, ex director de la Biblioteca Nacional y autodeclarado “primer funcionario del régimen militar”. Era la época en que pretendía publicar su colección de relatos sobre Nueva York y entre los invitados que recordaba se contaban Carlos Iturra, José Luis Rosasco, Pablo Huneeus y Tomás Mc Hale. Este último, ex editorialista de El Mercurio, supo por ella del libro inédito y le prometió recomendarla ante José Manuel Zañartu, de Editorial Zigzag.

No fue promesa de una noche. Zañartu recibió los originales y se enfrentó ante un dilema: “Efectivamente me trajo un libro de cuentos muy bien escritos pero espantosamente tristes, de gente muy miserable, y el lector le hace el quite a esos temas. Es el típico libro bueno que no vende nada. Esa fue la única razón por la cual no lo publiqué”.

Como había ocurrido otras veces, pasó el tiempo y no recibió respuesta. Ella tampoco llamó de vuelta. Sus cuentos quedaron archivados y mucho después, en 2007, su yerno le ofreció financiar la publicación de los inéditos. Los llamó Nuevos cuentos, aunque en realidad no todos eran nuevos.

Muchos habían sido concebidos en los años setenta y ochenta, a partir de los recuerdos de su estancia en Nueva York a fines de los cincuenta. Entre los más sobresalientes está Australia, sobre un solitario pianista neoyorquino que traba amistad con un joven vecino, casi un niño. Tal vez porque ambos se sienten solos en la vida, y porque comparten un cierto desencanto y prefieren los perros a los humanos, pasan varias horas juntos y esa persistencia termina con el pianista en la cárcel, acusado de abuso.

Pero éste no es un cuento de tramas judiciales sino de corte existencial, de gente incomprendida y sensible, embargada por la tristeza, como casi todos de la serie sobre Nueva York. Hay otros que hablan de terror al estilo costumbrista. Y algunos policiales de tintes políticos, donde hay violencia pero poco ruido.

El libro está antecedido por una introducción de la propia autora en que analiza, con más orgullo que autocrítica, las consecuencias de su paso por la DINA. “Aunque las condiciones en que he vivido no han sido fáciles, me las he arreglado para mantenerme a flote después de muchos naufragios”, dice. De paso se queja de que terceros hayan escrito “cuentos de horror” inspirados en la casa de Lo Curro. De la deslealtad de quienes fueron sus amigos y le dieron la espalda. Del afán por resaltar su faceta de agente por sobre la de escritora. “Lo mío, realmente, es el cuento. Y por eso publico este libro, aunque no sin un resabio de escepticismo”.

MAL CHISTE

Nuevos cuentos pasó sin pena ni gloria. No mereció reseñas y llegó a unas pocas librerías, con suerte. Por su connotación y escasez, es una rareza. Pero en ningún caso más que su primer libro.

Fechado en 1981, tres años después de que su condición de agente DINA quedara al descubierto, ese libro de cuentos tiene nombre y aspecto de una publicación lanzada desde la clandestinidad de la época. El papel es de color barquillo. La portada casi enteramente negra, con excepción de un ojo que asoma tras una ventana enrejada al costado superior derecho. La editorial se llama Lo Curro y el libro, Larga noche. Lo anterior llama la atención; lo que sigue deja pasmado.

Uno de los textos publicados por Mariana Callejas.
Uno de los textos publicados por Mariana Callejas.

El título está inspirado en el relato homónimo que trata de un hombre que delira con una corrida de toros al tiempo que es sometido a una sesión de tortura. Otro de esos relatos, Parque pequeño y alegre, es sobre un sujeto al que se le encomienda instalar una bomba para conseguir un efecto psicológico. “Un baleo es un baleo, la gente está acostumbrada. Tiene que ser algo grandioso, para que aprendan los otros como él, los enemigos”, explica uno de los personajes.

Pudo haber sido un mal chiste. Un chiste perverso: Mariana Callejas escribiendo sobre bombas y tortura. Pudo ser una vendetta, una vuelta de mano, considerando que tres años antes su marido había sido entregado a Estados Unidos por el régimen de Pinochet y allá confesó todo lo relativo al asesinato de Orlando Letelier en Washington (1976), involucrando a sus jefes. Pero ella me dijo al momento de la entrevista que esos cuentos no tenían dobles lecturas, al menos no conscientes, y que cualquier parecido con la realidad era sólo azar.

Larga noche tuvo un camino accidentado, como todo en la vida de la autora. Por un lío legal de la imprenta, los ejemplares pasaron meses bajo embargo judicial. Y cuando pudo recuperarlo, el libro fue a parar a la Dirección de Comunicación Social (Dinacos), que lo sometió a censura. Ahí durmió otro tanto, y ya cuando tuvo la autorización para difundirlo, no supo qué hacer. Nadie quería tener un libro suyo en librerías. En una entrevista a La Segunda fechada en agosto de 1985, dijo que a veces se paraba en una esquina de alguna feria artesanal y lo vendía a 100 ó 150 pesos. “No me he  sentido mal, porque es mi artesanía, es lo que yo sé hacer”, dijo.

CHOQUE DE TRENES

Para entonces seguía viviendo en Lo Curro y varias de sus antiguas amistades le habían hecho la cruz. Ni qué decir de los escritores. A mediados de esa década, con motivo de la obtención de un premio del Pen Club, tuvo la ocurrencia de asistir a una tertulia de la Sociedad de Escritores de Chile. No había puesto un pie cuando Matilde Ladrón de Guevara embistió contra ella. ¡Qué hace aquí esta conchadesumadre fascista de la Mariana Callejas!, le gritó de entrada. “Qué no me dijo. Se abalanzó contra mí furiosa, como una arpía”, recordó en 2010.

Callejas guardaba gratitud hacia Francisco Coloane, quien habría intervenido para que las cosas no pasaran a mayores con Ladrón de Guevara. Y al momento de nuestro encuentro Mariana Callejas sonrió satisfecha de sí misma, al recordar la polémica suscitada a principios de los ochenta, cuando participó del concurso de cuentos de la revista de izquierda La Bicicleta. Para sorpresa de los propios jurados, que evaluaron a ciegas, resultó ser la ganadora del segundo puesto.

Ese último fue un buen escándalo, que motivó protestas airadas de los lectores. Cómo se la podía premiar a ella. Era una paria de las letras y muy pocos escritores le dieron una mano. Uno de ellos fue Enrique Lafourcade, quien se enorgullecía de haberla descubierto años atrás en sus talleres.

Lafourcade seguía confiando en ella, al menos literariamente. En 1981, al ser consultado sobre la escena local de las letras, dijo lo siguiente: “En prosa advierto algunos excelentes cuentistas, excepcionales, diría yo, como Carlos Iturra y Mariana Callejas”. Ese mismo año Lafourcade le publicó un cuento en el suplemento Artes y Letras de El Mercurio, y dos años después, según cuenta el escritor Fernando Emmerich, influyó para que ganara una mención honrosa del concurso de novela de editorial Andrés Bello.

“Esa mención no existía en las bases, pero Enrique insistió en crearla al momento de dirimir al ganador”, cuenta Emmerich, que también fue jurado. El premio honorífico se tradujo en la publicación bajo la misma editorial de El ángel de los rincones (1985), una novela costumbrista que llegó a librerías pero tuvo escasa difusión y peor venta.

VIDA EN LO CURRO

Cuando quedó al descubierto su papel en la DINA, Mariana Callejas quedó atrapada entre dos aguas torrentosas. Forzada por las circunstancias, respaldó las confesiones de su marido sobre el asesinato de Orlando Letelier, lo que daría pie a una solicitud de extradición contra Manuel Contreras por parte de Estados Unidos. Aunque no contó todo lo que sabía, pues, aparte de comprometerla, los secretos eran un seguro de vida para su permanencia en Chile. No quedó en buen pie con el régimen.

Para qué decir de los otros, los que no eran del régimen. Había confesado su participación en la DINA pero no reconocía participación en delito alguno. Nunca lo reconoció. Por eso era considerada una persona indeseable, de la que convenía estar lejos. Pero así y todo, se las arregló para cultivar algunas amistades y sacarle partido a la casa de Lo Curro.

portada-callejaspartedosEs cierto que a partir de 1978, cuando explotó el escándalo, los talleres literarios llegaron a su fin. Pero algunos de los asistentes siguieron frecuentando la casa de Lo Curro. Especialmente Carlos Franz y Carlos Iturra. Gonzalo Contreras había partido a estudiar a Estados Unidos y no volverá a Chile hasta varios años después.

Cada vez que pudo y se sintió provocada, Callejas aseguró que Franz y Contreras siguieron frecuentándola después de que su filiación a la DINA se hiciera pública. Con Iturra no tuvo necesidad, pues él jamás le quitó el saludo, todo lo contrario. Es uno de los pocos que se mantuvo leal a ella.

Desde su departamento de dos ambientes en Providencia, en 2010 –el año de esta última entrevista- diría que viejos y nuevos amigos siguieron visitándola, que “después de que se fue la literatura tuve un montón de allegados en la casa”, que en una oportunidad sus invitados terminaron bañándose desnudos en la piscina y, en otra, para la Noche de San Juan, se instalaron debajo de un higuera a fumar marihuana y tocar guitarra.

Las visitas a la casa de Callejas también estaban motivadas por la curiosidad morbosa, según confiesa un asistente de esos años, que prefiere mantener su identidad en reserva:

-Fui una vez con Iturra y Franz, que me llevaron en plan morboso a ver cómo era este personaje. Era a principios de los ochenta, cuando ya se conocía quién era ella realmente. La casa era muy fea, pintada de un color celeste piscina, y dentro tenía un ambiente muy lúgubre, deprimente. Pero ella no se correspondía con ese ambiente. Se veía frágil, porque era delgadita y baja, pero era sencilla y nada de tonta.

IMG_2346Esa casa había sido una caldera. Más bien un infierno. Fue guarida de los neofascistas italianos que atentaron contra Bernardo Leighton y su esposa en 1975, en Roma; y de los cubanos anticastristas que hicieron lo propio contra Orlando Letelier y su asistente en 1976, en Washington. Ahí también fue torturado y asesinado el diplomático español Carmelo Soria. Y en esas habitaciones el sacerdote Mario Zañartu fue víctima de un montaje con mujeres desnudas mientras en unas instalaciones laterales, el químico Eugenio Berríos experimentaba con ratones y conejos la efectividad letal del gas sarín y de las toxinas botulínicas. Y claro, también fue sede de fiestas y talleres literarios.

Era una casa con historia, pero a mediados de los ochenta poco y nada quedaba de eso. Sólo las huellas.

Óscar Sepúlveda, entonces periodista de La Segunda, llegó en 1985 hasta esa casa para entrevistarse con su dueña, quien le dijo que la suya es “una soledad compartida con cosas lindas, como almendros y aromos que florecen en medio del invierno”. El periodista manifestó su sorpresa por el estado de abandono de la propiedad y su inmenso jardín. Destacó el resquebrajamiento de escalones y la ausencia de vidrios. La maleza y las ramas que crecían a su antojo.

No pasó por alto que en ese ambiente de frondosa desolación, prácticamente lo único que rebozaba vida eran los conejos que corrían libremente por el jardín.

El Ejército de Chile y la biblioteca infame

En septiembre de 1989, a seis meses de dejar el gobierno y atrincherarse en la comandancia en jefe del Ejército, Augusto Pinochet montó una ceremonia a su medida. Acompañado por colaboradores, ministros y leales de toda hora como el general Manuel Contreras, Pinochet llegó hasta la Academia de Guerra para donar cerca de 30 mil libros que había comprado con fondos públicos. No era una cifra para desestimar. Casi equiparaba al número de títulos de la Biblioteca Central que el Ejército de Chile había acumulado en toda su historia.

Hubo un discurso pronunciado por quien se imaginan y un libro de visitas en que el mismo hombre que se imaginan escribió lo siguiente:

“Aquí encontrarán los jóvenes chilenos conocimientos acordes a los tiempos modernos y necesarios para conocer también nuestra historia y dar fé (sic) que somos un pueblo valioso.

Augusto Pinochet Ugarte”.

A contar de entonces, y hasta estos días, la principal biblioteca del Ejército de Chile se llama Biblioteca Presidente Augusto Pinochet Ugarte.

Está en el Campo Militar de La Reina, a un costado de la Academia de Guerra, y contiene los fondos de lo que fue la Biblioteca Central del Ejército y el Instituto Politécnico Militar. Pero además de biblioteca, es un centro de culto y adoración, y no sólo por el óleo de grandes dimensiones en que un saludable general Pinochet, de ojos celestes y cachetes rosados, da la bienvenida a los usuarios: al fondo de la sala, en un amplio espacio anexo, está la reproducción del despacho que el dictador ocupó en La Moneda. Escritorio de trabajo, busto de Napoleón, lienzo del escudo nacional, teléfono rojo (crema, en este caso) y libros escritos por Pinochet y por varios de los premios Nobel, Pulitzer y Goncourt. Todos juntos reunidos en una misma estantería, como si Pinochet estuviera a la misma altura que los otros.

Biblioteca Presidente Augusto Pinochet Ugarte. El solo nombre agrava el dolor de las víctimas de la dictadura. Y, de paso, da cuenta de la influencia y el poder simbólico que aún hoy, con todo lo que se sabe, Pinochet sigue teniendo en un Ejército secuestrado por su figura.

Uno puede entender que en 1989, cuando se inauguró esta biblioteca, la oposición lo dejara pasar. Había muchas otras urgencias en torno al viejo dictador, que iba rumbo a sus cuarteles de invierno. Aunque con un poco más de esfuerzo, uno también puede entender que en 1997, cuando se inauguró la reproducción del despacho que el dictador ocupó en La Moneda, el gobierno de entonces hiciera la vista gorda. Ya iba rumbo a su retiro, y había tantas otras cosas más graves que se le habían aguantado. Pero a partir de 2001, cuando esa biblioteca fue ampliada y reinaugurada con el mismo nombre, ya cuesta entender. El viejo general volvía derrotado tras su detención en Londres y quizás, ya que había un gobierno socialista, era hora de empezar a abolir los símbolos de la dictadura.

Pero nada. Los símbolos del pinochetismo permanecieron y siguen permaneciendo al interior del Ejército, como si éste se mandara solo, como si fuese una institución privada, ajena al poder político. Los ejemplos abundan en la academia.

Aunque no están en los planes oficiales de estudio, los textos de Pinochet siguen siendo obras de referencia para cadetes y aspirantes a oficiales de Estado Mayor. Y en la nave central de la Academia de Guerra, a pocos metros de su biblioteca, hay una galería de honor donde destaca la foto de Manuel Contreras, ex director de la DINA, que dirigió la academia entre enero y octubre de 1974. Por eso su foto.

En las aulas, Contreras fue el mejor alumno de su generación. Pero fuera de ellas, fue todo lo contrario.Si eso último no se considera relevante para quienes dirigen el Ejército, ¿cómo entonces no suponer que en vez de arrepentimiento, hay orgullo del exterminio del que fueron parte?

De todos los símbolos, el de la Biblioteca Presidente Augusto Pinochet me parece el más significativo. Está vinculada a la Academia de Guerra, que es el centro de la intelectualidad militar y representa su pensamiento y doctrina. Ahí se forman y estudian los oficiales que dirigen y dirigirán el Ejército. También los militares extranjeros que cada año vienen a estudiar con planes de intercambio. Hoy hay de tres o cuatro países y se pasan las tardes en esa biblioteca, con la figura vigilante de un general Pinochet al óleo.

En junio último la biblioteca fue visitada por dos de las máximas autoridades militares argentinas, que deben haberse sorprendido con el culto que le siguen rindiendo sus pares chilenos a Pinochet. Los símbolos importan, y si en Argentina había alguna duda, esta se disipó en 2004 cuando la Armada de ese país descolgó el cuadro del almirante Emilio Massera desde el edificio Libertad.

En Chile, ese mismo año, el general Juan Emilio Cheyre pronunció un nunca más, asumiendo responsabilidad institucional del Ejército en las violaciones a los derechos humanos. Fue un gesto importante, pero Cheyre no se atrevió o no pudo o no quiso descolgar ningún cuadro ni cambiarle el nombre a ninguna biblioteca.

Por voluntad propia, por convicción, el Ejército no lo va a hacer. Ya no lo hizo. Entonces hay que forzarlo por medio del poder político. Quizás exigir a los candidatos presidenciales que se comprometan a ello, especialmente a quien lleva la ventaja. Es un asunto simbólico, de acuerdo, pero también la constatación de que el poder político está sobre el militar, y de que el Ejército, el Ejército de todos, a diferencia de lo que ocurre hoy, tiene razones de sobra para avergonzarse de su pasado reciente, no lo contrario.

Eso sí, para cambiar un nombre, hay que tener otro de reemplazo.Quizás, para no entrar en disputas ideológicas, habría que considerar el nombre del general Ramón Cañas Montalva. Es cierto que fue el comandante en jefe en tiempos de la Ley Maldita de González Videla, pero además de eso fue un militar notable, el hombre que Pinochet siempre quiso ser, ilustrado, íntegro, un verdadero geopolítico. En fin. Hay tantos buenos nombres. ¿Por qué quedarse con el peor?

 

Asesinato de Jaime Guzmán: Oscuros secretos de la transición chilena salen a la luz

A Raúl Ernesto Rojas Nieto le quedaba una última carta que jugar. Una carta que rompía su lealtad al Ejército pero lo salvaba de caer en contradicciones ante la justicia. A fines de 2010, al declarar en el proceso judicial por el asesinato de Jaime Guzmán, el ex coronel y agente de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) había reconocido que uno de sus informantes estrella le había prevenido del atentado del que sería objeto en 1991 el senador y líder de la UDI por parte del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR). A ese informante lo conocía como El Noruego.

El agente Rojas Nieto no habló por iniciativa propia. Habló porque no le quedó otra opción cuando sólo días antes, el que fuera su superior y jefe máximo de la DINE, general (r) Hernán Ramírez Rurange, le contó al juez Mario Carroza que la información que hizo llegar oportunamente al general Augusto Pinochet, quien quedó de alertar al senador, le había sido proporcionada por el coronel Rojas Nieto. Este último admitió el hecho, pero en su primera declaración judicial aseguró no recordar el verdadero nombre de El Noruego. Entonces, como el juez programó un careo entre los dos militares, Rojas Nieto le mandó a decir que quería volver a declarar.

Raúl Rojas Nieto había recobrado la memoria.

En su segunda declaración judicial, el coronel (r) Rojas dijo que El Noruego, a quien también conocía por el apodo de Gustavo Benedetti, no era otro que Lenin Gilberto Guardia Basso. “Un informante de la DINE que me entregaba todos los trabajos a mí o a mi secretario personal”, detalló el ex agente DINE, quien agregó que “para tener calidad de informante se requiere de un periodo de tiempo anterior importante. Por ejemplo, yo llegué el año 1987 a la Dirección y pienso que él (Guardia) debe haber estado antes”.

Aunque Guardia negó tener calidad de informante, pues se definió como “una persona que se dedica a realizar análisis de la contingencia, todo ello de manera independiente”, sí reconoció ante el juez Carroza que “mantenía conversaciones de análisis” con personal de la DINE. Conversaciones y negocios. Todo mientras asesoraba en materias de seguridad al subsecretario de Interior del gobierno de Aylwin, Belisario Velasco.

Pero sus contactos iban todavía más lejos. En el mismo proceso judicial por la muerte de Jaime Guzmán, un alto jefe de la Central Nacional de Informaciones (CNI) aseguró que al menos desde fines de los ‘80 Lenin Guardia mantenía contactos con la comandancia del FPMR. Esos contactos plantean un escenario perturbador. Si el Ejército de la época tenía acceso a la comandancia del FPMR, bien pudo inducir algunas de las acciones subversivas de mayor impacto político.

APRECIO MUTUO

El mismo Lenin Guardia contó alguna vez que el fallecido general Herman Brady Roche, que para 1973 era comandante de la Guarnición de Santiago, intercedió a su favor para conseguir que saliera sano y salvo del país tras el Golpe de Estado. El militante del Partido Socialista, hijo de padres comunistas y con un pasado en el MIR, se estableció en Francia y más tarde en Cuba y Alemania Oriental. En Europa fue allegado a Carlos Altamirano, lo que según el asesor le generó enemistades con sus correligionarios.

En su última declaración ante el juez Carroza, Guardia recordó que en los días posteriores al retorno de la democracia, Osvaldo Puccio lo recomendó ante Enrique Krauss como asesor en seguridad. Sin embargo, su cercanía con Altamirano –afirmó- habría significado el veto de Marcelo Schilling y otros militantes socialistas que poco más tarde lideraron el combate a la subversión. “A pesar de ello soy llamado a trabajar con Belisario Velasco, lo que me vale una pugna con el resto de los socialistas que forman parte de la Oficina”, testificó a fines de 2010.

La Oficina era el nombre coloquial con que se conocía al Consejo de Seguridad Pública. Una de las personas que conoció su origen dice que las desconfianzas hacia Guardia no decían relación con su cercanía a Altamirano. Lo que generaba sospechas eran sus vínculos con los servicios de inteligencia del Ejército. En 1985, con motivo del remezón provocado por los tres profesionales comunistas degollados, el asesor coordinó un encuentro celebrado en su casa entre el general Humberto Gordon, entonces mandamás de la CNI, y dirigentes del Partido Comunista. El interés del general era descartar la participación de la CNI en los asesinatos.

El analista nunca aclaró cómo llegó a ganarse la confianza del jefe de la CNI. Lo que está fuera de dudas es que entre ambos había una relación de aprecio mutuo. En 2001, cuando Lenin Guardia cayó detenido por el caso de las cartas bombas, la policía encontró tres revólveres. Uno de ellos le había sido obsequiado por el general Gordon.

LA TARIFA

A fines de 1991, cuando Cristián Edwards aún se encontraba secuestrado por el FPMR, Lenin Guardia llegó hasta el despacho del subsecretario Velasco con una primicia. Traía el nombre de uno de los secuestradores, Ricardo Palma Salamanca, que además resultó ser uno de los dos pistoleros que disparó contra Jaime Guzmán.

“Le hice presente a Velasco que me parecía necesario que la información que le daba fuera trabajada por un organismo de investigación policial. Después de eso yo me desligué del asunto”, se lee en la declaración que el analista de inteligencia dio en 1996.

Según un funcionario del gobierno de la época que conoció este capítulo, Guardia puso precio al nombre de Ricardo Palma Salamanca: $30 millones. Un precio justo si se considera que gracias a ese dato la policía pudo resolver los dos casos que marcaron la transición política. Pero muy elevado atendiendo a que el soplo no fue fruto de un trabajo de inteligencia. Al menos no aparentemente. Se lo confidenció su pareja, la psiquiatra Consuelo Macchiavello Forni, quien tenía de paciente a la hermana de Ricardo Palma.

Dubilia María Consuelo Macchiavello Forni era parte de un equipo de profesionales de la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (Fasic) que asistía a víctimas de la dictadura. Entre esas víctimas se encontraba Marcela, la hermana de Ricardo Palma.

Desde fines de los ochenta, cuando comenzó a confidenciarle secretos de su vida, Marcela Palma desconocía por completo que su psiquiatra era pareja de un analista de inteligencia de filiación socialista. Es más: ni siquiera había escuchado hablar de Lenin Guardia. Igualmente desconocía que su psiquiatra estaba emparentada con el general Herman Brady Roche por medio de la esposa de este, Inés Macchiavello.

Brady, ex ministro de Defensa de la dictadura y el único de los generales que tuteaba a Pinochet, fue el mismo oficial de Ejército a quien Lenin Guardia agradeció de haberlo salvado tras el Golpe de Estado. El mismo a quien en sus últimas declaraciones identificó como el hombre que lo vinculó al coronel Rojas Nieto y otros militares de la DINE. Y el mismo con quien se asoció en 1993 para hacer negocios en una empresa formada un año antes junto a otros militares. La sociedad tenía el nombre de Carlos Durán y Compañía Limitada y estaba especializada en seguridad.

Herman Julio Brady Roche fue procesado por la desaparición de varias de las personas detenidas el día del Golpe de Estado en La Moneda. Murió a comienzos de este año, tras pasar los últimos dos en estado vegetal.

JEFE DE JEFES

Lenin Guardia pudo haber tenido aciertos fortuitos. Datos como el de Ricardo Palma Salamanca que no le demandaron mayor esfuerzo. Pudo también haber mostrado un exceso de amateurismo, presa del nerviosismo y la ambición, como ocurrió en 2001 al ser sorprendido enviando cartas bombas para generar una sensación de inseguridad que perseguía ampliar su campo laboral. Pero también hay que reconocer que, en su mejor momento al menos, accedió a lo más alto y granado de su especialidad. Que había ahí un trabajo que demandaba esfuerzo y talento. No se explica de otra forma que sus buenos oficios llegaran tanto a la inteligencia del Ejército como a la comandancia del FPMR.

Sobre esto último hay evidencias consistentes en el testimonio judicial que entregó Krantz Bauer Donoso, comandante de la Brigada Azul de la CNI, especializada en el combate al FPMR. Bauer le contó al juez Carroza que en 1989, la CNI siguió los pasos de “un oficial de alta jerarquía en el FPMR, educado en una escuela militar en Cuba y compañero de Galvarino Apablaza”. Este alto oficial se reunió en el Tavelli de Providencia con una mujer que luego de una corta reunión partió a un segundo encuentro. “Cuatro cuadras más allá lo esperaba un auto bonito al cual se sube, y revisada la patente del vehículo su propietario resultó ser Lenin Guardia”, contó el ex jefe de la CNI.

El alto oficial del FPMR fue identificado por Bauer Donoso como Aníbal Maur Sibanik, “una persona tan importante como (Raúl) Pellegrin” dentro del FPMR y candidato a sucederlo cuando éste fue asesinado tras el asalto al cuartel Los Queñes, en 1988. Precisamente en los días posteriores a ese hecho, la CNI detectó la entrada a Chile de Maur, un ciudadano argentino nacido en 1950 a quien los servicios de inteligencia de la dictadura consideraban el cerebro en las sombras del FPMR. El jefe de jefes.

El mito pudo haber tenido su origen hacia fines de los ’70 en La Habana, cuando Maur Sibanik participó junto a Jacinto Nazar y otros dirigentes del Partido Comunista (PC) chileno en una discusión que impulsó la lucha armada contra la dictadura. Era uno de los oficiales más brillantes de su generación, hijo de un matemático de origen judío polaco que llegó a la Argentina arrancando del nazismo y en 1970, atraído por el ascenso de Allende al poder, se trasladó a Chile junto a su familia. Fue en este país, mientras estudiaba Ciencias en la Universidad de Chile, que Aníbal Maur Sibanik asomó como dirigente comunista. Más tarde, en el exilio en La Habana, fue uno de los primeros militantes del PC chileno en ingresar a las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

Desde mediados de los ’80, tras un breve paso por Nicaragua, tuvo a su cargo la estructura de apoyo del FPMR en Buenos Aires. Tenía contacto permanente con la comandancia del FPMR, y en uno de esos contactos la CNI detectó su entrada al país y descubrió el vínculo con Lenin Guardia.

Aníbal Maur no puede corroborar el hecho. En 2000, mientras conducía un Mazda Miata descapotable por una carretera argentina, perdió el control y se mató. Sin embargo, su viuda confirma hoy que el jefe del FPMR en Argentina tuvo encuentros con el analista de inteligencia. Los tuvo al igual que algunos de los comandantes de la Dirección Nacional del FPMR encabezada por Galvarino Apablaza, artillero como Aníbal y uno de los más cercanos a este.

“Para Aníbal fue una sorpresa volver a verlo tiempo después en televisión”, cuenta la viuda de Maur Sibanik. “Mira, me comentó, ese tipo es el mismo con el que nos reuníamos (en el FPMR)”.

LA OPORTUNIDAD

La información sobre Guzmán que Lenin Guardia vendió al Ejército pudo haberla obtenido de primera fuente. Pero también, como dijo él a la justicia, pudo haberla recogida del gobierno de Aylwin, que unas semanas antes del asesinato de Jaime Guzmán recibió un informe de la Dirección de Inteligencia de Carabineros alertando del hecho. El informe estaba basado en el contenido de panfletos firmados por el FPMR que amenazaban con matar a Jaime Guzmán y Manuel Contreras.

En esas fechas, el FPMR tenía otros políticos en la mira a los que también espiaba sus rutinas. Francisco Javier Cuadra era uno de ellos, y en 2010, al reabrirse la investigación por la muerte del senador, aseguró haber sido alertado por el general (r) Jorge Ballerino del peligro que corría. Ese fue el primero de varios secretos de la transición que comenzaron a salir a luz. El segundo apunta a la responsabilidad de Pinochet en el asesinato de Jaime Guzmán.

Nadie aún ha podido explicar por qué el entonces comandante en jefe del ejército nunca advirtió a Jaime Guzmán del peligro que corría, pese a que se había comprometido a ello cuando el general Ramírez Rurange, jefe de la DINE, le confidenció el dato que trajo Lenin Guardia.

El asesinato de Guzmán ocurrió a la semana siguiente, pocos días después de que el Presidente Aylwin diera a conocer el Informe sobre Verdad y Reconciliación que sentaba una verdad histórica sobre las violaciones a los derechos humanos en dictadura. Como terminarían por reconocer los propios dirigentes del FPMR, la muerte del senador UDI sólo podía favorecer a los intereses de un Ejército que demorará varios años en liberarse de la tutela de Pinochet.

Defensas al límite: abogados de narcos y narco abogados

-Bongiorno, signore magistrato –saluda Francesco Brandi y su voz suena tan dulce, pausada y bondadosa que más parece la de un veterano monje budista que la del líder de una banda internacional que fue sorprendido por la policía chilena cuando intentaba traficar hacia Europa doce kilos de cocaína de alta pureza. Eso sin contar una serie de otros envíos exitosos atribuidos a la mafia calabresa.

Son los alegatos de clausura de un juicio oral que se extiende por dos semanas. La suerte ya parece echada pero igualmente el capo italiano de 60 años decide tomar la palabra para pedir disculpas y decir que no sabía en lo que se estaba metiendo. Como en su país el consumo de drogas no está penado, dijo haber supuesto que en Sudamérica no corría mayores riesgos.

-Chiedo clemenza -termina por decir.

A un lado tiene a una traductora que descifra la última frase como “Pido clemencia”. Al otro está la abogada Helhue Sukni, que minutos antes, en su última intervención en este juicio, ha dicho que su cliente no es parte de ninguna asociación ilícita. Agrega que cuanto más puede ser condenado por conspirar para traficar drogas, lo que supone una pena bastante inferior a la que pide la fiscalía.

Ya no hay más que decir. El italiano y otros seis acusados son llevados de regreso a la cárcel. La abogada sale al patio del Centro de Justicia, enciende un cigarrillo y revisa una agenda donde anota las actividades del día. Ese lunes 13 de junio tiene programado un juicio oral y siete audiencias en que debe abogar en favor de personas acusadas de traficar drogas, cometer robos, asaltos u homicidios.

Algunos de sus clientes que ocupan su día han ganado celebridad pública. Como el mismo Francesco Brandi. Como Michel Quezada Lagos, líder de la banda de narcotraficantes Los Ciprianos. Como tres de los cuatro amigos con que el estudiante de Derecho de la Universidad Católica Dan Díaz Fuenzalida protagonizó un violento asalto a mano armada en la casa de un narcotraficante de Pedro Aguirre Cerda.

Helhue Sukni Giadalah se jacta de ser la abogada con más causas de narcotráfico entre los penalistas del país. En sus cálculos tiene unos doscientos clientes activos sólo por ese delito. Lo que no está en duda es que es la más conocida entre sus pares, aunque no necesariamente por sus alegatos.

Cartera Louis Vuitton, lentes Prada, abrigo de cuero verde agua, zapatos taco de aguja y un desmesurado y tintineante acopio de pulseras de oro y anillos con incrustaciones de piedras preciosas son su signo de identidad.

Aún le quedan brazos para sumar pulseras, no así dedos para más anillos. Por la tarde de ese lunes 13, en los patios del Centro de Justicia, extrae de su cartera una sorprendente colección de anillos, y con destreza y precisión comienza a calzárselos a la vista de las personas que rondan a esa hora. Se queja de que no ha tenido un minuto para hacerlo, y medio en broma, medio en serio, eso es difícil saberlo, mira a su alrededor con suspicacia y se pregunta en voz alta si no andará algún maleante cerca al acecho de sus joyas. Entonces apresura la tarea. Aún tiene pendiente una visita a la cárcel de mujeres.

LOS PIONEROS

Helhue Sukni representa a una nueva generación de abogados penalistas que se especializan en defender imputados por narcotráfico. Desde 2005 la Contraloría General de la República lleva un registro de profesionales a quienes el artículo 61 de la ley 20.000 inhabilita para ejercer cargos públicos. Incluso en universidades estatales. La inhabilitación excluye a los abogados de la Defensoría Penal Pública, licitados o no. Un estigma que compensa con altos ingresos pagados en efectivo.

De acuerdo con lo informado por Contraloría, si en 2007 hubo 712 juicios vinculados a la ley de drogas, al siguiente saltó a 3.924. En 2009 se agregaron 2.977 y en 2010 otros 5.568. Si bien las cifras globales consideran causas donde han participado defensores públicos, el auge ha provenido principalmente de particulares. De junio de 2010 al mismo mes de 2011 hubo 1.588 abogados incorporados al registro de inhabilidades de Contraloría.

Las condenas por drogas también han crecido significativamente y superan con creces los juicios. Y por cierto, la mayoría de esos condenados han requerido de un abogado que los defienda. Según el Ministerio Público, si en 2007 las personas condenadas por la Ley 20.000 fueron 23.885, al año siguiente sumaron 39.768. El 2009 fueron 45.536 y 50.897 el 2010. Aunque más de la mitad de esos casos responden a faltas por porte o consumo en la vía pública, las condenas que van del cultivo al tráfico han recrudecido. Hay cada vez más clientes que demandan atención y un número creciente de abogados dispuestos a atenderlos. Cómo si no pueden ganarse la vida los cerca de 20 mil abogados que han jurado desde 1997.

Un privado difícilmente cobra menos de dos millones por un juicio oral medianamente sencillo. Dos a cuatro por lo bajo. En la tarifa se considera que los clientes pagarán la mitad por adelantado y de la otra mitad se desentenderán una vez concluido el juicio. Más aún si lo han perdido, lo que ocurre en la gran mayoría de los casos.

Pero no sólo han aumento defensores y clientes. También las tarifas. Según un abogado que participa activamente de este tipo de causas, de un tiempo a esta parte los narcotraficantes chilenos están invirtiendo fuertes sumas de dinero en defensas legales. Particularmente a partir del ejemplo de Los Gaetes, que fueron los primeros en apostar por una defensa técnica y profesional. La apuesta por contar con los mejores abogados de narcos de la plaza supuso una inversión de 35 millones.

En esa defensa participaron Carlos Quezada y Reiniero García de la Pastora. Ambos defendieron a Marcelo Gaete, el líder de la banda, y a su esposa. Si bien este recibió una condena de 32 años, Quezada dice que la fiscalía pretendía 57 y que la esposa del líder logró ser absuelta en tres de los cuatro delitos que le imputaba la fiscalía.

-Yo diría que terminamos en un empate con la fiscalía –sopesa el abogado Quezada.

Los Carejarro, banda rival de Los Gaete, en su mayoría también recurrió a defensores privados pero con menos oficio en el litigio de juicios orales. Algunos abogados consideran que eso se último se notó en las sentencias a los integrantes de la banda. Su líder, Iván Alejandro Cavieres, recibió 33 años.

CLIENTES ABC1

A diferencia de Helhue Sukni, el estilo de Carlos Quezada está definido por la sobriedad. Como está fuera de tribunales, viste chaqueta de mezclilla y canguro con capucha. Su privado del centro de Santiago es pequeño y está decorado con fotos familiares y un pergamino de Salvador Allende. Las apariencias podrían llevar a pensar que es de los que cobran entre dos y cuatro millones por juicio oral. La realidad indica que es uno de los litigantes más cotizados por clientes en condiciones de desembolsar fuertes sumas de dinero.

Quezada ha participado de causas célebres. Defendió al ingeniero Ricardo Jiménez y a su pareja en un juicio por producción y supuesto tráfico de mezcalina que era usada con fines terapéuticos. También al ex inspector de la policía antinarcóticos Gonzalo Araya. En estos días participa del juicio oral contra Roberto Silva Cerpa, acusado de ser el financista de un tráfico de 30 kilos de cocaína desde Bolivia.

Quezada reconoce que algunos de los clientes ABC1 le son derivados de los más prestigiosos estudios de abogados del país. Estudios que por un asunto de imagen no toman este tipo de casos, pero que actúan como intermediarios y cobran un porcentaje importante por representar clientes. Así y todo el penalista dice que en su especialidad no necesariamente se gana mucho dinero, no más que en otras áreas del derecho.

-Las causas por tráfico de drogas demandan muchísimo trabajo y muy rara vez los honorarios superan los 20 millones. Lo que a mí me motiva es el desafío profesional, estar litigando de verdad. En el antiguo sistema los penalistas éramos lo peor. Ahora somos la joyita –dice Quezada, que egresó de la Andrés Bello y tiene un magíster en la Universidad de Talca.

El registro de inhabilidades bajo tutela de Contraloría coincidió con la implementación en Santiago de la Reforma Procesal Penal. Un sistema que cambió para siempre el modo de litigar en tribunales. Si antes las defensas estaban confiadas a los contactos con actuarios, que facilitaban expedientes y favores diversos, el sistema actual es por definición transparente y demanda conocimientos técnicos muy precisas que dejó fuera a una generación de abogados penalistas, procuradores y tinterillos.

Nadie litiga mejor en los nuevos tribunales que un abogado de narco. Socios y empleados de grandes y prestigiosos estudios participan muy ocasionalmente de un juicio oral. Generalmente negocian una salida alternativa para su cliente, un abreviado. Los otros en cambio saben que siempre llegarán a juicio porque casi no hay lugar a la negociación. También saben que el dinero de sus honorarios proviene de la droga. En buenas cuentas son profesionales de terreno, no de oficina, un terreno pedregoso, áspero y filudo, donde abunda la acción y el peligro de traspasar los límites.

ASESORÍA FINANCIERA

Lo dicen policías y fiscales. También los propios abogados penalistas. Las bandas de narcotraficantes no sólo están invirtiendo fuertes sumas en defensas legales, sino también en asesorías para armar sociedades y posesiones efectivas que les permita blanquear el dinero proveniente de los ilícitos. En esas tareas participa una cantidad creciente de abogados que traspasaron los límites de la legalidad y están convertidos en asesores financieros. Uno de ellos es Ariel Marín Cáceres y hoy cumple condena a diez años de cárcel por asociación ilícita y lavado de dinero.

Marín llegó a inscribir a su nombre bienes que pertenecían al líder de Los Carejarro, Iván Alejandro Caviedes. Algo que según un fiscal antidrogas es inusual en los servicios de asesoría financiera que prestan abogados de narcos. Estos se cuidan de no dejar registro de su participación. Marín tenía un especial compromiso con Caviedes. En noviembre de 2005, al día siguiente de titularse de abogado en la Universidad Bolivariana, lo defendió en un caso de asesinato. Más tarde activó contactos para averiguar cuando salía de la cárcel el líder de Los Gaete, rival de Caviedes.

Apoyado por su padre, que oficiaba de tinterillo, Marín llevó varios casos de tráfico. Tantos que tenía dos abogados que lo asistían, Fabián Guerra y Gonzalo Figueroa. A fines de junio último, este último fue detenido tras una transacción menor de cocaína y acusado de tráfico. Como portaba sólo cuatro gramos, su defensa alegó consumo.

Un abogado que defiende causas de narcotráfico dice que es común que a sus colegas los trague el ambiente. Que les ofrezcan pagos en droga, que los tienten y compren y terminen trabajando para los narcos. Algunos en estado desastroso, bajo el dominio de quienes alguna vez fueron sus clientes y hoy son sus jefes. A veces están ahí para llevarles sandwiches. A veces para mandar recados y coordinar operaciones. Nada más seguro y expedito que hacerlo a través de un abogado, no obstante que todos presumen que sus teléfonos están intervenidos. Fiscales, gendarmes y abogados saben que las salas de la cárcel de Santiago Uno donde los internos se reúnen en privado con sus representantes legales sirven para celebrar encuentros con otros internos. A veces se juntan varios y eso ya constituye una cumbre de narcos. Basta con que el abogado pida la comparecencia de su cliente. Está en su derecho.

-En este oficio, como en cualquier otro, hay de todo –dice otro penalista-. Hay abogados profesionales que se toman en serio su trabajo y son responsables, y otros muy chantas que reciben la plata y después desaparecen o dan la hora en las audiencias. El otro día nada más iba entrando a la cárcel y detrás de unos barrotes un grupo de presos le gritó a un abogado “ladrón, delincuente, devuelve la plata”.

ABOGADOS AL BANQUILLO

En enero de 2007, la prensa nacional consignó un extraño suceso policial que afectó al abogado José Daniel Pradenas Palma. En Algarrobo, estando de vacaciones con su familia, dos de sus hijas menores de edad fueron secuestradas por dos hombres que amenazaron con violarlas y matarlas. Incluso se comunicaron telefónicamente con el padre, a quien le dijeron que habían asesinado a las niñas. Para la prensa no pasó de ser un suceso policial ordinario. Para quienes conocen al abogado, el trasfondo obedecía a una amenaza de un grupo narco que se sentía estafado.

Pradenas Palma es conocido entre los antiguos excarceladores. Algunos de sus colegas comentan que Los Guatones, la banda de distribuidores de droga a quienes representó, aún le envían recados desde la cárcel por una deuda en dinero. También comentan que los animales que tenía en una parcela de la Quinta Región fueron degollados como señal de advertencia. Al abogado no sólo le rondan rumores.

En cuatro oportunidades ha sido investigado por el Ministerio Público. Dos veces por prevaricación. Y otras dos por clientes que presentaron denuncias en su contra por negligencia o abandono de causas por las que recibió honorarios. En septiembre de 2008 llegó a un acuerdo de suspensión con la fiscalía de Colina por prevaricación y fue multado e impedido de tramitar causas por seis meses.

En este mundo, la relación entre abogado y cliente no es fácil. Bien lo sabe la abogada Helhue Sukni, quien en agosto de 2007 fue sancionada por defender simultáneamente a dos narcos, uno de los cuales había sido delatado por el otro con el objeto de ser beneficiado con una rebaja de penas. En un procedimiento de suspensión condicional, tras ser formalizada por prevaricación, le fue prohibido actuar durante un año en causas relacionadas con la Ley 20.000.

Bastante más lejos fue el abogado Gabriel Ruiz Gallardo, quien participó de un montaje para que a una clienta suya se le reconociera la figura de la cooperación eficaz. El abogado consiguió que una mujer boliviana fuera traída a Chile bajo engaño, y una vez acá, mientras esperaba ser contactada en un hotel de Los Andes por sus supuestos patrones que la dejaron al cuidado de una maleta con un kilo y 175 gramos de cocaína, la policía le cayó encima. La boliviana había llegado a Chile por una oferta de trabajo y no estaba al tanto de que era usada como moneda de cambio para liberar a una narcotraficante chilena.

En la sentencia de la causa, seguida en la fiscalía local de Los Andes, se lee lo siguiente:

“Luego de proceder a la incautación de la droga y la detención de las personas que trajeron a la ciudadana boliviana, se logró determinar que en sucesivas reuniones sostenidas por los coimputados con el abogado Gabriel Ruiz, en el mes de marzo de 2007, fue este quien impulsó el plan delictual con los coimputados, señalándoles que para lograr la libertad de la madre de uno de ellos, era necesario dejar a otra persona presa con una cantidad igual o superior de droga”.

En un juicio abreviado de 2009, Gabriel Ruiz Gallardo resultó condenado a tres años de pena remitida por tráfico de cocaína. La pena no le impidió seguir participando de causas por narcotráfico.

De resultar ciertas la denuncia presentada por el Consejo de Defensa del Estado, CDE, Yieninson Yapur no podrá seguir ejerciendo como abogado. Encausado por lavado de dinero, y a la vez representante de familiares del empresario Mauricio Mazza procesados por el mismo delito, derivado supuestamente de operaciones de narcotráfico, Yapur está siendo investigado por el 34 Juzgado del Crimen por ejercicio ilegal de la profesión. De acuerdo con la denuncia del CDE, el supuesto abogado ejercería con un título falso.

ABOGADO, NO SICÓLOGO

Como es una oficina estrecha y la puerta del privado ha quedado semiabierta, lo que Juan Hernández le dice a un muchacho que acaba de entrar junto a su madre se escucha con claridad desde la sala de espera:

-Este es un periodo de prueba para ti, ¿entiendes? Estás condicional. Eso significa que si vuelves a caer preso por droga, te quedáis dentro. Así de simple. Tú tienes que ver. Si no te querí portar bien, cosa tuya, más pega para mí. Tienes que entender que yo no soy psicólogo, soy abogado.

Unos minutos después, el abogado Hernández contará que se trata de un menor de edad rematado por tráfico de drogas, que permanece en un régimen de libertad asistida. No acudió junto a su madre por consejos profesionales. Eso salió en el camino. Llegó a renegociar honorarios adeudados.

Hernández es abogado de la Universidad de Chile y uno de los más cotizados y activos en causas de narcotráfico. Defendió al rumano George Dan Rusus, condenado por su participación en el segundo mayor tráfico de cocaína en Chile. También a José Manuel Cuellar Hurtado, uno de los líderes colombianos imputados en la operación Pilar del Norte. Es junto a Carlos Quezada y Reiniero García de la Pastora uno de los más reputados penalistas en estas causas. Pero a diferencia de sus dos colegas, con quienes compartió oficina, Hernández también tiene muchísimas causas pequeñas como las del muchacho que acaba de visitarlo en su oficina de la comuna de San Miguel.

A Hernández no lo guía un fundamento social, precisa él mismo, sino más bien uno jurídico:

-La justicia en Chile es muy discriminatoria, eso es sabido. Y hoy en día la lucha contra el narcotráfico lo justifica todo y eso es peligroso jurídicamente hablando. Nuestra labor como abogados es que los derechos de las personas que defendemos, aunque esos derechos sean pocos, se respeten.

Unos días antes, desde un restaurante de Santiago centro, la abogada Helhue Sukni dirá que tiene una casa en La Dehesa que pagar, tres hijas que mantener y varios cheques que cubrir a fin de mes con los que paga sus joyas, que son un vicio para ella.

-Mi único vicio -precisa.

Dirá también que casi la mitad de las causas que lleva, especialmente las que se arrastran del antiguo sistema, son ad honorem, motivada por compromisos y amistades surgidas desde los noventa, cuando comenzó a litigar este tipo de causas por encargo de la Corporación de Asistencia Judicial. Y dirá por último, enfática, solemne, alzando la voz, como quien recita su epitafio, que digan lo que digan, “a mis ladrones y traficantes los amo profundamente, con todo mi corazón”. Los ama y respeta, aunque la mayoría de ellos, por no decir todos, le deban dinero.

*Vea el multimedia: Las condenas por tráfico de drogas en Chile

Las pruebas que inculpan al presidente de la Asociación de Municipalidades en un emblemático caso de corrupción

El 20 de abril de 2009, a un año de que el Ministerio Público abriera una investigación en su contra por irregularidades en el arriendo de un terreno municipal donde se construyó un supermercado Tottus, el alcalde Mario Olavarría llegó hasta la fiscalía local de Colina para entregar la primera de dos declaraciones. A sabiendas de que la fiscalía había conseguido levantar el secreto bancario de sus cuentas corrientes, y por tanto conocía los millonarios depósitos que desde 2006 le realizaba su ex jefe de gabinete, Domingo Soto López, el alcalde de Colina adjudicó los pagos a “préstamos” que le realizó su subalterno ante un prolongado apuro económico derivado de su separación matrimonial.

“Domingo Soto me ofreció depositarme alrededor de 2 millones 350 mil pesos mensuales y ante esa oferta le señalé que entendía esos dineros como un préstamo (…) La deuda que tengo con Domingo Soto es de 60 millones”, dijo Olavarría, agregando que a la fecha de su declaración no había devuelto un solo peso de la supuesta deuda.

No fueron los únicos ingresos adicionales a su sueldo de alcalde que Olavarría se vio obligado a reconocer en esa oportunidad. Además de dar cuenta de sus rentas como abogado independiente que variaban entre los $500 mil y los $800 mil, en una segunda declaración dijo haber realizado trabajos de asesoría legal para una empresa llamada Inversiones Patagonia y cuyo dueño es el mismo jefe de gabinete que le realizó millonarios depósitos. Por esa aparente asesoría el alcalde dijo haber recibido honorarios por $10 millones.

Hasta ahí la versión pudo responder a una cierta lógica. Al menos tener una explicación medianamente razonable. Pero lo que definitivamente el alcalde UDI no pudo explicar es el origen de cerca de 60 millones adicionales a su sueldo de alcalde que reportan dos de sus cuentas corrientes entre 2006 y 2007 y que no dicen relación con los préstamos de Soto López ni con ingresos suplementarios como abogado.

Esa inconsistencia fue precisamente uno de los principales argumentos utilizados por la abogada del Consejo de Defensa del Estado (CDE) Alma Sánchez, querellante en la causa, para conseguir que la Corte de Apelaciones volviera a abrir la investigación que se seguía al alcalde de Colina, su ex jefe de gabinete, el agente inmobiliario Nabil Mansour y el vicepresidente ejecutivo del Tottus Francisco Leyton. La apelación obedeció a una acuerdo de suspensión condicional propuesto por la fiscalía local de Colina que eximía de responsabilidad a los imputados a cambio de firma mensual y la devolución de los dineros comprometidos en el fraude.

En un fallo unánime, a principios de junio la segunda sala de la Corte de Apelaciones le dio la razón al CDE por considerar que “los hechos materia de la formalización, hasta ahora reunidos, aparecen como graves y reiterados”. El pronunciamiento excluyó al ejecutivo del Tottus, por cuanto el CDE no apeló en su caso. Con esta salvedad, la justicia ordenó a la fiscalía que siguiera adelante con la investigación y echó abajo un controvertido acuerdo que, además de garantizar impunidad, allanó el camino para que a fines de mayo Mario Olavarría volviera a ser elegido Presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades. Su suerte ahora depende de un recurso de queja presentado por sus abogados ante la Corte Suprema.

CAJA PAGADORA

Descontando su sueldo como alcalde, entre 2006 y 2007 las cuentas corrientes del edil reportaron depósitos por $129.213.134. Una suma que se acerca a las 6 mil UF que el ejecutivo del Tottus Francisco Leyton admitió haber pagado como “comisión” al agente inmobiliario Nabil Mansour, quien decía actuar en representación del municipio de Colina. Los pagos se efectuaron en dos cheques por $64 y $47 millones.

De acuerdo con la tesis del CDE, cerca de la mitad de esos dineros que se suponen coimas llegaron a manos de Olavarría por medio de su jefe de gabinete, Domingo Soto López, quien actuó como caja pagadora al intermediar entre el agente inmobiliario y el alcalde.

Soto López compareció en abril de 2009 en la fiscalía local de Colina. Al ser consultado sobre su relación con el agente inmobiliario, admitió que si bien no lo recordaba con precisión, “pude haber prestado servicios a Nabil Mansour” por medios de las empresas Inversiones Patagonia y Decsa S.A., ambas de propiedad del asesor del alcalde. Así Soto López intentó explicar por qué el agente inmobiliario aparece pagando $41 millones a la primera empresa y cerca de $20 a la segunda.

Domingo Soto es un antiguo operador de la UDI que trabajó con el ex senador y ministro de Pinochet Sergio Fernández antes de hacerse cargo de las piletas municipales de Providencia. Su ascenso definitivo a las grandes esferas de la política ocurrió de la mano de Mario Olavarría, quien en 2000 ganó la alcaldía de Colina y lo nombró su jefe de gabinete.

Desde 2003, mientras asesoraba al alcalde, Soto López abrió una serie de empresas que prestaron servicios al municipio de Colina y a la UDI. En su declaración de abril de 2009, Soto dijo que entre 2004 y 2005, a través de las empresas Impacto y Decsa S.A. -la misma que sirvió para pagar las coimas del Tottus-, “hice prácticamente toda la campaña de la UDI en pendones y marketing”.

Según declaraciones de los imputados del caso Tottus, estuvo presente en que se decidió el arriendo de los terrenos municipales. También fue objeto de indagaciones en una causa paralela por irregularidades por $700 millones en contratos para la venta externa de permisos de circulación emitidos por la municipalidad de Colina.

En esta última causa fueron formalizados Débora Sepúlveda y Carlos García, administradora y secretario municipal, respectivamente. Aunque se descubrieron millonarios depósitos entre el jefe de gabinete del alcalde y su administradora municipal -depósitos que también fueron justificados como préstamos y pagos por servicios y asesorías-, la fiscalía propuso a los involucrados una suspensión condicional por considerar que arriesgaban penas bajas.

De esta forma, a comienzos de 2011 los dos más altos funcionarios municipales después del alcalde quedaron libres de toda sanción a cambio de firma mensual y la devolución de los dineros en cuestión. La misma fórmula que unos meses después la fiscalía de Colina propuso a los involucrados en el caso Tottus.

LOS AUTOS DE NABIL

En su segunda y última declaración a fiscalía, ocurrida el 24 de abril de 2009, Mario Olavarría desconoció que el agente inmobiliario Nabil Mansour haya actuado en representación del municipio. Lo desconoció no obstante que Mansour portaba una carta con sello municipal que acreditaba su condición de representante de la alcaldía. La fiscalía también reunió correos electrónicos que corroboraban lo propio.

Lo que Olavarría no pudo negar, ante una consulta puntual, fue que la camioneta Hyundai Santa Fe que entonces usaba en calidad de alcalde haya pertenecido a una de las empresas de Nabil Mansour, que la ofrecía en arriendo al municipio junto a varios otros vehículos de su propiedad utilizados por funcionarios de Colina.

El alcalde también admitió que Domingo Soto participó en calidad de “asesor” de las reuniones en que se decidió el arriendo de los terrenos municipales para la construcción del Tottus. Mientras tanto, el mismo asesor prestaba servicios a la alcaldía por medio de sus empresas, a la vez que pagaba millonarias sumas por supuestas asesorías legales prestadas por el alcalde.

Más allá de lo impresentable que resulte esta figura, en los alegatos ante la Corte de Apelaciones la abogada Alma Sánchez, en representación del Consejo de Defensa del Estado (CDE), puso el acento en las cuentas del alcalde. Junto con recalcar que entre 2006 y 2007 las cuentas corrientes del jefe comunal reportaron depósitos por más de $120 millones que no decían relación con sus ingresos legales, puso en duda que éste haya tenido la necesidad de requerir millonarios préstamos de su ex jefe de gabinete.

Para ello citó su declaración de intereses de 2006 publicada por CIPER, donde el propio Olavarría consigna que en esa época de supuestos apremios económicos mantenía en el Banco de Chile un depósito a plazo por $26 millones. Además, la abogada destacó que en 2005 el alcalde había adquirido una propiedad en Colina por un valor fiscal de casi $27 millones y tenía otra en la misma comuna por un valor comercial aproximado de $150 millones. Frente a estos datos, la abogada Sánchez se preguntó cómo era posible que una persona con esa cantidad de bienes y capitales tenga necesidad de solicitar préstamos a un subalterno para pagar la pensión alimenticia.

SANCIÓN SIMBÓLICA

La resolución de la segunda sala de la Corte de Apelaciones no sólo significó un duro revés para el alcalde, su ex jefe de gabinete y el agente inmobiliario. También acusó una derrota para el Ministerio Público, que ha sido criticado por ofrecer suspensiones condicionales en casos como el de Colina y la diputada Claudia Nogueira (UDI) por usufructúo de fondos destinados a pagar asesorías parlamentarias, bajo el argumento de que los involucrados arriesgan bajas penas.

De prosperar la investigación, y resultar condenado por cohecho y soborno, Olavarría arriesga una pena que no lo llevaría a la cárcel pero sí le impediría ejercer cargos públicos. Una sanción simbólica, más aún considerando que desde fines de marzo ocupa la presidencia de la Asociación Chilena de Municipalidades. Un influyente organismo que reúne a los alcaldes del país y opera como interlocutor del gobierno en la aplicación de programas y políticas sociales. La presidencia dura dos años y es fruto de un acuerdo político en que Alianza y Concertación se turnan para ejercerla.

Para Víctor Maldonado, ex director ejecutivo del organismo, la acusación contra Mario Olavarría resiente el prestigio de la asociación de alcaldes. “Al permanecer en el cargo no sólo le está causando un enorme daño a la asociación, sino también a su propio partido, del cual es vicepresidente por ser el jefe de los alcaldes de la UDI”, dice Maldonado.

Inédita resolución judicial obliga a reabrir causa contra alcalde de Colina, Mario Olavarría

A una semana de que el alcalde Mario Olavarría (UDI) reasumiera la presidencia de la Asociación Chilena de Municipalidades, la segunda sala de la Corte de Apelaciones de Santiago revocó la suspensión condicional de una investigación seguida al alcalde de Colina por los delitos de cohecho y soborno. El dictamen obedece a una apelación presentada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), querellante en la causa, que se opuso al arreglo propuesto por la Fiscalía Local de Colina

El alcalde UDI había sido formalizado por la fiscalía tras constatarse que recibió millonarios depósitos de su ex jefe de gabinete, Domingo Soto, que suponen pagos provenientes de coimas por autorizar la instalación de un supermercado Tottus en terrenos municipales. Sin embargo, en una controvertida decisión, a fines de abril último la misma fiscalía propuso la suspensión condicional de la causa a cambio de la devolución de dineros y la firma mensual de Olavarría y su ex jefe de gabinete, además del agente inmobiliario Nabil Mansour y el vicepresidente ejecutivo de Tottus Francisco Leyton.

El fallo de ayer obliga a la fiscalía a revocar la suspensión de la causa y continuar con la investigación para los tres primeros acusados. Para el ejecutivo de Tottus no hubo pronunciamiento, pues el CDE no apeló en ese caso atendiendo a que, a diferencia de los otros, estaba acusado de un delito de menor gravedad como es el soborno.

La decisión judicial fue adoptada en forma unánime por los ministros Emilio Elgueta y Patricia González, y el abogado Ángel Cruchaga. En el fallo se indica que “los hechos materia de la formalización, hasta ahora reunidos, aparecen como graves y reiterados y la salida alternativa de autos no se condice con los requisitos y fines perseguidos por esta medida”.

En el CDE consideran que se trata de una resolución inédita en este tipo causas. De hecho, el consejo había apelado sin éxito a la suspensión condicional propuesta por la Fiscalía Local de Colina para Débora Sepúlveda y Carlos García, administradora y secretario municipal de Colina, respectivamente. Estos funcionarios de confianza del alcalde Olavarría, segundo y tercero en la jerarquía del municipio, estaban formalizados por irregularidades en contratos para la venta de permisos de circulación y sortearon un juicio oral a cambio de firma mensual y la devolución de dineros cuyo origen se suponía ilícito.

En el caso del alcalde Olavarría, en los alegatos de ayer lunes la abogada Alma Sánchez, del CDE, partió preguntándose por qué si el Ministerio Público se opone a las suspensiones condicionales en casos de conductores que son sorprendidos conduciendo con más de 1.5 gr/l de alcohol en la sangre, no aplica el mismo criterio para delitos más graves como los que se acusa al alcalde de Colina. Luego la abogada pasó a resumir los antecedentes que pesan en contra de Olavarría y que a juicio de la querellante son suficientemente consistentes para llevarlo a juicio.

Citando la investigación del Ministerio Público, la abogada reparó en las inconsistencias de los ingresos del alcalde de Colina, quien entre 2006 y 2007 registró ingresos por casi $130 millones cuyo origen no tiene cómo justificar. Más aún considerando que su sueldo de alcalde es de $2.8 millones y debe pagar una pensión alimenticia de $2 millones.

Al explicar el origen de millonarios depósitos bancarios realizados a su favor en el mismo periodo por Domingo Soto, su ex jefe de gabinete, Olavarría declaró que se trató de préstamos que aquél le realizó en un periodo de aprietos económicos ante su separación matrimonial. Las indagatorias de la fiscalía de Colina determinaron que el agente inmobiliario Nabil Mansour, que actuó como intermediario en el arriendo del terreno donde se construyó el Tottus, realizó millonarios depósitos en la cuenta bancaria de Domingo Soto.

El abogado de Olavarría, Matías Balmaceda, dijo a CIPER que se reunirán con los representantes de la Fiscalía Local de Colina para evaluar la presentación de un recurso de queja ante la Corte de Apelaciones para revertir el fallo de la Corte de Apelaciones. Junto con admitir que existen bajas probabilidades de que el recurso sea admitido, Balmaceda críticó la decisión de la segunda sala de la Corte de Apelaciones por cuanto “se cumplen cabalmente los dos requisitos para decretar la suspensión condicional: que la pena sea inferior a tres años y que el imputado no tenga antecedentes. Por eso, por decir lo menos, nos resulta extraña la decisión de la corte. Más aún considerando que se revocó la suspensión para tres de cuatro imputados”.

La resolución del tribunal de alzada puede significar un importante precedente para el Ministerio Público, que ha sido cuestionado por acceder a suspensiones condicionales de funcionarios públicos acusados de irregularidades y que sin ser juzgados se mantienen en sus cargos a cambio de un pago y firma mensual. Uno de los casos más polémicos es el de la diputada UDI Claudia Nogueira, quien estaba imputada por fraude al fisco y hoy encabeza la comisión investigadora del controvertido caso Kodama.

Los negocios de Miguel Piñera, un empresario al límite

Una Nissan 4×4 Pathfinder Lux es lo último que queda entre Miguel Piñera y Belén Hidalgo. Está a nombre de él pero ella la usó desde el comienzo de la relación y la sigue usando en estos días. Aún cuando están oficialmente separados. Aún cuando esa camioneta tiene nueve multas de tránsito impagas desde 2006 y su permiso de circulación no ha sido renovado. Aún cuando tres meses atrás, para la celebración del cumpleaños de ella en el capitalino pub Las Urracas, él se ufanó ante la prensa de regalarle un flamante Chrysler 300 que exhibió pero nunca inscribió a nombre de su ahora ex esposa.

La Nissan no es ni por lejos el auto más costoso que el hermano menor del Presidente de la República tiene inscrito a su nombre. Tampoco es un juguete que su dueño se empeñe en conservar por un asunto afectivo. Lo conserva porque de momento no puede hacer otra cosa con él. En 2007, a raíz de una demanda laboral de ex empleados del pub Entrenegros, un tribunal decretó su embargo y estuvo a punto de ir a remate. Sin embargo, ayudado por los abogados del estudio Barros & Errázuriz, los mismos que se encargan de los asuntos legales de su hermano Presidente, Miguel Piñera logró que el embargo nunca se hiciera efectivo. Y de paso, a diferencia de sus antiguos socios en el Entrenegros de calle Suecia, consiguió eludir el pago de lo adeudado en cotizaciones, sueldos e indemnizaciones.

Esa camioneta es un símbolo, y no sólo porque sigue en poder de la modelo Belén Hidalgo: representa el estilo con que el hermano del Presidente ha llevado su vida y desarrollado su carrera musical y de empresario de locales nocturnos. Un estilo accidentado, informal y ladino que le ha traído fortuna pero también serios problemas legales. Un símbolo porque además, a partir del juicio que derivó en el embargo del auto, Miguel Piñera evitó a abrir sociedades con su nombre. En adelante prefirió usar intermediarios y testaferros que lo representaron en negocios que hizo con gente como el controvertido abogado Marcelo Jadue, el asesor del ministerio del Interior Cristián Barra y los socios del sicario José Ruz.

José Miguel Carlos Piñera Echenique, de 56 años, transita al borde de la legalidad y sus líos no son travesuras de adolescente. Acaba de llegar a un acuerdo extrajudicial para detener una querella por amenazas de muerte contra el dueño de Sala Murano. Acuerdo similar al que suscribió un par de años atrás con otro empresario por los mismos motivos.

El último de los juicios laborales en su contra, por el que resultó condenado, fue archivado a comienzos de este año sin que pagara un solo peso. Y aunque el año pasado desembolsó seis millones para que le fuera suspendida la causa que se le siguió por embestir su enorme Hummer contra un Austin mini y darse a la fuga, el mes próximo está citado a una audiencia por no haber acreditado el cumplimiento de las 50 horas de trabajo comunitario que le impuso un tribunal por su responsabilidad en el accidente.

El menor de los Piñera Echenique vive al límite y ahora, tras separarse y permanecer un mes en una clínica de rehabilitación, acapara titulares. En otra época su situación podría haber sido materia de la farándula. Hoy es un asunto de Estado.

Nostalgia ochentera

De tan repetido el cuento ya parece mentira: antes de morir en 2000, mediante una carta, la madre de Sebastián Piñera le pidió que cuidara y se ocupara de su hermano menor. Razones tenía de sobra para preocuparse. A esas alturas Miguel Piñera no salía de un lío cuando ya estaba metido en otro.

Los mayores problemas empezaron a mediados de los noventa, a la par con el auge de su carrera de empresario de locales nocturnos, desarrollada junto a Miguelo, nombre artístico de Miguel Esbir Barco. Miguel y Miguelo. Los cantantes que habían hecho fama en dictadura se unieron en la siguiente década en torno a negocios que explotaban la nostalgia ochentera.

El primero que tuvieron en conjunto fue un local de Lo Barnechea que bautizaron Entre Negros y Blancos y marcó la pauta de los venideros. Gozó de éxito comercial pero su administración resultó tan desastrosa que terminó con querellas y embargos judiciales. El Seriatutix seguiría un derrotero similar.

Inaugurado a comienzos de los noventa, el local de avenida Colón esquina Sebastián Elcano no tomó vuelo hasta la segunda mitad de esa década, cuando el dúo de cantantes se asoció a los empresarios Ricardo Muller y Ricardo Bezanilla. Miguel y Miguelo eran la cara del local. Solían actuar y hacer vida social ahí. Piñera estaba tan comprometido que vivía en un departamento frente a esa esquina. A pasos de su lugar de trabajo. Era mediados de los noventa y el local era punto de referencia de la farándula y oficinistas y ejecutivos con ánimo de desenfreno. Ese ánimo también contagiaba a sus dueños, que confiaban la administración a Domingo Pino Sastre, Chumita para los amigos. Sastre es hermano del esposo de Patricia Maldonado y dueño del desaparecido bar Confetti, donde se divertían los altos agentes de seguridad del régimen militar.

Chumita era el brazo derecho del Negro, su hombre de confianza, porque él es re contra desordenado y al lote y no tiene idea de negocios. En esos tiempos si necesitaba plata él iba a la caja del Seriatutix y la sacaba, lo que le provocaba problemas con sus socios –recuerda un ex empleado de confianza.

Las cosas no terminaron bien en el Seriatutix. Tampoco en el Entrengros, que sucedió al otro y tuvo más fama y controversia. Miguelo fue a dar a la cárcel por giro doloso de cheques y fue objeto de embargos de sus bienes personales. Miguel tuvo mejor suerte y la ayuda de su hermano Sebastián, quien ha honrado la petición de cuidar a su hermano menor que su madre le hizo poco antes de morir.

Hacerse cargo de que tenga los mejores abogados para defenderse es una de las formas en que Sebastián Piñera cumple su promesa. Según se lee en el libro Piñera. Historia de un ascenso, de Loreto Daza y Bernardita del Solar: “Sebastián no ha faltado a ese compromiso. ‘Resuelvan el problema’, ordena a sus abogados, cada vez que El Negro se mete en un lío, algo bastante frecuente y desgastante, puesto que ejercer esa tutela no sólo demanda asesoría legal y recursos económicos, sino que también una gran dosis de paciencia. Sobre todo, cuando un abogado cercano a Piñera dice que apenas una mínima parte de los líos en que se mete el cantante son conocidos por la opinión pública”.

La última intervención conocida del Presidente tuvo que ver con la farándula. Según publicó el viernes 3 de junio el diario La Cuarta, Miguel Piñera estaba a punto de darle una entrevista televisiva a Giancarlo Petaccia, cuando un llamado telefónico de su hermano lo hizo cancelar todo.

Invitado de piedra

La historia de Miguel Piñera tiene un capítulo episódico que determina su suerte en la escena musical chilena. Un capítulo al que su protagonista se ha empeñado en imprimirle un carácter épico, legendario incluso, pero que en la práctica se constituye de elementos estrictamente prosaicos.

Ocurrió en 1975, cuando se embarcó en una suerte de viaje de iniciación por Latinoamérica. Lo acompañó el guitarrista Oscar Ratón Pérez, con quien formaba un dúo musical llamado Miguel y Ratón que solía presentarse en un programa televisivo animado por Pepe Gallinato. Los dos amigos soñaban con una carrera artística, pero considerando como estaban las cosas después del golpe de Estado, se conformaban con arrancar del ambiente opresivo que había en el país.

Tras recorrer Bolivia, Perú y Ecuador, el dúo llegó a la casa de unos amigos en común en Río de Janeiro. A decir verdad, sólo Ratón Pérez conocía a los dueños de casa, un trío de músicos chilenos que formaban parte del grupo Agua y hacían carrera en Brasil. Piñera era un invitado de piedra, más todavía considerando que no cayó nada bien entre los dueños de casa y llegó acompañado de una novia estadounidense que conoció en el camino.

–Nosotros vivíamos en comunidad, compartíamos todo, pero él no calzaba con ese esquema. Era individualista, muy rara vez aportaba, se salvaba solo. Igual aceptamos que se quedara en la casa porque andaba con Ratón Pérez, que era nuestro amigo y comenzó a tocar con nosotros –recuerda el guitarrista de Agua, Nelson Araya.

Fue en esa casa de Río de Janeiro que Miguel Piñera escuchó por primera vez La luna llena. Compuesta por Araya, era uno de los temas que el grupo tocaba habitualmente en sus presentaciones en Brasil. También tocaban las clásicas canciones chilenas y latinoamericanas de raíz folclórica que más tarde Piñera integró al repertorio de su carrera solista.

El beneficio fue completo cuando Milton Nascimento descubrió al grupo chileno y lo invitó a participar en la grabación de Geraes (1976), su disco más famoso. Piñera no formaba parte del grupo ni era del agrado del cantautor brasileño. Según uno de los músicos de Agua, lo consideraba “oportunista y fanfarrón, se quería colgar de su fama”. Pero igualmente el chileno se las arregló para estar presente en la grabación y tener una modestísima participación en uno de los coros. Lo justo para que en la contraportada de Fusión latina (1982), su disco debut, se lea que “tocó y grabó junto a Milton Nascimento”.

Sin compromisos

En Músicapopular.cl, la más erudita enciclopedia de música chilena, se consigna que Miguel Piñera saltó a la fama a partir del programa televisivo Vamos a ver, donde Raúl Matas lo presentó como un músico joven, recién llegado de Estados Unidos, que era “hijo menor de don José Piñera”.

Su éxito fue súbito y sorprendió al propio Piñera, a decir de uno de los músicos de Fusión Latina: como no tenía repertorio suficiente, echó a mano a las canciones de Agua y Hot Chile, otro grupo chileno, con el que había tocado en su paso de fines de los setenta por California. Dos de los músicos de esa formación se integraron a Fusión Latina. Otros dos se quejaron de que uno de los temas que Piñera grabó y patentó a su nombre les pertenecía. Ese tema es Dulce América, que José Miguel de la Fuente y Cristián Bianchi reclaman como propio.

Nelson Araya, el autor de La luna llena, dice que alcanzó a registrar a tiempo su tema en Chile. Entonces vivía en Brasil y fue alertado de que la persona que había alojado en su casa pretendía grabar su canción sin su autorización. No fue la única oportunidad en que se sintió pasado a llevar. A fines de esa década, cuando Sebastián Piñera usó La luna llena como eslogan de su campaña a senador, el compositor lo demandó y consiguió una retribución por cuatro millones de pesos de la época.

El menor de los Piñera Echenique gozó de la fama pero también pagó por ella. Algunos de los músicos de su banda terminaron enemistándose con él por incumplimientos y abusos laborales: el líder se llevaba el 75% y el 25% restante se repartía en partes iguales entre sus músicos. Él era el rostro del grupo, la voz de una suerte de Canto Nuevo ligero, edulcorado y apolítico que despertaba admiración de las masas pero también sospechas y enconos.

En un número de 1983 de la revista La Bicicleta, Álvaro Godoy enjuicia el fenómeno de Miguel Piñera y se pregunta quién es ese cantante que “usa boina como el Che y se declara apolítico. Canta a Violeta Parra y Silvio Rodríguez, pero los diarios lo apoyan, la televisión lo contrata como enferma y la izquierda lo rechaza”. En el mismo artículo algunas voces autorizadas intentan explicar el fenómeno y en un recuadro el aludido plantea sus descargos: “No me quiero encasillar, y creo que algunos compositores del Canto Nuevo están un poco comprometidos en contra de este gobierno. Yo prefiero no comprometerme, quedarme al margen”.

Uno de los músicos de Fusión Latina dice que a Piñera las críticas no le resbalaban. Por el contrario. A veces se mostraba tan susceptible que durante un tiempo anduvo atormentado pensando que Nunca quedas mal con nadie, de Los Prisioneros, estaba dedicado a él.

Asesoría financiera

Para fines de los noventa, cuando Miguel Piñera había vuelto a ser una celebridad, vivía en un departamento de Providencia con vista al Entrenegros. Un décimo piso en cuya terraza sobresalía un jacuzzi adornado con flores de hule y una galería de guitarras expuestas en la pared del living. Contaba con varios locales a su haber y una novia 25 años menor llamada Carla Ochoa. Había relanzado el disco Fusión Latina y anunciaba la próxima aparición de un disco de canciones chilenas del que no se volvió a tener noticias.

Fue un periodo intenso, descomedido, sin pausa. En el Entrenegros, lugar de reunión de la farándula criolla, él era una de las principales atracciones. Cantaba con su banda, hacía vida social y, a su modo, defendía sus intereses en el negocio. Un amigo y ex empleado de confianza recuerda que, tal como había hecho en el Seriatutix, solía retirar el dinero de las cajas y echárselo al bolsillo.

–La administración era desastrosa, no podía ser de otra forma, pero así y todo ganaba plata a manos llenas –dice el ex empleado, a quien el cantante le comentó que fue su hermano Sebastián quien le aconsejó invertir en la bolsa.

Las inversiones eran diversas y no necesariamente en la bolsa. Según quedó consignado en una causa de la jueza Eleonora Domínguez, que investigó el caso de La Cutufa II, Miguel Piñera fue uno de los nombres que apareció vinculado a la financiera ilegal dirigida por el capitán de Ejército y ex agente de la CNI Patricio Castro. La lista apareció en un computador que le fue incautado a Marcelo Jadue, abogado y socio del cantante. A esa evidencia se sumó el testimonio de Beatriz Ugarte, denunciante del caso, que atestiguó haber presenciado una reunión realizada en Buenos Aires entre el dueño del Entrenegros y el ex capitán de Ejército y cerebro de la operación.

Patricio Castro y su ex esposa, la actriz Carolina Arregui, eran asiduos al Entrenegros de calle Suecia, que a la vez era administrado por Domingo Pino Sastre. Chumita fue también uno de los hombres a través de los cuales el cantante abrió negocios a contar del 2000.

Por medio de la sociedad Gastronómica New York USA, Pino representó a Piñera en la apertura de dos restoranes de Providencia, New York Sushi y Confesionario. Los otros dos socios fueron el abogado Marcelo Jadue y el empresario Claudio Rocafort Concha.

Marcelo Jadue representó al coronel (r) Castro y fue uno de los gestores de la página www.despiertachile.cl, vinculada a ex agentes CNI. En 2008 resultó condenado por extorsionar al Conservador de Bienes Raíces de Santiago, Luis Maldonado.

Claudio Rocafort, en tanto, fue pololo de Cecilia Bolocco un tiempo antes que se coronara Miss Universo en 1987. Representó a una empresa de armamentos, fue demandado por golpear duramente a uno de sus empleados y es dueño de la cadena de restoranes Sushita. Su inolvidable campaña publicitaria tuvo al Negro Piñera de rostro, flanqueado por un modelo recostada y envuelta en sushis de palta, masago y salmón.

Orden de embargo

En 2003, cuando el Entrenegros de calle Suecia bajó la cortina, Miguel y Miguelo estaban distanciados. Ambos se responsabilizaban de malos manejos financieros que poco después derivaron en la detención del segundo por giro doloso de cheques y una demanda laboral de ex empleados que traerá consecuencia para los dos cantantes y un tercer partícipe de la sociedad Miguel y Miguelo’s Pub Limitada, Andrés Vidal Villalón, que oficiaba de representante legal.

A Miguelo la justicia lo obligó a responder con el sueldo que ganaba en el programa Rojo Vip. Y en noviembre 2007, a raíz de la demanda de un sonidista del pub, el Quinto Juzgado del Trabajo ordenó embargar vehículos de los tres socios.

Miguelo perdió una moto y Vidal un taxi Lada. Pero cuando una receptora judicial llegó a la casa de Piñera para embargarle la Nissan Pathfinder que usaba su esposa, la funcionaria adujo la imposibilidad de cumplir la tarea “por oposición de persona adulta del lugar, quien no se identificó”. Sujeta a embargo, la camioneta siguió en poder de su dueño y acumuló multas del tránsito y kilómetros, no obstante que el tribunal encargó su búsqueda a Carabineros.

No era la primera vez que enfrentaba una orden de embargo. A principios de 2000, a raíz de una demanda de ex empleados del local Entre Negros y Blancos, el primero que tuvo en sociedad con Miguelo, el Entrenegros de calle Suecia fue prácticamente desmantelado por un receptor judicial. La experiencia convenció al autor de Como el sol de la utilidad de hacer negocios por medio de terceros.

En algún momento se ufanó a través de la prensa de la existencia de más de doce sucursales del Entrenegros repartidas por todo Chile. Ninguno de esos locales era suyo, pero el negocio estaba en que la gente creyera lo contrario. Él cobraba un dinero por autorizar la marca y representarla a través de presentaciones periódicas, a veces ni eso: bastaba con que se diera unas vueltas para atraer clientela. También se ufanó de ser el propietario de decenas de otros locales que se abrieron en Santiago pero donde su nombre no aparecía en ninguna escritura. Fue el caso de Studio 54, inaugurada en el antiguo recinto de la discoteca Eve por el actual asesor del ministerio del Interior Cristián Barra Zambra. El cantante anunció a los cuatro vientos que la nueva discoteca era obra suya, pero ningún papel lo avalaba.

Según un reportaje de La Nación Domingo, el negocio derivó en una querella del dueño del inmueble por el extravío de un conjunto de equipos de música y en una posterior orden de aprehensión. El reportaje indica que el litigio fue resuelto en 2005 mediante un acuerdo extrajudicial en el que intervinieron abogados del actual Presidente.

Una resolución similar tuvo el embargo de la Nissan Pathfinder. En abril de 2009, la abogada Verónica Fernández Omar consiguió que la Corte Suprema dejara sin efecto el embargo de la camioneta. Esto a pesar de que el cantante ni siquiera respondió con el mínimo del millón y medio de pesos al que se comprometió cuando suscribió la sociedad Miguel y Miguelo’s Pub Limitada. La abogada pertenece al estudio Barros & Errázuriz, que ve los asuntos financieros de Sebastián Piñera.

Al ser contactado telefónicamente sobre sus negocios, Miguel Piñera precisó que actualmente no tiene participación en locales. “De negocios sé re poco, compadre. Lo mío es la música, las relaciones públicas”, dijo.

Socios del sicario

En octubre de 2010, en el transcurso del juicio oral por la muerte de Diego Schmidt-Hebbel, el sicario José Ruz Rodríguez apareció en la audiencia vistiendo una polera con el emblema del Entrenegros. En apariencia el hecho no pasó de ser una anécdota. El propio cantante, al ser consultado por el tema en La Cuarta, se mostró extrañado y lo adjudicó a una casualidad sin mayor trasfondo. Pudo haberse sorprendido, pero no extrañado.

El sicario es primo de Marcos Silva Ruz, quien en el juicio declaró que antes del asesinato planeaban abrir una discoteca en La Florida. Ambos participan de una sociedad familiar dueña de cafés con piernas en el centro de Santiago. En esa sociedad llamada Inversiones El Romeral participan José Ruz, Marcos Silva Ruz, Cristian Silva Donoso, Mickel Ignacio Silva Gallardo y otros familiares. Estos dos últimos tomaron contacto con Miguel Piñera para revivir en 2008 una apoteósica versión del Entrenegros en el Mall Plaza Vespucio.

Según quedó consignado en el Diario Oficial, la Productora de Eventos Entre Negros Limitada que dio origen a la discoteca fue constituida en 2007 por Cristián Alexander Silva Donoso, Mickel Ignacio Silva Gallardo, Claudio Andrés González Ruz e Iván Steve Ponce Valenzuela. Este último es un disc jockey cercano a Miguel Piñera. Trabajó en sus locales y en la campaña presidencial de 2005 de su hermano Sebastián. De acuerdo con Silva Donoso, Iván Steve Ponce fue la persona que intermedió por el cantante en el negocio de la discoteca.

–Fue sólo un acuerdo de palabra, no hubo nada firmado con Piñera –dice Silva Donoso–. Nos juntamos en un local de Manuel Montt, conversamos del proyecto y juntamos las manos, las levantamos y gritamos ehhhh. Eso fue todo. Los detalles los vio el (Iván) Steve Ponce, que era quien tenía el contacto con el Negro.

Cristián Silva habla desde el subterráneo del café Ikabarú de la galería Alessandri, en el centro de Santiago, donde opera la administración del negocio. Bordea los treinta años y sonríe al recordar la experiencia del Entrenegros en el Mall Plaza Vespucio que le dejó buenos recuerdos y una deuda millonaria. No sólo a él, sino también a su tío Marcos, primo del sicario, que actuó como inversionista sin aparecer en la sociedad.

–Fue un proyecto emblema para el Negro, porque marcaba su retorno. Él tenía el compromiso de estar ahí, de ser el rostro, iba casi todos los días pero no tenía un porcentaje. Cuando quería plata, pedía y cobraba. Lo pasamos muy bien pero perdimos mucha plata. Entiendo que el Negro cobraba principalmente por el uso de la marca, ese era su negocio –dice Cristián Silva.

En una de esas noches de juerga, poco antes de que la discoteca cerrara sus puertas en noviembre de 2009, el dueño de un local vecino del Entrenegros denunció haber sido amenazado de muerte después de llamarle la atención a Piñera y sus amigos por estar en su local consumiendo alcohol traído de la discoteca. La causa quedó radicada en la Fiscalía Oriente pero fue archivada después de que las partes llegaron a un acuerdo en que prometieron reserva.

Una fórmula similar fue empleada ante la querella presentada por Fernando de la Cerda, dueño de la discoteca sala Murano, que a fines de abril último denunció haber sido amenazado por Miguel Piñera. Éste habría sospechado una relación entre Cerda y Belén Hidalgo. Según informó la revista Qué Pasa, los representantes legales de ambas partes llegaron a un acuerdo extrajudicial que se mantiene en reserva. La defensa de Piñera estuvo a cargo de Gonzalo Cisternas, quien aseguró a La Tercera que “la querella fue retirada porque las denuncias no son serias”.

Cisternas pertenece al estudio Espina, Zepeda y Acosta, donde son socios, además del senador Alberto Espina, los abogados Carlos Zepeda y Domingo Acosta, todos cercanos a Sebastián Piñera, a quien han asesorado en La Moneda. Según Qué Pasa, el propio Presidente discutió con ellos las estrategias legales para defender a su hermano. Mal que mal, según la misma publicación, el dueño de la sala Murano había sido advertido por el cantante de que no sabía con quien se estaba metiendo: “Estás hablando con el hermano del Presidente”.

Los fantasmas que rondan la muerte de Salvador Allende

A comienzos de este año, cuando el ministro Mario Carroza se hizo cargo de la investigación por la muerte de Salvador Allende, una de sus primeras diligencias fue pedir el expediente con que la justicia castrense determinó en 1974 que el ex Presidente se había suicidado. La Fiscalía Militar negó tener el original. Carroza siguió entonces la pista de un antiguo aviso publicado en internet que ofrecía el expediente por dos millones de pesos. El oferente resultó ser el propietario de una empresa de demoliciones que aseguró haberlo encontrado mientras echaba abajo la casa de un ex relator de la justicia militar.

Una semana después de que esa copia le fuera embargada al empresario de demoliciones, el fiscal militar que investigó el hecho, Joaquín Earlbaum, apareció en el despacho del ministro Carroza con otra copia. El expediente original, sin embargo, aún está extraviado.

Además del informe de autopsia y de la pericia balística que ya se conocían, el expediente incluye elementos que pueden dar luces sobre la verdad histórica más controversial del siglo XX. Entre ellos, un tercer informe de 1973 titulado “Relación de especies encontradas por personal militar en lugar del suicidio”. El documento que firma el coronel Julio Polloni Pérez, director interino de Inteligencia del Ejército, da cuenta de piezas históricas.

En ese inventario se enumarn bienes como la espada de O’Higgins, el fusil AK-47 regalado por Fidel Castro con el que Allende se habría matado, sus anteojos Mustang, su reloj Jaegger LeCoultre y las dos vainillas de las balas que perforaron su cabeza ( ver lista completa ). La mayoría de esos objetos se encuentran extraviados y el juez Carroza ofició al Ejército, que debía custodiarlos, preguntando por ellos.

El expediente contiene también las primeras declaraciones recogidas entre 1973 y 1974. Una de ellas es la del ex ministro de Defensa José Tohá, a quien se tomó testimonio mientras permanecía detenido en el Hospital Militar, lugar donde moriría poco después. Contiene también la primera declaración judicial del doctor Patricio Guijón, que reafirmará la tesis del suicidio que permanece hasta hoy.

Testigo accidental

Patricio Guijón era el menos político de los médicos personales de Salvador Allende. También el más distraído e ingenuo. Integró el equipo de médicos de la Presidencia por recomendación de su colega y amigo Arturo Jirón, ex ministro de Salud de la Unidad Popular. Fue el único de ese equipo que no salió al exilio tras el golpe de Estado. Siguió viviendo en su casa en Vitacura como cualquier hijo de vecino. En adelante, quien quisiera dar con su paradero no debía más que consultar la guía telefónica.

Esa jornada de martes 11 de septiembre de 1973, cuando se reunió junto al resto de sus colegas en La Moneda, hizo y dijo cosas dignas de ser destacadas. Lo primero fue permanecer en funciones, aun cuando el Presidente dejó en libertad de acción a sus colaboradores ante la proximidad del ataque aéreo. Lo segundo fue comentar, en medio del bombardeo de los Hawker Hunters, que muy de seguro “esas bombas deben ser chilenas, porque aún estamos vivos”. Así al menos lo recordó treinta años después en una entrevista con El Mercurio. Lo tercero ya es histórico.

Tras el bombardeo aéreo y con La Moneda en llamas, una vez que Allende ordenó a sus colaboradores que se entregaran a las fuerzas golpistas, el doctor Guijón recordará que cuando comenzaba a salir hizo algo “realmente absurdo”: volvió sobre sus pasos en búsqueda de una máscara de gas como recuerdo a su hijo mayor. Según su relato, estaba en eso cuando abrió las puertas del salón Independencia, donde se había encerrado Allende, y lo vio en los instantes precisos: sentado en un sillón, de espaldas a la pared, el Presidente sostenía un fusil cuyo caño presionaba su barbilla, un disparo seco, parte del cráneo y los sesos volaron por los aires.

Con menos detalles, su testimonio transmitido por la televisión pública en septiembre de 1973 acalló dudas y a la vez despertó sospechas de quienes no creyeron en la versión del suicidio, incluida la propia familia del ex Presidente. El hecho es que desde entonces el cirujano Patricio Guijón quedó convertido en el testigo de la muerte de Salvador Allende. Testigo accidental, que parece haber estado en un lugar y un tiempo equivocados.

Empeñado en establecer una verdad judicial de los hechos, que a la larga será histórica, el ministro Carroza ha tomado declaración a una veintena de protagonistas que sobrevivieron al golpe y viven para contarlo. Protagonistas que sin poner en cuestión el fondo del relato del doctor Guijón, lo han situado en un lugar secundario, denotado imprecisiones, si es que no hechos contradictorios.

Guijón no fue ni por lejos el único que vio a Allende muerto inmediatamente después de que uno o dos disparos secos se escucharon tras la puerta del salón Independencia. Tampoco el único que dice haber presenciado el momento exacto en que aparentemente se disparó. De cualquier modo la verdad judicial no está confiada únicamente a testimonios de sobrevivientes del asalto a La Moneda. La reciente exhumación de los restos de Salvador Allende persigue, además de corroborar la identidad de esos restos, probar la trayectoria que habría seguido el o los impactos de bala que provocaron su muerte. Esto último ante un reciente informe del Servicio Médico Legal (SML) que detectó discordancias entre los impactos encontrados en el lugar de los hechos y la trayectoria del disparo descrito en la autopsia realizada en septiembre de 1973 por encargo del fiscal Earlbaum.

Disparos secos

Aunque en La Moneda había casi cincuenta personas, unas pocas asistieron el momento en que el Presidente Allende se despidió de sus colaboradores más cercanos y se encerró en el salón Independencia. Menos aún son las que sobreviven para contarlo. Una de ellas es el ex detective de la Policía de Investigaciones Gustavo Basaure Barrera.

Miembro de la escolta permanente que Investigaciones dispuso para la custodia del mandatario, Basaure fue uno de los 17 policías que ese 11 de septiembre permanecieron leales junto a Allende en La Moneda. Resistieron el asalto en condiciones muy desventajosas, en un gesto más testimonial que efectivo, y cerca de las dos de la tarde su superior directo les informó que el Presidente había dispuesto que salieran en fila india por la puerta de Morandé 80. No había muchas posibilidades. La Moneda ardía en llamas, el ambiente era irrespirable y la mayor parte del grupo se había reunido en ese sector. Entonces Basaure, que permanecía sentado en un corredor del segundo piso del palacio junto a su compañero Pedro Valverde, presenció cuando Allende terminaba de despedirse y cerraba por dentro la puerta del salón Independencia diciendo que tomaría un par de minutos para meditar.

El policía estaba a unos pocos metros de esa puerta, tres o cuatro, y desde ese lugar escuchó “dos disparos secos, sin estampida”, provenientes del salón. Mientras se incorporaba junto a su compañero, tres o cuatro hombres llegaban corriendo desde el ala sur del pasillo y abrían la puerta del salón. Uno de ellos salió gritando que el Presidente se había matado.

-Yo no entré al salón, pero como la puerta quedó entreabierta me asomé a mirar: aunque estaba casi a oscuras, sin luz, vi que el Presidente estaba tendido en un sillón y tenía una herida en el cuello, aunque no parecía tener sangre. Encima tenía un fusil –dice Gustavo Basaure desde su casa en La Florida.

Pedro Valverde Quiñones, el compañero de Basaure, presenció la escena con mayor detención pero no vive para relatarla. Una posición tanto o más privilegiada tuvo el también fallecido policía David Garrido Gajardo. En 1987, en una crónica de la revista Análisis sobre la muerte de Allende firmada por Mónica González, María Olivia Monckeberg y Patricia Verdugo, el ya ex policía Garrido recordó la escena en los siguientes términos:

“Estábamos al fondo del pasillo, casi frente al living privado del Presidente, cuando lo vi acercarse con Enrique Huerta, el doctor Patricio Guijón y otras personas, las que quedaron en la puerta cuando él entró. Entonces escuché la voz del Presidente que dijo fuerte: ‘Allende no se rinde’, y de inmediato, dos o tres balazos. El médico dijo: ‘El doctor se mató’, entró en el despacho y, desde mi posición, vi al Presidente sentado, con la cabeza hacia atrás y el casco botado. Había sangre en el muro”.

En esos minutos Basaure no recuerda haber visto al doctor Guijón rondando en el pasillo del segundo piso, paralelo a calle Morandé. Es más: como muchos ex policías presentes ese día en La Moneda, pone en duda que el médico haya regresado motivado por el rescate de una máscara antigás.

–No resiste ninguna lógica –dice el policía, recordando el temor que cundía a esas horas ante el acecho de los militares y la incertidumbre de no saber lo que les esperaría afuera. – En esas circunstancias, ¿a quién se le iba a ocurrir volver a buscar un souvenir?

El primero de la fila

Cuando se escucharon los disparos en el salón Independencia, los primeros leales que resistieron junto a Allende habían alcanzado la calle. Contrario a las órdenes del Presidente, la fila no era encabezada por su secretaria Miria Contreras, la Payita, sino por el policía Eduardo Ellis Belmar. De bigotes espesos y contextura gruesa, apenas abrió la puerta y puso un pie en la calle un soldado lo abrazó por la espalda y lo usó de escudo para protegerse de disparos provenientes del Ministerio de Obras Públicas. Inmediatamente después salió la Payita.


Ya cuando estaba tendido en la acera de Morandé junto a otros detenidos, escuchó la noticia de uno de sus compañeros que se encontraba en su misma posición: el Presidente se había quitado la vida.

Desde La Reina, donde vive, el ex detective Ellis sostiene que ningún militar alcanzó a ingresar a La Moneda desde la puerta de Morandé antes de que Allende se quitara la vida.

-Cuando yo recibí la noticia, los militares aún no habían entrado a La Moneda. Esperaron a que bajaran todos por la escalera que conectaba el pasillo del segundo piso con la puerta de Morandé –dice.

La misma certeza tiene el jefe de la guardia presidencial de Investigaciones, Juan Seoane Miranda, quien dejó La Moneda una vez que se enteró de la muerte de Allende. Recuerda que el dramatismo fue agudizado por el intento del subsecretario general de Gobierno, Arsenio Poupin, de quitarse la vida con una pistola. Alguien logró arrebatársela. Enrique Huerta, el intendente de Palacio, gritó un viva a favor del fallecido Presidente. Recién nada más se había despedido de él. Poupin y Huerta fueron de los últimos en verlo con vida y los primeros testigos de su muerte. Los dos se entregarían y más tarde serían torturados y hechos desaparecer.

Seoane no pone en duda que Allende se quitó la vida:

-Doy fe de que los soldados no habían entrado todavía. Estábamos únicamente nosotros.

Las versiones de los ex policías son coincidentes. La mayoría de ellos son amigos y suelen reunirse habitualmente. La última vez lo hicieron antes de ser citados a declarar ante el juez Carroza. La única versión discordante es la de Carlos San Martín. Según uno de sus antiguos compañeros, en su reciente declaración judicial dio indicios de la presencia de militares al momento de ocurrida la muerte de Allende. Pese a haber permanecido voluntariamente en La Moneda, San Martín no siente afinidad por la izquierda. Más bien lo opuesto.

Instante fatal

En septiembre de 1984, cuando su versión aún era resistida por la izquierda chilena, Patricio Guijón dio una entrevista a revista Cauce en la que evocó la escena que lo anclará permanentemente al pasado.

Dirá que entró al salón y le tomó al pulso al Presidente, constatando su muerte. Otro absurdo: el cráneo del Presidente estaba abierto y destrozado. La masa encefálica a la vista. Luego, en un acto instintivo, tomó el fusil AK-47 que estaba sobre el cuerpo del Presidente y lo dejó a un lado.

En esos diez a quince minutos que permaneció en el salón hasta la llegada de los militares, Guijón no recuerda haber visto ni escuchado a nadie más. Sin embargo, son varios los testigos que dicen haber visto el cadáver de Allende.

Uno de sus colegas, José Quiroga Fuentealba, testificó hace unas semanas ante el juez Carroza haber presenciado desde el dintel de la puerta del salón Independencia el instante preciso en el que Allende se quitó la vida: “Se escuchan disparos, Huerta abre la puerta y veo la figura del Presidente sentado que empieza a desfallecer”.

Estas contradicciones, unidas a la interpretación de otros hechos y testimonios, no sólo han llevado a cuestionar la tesis del suicidio. Este año, el periodista chileno Camilo Taufic planteó que Allende intentó suicidarse con una pistola pero quedó malherido. La tarea habría sido completada por Enrique Huerta.

La sombra de Allende

Pasada las cinco de la tarde, cuando el cadáver del Presidente Allende fue sacado de La Moneda envuelto en un chamanto boliviano, un suboficial de Ejército entró en acción. Por instrucciones del general Javier Palacios, que dirigió la toma de La Moneda, el subteniente Manuel Vásquez Nanjarí tenía la orden de permanecer en todo momento al lado del cuerpo del Presidente. Ser su sombra, pasara lo que pasara. Por eso subió a la ambulancia que transportó el cuerpo hasta el Hospital Militar, y una vez allá, en el quirófano del Departamento de Otorrinolaringología, le hizo guardia hasta pasada la medianoche.

Horas antes, el almirante Patricio Carvajal había sido instruido por Augusto Pinochet para que un equipo de médicos legistas “certifiquen la causa de muerte del señor Allende con el objeto de evitar que más adelante se nos pueda imputar a las Fuerzas Armadas el haber sido las que provocaron su fallecimiento”.

Vásquez Nanjarí fue testigo del momento en que el cadáver de Allende, ya depositado en el quirófano del Hospital Militar, fue desnudado por completo para un peritaje fotográfico que luego quedó adjunto a la causa que siguió el fiscal militar Joaquín Earlbaum. Y a contar de las ocho de la noche, y por las siguientes cuatro a cinco horas, presenció el procedimiento de autopsia que los peritos médico legistas José Luis Vásquez y Tomás Tobar, apoyados por el perito auxiliar Mario Cornejo, realizaron al cadáver del Presidente. Testigos fueron también los cuatro jefes de sanidad de las Fuerzas Armadas y de Carabineros.

En el informe de autopsia N° 2449/73, que firmaron los peritos Vásquez y Tobar, se concluye que “la causa de la muerte es la herida a bala cérvico-bucocráneo-encefálica reciente, con salida de proyectil” y que “el disparo corresponde a los llamados ‘de corta distancia’ en medicina legal. El disparo ha podido ser hecho por la propia persona”.

Aunque la autopsia entrega detalles del examen interno al cadáver, en su reciente declaración a la policía el ex suboficial Vásquez Nanjarí desconoció que el cadáver haya sido sometido a cirugía. De cualquier modo, lo relevante de su testimonio es que resulta inédito y permitirá recrear con mayor precisión lo que ocurrió con el cadáver de Allende desde que fue encontrado por los militares hasta que fue depositado en una ataúd y conducido en avión hasta el cementerio Santa Inés de Viña del Mar, donde fue enterrado al día siguiente en presencia de Tencha Allende, el edecán naval Roberto Sánchez, unos pocos familiares y cinco sepultureros como únicos testigos.

En 2003, esos mismo cinco sepultureros que participarán de la exhumación de 1990 recordarán en un reportaje de la revista Siete+7 que a las pocas horas de ser enterrado en Viña del Mar el ataúd con los supuestos restos de Salvador Allende fue robado por un grupo de pobladores que abandonaron el féretro en plena carrera al ser sorprendidos por militares. “El féretro llegó de vuelta a la tumba en muy mal estado”, recordará uno de los sepultureros.

El mismo año de la primera exhumación, en un reportaje de revista Análisis, una pobladora llamada Ana Vergara que participó del robó del ataúd dirá que el hecho estuvo motivado por la necesidad de certificar que quien se encontraba dentro era efectivamente Salvador Allende. Aunque la cabeza estaba destrozada, Ana Vergara y otros pobladores no tuvieron dudas de que así era.

Informes contradictorios

La exhumación del lunes último persigue el mismo objetivo con métodos científicos. Certificado esto, el equipo liderado por el médico forense español Francisco Etxeberría se abocará a la tarea de contrastar las pericias originales con lo que evidencien los restos óseos.

Dos informes realizados en 1973 se conocen desde que el año 2000 fueron publicados en el libro La Conjura, de Mónica González: la autopsia y un
peritaje balístico. Si bien ambos estudios debieran ser concordantes, el análisis realizado este año por el Servicio Médico Legal por encargo del ministro Carroza arrojó sorpresas.

La pericia balística fue realizada por funcionarios de Investigaciones que se constituyeron en La Moneda la tarde del 11 de septiembre. En sus conclusiones quedó consignado que “la muerte del señor Allende Gossens se produjo como consecuencia de una herida de bala que tiene su entrada en la región mentoniana y su salida en la región parietal izquierda. No se descarta la posibilidad que se trate de dos trayectorias correspondientes a dos disparos de rápida sucesión”.

Si bien ambos peritajes resultaron coherentes para el fiscal Earlbaum, quien en 1974 estableció que la causa de la muerte de Allende había sido el suicidio, el reciente estudio del Servicio Médico Legal acusó incoherencias entre los peritajes originales al advertir una “discordancia respecto a la trayectoria intracraneana del proyectil disparado”.

Tras la exhumación del cadáver, el equipo a cargo del examen tanatológico deberá resolver las discrepancias entre ambos estudios y contruibuir a cerrar un capítulo de la historia que se arrastra hace casi cuatro décadas.

Inventario de bienes

La siguiente es la lista de bienes encontrados en el Salón Independencia donde murió Salvador Allende. La mayoría se supone perdida.

-La espada de O’Higgins.
-Bastón estoque de 1903.
-Metralleta AK-47 con la inscripción “A Salvador Allende de su compañero de armas Fidel Castro”.
-Reloj Jaegger LeCoultre.
-Anteojos Mustang.
-Pañuelo azul con lunares rojos.
-Un telegrama despachada desde Rancagua por el intendente de O’Higgins.
-Una carta del 05/09/1973
-Papel con número de teléfono (484209).
-Un llavero marca Flood.
-Un casco modelo NA – iniciales JMF.
-Cinturón de cuero.
-Dos cargadores.
-Dos vainillas.
-Una bala.

La empresa que une a la Conaf y el Ejército en millonarios contratos bajo sospecha de fraude

A fines de febrero último, por medio de un aviso económico publicado en El Mercurio, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) puso a la venta un helicóptero casi nuevo. El mismo que había estrenado unos días atrás en medio de auspiciosos anuncios, aunque fue comprado en 2008. El W3A SOKOL de origen polaco, fue adquirido en US$ 8.5 millones tras un accidentado proceso de licitación y permaneció tan sólo unas semanas en funciones antes de ser ofrecido a la venta al mismo precio por el que había sido adquirido. Sus altos costos de mantenimiento y operatividad convencieron a las autoridades de gobierno de que era más rentable arrendar aeronaves que tener las propias.

Incluso más: el W3A SOKOL que Conaf puso a la venta podía ser adjudicado por alguna empresa de helicópteros que, en vez de pagar en efectivo, prestara el servicio de combate de incendios por algunas temporadas.

Parecía una oferta atractiva, una ganga de ocasión. Que la nave se pagara sola. Pero el llamado no tuvo un solo interesado. Nadie en Chile ni en ninguna parte del mundo estuvo dispuesto a hacerse cargo en esas condiciones de un helicóptero que no resulta fácil de operar y que no pocas voces de la industria aeronáutica consideran sobrevaluado. Las sospechas de un sobreprecio en el pago del helicóptero llevaron al diputado RN Joaquín Godoy a presentar una denuncia en el Juzgado de Garantía de Valparaíso, que traspasó los antecedentes por presunto fraude al fisco a la fiscalía Centro Norte de Santiago. En paralelo, el procurador fiscal del Consejo de Defensa del Estado de Valparaíso, Enrique Vicente, reúne antecedentes para estudiar los méritos de una querella.

El helicóptero polaco fue vendido a Chile por intermedio de la empresa chilena El Alba. La misma que en estos días es objeto de una investigación judicial por la sospecha de un millonario fraude por el mantenimiento de tres aviones CASA CN235 pertenecientes a la Brigada de Aviación del Ejército (BAVE).

El Alba Chile S.A., que en el extranjero opera con el nombre de Dekoven Enterprises, pertenece al piloto de reserva de la FACh Arnaldo Manuel Lizana Varas y es administrada por dos de sus hijos, Pablo Andrés y Ricardo Lizana Walsen. En los últimos años ha participado en importantes procesos de compras y licitaciones de material aeronáutico. La empresa intermedió en la compra de los tres aviones fumigadores EADS PZL M-18 Dromader de origen polaco que la Conaf adquirió a mediados de la última década. Y en estos días reclama en tribunales brasileños una comisión por US$ 6 millones a la firma aeronáutica Embraer por la venta de 12 aviones Súper Tucano a la Fuerza Aérea de Chile

Y como ocurre con la gran mayoría de las empresas chilenas del rubro, en El Alba trabaja un ex oficial de la aviación del Ejército que anteriormente tuvo responsabilidad en la contratación de servicios y mantenimiento de naves.

El asesor militar

La primera licitación fue declarada desierta en 2007. En la segunda convocatoria, que tendría lugar a comienzos del año siguiente, un nuevo actor entró a terciar en la compra del helicóptero de Conaf. Rodolfo Sánchez Rubio, ex general y comandante de la Brigada de Aviación de Ejército, BAVE, fue contratado como asesor del comité a cargo del proceso de compra. Su nombre fue recomendado por el ex ministro de Agricultura, Álvaro Rojas Marín. Ambos son cuñados. El ex general está casado con la hermana del ex ministro.

No fue posible ubicar a Sánchez Rubio para este reportaje. En el entorno de Rojas Marín (DC), actual rector de la Universidad de Talca, sostienen que el nombre de su cuñado fue elegido de una terna y que la función de éste fue de “asesoría técnica para preparar las nuevas bases y opinar sobre las postulaciones”. Agregan que su actuación “no reviste incompatibilidad alguna dado que cuando (Sánchez Rubio) comenzó a desarrollar la labor de asesoría técnica para preparar las nuevas bases”, él ya no era ministro. Su salida ocurrió el 11 de enero de 2008, precisamente en los días en que se preparaba la nueva licitación que fue publicada el 18 de febrero.

Al respecto Catalina Bau, directora en Conaf en los tiempos de la compra del helicóptero, sostiene que el ex general Sánchez Rubio fue sugerido por el ministerio a cargo de Rojas Marín. Ella dice no conocer el parentesco de Rojas con el asesor, quien trabajó a la par con el jefe de la comisión técnica de Conaf que decidió la compra, el gerente de Combate de Incendios Luis Martínez.

Bau asegura que no tomó parte del proceso de elaboración de bases y evaluación de propuestas. “En este tema el equipo técnico de Conaf trabajó a la par con el equipo jurídico del Ministerio de Agricultura. Cuando la evaluación ya estaba hecha a mí me trajeron los resultados para la decisión final y la firma”, dice la ex directora de Conaf y agrega que si el helicóptero no está operativo, no es un problema técnico sino de voluntad de las nuevas autoridades (ver recuadro 2).

El helicóptero polaco representado por El Alba Chile S.A. se impuso a las propuestas de Eurocopter y Bell. Entonces no hubo cuestionamiento a las propiedades y certificaciones de una nave que sería la única en su tipo en Latinoamérica. En la evaluación técnica consiguió un puntaje similar al de su competidor más cercano, Bell Helicopter, y su precio era considerablemente más bajo que los otros dos postulantes. El negocio fue adjudicado en agosto de 2008.

Hasta ahí las cosas transitaron bajo cauces de cierta normalidad. Pero en 2010, una vez que la nave estuvo en Chile y hubo que ponerla a trabajar, quedaron al descubierto sus limitaciones técnicas.

No había pilotos capacitados para volarla y traerlos de España, como se hizo en un comienzo, resultaba insostenible en el tiempo. En esas condiciones las nuevas autoridades de Conaf calcularon que su costo anual superaba el millón de dólares. A esto se sumaron inconvenientes de asistencia técnica y mantenimiento. A diferencia de los otros modelos en competencia, el W3A SOKOL no tiene representación técnica en Chile ni en ningún otro país de Latinoamérica. Eso siempre se supo pero no fue considerado por el comité evaluador.

Antiguos conocidos

El general (R) Sánchez Rubio, quien asesoró la licitación, tiene un antiguo conocido en la empresa que se adjudicó el helicóptero. Durante su gestión al frente de la Brigada de Aviación del Ejército (BAVE) tuvo de jefe de adquisiciones al ex coronel Juan Riquelme Vergara, quien desde 2003 trabaja en la empresa en El Alba.

A mediados de los noventa, cuando ambos estaban en funciones en la BAVE, Sánchez estuvo a cargo de un ambicioso plan de actualización de los helicópteros SA.330 PUMA, los mismos que a partir de la segunda mitad de los setenta sirvieron para lanzar al mar cuerpos de opositores a la dictadura. Bien lo sabe el general (r) Sánchez Rubio, que para entonces era piloto e instructor de esas naves. Una década después, de acuerdo con el testimonio judicial de un piloto de Ejército reproducido por El Mostrador, transmitió la orden de arrojar al mar cinco cuerpos pertenecientes a militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez.

El millonario contrato de mediados de los noventa fue ejecutado por la británica Bristow Helicopters Co. por intermedio del piloto y ex teniente de Ejército Virgilio Cartoni Maldonado (ver recuadro 1). Consideraba la actualización tecnológica (overhaul) de ocho naves y la renovación de hangares de la brigada en Rancagua. Un piloto de Ejército en retiro recordará que el entonces comandante Sánchez Rubio reunió a sus hombres para anunciarles que se trataba de uno de los mayores proyectos de la BAVE en los últimos años. Fue bautizado como Proyecto Puma.

A algunos pilotos les llamó la atención que el contrato no fuera ejecutado por Eurocopter, el fabricantes de los Puma con el que hubo conversaciones al respecto. También llamó la atención que el acuerdo comercial considerara la entrega como parte de pago de un helicóptero Sikorsky S-76A Spirit, el mismo en que a principios de los ochenta ocupaba Augusto Pinochet para sus desplazamientos. El Sikorsky del Ejército fue a parar al inventario de las naves que la Bristow Helicopter Co. opera en las plataformas petroleras del Mar del Norte. Pero lo que definitivamente resultó extraño fue que después del auspicioso anuncio, sólo dos Puma resultaron completamente actualizados. El resto fue objeto de ajustes menores.

Del Proyecto Puma no se volvió a hablar en el Ejército. Menos del Sikorsky S-76A Spirit.

Piloto, candidato y comerciante

Rodolfo Enrique Sánchez Rubio es uno de los comandantes más recordados en la Brigada de Aviación del Ejército. También uno de los más identificados con la dictadura. Para 1987 ostentaba el grado de coronel y era comandante del Regimiento de Aviación N°1 La Independencia de Rancagua. Fue piloto insigne del Ejército y jefe de zona en la región para el Plebiscito de 1988 y las elecciones que siguieron. En marzo de 1994, al ascender a general, fue objeto de una fiesta memorable en la brigada. Sánchez Rubio se había ganado un lugar en el Alto Mando de Augusto Pinochet.

Su carrera todavía se elevó más alto en febrero de 1995, al ser designado jefe del Comando de Aviación del Ejército y de la Guarnición Militar de Rancagua. Pero siete meses después, sin que se explicaran las razones, fue pasado a retiro.

Como oficial en retiro abrió un centro de formación técnica y capacitación en Rancagua y en dos oportunidades fue candidato a concejal por esa misma ciudad. La primera (1996) consiguió casi cinco mil votos como independiente en la lista de RN y la UDI. La segunda (2000), en representación de la Unión de Centro-Centro, obtuvo poco más de mil.

En tanto Juan Julio Riquelme Vergara, su hombre de confianza en adquisiciones y logística de la BAVE, fue piloto y oficial de Estado Mayor. Su carrera fue silenciosa y de bajo perfil. No como la de su hermano Gastón Edison, brigadier general que pasó a retiro en 2000: quince años antes, mientras permanecía a cargo de adquisiciones y logística en la Escuela Militar, protagonizó un desfalco millonario conocido como “el fraude del dulce de membrillo”.

Juan Julio Riquelme salió a retiro en 2002. Su nombre podría haber permanecido en el anonimato de no ser porque siete años después, mientras se desempeñaba en la empresa El Alba, explotó el escándalo de los aviones CASA.

Contratos brujos

En su declaración judicial, Juan Riquelme Vergara se identificó como asesor técnico de El Alba en las áreas de gestión aeronáutica y defensa. En la práctica, en lo que concierne al acuerdo de mantenimiento de los CASA CN232, era el enlace entre la empresa y la BAVE para facturar el detalle de los cobros por labores supuestamente realizadas. Supuestas porque según quedó establecido en un informe de 2009 de la Brigada Investigadora de Lavado de Activos de la Policía de Investigaciones (PDI), las facturas u órdenes de adquisiciones emanadas desde la Dirección de Logística del Ejército entre 2002 y 2007 “presentan irregularidades o a lo menos presentan documentación que no respaldan la adquisición o reparación de elementos de aeronaves”.

Al revisar las facturas y órdenes de adquisiciones, el informe de la PDI estableció una constante en que se cobraba por repuestos aparentemente reparados en España pero que nunca salían del país. O bien, si salían, no se correspondían con lo que realmente se declaraba en las guías.

En uno de los múltiples casos analizados, referente a la reparación de bombas hidráulicas, la PDI precisó que “los elementos embarcados vía aérea que llegaron a Chile son distintos a los solicitados reparar, de lo cual se presume que dichas bombas hidráulicas nunca fueron enviadas al extranjero y por ende nunca fueron reparadas”.

Las irregularidades fueron denunciadas en 2009 por el ex oficial jefe de Adquisiciones en Moneda Extranjera de la BAVE, Alejo Mecklenburg Moraga. En ese departamento, encargado de administrar parte de los tres a cuatro millones anuales provenientes de la Ley Reservada del Cobre para el mantenimiento de aviones y helicópteros de la brigada, Mecklenburg reparó en la existencia de un millonario acuerdo suscrito entre el Ejército y el consorcio aeronáutico europeo EADS-CASA por intermedio de la empresa Dekoven, que resultó ser una división norteamericana de la chilena El Alba. El acuerdo era conocido como Fully Integrated Support Service (FISS) y se arrastraba desde 2002 sin que mediara ningún tipo de contrato.

Era por tanto un millonario “acuerdo de palabra”, justificado en el hecho de que no podían endeudarse por más de un año. A 2007 suponía para la institución un costo fijo de US$ 225 mil por el servicio de asistencia técnica y un costo variable de US$ 659 por hora de vuelo. A fines de ese año la Brigada de Aviación del Ejército había desembolsado USD$ 800 mil por tres naves.

Otro hecho que llamó la atención del antiguo oficial jefe de adquisiciones de la BAVE fue que curiosamente cada pago siempre era inferior a US$ 300 mil. Al tiempo comprendió que no era ninguna coincidencia. En caso de que el monto hubiese sido superior habría tenido que ser visado por el Comité Permanente de Adquisiciones del Ejército, presidido por el Jefe de Estado Mayor. ¿Cómo explicar ahí que tres aviones de carga se estaban llevando un quinto y hasta un cuarto del presupuesto para el mantenimiento de todas las naves de la BAVE?

Convencido de que estaba frente a la figura de un fraude millonario que comprometía a varios oficiales de Ejército, Alejo Mecklenburg entregó los antecedentes al comandante de la BAVE, general Antonio Yakcich Furche. Unos meses después, tras acusar presiones de la institución y constatar que su denuncia no había seguido los conductos regulares, pidió el retiro y puso los hechos en conocimiento de la justicia civil.

Mercado armamentista

Desde entonces el caso ha seguido un intrincado camino judicial. Primero fue tomado por el juez de las cuentas del Riggs, Manuel Valderrama, quien se declaró incompetente y envío los antecedentes a la Justicia Militar en Santiago. Ésta la derivó a Rancagua y allá intervino el Consejo de Defensa del Estado para solicitar la designación de un ministro en visita. De esta forma, por decisión de la Corte Suprema, se dio la singularidad de que el juez de la Corte de Apelaciones Juan Cristóbal Mera fuera designado en esta causa en calidad de ministro en visita extraordinario de la Corte Marcial. En la causa es parte es parte el CDE, que espera el resultado de diligencias claves para evaluar una querella.

En El Alba, la empresa bajo investigación judicial, argumentan vía correo electrónico que el acuerdo entre la BAVE y CASA en el que actuaron como intermediarios surgió “de la necesidad del Ejército de mantener los aviones CASA en las mejores condiciones posibles”. Plantean que este tipo de acuerdos son habituales en América y Europa por cuanto “aumenta el nivel de disponibilidad, disminuye el costo logístico y se conoce con anticipación el costo por cada hora de vuelo”.

Sobre las comisiones que ha cobrado El Alba como intermediaria del millonario acuerdo, sus socios plantean que es de un “cero por ciento” por cuanto facturan un valor fijo por “asesorar y representar” a la empresa en Chile. “El objetivo de El Alba es la promoción de aeronaves nuevas, y para ello es fundamental que las aeronaves se encuentran en funcionamiento y el cliente satisfecho”.

Al ser consultados por otras operaciones comerciales en el área de Defensa, los representantes de la empresa señalan que “El Alba no realiza operaciones de venta de equipamiento militar”.

Más allá de lo que se entiende por esto, en los últimos años ha tenido bastante actividad.

En 2008, en paralelo a la venta del helicóptero de Conaf, El Alba y su filial Dekoven Enterprises estuvieron pendientes de la venta de 12 aviones Súper Tucano que la brasileña Embraer realizó a la Fuerza Aérea de Chile. En ese negocio por US$ 120 millones la empresa chilena dice haber tomado parte como intermediaria y como tal reclama una comisión del 5%.

En cambio, en Embraer argumentan que si bien había un acuerdo de representación con la empresa chilena, las gestiones decisivas para la venta de los aviones fueron realizadas directamente entre Embraer y el gobierno chileno. El caso se tramita en tribunales de Sao Paulo, donde El Alba reclama una comisión por cerca de US$ 6 millones.

Además de representar a dos de las grandes firmas aeronáuticas en el mundo, Embraer y EADS-CASA, hacia mediados de la década la empresa de la familia Lizana tomó parte activa del proceso de renovación de helicópteros de las Fuerzas Armadas chilenas.

En ese proyecto de homologación de naves El Alba promovió la venta de los W3A SOKOL, el mismo modelo polaco adquirido por Conaf que a mediados de los 2000 fue traído al país y probado en diferentes geografías, sin que convenciera del todo a los uniformados chilenos. Tenía un buen precio pero su capacidad era limitada, dice un piloto de Ejército que participó de ese proceso.

Por esa misma fecha, según una fuente de vinculada a Defensa, El Alba gestionó la venta al Ejército de una partida de lanzagranadas de la firma española Santa Bárbara.

Empresa familiar

El Alba es una de las pocas empresas proveedoras de las Fuerzas Armadas en la que sus socios no son ex uniformados. La cabeza del grupo, Arnaldo Manuel Lizana Varas, de 78 años, se inició en la aeronáutica civil hacia fines de los años cincuenta con una pequeña flota de aviones en sociedad con el empresario Carlos Griffin. Hacia los años ochenta contaban con una veintena de naves, la mayoría de las cuales se usaban para la prospección pesquera y terminaron siendo vendidas a las grandes empresas del rubro. A fines de esa década incursionaron con éxito en la pesca industrial y la venta de repuestos y servicios para las Fuerzas Armadas, pero no pasó mucho tiempo antes de que separaran aguas.

En 1990 Lizana Varas vendió su parte de los aviones a Carlos Griffin y unos años después consiguió la representación exclusiva en el Ejército chileno de la firma española CASA. Su antiguo socio fundó la línea aérea Lassa y hoy en día representa a los helicópteros Agusta Westland.

Aunque las sociedades El Alba y Dekoven están inscritas a su nombre y al de su hijo Pablo Andrés, es éste junto a su hermano Ricardo quien lleva los negocios vinculados a las Fuerzas Armadas. El padre pasa gran parte del tiempo en su parcela en Melipilla.

Los dos hijos de Arnaldo Lizana cultivan un bajo perfil y tienen amplias redes políticas. Tan amplias que si bien se identifican con la Concertación, en octubre de 2010 Carlos Larraín, presidente de Renovación Nacional, encabezó una ceremonia en la que Ricardo Lizana Walsen donó a nombre de la empresa El Alba dos generadores eléctricos que tienen un costo de $16 millones y fueron destinados al Hospital de Talca.

En la ceremonia de entrega de la donación, tras ser presentado por Larraín como un “amigo de RN”, Lizana Walsen declaró que fue el político “quien me invitó a los pocos días de la tragedia a recorrer las zonas más devastadas y en ese momento me llamó la atención el tremendo daño que provocaba en las personas la falta de electricidad, por tanto decidimos hacer esta donación”.
Al ser contactado para este reportaje, Ricardo Lizana afirmó por medio de su abogado, el DC Raúl Donckaster, no tener militancia ni haber realizado jamás donaciones a partido político o dirigente alguno.

Proveedores favoritos

El acuerdo entre EADS-CASA y la aeronáutica del Ejército surgió a principios de la década pasada. Los tres aviones CASA CN-235 que habían sido adquiridos a fines de los ochenta se encontraban seriamente deteriorados. Fue entonces que el fabricante ofreció recuperarlos por US$ 5 millones. Luego de que esto se concretara, por intermedio de El Alba, su representante en Chile negoció un Servicio de Mantenimiento Integral (FISS, según las siglas en inglés) para los CASA CN235 y CN212 por un valor fijo de US$ 298.000 más un adicional por horas de vuelo.

El acuerdo fue sellado inicialmente por el comandante de la BAVE, general Alfredo Canales Taricco, el que por la misma fecha, para las tropas chilenas que participaron en la misión de paz en Timor Oriental, le confiara a la empresa de Virgilio Cartoni el servicio de mantenimiento de dos SA.330 Puma y un SA.315 Lama.

Si bajo la gestión del general Canales al menos hubo un contrato para el mantenimiento de los aviones CASA, con la llegada de su sucesor en la BAVE en 2003, el general de brigada Enrique Slater, no hubo más que un “acuerdo de palabra” para el mantenimiento de tres CASA CN235. En su declaración judicial, el director comercial de la Sociedad El Alba, Ricardo Lizana Walsen, aseveró que confiaron en el Ejército “porque sabíamos que su palabra era de confianza”. De acuerdo con el mismo testimonio, este voto de confianza permitía que el Ejército informara las horas de vuelo de las naves, lo que unido a la supuesta reparación de repuestos, permitía que se generara una factura que pagaba la misión militar de Chile en Washington a Dekoven Enterprises Co., la filial de El Alba en Chile.

El trató siguió inalterable hasta que el general Antonio Yakcich se hizo cargo de la brigada en 2008.

Catalina Bau, ex directora de Conaf: “Las autoridades no quieren tener helicópteros”

Según cálculos de la Conaf, cada hora de vuelo del helicóptero W3A SOKOL tiene un costo de US$ 5.200. Dos mil dólares menos de lo que cuesta arrendar un modelo Bell de características similares. La razón obedece al costo que significaría traer pilotos del extranjero que sepan pilotear esa nave, la única en Sudamérica. Así se hizo esta semana para combatir el incendio en el cerro Las Vizcachas del sector oriente de Santiago. En esas maniobras participaron un piloto español y otro polaco.

Los altos costos de mantenimiento, que la Conaf cifró en un millón de dólares al año, llevaron al director ejecutivo de la corporación, Eduardo Vial Ruiz-Tagle, a declararlo enajenable. Tras el fracaso en el intento de venta, la Conaf estudia un modelo de administración compartido con un privado.

La antecesora de Vial Ruiz-Tagle en Conaf, Catalina Bau, recuerda que la compra del helicóptero obedeció a una decisión de Estado para fortalecer el combate de incendios y la fiscalización forestal. El programa, que se inició en el gobierno de Lagos, consideró la compra de tres aviones fumigadores EADS PZL M-18 Dromader.

Esos tres aviones llegaron a Chile bajo la dirección de Bau y a ella le correspondió que estuvieran operativos. Un proceso que según dice no fue fácil, tanto por aspectos técnicos como administrativos. El diputado UDI Jorge Ulloa pidió en 2007 un pronunciamiento a la Contraloría ante sus dudas sobre las facultades de Conaf para operar aviones. También un grupo de empresarios aeronáuticos presentaron acciones a los tribunales de justicia y al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia alegando competencia desleal e impropia por parte de una corporación privada administrada con recursos públicos.

Pese a las dificultades, Bau dice que consiguió que la Conaf operara aviones. Y bajo esa misma premisa cree que si la corporación no ha podido hacer lo propio con el helicóptero se debe a razones que escapan a su estructura de costos.

“Aquí no hay un problema técnico sino una manera distinta de ver la función del Estado. Las autoridades no quieren tener helicópteros y no quieren hacerlo funcionar. Si el helicóptero hubiera llegado al segundo año de mi gestión, yo lo hubiera hecho funcionar, tal como hice funcionar los aviones, pese a todos los problemas”, dice Bau.

El escandaloso acuerdo que libró al alcalde de Colina de juicio por coimas

El alcalde Mario Olavarría Rodríguez y sus abogados y colaboradores de la Municipalidad de Colina estaban felices a la salida del juzgado. Reían y comentaban animadamente los pormenores de la audiencia en que este jueves el edil consiguió que los cargos de cohecho y soborno que se le imputaban y por los cuales estaba formalizado le fueran levantados a cambio del pago de poco más de 56 millones y la firma mensual por un año.

Olavarría obtuvo la suspensión condicional de la causa que se le seguía por cobrar una coima de más de cien millones a cambio de autorizar la instalación de un supermercado Tottus que se construyó en terrenos municipales. La misma suerte corrieron su ex jefe de gabinete, Domingo Soto López; el vicepresidente ejecutivo de Tottus Francisco Leyton Francione; y el agente inmobiliario Nabil Mansour Lelesdakis.

Los tres estaban involucrados en pagos al alcalde que ascendían a 6 mil UF. Los tres también salieron sonrientes del juzgado: consiguieron librar de la justicia comprometiéndose al pago conjunto de 60 millones. Exactamente la otra mitad de los montos involucrados en el ilícito.

En buenas cuentas, los dineros defraudados fueron devueltos por las personas a quienes se les imputaba el ilícito. Sin embargo, pese a los antecedentes que pesaban en su contra, esas personas resultaron absueltas de todo culpa, sin haber siquiera admitido responsabilidad en el hecho.

En esta controvertida resolución, a la que se opuso el Consejo de Defensa del Estado (CDE), se consignó el delito pero no sus autores.

La suspensión de la causa fue el resultado de un acuerdo entre los representantes de los imputados y el fiscal de Colina Mauricio Vergara. Éste justificó el acuerdo en el hecho de que los imputados exponían bajas penas, lo que justificaría la resolución aceptada por el Juzgado de Garantía de Colina.

Si bien la investigación que dirigió desde 2008 el fiscal Pablo Ortiz reunió contundentes evidencias en contra del alcalde, su jefe de gabinete y los dos empresarios, no fue hasta abril de 2010 que ocurrieron las formalizaciones. No por parte del fiscal Ortiz, sino de su colega Alicia Ascencio, que tomó el caso una vez que el otro dejó la fiscalía.

Entre otros antecedentes, la fiscal Ascencio consideró los millonarios depósitos realizados por Mansour, agente inmobiliario de Tottus, al jefe de gabinete del alcalde, el también militante UDI Domingo Soto. Éste, a su vez, transfirió a Olavarría, entre septiembre de 2005 y mediados de 2008, depósitos por cerca de 130 millones.

En su declaración a fiscalía, el alcalde adjudicó dichos depósitos a un apuro económico que habría sufrido producto de su separación matrimonial. De acuerdo con ese supuesto, su subalterno le habría prestado millones.

La fiscal Ascencio formalizó a los sospechosos del fraude con los mismos antecedentes que tenía hace meses el fiscal Ortiz. Bajo la conducción de la fiscal las cosas parecían muy complicadas para el alcalde Olavarría. Más aún considerando que en otra causa paralela por irregularidades en permisos de circulación, habían sido formalizados Débora Sepúlveda y Carlos García, administradora y secretario municipal, respectivamente. Segunda y tercero en la jerarquía del municipio. En esa investigación se descubrieron millonarios depósitos entre el ex jefe de gabinete del alcalde y su administradora municipal. Depósitos que fueron justificados como préstamos y pagos de servicios personales. Y al igual que en el caso del Tottus, recientemente la Fiscalía de Colina llegó a un acuerdo con los imputados, quienes reintegraron parte de los montos involucrados a cambio de evitar un juicio.

No son los únicos cuestionamientos que han pesado sobre el ex jefe de gabinete del alcalde Olvarría. Una investigación de Ciper dio cuenta de otros negocios con la alcaldía que favorecían a Soto López.

El caso del Tottus era el único que comprometía judicialmente al alcalde. Sin embargo, debido a que la fiscal Ascencio salió con permiso prenatal, en los últimos meses la causa fue asumida por Mauricio Vergara. El mismo fiscal de Colina que llegó al acuerdo con los abogados defensores y que el jueves, ante un juez de Garantía, lo defendió ante la oposición de la abogada Alma Sánchez, representante del CDE.

La abogada Sánchez no sólo se opuso al acuerdo sino a los términos del mismo. En la audiencia argumentó que los 56 millones que corresponden a Olavarría en realidad ya fueron devueltos por el alcalde, pero no por la coima para la instalación del Tottus, sino porque una resolución de la Contraloría lo obligó a reintegrar dicha suma debido a inconsistencias en su sueldo.

“Ese monto no tiene nada que ver con lo que estamos hablando en esta causa, es un monto indebido que ya está pagado (por Olavarría) según ordenó la Contraloría”, argumentó en la audiencia la abogada del CDE Alma Sánchez. Según trascendió más tarde, ayer mismo el comité penal del CDE resolvió recurrir a la Corte de Apelaciones para intentar revertir la suspensión condicional de la causa.

Además, al cuestionar la naturaleza del acuerdo al que llegó el Ministerio Público, la representante del CDE recordó que fue Ximena Chong, la jefa de la Unidad de Delitos Económicos de la Fiscalía Centro Norte, de la cual depende la fiscalía de Colina, quien en una reciente entrevista con el diario La Tercera dijo que los acuerdos conciliatorios donde hay involucrados delitos de corrupción “deben llevar algún tipo de sacrificio por parte de las personas que acceden a la salida alternativa para que, desde esa perspectiva, inhiban comportamientos futuros”.

Luego el fiscal Vergara defendió la validez del acuerdo, señalando que los 56 millones devueltos por Olavarría se corresponden con el monto defraudado.

El acuerdo ya estaba cocinado días atrás. A su turno, los representantes de los imputados refrendaron las condiciones en líneas generales. Matías Balmaceda, el abogado del alcalde Olavarría, rebatió los argumentos de la parte querellante y dejó en claro que si bien se devolvieron dineros, “aquí no hay aceptación de nada, acá no hay ninguna sanción”.

Entonces se acordaron las formas de pago. Y vinieron los abrazos, suspiros y sonrisas.

Paul McCartney y la satisfacción del cliente

En diciembre de 1993, cuando Paul McCartney debutó en Chile, la productora del concierto inventó una triquiñuela de última hora para revertir la baja venta de boletos: algo así como dos por el precio de uno a quienes exhibieran tres tapitas de la cerveza oficial. Así y todo la capacidad del Estadio Nacional no fue copada. Y quienes compraron los boletos al precio original sintieron –con justa razón- que habían sido objeto de un engaño. Qué engaño. A eso se le llama estafa.

En esto último las cosas no han cambiado mayormente para los consumidores de espectáculos. Quizás porque desde entonces romper las reglas del juego comercial es barato, a veces gratis. Pero donde las cosas sí han cambiado es en los hábitos de consumo del público chileno. Ahora que se anuncia el retorno del ex Beatle a Chile hay público de sobra para repletar un Estadio Nacional con su show. Tan de sobra que DG Medios, la productora que organiza el concierto del 11 de mayo, se da lujo de cobrar lo que le da la gana.

El boleto más caro supera el millón de pesos y su valor lo fija el músico directamente. El valor del resto de los boletos -que va de $532.000 a $28.000- es resorte de la productora. El de medio millón es el precio más caro que se ha fijado en Chile para un concierto. Equivale a más de tres sueldos mínimos. A 32 balones de gas de 17 kilos, que es similar a decir un año de gas. A cerca de 133 entradas al cine. A cerca de 53 discos de los caros. Dieciocho años atrás, cuando McCartney actuó por primera vez en Chile, a nadie se le hubiera ocurrido fijar boletos con esos precios. Ni que se tratara de Lennon y McCartney juntos. Entonces las entradas iban entre los $8.000 y $40.000.

¿Qué ha pasado desde entonces? ¿Qué ha pasado entre el primer y segundo concierto de McCartney? Primero, sin duda, cambió el poder adquisitivo de los chilenos. Pero también cambiaron los chilenos, sus hábitos musicales, sus hábitos de consumo y hasta su idiosincrasia. De 1993 a esta parte las productoras de espectáculos han comprendido las señales de un consumidor que está dispuesto a pagar precios altísimos por el show de una estrella consagrada internacionalmente que llega con el cartel de leyenda. Peor aún, ese tipo de público valora los precios altos. Es como opera la clase ejecutiva de las aerolíneas: quienes pueden y quieren pagar esas tarifas no sólo acceden a un viaje más cómodo sino que también a una sensación de mayor estatus y satisfacción de clase.

Algo similar ocurre con los productos culturales. La satisfacción también va en el costo y la exclusividad que éste implica. Lo dijo sin arrugarse el gerente de la productora Time 4 Fun, Francisco Goñi, responsable de la organización de varios de los más importantes conciertos internacionales de los últimos años: “A los chilenos nos gusta que haya entradas caras, es algo aspiracional”.

La aspiración está fundada en productos concretos pero también en símbolos que lo justifican. Por ello la industria del espectáculo se ha inventado denominaciones rebuscadas, más bien siúticas, para denominar las ubicaciones: Golden, Vip Platinum, Vip Top, Vip Top Premium. Y ahora, con motivo del próximo concierto del bajista de los Beatles, se patenta una nueva categoría: la Premium Hot Sound Package.

El problema no es sólo que los precios de los espectáculos internacionales estén por las nubes. El problema mayor es que el servicio está por los suelos. El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) informó que el año pasado recibió 4.500 reclamos de consumidores de espectáculos. Casi el doble que en 2009. La mayoría de esos reclamos los concentran cinco empresas que fueron demandadas por el Sernac y que no obstante haber sido objeto de multas, sanciones o demandas siguen operando con normalidad. La más importante, Time 4 Fun, recibió denuncias masivas en febrero último por haber empapado con agua putrefacta a los asistentes al concierto del grupo adolescente Paramore. También por quienes compraron entradas carísimas al concierto de Depeche Mode y vieron y escucharon igual o peor que los de galería.

La lista de reclamos formales es larga. Ya está dicho: 4.500 en 2010. Pero como ocurre en otras actividades económicas en Chile, las empresas de espectáculos están sujetas a sanciones irrisorias. A veces basta con devolver el precio del boleto. A veces ni eso. La diferencia con otras actividades es que las productoras de espectáculos disponen de una fuerza de seguridad totalmente gratuita y están exentas del pago del impuesto al valor agregado. Las productoras dirán en su favor que en caso contrario el IVA se cargaría a los consumidores. Los consumidores se preguntan por qué si los espectáculos no pagan IVA sí lo deben hacer los libros.

Cuando los discos compactos no podían ser pirateados, o al menos costaba muchísimo hacerlo, los precios de los discos estaban por las nubes. Todavía lo están. Pero ahora que cualquiera copia un disco original en su casa, la industria ha acusado el golpe, obligándose a bajar en algo los precios. Considerando lo que vale un boleto en una ubicación donde se pueda escuchar y ver medianamente bien a un músico como McCartney, es una lástima que de momento no exista la posibilidad de asistir al concierto de un clon de una estrella de la música.

El oscuro eslabón que culminó con la caída del asesino del fundador de la UDI

Ya en prisión, entre amigos de confianza, Ricardo Palma Salamanca recordará que esa tarde de sábado en que fue detenido se dirigía a un cine del centro de Santiago donde ofrecían funciones rotativas. Había abordado un bus casi vacío en las cercanías de la casa de su madre -Walker Martínez esquina avenida La Florida-, y al poco andar una mujer joven y atractiva hizo lo propio y fue a sentarse a su lado. Que eligiera ese asiento en circunstancias de que la mayoría se encontraba desocupado, le pareció extraño, más bien sospechoso. Pero esa impresión quedó relegada a un segundo plano al notar que la mujer le insinuaba cierta coquetería.

A la parada siguiente subieron tres o cuatro hombres. Palma los miró por la ventana. Y entonces, cuando el bus volvía a ponerse en marcha, sintió que la mujer que tenía a su lado le daba un fuerte golpe de nocaut en el rostro al tiempo que los nuevos pasajeros se le iban encima gritando “¡policía!”.

Ese 25 de marzo de 1992 la Policía de Investigaciones daba término a un seguimiento de varios meses contra quien confesaría ser uno de los dos autores de los disparos que un año atrás habían costado la vida del senador Jaime Guzmán.

Como muchos en el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), Palma era de los que decían que jamás se entregarían vivos, que preferían morir combatiendo antes que caer en manos de la policía. Pero cuando eso último ocurrió, prácticamente estaba entregado a su suerte. Es cierto que al momento de ser sorprendido al interior del bus ofreció una fuerte resistencia: se necesitó de varios hombres –y de una mujer- para neutralizarlo. Pero también es cierto que cuando fue capturado a pocas cuadras de la casa de su madre, donde se encontraba viviendo hace meses, ya estaba al tanto de que la policía le seguía los pasos. ¿Por qué entonces siguió viviendo donde podían encontrarlo fácilmente? ¿Por qué no intentó salir del país como sí lo hizo el resto del comando que participó de los mismos hechos que él?

La caída de quien fuera el primer y único detenido por la muerte de Jaime Guzmán es una perfecta tragedia griega en la que el fatídico desenlace se anuncia con mucha anticipación. Y como en los antiguos dramas, en éste hay intrigas amorosas y de poder, acusaciones de traición y una zona turbia y borrascosa que el tiempo ha convertido en leyenda.

Lo que es claro es que, en los meses previos a su detención, Ricardo Palma pasaba por fuertes conflictos emocionales. Estos se derivaron de su participación en el asesinato de Guzmán y el secuestro de Cristián Edwards, sucesos que le provocaron contradicciones que se acentuarán en la cárcel. Pero sobre todo por las sospechas que se gestaron al interior del propio FPMR, a partir de los secretos que una de sus hermanas confió a su psiquiatra, que resultó ser pareja del analista de inteligencia Lenin Guardia. En ese estado de cosas no podía más que sentarse a esperar su caída.

Comedia negra

En septiembre de 1991, Ricardo Palma ingresaba a una casa de la comuna de Macul para tomar parte de una nueva operación. El FPMR había decidido secuestrar a Cristián Edwards Del Río, hijo del dueño de El Mercurio, y uno de los celadores asignados a su custodia era el fotógrafo de 22 años que cinco meses antes había matado a tiros al senador de la UDI. En otros tiempos la organización armada lo habría sacado fuera del país inmediatamente después de ese hecho, poniéndolo a resguardo de la policía. Pero las cosas ya no estaban como antes. El FPMR vivía una acelerada descomposición y era objeto de una infiltración por parte de los servicios policiales y de gobierno. En esas condiciones se ejecutó el secuestro de Cristián Edwards.

Desde un comienzo las cosas resultaron complicadas para el más joven de los celadores. Un mes antes, cuando permanecía acuartelado a la espera de que la víctima escogida volviera de un viaje al extranjero, el encierro prolongado afectó su ánimo y la relación con el otro celador, que terminó abandonando la casa de Macul. La deserción de Julio, un ex preso político llamado Florencio Velásquez, puso en riesgo la operación y sembró un manto de duda sobre su papel en las indagaciones que permitieron que la policía identificara la casa donde se desarrollaba el secuestro.

A esto se sumó un capítulo tragicómico, propio de una película de los hermanos Cohen, que su protagonista adjudicó a los nervios del momento. El entonces gerente de los diarios regionales de El Mercurio era conducido por sus captores a la casa de Macul cuando a Palma se le escapó un tiro de su Browning 9 mm que fue a dar a su muslo derecho.

El incidente, que retrasó en una semana su retorno a la casa de Macul, anticipó el mal tiempo que se le avecinaba.

Su reincorporación ocurrió hacia la tercera semana de septiembre, coincidiendo con los primeros informes de la Dirección de Seguridad Pública, organismo de gobierno conocido como La Oficina, que revelaban lo que estaba ocurriendo al interior de esa casa. Los informes, basados en antecedentes entregados por uno de los hombres de confianza de la jefatura del FPMR, no sólo detallaban los conflictos internos que se vivían en la casa de Macul. También daban cuenta de que el cabecilla de la operación era el comandante Ramiro, que más tarde sería identificado como Mauricio Hernández Norambuena. El mismo que había ordenado el asesinato de Jaime Guzmán por un supuesto encargo de la Dirección Nacional del FPMR.

Una ratonera

A un mes y medio de iniciada la operación, Ramiro recibió un llamado de auxilio de Ricardo Palma: estaba desesperado, oprimido en su papel de celador. Requería un relevo con urgencia.

Junto a otro de los custodios debía atender y vigilar a Cristián Edwards, que permanecía en una ratonera de dos por tres metros, expuesto permanentemente a un foco de luz y canciones que se repetían a un volumen desmesurado. Su rol era opuesto al del secuestrado, pero como no podía salir de la casa ni distraerse de sus funciones, se sentía agobiado. Un año después, cuando dio cuenta a la justicia por este hecho, recordó:

-En una oportunidad conversé con Cristián y le dije que se tranquilizara ya que se encontraba muy nervioso. Al igual que yo estaba pasando por estados anímicos muy malos, debido al encierro que no soportaba.

De acuerdo con el testimonio de familiares y amigos recogidos para este reportaje, Palma Salamanca no sólo resintió el encierro. Con el correr de los días, ante los nulos avances en la negociación por el rescate, comenzó a sentirse profundamente afectado por el sufrimiento del que era objeto Cristián Edwards. Tan afectado, que cuando pudo salir de la casa de Macul se dirigió donde su hermana mayor y le contó, sin entrar en detalles, de sus tormentos.

Marcela Palma, que es sicóloga y licenciada en filosofía, cuenta hoy que su hermano llegó a su casa de improviso una tarde de noviembre. Estaba flaco, fatigado, tremendamente abatido. Parecía venir de un campo de batalla sembrado por muertos.

-Estaba hecho pebre, muy angustiado, y mi impresión es que en ese momento lo habían sacado de esa casa para poner a otro en su lugar. Según me contó después, cuando estaba detenido, ya había trasgredido todas las normas de seguridad. Una noche que escuchó llorar a Edwards, le abrió el container y lo sacó de ahí. Lo hizo caminar por la casa y conversaron largamente. Eso comenzó a ser común. Hablaban mucho. Al Negro le dolía el alma verlo llorar, porque lloraba con desgarro, con dolor, y se cuestionaba fuertemente lo que estaba haciendo. Pero eso lo supe después, porque en el momento en que llegó a mi casa me contó de su angustia, de sus miedos y de sus dudas de permanecer en el Frente.

Marcela Palma intuía que su hermano estaba involucrado en el secuestro de Edwards. También en el asesinato de Guzmán. Temía seriamente por su vida.

A mediados de ese año había nacido su segundo hijo y la angustia le cortaba el hambre, el sueño, la leche. Fue en ese contexto que ella dice haberle confidenciado sus temores a su psicoanalista de cabecera. Y lo hizo, claro está, sin saber que la persona a la que le confiaba sus secretos era pareja del analista de inteligencia Lenin Guardia Basso.

Secreto profesional

Dubilia María Consuelo Maccquiavello Forni era su psiquiatra de los últimos cinco años. Formaba parte de un equipo de profesionales de la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (Fasic) que asistía a víctimas de la dictadura. Una de ellas era Marcela Palma: en 1982, siendo secretaria general del Centro de Estudiantes de la Universidad Católica, fue detenida y torturada por la CNI. Precisamente en torno a esos tormentos giraba la terapia que se extendió más allá de los noventa, cuando Maccquiavello se desvinculó junto a otros profesionales del Fasic y se ofreció para seguir atendiendo de manera gratuita a su antigua paciente.

Por ese entonces Maccquiavello y Guardia eran pareja y socios en una empresa de seguridad en la que también participaba el general Herman Brady Roche, uno de los promotores del golpe de Estado desde la Academia de Guerra y luego ministro de Defensa de Pinochet. La relación entre ambos era antigua. En una entrevista publicada en el diario La Época el 25 de marzo de 1995, cuando el periodista le pregunta a Lenin Guardia “¿Cómo le tocó el Golpe de Estado?”, él respondió:

-Fui tomado preso, y desde el año 1973 hasta hoy digo que Herman Brady me salvó la vida, porque mucha de la gente que trabajaba con el Coco Paredes (y él trabajaba con Eduardo Paredes, director de Investigaciones durante la Unidad Popular) fue fusilada.

Un anuncio fue el que hizo Guardia. Porque años más tarde Brady será procesado por la desaparición de ocho personas detenidas en septiembre de 1973 en La Moneda y a las que se les perdió el rastro en el Regimiento Tacna. Entre ellas, Coco Paredes y el doctor Enrique Paris.

Lo cierto es que los vínculos de Lenin Guardia con la comunidad de inteligencia de todos los signos siempre fueron privilegiados. Según contará él mismo, a mediados de los ochenta propició un encuentro secreto entre el entonces director general de la CNI y la cúpula del Partido Comunista. Y desde el noventa, con el cambio de gobierno, prestó servicios para funcionarios como Belisario Velasco, que como subsecretario del Interior del Presidente Aylwin tenía a cargo la coordinación de las policías. Por estos pasillos pantanosos el nombre de Ricardo Palma Salamanca llegó a oídos del gobierno a fines de 1991.

Al teléfono desde su casa en Vitacura, Guardia asevera que su esposa jamás rompió el secreto profesional con Marcela Palma:

-Lo que ocurre es que ella estaba desesperada y tenía mucho miedo de que fueran a matar a su hermano. Le preguntó a mi esposa si conocía a alguien del Ministerio del Interior que pudiese ayudarla y mi esposa la puso en contacto conmigo. Ese fue su único papel –dice el analista de inteligencia, que en 2002 fue condenado a once años de cárcel por un montaje conocido como el caso de las cartas bombas.

Marcela Palma dice hoy que difícilmente pudo pedirle a su siquiatra que le ayudara con algún contacto en el gobierno, considerando que en esa época ella misma trabajaba en el Departamento de Estudios del Ministerio Secretaría General de Gobierno. Dice además que se sintió traicionada, víctima de una trampa de los servicios de seguridad del gobierno. Para complicar aún más las cosas, la historia no tardó en llegar a oídos de Antonio Ramos, su jefe directo en el ministerio, que tenía estrechos vínculos con La Oficina.

El gato y el ratón

El ex subcomisario Jorge Barraza, que dirigió la brigada policial de la PDI que resolvió los casos Guzmán y Edwards, ha negado que la información proporcionada por Lenin Guardia haya tenido algún efecto en la investigación que derivó en el seguimiento y captura de Ricardo Palma. Como quedó establecido en varios informes policiales adjuntos a los procesos de ambos casos, la hebra habría surgido a partir de una estudiante de Pedagogía de la Universidad Católica que tuvo participación en ambos hechos y resultó ser pareja de Emilio, alias de Raúl Escobar Poblete y cómplice del Negro Palma en las principales acciones de las que tomó parte.

Barraza y sus colaboradoras aseguran que fue por medio de esa pista que a fines de año llegaron a identificar la casa donde Cristián Edwards permanecía secuestrado. Y por medio de la misma comenzaron a rastrear los pasos del grupo.

De todos ellos, Palma fue el más fácil de seguir. A diferencia de los otros, que se movían en una lógica de clandestinidad, el joven fotógrafo seguía viviendo en casa de su madre en Lo Cañas. Tampoco alteró mayormente sus rutinas. Sus amigos recuerdan que en esos días del verano de 1992 Palma solía frecuentarlos por las tardes. Manejaba una moto todoterreno y habitualmente se ausentaba por algunas horas para volver hacia el anochecer.

Más tarde, cuando fue detenido, la policía le mostró fotos donde aparecía fumando y bebiendo junto a sus amigos. Sabían todo de él. Hasta los chistes que contaba.

En sus declaraciones a la justicia, Palma también admite haber tomado parte de la última fase del secuestro. Más particularmente del rescate, cuando supervisó la entrega del dinero junto a una mujer que identifica como Natalia. No es mucho más lo que hizo en esos días. Por orden de la jefatura permaneció congelado, esperando el repliegue que el grupo preparaba a contar de febrero.

Pareció un verano tranquilo. Había dinero y tiempo para disfrutarlo. Pero la policía ya les seguía los pasos muy de cerca y aceptó el juego del gato y el ratón que propuso el comando subversivo, conciente de que les pisaban los talones pero también de que eran más listos que los otros para perderlos. Tal como ocurrió tras la estancia en un camping de Colliguay, que quedó registrada en un famoso video, cuando el grupo burló a la policía tras retornar a Santiago.

Fue en medio de este juego que Marcela le contó a su hermano lo que suponía estaba en conocimiento del gobierno y las policías. Y frente a eso, que no tenía remedio, al Negro Palma no le quedó otra que contárselo a Ramiro, el jefe del grupo. De ahí en más todo fue desastre.

Días finales

Ricardo Palma volvió otra vez a la casa de su madre en Lo Cañas. También donde sus amigos de siempre. La familia y los amigos. Sus dos refugios. Estaba severamente cuestionado por romper el secreto. Cuestionado y decaído: semanas atrás había terminado con Natalia, su novia de años, con la cual tenía una gran complicidad política.

Su hermana Marcela dirá que el FPMR lo dejó solo, abandonado a su suerte, mientras el resto planificó la huida del país. En cambio Valeria, una de las amigas más cercanas al Negro, dirá que éste también tuvo la oportunidad de salir pero se negó. También se negó a refugiarse en una casa de seguridad. Ambas cosas suponían pasar a la clandestinidad. No lo había hecho antes y no lo haría ahora. Aún a sabiendas de que la policía le respiraba en la nuca.

Pero la aflicción por la que atravesaba no sólo tenía ver con la responsabilidad que sentía por haber puesto en riesgo la seguridad del grupo. En esos días se enteró de que Natalia tenía una relación con uno de los jefes. Y eso, que interpretó como una traición, terminó de abatirlo. Ya no tenía fuerzas. Era incapaz de reaccionar y salvarse. En ese estado de cosas fue una suerte que el FPMR no lo ejecutara ante el riesgo de que delatara a sus compañeros cuando cayera detenido.

-Al Negro no lo dejaron solo –dice Valeria-. Al seguir viviendo en la casa de su mamá, prácticamente se entregó a la policía.

Tres anillos

La primera vez que lo visitó en la cárcel de San Miguel, donde comenzó a cumplir dos cadenas perpetuas, Marcela Palma habló del tema de su psiquiatra con su hermano. Entonces desconocía detalles de la investigación policial. Estaba convencida de que la única responsable era ella. Probablemente él opinaba algo similar. Pero así y todo, una vez enfrentado, ambos decidieron no volver a hablarlo, relegándolo a un lugar velado donde habitan los tabúes.

-Yo estaba muy golpeada en ese minuto, el mundo se me dio vuelta. Fue un periodo largo de mucha culpa. Todavía tengo fantasías acerca de qué hubiera pasado si yo no le cuento a la Consuelo (Maccquiavello). Todavía me lo reprocho. Tengo que exorcizar esto, reparar internamente un daño que he ido dimensionando con el tiempo –dice ella.

A su modo, Ricardo Palma fue haciendo sus propios arreglos. Tiempo y motivos tenía de sobra.

En su libro testimonial titulado Una larga cola de acero (2001), escrito en clave de ficción cinco años después de escapar en helicóptero desde la Cárcel de Alta Seguridad, el personaje que se inventa Palma dice lo siguiente: “A los que me están escuchando, no crean que me arrepiento de algo y no me vengan con el absurdo mecanismo de decir ‘pero, ¿lo volverías a hacer?’ Las cosas se hacen una sola vez en la vida. Lo demás es patraña mímica”.

Algunos de los amigos que lo visitaron en la cárcel le escucharon decir algo similar cuando se refería al asesinato de Jaime Guzmán. Sin embargo, a sus amigas íntimas les transmitió algo muy distinto. Una de ellas, Valeria, dice que él no sólo se cuestionaba el sentido de esa acción. En un momento comenzó a tener pesadillas y trastornos en los que Guzmán era una figura recurrente.

Marcela Palma recordará que en una visita su hermanó le narró a su familia una escena tenebrosa: noches atrás había despertado con la sensación de que Guzmán estaba sentado a la orilla de su cama.

Por periodos Ricardo Palma no estuvo nada bien. Especialmente cuando fue trasladado a la Cárcel de Alta Seguridad. No se resignaba a la idea de pasar el resto de su vida encerrado, pero a la vez no veía salida. Sentía que sus acciones le cobraban la cuenta con creces. Que todo se le volvía en contra.

Alguna vez le había dicho a su amiga Lara que prefería mil veces caer muerto antes que pasarse años en la cárcel diseñando artesanías. Pero al poco de ser detenido, cuando Lara lo fue a visitar a la cárcel, él le regaló un par de aros. Se los entregó sin más, un tanto humillado, conciente de que se estaba tragando sus palabras.

Algo muy distinto ocurrió a fines de 1996, en las proximidades de la fuga. En ese periodo diseñó tres anillos. Uno para cada una de sus tres mejores amigas. Ya se había acostumbrado a hacer artesanía. Esos tres anillos fueron su forma de despedirse de ellas y decirles adiós para siempre.

Ricardo Palma Salamanca: las contradicciones del pistolero de la transición

El 25 de marzo de 1992, el día de su detención, Ricardo Palma Salamanca fue interrogado en un cuartel policial de Santiago por el asesinato del senador Jaime Guzmán. En principio negó tener participación alguna en el hecho ocurrido un año atrás. Pero la presión ejercida por la policía, que le mostró evidencias en su contra y le hizo creer que sus cómplices lo habían delatado, provocó un vuelco. Después de un fuerte tira y afloja, el fotógrafo de 21 años admitía su participación en lo que llamó un “ajusticiamiento”.

-¡Homicidio! –protestó-. No se llama homicidio. Se llama ajusticiamiento.

Su interrogador era el subcomisario Jorge Barraza, jefe de la Brigada Investigadora de Organizaciones Criminales “Bulnes”, que se había pasado los últimos meses siguiendo los pasos de Palma y otros miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, FPMR. El policía estaba exultante. Tenía a un detenido confeso de ser autor del hecho que marcó la transición política chilena. El primero después de varios desaciertos y chascarros. Ahora sólo faltaba que el detenido se explayara en detalle.

-Parta, pues –lo apuró el subcomisario-, usted va a hacer el relato, no yo… Haga cuenta que está escribiendo un libro.

-¿Y ustedes saben todo, todo, todo? –inquirió Palma.

-Absolutamente todo.

-¿Paso tras paso?

-Así es, paso tras paso.

En rigor la Policía de Investigaciones no conocía todo lo referente al crimen del senador e ideólogo de la dictadura, asesinado el 1 de abril de 1991 por un comando del FPMR. Muy por el contrario. Había malgastado el tiempo siguiendo una pista completamente errada. Y aunque en los últimos meses había enmendado el rumbo, dando con los principales sospechosos, estaba lejos de unir todas las piezas de un complejo puzzle en que los diferentes hechos subversivos del último tiempo aparecían vinculados entre sí.
Las piezas comenzaron a calzar a partir de ese diálogo que el subcomisario Barraza sostuvo con Palma Salamanca y que fue transcrito y adjuntado a fojas 59 del proceso judicial del caso Guzmán.

El diálogo se inicia con una precisión para la historia. Cuando su jefe le dio la orden de matar al senador de la UDI, Palma dijo haberse opuesto:

-Yo siempre le discutí eso, nunca me pareció, hasta el día de hoy, antes que me agarraran. Yo siempre dije que fue un asco.

-¿Por qué? –preguntó el policía.

-Porque era alocado para el momento, por el personaje, por la institución de la cual se trataba, que era el Congreso, representante de la democracia. No estaba de acuerdo. Nunca estuve de acuerdo tampoco en eliminar a un hombre desarmado –argumentó el detenido.

-O sea, ¿partiste de que había algo equivocado en eso?

-Claro, siempre.

-Pero como soldado disciplinado…

-Asumí.

Violencia política

Ricardo Alfonso Palma Salamanca tenía 21 años cuando asesinó a balazos al senador Jaime Guzmán. Era uno de los cuadros más jóvenes del FPMR pero también de los más fogueados. Dos años antes había iniciado una cadena de ejecuciones a agentes represores de la dictadura que comenzó con Roberto Fuentes Morrison, el Wally, y siguió con Luis Fontaine Manríquez y Víctor Valenzuela Montesinos.

En estos cuatro hechos actuó junto a Emilio, alias de Raúl Escobar Poblete, pero fue Palma quien hizo fama al caer detenido, ser condenado a treinta años y dos cadenas perpetuas y protagonizar en 1996 un cinematográfico escape en helicóptero desde la Cárcel de Alta Seguridad de Santiago. Desde entonces su paradero es desconocido.

El Negro Palma, como lo llamaban sus amigos, pasó a la historia como el verdugo de emblemáticos violadores a los derechos humanos. Pero principalmente como el autor material más visible de un crimen político que, a diferencia de los otros, generó amplio rechazo y resultó funcional a los intereses contra los cuales el FPMR de esa época decía luchar.

La muerte de Guzmán no sólo enturbió las conclusiones del Informe Rettig, dadas a conocer tres semanas antes, sino que fortaleció a los sectores más duros de la derecha y al propio general Pinochet, que ostentaba la jefatura del Ejército y una importante cuota de poder político. Esa contradicción se agudizó seis meses después con el secuestro del hijo del dueño de El Mercurio, Cristián Edwards, del cual Palma tomó parte.

De ese hecho también se hizo cargo ante la policía. De ese y muchos otros que parten a mediados de los ochenta, cuando era estudiante secundario y estuvo expuesto a la muerte y tortura de familiares y cercanos. Absorbió la violencia de esos años y terminó convertido en el verdugo de la transición. Un título ingrato, duro, más aún considerando que su personalidad no se correspondía con el papel que le tocó desempeñar.

Aunque tenía un arrojo admirable, a toda prueba, era un muchacho cariñoso y sensible. Incluso vulnerable. Por ello, contraviniendo normas elementales de la subversión, nunca dejó la casa de sus padres y siguió frecuentando a sus amigos de siempre, en quienes buscaba refugio y complicidad.

Militante promedio

Una noche de marzo de 1985, en víspera del comienzo del año escolar, Ricardo Palma protagonizó la primera acción subversiva de envergadura. Acompañado por Camilo y Luciano, amigos y vecinos suyos en Ñuñoa, llegó de madrugada hasta el Liceo 9 de esa comuna para instalar una carga explosiva. Al día siguiente en ese lugar daría un discurso el ministro de Educación. Instalaron la bomba al interior del recinto y esperaron a unas cuadras la detonación, pero eso no ocurrió a la hora programada. Entonces, contraviniendo las normas de seguridad, pues ponía en riesgo su vida, Palma se ofreció para volver a entrar al liceo y averiguar lo que había ocurrido: un simple desperfecto técnico que reparó en el tiempo justo para alcanzar a escapar antes de la explosión. Tenía 16 años y usaba la chapa de Marcos.

-El Negro era intrépido, desde un comienzo fue así, arrojado. Tenía destreza física y era de los que siempre hacían más de lo que le pedían –dice Camilo.

Camilo, que es dueño de una cadena de restaurantes, recuerda la fecha exacta en que Palma ingresó a las Unidades de Combate de las Juventudes Comunistas: 6 de enero de 1985. Ese día fue el funeral de Matilde Urrutia y a Palma le correspondió marchar con Camilo delante del carro fúnebre. Ambos blandían dos banderas, una chilena y otra del Partido Comunista, y debían estar atentos a las provocaciones de la fuerza pública.

Marcos, Camilo y Luciano formaban parte de la misma unidad y eran inseparables. Tan inseparables que la primera y única vez que Palma cayó detenido en dictadura andaba junto a sus dos amigos. Era la víspera del terremoto de 1985 y fueron sorprendidos consumiendo alcohol en la vía pública. Participaban del movimiento de estudiantes secundarios y eran habituales a protestas y tomas de liceos en las que combatían con lo que tenían más a mano: piedras, barricadas, bombas molotov. También eran habituales a fiestas, conciertos y guitarreos, no así a quejumbrosas peñas folclóricas en las que abundaban las canciones soñolientas y los discursos solemnes y martirizantes.

En esas y otras cosas los tres se distinguían del militante promedio de la izquierda chilena de la época.

Familia Palma Salamanca

Palma viene de una familia de filiación comunista. Sus padres fueron activos militantes durante la Unidad Popular y siguieron siéndolo en dictadura. Ella más que él. Mirna y Ricardo eran profesores de Educación Física, aunque él siguió la carrera de policía en Investigaciones al tiempo que dirigía el ballet folclórico Pucará. Tras el golpe de Estado la casa de la familia Palma Salamanca fue allanada por militares y ambos perdieron sus trabajos y pasaron por serias dificultades para mantener a sus tres hijos.

Seis y cinco años mayores que el Negro, Marcela y Andrea destacaron como dirigentes universitarias desde fines de los setenta. Una estudiaba Filosofía en la Universidad Católica y la otra Pedagogía en la Chile. Las dos serían detenidas y torturadas en distintas épocas por la Central Nacional de Informaciones, CNI. Una en 1982 y la otra cuatro años después.

-No es algo de lo que se hablara en la familia, tampoco algo que hayamos alcanzado a hablar con el Negro, pero claramente fueron situaciones que le causaron mucho dolor –dice Marcela Palma, recordando que al momento en que fue detenida por la CNI su hermano tenía 13 años:

-Yo recuerdo haber regresado a casa tras ser liberada y ver al Ricardo mirándome con una cara de pena, como diciendo Pucha, qué te hicieron, por qué yo no estaba ahí para defenderte. Creo que a partir de esas situaciones absorbió mucha impotencia y vio amenazada su familia, que era el lugar seguro para él.

Sus hermanas fueron un factor decisivo en el camino que tomó. Tanto para impulsarlo como para frenarlo. A mediados de la década ya estaba preparado para ingresar a las filas del FPMR. Pero como para entonces ellas seguían teniendo fuertes vínculos con las Juventudes Comunistas y eran figuras públicas en política, su amigo Luciano dice que Ricardo -muy a su pesar- se vio obligado a retrasar su ingreso formal al FPMR.

Condiciones tenía. También ganas, vocación. Su hermana Marcela cuenta que de niño, cuando le preguntaban qué quería ser cuando grande, él decía militar.

Sex appeal guerrillero

Luciano recuerda el primer curso de instrucción militar en el que participó con Ricardo Palma. Un viejo militante al que llamaban Don Chuma por su parecido físico con el personaje de Condorito, los condujo hasta una parcela de Curacaví. Junto a otros estudiantes secundarios aprendieron aspectos básicos en el manejo de armas y explosivos. Muy básicos, porque únicamente contaban con una pistola de palo y otra verdadera que no era más que una reliquia. Pero lo importante de ese curso fue que Don Chuma reparó en los jóvenes con mayores condiciones para ingresar al FPMR. No podía elegir a Marcos pero sí a Luciano, que desde entonces pasó a un “nivel superior de lucha” en el que habitualmente contó con la ayuda y complicidad de su amigo y vecino.

-Vivíamos muy cerca, a tres cuadras, y mis hermanos eran amigos de sus hermanas. Entonces no teníamos secretos con el Negro. Una vez, en el pasaje de su casa, me ayudó a blindar una camioneta que luego usamos con mi grupo en una acción de hostigamiento contra un cuartel de la CNI en Ñuñoa. Él todavía no participaba de esas cosas, no podía, pero tenía muchas ganas y condiciones –dice Luciano.

En paralelo a las actividades subversivas con los amigos del barrio, Palma participaba en la célula de las Juventudes Comunistas del Colegio Latinoamericano. Según recuerda uno de sus antiguos compañeros de curso, ahí no destacaba precisamente por su oratoria y capacidad de análisis político:

-El Negro más bien era tímido, callado, y no se tomaba muy en serio esas reuniones. No le interesaban. Él era un tipo de acción, de los que iban al choque. Destacaba por eso y por el tremendo éxito que tenía con las mujeres. Esa es la verdad. En el colegio había muchas minas que andaban locas por el Negro Palma.

Al igual que su familia, el Colegio Latinoamericano resultó decisivo en el derrotero que tomó a partir de la segunda mitad de los ochenta. Más aún considerando que en ese colegio asistió al secuestro de dos de los tres profesionales comunistas que resultarán degollados en marzo de 1985. Ese hecho lo marcó profundamente. Pero más lo marcó lo ocurrido en noviembre de ese mismo año, cuando su amigo Luciano cayó en manos de la CNI.

Quienes pudieron ver a Luciano en los días posteriores a su detención lo recuerdan en un estado calamitoso. Apenas podía hablar y mantenerse en pie. Luciano sabe que su tránsito por la tortura provocó un enorme dolor en el Negro Palma. Por terceros supo que su amigo lloró y salió a disparar balazos al aire. Y hoy supone que ese dolor, que no tardó en transformarse en cólera, apuró su ingreso definitivo al FPMR.

Ligas mayores

Ricardo Palma se tomó muy en serio su carrera subversiva. Más en serio que su carrera de fotógrafo, que siguió en el Instituto Arcos tras salir del colegio en 1986. Ese año, que para el Partido Comunista sería el decisivo para la caída de la dictadura, participó en las primeras acciones armadas. Tenía condiciones y el perfil apropiado para hacer carrera y ser enviado a un curso de preparación militar en Cuba. Estuvo muy cerca de eso, pero un inconveniente de última hora, que algunos adjudican a una falta a la disciplina, lo dejó en Chile. El hecho afectó seriamente su ánimo y retrasó su ascenso en la organización.

Tampoco eran buenos tiempos. El año decisivo terminó con duros golpes políticos y policiales al FPMR que derivaron en su división del Partido Comunista. Él se quedó en la fracción Autónoma, que intensificará la lucha armada desde fines de 1988.

Es en esta etapa donde la figura del Palma Salamanca comienza a tomar relevancia. En octubre de ese año participa de una de las cuatro acciones armadas con que el FPMR-A da la partida a la Guerra Patriótica Nacional, que supone un enfrentamiento frontal y permanente con el Estado. Un año después es uno de los designados para ejecutar a Roberto Fuentes Morrison, el primero de una lista de represores que la organización condena a muerte.

En opinión de Vìctor, uno de sus compañeros de colegio, la decisión de Palma de volcarse de lleno a la actividad subversiva está impulsada en parte por una necesidad de destacar entre sus pares. Por no quedarse atrás. Varios de sus amigos estudian carreras universitarias y él, que tiene un título de fotógrafo que ejercita poco y nada, apuesta por distinguirse en su área.

-Él viene de un entorno intelectualoso, marcado por el debate político, donde no tiene mucho que decir. Es callado y tímido. No tiene pasta de líder. Entonces, mi sensación es que para subsanar eso se mete de lleno en el Frente y apuesta a posicionarse en ese lugar –opina Víctor.

Lara, una de sus amigas más cercanas, rebate ese juicio. Dice que su amigo cree sinceramente que el FPMR es el mejor camino para provocar un cambio político y social y se la juega por ello. Dice que era la opción de muchos en esos días.

La doble vida

Cuando se formaba parte de un grupo subversivo como el FPMR, la vida ya no era más la que era antes. Además de relacionarse a diario con el miedo y la muerte, había que abandonar familia y amigos y pasar a la clandestinidad. Esa regla elemental de supervivencia para cualquier organización subversiva jamás fue atendida por Ricardo Palma.

Marcela Palma dice que su hermano tenía un vínculo muy estrecho con su familia, especialmente con su madre y sus hermanas. Era el lugar donde se sentía seguro y acogido. También donde encontraba complicidad. En ese entendido su vida en el FPMR era prestada, dice ella:

-Él nunca quiso, nunca pudo desvincularse de su familia. En momentos críticos siempre recurría a nosotros.

Algo similar ocurría con sus amigos. Los más cercanos, especialmente los que mantuvo del Latinoamericano, intuían sus pasos. Sabían que andaba en cosas raras pero jamás le preguntaban. Había una complicidad mutua que partía por la amistad antes que por la política. Por eso le prestaban apoyo, lo amparaban, le seguían el juego. En una ocasión, cuando anunció que partía de viaje a París a visitar a una tía, le celebraron una fiesta de despedida y al día siguiente lo fueron a dejar al terminal de buses porque, según dijo, su vuelo partía desde Buenos Aires. Le creyeron la primera vez. Quizás la segunda. Pero cuando esas historias cayeron en contradicciones, o se estrellaron con el sentido común, las aceptaron sin más como cuentos del Negro.

El Negro era querido entre sus amigos. Aún lo es. Había nacido bajo el signo Cáncer y respondía a esas características: afectivo, sensible, llorón, introvertido, hogareño. Los Cáncer buscan protección, seguridad, algo que difícilmente encontraba en el FPMR. Por eso, como dice su amiga Lara, “aunque el Frente también era su vida, siempre volvía a nosotros porque necesitaba de esos afectos”.

Necesitaba de esos afectos pero también de la complicidad. A veces, para ufanarse de un revólver. Para que lo sacaran de un apuro. Para sugerir lo que haría. Eso último fue lo que ocurrió en mayo de 1990, cuando le pidió a una amiga que lo acompañara a comprar unos zapatos colegiales a una tienda Bata. El solía usar zapatillas, rara vez zapatos. Pero al día siguiente, cuando dos jóvenes disfrazados de escolares acertaron 18 tiros al cuerpo del coronel de Carabineros Luis Fontaine Manríquez, responsable de la muerte por degüello de tres profesionales comunistas, dos de los cuales estaban vinculados al colegio Latinoamericano, ella entendió sin necesidad de preguntar.

Cambio de planes

Aunque no estaba de acuerdo, Ricardo Palma aceptó participar del atentado a Jaime Guzmán con una condicionante. No dispararía. Su papel sería únicamente de contención, de modo de cubrirle las espaldas a Emilio. Este dispararía mientras el senador bajaba las escaleras del Campus Oriente tras terminar sus clases de Derecho Constitucional. El relato que Palma dio al subcomisario Barraza es explícito al respecto:

-Emilio me dijo que eso estaba acordado y que se iba a hacer así. Bueno, le dije, pero yo no quiero tener una participación directa en eso. No, me dijo, si yo soy el encargado. Tú me cubrís las espaldas. Ese era mi papel.

Si la intención era atenuar su responsabilidad ante la justicia, Palma no hubiera dicho a continuación que igualmente, aunque no pensaba disparar, terminó haciéndolo ante un cambio de planes de última hora. Ese 1 de abril de 1991, sospechando de la presencia de ambos jóvenes en las escaleras, Guzmán dio media vuelta y llegó a su auto por otro camino. Fue entonces que los dos pistoleros corrieron a la salida y en una luz roja, frente al Campus Oriente, se encontraron de frente con el objetivo a bordo del auto. Ante el riesgo de que escapara, en una decisión instintiva, Palma descargó su arma contra el senador. Lo propio hizo Emilio.

Al huir no se fue a una casa de seguridad como dictaba la norma. En Plaza Ñuñoa, a pocas cuadras del Campus Oriente, se separó de Emilio y visitó a uno de sus amigos del colegio que no tenía ningún vínculo con el FPMR. Su amigo ya estaba alertado de que llegaría a esas horas. Pero en ningún caso de lo que haría. Lo supo unos minutos después de que lo vio entrar, jadeante y tembloroso, cuando la noticia comenzó a ser difundida por los medios.

-Venía pálido, muy nervioso, pero no me comentó ninguna cosa ni yo le pregunté lo que era evidente. Se cambió de ropa, vimos juntos las noticias y al rato se fue –dice su amigo.

Al atardecer llegó a casa de su padre, donde estaba viviendo en esa época. Allá se lo encontró su hermana mayor.

Recuerda Marcela que Ricardo estaba “plano, neutro, sin manifestar ninguna emoción”. La televisión estaba encendida y los noticieros no hablaban de otra cosa que del asesinato del senador. Ricardo miraba la televisión y se frotaba las manos entre las piernas. Ese gesto, que se manifestó desde pequeño en él, significaba que estaba nervioso. Lo estaba pero no decía nada. Nadie hablaba en esa casa. Ricardo escuchó las noticias y al rato se paró y fue a encerrarse a su pieza.

Entonces Marcela partió detrás, lo abrazó y lloraron juntos, sin despegarse, por un buen rato.

*Con la colaboración del estudiante en práctica Gabriel Álvarez López

Recorte de horas de historia se hizo pese a las críticas de los evaluadores consultados

Tras los polémicos recortes a las horas de historia y tecnología a favor de matemáticas y lenguaje, un movimiento de académicos y estudiantes universitarios solicitó acceso a los informes de expertos que tuvieron en cuenta los miembros del Consejo Nacional de Educación (CNED) para aprobar las modificaciones. Los resultados son curiosos: pese a que todos los expertos objetaron la propuesta del Ministerio de Educación, los miembros del CNED las aprobaron por unanimidad, aunque planteando ciertas observaciones. Los integrantes del citado movimiento han sostenido reuniones con autoridades del ministerio, a quienes les han escuchado decir que la cuestionada medida está en evaluación y podría ser retirada.

A fines de diciembre, mediante una petición de acceso de información pública, un grupo de profesores y docentes vinculados al Movimiento por la Historia, la Geografía y las Ciencias Sociales tuvo acceso a los informes de expertos solicitados por el Consejo Nacional de Educación (CNED) para dirimir acerca de la propuesta del Ministerio de Educación (Mineduc) que determinó reducir las horas de clases de esas materias en favor de matemáticas y lenguaje. El resultado de la solicitud permitió constatar un hecho curioso y controvertido: pese a que la totalidad de los expertos consultados objetaron la propuesta del Mineduc, los integrantes del CNED terminaron aprobándola de manera unánime, aunque con ciertas observaciones.

Los informes obtenidos a través de la Ley de Transparencia fueron publicados la semana pasada en el blog del citado movimiento y dan cuenta de una serie de inconsistencias en los cambios a los planes de estudio ideados por el Mineduc para los cursos de quinto básico a segundo medio.

Cinco son los informes evaluadores despachados por expertos y que fueron consultados por los miembros del CNED. Los informes, identificados por números, coinciden en que la propuesta del Mineduc carece de un fundamento que la justifique y ponen en duda su efectividad y coherencia.

Como señala el evaluador 4, “la fundamentación del nuevo plan de estudio propuesto para los niveles de 5° básico a 2° medio es incompleta y ligera. Sólo se justifican los cambios de los subsectores de lenguaje, matemáticas e inglés (…) No hay explicaciones que den cuenta del por qué de su disminución y, por ello, las medidas aparecen arbitrarias y, por lo tanto, resultan difícil de evaluar”.

En la misma línea, el evaluador 3 repara en que “en nuestro país los(as) alumnos(as) tienen una carga horaria total superior a los países del OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), lo que nos demuestra una inefectividad importante en el uso del tiempo escolar”.

Sobre el fondo de los cambios a los planes de estudio, uno de los informes señala inconsistencia en la decisión de reducir horas en el sector de las ciencias sociales. Esto considerando que el propio Ministerio de Educación ha determinado que las habilidades menos trabajadas por el sector corresponden a aquellas vinculadas al desarrollo del pensamiento crítico. “Estas actividades requieren de más tiempo, no menos, para desarrollarse plenamente y su buen desarrollo implica un esfuerzo contextualizado”, indica el evaluador 4.

Un argumento complementario entrega el evaluador identificado con el número 2, quien advierte que “el sector se basa en una compleja articulación entre adquisición de contenidos y desarrollo de habilidades y actitudes, que requiere de mucho tiempo pedagógico, tal como se desprende del análisis sintético que hemos presentado del marco curricular”. Frente lo anterior, “las exigencias del marco curricular del sector difícilmente pueden ser logradas disponiendo de sólo tres horas semanales para su enseñanza”.

Dos de los evaluadores también cuestionan la factibilidad de la propuesta. En el caso del evaluador 1, previniendo que la implementación de los cambios sólo sería posible en establecimientos con jornada escolar completa. De lo contrario, generaría “una brecha entre quienes tienen la oportunidad de estudiar en este tipo de colegios y quienes no”. El evaluador 5, en tanto, señala que las medidas del Mineduc “generarán un impacto en el mapa laboral en el cual se desenvuelven los docentes de nuestro país”.

Los cambios a los planes de estudio habían sido presentados en una primera instancia al CNED en julio y rechazados en septiembre. Pero sólo tres días después del rechazo, el Mineduc ingresó una nueva propuesta que resultó aprobada con una serie de observaciones recogidas de los informes de los expertos. La respuesta a estas observaciones aún no han sido dadas a conocer por el ministerio respectivo.

La iniciativa generó una fuerte resistencia de la comunidad académica y derivó en la creación del Movimiento por la Historia, la Geografía y las Ciencias Sociales, que agrupa a profesores y estudiantes universitarios. Mediante diversas acciones, como la solicitud de información pública sobre los informes de los expertos consultados por el CNED, este movimiento ha conseguido mantener la atención en el tema y ser escuchado por las autoridades del Mineduc. A fines de diciembre sus representantes se reunieron con el ministro Joaquín Lavín, quien se habría comprometido a revisar la medida. A fines de la semana pasada, en una nueva audiencia, la representante de la Unidad de Currículo y Evaluación, Loreto Fontaine, habría refrendado las intenciones del ministro.

Patricio Bernedo, director del Instituto de Historia de la Universidad Católica y uno de los representantes del movimiento que estuvo presente en ambas reuniones, dice que “si bien uno se puede equivocar, al menos yo estoy razonablemente optimista, pues se nos dijo que había disponibilidad para revisar la medida”.

Esa disponibilidad del ministro también puede servir como carta de negociación para conseguir la aprobación de los cambios a la educación impulsados por el gobierno y que actualmente son discutidos en el Congreso, pues ha sido una de las exigencias hechas por los parlamentarios opositores.

La cinematográfica historia del más escurridizo guerrillero del FPMR

Su verdadera identidad quedó al descubierto en octubre de 1986, un mes después de ocurrido el atentado a Augusto Pinochet. A raíz de una seguidilla de detenciones producidas por este hecho, y las consiguientes torturas practicadas por funcionarios de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, el nombre de Alexis Soto Pastrián llegó a conocimiento del fiscal militar ad hoc Fernando Torres Silva, que sustanciaba ese proceso. Un informe policial destacaba que el joven nacido en marzo de 1963 provenía de la población La Pincoya y había sido uno de los 21 integrantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) que protagonizó una emboscada a la comitiva del general Pinochet. Su nombre de combate era Marcos.

Aunque su identidad se conoce desde entonces, recién a fines de octubre el juez Mario Carroza, a cargo de las investigaciones por la muerte de Jaime Guzmán y el secuestro de Cristián Edwards, hizo la conexión. Marcos era el mismo personaje de bigotes y contextura gruesa que aparece en el famoso video grabado en 1992 en un camping de Colliguay donde quedó retratado parte del grupo operativo que participó de estos dos últimos sucesos subversivos que marcaron la transición política chilena. Esa corpulencia -además de una bravura ejercitada entre Chile, Vietnam, Cuba y Nicaragua- le valió el apodo de Rambo.

A Marcos o Rambo se le atribuye un rol protagónico en el secuestro del hijo del dueño de El Mercurio. Fue uno de los que lo interceptó en un estacionamiento subterráneo de Providencia y luego ofició de jefe de la casa donde Edwards permaneció cautivo durante seis meses. Es una pieza fundamental del caso y uno de los pocos cuadros operativos relevantes del FPMR de esa época que nunca ha sido detenido.

El mérito de esto último no es sólo suyo sino principalmente del ex comisario Jorge Barraza, quien lideró las investigaciones por el asesinato de Jaime Guzmán y el secuestro de Cristián Edwards, que datan de 1991. Barraza siempre creyó que el hombre corpulento que aparece en el video de Colliguay era Rodrigo Rodríguez Otero. La confusión pudo haber surgido del hecho de que a este, quien también tuvo un rol protagónico en el atentado a Pinochet y era robusto aunque más bajo que el otro, lo apodaban Tarzán. Además el equipo del ex comisario Barraza adjudicó al mismo personaje el robo del vehículo que sirvió para matar a Guzmán.

De ahí que a mediados de octubre, cuando ingresó al país con sus documentos al día, Rodríguez Otero fuera detenido y liberado tres días después: tras tomarle testimonio, el juez Carroza se convenció de que la persona que andaba buscando no le decían Tarzán sino Rambo. Entonces el nombre de Alexis Fernando Soto Pastrián quedó bajo orden de captura internacional, estableciéndose que su último paradero conocido estaba en Bélgica.

MAPA COMPLETO

Desde que reactivó la investigación por la muerte de Guzmán, a raíz de la entrevista televisiva que Mauricio Hernández Norambuena dio a Chilevisión desde una cárcel en Brasil el juez Mario Carroza ha progresado más que varios de los jueces que lo antecedieron. De partida, basándose en el contenido de esa entrevista, interrogó y dejó en prisión preventiva a Enrique Villanueva Molina, conocido como el comandante Eduardo, quien formó parte de la Dirección Nacional del FPMR, la que habría decidido la muerte del senador UDI. Villanueva Molina está desde fines de septiembre en la Cárcel de Alta Seguridad y aunque el ministro le había concedido la libertad bajo fianza, la decisión fue revocada por la Corte de Apelaciones a fines de la semana pasada.

Aunque el proceso judicial por la muerte de Guzmán acumula más de cinco mil fojas, el juez Carroza ha actuado como si fuera el primero en ocuparse de él. Además de revisar por completo el expediente, sopesando declaraciones e informes policiales antiguos, ha citado a varios de los testigos que ya habían declarado ante otros jueces por este mismo caso. Este método lo ha llevado a zonas insospechadas e incómodas para los propios querellantes.

Como informó La Tercera en su edición del domingo 7 de noviembre, el ex director de la Dirección de Inteligencia Nacional del Ejército (DINE), general (R) Hernán Ramírez Rurange, habría alertado al general Pinochet de los planes del FPMR para atentar contra tres civiles vinculados a la dictadura, entre los que se contaba Jaime Guzmán. Ramírez Rurange recibió la información del agente DINE Raúl Rojas Nieto, que habría recibido el dato de un informante del FPMR a quien Ramírez Rurange identificó como El Noruego. Ante el juez Carroza, Rojas Nieto negó esta versión.

El hecho es que si bien el ex Comandante en Jefe del Ejército conoció de los planes con una semana de anticipación y se comprometió a transmitirlos a las posibles víctimas, nunca lo hizo. La razón, sustentada por el general (R) Jorge Ballerino, es que el Ejército no consiguió ubicar al senador UDI.

A lo anterior se suman las indagatorias en torno a la francesa Marie Emmanuelle Verhoeven, una doble agente que participó de la causa del FPMR al tiempo que entregaba información a la policía. Su verdadera función aún es un misterio, no así su actual paradero: tras establecer que reside en su país de origen, Carroza ha iniciado los trámites para interrogarla por exhorto.

Pero el juez Carroza no sólo se ha ocupado de establecer responsabilidades en la muerte de Jaime Guzmán. También ha indagado en procesos conexos como son los secuestros del coronel Carlos Carreño (1987) y de Cristián Edwards (1991), y el asesinato de Agdalín Valenzuela (1995), miembro del FPMR reclutado como informante del Consejo de Seguridad Pública (más conocido como La Oficina), creado por el gobierno de Aylwin tras el asesinato de Guzmán para combatir la subversión.

Mario Carroza ha sido el primer juez en comprender que estos y otros casos vinculados al FPMR están directamente relacionados entre sí. Por ello hay que leerlos en conjunto. Algo que no habían hecho jueces ni policías. De lo contrario habrían reparado en que la clave para identificar al hombre al que llamaban Rambo estaba en el proceso del caso Atentado a la Comitiva Presidencial.

PREPARACIÓN MILITAR

Su primera salida fuera del país quedó registrada en agosto de 1984. Como decenas de otros militantes de las Juventudes Comunistas de Chile de esa época, Alexis Soto Pastrián partió a un curso de instrucción militar en Cuba. En el curso participaba Juan Moreno Ávila, un vecino suyo de la población La Pincoya que se apodaba Sacha y con el que coincidirá en el atentado a Augusto Pinochet. En ese grupo, a cargo del instructor Vasily Carrillo, también estaba César Bunster Ariztía. Todos con un rol protagónico en la más temeraria acción del FPMR.

De acuerdo con la declaración extrajudicial que Moreno Ávila entregó tras su detención en 1986, se trató de un curso militar de seis meses y abarcó áreas como táctica militar, manejo de armas y explosivos, tiro, primeros auxilios, preparación física, métodos conspirativos y contrainteligencia. Sobre la práctica con armamento, en la citada declaración se lee lo siguiente:

Este ramo consistía en el conocimiento de diferentes tipos de armas, tanto largas como cortas. Usamos fusil AKA, FAL, M-16 y Galil, además de las pistolas Browning, Colt 45 y Macaro (de fabricación soviética). Con este armamento aprendimos sus características técnicas, nomenclatura, arme y desarme, mantenimiento, etc., además que disparamos bastante, sobre todo con el AKA.

A su regreso a Chile, a mediados de 1985, Soto Pastrián, a quien ya llamaban Marcos, se vinculó a Sacha y otro vecino de la población La Pincoya que también tuvo instrucción militar en Cuba y participará en el atentado a Pinochet: el gásfiter Jorge Mario Angulo González. Tras ser detenido en octubre 1986, en su declaración a la policía pasará revista a sus inicios subversivos junto al grupo liderado por Marcos:

Fueron numerosos los taxis que logramos asaltar en el barrio alto, los que luego, previa instrucción, casi en su mayoría dejamos en el sector de Alameda con Las Rejas, colocando una huincha en el parabrisas delantero para que los otros militantes se dieran cuenta de que era el auto trabajado. Continuando con el templaje, paralelamente a estas acciones entraba en juego la preparación física, gimnasia que hacíamos en el cerro San Cristóbal y otros lugares cerca de La Pincoya. Para el asunto de uso y manejo de armas, en varias oportunidades fuimos a cerros colindantes de la comuna de Peñalolén donde Marcos se hacía acompañar por un guía (…)

Desde mediados de los ochenta, Marcos se subordinará al mando de Sacha, quien lo reclutará como parte del comando que atentará contra Pinochet.

En este hecho, ocurrido la tarde del domingo 7 de septiembre de 1986, Marcos formó parte del Grupo de Asalto N°2 o Unidad 503. Actuó desde la ladera de un cerro y tuvo a cargo un lanzacohetes LAW. De hecho, fue su arma la que impactó la ventana del Mercedes Benz ocupado por Pinochet, sin que alcanzara a explotar.

Para cuando fue identificado, en octubre de 1986, Marcos ya había abandonado el país junto a otros fusileros del atentado a Pinochet. Según se constata en un informe reservado de la PDI que quedó adjunto al caso Atentado, Soto Pastrián salió del país el 26 de septiembre por el Paso Los Libertadores. Permaneció por un par de semanas en Buenos Aires, y más tarde, tras un largo rodeo por Europa, llegó a Vietnam junto a sus compañeros, con quienes realizó un curso de instrucción militar. En 1987 viajó con el resto de los fusileros a Cuba y poco más tarde fue parte de un grupo de chilenos que combatió a la Contra en Nicaragua.

Su regreso a Chile ocurrió en marzo de 1989 y si su ingreso no quedó registrado oficialmente, fue porque Marcos entró con un falso pasaporte uruguayo a nombre de Luis Rivaldi.

LAS PISTAS

La pista fue entregada por un informante de la policía identificado como F1 y cuyo nombre era Agdalín Valenzuela. Según esta pista, contenida en un informe policial de 1991, el jefe de la casa donde permaneció secuestrado Cristián Edwards era un hombre que se apodaba Marcos o Trotil. Este segundo apodo había surgido en Hanoi, la capital de Vietnam, mientras permanecía en un curso de instrucción militar.

En el mismo documento, el informante definió a Marcos como un hombre “débil de carácter” por permitir que uno de los celadores abandonara la casa del secuestro. En un próximo reporte refrendará la información, precisando que ese tal Marcos había participado en el atentado a Pinochet.

Como jefe operativo de la casa donde permaneció Edwards, Marcos tenía la función de hacer cumplir las normas y velar por el secuestrado. Tenía contacto directo con éste y cumplía el papel del “secuestrador malo”, a diferencia de Ricardo Palma Salamanca, que oficiaba de “bueno”. Su papel en esta operación concluyó el 1 de febrero, cuando el hijo de el dueño de El Mercurio fue liberado tras el pago de un millón de dólares.

Unas semanas después, mientras permanecía junto a otros miembros del FPMR en el camping de Colliguay, su imagen será grabada en video por funcionarios de la Policía de Investigaciones.

A partir de entonces, el ex comisario Jorge Barraza establecerá una errónea identificación de Marcos que se arrastrará por casi veinte años. Pero no sólo eso. También asegurará que se trata de la misma persona que robó el auto que sirvió para atentar contra Guzmán.

La aclaración no fue obra del juez Carroza. Tampoco de los funcionarios de la policía que lo asisten. A mediados de septiembre último, cuando Rodrigo Rodríguez Otero ingresó al país y cayó detenido, el sitio electrónico del diario La Nación publicó un reportaje en el que se aseguró que, de acuerdo con testimonios de ex frentistas, el hombre del video de Colliguay era Alexis Soto y no Rodrigo Rodríguez. Hasta ese momento el nombre del frentista proveniente de la población La Pincoya era desconocido para la policía y el juez.

Con este antecedente, el juez Carroza centró su atención en Soto Pastrián. Por medio del testimonio de ex frentistas, corroboró la información aparecida en La Nación. Y junto con ello estableció que se trataba de la misma persona que tiempo atrás había solicitado documentos en la embajada de Chile en Bélgica. El paso siguiente era poner en marcha una gestión silenciosa para lograr su captura en el extranjero, pero se le adelantó El Mercurio: el sábado 6 de noviembre, una nota de la sección de crónica de ese diario dio cuenta del último hallazgo del juez, lo cual frustró la diligencia.

De esta forma, el principal captor del hijo del dueño de El Mercurio pudo haber sido alertado por el propio diario de que había sido detectado. Una filtración absurda, lo que unido a otros trascendidos de prensa llevó al juez Mario Carroza a quitar el acceso a las partes del proceso judicial.