Asesorías parlamentarias sin control: Diputados gastan $6.000 millones en dos años

Más de $6.000 millones de pesos -casi US$11 millones-, es lo que gastaron los diputados en los últimos dos años para pagar asesores a honorarios. Este ítem del presupuesto de la Cámara, destinado a contratar “asesorías legislativas externas”, se incrementó exponencialmente a contar de 2012. Y creció nada menos que diez veces, al pasar de $2,25 millones anuales por diputado, a $25 millones. Lo paradójico es que el Congreso aprobó esta alza después de que se descubrieron lo más turbios manejos en la administración de los recursos del Parlamento y en momentos en que el Ministerio Público aún tenía en curso investigaciones contra parlamentarios que simularon contratos de arriendo para sus sedes distritales o que depositaban en sus cuentas lo pagado por asesorías (ver reportaje).

Fue así que ante el escándalo por la falta total de control sobre los recursos que se entregaban a los parlamentarios, el Senado y la Cámara anunciaron que endurecerían los controles. En 2012, junto con el significativo aumento de la asignación para asesorías, debutó una nueva fórmula de fiscalización que buscó erradicar cualquier posibilidad de fraude. Para que la Cámara apruebe el pago a un asesor, el diputado que lo contrató debe entregar el informe del trabajo realizado. Pero esta investigación de CIPER comprobó que estos informes no siempre permiten acreditar que la asesoría se haya efectuado y mucho menos que sea de calidad.

CIPER revisó en detalle los archivos de la Cámara que registraron el pago de 1.613 contratos de asesorías externas solicitadas por los diputados entre 2012 y 2013. También analizó una muestra de los informes que acreditan la realización de estas asesorías y descubrió los flancos débiles de un sistema de pagos millonarios que, a pesar de los nuevos controles, sigue siendo precario.

En 2012 los diputados gastaron un total de $2.914.119.591. En 2013, la cifra se estiró a $3.112.105.794. En consecuencia, el monto global desembolsado en ambos años alcanzó a $6.026.225.385, lo que al cambio actual equivale a poco más de US$ 10,9 millones (vea los gráficos con el detalle de los gastos por cada bancada en 2012 y 2013).

 

Además de los $25 millones anuales dispuestos para cada uno de los 120 diputados, también se entrega a cada bancada un monto de $257 mil mensuales por parlamentario. De esta forma, el ranking 2012-2013 del gasto en asesorías por bancada lo encabeza la UDI con $1.910 millones (31,7% del gasto total de la Cámara), debido a que contaba con el mayor número de diputados: 39 escaños.

Le siguen la DC, con más de $1.046 millones (17,4% del gasto total y 19 diputados); el PPD, con $927 millones (15,4% y 18 diputados); RN, con $766 millones (12,7% y 17 diputados); el PS con $605 millones (10% y 11 diputados); el PRSD, con $276 millones (4,6% y 5 diputados); el PC, con $146 millones (2,4% y 3 diputados), y el PRI, con $104 millones (1,7% y 2 diputados). A ellos se suman los diputados independientes (Sergio Aguiló, Roberto Delmastro, Marta Isasi, Miodrag Marinovic, Osvaldo Vargas y Pedro Velásquez), que en conjunto gastaron $ 241 millones (4% del total). En el caso de Delmastro, cabe consignar que sólo gastó $ 4 millones en 2012 y en 2013 no contrató asesorías externas.

INSTITUCIONES Y SOCIEDADES TOP

La entidad que cobró más dinero por asesorías externas en 2012 y 2013 fue la Fundación Jaime Guzmán, con un total que superó los $451 millones. Esa suma se debe al mayor número de los diputados de la UDI y a la férrea disciplina gremialista, lo que permite concentrar las asesorías en la fundación y no en distintas entidades, como ocurre con otros partidos (ver ficha). De los 39 diputados UDI, 36 contrataron a la Fundación Jaime Guzmán por montos variables que van desde los $600.000 a los $25,3 millones anuales. La única diputada UDI que le entregó todo su monto correspondiente a asesorías externas a la Fundación Jaime Guzmán, fue María José Hoffmann, quien en 2013 recibió de esa entidad los informes “Resumen a la sala”, un estudio mensual de políticas públicas y un reporte de actividad legislativa en materia de educación. En 2013, además, la bancada UDI también contrató a la Fundación Jaime Guzmán por $123.762.600 para que uno de sus profesionales asistiera como asesor a las sesiones de cada una de las comisiones. La asesoría  incluyó redactar indicaciones a los proyectos de leyes y la entrega de minutas sobre las iniciativas en discusión.

Visión Legislativa y Parlamentaria y Compañía Limitada ocupa el segundo lugar en el ranking total de las asesorías externas de la Cámara en 2012-2013. Figura con $275,8 millones y también asesora a parlamentarios UDI. La sociedad está formada por Carlos Felipe Fairlie Oria y su esposa Claudia Fernanda Toro Jiménez (ver ficha). Él es abogado querellante en el caso Tsunami y fue jefe de gabinete del diputado Pedro Pablo Alvarez-Salamanca (UDI). Claudia Toro también tiene una sociedad individual de asesorías, por la que recibió otros $81,7 millones por servicios a diputados UDI. En total, las sociedades de la pareja cobraron $ 357,5 millones.

En el tercer lugar se ubica la sociedad comercial Centro de Estudios Legislativos, Administrativos, Políticos y Económicos (Celap), con $215 millones (ver ficha). Celap fue constituida por los socios Andrés Silva Gálvez, ex director del Serviu en el primer gobierno de Michelle Bachelet, y Marko Tapia, ex abogado del Ministerio del Trabajo. La sociedad fue contratada por diputados PS (aunque también por la diputada PPD Adriana Muñoz) y recibió mucho más dinero que el Instituto Igualdad, la entidad académica sin fines de lucro vinculada al socialismo. Este último cobró $54,1 millones.

Juan Diego Santa Cruz, de Tinto producciones, asesoró al diputado Pedro Brown. Hoy ambos militan en Amplitud

Tinto Producciones, alcanza la suma de $191,19 millones, pagados por parlamentarios de RN, y ocupa el cuarto lugar (ver ficha). La cifra es superior a lo que percibió el Instituto Libertad,  el think tank de RN, que obtuvo $117,4 millones. La sociedad fue constituida por el fotógrafo Juan Diego Santa Cruz Eyzaguirre y su esposa Verónica García Huidobro Herman. Santa Cruz se fue incorporando a la política tras colaborar con el diputado Pedro Browne -de quien es amigo desde la infancia- en la campaña electoral 2009. Finalmente se convirtió en secretario ejecutivo de Amplitud, el movimiento que  los parlamentarios Browne, Karla Rubilar, Joaquín Godoy y Lily Pérez fundaron luego de abandonar RN. De acuerdo al portal Gobierno Transparente, Santa Cruz tiene en 2012 contratos con el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda) por $24.669.996 y por $15,6 millones con la Subsecretaría de Viviendas y Urbanismo.

El quinto escalón del ranking lo ocupa la Sociedad Legal Limitada, que facturó $191,11 millones. Esta sociedad asesora a diputados UDI y pertenece al abogado Luis Eduardo Cantellano Ampuero y María Alejandra Rivera Román. Cantellano fue seremi de Energía de la macrozona de Atacama y Coquimbo entre julio de 2010 y agosto de 2013, labor por la que cobraba $3 millones. Durante ese tiempo, según consta en una escritura legalizada el 30 de diciembre de 2011 (vea aquí la escritura), “se abstendrá de participar en los activos y pasivos de la sociedad mientras permanezca ocupando dicho cargo u otro oficio o cargo público que, por razones de probidad o transparencia, sean incompatibles con el ejercicio de la profesión de abogado” (Vea Nota de la Redacción).

DESEMBARCO DE LAS “PERSONAS NATURALES”

Hasta 2011, antes de que el monto de la asignación se disparara, la mayoría de las asesorías eran encargadas a entidades sin fines de lucro asociadas a los distintos sectores políticos, como la Fundación Jaime Guzmán (UDI) o el Centro de Estudios del Desarrollo (CED, ligada a la DC). Sólo ocasionalmente se contrató a sociedades comerciales, tales como estudios jurídicos o empresas de asesoría comunicacional.

Pero la investigación de CIPER constató que a contar de 2012 aumentó la participación de las sociedades comerciales y surgió un nuevo actor en el sistema de asesorías: las personas naturales. Su aparición fue explosiva: hasta 2011 no eran autorizadas las asesorías de personas naturales, pero al año siguiente alcanzaron alrededor del 50% del total de contrataciones y, en algunas bancadas, como la del PPD, llegaron a sumar cerca del 77% de los servicios pagados.

En la cúspide del ranking de las personas naturales que han recibido más dinero por asesorías externas, se ubica el abogado Marco Zepeda Risso, quien ha cobrado un total de $62,3 millones en los últimos dos años. Zepeda, quien fue contratado por los diputados del PPD Carlos Campos y Pepe Auth, ha sido candidato al comité central metropolitano del PS y forma parte del directorio de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus).

Auth explica  así la contratación de Zepeda:

-Él es mi socio intelectual y laboral, tanto así que en el seguimiento de los proyectos a veces lo mando a comisiones a las que yo no puedo asistir, porque me interesa saber lo que allí dicen. También redacta indicaciones. Es un acompañante permanente, además me hace asesorías jurídicas en el distrito -aseguró.

En el segundo lugar se encuentra Carlos Rubio Estay, quien asesoró a los diputados Enrique Jaramillo (PPD) y Denise Pascal (PS), con un monto superior a $58 millones. Rubio figura en la web de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano como parte del equipo docente de su Escuela de Derecho. También aparece en los registros del Diario Oficial firmando resoluciones en calidad de Jefe del Departamento de Cooperativas del Ministerio de Economía entre 1999 y 2002. Además, en los archivos de algunos boletines legislativos de la Cámara y del Senado se le identifica como asesor del Ministerio de Economía en los años 2005 y 2008.

En el tercer escalón está Antonio Veas Saavedra, abogado contratado por la bancada DC y por los diputados del mismo partido Gabriel Silber y Gabriel Ascencio, quien ha cobrado una suma global de $53,2 millones. En la web oficial de la DC destaca como miembro de su Tribunal Supremo. En las actas del Concejo Municipal de Lo Espejo figuró como secretario municipal al menos hasta mediados de 2013. Representó a los diputados Ascencio y Rincón en la fallida reclamación ante la justicia electoral contra la elección senatorial de Iván Moreira (UDI).

Los diputados Jaramillo, Silber, Monsalves y Marinovic contrataron a los asesores mejor pagados de la Cámara.

La cuarta ubicación es para Roberto Aguin Arriagada, asesor del diputado Manuel Monsalve (PS), con una suma de $49,9 millones. En el Diario Oficial figura en 1995 constituyendo la sociedad comercial Ballcom S.A., en cuya escritura quedó registrado como “técnico en computación e informática”.  El diputado Monsalve le ha encargado asesorías que abarcan amplias actividades: “Recolección y sistematización de información de apoyo a las tareas legislativas; recabar, construir, generar y sistematizar estudios, investigaciones, informes y asesorías en diversas materias y en todos los ámbitos necesarios para asistir a la labor parlamentaria; preparación de minutas de comisión; construcción de bases para proyectos de acuerdo”. (Vea uno de sus informes de asesoría)

Cerrando el “top 5” de las asesorías prestadas por personas naturales, se ubica José Barría Bustamante, contratado por el diputado Miodrag Marinovic (Independiente), quien ha cobrado $49,9 millones. Barría fue miembro del Consejo Regional de Magallanes en representación de la UDI, villamantilla fiestas para solteros. La web de la Empresa Portuaria Austral indica que es gay dating de pedrajas de san esteban. La misma página lo identifica como ingeniero comercial de la Universidad de Magallanes y MBA de la Universidad del Desarrollo. En el Diario Oficial aparece como administrador legal de la sociedad “Conductividad Austral Limitada”, entre cuyos socios figura el mismo diputado que lo contrató en la Cámara, junto a sus hermanos Victoria Elena y Alejandro Antonio Marinovic Solo de Zaldívar (vea el registro en el Diario Oficial).

DOBLE MILITANCIA

Entre los asesores contratados como personas naturales por los diputados, CIPER detectó casos que al mismo tiempo desempeñaron otras funciones pagadas por la Cámara, lo que está prohibido. Los asesores externos deben inscribirse en un registro y entregar una declaración jurada en la que dan fe de que no están empleados en otras funciones remuneradas por la corporación.

No obstante esa limitación, el miembro del Tribunal Supremo de la DC, Antonio Saavedra Veas, contratado como asesor por los diputados Silber y Ascencio, también está registrado en la nómina del “personal de apoyo” pagado por la Cámara para prestar servicios al diputado Ascencio. Este empleo se prolongó hasta febrero de 2014 (vea la declaración jurada de Saavedra).

En una condición similar está Esteban Zavala González, quien cobró $4 millones entre junio y julio de 2012 como asesor externo de la diputada Marta Isasi. Ese año también figuró como “personal de apoyo” pagado por la Cámara en el puesto de jefe de gabinete de la misma parlamentaria, salvo en esos dos meses en que se le pagó como asesor externo. Es decir, fue jefe de gabinete de enero a mayo, luego asesor externo en junio y julio, y entre agosto y diciembre volvió a ser jefe de gabinete de la diputada Isasi.

Marta Isasi (independiente y ex UDI) protagonizó el último escándalo por irregularidades en las asignaciones. En mayo de 2013 fue denunciada por su ex colaborador Georgio Carrillo, quien afirmó que la diputada pagaba asesorías a personas de confianza -entre ellos, la esposa de Carrillo- que después le entregaban el dinero a Isasi. En diciembre pasado Isasi fue sancionada por la Comisión de Ética de la Cámara por el manejo irregular de sus asignaciones, por lo que debió devolver $3,5 millones de su dieta. Actualmente, sigue siendo investigada por el Ministerio Público (ver reportaje).

REPORTES INSUFICIENTES

La investigación de CIPER reveló que los controles de la Cámara no sólo son débiles para detectar inconsistencias en las declaraciones juradas de los asesores. Más grave aún es que el sistema de fiscalización no acredita que las asesorías efectivamente se realizaron.  Y esto porque muchos de los informes de asesoría que reciben los funcionarios de la Cámara que autorizan los pagos, son sólo reportes genéricos de actividades. La veracidad de estos documentos tiene como único sustento la palabra del asesor y del diputado que lo contrató. Así, sólo con el aval de esas dos firmas, se cursan los pagos.

De hecho, se han acreditado asesorías sin más documentación que un simple correo electrónico de un par de líneas, firmado por otro asesor del parlamentario. Es lo que sucedió el 24 de septiembre de 2012 cuando una asistente del diputado Marcos Espinosa (PRSD) envío un correo a la oficina que supervisa los pagos con este escueto mensaje:

Junto con saludar y por especial encargo del diputado Marcos Espinosa, acuso recibo y conforme, asesoría externa correspondiente al mes de septiembre del presente año, para efectos de la cancelación de los servicios respectivos” (vea el correo).

De acuerdo con los registros oficiales de la Cámara, el 25 septiembre de 2012, por encargo del diputado Espinoza se cursó el pago de $ 6.168.000 a Consuelo Ramírez Acuña Asesorías Jurídicas EIRL, por trabajos consistentes en: “Estudio y redacción de proyectos de ley; estudio y redacción de proyectos de acuerdo; estudio y redacción de indicaciones a proyectos de ley en tramitación; redacción de intervenciones en sala o comisión; redacción de oficios de fiscalización; atención de casos de distrito; redacción de escritos pertinentes; redacción de columnas de opinión”. De acuerdo con el correo electrónico citado, a la Cámara sólo le consta que el diputado Espinosa confirmó haber recibido esas asesorías, pero los funcionarios que visan los pagos no cuentan con documentos que respalden que todos esos trabajos enumerados efectivamente se hicieron.

Consuelo Ramírez sumó un total de $145,9 millones, asesorando a la bancada del PRSD y al diputado Pedro Velásquez (independiente y ex DC). Las asesorías las hizo como persona natural ($45,4 millones) y a través de su sociedad comercial individual ($100,4 millones).

El actual ministro de Bienes Nacionales, Victor Osorio, asesoró al diputado Sergio Aguiló.

Un caso similar es el de la asesoría prestada al diputado Sergio Aguiló (independiente y ex PS) por el actual ministro de Bienes Nacionales, Víctor Osorio Reyes. El parlamentario pagó a Osorio $3 millones en 2012 y $9,2 millones en 2013 por asesorías que, según los registros de la Cámara, debían considerar los siguientes trabajos: “Desarrollo y ejecución de una asesoría con entidades políticas, sociales y culturales, instituciones eclesiásticas y en general con organizaciones de la sociedad civil, procurando sistematizar sus proposiciones e intereses para integrarlas al desarrollo de la labor parlamentaria”.

El reporte de todas estas actividades entregado por Osorio cada mes fue consignado sólo en una página. El de agosto de 2013 señala:

“Labores desempeñadas en el marco de la asesoría:

  1. 1. Preparación del cuarto informe respecto de estado de avance de la elaboración programática.
  2. 2. Preparación y diseño del informe final sobre diseño de intervención en la elección parlamentaria próxima por parte de las colectividades y coaliciones de la oposición.
  3. 3. Reunión de bancada con Mesa Ampliada Evangélica, para recoger proposiciones de reforma constitucional y conocer preparativos del Servicio de Acción de Gracias con motivo de la Independencia Nacional”.

El actual ministro Víctor Osorio firmó este escueto reporte en su calidad de periodista. Del mismo tono y extensión son los otros reportes mensuales que entregó a la largo de toda su asesoría, la que terminó en febrero de 2014. Aunque Aguiló aparece como diputado independiente en el periodo 2010-2013, en los últimos años se integró al partido Izquierda Ciudadana que presidía Osorio (vea los reportes de otros meses).

LA “BUENA FE”

El Comité de Auditoría Parlamentaria es la instancia del Parlamento que debe controlar los gastos en asesorías. En la práctica, es un buzón que recibe documentos. Allí nadie analiza de manera crítica los informes. La entidad que recibe los “informes” y “reportes” de las asesorías, y que autoriza los pagos, es la Oficina de Asesorías Externas de la Cámara.  Su labor se remite a comprobar que las cifras cuadran y que el trabajo se realizó dentro de las fechas previstas.

Patricio Vallespín (DC) dice que las entidades académicas garantizan un trabajo de calidad en las asesorías.

El pilar de este nuevo sistema de control sigue siendo la “buena fe”, la confianza de los administradores de la Cámara en que los parlamentarios no abusarán de los recursos públicos. El diputado Patricio Vallespín (DC), quien presidió la Comisión de Ética de la Cámara durante los dos años revisados por CIPER, reconoció los vacíos del nuevo sistema:

-Lo que se puede mejorar todavía y perfeccionar es que se precisen los productos (informes o reportes) con mayor claridad, porque pueden haber distintos productos, desde la llamada telefónica, la minuta o el discurso, que deberían ser más explícitos (…). Lo importante del control es que contamos con un mecanismo para que las platas se destinen a donde deben destinarse, y actuando siempre desde la buena fe y no de la mala fe.

-Ha quedado demostrado en tribunales que algunos parlamentarios han actuado con mala fe respecto del uso de los fondos asignados a asesorías. Para evitar esos casos, ¿pueden los funcionarios que llevan el control de las asesorías rechazar informes por aspectos de fondo?
-No, ellos no revisan aspectos de fondo, se basan en un sistema de tutorías: piden documentos a una institución o persona natural (la que realizó la asesoría), verifican si se cumplió el plazo del “entregable” (informe o reporte del trabajo) y si ese documento llegó. Pero solo hasta ahí llegan.

-Entonces, ¿cuál es la diferencia con el sistema antiguo si no hay mayor control?
-La gran ventaja es que ya no hay ninguna interacción directa del parlamentario en el manejo de los recursos. Esto lo hace la corporación en forma institucional. Además, se institucionalizó un registro previo de los asesores que pueden cumplir esas labores.

Respecto del sustantivo aumento de las asesorías entregadas a sociedades comerciales y personales naturales, en desmedro de entidades académicas sin fines de lucro, Vallespín considera que éstas últimas garantizan un trabajo de calidad. Los registros de la Cámara indican que Vallespín solo contrató al Centro de Estudios del Desarrollo (CED) y no a empresas o personas naturales

-Si queremos garantizar una asesoría de calidad, lo óptimo es que la hagan instituciones que tienen mayor diversidad de profesionales. Tiendo a pensar que, cuando está el nombre de una institución detrás, la calidad de los contenidos está más garantizada que cuando es sólo un profesional de confianza del parlamentario.

El CED es la entidad sin fines de lucro que más dinero recibió de la bancada DC por pago de asesorías en 2012 y 2013: $119 millones en total. Su directorio es presidido por el ex diputado Eduardo Saffirio (DC) y lo integran reconocidos militantes de ese partido, como Sergio Micco y Juan Villarzú. El Centro de Estudios y Gestión Ambiental para el Desarrollo (Cegades), con $85 millones, es la segunda entidad más beneficiada por los parlamentarios DC y es una corporación vinculada al sector del partido que lidera el ex diputado Gutenberg Martínez. Finalmente, con un monto mucho menor, se anota Cieplan: $23 millones.

En todo caso, la entidad que recibió más dinero de los diputados DC no fue una institución sin fines de lucro, sino una sociedad comercial: Centro de Estudios Legislativos, Asesorías y Consultorías S.A., que obtuvo $130,7 millones. Esta empresa fue constituida por María Oriana Yalena Chávez Escobar, constructora civil y funcionaria del Servicio Nacional de Menores (Sename), y Magdalena Sofía Salazar Sánchez, relacionadora pública. Esta última es hija de Miguel Salazar, dirigente DC, quien se desempeñó como jefe de gabinete del Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle y que en los últimos años ha trabajado como “personal de apoyo” del diputado Roberto León. Aunque Salazar dijo a CIPER que no tiene relación con Celac, el pasado martes 1 de abril concurrió a la oficina de la Cámara donde se reciben los informes de asesorías para consultar por documentos que debía presentar la sociedad de su hija. Incluso en la web de radio Cooperativa, dentro de una columna de opinión se destaca que el dirigente DC creó el Centro de Estudios Legislativos, Asesorías y Consultorías.

María Oriana Yalena Chávez indicó que ya no forma parte de Celac, aunque no hay registro de su salida en el Diario Oficial. Ella es la ex esposa del lobista DC Carlos Tudela, quien junto a sus hijos constituyó otra sociedad que asesora a diputados DC: Visión y Gestión Estratégica Limitada, la que sumó $74 millones pagados por los parlamentarios Víctor Torres, Jorge Sabag y Eduardo Cerda.

ENCUESTAS BAJO RESERVA

La Cámara permite que con dineros de la asignación para asesorías externas se financien las encuestas que encargan los diputados. CIPER contabilizó 75 asesorías que incluyeron encuestas entre 2012 y 2013, las que sumaron $330,7 millones.

Los informes de asesoría tienen una reserva de 30 días. Pero en el caso de las encuestas, se mantienen bajo reserva hasta el final del periodo parlamentario. De esa manera, los funcionarios de la Cámara sólo pueden ver el reporte del estudio de opinión para autorizar el pago, pero el informe con el contenido de la encuesta se guarda sellado. La Cámara ha pagado esas asesorías sin saber qué financió.

La diputada Andrea Molina (UDI) encargó una encuesta por $8 millones.

Con este peculiar sistema de control, es perfectamente posible que se hayan financiado sondeos de opinión con fines exclusivamente electorales y no atingentes a mejorar la labor parlamentaria. De hecho, eso aconteció con un estudio encargado por la diputada Andrea Molina (UDI). Entre mayo y diciembre de 2012, la empresa Aneg desarrolló para ella una serie de investigaciones y análisis destinados a “conocer y medir las necesidades de la población y percepción de la gestión de la solicitante”, por un monto de $8 millones. Sin embargo, el informe de asesoría que Aneg entregó a la Cámara en julio de 2012, midió aspectos netamente electorales, como la “intención de voto hacia Andrea Molina” y sus “atributos”, además de consultar a los encuestados si tenían decido votar en las parlamentarias 2013. El informe, de 25 páginas, sólo incluye un gráfico referido a “problemáticas de la comunidad” (vea el documento).

En noviembre de 2013, a días de la elección parlamentaria, el diputado Fernando Meza (PRSD) pagó $4,2 millones a Sergio Rosas Torrealba por dos minutas y una encuesta en el distrito 52, en el que sólo testeó la evaluación de la ciudadanía a su gestión parlamentaria y  la de su contendor, el diputado René Manuel García (RN). No hubo siquiera una pregunta dedicada a temas del distrito que representa Meza (vea el documento).

Cristián Monckeberg (RN) sondeó la posibilidad de ser candidato por Santiago Oriente con dineros de la Cámara

Otro caso es la encuesta solicitada en 2012 por el diputado Cristian Monckeberg (RN) a O’Bois Marketing, por la que pagó $6 millones, para evaluar el panorama político de la circunscripción Santiago Oriente, con el objetivo de sondear sus posibilidades en la próxima competencia senatorial. El sondeo incluyó 1.500 encuestas, cara a cara,  en cada distrito de esa circunscripción. El estudio arrojó que el 59% de los encuestados no conocían a Monckeberg (vea el documento). Una de las preguntas formuladas indagó sobre quién representaría mejor a la derecha en Santiago Oriente en las elecciones senatoriales de 2013. El resultado fue: Manuel José Ossandón, 60%; Ena von Baer, 26%; y Cristián Monckeberg, 14%.

Que la mayoría de las encuestas encargadas por los diputados sea de carácter electoral, es un problema que preocupa a algunos diputados:

-Las encuestas deberían ser acotadas para identificar en ellas contenidos que sirvan para temas legislativos. Si el diputado quiere indagar sobre su desempeño electoral, debería ver de dónde saca los recursos para hacer una encuesta, pero no debiera ser del dinero de las asesorías parlamentarias –dice el diputado Vallespín, ex presidente de la Comisión de Ética.

El 10 de marzo pasado terminó el periodo legislativo 2010-2014 y expiró la reserva de las encuestas efectuadas en esos años. Hasta ahora no hay ningún registro de que se haya pedido revisar si las encuestas corresponden a la búsqueda de información sobre los problemas que enfrentan los distintos distritos de los parlamentarios o son  sólo sondeos electorales. Todas se pagaron con dineros públicos.

COMITÉ DE AUDITORÍA: “NO AVANZAMOS MÁS ALLÁ”

El Comité de Auditoría Parlamentaria es el organismo encargado de controlar que los gastos en asesorías se ajusten a las normas. Su coordinador, Eduardo Pérez Contreras, explicó a CIPER que las asesorías a los diputados no siempre contemplan un “entregable” (informe o reporte del trabajo), porque muchas veces son actividades “presenciales” o “asesorías políticas”, que implican acompañar al diputado a actividades en terreno. Estas se diferencian  de las otras asesoría, como informes en derecho o temas relacionados con el despacho de leyes, que sí contemplan papers extensos.

El comité, afirmó Pérez, no revisa de manera crítica el contenido de los informes y reportes que recibe: “El trabajo que realizamos tiene que ver principalmente con examinar los papeles y documentos, las rendiciones de cuentas, si se están cumpliendo las normas, pero no avanzamos más allá”. Y aunque ese comité “no puede cuestionar la calidad de la asesoría”,  Pérez afirma que sí está facultado “para levantar reparos e indicar observaciones”.

-¿Desde que partió este sistema, cuántas veces el comité ha levantado reparos?
-No ha ocurrido, salvo con el caso de la diputada Isasi.

Pero esa irregularidad fue revelada por la prensa y allí el Congreso se vio en la obligación de actuar.
-Bueno, sí…

 

NOTA DE LA REDACCIÓN: El abogado Luis Eduardo Cantellano Ampuero envió a CIPER horas después de publicado el artículo, la escritura debidamente legalizada donde consta que durante el tiempo en que se desempeñó como seremi de Energía él fue un socio “pasivo” de la Sociedad Legal Limitada, no participando ni de las asesorías legislativas ni de los pagos relacionados a éstas. Dicha escritura no consta en el Diario Oficial pero fue protocolizada el 30 de diciembre de 2011 ante el notario Raúl Farren Paredes de Viña del Mar.

NOTA DE LA REDACCIÓN: Por un problema de digitación, el gráfico “Total gastado en 2012” fue publicado con un error: originalmente indicaba que la DC tenía 11 diputados, pero la cantidad correcta es 19 diputados de ese partido. La cifra fue corregida horas después de la publicación de este reportaje.

NOTA DE LA REDACCIÓN: Esteban Zavala se comunicó con CIPER para aclarar que efectivamente en el año 2012 fue jefe de gabinete de Marta Isasi, salvo en los meses de junio y julio en los que cobró como asesor externo de la misma diputada. A partir de agosto volvió a ser su jefe de gabinete.

Este artículo fue actualizado el jueves 10 de abril de 2014.

Las redes del lobby de Enrique Correa vuelven a La Moneda y al Congreso

Este martes 11, en medio de los ritos republicanos del cambio de mando, volvió a ponerse en movimiento la puerta giratoria que une el lobby y la política: funcionarios públicos se convierten en lobistas y viceversa. El ahora ex subsecretario de Gobierno, Mauricio Lob, desembarcó en Azerta, la empresa de comunicación y lobby que dirigen Cristina Bitar y Gonzalo Cordero. Transitando a contramano, Carlos Correa Bau dejó la gerencia de Imaginacción, la empresa líder del mercado del lobby y propiedad de su padre, el ex ministro Enrique Correa Ríos. Correa Bau se instalará en La Moneda como número dos de la Secretaría de Comunicaciones (Secom), que encabeza la periodista Paula Walker. El equipo será reforzado también por Bárbara Rochefort, quien dejó la gerencia de Burson Marsteller, otra empresa dedicada a las comunicaciones y el lobby que ha representado, entre otros, los intereses del controversial proyecto HidroAysén.

A diferencia de lo que ocurre en otros países, en Chile no hay regulaciones que limiten la fluidez con que se mueven los protagonistas de estas redes de influencia y poder desde el mundo privado al gobierno o al Parlamento, y viceversa. Quienes dejan el negocio del lobby para convertirse en autoridades tampoco enfrentan leyes que los obliguen a declarar las empresas privadas para las que trabajaron, en qué proyectos las representaron y ante qué autoridades lo hicieron. Todos antecedentes necesarios para fiscalizar eventuales conflictos de interés.

Fernanda Otero

El fenómeno no es nuevo. Al debutar el gobierno de Sebastián Piñera, la periodista Fernanda Otero, quien es fundadora de la Agencia B2O, se transformó en una de las asesoras de mayor confianza del ex mandatario. Fernanda Otero dividió su tiempo entre un contrato a honorarios con la Presidencia por $2.315.555, y sus labores en B2O. Esto generó un bochorno público cuando Piñera llegó a inaugurar una central de Pacific Hydro y se encontró con que su asesora estaba ahí en representación de la empresa eléctrica.

La puerta giratoria se movió en sentido inverso cuando el ex jefe de la Secom y uno de los funcionarios de mayor influencia del gobierno de Michelle Bachelet, Juan Carvajal, fue reclutado por Enrique Correa como consultor asociado del área de Asuntos Públicos de Imaginacción, donde se focalizan mayormente las actividades de lobby de la empresa.

Enrique Correa empleó a varios ex funcionarios de la Concertación que quedaron fuera de los círculos de poder tras el cambio de gobierno de 2010. Además de Carvajal, Imaginacción enroló al dirigente Moisés Valenzuela (DC), quien acaba de suceder a Carlos Correa Bau como gerente de Asuntos Públicos de la empresa. También fichó a Jorge Insunza (PPD) como gerente de Comunicación Estratégica en 2011, un año y medio después de que éste perdió su reelección como diputado en el Distrito 28. Ahora Insunza ha vuelto a ocupar un escaño de la Cámara Baja, esta vez por el Distrito 9.

Tanto en el caso de Insunza como en el de Carlos Correa Bau, resultará imposible saber si impulsarán políticas públicas o normas que favorezcan a sus antiguos clientes, pues la nómina de las empresas y grupos de interés representados por Imaginacción se mantiene bajo estricta reserva. Salvo que Insulza o Correa Bau transparenten esos vínculos de forma voluntaria, no habría posibilidad de detectar eventuales conflictos de interés.

EL DOBLE ROL DE ENRIQUE CORREA

Al asumir en la Secretaría de Comunicaciones de La Moneda, Carlos Correa está siguiendo el camino inverso de su padre. Enrique Correa Ríos ingresó muy joven a la política. Aún era un adolescente cuando comenzó a militar en la Juventud Demócrata Cristiana en los tiempos de la mítica Patria Joven. Luego viró a la izquierda para participar en la  fundación del Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU) y tras volver del exilio, se integró al Partido Socialista. A su regreso se transformó en uno de los artífices de la transición a la democracia y de la candidatura presidencial de Patricio Aylwin, lo que lo llevó a asumir la Secretaría General de Gobierno durante el primer gobierno de la Concertación. Además de vocero, Correa se transformó –junto a Edgardo Boeninger- en un actor clave en las relaciones cívico militares e impulsor del modelo de la “democracia de los acuerdos”, fórmula que condicionó las metas de la Concertación al entendimiento previo con la derecha.

En 1994 Correa Ríos dejó el gobierno convertido en un consejero imprescindible para los líderes de la Concertación, papel que cumple hasta hoy. En paralelo, en 1996 entró de lleno al mundo privado al fundar Correa y Correa Consultores, empresa que luego sería rebautizada como Imaginacción (vea el resumen de sus empresas de asesorías y consultorías). Su doble rol de asesor político con acceso privilegiado a La Moneda y de influyente consultor privado lo convirtió en el lobista más influyente del país, pero al mismo tiempo se transformó en uno de sus flancos débiles.

Enrique Correa

En el acápite de los objetivos que registra su sociedad Imaginacción Asuntos Públicos Correa & Correa Consultores Limitada, se lee: “Representación por cuenta propia o ajena de todo tipo de personas o empresa, nacionales o extranjeras; análisis y desarrollo de propuestas de políticas públicas en sectores económicos específicos; elaboración de propuestas para sector privado empresarial e industrial en su vínculo con el regulador; desarrollo y manejo de alternativas de solución a controversias; asesorías en autorregulación de sectores industriales y empresariales; evaluación de impacto y viabilidad de proyectos empresariales frente al regulador; exposición de propuestas técnicas ante el legislador por encargo de sus mandantes; elaboración y propuesta de soluciones a conflictos y situaciones de carácter público y privado”.

Aunque Enrique Correa fue el primero en reconocer públicamente que hacía lobby y siempre lo defendió como una actividad lícita, promoviendo desde el comienzo que se legislara para regular y transparentar los contactos con la autoridad, eso no aminoró las críticas que recibió por su doble rol de asesor político y de proyectos privados que buscaban influir en las decisiones del gobierno y el Congreso.

En 2004 se rumoreó que su empresa representaría al Consejo Minero para oponerse al royalty, lo que iba en contra de la postura del PS. Enrique Correa terminó renunciando al partido. No fue el único cuestionamiento que enfrentó en esos días: Correa asesoraba la precampaña presidencial de la ex ministra Soledad Alvear (DC), aunque el PS ya había levantado como candidata a Michelle Bachelet. Esas heridas, en todo caso, ya sanaron. En esta última campaña, Enrique Correa fue mencionado como una de los consejeros más cercanos a la candidata de la Nueva Mayoría.

CARLOS CORREA: CUBA, CAMIROAGA Y BACHELET

En los últimos años, Carlos Correa Bau ha asumido un rol más público en Imaginacción. Ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile, con un MBA en la Universidad de Tulane (Estados Unidos), se movió entre lo público y lo privado antes de ingresar a la empresa de su padre. De acuerdo al currículo publicado en la red Linkedin, tras un breve paso por Banestado, trabajó en la Superintendencia de Servicios Sanitarios (durante el gobierno de Ricardo Lagos) y luego saltó a la contraparte, como gerente de Estudios de la Asociación Nacional de Empresas Sanitarias, donde se desempeñó durante dos años.

En 2006 volvió al sector público, esta vez como jefe de la división de Administración y Finanzas de la Subsecretaría de Transportes. Desde marzo de 2008 figura como gerente de Asuntos Públicos de Imaginacción, aunque dos personas que fueron parte de la consultora recuerdan que en algún momento se retiró para iniciar un negocio propio y luego volvió.

Una de las cosas que marcó a Carlos Correa fueron los años que pasó en Cuba, donde creció durante el exilio de su madre (Catalina Bau, ex directora de Conaf). El vínculo con su padre se estrechó al volver a Chile, pues Enrique Correa vivió su exilio en Europa. En su círculo lo definen como trabajólico, obsesivo y pragmático. En la empresa la relación entre padre e hijo se mueve en un plano estrictamente profesional e, incluso, se le exige más que al resto. De hecho, debió pasar por todas las etapas dentro de la agencia, desde consultor hasta llegar a la gerencia.

La principal fortaleza de Correa Bau -añade alguien que trabajó con él- es la implementación de un modelo de negociación que consiste en mapear los objetivos de la empresa y diseñar estrategias para conseguirlos. Tiene la capacidad de detectar muy rápido la visión de la contraparte y negociar en busca de un punto de encuentro.

Carlos Correa Bau

Uno de los encargos más relevantes que debió asumir fue la cuenta de TVN. El director ejecutivo del canal, Mauro Valdés, necesitaba apoyo especializado para enfrentar la crisis generada por el accidente del avión de la FACh en que murieron Felipe Camiroaga y otros funcionarios del canal, en septiembre de 2011. Por la importancia del encargo, ésta había sido asignada originalmente a un subgerente de Imaginacción, pero muy luego fue el propio Correa Bau quien asumió la tarea, secundado por el ahora diputado Jorge Insunza. Según alguien que conoce a Correa, TVN significó un salto cualitativo en su carrera, pues lo sacó del mundo de las empresas para abocarse de lleno en el de las comunicaciones y el poder político.

Correa Bau aumentó su presencia pública durante la larguísima tramitación de la Ley de Lobby que buscó llenar el vacío de una regulación para esta actividad. A fines de 2008, concurrió a la Comisión de Gobierno del Senado, en representación de la empresa de su padre, cuando se discutía ese proyecto. En esa ocasión, las distintas agencias que reconocen que se dedican al lobby –Imaginacción, Burson Marsteller, ICC Crisis y Hill & Knowlton Captiva– se presentaron en bloque y pidieron que la ley considerara como lobistas no solo a las empresas que hacen este trabajo de manera remunerada, sino también a las asociaciones gremiales y sindicatos, entre otros grupos corporativos que presionan por sus intereses ante las autoridades.

En la última fase de la tramitación de la Ley de Lobby, Correa Bau fue invitado el 18 de junio pasado al programa El Informante de TVN. Ahí explicó que la labor de Imaginacción es representar los intereses de empresas ante las autoridades, una tarea en la que reconoció que han tenido clientes de todos los sectores económicos, incluyendo muchos extranjeros.

“Nos contratan para ayudarlos, para hacer representar sus intereses ante las autoridades de manera legítima. Tenemos un código de ética publicado en nuestra web que lo ponemos en los contratos (…), cuando nos juntamos con una autoridad lo primero que decimos es: señor, vengo en representación de X y por tal tema. Eso en Chile poca gente lo hace y en otras legislaciones es obligatorio”, dijo entonces.

En el mismo programa reconoció que Imaginacción mantiene bajo reserva los nombres de sus clientes. La razón, aseguró, es que los clientes piden firmar acuerdos de confidencialidad. También argumentó que algunos clientes podrían considerar que Imaginacción se aprovecha de sus nombres para hacer publicidad. Sólo si la ley así lo exigiera, dijo, estarían de acuerdo con dar a conocer la nómina de las empresas que asesoran: “En nuestra opinión, es suficiente informar a la autoridad a la que voy a ver para hacer lobby”.

Ahora que asume un importante cargo en el nuevo gobierno de Michelle Bachelet, el secretismo sobre los clientes de Imaginacción cobra un nuevo cariz. La Secom es la encargada de difundir las políticas del gobierno. Si hasta ahora Correa Bau trabajaba en una empresa que hacía justo lo contrario, promover intereses privados ante las autoridades bajo reserva, resulta importante que la opinión pública sepa hoy si puede haber un choque de intereses. ¿Hacía lobby Correa Bau para alguna AFP que bregó por que el Estado no ingresara a ese rubro? ¿O por alguna de las organizaciones gremiales que se oponen a la reforma tributaria? La pregunta corre también para su nueva compañera en la Secom, Bárbara Rochefort, quien representó los intereses de HidroAysén, proyecto que Bachelet ha rechazado.

En el caso de Imaginacción, la lista no oficial de sus clientes, de acuerdo a diversas fuentes, incluye a Lota Protein, Puerto de Antofagasta, Crystal Lagoons, Colbún y Córpora Tres Montes. Según un estudio académico preparado por el periodista Mario Álvarez para la Universidad de Chile, también habría representado a Cruz Verde, Clínicas de Chile, SMU, CorpGroup, ADT, SQM, Claro, Universidad Santo Tomás y la Asociación Chilena de Seguridad.

Imaginacción también fue contratada para diseñar la estrategia comunicacional frente a las acusaciones y el juicio por el rol de la ex Presidenta en el terremoto de 2010. Carlos Correa estuvo a cargo de esa cuenta, lo que afianzó sus lazos con el bacheletismo y lo llevó luego a trabajar directamente en el comando de campaña presidencial. Esta renovada cercanía pudo influir en su nombramiento en la Secom.

El nombramiento de Correa Bau en la Secretaría de Comunicaciones del gobierno, no pasó inadvertido para los dueños de las agencias de lobby. Uno de ellos afirmó a CIPER: “La llegada de Carlos Correa al corazón de La Moneda es una mala señal para la transparencia e implicará más trabajo para todos. Porque lo que hace Enrique Correa es tratar de mostrar poder instalando a su hijo en Palacio”.

CIPER intentó ubicar a Carlos Correa en sus oficinas de Imaginacción, donde se informó que no tenían contacto con él desde el 4 de marzo pasado, cuando dejó la empresa. También se le enviaron mensajes con personas del nuevo equipo de la Secom, pero no hubo respuesta.

EL DIPUTADO DE LA COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

La vida del diputado PPD Jorge Insunza Gregorio de las Heras (47) ha estado marcada por cuatro hombres: su padre y dirigente histórico del PC, Jorge Insunza Becker; el ex ministro de la dictadura, Francisco Javier Cuadra; el ex ministro de la UP, ex senador PPD y funcionario del gobierno de Piñera, Fernando Flores, y el ex ministro vocero del primer gobierno de la Concertación, Enrique Correa. De su padre heredó, asegura, la pasión por la política, y de los otros tres recibió parte de su formación profesional como consultor.

Jorge Insunza

Enrique Correa lo reclutó en 2011. No fue la primera vez que Insunza se involucraba en consultorías estratégicas. Su debut fue con Francisco Javier Cuadra, cuando en 1992 ingresó a Civitas, la empresa del ex ministro de Pinochet que entonces asesoraba a importantes grupos económicos durante la transición y a quien conoció mientras estudiaba Derecho en la Universidad Diego Portales. Fue su alumno y ayudante en el curso Temas Fundamentales de la Política.  En un comienzo, cuando se enteró quién sería su profesor, quiso retirarse del ramo, pues temió que podría ser reprobado, pero finalmente Insunza dice que tuvo “una experiencia de mucho aprendizaje” con Cuadra, entre 1992 y 1996 (vea la web personal de Insunza).

A partir de 1996 y junto al sociólogo y doctor en filosofía Max Colodro, creó su propia empresa: Sistema Consultores, orientada a otorgar asesorías a gobiernos, parlamentarios y empresas, a través de análisis de escenarios políticos, tendencias de opinión pública y élites, manejo de crisis y sistemas de inteligencia de mercados.

Codelco fue uno de sus clientes importantes en 1997, cuando recién comenzaba con su empresa de asesorías comunicacionales. Posteriormente, volvió a ser su cliente entre 2002 y 2004. En 1997 recibió de la cuprífera $ 25 mil dólares por sus servicios, y entre diciembre de 2002 y junio de 2004, $ 55 mil dólares.

Su relación con Codelco le significó a Insunza un duro cuestionamiento público. Al momento de ser designado presidente de una comisión investigadora de la Cámara de Diputados sobre el alza de costos de Codelco (ver informe), el diputado no informó del vínculo laboral que había tenido con la cuprífera estatal. Lo peor vino después, porque la comisión investigadora pidió a Codelco información de las asesorías y servicios profesionales prestados entre 2003 y 2007, y según diputados de la UDI, Insunza se opuso.

Luego, el diputado PPD debió hacer un mea culpa por no haber transparentado sus vínculos laborales con Codelco, materializados en informes diarios y mensuales para la División de Comunicaciones de la cuprífera estatal. Y se puso a disposición de la Comisión de Ética de la Cámara, que presidía el también PPD Enrique Accorsi. Entre sus descargos, Insunza citó la Ley Orgánica Constitucional del Congreso al señalar que las inhabilidades parlamentarias sólo se refieren a los proyectos de ley y no a las facultades fiscalizadoras. Un vacío legal que hasta ahora continúa.

“Me siento orgulloso de haber asesorado a Codelco. Asumí que era un hecho público y conocido que, antes de ser parlamentario, realizaba consultorías, tenía mi propia empresa y que entre ellas asesoraba a Codelco. Asumo que cometí un error al no explicitar ese punto y la verdad es que no se me pasó por la cabeza”, declaró a La Tercera.

Desde 1983 y hasta la fecha, el diputado PPD se ha movido sin problemas a través de una puerta giratoria que lo sitúa alternadamente entre las asesorías estratégicas vinculadas al lobby y en la política partidista. Comenzó ese largo camino en 1983 en las Juventudes Comunistas, cuando estudiaba en el Liceo Manuel de Salas. Siete años más tarde, en 1990, abandonó esas filas en medio de la deserción masiva de militantes marcada por la crisis del socialismo real y se matriculó en el PS. Sin embargo, esta colectividad tampoco le acomodó y finalmente optó por el PPD, tienda en la que logró hacerse un nombre: fue uno de sus vicepresidentes y asesoró a su entonces presidente Sergio Bitar y también al ex senador Fernando Flores, cuando aún militaba en ese partido.

Acaba de terminar Derecho en la Universidad Bolivariana y hoy pertenece al sector tercerista del PPD, que lidera René Jofré. En las elecciones de 2013, Insunza tuvo un rol gravitante en su partido al estructurar y negociar, junto a Alejandro Bahamondes y Gonzalo Navarrete, la plantilla parlamentaria.

Insunza participó en la definición de los candidatos del PPD cuando aún era empleado de una agencia dedicada al lobby. Uno de los objetivos de Imaginacción es estrechar lazos con diputados y senadores e influir en sus decisiones para beneficio de actores privados, por lo que la actuación de Insunza pudo configurar un conflicto de interés que pasó inadvertido y que revela otro vacío legal en la relación del lobby con la política. La plantilla del PPD fue cerrada el 17 de julio de 2013. Insunza reconoce que trabajó para Imaginacción hasta fines de ese mismo mes. Y dejó la empresa de Enrique Correa porque a última hora asumió como candidato en el Distrito 9, en reemplazo del cuestionado ex ministro Víctor Manuel Rebolledo.

Consultado por CIPER, Insunza desestimó un eventual conflicto de interés por su labor en Imaginacción y, en paralelo, haber negociado la plantilla parlamentaria del PPD:

-Toda negociación tiene un proceso bien complejo que tiene que ver con los candidatos disponibles, con las posibilidades que tiene cada cual, con lo que dicen las encuestas, con las probabilidades de ser electo. Es una evaluación electoral de liderazgos, de potencialidades versus la de los demás partidos. Al final, es un proceso bien institucional en el que el equipo negociador expone una mirada y una habilidad negociadora. Incluso, nuestra interlocución con los parlamentarios es mínima. La plantilla no es una negociación personal, sino colectiva. -dijo Insunza a CIPER (vea el recuadro con la entrevista al diputado).

Junto al candidato Luis Lemus (PS), Insunza consolidó un cómodo doblaje en la votación (obtuvieron en conjunto más del 72%) y pavimentó su regresó a la Cámara tras cuatro años de ostracismo por su derrota de 2008, cuando fue desplazado por el dirigente comunista Guillermo Teillier. En este nuevo periodo participará en las comisiones de Energía, Recursos Hídricos, Defensa y Constitución, Legislación y Justicia. El traje de diputado ahora le permitirá legislar en áreas donde algunos de sus ex clientes pudieran eventualmente tener intereses. Así lo advirtió el abogado Renato Garín, especializado en las normas chilenas sobre lobby y financiamiento de la política, en su artículo Dinero y Poder: la microfísica del modelo chileno:

“Un caso interesante es pensar qué ocurre cuando un sujeto activo de lobby, un lobbista, participa a la vez de un partido político e incluso es candidato a un cargo de representación popular. Podemos mejorar nuestro caso e imaginar que este sujeto trabaja para una empresa dedicada al lobby que no revela su lista de clientes, pues mantiene cláusulas de confidencialidad con sus representados. Este caso existe y ocurre actualmente en Chile: el señor Jorge Insunza, militante del PPD, es gerente en la empresa Imaginacción Consultores y candidato a diputado el próximo 17 de noviembre. Su empresa, propiedad de Enrique Correa, no revela su lista de clientes por lo que no sabemos a quién representa”.

Diputado Jorge Insunza:

“No tengo conflicto de interés con los clientes de Imaginacción”
Horas antes de volver a ocupar un escaño de la Cámara Baja, Jorge Insunza Gregorio de las Heras (PPD) dijo a CIPER que al retomar su rol de diputado podrá escuchar y recibir a los clientes de Enrique Correa e, incluso, tener en consideración sus opiniones, pero que siempre votará en conciencia y en función de los intereses que defiende como parlamentario.

-Usted llega a la Cámara de Diputados después de haber tenido una cartera de clientes en Imaginacción y es probable que su ex empresa llegue al Congreso nuevamente para representar esos intereses. ¿Qué hará en aquellos casos donde se le presentarán temas que afectan los intereses de esas empresas? ¿No se le plantea ahí un conflicto de interés?
Conflicto de interés no tengo ninguno en estricto sentido, porque no tengo interés en ninguna de esas empresas. Lo que sí tengo es el conocimiento y, en algunos casos, algún vínculo humano. Porque en estas relaciones de trabajo se van creando lazos de confianza y amistad. Pero para mí ese es un terreno que está súper claro: podré escucharlos, recibirlos, poner en consideraciones algunas de sus opiniones, pero primero voy a votar en conciencia y en función de los intereses que defiendo como parlamentario. Muchos de ellos conocen mi posición de izquierda y mis planteamientos más progresistas, entonces será un diálogo distinto. En estricto sentido lo que yo trabajaba en Imaginacción era la asesoría de comunicación estratégica, apuntando a la construcción de reputación y, por lo tanto, de legitimidad. Valores que debieran ir promoviéndose en la sociedad y que también debieran permear las empresas. Esa es mi experiencia como analista político y en el mundo de las asesorías. Ese mismo enfoque lo he percibido en personajes como Enrique Correa y Eugenio Tironi. Al final, si hemos ido avanzando en ese terreno, es para que las empresas vayan entendiendo que no pueden comportarse del modo oligárquico y conservador de antaño, sino que tienen que ir comprendiendo cuál es la preeminencia de valores más progresistas en la sociedad. Nunca ha habido un espacio de contradicción entre lo que yo pienso y creo, y las asesorías que he hecho.

-Respecto de las inhabilidades que se van a suscitar dentro de la Cámara de Diputados en el próximo período, ¿qué hará cuando analicen un proyecto de ley en el que tenga interés una empresa que es cliente de Imaginacción? Porque como usted sabe, las empresas a las que asesora es tema secreto debido a una cláusula de confidencialidad.
No hay cláusulas de confidencialidad respecto del nombre de la empresa que es cliente de Imaginacción, por lo menos es lo que yo conozco. Ahora, muchas de estas materias, por cierto, no son siempre del dominio público, pero son puntos en los que yo también voy a tener un especial cuidado.

-El ex gerente de Imaginacción, Carlos Correa, dijo en El Informante (TVN) que sí hay cláusula de confidencialidad en esa empresa.
Entiendo que eso ocurre solo en el área de Asuntos Públicos. En Comunicación Estratégica no teníamos esa cláusula, aunque sí había una que es la misma que se utiliza en las oficinas de abogados, pero respecto de los contenidos de las asesorías y no de los clientes.

-¿Me puede indicar entonces algunos de esos clientes que usted tuvo?
Los recuerdo a todos, pero preferiría  tener cuidado y respeto por mi ex trabajo. Darlos a conocer es una decisión de ellos.

¿Cree que Enrique Correa debiera dar a conocer la nómina de sus clientes?
En lo personal no tengo ningún problema de que haya total transparencia. Y me imagino que nadie lo tiene. El criterio que había en Imaginacción era de no hacer propaganda con los clientes. No pavonearse con los clientes. No decir: “vean todos los que están conmigo, porque así usted va a comprender lo importante que es estar con nosotros”.

-¿Sus electores pueden estar seguros de que en su labor va a prevalecer su rol de parlamentario y no de ex lobista de Imaginacción?
Por cierto, yo nunca me he puesto en cuestión esa alternativa. Para mí no hay un punto de contradicción, pues lo que he hecho tanto en el campo del análisis político como en las comunicaciones estratégicas, ha sido promover un conjunto de valores progresistas que son parte de mis convicciones.

-En 2008, siendo usted diputado, fue presidente de la Comisión Investigadora de Codelco y usted mismo entregó su caso a la Comisión de Ética de la Cámara porque, antes de ser diputado, a través de su empresa Sistema Consultores asesoró a Codelco y no informó esa labor de asesoría. Además, en dos ocasiones votó en contra de que se supiera cuáles eran los servicios por los que pagaba Codelco.
No, eso no es así y de hecho una resolución de la Comisión de Ética…

-Que no lo sancionó, pero que sí advierte que los diputados deben ser extremadamente prudentes en el ejercicio de sus facultades y expresar por anticipado los posibles conflictos de interés.
Exactamente, para mí era un hecho público que yo había sido director de Sistema Consultores y que ésta tenía una asesoría en Codelco. En muchas de las conversaciones que teníamos con los parlamentarios yo relaté aquello. Pero no es exacta esa afirmación de que yo me hubiera negado a que las empresas que asesoraban a Codelco se conocieran. Eso no es así.

-El diputado Alejandro García Huidobro (UDI), fue categórico al entregar esa información.
Eso no fue así y debo aclarar que lo que pagó Codelco a Sistema Consultores era menos que la caja chica. Lo que ocurrió es que yo me resistía a entregar información sobre Codelco porque consideraba que sus problemas de costo tenían que ver con cuestiones más estructurales de la empresa y que, obviamente, a mi juicio, ha marcado la agenda de los últimos años, pues la conclusión natural de la comisión fue que se debía ir a un cambio en el gobierno corporativo de Codelco y eso fue lo que se hizo.

-¿No habría sido mejor no haber asumido esa presidencia, pese a su argumento de que la Ley Orgánica del Congreso no establece inhabilidades para las comisiones investigadoras, sino sólo para la discusión de proyectos?
Insisto: una de las labores de las que me siento muy orgulloso en mi periodo anterior fue haber encabezado esa comisión por los resultados que tuvo. Y creo que parte de mi experiencia profesional con Codelco, es que permitió que apuntáramos a una discusión sobre sus problemas más estructurales y no la casuística menor a la que nos querían llevar los diputados de la UDI.

-¿Cuándo terminó de trabajar en Imaginacción?
Terminé mí vínculo con Imaginacción antes de asumir la campaña: el 1de agosto, o sea, terminé de trabajar el 31 de julio y, por lo tanto, hecha esa desvinculación, no hay ningún efecto desde el punto de vista de conflictos de interés o de inhabilidad. Creo que una cosa distinta es que siempre se crean vínculos, pero para mí son referenciales. A ellos los escucharé y los podré seguir escuchando como a cualquier otro, pero las decisiones que adopte en esta materia van a estar obviamente siempre hechas en conciencia y con la convicción de los intereses que yo represento como parlamentario.

-Cuando negoció la plantilla parlamentaria del PPD, ¿no consideró que podría resultar inconveniente ejercer esa facultad tomando en cuenta que la empresa para la que trabajaba, Imaginacción, se vincula con parlamentarios para hacer lobby? ¿No le daba cierta ascendencia sobre quiénes resultaron finalmente candidatos del PPD al Congreso?
La verdad, no lo consideré inconveniente, ni en el partido tampoco. El tema sólo lo conversé en su momento con algunos de sus colegas. Toda negociación tiene un proceso bien complejo que tiene que ver con los candidatos disponibles, con las posibilidades que tiene cada cual, con lo que dicen las encuestas, con las probabilidades de ser electo. Es una evaluación electoral de liderazgos, de potencialidades versus la de los demás partidos. Al final, es un proceso bien institucional en el que el equipo negociador expone una mirada y una habilidad negociadora. Incluso, nuestra interlocución con los parlamentarios es mínima. La plantilla no es una negociación personal, sino colectiva.

-¿Recibió aportes de privados para financiar su campaña a diputado?
Sí, hubo gente que me donó dinero, pero no vinculada a las empresas con las que trabajé.

 

El olvidado sumario que tuvo en vilo a la nueva subsecretaria para las FF.AA.

El 26 de agosto de 2010, el Presidente Sebastián Piñera puso fin a la Central Termoeléctrica Barrancones, un polémico megaproyecto energético que la empresa franco-belga Suez Energy pretendía instalar a apenas 25 kilómetros del Santuario de la Naturaleza Punta de Choros e Isla Damas, donde se encuentra la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, una zona de alto valor de conservación en la región de Coquimbo. La decisión del presidente fue una respuesta directa a un masivo movimiento ciudadano que por medio de marchas multitudinarias en todo el país exigía la paralización del proyecto. En esos convulsionados días, pocos se percataron de que el proyecto aún no contaba con una concesión marítima, una exigencia clave para que pudiera operar, y por el cual la ex subsecretaria de Marina, Carolina Echeverría Moya (PPD), fue objeto de un sumario por supuestas irregularidades en la tramitación de ese permiso.

Carolina Echeverría, a la izquierda de Michelle Bachelet, en la reunión de las Termas de Jahuel

A casi cinco años del fin de ese sumario, en el cual no se le formularon cargos, Carolina Echeverría volverá al Ministerio de Defensa, esta vez estará a la cabeza de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, donde nuevamente le tocará tramitar las solicitudes de concesiones marítimas.

La indagatoria en el Ministerio de Defensa tuvo lugar años antes de que Piñera decidera ponerle una lápida a la construcción de Barrancones, cuando la ciudadanía aún desconocía las dimensiones de este megaproyecto, que contemplaba la construcción y operación de tres unidades de generación térmica, de 180 megavatios brutos cada una -en total de 540 megawatts de producción-, con calderas de carbón pulverizado, un puerto para el suministro de carbón y petróleo diesel; obras de captación de agua de mar; obras de descarga de riles y el depósito de cenizas.

La investigación sumaria contra Echeverría se desarrolló durante el primer semestre de 2008, cuando aún era subsecretaria de Marina, y se centró en las gestiones que llevó adelante Suez Energy para obtener las concesiones marítimas y en el rol que tuvo en ese proceso la empresa Osorio & Echeverría Consultores Asociados Ltda., una sociedad que pertenecía a la subsecretaria y su esposo, Clobis Osorio Olave (ver documento).

En esa época, los conflictos de interés no eran un tema instalado en la agenda pública y muchas autoridades aún no internalizaban el cuidado riguroso que debían tener frente a la delgada línea que dividía sus negocios o los de sus familiares con sus obligaciones como funcionarios públicos.

Fue un mail anónimo que llegó a la misma Subsecretaría de Marina el que originó la indagación interna. Según un reportaje publicado en 2009 por La Tercera bajo el título “Los mails que complican a la subsecretaria de Marina, la subsecretaria estaba en Londres cuando recibió el 28 de mayo de 2008 en su celular el mensaje que decía: “Remite: El Denunciante. Destinatario: subsecretaria de Marina. Asunto: Denuncia de corrupción.

Al regresar a Chile, fue ella misma quien de inmediato pidió que se abriera una investigación interna por la denuncia de un supuesto pago de coimas en la tramitación de las concesiones marítimas. Varios de los antecedentes recabados terminarían apuntando a la misma Echeverría, a su esposo y al entonces jefe de concesiones marítimas del Ministerio de Defensa, comandante (r) Sergio Lira Arias. Meses después, la indagatoria fue cerrada sin formular cargos.

5 CORREOS Y UN ESTUDIO DE SUELOS

Dushanka Ropert fue la abogada del Ministerio de Defensa que se hizo cargo inicialmente del sumario. Entre las diligencias que realizó, pidió copia de todos los correos electrónicos enviados y recibidos por Lira entre 2006 y 2009. Recibió 1.182 correos electrónicos sobre consultas respecto a tramitaciones de concesiones marítimas. Entre ellos había cinco enviados por el esposo de la subsecretaria, Clobis Osorio, entre febrero y mayo de 2007. Allí, Osorio le pedía a Lira antecedentes respecto al estado del proceso iniciado en 2007 por uno de sus clientes: Suez Energy.

Entre los mails remitidos por Osorio y publicados por La Tercera, destacan los siguientes:

“Sergio, me demoré en enviar el mail (…) Como te explicaba por teléfono, lo que necesito es tener los antecedentes de Concesiones, así como cualquier otras actividades de uso de los recursos que implique condicionantes para un punto de toma de agua y disposición de aguas de mar (una vez ocupadas en el proyecto) frente al terreno que se muestra en las láminas adjuntas.
(…) Te agradeceré que la información que puedas recopilar me la envíes en algún medio magnético, así me sirve para estructurar presentaciones del futuro proyecto. (…) Nota: te agradecería que me puedas indicar las leyes o normas que regulan estas actividades para revisarlas y tener mayores antecedentes”.
(Lunes 5 de marzo 2007)

“Comandante, seguimos en la búsqueda de terrenos para el proyecto que tenemos en estudio. Si bien los terrenos en estudio no se han descartado, se está preparando un Plan B, por lo cual me interesa saber si en el sector de Totoralillo existen zonas de manejo o áreas de concesiones marítimas, según plano adjunto”. (Lunes 14 de mayo 2007)

Entre los e-mails revisados por Ropert, había también uno que implicaba directamente a la subsecretaria Echeverría: un mensaje que ella misma le enviaba a Lira remitiéndole una consulta de su marido.

Clobis Osorioi, esposo de la subsecretaria Echeverría

Fue la propia Echeverría quien entregó copia de los emails a La Tercera, medio al cual señaló que esos mensajes eran “para un cambio al plan regulador del proyecto Barrancones. Una inversión de US$ 1.100 millones del cual aún tenemos pendiente la concesión marítima. Mi marido tiene derecho a trabajar y no ha hecho nada donde yo tenga poder de decisión, no vio el permiso marítimo y pidió datos que son públicos”.

En estricto rigor, lo que hacía su marido sí la involucraba. Entre los documentos que Suez Energy debía presentar para que le fueran aprobadas las concesiones marítimas y la declaración de impacto ambiental, se encuentra un estudio de uso de suelo que fue elaborado por Osorio. Por ese trabajo, le fueron cancelados $7.000.000. Pero el estudio de abogados Urrutia y Cía., encargado de los aspectos legales en materia ambiental de Suez Energy, no se los depositó en su cuenta personal. En cambio, le fueron endosados a la empresa Osorio & Echeverría, una sociedad en la que, al momento en que se enviaron los correos y se efectuó el pago por el estudio, Echeverría era socia con el 50% de los derechos.

LA CONSULTORA DEL MATRIMONIO OSORIO-ECHEVERRÍA

La primera sociedad que aparece en el Diario Oficial vinculada con Clobis Osorio es Osorio & Echeverría Consultores Asociados Ltda., creada por él y su esposa Carolina Echeverría en marzo de 1997 con un capital de $2.000.000 que ambos constituyeron en partes iguales. Según los registros del Servicio de Impuestos Internos (SII), un mes después de su creación inició actividades comerciales, dedicándose al asesoramiento empresarial y en materias de gestión.

A través de esa empresa, Osorio se ha dedicado a desarrollar estudios de uso de suelo y consultorías a distintas empresas y proyectos para la gestión de sus declaraciones de impacto ambiental. En 2001, por ejemplo, preparó la declaración de un proyecto de la empresa Naviera Antártica Ltda. Entre 2003 y 2004 participó en la modificación del Plan Regulador Comunal de Melipilla. En 2005 realizó un estudio de inundación en el Centro Deportivo del colegio Santiago College. En 2007, desarrolló un estudio de inundaciones en el Fundo Panul y una estimación de emisiones atmosféricas para el proyecto inmobiliario del mismo nombre. Y ese mismo año llevó a cabo el estudio de uso de suelo para la Central Termoeléctrica Barrancones, por el cual recibió los $7.000.000.

Para entonces, Suez Energy se encontraba en pleno proceso para obtener la aprobación de su megaproyecto energético en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y ya había presentado ante la Subsecretaría de Marina las solicitudes para obtener la concesión marítima que requería para poner en marcha sus operaciones. Quien tenía que visar esa última autorización, clave para el desarrollo exitoso del proyecto, era precisamente la subsecretaria Carolina Echeverría, socia de Osorio en la empresa que realizó el estudio de uso de suelos.

Echeverría figuró como socia de la empresa que tenía junto a su esposo hasta el 24 de noviembre de 2008, cuando la investigación sumaria estaba en curso en la Subsecretaría de Marina y más de un año después del envío de los correos electrónicos a Lira. La subsecretaria de Marina se retiró de la sociedad al cederle toda su participación a la ecóloga paisajista Paula Valdés Chandía, quedando esta última y Osorio como únicos socios. En marzo de 2009, Osorio adquirió el control de la empresa al comprarle a Valdés en $900.000 el 49% de los derechos, quedando él con el 99% de la propiedad. Al mismo tiempo, le cambiaron el nombre a la sociedad: Ingenieros Integrales Ltda. La sociedad seguiría sin modificaciones hasta agosto de 2010, cuando Valdés se retiró y le cedió su 1% a Mario Gonzalo Muñoz Olave.

INVESTIGADORA INHABILITADA

Carolina Echeverría ha contado siempre con sólidas redes políticas. Al comienzo de su historia en el PPD, se vinculó al ex presidente del partido y ex ministro Sergio Bitar. Luego de dejar la subsecretaría, asumió como directora ejecutiva de la Fundación Por la Democracia, una entidad de derecho privado sin fines de lucro creada por el partido del mismo nombre, donde permaneció hasta 2013. Y también mantiene una relación estrecha con su correligionario y recién designado ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, quien la habría apoyado durante el proceso de la investigación sumaria, cuando él se desempeñaba como jefe de gabinete de la ex presidenta Michelle Bachelet.

La investigación sumaria que la propia Echeverría instruyó tras la denuncia anónima por corrupción, se volvió sorpresivamente en su contra. La abogada Dushanka Ropert estimó que los antecedentes recopilados por la involucraban directamente en irregularidades, tanto por los mails como por sus vínculos comerciales con la empresa a la que debía concederle o rechazarle la solicitud de concesiones marítimas. En definitiva, Ropert estaba investigando por vulneración de secreto de funcionario público (artículo Nº246 del Código Penal) a su superior directa.

Las movilizaciones ciudadanas hicieron que el Presidente Piñera pusiera fin a la termoeléctrica Barrancones

El 10 de septiembre de 2008, la abogada Ropert se presentó ante el entonces ministro de Defensa, José Goñi, y se inhabilitó. Según publicó La Tercera, Ropert le entregó a Goñi una resolución de tres páginas donde señalaba que había detectado “diversas anomalías en la tramitación de algunos expedientes” y que no había podido “cumplir su obligación de investigar y determinar la responsabilidad administrativa” que podía recaer en sus superiores. Además, escribió que tuvo “limitaciones” en su investigación.

De acuerdo a ex funcionarios del ministerio de Defensa, en el sumario Echeverría nunca entendió por qué la estaban investigando y solía repetir que ella no había robado nada.

En reemplazo de Ropert, Goñi le pidió al entonces subsecretario del Interior, Felipe Harboe (también PPD), que le recomendara a una persona externa al ministerio para que continuara con el sumario. Así fue que, a partir del 24 de noviembre de 2008, Patricia Muñoz, una abogada con 33 años de carrera en el Ministerio del Interior, se hizo cargo de la investigación. Cinco meses después, la fiscal Muñoz cerró la causa sin formular cargos a Echeverría ni a ningún otro funcionario de la Subsecretaría de Marina. Los antecedentes sobre el comandante (r) Sergio Lira, los remitió a la Armada.

Según consigna la prensa de la época, el ex jefe de delitos económicos de la Fiscalía Centro Norte, Iván Millán, solicitó a la Subsecretaría de Marina todos los antecedentes sobre el sumario. Consultado por CIPER, Millán señala que recuerda haber recibido información respecto a irregularidades en la entrega de concesiones marítimas, pero no está seguro si la investigación apuntaba o no a Echeverría. Tampoco recuerda en qué estado quedó la indagatoria cuando dejó la fiscalía en abril de 2010. En el Ministerio Público señalaron a CIPER que no existen registros sobre esa investigación.

QUÉ OCURRIÓ CON LAS CONCESIONES

El 21 de octubre de 2009, cuando Carolina Echeverría aún era subsecretaria de Marina y sólo unos meses después de que La Tercera publicara el reportaje sobre los mails, la subsecretaría denegó las dos solicitudes de concesiones marítimas presentadas en agosto de 2007 por la empresa Suez Energy para su proyecto Central Termoeléctrica Barrancones.

En la resolución, Echeverría afirmaba que no contaba con los antecedentes suficientes que dieran una seguridad legal y administrativa para resolver favorablemente la solicitud. Sin esa autorización, y aún cuando el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto fuera aprobado, Suez Energy no podría concluir la termoeléctrica, ya que requería de la aprobación para todas las operaciones relacionadas con la llegada y descarga del carbón.

El 9 de enero de 2010, el otorgamiento de las concesiones nuevamente fue rechazado. Luego de eso, la empresa presentó un recurso de invalidación que fue acogido por las nuevas autoridades en la administración Piñera y junto con acogerlo, pidieron el pronunciamiento de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) de la IV región. Para septiembre de 2010, aun después de que Piñera había acordado con la empresa la paralización y reubicación del proyecto, la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas aún estaba a la espera de que la CRUBC contestara, por lo tanto, seguía en curso la solicitud.

Lo extraño es que en el Ministerio de Defensa aseguran que en los últimos meses del gobierno de Bachelet la concesión fue aprobada por el entonces ministro de Defensa, Francisco Vidal, y por la subsecretaria Carolina Echeverría, y que al inicio del gobierno de Piñera se retiró de la Contraloría antes de la toma de razón. Esta información es negada categóricamente por el ex ministro Vidal. “Carolina Echeverría actuó como una muralla frente a las presiones recibidas por el ex ministro de Energía, Marcelo Tokman, y por el jefe de gabinete del ministro Pérez Yoma, Carlos Mladinic, quienes hicieron un intenso lobby para que esas concesiones marítimas se aprobaran. Pero la subsecretaria resistió estoicamente”, dijo a CIPER.

Una versión similar entregó Carolina Echeverría al término del encuentro de ministros y subsecretarios de Bachelet que se realizó este viernes 31 en las Termas de Jahuel. Aseguró que el decreto firmado por Vidal y que lleva su visto bueno rechazó la entrega de las concesiones marítimas a Suez Energy. “En ese tiempo, yo no alcancé a dimensionar el poder que tenía la empresa. Ellos presentaron un recurso de reposición en la Contraloría y así esperaron que llegara el gobierno de Piñera para que esa administración se lo otorgara. Pero nosotros nunca le entregamos la concesión marítima”, indicó a CIPER.

Caja 18 de Septiembre sufre duro golpe luego de ser intervenida

Más de un cuarto de siglo estuvo Pedro Lizana Greve a la cabeza del directorio de la Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 de Septiembre. Su gestión terminó abruptamente el 31 de diciembre pasado, cuando la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) lo removió de su cargo, junto a otros tres directores, y decretó la intervención de la caja de compensación. De acuerdo a la resolución de la superintendenta, María José Zaldívar, los directores no cumplían los requisitos para ocupar ese puesto, por lo que se pasaron a llevar en forma “grave” y “reiterada” tanto la ley como los estatutos de la institución.

La decisión de Zaldívar tuvo lugar sólo tres semanas después de la presentación de una demanda laboral del ex gerente de la Caja 18 de Septiembre, Nelson Bravo Correa. Podría haber sido una más de las miles de demandas que llegan a tribunales si no hubiese estado cargada de graves imputaciones contra Pedro Lizana, a quien entre otras cosas acusa de imponer contratos millonarios como presidente del directorio con empresas relacionadas con él.

Cuatro miembros del directorio de la Caja 18 fueron removidos de sus cargos

Lizana, quien fuera presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA), está siendo investigado ahora tanto por la denuncia en tribunales como por la superintendencia que dirige una de las hijas del fallecido ex embajador en Argentina y ex presidente de la Democracia Cristiana, Adolfo Zaldívar. Lizana deberá responder por sus decisiones como director de la Caja 18 de Septiembre, donde asumió el 1 de agosto de 1987 (ver decreto del Diario Oficial).  La institución tiene un patrimonio de más de $61 mil millones y las empresas afiliadas superan las 15 mil.

La intervención de la Caja 18 se inició el 31 de diciembre de 2013 y se prolongó hasta el 15 de enero, cuando su interventor, el abogado de la Superintendencia de Seguridad Social, Humberto Ruiz Soto, designó nuevas autoridades, dejando atrás los más de 25 años de la “era Lizana”.

Rodrigo Vidal Sánchez, representante legal del Hogar de Cristo; Juan Cristóbal Phillipi Irarrázabal, de la Corporación de Capacitación y Empleo de la Sociedad de Fomento Fabril; y José Llugani Rigo-Righy, de Empresas Carozzi  S.A., son los nuevos directores que la superintendencia logró fichar para superar esta crisis. Este viernes tendrán su primera reunión de directorio para echar a andar esta nueva fase de la caja de compensación.

El ex presidente de la Sofofa debió cesar como presidente del directorio de Caja 18 porque aunque estaba ahí en nombre de la Universidad Iberoamericana de Ciencias y Tecnología, no cumplía con el requisito de ser su representante legal. Otros tres directores enfrentaron la misma suerte: Amador Auad Herezi, representante de Confecciones Butka Limitada y Mario García Viñuela, de Hilados y Tejidos Garib S.A.  Osvaldo Lagos Castillo, representante de Ingeniería y Construcción Urbina y Asociados Limitada, no cumplía con la obligación de que la empresa tuviera al menos 100 trabajadores.

Fue la propia Caja 18, a través del gerente general subrogante, Claudio Castro, la que reconoció estas irregularidades en una carta con fecha 30 de diciembre de 2013 dirigida a la superintendenta María José Zaldívar (ver texto). Al día siguiente, la caja estaba intervenida.

Lizana resta importancia a haber tenido que salir de la caja por el dictamen de la superintendenta. “Se trata de una cuestión absolutamente burocrática”, aunque admite que es “un golpe emocional, porque no puede ser que la superintendencia sobrereaccione por infundios”.

El despido que Lizana cursó al ex gerente general, Nelson Bravo, por no cumplir ciertas metas en la caja, con fecha 5 de diciembre de 2013, desencadenó la intervención que hasta ahora no había sido conocida por la opinión pública.

Nelson Bravo y Pedro Lizana, enfrentados en la justicia

En todo caso no es la primera vez que sus procesos internos, como entrega de créditos, son cuestionados. En 2010, la propia caja contrató a PricewatershouseCoopers, a raíz de un crédito otorgado a Mauricio Israel en febrero de 2008 por más de $32 millones a 60 meses y que no fue pagado, luego de que el ex comentarista deportivo huyera del país tras la debacle de su bicicleta financiera. Según lo señala el ex gerente general, Nelson Bravo, en la demanda contra la caja, luego de esa auditoría se determinó que no se cumplían las normas internas mínimas de control crediticio, de riesgo y de buenas prácticas, constituyendo una acción irresponsable con el patrimonio de la caja y perjudicial para sus afiliados. Se le pidió la renuncia al entonces gerente de operaciones, Patricio Ossandón.

REPRESENTANTE EN CHILE DE META 4

Una de las situaciones más delicadas que enfrenta Lizana dice relación con Meta 4, Se trata de una empresa de softwares de recursos humanos, donde Lizana oficia como representante en Chile. En la página web de la multinacional se señala que cuenta con “más de 1.300 clientes que utilizan las soluciones de Meta 4 para gestionar a más de 18 millones de personas en más de 100 países repartidos por todo el mundo”. Y precisamente uno de esos clientes es la Caja 18 de Septiembre, cuyo contrato anual asciende a las 1.500 Unidades de Fomento, alrededor de $ 35 millones.

De acuerdo a la demanda presentada por el ex gerente general de Caja 18 de Septiembre, “no existió proceso de licitación alguno subscribiéndose el contrato con la premura y presión directa del presidente, Pedro Lizana, pero sin que exista constancia de un acuerdo del directorio en que se haya aprobado la operación”.

Nelson Bravo asegura que en la Caja 18 de Septiembre se encuentra instaurada desde el año 2010, como práctica obligatoria, la licitación de todos los servicios con al menos tres oferentes, pero en este caso no habría sucedido, por presión de Lizana.

-Esa es la mentira más grande. El contrato con Meta 4 se hizo con el gerente anterior a Nelson Bravo y existe constancia en las actas del directorio de que yo me abstuve de opinar y de votar por ser su representante. Eso debe haber sido en 2005-, aseguró Pedro Lizana a CIPER.

¿Usted tiene comisiones de venta en Meta 4? ¿En qué consiste su labor?

Yo no tengo comisiones de venta. Recibo un honorario mensual por firmar cheques y contratos. Y puedo asegurar que el contrato con la caja está firmado por el vicepresidente para América Latina de Meta 4 y no por mí. Después de unos años, hubo un ajuste de contrato, cuando Nelson Bravo se desempeñaba como gerente general, pero yo nuevamente me abstuve.

Lizana no es el único sindicado por el mismo ex gerente general como protagonista de conflictos de interés. También se acusa al ex director Mario García Viñuela de ser socio de Guido Madrid, abogado y dueño de la empresa de cobranza judicial que lleva más carteras de la caja. De acuerdo a la página web del Estudio Jurídico Madrid y Asociados, la Caja 18 de Septiembre destaca en el primer lugar de sus clientes. Y en el staff de abogados se incluye a García Viñuela, quien es relevado como ex consejero de la SOFOFA, especialista en derecho aduanero, empresarial y corporativo, además de director de la Caja de Compensación 18 de Septiembre. Este tema también está siendo investigado por la superintendencia.

CAJA NEGRA Y CONFLICTO DE INTERÉS

Actualmente Lizana es concejal independiente, apoyado por Renovación Nacional, en Providencia y posee vastas redes empresariales y políticas que lo sitúan como un hombre que sabe moverse en el mundo del poder. Fue presidente de la SOFOFA, la cámara de industrias de Chile, durante dos periodos, entre 1993 y1997, y desde ese puesto estrechó lazos con los gobiernos de la Concertación. Ha mantenido un buen trato con la oposición y ha declarado su simpatía por la presidenta electa, Michelle Bachelet. “Es mejor amar a la Presidenta que amar a (Ricardo) Lagos, porque es más simpática y tiene más encanto personal”, decía a fines de 2009.

Como dirigente de la industria, mantuvo su rechazo a iniciativas de orden social, como el seguro de desempleo o la aplicación del Convenio 169 de la OIT, por considerarlos impuestos adicionales que inhiben nuevos proyectos. Ya como concejal, simplemente no votó en el cambio de nombre de la ex avenida 11 de septiembre. “Soy contrario a tomar decisiones que no son útiles”, dijo entonces.

El 13 de mayo de 2009, cuando la municipalidad de Providencia debió resolver la contratación de un soporte de gestión de recursos humanos, Lizana en su calidad de concejal planteó que, debido a su rol en Meta 4, se abstendría de votar. La contratación directa de “Airth Software” finalmente fue aprobada por un monto mensual de $1.600.000, exento de impuesto y en un plazo de 4 años renovable (ver acta municipal).

Saber si tuvo la misma actitud en la Caja 18 de Septiembre concentra gran preocupación en la investigación que lleva adelante la Superintendencia de Seguridad Social (ver entrevista a María José Zaldívar) por el supuesto conflicto de interés que enfrentaría Lizana, quien se arriesga a multas de hasta 15 mil UF ($350 millones), de detectarse irregularidades.

La superintendenta exhorta a que los gobiernos corporativos de las cajas estén a la altura de los tiempos para así terminar con la creencia de que son una verdadera caja negra, usada para negociados de algunos directores. “El tema de la regulación de los conflictos de interés es relevante cuando un director se debe pronunciar respecto de un eventual contrato en el que pueda tener cierto interés. Lo que corresponde es que ese director se abstenga de la discusión, no vote y la decisión se tome entre los otros directores. Debe quedar claramente establecido que la contratación sea acorde a precio de mercado, y no a un precio más elevado”, advierte María José Zaldívar.

Qué ocurrirá con el futuro de la Caja 18 a corto plazo, es una pregunta que el mercado ha comenzado a hacerse después de la intervención. El propio Lizana asegura que lo han llamado varios bancos para consultarle por la situación de la corporación, cuyo número de entidades empleadoras afiliadas asciende a 15.318, que agrupan a 466.317 trabajadores y 146.940 pensionados. Esos números podrían perfectamente comenzar a descender, pronostica el gerente general subrogante de la Caja 18, Claudio Castro, en la carta de respuesta a la superintendenta Zaldívar. Lo peor –advierte– es que vendrán aparejadas consecuencias que generarán “un severo daño a la imagen corporativa; eventuales desafiliaciones; freno de los estándares actuales de captación de clientes y de comercialización de productos”.

Desde el punto de vista financiero, el temor es que se genere incertidumbre en los bancos, entidades desde donde se obtienen los fondos necesarios para generar los ingresos provenientes de los créditos sociales otorgados a sus afiliados. Según el gerente general, al 30 de noviembre de 2012 la Caja 18 de Septiembre debía renovar y negociar M$86.920.000 en 12 entidades bancarias. Y aunque la intervención de la superintendencia fue acotada a solo dos semanas, entre la competencia comenzó a circular la información respecto del proceso que enfrentó la Caja 18, cuyo patrimonio es de M$61.555.491.

Las cajas de compensación de asignación familiar entregan a sus trabajadores afiliados  créditos, que son pagados mensualmente a través de descuentos que el empleador efectúa de sus remuneraciones. El Decreto con Fuerza de Ley Nº 41, del 1 de junio de 1978, liberalizó al mercado de estas corporaciones, permitiendo a trabajadores acceder a créditos.

La dictadura militar puso fin al aporte estatal que tuvieron las cajas desde 1953, logrando subsistir a través de la administración de créditos sociales, lo que en la práctica las ha transformado en verdaderas financieras, destinadas fundamentalmente a los sectores de escasos recursos. Esta revolución de las cajas de compensación se vio incrementada durante los primeros gobiernos de la Concertación al hacerse éstas cargo de las cuentas de ahorro para la vivienda y al ampliar el número de afiliados, incorporando a los pensionados. Esto último fue establecido en la circular 1669, del 26 de agosto de 1998 (ver documento). Lo que fue una buena noticia para el sector pasivo del país, también trajo desventajas económicas que no llegan a los trabajadores activos, pues la afiliación de los pensionados a una caja significa el descuento mensual de una cuota que puede alcanzar hasta el 2% de su pensión.

BATALLA EN TRIBUNALES

Este 22 de enero el conflicto judicial entre Lizana y su ex gerente Nelson Bravo continuará en el Primer Juzgado del Trabajo de Santiago, cuando se realice la audiencia preparatoria. En la respuesta a la demanda de Bravo por vulneración de derechos fundamentales, Lizana señala que la indemnización por daño moral que persigue el gerente general no le corresponde en caso alguno, luego de que fuese rechazada por el directorio de la Caja 18 una propuesta de finiquito. Esta contenía el pago de sus indemnizaciones sustitutivas y por años de servicio sin el límite de 90 UF y el pago de una asesoría que prestaría a la caja por el plazo de seis meses (ver documento). Ambos mantenían una relación de trabajo desde principios de los 90, cuando coincidieron en la Universidad Diego Portales (UDP).

En esa universidad Lizana se desempeñaba como vicepresidente de Asuntos Económicos y al dejar el cargo también enfrentó a la justicia. Tenía un contrato por el sueldo mínimo que entonces era de $105 mil para así poder acceder a un depósito convenido por 6.429 Unidades de Fomento, según consignó La Nación Domingo. Al ser despedido por el ex rector Francisco Javier Cuadra, Lizana acudió a tribunales, pues se le había notificado que le pagarían solo la mitad de ese monto. En 2005, recibió sólo $52 millones, menos de lo que pretendía recibir.

El ex presidente de la Caja 18 cree que podría continuar ligado a esa entidad si le pidieran asesorar al nuevo directorio. “Es que cuando uno tiene curriculum, puede llamar al presidente de la Papelera, al presidente de Carozzi, como yo lo hice muchas veces, para por ejemplo frenar la salida de una empresa de la caja”, afirma Lizana, quien se autodefine como “un lobbista ad honoren, porque no recibo plata por las gestiones que realizo”.

AUTOMÓVIL Y DIETA DEL PRESIDENTE

El automóvil de la caja que ocupaba Pedro Lizana también es parte  de la investigación de la superintendencia. Este no fue sólo empleado para actividades relacionadas con la caja, sino para uso personal, incluso para viajes de turismo fuera de Chile. Lizana no lo desmiente y admite que usó el Audi Q3 (que cuesta unos $30 millones) algunas veces para ir a Mendoza, donde “tenía una novia”.

-Era lo mínimo que el presidente del directorio pudiera usar el vehículo. Por lo demás, la dieta es de $500 mil pesos por reunión de directorio. Y no hay muchas en el mes-, aseguró Lizana. Al buscar en la memoria de 2012 de la caja se observa que el pago recibido ese año fue de $32.638.000 ($2,7 millones en promedio al mes) y en 2011 ascendió a $31.663.000 (ver documento).La dieta aumentó notablemente respecto años anteriores, pues en 2009 recibió $8.074.000 y en 2010 la cifra se triplicó a $26.805.000.

El mal uso de las instalaciones de los centros vacacionales en el hotel del balneario de Maintencillo y el hotel Piemonte en Quilpué, son otras de las acusaciones que enfrenta Lizana. De acuerdo a la denuncia del gerente general, el ex presidente del directorio las emplea sin costo alguno y a su discreción, teniendo acceso a habitaciones exclusivas, sin pagar por el alojamiento, por los consumos diarios y por los invitados que llevaría.

“Son mentiras, solo infundios de Bravo. Claro que he ido como cualquier otro afiliado, pero pago mis gastos”, se defiende Pedro Lizana, quien durante la entrevista con CIPER interrumpió la conversación por un par de minutos para hablar con su ejecutivo bancario y agilizar un vale vista de $20 millones. El dinero lo requería para comprar un 4×4 y así reemplazar al Audi de sus buenos tiempos como presidente de Caja 18.

Superintendenta de Seguridad Social:

María José Zaldívar: “No le tenemos miedo a aplicar sanciones”

En esta entrevista la superintendenta explica cómo detectaron las irregularidades en la Caja de Compensación 18 de Septiembre y por qué se justifica la intervención de la institución. En caso de confirmarse todas las imputaciones, la caja y sus ex directivos arriesgan multas hasta por $350 millones.

¿Cómo surgió la investigación a la Caja 18 de Septiembre?
Surgió como parte de una fiscalización que se aplicó a todas las cajas de compensación. Pedimos los nombres de los directores que, aunque están publicados en las páginas web, no necesariamente decían a quiénes representaban: si eran del estamento empleador o trabajador y a qué empresa representaban. Quisimos hacer un catastro para tener claridad respecto de quién era cada uno.

¿Qué solicitaron en concreto?
Si los directores son representantes laborales, pedíamos un respaldo que acreditara que efectivamente lo eran, a través del pago de cotizaciones previsionales del último año. Y si son representantes empresariales, pedíamos la escritura en la que conste que es el representante legal de esa empresa. Así y luego de una larga interacción nos dimos cuenta de que efectivamente en la Caja 18, cuatro de los miembros del directorio no cumplían con los requisitos. Tres de ellos no eran los representantes legales de la empresa que decían ser. No lo pudieron acreditar, no nos pudieron entregar ninguna escritura y con la información de contraste que teníamos, identificamos que figuraban otras personas como representantes legales de esas empresas.

¿Qué respuesta les dieron después de saberlo?
Nos dijeron que a ellos les habían dado un poder para representar a sus  empresas, pero la ley establece que el representante legal de una empresa es una persona que se le ha conferida esta calidad en la escritura de constitución. Las escrituras que revisamos no nos figuraban en ninguna parte.

Pedro Lizana decía representar a la Universidad Iberoamericana.
Él supuestamente era el representante legal de la Universidad Iberoamericana de Ciencias y Tecnología. La información que tenemos de esa universidad es que el representante legal es otra persona y lo mismo ocurría con Amador Auad y Mario García. Había otro requisito de los propios estatutos de la caja: que para ser representantes empresariales tenían que pertenecer a una empresa que estuviera hace más de un año afiliada a la caja y además que tuviera más de cien trabajadores. Eso mismo rige para los representantes laborales. El problema es que había dos representantes: uno laboral y uno empresarial, que no cumplían con este requisito de los cien trabajadores: Osvaldo Lagos y Amador Auad. Cuando se dan cuenta de esta situación, ambos presentan la renuncia.

¿Qué les respondió la Caja 18 de Septiembre?
Hay una carta formal de la Caja 18 admitiendo ese hecho. Es decir, el directorio adolece de un vicio de nulidad y correspondía intervenir.

¿Cuánto tiempo estuvieron estos señores ocupando ilegalmente ese directorio?
Bastante. Pedro Lizana más de 20 años.

¿Nadie en la Superintendencia se percató durante dos décadas de esta situación?
En el último año hemos hecho más de 20 fiscalizaciones a esta caja. Ahora que alguien cumpla con los requisitos para ser director es  responsabilidad de la caja, o sea cuando llega el momento de la elección tú tienes que revisar las credenciales de la persona y chequear que efectivamente es quien dice ser. Uno cuando se va a operar, no le pide el título de médico al cirujano.

¿La demanda laboral del gerente general de Caja 18, Nelson Bravo, es la que hace actuar a la Superintendencia?
De alguna manera se gatilla o enciende la luz de alerta de que tenemos que avanzar más rápido a raíz de la tutela de Nelson Bravo. Y como no había directorio, teníamos que intervenir según la norma solamente para proveer un nuevo directorio que establezca y rija esta caja de ahora en adelante.

¿La intervención solo se limita a renovar el directorio o indagará en otras situaciones anómalas?
Claramente después de haber tomado conocimiento de los temas que denuncia Nelson Bravo, debemos estudiar lo que se plantea. Y el interventor revisó todo lo que se ha hecho en esa caja en el último tiempo.

De haber multas, ¿a qué monto ascienden las más altas?
De detectarse irregularidades, tenemos que aplicar sanciones, a lo que no le tenemos miedo. Podemos aplicar multas de hasta 15 mil UF ($350 millones), atendida la gravedad del tema.

¿Esas multas son a la caja o a las personas involucradas?
Depende. Podemos aplicar multas tanto a la caja como institución, como a las personas individuales.

Se lo pregunto porque en este caso hay cuatro ex miembros del directorio fuera de la Caja 18.
Antes que nada hay que acreditar que los hechos denunciados corresponden a la realidad. Y aquí quiero ser súper cuidadosa, porque lo único que tengo absolutamente acreditado es que había cuatro directores que no cumplían con los requisitos y es por eso que instruimos la renovación del directorio. Todavía tengo tiempo para poder investigar estas otras denuncias y chequear qué hay detrás de ellas.

Uno de los hechos más preocupantes son las empresas relacionadas con los directores, como es Meta 4, de la que Pedro Lizana es su representante en Chile.
Eso es parte de los temas que estamos investigando y por eso es tan importante que las cajas de Compensación tengan gobiernos corporativos a la altura de los tiempos. El tema de la regulación de los conflictos de interés es relevante cuando un director se debe pronunciar respecto de un eventual contrato en el que pueda tener cierto interés. Lo que corresponde en esos casos es que ese director se abstenga de la discusión, no vote y la decisión se tome entre los otros directores. Debe quedar claramente establecido que la contratación sea acorde a precio de mercado, y no a un precio más elevado, que el producto tenga la misma calidad que correspondía.

Como superintendenta qué responde frente a la percepción de que las cajas de compensación son una especie de caja negra
Las cajas de compensación no tienen financiamiento público, ni estatal, ni privado. Si tú estás en una caja, no tienes que pagar una cotización. Los únicos que pagan el 1% son los pensionados, pero para los trabajadores y los empleadores no tiene ningún costo. Son recursos bien raros, porque tienen un fin de afectación que es otorgar beneficios sociales y que se constituyeron originalmente por medio de donaciones que se hicieron para conformar estos fondos sociales, los que se han ido incrementando con los intereses que se cobran por los créditos sociales.

Pero hoy su principal rol es ser verdaderas financieras…
Las cajas de compensación son entidades de previsión social que tienen que entregar beneficios sociales a los trabajadores. Y el crédito social es de alguna manera un beneficio importante. En el último tiempo hemos fiscalizado mucho el tema del crédito social y lo hemos regulado para evitar el sobreendeudamiento de los trabajadores. Pero no podemos regular tasas de interés. Al haber establecido, por ejemplo, limites máximo de endeudamiento, porcentajes máximos de descuento, al haber regulado que no pueda haber más de una reprogramación al año, hemos regulado muchísimo todo lo que dice relación con el crédito social.

 

Comisión parlamentaria responsabiliza a ex director del INE por irregularidades del Censo

Descargue el Informe Final de la Comisión

El voto de la diputada Alejandra Sepúlveda (PRI) fue determinante en la aprobación del informe de la Comisión Investigadora del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) que, por siete sufragios de la Nueva Mayoría contra seis del oficialismo, le asigna responsabilidades administrativas al ex director del organismo, Francisco Labbé, en irregularidades detectadas en el proceso del Censo 2012.  El informe también cuestionó a su sucesor, Juan Eduardo Coeymans, por “haber sido errático y poco claro sobre las vías de solución para remediar los problemas identificados”.

La votación se llevó a cabo el miércoles 8 de enero de 2014 y a ella no pudo asistir el diputado independiente Miodrag Marinovic, quien mandató a la diputada Alejandra Sepúlveda para reemplazarlo en la comisión investigadora. Al votar por el informe propuesto por el diputado (DC) Juan Carlos Latorre y su colega PPD Ramón Farías,  la presencia de la parlamentaria permitió destrabar el empate que se había producido en esa instancia, pues la derecha y la oposición tenían seis votos y cada sector presentaba conclusiones distintas.

Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados sobre el Censo 2012, presidida por Juan Carlos Latorre

En el informe de mayoría se constató que es “responsabilidad del ex director Francisco Labbé el no resguardar el secreto de los resultados del Censo antes que los difundiera S.E. el Presidente de la República, así como no proteger datos sensibles mediante las facultades y capacidades que entregó a funcionarios irregulares –Maximiliano Raide- y otros contratados a honorarios (Carmen Paz Maldonado, Gabriele Lothoolz, Sebastián Matthews, etc.), sobre datos y productos sensibles de la Institución”.

El documento se hace cargo de cada uno de los aspectos denunciados en el primer reportaje de CIPER que destapó las irregularidades del Censo 2012. Advierte, por ejemplo, de las contrataciones a honorarios de Juan Pablo Raide Prunes, Antonio  Hartmann Ramírez y Constance Pooley Topali sin que se hubiesen efectuado verdaderamente los servicios que se les encomendaron, esto con la finalidad de pagar las asesorías de Maximiliano Raide Prunes.

Maximiliano Raide, uno de los principales asesores del ex director del INE, Francisco Labbé, no aparecía en ninguna dotación del organismo, pese a que gozaba de todos los privilegios de los miembros de su plana ejecutiva. Y como no poseía título profesional se ideó un mecanismo para poder pagarle a través de otras dos personas un sueldo que ascendía a $3.900.000.

“Juan Pablo Raide Prunes, Antonio Hartmann Ramírez y Constance Pooley Topali, no desarrollaban las funciones que señalaban sus contratos y no eran conocidos por los funcionarios del INE que asistieron a esta Comisión Investigadora. Sólo la Sra. Mariana Alcérreca quien ejercía el rol de “gerente” del INE y el ex jefe de gabinete del Director Raúl Sepúlveda Faúndez, dieron cuenta de conocerlos, ya que ellos mismos solicitaron al ex director Labbé que estos asesores asistieran a una reunión semanal de 2 horas con la finalidad de justificar y acallar las molestias que existían por parte de los funcionarios del INE ante los elevados honorarios que se les cancelaban a pesar de no asistir a la institución”, señala el informe de la Cámara de Diputados, que debería votarse la próxima semana en la sala.

ESTRUCTURA PARALELA

La comisión investigadora del INE constató que con la llegada de Maximiliano Raide en  2012 se gestaron diversas decisiones en forma paralela al equipo directivo del INE, mientras que la gestión del director Labbé comenzó a volverse más cerrada, llegando a dejar fuera a los equipos técnicos del organismo al momento de opinar y tomar decisiones relevantes respecto del proceso Censo 2012, así como de otros productos del INE.

Maximiliano Raide

“En esta estructura paralela de funcionamiento de la dirección del INE participaban su ex Director Francisco Labbé, la llamada “gerente” del INE Mariana Alcérreca, el ex jefe del proyecto Censo, Sr. Eduardo Carrasco, el asesor del ex director, Sr. Maximiliano Raide Prunes y Sebastián Mathews. Entre este grupo de personas, se tomaban decisiones de particular relevancia como lo fueron el despido de funcionarios directivos del INE, la imputación de casas no logradas a las cifras finales del Censo y la decisión de entregar al Presidente de la República la información del Censo para darla a conocer al país sin dar cuenta del detalle de las imputaciones que se efectuaron”, indica el informe.

A través de declaraciones de invitados a las sesiones de la comisión, la comisión estableció que “existía un ambiente laboral de mucha tensión en el INE durante la administración del ex director Labbé, principalmente debido a que este fue excluyendo a los equipos técnicos del INE en la toma de decisiones técnicas que a la larga fueron las que llevaron al fracaso del proceso Censo 2012. Dicho ambiente fue generando conflictos dentro de la institución, tanto en el ámbito profesional como en las relaciones interpersonales de los funcionarios del INE”.

Los diputados advierten que dicho ambiente laboral se mantiene en la actual administración del director Juan Eduardo Coeymans, ya que se ha establecido “una nueva estructura que no ha tenido interrelación fluida con los demás departamentos técnicos del INE”, en especial en el proceso de revisión y elaboración del plan de acción para corregir los errores del CENSO.

CAMBIO DE CENSO EN 25 DÍAS

La decisión del cambio de metodología del Censo 2012, es decir pasar de un censo de hecho (se pregunta dónde se pernoctó la noche anterior) a un censo de derecho (se consulta dónde habitualmente vive la persona), también fue abordada por la comisión investigadora. Y al igual que la comisión de expertos que analizó la encuesta nacional y el director de Celade, Dirk Jaspers, determinaron que ésta fue “una decisión apresurada, sin los suficientes fundamentos y estudios técnicos para sopesar las consecuencias y modificaciones de plazo para su adecuada implementación”.

Francisco Labbé, ex director del INE

-La decisión se adoptó por personas que no tenían la calificación técnica, ni contaron con ningún tipo de insumo técnico preparado por los equipos técnicos del INE, por tanto, no se cuantificó, ni ponderó la decisión del cambio de metodología y sus consecuencias en el proceso de levantamiento del Censo -señala el informe.

Advierte que desde que la Comisión Nacional Censal consideró y hasta que se consolidó administrativamente dicho cambio, sólo transcurrieron 25 días, con lo que se dejó de lado más de cuatro años de preparación.

“La posibilidad de cambio se comienza a vislumbrar recién el día 20 de agosto de 2011, fecha en la que el Sr. Labbé, su asesora Mariana Alcérreca y el jefe del Censo, Sr. Carrasco, concurren a una reunión con el Ministro de Economía, Sr. Longueira, donde, entre otras materias, se le explica la diferencia entre un Censo de derecho y de hecho –antecedentes preparados sólo por Alcérreca, sin sustento de ningún equipo técnico del Servicio”, indica el texto de la comisión.

Según testimonios e informaciones recopilados por la comisión investigadora, la motivación principal del cambio de metodología del Censo 2012 habría sido impulsada por “la inconveniencia de depositar la realización del Censo en la voluntad de los estudiantes, habida cuenta de las masivas paralizaciones y marchas que ocurrían durante el 2011”. La participación de los voluntarios y en especial de los estudiantes de educación secundaria, correspondía a más del 75% del personal requerido.

La responsabilidad en la inadecuada forma de tomar la decisión de cambio de metodología, según los antecedentes constatados por la comisión, recae principalmente en el ex director y de manera secundaria en los otros profesionales que participaron de las reuniones: Eduardo Carrasco, jefe de censo; Mariana Alcérreca, asesora del director; Lucas Palacios, asesor de la Dirección de Presupuestos, y el asesor de la Presidencia de la República, Fernando Zavala.

MORADORES AUSENTES

La comisión investigadora constató que fue decisión del ex director del INE el incorporar en las cifras preliminares difundidas en agosto de 2012 una proyección de los “moradores ausentes” y “viviendas no logradas”, sin precisar que esas eran imputaciones y no personas efectivamente encuestadas. El informe parlamentario señala que Labbé tomo esa decisión a pesar de la recomendación y prevención realizada por los equipos técnicos, respecto a la necesidad de mencionar claramente en la publicación y difusión de los datos que en estos se había incorporado una proyección de “moradores ausentes”.

“En abril de 2013, nuevamente se publican las cifras, pero sin hacer mención a las imputaciones que se efectuaban, distorsionando la cobertura lograda del Censo, y no dando cuenta en parte alguna, que la población efectivamente censada llegaba a los 15,8 millones y toda la demás población -para llegar al total de 16,6 millones-, correspondía a imputaciones por moradores ausentes y viviendas no logradas”, destaca el informe.

El documento consigna que en el libro que se entregó al Presidente Sebastián Piñera el día de difusión de los resultados finales del Censo, en ninguna parte de su contenido se señala la operación de imputación que se realizó, tendiendo siempre a que se entendiera que la población efectivamente censada era de 16,6 millones, de tal manera que con ello se constatara una baja omisión.

-La ex asesora del sr. Labbé, Mariana Alcérreca, dio cuenta ante la Comisión que hizo gestiones ante el jefe de Gabinete del Sr. Ministro de Economía, Sr. Vicente Correa. Y se reunió en Minecon (Ministerio de Economía) con él y junto a la directora subrogante Sra. Julia Ortúzar, para comunicar lo inadecuado de la imputación y forma de comunicar cifras, de acuerdo a lo señalado por ella, para “proteger al Presidente de la República”-, señala el texto.

La comisión destaca que sólo a través del reportaje realizado por CIPER se pudo conocer que las cifras no correspondían a la población efectivamente censada, sino que en la cifra dada a conocer por el primer mandatario también se encontraban las imputaciones mencionadas.

Además, se responsabiliza al ex director Francisco Labbé por no resguardar el secreto de los resultados del Censo, así como no proteger datos sensibles.  “En ese sentido, sin perjuicio de los protocolos existentes, respecto de la filtración de los datos del Censo, se vulneraron las normas de resguardo de la información, y lo que es más grave, frente a requerimiento de profesionales del INE, para efectos de iniciar una investigación y determinar responsabilidades administrativas, no procedió a iniciar la investigación en un tiempo apropiado dilatando la decisión y cuestionando la solicitud del profesional”, establece el informe.

Si bien los diputados valoran la evaluación del trabajo censal, realizados tanto por la comisión nacional como por la internacional, adhirieron a las conclusiones de la comisión de expertos nacionales en un punto  relevante como la omisión censal calculada en un 9,3 %.

“Considerando además los informes del consultor (Eduardo) Arriaga y del Subdepartamento de Estadísticas Demográficas, (del INE), podemos concluir que el Censo 2012 tiene problemas sustantivos respecto de cobertura y estructura demográfica, y por tanto es imprescindible tomar acciones a la brevedad para remediar la credibilidad de la población en el INE y sus productos, ya sea mediante un censo abreviado (censo de hecho acotado en los términos expuestos por la comisión nacional), u otro método que cumpla con ese objetivo y sea respaldado por los técnicos y conocedores de la materia, concluye el informe de la comisión investigadora.

 

 

 

Director de Celade: “Lo mínimo que se debe hacer es un conteo de la población”

Aunque Dirk Jaspers lleva 29 años en Chile, su español mantiene el peculiar timbre de un extranjero que ha incorporado ciertos chilenismos en su vocabulario. Como director del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (Celade), conoce a cabalidad las características de la población de nuestro país y durante cuatro décadas ha estado vinculado en conciliar los datos que han arrojado los censos de 1982, 1992, 2002 y también deberá validar los del controvertido Censo 2012. Aún no está resuelto si lo hará en forma conjunta con el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) o será en forma paralela. La decisión está hasta el 10 de marzo en manos del director del INE, Juan Eduardo Coeymans, pero será finamente el próximo gobierno de Michelle Bachelet el que defina cómo se actuará frente a lo que había sido proyectado como “el mejor censo de la historia” y que en opinión de este demógrafo holandés debe repetirse o lo mínimo hacer un conteo de la población, en el corto plazo.

CIPER lo entrevistó el último día de 2013, oportunidad en que Jaspers realizó un análisis de cada uno de los informes elaborados para evaluar el Censo 2012, observando contradicciones notorias. Y llegó a la conclusión que la propuesta de Coeymans de realizar un conteo en 2016, en la práctica, es lo mismo que propuso la comisión externa al plantear un censo abreviado en los próximos años. La diferencia radica sólo en el número de preguntas, que en el caso del conteo es menor que las de un censo común.

En medio año más, cuando la conciliación censal esté terminada a nivel nacional (tarde 26 semanas), el director de Celade ya no ostentará ese cargo, pues a esa altura tendrá 60 años y se habrá jubilado de la Cepal.

¿Qué consecuencias tendrá para el país si el nuevo censo no se realiza pronto?

Vamos a tener estimaciones de la población, sobre todo a niveles comunales, con grados de error que pueden ser en algunos casos muy grandes y con todas las consecuencias del caso en materias de transferencias económicas, en  inversiones en educación y, salud, entre otros.

Chile se ha destacado desde hace tiempo por ser un país caracterizado por la seriedad e imparcialidad de sus estadísticas. ¿Cómo han afectado las controversias primero con la Encuesta de Caracterización Socio Económica Nacional (Casen) y luego con el Censo 2012 para su imagen a nivel internacional?

El caso de la Casen en particular no involucra directamente al INE si no a un conjunto de instituciones. En cuanto al Censo 2012, como aún no están presentados internacionalmente los resultados, no muchos en el exterior conocen el detalle de los problemas que ha habido. Por lo tanto, las estadísticas de Chile internacionalmente no están desprestigiadas y hay tiempo para recuperar la confianza que se podría haber perdido, por lo menos a nivel nacional. Pero eso depende de la política que va a seguir el INE de aquí en adelante.

El director del INE, Juan Eduardo Coeymans, se ha mostrado reacio a realizar un nuevo censo pronto y ha asegurado que hacerlo el 2016 sería un desastre.

Es muy contradictorio su planteamiento, porque mientras propone realizar un conteo el año 2016 –que en la práctica es lo mismo que un censo, pero con menos preguntas–, asegura que requiere cinco años de preparación para un nuevo censo y por eso debería ser el 2020. Lo mínimo que se debe hacer es un conteo porque necesitamos tener una estimación actualizada de la población, tanto nacional, pero sobre todo también a niveles subnacionales. Eso ya lo estableció la comisión externa en la que Cepal participó a través de Magda Ruiz (coordinadora del área demográfica e información sobre población de Celade). Durante los meses que trabajó esa comisión, mantuve con frecuencia reuniones con Magda y creo que hicieron un trabajo muy serio al preguntarse cuáles son los objetivos y para qué es el censo.  Ellos llegaron a la conclusión de que el Censo 2012 tiene demasiados defectos, por lo cual recomendaron hacer uno nuevo, sea tipo conteo, abreviado, y completo en el momento lo más cercano posible. Aunque ellos mencionaron 2015 o 2016, la fecha debe ser evaluada por el INE, pero el hecho es que se requiere hacer un nuevo conteo a la población. Eso es así de categórico. Y ahora implícitamente lo ha dicho el INE. Aunque no de manera explícita, lo está reconociendo al proponer que se haga un conteo en el año 2016.

Es decir estamos frente a un problema más bien semántico que práctico.

Obviamente que un conteo no implica tanto trabajo como un censo completo, pero de todas formas significa censar a toda la población y disponer de una cartografía adecuada, que es uno de los trabajos más laboriosos y que toma más tiempo.

Dirk Jaspers, director de Celade

¿La cartografía no está disponible con la labor que se realizó en el Censo 2012?

Ese es otro tema. Cuando se argumenta que para hacer un nuevo censo se necesitarían cinco años, implicaría que no hay nada hecho, que se debería empezar de cero. Entonces me pregunto: ¿Todo lo que se hizo para el 2012 no sirve de nada, tienen que empezar de cero? Hay una serie de contradicciones que yo no me explico.

El departamento de Demografía del INE también recomendó realizar un nuevo censo abreviado y afirmó que los datos recogidos en el proceso tienen problemas de coherencia, cobertura y calidad.

Ese es un problema dentro del propio INE. El documento presentado hace un par de semanas por el departamento de Demografía a la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, es un trabajo serio.

¿Qué le parece que la comisión de expertos internacionales haya validado los datos que emanan del Censo 2012 y dejado fuera de su análisis el tema de la omisión, que según la comisión nacional alcanza un 9,3%?

Eso último llama mucho la atención. Y existe una contradicción de la comisión internacional, pues mientras dice que el sistema de estadísticas vitales no se puede usar al igual que la encuesta de post empadronamiento, plantea que no hace falta un nuevo censo. Esa contradicción de la comisión internacional la veo también en la interpretación que hace el INE al acatar mucho el informe de esa comisión.

En este último tiempo, ¿la administración del Juan Eduardo Coeymans se ha contactado con Celade?

No. Solo nos encontramos durante la Conferencia de Estadísticas de las Américas realizada en la Cepal. Ese fue el último contacto, en el mes de noviembre del año 2013. En esa ocasión me informó que estaba a la espera del informe de la comisión internacional y me invitó a revisar ese documento. Me dijo que después nos íbamos a juntar para ver el proceso de conciliación censal, pero hasta la fecha no hemos tenido comunicación.

El director del INE dijo que ese proceso de conciliación censal podía esta vez realizarse con Celade o con otros organismos, como Statistics Canada, la entidad homóloga del INE en Canadá, con la que ya se encuentra trabajando en diversos proyectos.

He leído esa información. Y me parece bien, porque mientras más opiniones técnicas haya, mejor. Ahora, el proceso de conciliación ya lo inició el departamento de demografía del INE al comparar el Censo 2012 con los censos anteriores y llegó a conclusiones bastante claras: el Censo 2012 no aporta mucho, no hay mucho que conciliar con los otros censos. Hay un gráfico muy claro donde se compara los censos de 1992, 2002 y 2012 por grupos de edades. Por ejemplo, toman al grupo de edades 10-14 del año 1992; 20-24 y 30-34. Las cohortes (o generaciones) para 1992 y 2002 son muy coincidentes, pero el grupo 30-34 en 2012 queda muy por debajo, como si se hubieran muerto un montón de personas o si mucha gente hubiera emigrado. Entonces da la sensación de que el Censo 2012 no ayuda mucho a mejorar el conocimiento que tenemos de la población de Chile por edades y sexos.

¿Qué significaría para el diseño de políticas públicas conservar los datos del Censo 2012 hasta el año 2020, como plantea el director del INE?

Este es un problema a nivel nacional y si vamos a nivel de comunas las diferencias pueden ser feroces. Si uno piensa en las implicaciones, las transferencias de recursos financieros hacia las comunas, el factor población y sus características es uno de los elementos clave. Las transferencias sectoriales de vivienda y de salud dependen de la población y son inversiones a nivel local. Se debe tener mucho cuidado en malgastar los dineros del Estado, pues si no se sabe con exactitud las características de la población, los dineros podrían llegar a destinos equivocados. Por eso siempre digo que el censo es baratísimo y si yo fuera ministro de Hacienda propondría realizar cada tres años un censo, de forma tal de estar más seguro de que la plata llega al destino esperado.

Hay propuestas de realizar los censos cada cinco años.

Siempre como parte del Celade hemos dicho que el espacio de diez años es demasiado. El último informe del INE hace una crítica a las proyecciones  comunales. A ese nivel es muy difícil proyectar la población, por lo que puede haber errores enormes. Entonces, si proyectas la población de una comuna por 10 años, el error que estás cometiendo puede ser altísimo y con ello el destino de los recursos igualmente va a ser equivocado. De ahí que es mejor realizar un conteo inter censal, como lo están haciendo algunos países. Hace décadas estoy promoviendo el conteo inter censal y no solamente para mantener actualizado las estimaciones de la población, sino también para mantener actualizada la cartografía. Así las encuestas por muestreo también son mas aceptadas, más representativas, porque el marco muestral después de diez años también aumenta sus errores. Además, dado que cada diez años se hace un censo, del equipo que trabaja después para el próximo censo quedan muy pocos. Es decir, se pierde la memoria institucional, por lo que mientras mantengas activo la actividad censal es mucho mejor. En algo en esa dirección va el último informe del al INE al plantear la creación de un departamento de censos.

LOS PROBLEMAS DEL CENSO 2012

 

Tomando en cuenta todos los documentos que se han elaborado para revisar el Censo 2012, ¿cuál es su mayor problema?

Todavía no tengo identificado cuál ha sido el problema mayor del Censo 2012. No tengo claro cuál ha sido la calidad propiamente tal de la cartografía y la calidad de los encuestadores. El tema de las viviendas con moradores ausentes también es preocupante. Los informes del INE y de la comisión internacional no critican el tema de control de calidad ni tampoco el rol de los supervisores. Solo la comisión interna indagó un poco más al respecto. Hubo una rotación bastante importante de los censistas y se debió contratar gente nueva para complementar lo que faltó de esa labor. No he visto un protocolo claro de cuál era el rol del supervisor y en ese punto creo que hubo un problema de control de calidad. Hubo mucha gente a la que le pegaron el sello “censado”, pero nunca entraron a su casa. El otro problema fue el de la capacitación. Entiendo que la primera camada de censistas recibió una capacitación fuerte, pero los que entraron después, no.

¿Haber cambiado el censo de hecho (se pregunta donde durmió la noche anterior) por uno de derecho (se consulta dónde habitualmente duerme) fue también una dificultad?

Obviamente que sí, el censo de derecho tiene una lógica diferente. El tiempo que hubo de preparación fue muy poco, considerando toda la parte logística y conceptual. Además, no se hicieron las pruebas del caso, no hubo un piloto. El concepto de “residente habitual” en un censo de derecho es medio complicado y se requiere una capacitación adecuada a los censistas. Cuando a nosotros como Celade se nos informó que se haría un censo de derecho, pensamos que iban a postergar el censo, pero nos dijeron que no.

DISTORSIÓN EN SANTIAGO

 

¿Es posible comparar los censos de 1992 y 2002 con el del 2012, al ser los primeros de hecho y el último de derecho?

Discrepo con quienes están planteando que no se pueden comparar. No es exactamente lo mismo, pero tal como hizo el departamento de Demografía del INE, analizamos la diferencia entre quienes en el año 2002 respondieron donde habían dormido la noche anterior. A nivel nacional, el 98% de la población fue censada en su comuna de residencia habitual. Hay solo una diferencia pequeña que se da generalmente en comunas pequeñas y mineras, gente que trabaja en las minas pero vive en otro pueblo. Otro caso que distorsiona los resultados es Santiago. Porque muchos de la Región Metropolitana que están, por ejemplo, en Puerto Montt, al consultársele dónde viven, responden regularmente “Santiago”, pero no se refieren a la comuna de Santiago centro. Ese es un porcentaje altísimo y también dificulta la estimación de la migración interna de la comuna de Santiago, porque parece que emigró un montón de personas y no es así. Pero  en general hay una coincidencia muy fuerte entre dónde fueron censados en el 2002 y cuál es su residencia habitual.

¿Cuál es la recomendación de Celade para este próximo periodo: hacer un censo de hecho o de derecho?

No tengo una opinión muy tajante. Cualquiera que se haga, debe prepararse bien. El censo de hecho tiene ciertas ventajas: evitas el tema de la residencia habitual. Solo se pregunta quiénes durmieron la noche anterior y estás asegurando una mejor cobertura al realizarlo en uno o dos días. Se requiere un gran número de estudiantes, lo que no siempre es fácil de conseguir en números suficientes y en muchos países existe el temor que los estudiantes hagan alguna protesta. Por otro lado, si se hace un censo en un día, no hay posibilidades de corregir errores. En cambio, si tú haces censos en tiempos alargados, al surgir un problema sobre la marcha, tienes tiempo de corregir.

Con un censo de hecho, todo el país se ponía a disposición, desde los municipios, los gobiernos regionales y la población esperaba religiosamente que lo llegaran a censar.

Sí, tiene sus ventajas sin duda: logras una mejor cobertura si es un día feriado y no un fin de semana. Aseguras que la gente está toda en sus casas. Además, casi todos los miembros que durmieron en la noche anterior van a estar, por lo que puedes tener información más directa. En un censo de derecho, si queda solamente, por ejemplo, la abuela en la casa, ella tendrá que informar de cada persona del hogar y puede que no los conozca.

ABIERTO A COLABORAR

 

¿El equipo de la Presidenta electa, Michelle Bachelet, tomó contacto con Celade?

No, nadie ha tomado contactos con Celade. Y ojalá con el cambio de gobierno se resuelva la situación lamentable que vive el INE. Este debe ser totalmente independiente del gobierno.

Existe un proyecto que está en el Congreso y que apunta a cambiar esa dependencia.

Ese proyecto parece tener limitaciones aún. La idea es que el INE sea como el Banco Central, pero creo que el proyecto de ley no llega a ese punto. Es lamentable que un instituto como el INE esté sujeto al gobierno de turno.

Si el próximo gobierno le pide a Celade colaboración para diversas tareas, como por ejemplo el proceso de conciliación censal, ¿qué disposición tendrá el organismo que usted dirige?

Independientemente de si es ahora o después, estamos totalmente abiertos a colaborar. Lo he dicho en entrevistas y se lo he dicho también a Coeymans. Durante décadas hemos trabajado con el departamento de Demografía del INE en la conciliación censal y en la revisión de las estimaciones y proyecciones de población. Es más, las estimaciones y proyecciones para América Latina de los 20 países las coordinados nosotros en la Cepal, a través de Celade, y entregamos esta información a la División de Población de Naciones Unidas, que cada dos años publica su World Population Prospects. Somos el único organismo de Naciones Unidas que da ese servicio y para eso tenemos un convenio con ellos.

¿Desde cuándo ha estado vinculado en revisar las estadísticas de Chile? Desde el Censo de 1982, ya cumpliré cuatro décadas participando en esa labor. Si no trabajamos de manera directa con el país, recibimos sus insumos y los revisamos según los estándares de Naciones Unidas. Pero preferimos siempre trabajar con las oficinas de estadística, de forma tal que a nivel nacional, regional (Cepal y a nivel mundial (ONU) existan las mismas estimaciones y proyecciones. Lo que publica Nueva York es lo que usa la Unesco, la OIT, es el referente mundial. Por eso es importante que las cifras nacionales sean las mismas. Somos la única región en el mundo que lo logra, porque en África y Asia puedes encontrar proyecciones nacionales, regionales, del Banco Mundial, de Naciones Unidas, diferentes

¿Qué ocurrirá con el informe que Celade entregue a la ONU si los datos de nuestro país que arrojó el Censo 2012 no son lo suficientemente confiables?

Cuando salieron las primeras cifras este año del Censo 2012,  empezamos a revisar cuán buenas o malas eran nuestras proyecciones. En su momento yo le dije al INE que las proyecciones eran bastante razonables, más bien pensando en los tres componentes del cambio demográfico. En el tema de la mortalidad, sí hubo un cambio, frente a lo proyectado más bien habría bajado, lo que significa que hay más personas; la fecundidad está casi igual a lo que entrega estadísticas vitales; y la inmigración internacional que preveíamos hace diez años, más bien aumentó. Si tomamos como referente la proyección, debería estar entre 17,4 y 17,5 millones. Si la población real fuese más baja, significa que tenemos que corregir la omisión que hicimos al censo del 2002, la que fue estimada entre un 3,8 y 4%.

¿Y si el INE decide finalmente no trabajar con ustedes en la conciliación, vamos a tener diferentes proyecciones nacionales y regionales?

Si no trabajáramos juntos podría ocurrir que tuviéramos proyecciones y estimaciones diferentes, pero ojala que pudiéramos trabajar de forma conjunta, de manera que las proyecciones del INE, las nuestras y las de las Naciones Unidas sean las mismas o muy cercanas.

¿Celade podría sumarse ya a trabajar con el INE?

Nosotros estamos listos para trabajar ya. Y el departamento de demografía del INE ya avanzó bastante. En cuanto a las proyecciones a niveles subnacionales, de ellas se encarga el INE, porque a nosotros no nos da el tiempo. Lo podemos asesorar en la parte metodológica, pero no en un trabajo propiamente tal. Lo que hacemos en conjunto son las proyecciones nacionales.

¿Tendría inconveniente trabajar junto a otro organismo en la conciliación censal?

Como dije, no tendría ningún inconveniente en que el INE pida asesoría a otros y si quiere conjuntamente, trabajemos. De hecho, si la comisión externa y la comisión internacional hubiesen trabajado en conjunto, habría sido mucho más eficiente. Con la comisión internacional tuvimos un par de reuniones para saber nuestra visión. Para nosotros la cobertura es fundamental. Y no entiendo por qué la comisión internacional no se metió en ese tema.

 

INE valida el Censo 2012 y evalúa excluir a CELADE del proceso de conciliación de datos

Es definitivo: el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) descartó llevar adelante un nuevo censo abreviado en 2015. La decisión la informó durante la jornada del lunes 23 de diciembre el director de dicho servicio, Juan Eduardo Coeymans, tras considerar los informes que se encargaron a dos comisiones externas –una nacional y otra internacional–, además de análisis realizados al interior del instituto. Coeymans ratificó además la validez de los datos obtenidos en el Censo 2012, tratando así de poner fin a los graves cuestionamientos al proceso que le costó el cargo a su antecesor, Francisco Labbé, por las acusaciones en su contra que surgieron en su propio equipo técnico por supuestamente haber manipulado las cifras.

Juan Eduardo Coeymans

-El INE considera que la información contenida en la base del proceso es útil para el diseño de políticas públicas, así como para las investigaciones del área económica, social y de infraestructura urbana y rural –señaló Coeymans en la conferencia de prensa (ver comunicado).

El anuncio del director del INE aún deja dudas por las contradicciones en los resultados del trabajo de las dos comisiones que analizaron el Censo 2012. En agosto de este año, la comisión externa de expertos nacionales confirmó que la forma en que se contabilizó la población es errada y no permite utilizar el Censo 2012 como herramienta para la elaboración de políticas públicas, lo que implicaría que los más de $30.000 millones invertidos en el proceso no sirvieron de nada (ver reportaje de CIPER). De hecho, fueron esos mismos expertos quienes recomendaron hacer un nuevo censo en 2015. Una conclusión muy similar a la anunciada hace sólo unos días por los funcionarios del área de estadísticas demográficas del INE, quienes realizaron un lapidario informe para la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados que indaga las supuestas irregularidades, donde señalan:

A partir de los análisis y estudios realizados por el subdepartamento utilizando las distintas bases censales proporcionadas, se ha llegado a la conclusión, categórica, de que no hay evidencia para recomendar ni sustentar el uso del Censo 2012 para la elaboración de las estimaciones y proyecciones de población debido a problemas de coherencia, cobertura y calidad”.

El resultado de ambos informes es contrarrestado por el análisis que realizó la comisión internacional recomendada por Eurostat y que, si bien reconoció en noviembre pasado la existencia de errores en el proceso, desestimó la necesidad de una nueva encuesta abreviada, asegurando no sólo que el Censo 2012 fue realizado dentro de los estándares y prácticas censales realizadas en el mundo, sino que además sus datos sí podrían ser utilizados para el diseño de políticas públicas.

A pesar de la confrontación entre las comisiones, el INE optó por recoger el análisis de los expertos internacionales y rechazar los informes realizados en el país. Con esa decisión ya tomada, el director del INE anunció la tarde del 23 de diciembre los pasos que vienen, los que podrían significar que salga del proceso la entidad internacional que durante las últimas décadas ha apoyado técnicamente la validación de los datos demográficos en Chile: el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE), dependiente de la CEPAL. De esta manera, podría repetirse un escenario como el de la Encuesta CASEN, donde finalmente la CEPAL desistió de seguir participando del proceso para medir la pobreza en Chile a raíz de los cuestionamientos que surgieron por la inclusión de una variable que afectaría la comparabilidad de la serie.

LA EXCLUSIÓN DE CELADE

Para que los datos del Censo 2012 puedan ser utilizados para el desarrollo de políticas públicas, es necesario que sean sometidos a una conciliación censal, un proceso que desde hace años ha estado a cargo del CELADE. Sin embargo, en conversación con CIPER, Coeymans reconoció que el INE está evaluando excluir a dicha institución en el procesamiento de datos del Censo 2012. En ese sentido, el director del instituto señaló que la tarea posiblemente sea encargada a Statistics Canada, la entidad homóloga del INE en Canadá, con la que ya se encuentra trabajando en un proyecto de asesoría de calidad de la población y conciliación censal y en una asesoría para el uso de nuevas tecnologías.

Dicha decisión podría deberse a que representantes de CELADE han planteado públicamente sus dudas respecto a la pertinencia de usar los datos del Censo 2012 para definir políticas públicas. En una entrevista concedida en septiembre a La Tercera, el director de CELADE, Dirk Jaspers, señaló que “es muy recomendable hacer pronto un nuevo censo” y validó el trabajo de la comisión de expertos nacionales que desechó los resultados de la encuesta. De hecho, en esa comisión la entidad estuvo representada por Magda Ruiz, coordinadora del Área de Demografía e Información sobre Población de la CELADE y asesora regional en demografía y población.

Dirk Jaspers, director de CELADE

En la misma entrevista, al ser consultado sobre si CELADE se hará cargo de la conciliación censal, Jaspers respondió: “Es el trabajo que siempre hemos hecho y que hacemos con todos los países. Coeymans ha dicho que tenemos que seguir trabajando en la conciliación del censo; es decir, mejorar las proyecciones y actualizar las estimaciones. Hay que trabajar con lo que existe y después del análisis decir si sirve de algo o no. La ventaja de esto es que son procesos que se pueden repetir. Lo que no se puede hacer es volver a terreno”.

¿Solamente cuando se haga la conciliación se podrá decir si el censo sirve? –le preguntó el periodista de La Tercera.

-No podemos decir si sirve o no sirve, o sea si es blanco o negro. Puede haber elementos que sirven y otros que no nos sirven, porque puede que algunas características a nivel nacional no estén tan afectadas por la falta de cobertura. Pero sabemos que para todo lo relacionado con el nivel de comunas y al interior de ellas, el censo es defectuoso y de ahí viene la recomendación de la comisión de hacer un ejercicio complementario, por ejemplo, un censo abreviado en el año 2015.

Independiente de si será CELADE o Stadistics Canada la entidad mandatada para hacer la conciliación censal, el real conocimiento sobre la utilidad de los datos del Censo 2012 se sabrá una vez que finalice el proceso. Según señaló Coeymans a CIPER, la conciliación de los datos a nivel nacional demorará 24 semanas, un plazo que aumenta a 52 semanas para el procesamiento de la información a nivel comunal.

El director del INE señaló que la nueva encuesta recién se realizará en 2020, con el fin de que Chile programe sus censos de vivienda y población en años terminados en cero, adoptando así el protocolo internacional recomendado por la Organización de Naciones Unidas. El nuevo proceso considerará además un conteo de población que se realizará cada cinco años a modo de sondeo, que servirá como preparación para el censo. En ese sentido, si la próxima encuesta anunciada por Coeymans está contemplada para realizarse en 2020, ese conteo demográfico preliminar se llevará a cabo en 2016, para luego repetirse en 2025. De todas maneras, habrá que esperar la decisión que adoptará finalmente el nuevo gobierno. La Presidenta electa, Michelle Bachelet, ha dicho que espera repetir el censo en 2015.

Isasi acusa a cinco parlamentarios de facilitar ingreso de lobbistas camuflados de asesores

Luego de 15 sesiones de trabajo, la Comisión de Ética de la Cámara Baja finalmente falló en contra de la diputada Marta Isasi, acusada por su ex asesor Georgio Carrillo de haber triangulado dineros entregados por la empresa pesquera Corpesca, del grupo Angelini, para financiar una de sus campañas electorales en Iquique, distrito al que la parlamentaria representó desde 2005 y que perdió en la reciente elección de noviembre de 2013. La diputada Isasi fue derrotada en una campaña que estuvo cruzada por las investigaciones que en forma paralela llevaron la Cámara y la justicia a raíz de las denuncias de Carrillo.

Los resultados de la investigación de la Cámara se conocieron este martes 17 de diciembre y consignan que la diputada hizo mal uso de sus asignaciones parlamentarias (el dinero que la Cámara le entrega para financiar sus actividades relacionadas con la labor legislativa, como el arriendo de sedes, el pago de secretarias o la contratación de asesores). La Comisión de Ética de los diputados estableció que Isasi actuó en concomitancia con Georgio Carrillo para contratar personas que recibieron pagos de la Cámara, pero que no efectuaron trabajo alguno para la diputada.

Uno de los aspectos más relevantes de la investigación de la Cámara es que Marta Isasi, al asumir su defensa, acusó que otros seis parlamentarios mantuvieron estrechos vínculos con empresas y organizaciones gremiales del rubro pesquero sin declarar esos nexos. Estos parlamentarios no se inhabilitaron durante la tramitación de la Ley de Pesca y, por el contrario, facilitaron a ejecutivos de esas compañías y representantes de esas organizaciones gremiales participar en las reuniones de la Comisión de Pesca de la Cámara “camuflados” como asesores de parlamentarios.

Una de las irregularidades cometidas por Isasi e investigadas por la Cámara fue que la diputada hizo ingresar a la Comisión de Pesca, cuando se discutían aspectos clave de la ley que regula a ese sector, al entonces subgerente de Gestión y Desarrollo de Corpesca, Ramón Pino Correa. El ejecutivo ingresó como “asesor” de la parlamentaria y su asistencia quedó registrada en uno de los videos de las sesiones de la comisión (vea el video).

Ante la Comisión de Ética la diputada Isasi trató de minimizar la falta y en su defensa arrastró a varios de sus colegas, pues sostuvo que ellos también ingresaron a la Comisión de Pesca a ejecutivos de compañías pesqueras o miembros de organizaciones gremiales que fueron presentados como “asesores parlamentarios”. El fallo de la Comisión de Ética, publicado hoy en la página web de la Cámara de Diputados, consigna que la parlamentaria puntualizó que este tipo de conductas era habitual: “El origen del reproche efectuado no puede fundarse en supuesta vulneración de un proceder antirreglamentario, ni menos antiético o, sobre todo, por alejarse en extremo de la manera normal, tolerada por el propio trabajo parlamentario y adecuada a su realidad, de cómo se permite o incluye a asesores en la tramitación de proyectos diversos, como especialistas, para oírlos todos o cada diputado, o incluso, en este mismo proyecto, por hallarlos personas pertinentes”.

En ese contexto, Isasi sostuvo que existen videos y actas de diferentes sesiones de la Comisión de Pesca donde se evidencia el acompañamiento de estos asesores:

-Hay múltiples casos de representantes de gremios y personas relacionadas con la pesca que acompañaron a los parlamentarios a las sesiones de las diferentes comisiones. Es natural el vínculo de los parlamentarios con sus regiones, zonas y actores relevantes, pues representan intereses y por ello que asistan entes críticos a cada proyecto tampoco debiera permitir sospechar de nadie -, argumentó Isasi en su defensa.

El diputado Jorge Ulloa (a la izquierda) hizo pasar como asesores a Luis Felipe Moncada (Asipes) y Héctor Bacigalupo (Sonapesca).

La diputada individualizó a las personas que participaron en las comisiones como “asesores” y a los diputados que les facilitaron el ingreso. Su reveladora cuenta se inició con el director de la Confepach de Atacama, Juan Morales, quien ingresó como asesor del diputado Alberto Robles (PRSD). La información ya había sido difundida el 18 de junio en una nota de la web de la Radio del Mar, bajo el título “Gerentes de patronales pesqueras participaron como asesores de senadores y diputados en tramitación de Ley de Pesca”.

Isasi sostuvo ante la Comisión de Ética que el senador Antonio Horvarth (RN) permitió el ingreso de Valeria Carvajal, gerente general de la asociación de Industrias Pesqueras del Sur Austral (FIPES), y que el senador Fulvio Rossi (PS) hizo lo mismo con el asesor legal de la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales (Conapach), Cristián Tapia, organización que dio su apoyo al proyecto de ley impulsado por el entonces ministro de Economía, Pablo Longueira.

La información entregada a la Comisión de Ética por Isasi también involucró a Alfredo Irarrázabal, gerente general de Pymepes, la asociación gremial de pequeños y medianos empresarios pesqueros de la Región del Biobío, que agrupa a 10 plantas procesadoras que elaboran conservas y productos congelados en Coronel, Talcahuano, Lota  y Concepción. En el caso de Irarrázabal, Isasi no entregó mayor información sobre el parlamentario que posibilitó su ingreso.

El diputado Jorge Ulloa (UDI) también fue mencionado por Isasi. La parlamentaria aseguró que los gerentes generales de la Asociación de Industriales Pesqueros (ASIPES) y de la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca), Luis Felipe Moncada y Héctor Bacigalupo, respectivamente, ingresaron como “asesores” de Ulloa. De hecho, en el boletín Nº 8.091-21 de la comisión mixta integrada por senadores y diputados que analizaron la Ley de Pesca, se señala que Moncada y Bacigalupo participaron en reuniones realizadas el 11 y 12 de diciembre de 2012 en Valparaíso como “asesores” del diputado Jorge Ulloa, pero no se hace ninguna mención a sus altos cargos en ASIPES y Sonapesca.

De acuerdo con la información proporcionada por Isasi, el diputado Ulloa contó con asesores que conocen muy bien el negocio, pues ASIPES representa a las mayores empresas productoras de congelados, harina y aceite de pescado del país (como Pesquera Camanchaca, Blumar, Seafoods, Congelados del Pacífico, Alimar, Landes y Food Corp., entre otras compañías). Mientras, Sonapesca es -de acuerdo a su página web- “la voz principal de la industria pesquera ante los poderes públicos” y está integrada por empresas armadoras e industrias pesqueras que representan diversos rubros de producción a lo largo del país (como conservas, aceites de pescado, salados, ahumados, surimi y algas). Sonapesca representa, además, a los principales astilleros de naves pesqueras.

Hasta julio de 2013, Moncada se desempeñó como gerente general de Asipes y hoy es el presidente de la misma entidad gremial de la zona centro sur de Chile. El ejecutivo estudió derecho en la Universidad de Concepción y desde 1990 fue gerente de ASIPES, cargo que le permitió intervenir en la tramitación de la Ley General de Pesca y Acuicultura (1991), la Ley de Límites Máximos de Captura por Armador (2001) y la Ley de Pesca aprobada en 2012.

Hasta ahora en el Congreso no existe ningún mecanismo de control que permita chequear si efectivamente una persona que ingresa a una comisión es asesor de un parlamentario o si pertenece a un grupo de interés. De hecho, ambos gerentes generales –Moncada y Bacigalupo- aparecen en otras sesiones no como asesores del diputado Ulloa, sino en representación de sus propias asociaciones.

El último de los diputados involucrados por Isasi es el representante de Arica: Nino Baltolu (UDI). La parlamentaria recordó que en diciembre de 2012 fue reemplazada en la Comisión de Pesca por Baltolu, quien también perdió su escaño en la reciente elección. El diputado por Arica habría posibilitado el ingreso del mismo subgerente de Corpesca que figura como asesor de Isasi: Ramón Pino Correa. Pero Baltolu también agregó en la lista de asesores a otro hombre de confianza de Corpesca: el sindicalista Michel Campillay.

El senador Rossi "camufló" a Cristián Tapia, abogado de la Conapach, como asesor para ingresar a la comisión de pesca.

De acuerdo con una nota publicada por La Tercera el 18 de mayo de 2013, Campillay habría presentado a la diputada con Francisco Mujica, entonces gerente general de Corpesca. Mujica reconoció a CIPER que su empresa había entregado recursos para las campañas electorales de Isasi y de otros parlamentarios (ver el reportajeEx asesor de diputada Isasi revela pagos de Corpesca para financiar campañas políticas”). El artículo de La Tercera, citando fuentes del círculo próximo al ex asesor de Isasi, Georgio Carrillo, asegura que en el primer encuentro entre la parlamentaria y Mujica, ella pidió a la empresa $ 50 millones. “Ahí, Mujica le habría dicho que sólo le entregaría $ 25 millones y con la condición de que tuviera como asesor ad honórem a Campillay, para que monitoreara los temas vinculados a la industria”, señala una cita reproducida por La Tercera. Campillay es el presidente del Sindicato de Guardieros Base Iquique, de Corpesca.

LA SANCIÓN DE LA CÁMARA

La acusación que enfrenta Isasi reveló por primera vez una de las fórmulas que utiliza el difuso mundo del lobby empresarial y gremial para ejercer presión sobre los parlamentarios, a cambio de entregar aportes al financiamiento de las campañas electorales. En este caso, Corpesca favoreció a una diputada que participó activamente en la comisión legislativa que tramitó la Ley de Pesca, incluso incorporando a la norma indicaciones que favorecían a la industria. El ex gerente general de Corpesca, Francisco Mujica, dijo a CIPER que no solo aportó dinero a Isasi, sino que a “muchos más” parlamentarios del norte. Sus dichos fueron ratificados el 4 de julio ante la PDI, en el marco de una investigación que lleva adelante la Fiscalía de Tarapacá, por presunto cohecho y soborno. En esa indagatoria, Mujica reveló la existencia de una suerte de “Frente del Norte”, que integrarían el senador por Iquique, Fulvio Rossi (PS), y la ex diputada de Arica, Ximena Valcarce (RN), entre otros.

Luego de 15 sesiones, la comisión de ética de la Cámara, presidida por Patricio Vallespín, falló contra Isasi.

Luego de la reveladora entrevista a CIPER, el ex gerente de Corpesca -quien se mantuvo por 14 años en la principal empresa pesquera del Grupo Angelini-, debió abandonar ese puesto, como una forma de detener la controversia generada por los aportes a las campañas políticas. El escándalo fue corroborado por correos electrónicos que daban cuenta de las relaciones “laborales” entre el principal asesor de Isasi, Georgio Carrillo, y la empresa de Francisco Mujica. Corpesca le pagó a Carrillo $25 millones por informes sobre los recursos pesqueros del país, a pesar de que el entonces asesor de Isasi no era especialista en el tema. Carrillo es periodista y quedó demostrado que los informes que “vendió” a Corpesca fueron copiados de documentos solicitados por Marta Isasi a la Biblioteca del Congreso Nacional. Esto último fue confirmado por las indagaciones realizadas por la Comisión de Ética de la Cámara y en la investigación que desarrolla la fiscalía se recopilaron los mismos antecedentes.

Las dudas respecto de las primeras declaraciones del ex gerente de Corpesca en la investigación judicial hicieron que la Fiscalía de Tarapacá nuevamente lo interrogara el pasado 26 de noviembre. Esta vez, Mujica respondió en Santiago las preguntas formuladas por el fiscal Gonzalo Guerrero. Este quiso precisar los lugares donde se encargaron los trabajos a Carrillo; cómo se concretó la entrega de los informes que fueron plagiados de documentos de la Biblioteca del Congreso Nacional y los lugares donde se pagaron los tres cheques -por los $25 millones- que recibió Carrillo.

A partir de la investigación de CIPER publicada el 10 de mayo de 2013, la Comisión de Ética abrió un sumario contra Isasi por “falta a los deberes parlamentarios” y “conflicto de intereses”, contenidos en el artículo 5º de la Ley Orgánica del Congreso, que regula temas de probidad. Ambos cargos, en lo central, apuntan al incumplimiento del deber legislativo de imparcialidad y objetividad en las decisiones adoptadas por Isasi y a la administración inadecuada de sus asignaciones parlamentarias.

La Comisión de Ética de la Cámara de Diputados acogió por unanimidad el reproche a Isasi de “haber faltado a la ética parlamentaria… en cuanto al uso de recursos públicos recibidos en razón del cargo, en lo que toca a su negligencia en la dirección general de sus asuntos parlamentarios por la responsabilidad que le cabe en la indebida contratación de Johana Gallardo (esposa de Georgio Carrillo), Carolina Bugueño y Pedro Olguín, sin sujeción a una tarea parlamentaria específica”.

Además, la comisión acogió el reparo formulado a la diputada por haber faltado al deber de desempeñar su función parlamentaria con una entrega honesta y leal, al “presentar como sus asesores ante organismos internos de la Corporación, como las Comisiones de Pesca y de Hacienda, a personas empleadas de una empresa pesquera, en circunstancias de que no tenían aquella calidad, conforme a las normas de contratación de personal vigente, y facilitar que se les otorgaran indebidamente credenciales permanentes con tal calidad, lo cual afectó gravemente la razonabilidad e imparcialidad que debe tener en la resolución de los asuntos en los que interviene en el ejercicio de sus funciones constitucionales, en este caso, la de legislar”.

El ex gerente de Corpesca, Francisco Mujica, declaró por segunda vez ante la fiscalía.

La Comisión de Ética aplicó a la diputada Isasi la medida de censura y una multa equivalente al 10% de su dieta bruta mensual, correspondiente al mes de diciembre de 2013, por las faltas a la ética parlamentaria. Y concluyó que Isasi no dio “un correcto uso a sus asignaciones parlamentarias ni justificó debidamente su inversión, por lo que se ordena el reintegro de la suma de $ 3.547.292”, que debe ser descontada de su dieta parlamentaria, correspondientes a los gastos operacionales objetados respecto a la publicación de su Libro “Yo quiero ser feliz”, por $1.934.700; el importe de un viaje a Tacna, por $358.782; la compra de juguetes para la celebración del Día del Niño, por $ 260.000, y la compra de espejos y grabados para el Día de la Madre, por un total de $ 993.810.

El único punto en el que se le aplicó hasta ahora el principio de inocencia a Isasi fue por haber recibido supuestamente recursos provenientes de Corpesca para financiar su campaña. Sin embargo, ello queda condicionado a la investigación judicial que lleva la fiscalía.

Hasta el momento, la Comisión de Ética de la Cámara no ha resuelto abrir investigaciones sumarias a los diputados mencionados por Isasi como autores de la misma falta que ella cometió: ingresar a la Comisión de Pesca a lobbistas de empresas y asociaciones gremiales pesqueras, haciéndolos pasar por asesores legislativos. 

 

Los silenciosos movimientos que provoca la inminente llegada de Sergio Muñoz a la presidencia de la Suprema

Yo vengo llegando de vacaciones. No sé si mis colegas han estado conversando de la elección del presidente. No tengo conocimiento en lo absoluto de que alguien estuviera pensando en que no se siguiera el curso de la antigüedad en esta oportunidad. No obstante que el ministro que sigue, don Sergio Muñoz, es un hombre muy joven que tiene todavía muchos años para acceder a la presidencia”. La respuesta sobre el futuro del más probable magistrado que encabezará la Corte Suprema durante 2014 y 2015 la hizo a CIPER el actual presidente del máximo tribunal, Rubén Ballesteros. A sólo días del pleno que deberá elegir al futuro presidente –fijado para el miércoles 18 de diciembre– sus dichos evidencian la incógnita que circula soterradamente por los pasillos de los tribunales respecto de quién será, finalmente, el hombre que conducirá la Corte Suprema en los decisivos dos años que vienen.

Si bien la decisión ha respondido históricamente a criterios de antigüedad, las palabras de Ballesteros indican que existe la posibilidad de que, en completa reserva, haya quienes estén  barajando una alternativa diferente a la del ministro Muñoz. Porque lo que todos tienen claro es que esta elección no será una más. El próximo presidente no tendrá solo que bregar por la autonomía económica del Poder Judicial, un objetivo institucional de años, sino que el inicio de su gestión coincidirá exactamente con la partida de un nuevo gobierno. Si tal cual se pronostica Michelle Bachelet es electa Presidenta el 15 de diciembre, tres días más tarde el pleno de la Suprema deberá elegir al hombre que deberá enfrentar desde el Poder Judicial los numerosos y sustantivos cambios que la candidata ya ha anunciado en materias tributaria, educacional, constitucional y de regulación. A ello habría que agregar la solución que el empresariado exige para el incremento de la judicialización de los conflictos en materia de energía y de Isapres, y que han convertido a los tribunales en un actor clave en los cuestionamientos al sistema.

El 18 de diciembre los ministros de la Suprema elegen al sucesor de Ballesteros (Dir. de com. Poder Judicial).

Luego de que el ministro Nibaldo Segura anunciara que por razones estrictamente personales no está disponible para asumir la presidencia de la Suprema, por antigüedad esa designación le corresponde al ministro Sergio Muñoz (56 años), quien llegó en 2005 al  máximo tribunal como el ministro más joven de su historia. No fue un ascenso sorpresivo. Su fama de juez implacable la forjó como investigador al resolver el crimen del dirigente sindical Tucapel Jiménez, construir el prontuario financiero de Augusto Pinochet sobre la base de una metodología investigativa pocas veces vista en el Poder Judicial, develar las mentiras de Gemita Bueno en el Caso Spiniak y construir la nueva cara de los Tribunales de Justicia con cambios informáticos y de gestión.

Precisamente por esas características hay quienes creen que la decisión estratégica sería postergar la llegada de Sergio Muñoz en dos años y dejar que otro ministro, menos convencido de la necesidad de ejecutar grandes cambios, asuma la presidencia en enero de 2014.

El nombre de reemplazo que hasta ahora circula es el del magistrado Hugo Dolmestch, actual vocero de la Corte Suprema y a quien le correspondería la presidencia en el período siguiente. Nombrado bajo el gobierno de Michele Bachelet, masón y con amplios contactos en el mundo político y judicial,  la figura de Dolmestch emerge como un presidenciable para los detractores de Sergio Muñoz por sus habilidades políticas y su propensión al diálogo. Una opción que sus más cercanos rechazan de plano porque aseguran que él “nunca marcaría su nombre en la papeleta”:

-Dolmestch cree fielmente en la antigüedad del Poder Judicial y está convencido que Sergio Muñoz debe ser el futuro presidente de la Corte Suprema -afirma un ministro de la corte que ha conversado con él sobre su futuro.

La decisión está en manos de los 19 jueces que componen el máximo tribunal, y podría aumentar a 20 si el Presidente Sebastián Piñera logra destrabar en estos días en el Senado una de las dos designaciones pendientes de ministros de la Suprema. El nombre del juez Carlos Aránguiz ha sido la insistente carta de La Moneda, pero la oposición lo rechazó argumentando que el gobierno, luego de conseguir apoyo transversal para elegir a la ministra Gloria Ana Chevesich en agosto pasado, se había comprometido a nombrar esta vez al ministro Carlos Cerda, quien ha sido vetado en reiteradas ocasiones por la derecha por su rol de investigador de violaciones a los derechos humanos desde los tiempos de la dictadura (fue el primer juez que condenó a la plana mayor de la FACH por su responsabilidad en los crímenes del Comando Conjunto en 1986) y en el juicio por la fortuna secreta de Pinochet.

Hugo Dolmestch es otra opción para presidir la Suprema.

A diferencia de otras elecciones en la Corte Suprema, esta vez los alineamientos políticos están bastante desdibujados. Por lo mismo, las decisiones del máximo tribunal pueden ser impredecibles. De hecho, a pesar de que hay 10 ministros designados bajo la administración de Michelle Bachelet (Piñera designó a cinco), es evidente que no todos ellos adscriben a una postura de centro-izquierda. De los 19 ministros, en los tribunales se identifica sólo a siete de ellos como claramente alineados con una visión de centro derecha. La foto de la actual Corte Suprema da cuenta de la renovación del máximo tribunal, una radiografía que dista mucho de los tribunales cooptados ideológicamente por el ex ministro de Pinochet, Hugo Rosende.

Fue durante el gobierno de Eduardo Frei cuando su entonces ministra de Justicia Soledad Alvear generó un significativo recambio de los rostros de la Corte Suprema, aumentando en cinco los sillones del pleno con abogados externos, los que llegaron a darle nuevos aires a una institución anquilosada.

DE TALCA A “SÚPER MINISTRO”

Sergio Muñoz partió su carrera en 1982 como oficial en el Tercer Juzgado del Crimen de Valparaíso y se mantuvo por casi toda esa década en distintos puestos en la magistratura de la Quinta Región, después de haberse titulado de abogado en la Universidad Católica porteña. Uno de sus profesores fue Pedro Pierry, también ministro y con quien comparte actualmente sala en la Corte Suprema. A fines de 1989, Muñoz  se desempeñó como relator interino de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, y apenas dos meses antes que Pinochet debiera entregar la banda presidencial a Aylwin, se trasladó a Santiago como relator titular de la Corte de Apelaciones de San Miguel. A esa altura, su carrera meteórica comenzaba a mostrar las primeras señales de lo lejos que llegaría.

Hasta 2032 estará Sergio Muñoz en la Suprema (Fuente: Dir. de com. Poder Judicial).

En julio de 1994 ascendió a juez del 12º Juzgado del Crimen de Santiago y en un tiempo récord llegó a la Corte Suprema como relator (1996-1998). En diciembre de 1998, bajo el gobierno de Eduardo Frei y con apenas 41 años, fue designado miembro de la Corte de Apelaciones de Santiago. En esos años, su carácter introvertido y su actuar acucioso y tenaz empezaron a dejar su impronta en juicios de derechos humanos de alta connotación pública. En solo tres años logró lo que su colega Sergio Valenzuela Patiño no hizo en 17 años: resolver el crimen de Tucapel Jiménez, ejecutado el 25 de febrero de 1982 por el mayor (r) Carlos Herrera Jiménez, condenado a presidio perpetuo en el penal de Punta Peuco; dictar 12 condenas a los máximos mandos y agentes de la DINE y CNI; y reconstituir el organigrama de la CNI. Precisamente, es esa investigación de la estructura represiva la que le permitió con posterioridad armar el rompecabezas de otros crímenes. En 2002, se hizo cargo de 20 investigaciones de derechos humanos y los medios de comunicación lo comenzaron a llamar “el súper ministro”.

No sorprendió a nadie que en 2005 Sergio Muñoz diera el salto que le faltaba y llegara a la Corte Suprema. Entre sus pares, Muñoz es sindicado como un juez extremadamente independiente, trabajólico e imparcial y con una gran capacidad investigativa que lo llevó a carear simultáneamente a 20 implicados en el asesinato de Tucapel Jiménez, a quienes fotografió y grabó durante el procedimiento. Modus operandi con el que debutó en un poder que a fines de 1999 aún no lograba sacarse la carga de responsabilidad por las graves acciones y omisiones cometidas durante la dictadura de Pinochet.

Estricto, riguroso, llega a ser antipático al rechazar a los abogados que intentan abordarlo por algún juicio que está dirimiéndose en su sala. Pero si se le pide la opinión a quienes han sido condenados por sus investigaciones, habrá sorpresas. Todos coinciden en su trato humano. Así logró desarmar a Gemita Bueno. Y es que una de las estrategias de Muñoz es conocer cada punto débil de los hombres y mujeres que investigaba. La misma rigurosidad aplica en el control de tareas en tribunales. Por eso no son pocos los que temen su forma frontal de abordar los errores y deficiencias.

En lo que todos coinciden en que es ha sido uno de los pocos ministros que ha asumido con una persistencia a toda prueba la introducción de nuevas herramientas digitales para el control de tareas. Por ejemplo, al crearse recientemente la Dirección de Asuntos Internacionales, Muñoz anunció que con un sistema informático se hará un efectivo cumplimiento de los convenios suscritos en el exterior por el Poder Judicial, como las peticiones de extradición, órdenes de aprehensión o exhortos que presentan una demora injustificada en su tramitación.

Como presidente de la Tercera Sala (Constitucional) de la Suprema, Muñoz ha jugado un rol clave en dictámenes tales como el que instruyó a las Isapres no subir los planes de salud pues dicha determinación resultaría “arbitraria”. La resolución de los ministros Muñoz, Héctor Carreño, Pedro Pierry, María Eugenia Sandoval y el abogado integrante Arnaldo Gorziglia, provocó una dura reacción en la Asociación de Isapres, cuyos directivos no podían entender cómo después de más de tres décadas se ponía en cuestión un mecanismo usual de esas instituciones privadas.

“La materia sometida al conocimiento de los tribunales con motivo del ejercicio de la acción constitucional de protección dice relación con un contrato de salud previsional celebrado entre un cotizante y una Institución de Salud Previsional. Es en relación con ese contrato de salud que se ha declarado que el alza anual efectuada unilateralmente por la isapre vulnera las garantías constitucionales del afiliado, de modo que, según se ha dicho, tal proceder resulta arbitrario”, sentencia el fallo.

JUDICIALIZACIÓN DE PROYECTOS ELÉCTRICOS

Con el término del mandato del ministro Rubén Ballesteros, y el  virtual aterrizaje del ministro Sergio Muñoz a la presidencia de la Corte Suprema, se sucederán una serie de cambios en la composición de las cuatro salas que integran los 19 magistrados con un consiguiente reordenamiento de sus miembros. Es así como Ballesteros deberá volver a ocupar una de esas instancias, al mismo tiempo que Muñoz dejará de presidir la Sala Constitucional.

Desde que llegó a la Suprema, el 6 de septiembre de 2005, Rubén Ballesteros fue miembro de la Sala Penal, donde se dirimen los juicios de derechos humanos. Como esa sala está completa, Ballesteros no podrá reintegrarse a ella: “Habría una vacante en la Tercera Sala, la Constitucional; y en la Cuarta Sala, la Laboral y de Familia. Pero es una cuestión que tendré que resolver en la última semana de diciembre. Por ahora estamos reflexionando”, dijo el actual presidente a CIPER.

La judicialización de los proyectos energéticos ha generado críticas en el sector empresarial

La salida de Muñoz de la presidencia de la Sala Constitucional y su reemplazo es mirada con expectación. Podría marcar un cambio de rumbo respecto de sus decisiones que han tenido como consecuencia la paralización de varios proyectos eléctricos, generando críticas en el sector empresarial. Hasta ahora, la sala que preside Muñoz, quien redacta personalmente la mayoría de los fallos, ha sentado jurisprudencia en varias investigaciones, como el fallo de la termoeléctrica de la Central Castilla, que invitó a las partes a una conciliación en circunstancias que hasta ese momento nunca se las había llamado a negociar durante la tramitación de un recurso de protección.

La alegría de los pescadores y habitantes de la localidad de Totoral, en la Región de Atacama, fue explícita cuando se enteraron que la Corte Suprema había acogido su recurso contra la Resolución de Calificación Ambiental que aprobó la construcción de un puerto y la central Castilla. Así, el fallo paralizó una inversión que ascendía a US$5.000 millones.

La preocupación de las compañías eléctricas por los fallos adversos en tribunales quedó plasmada en una nota de El Mercurio en la que se advierte: “La Justicia bloquea el 24% de la energía aprobada en los últimos cuatro años” (ver nota). En el artículo publicado el 21 de noviembre de 2013, se hace mención a que la votación de la Corte Suprema que paralizó la construcción de la central Punta Alcalde ratifica la incidencia que “han ido ganando los tribunales de justicia sobre el destino de los proyectos eléctricos en el país”.

APUESTAS PARA EL CAMBIO EN LA TERCERA SALA

El actuar de la Sala Constitucional no es solo foco de controversia en los círculos ambientales y empresariales, sino también en la misma corte, que se divide en torno a la llamada judicialización de los proyectos eléctricos. Éste fue uno de los temas principales de la XVI Jornada de Reflexión realizada entre el 17 y 20 de octubre de este año en Castro, oportunidad en que Ballesteros encargó al ministro Hugo Dolmestch y a la Corporación de Estudios de la Corte Suprema un análisis sobre esta materia, y se invitó a juristas como Jorge Correa Sutil y Gastón Gómez, además del sociólogo Manuel Antonio Garretón, para que expusieran sus puntos de vista.

-Este periodo estuvo signado por la judicialización de proyectos ambientales, pero creo que seguiremos teniendo este enfrentamiento entre la sociedad civil que recurre a los tribunales para paralizarlos. Quisiéramos que los problemas que están llegando por distintas redes sociales de distintos pueblos de Chile se resolvieran a través de la acción de los organismos que el Estado tiene. Sin embargo, mientras dichos órganos no tengan la adhesión, la confianza y la gente no los acepte, nosotros vamos a seguir recibiendo esos recursos y resolviendo, porque estamos obligados por disposición del Código Orgánico de Tribunales y por la Constitución Política de la Republica a resolver los asuntos que se presenten, aunque no haya ley que resuelva el asunto -indicó Ballesteros a CIPER.

Para el ministro Patricio Valdés, en cambio, “el Poder Judicial no puede cogobernar y los poderes del Estado tienen todos diferentes funciones”. Este ministro, que entre 1975 y 1979 fue gerente general de la Sociedad de Fomento Fabril y que ingresó como abogado externo a la Corte en octubre de 2006, es enfático en señalar que las investigaciones de causas medioambientales, que en la práctica están paralizando el desarrollo del país y que llegan a la Tercera Sala, “deben ser analizados en su justo mérito”.

Rubén Ballesteros dejará la presidencia de la corte suprema durante la primera semana de enero de 2014.

La opinión del ministro Valdés es recogida en parte por las críticas del sector privado en áreas mineras y de energía las que se centraron en el rol preponderante alcanzado por el ministro Sergio Muñoz en los fallos que les eran adversos en la Sala Constitucional. Según sus detractores, el juez se ha convertido en el “artífice de una nueva forma de entender las leyes del rubro”, dejando en entredicho la estructura actual basada en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (Seia) (ver nota de La Tercera).

En esta discusión, el presidente de la Suprema, Rubén Ballesteros, es categórico y defiende lo realizado por Muñoz: “La obligación del juez es de una drasticidad tremenda. Por ningún motivo puede un juez negarse a resolver un asunto y lo debe hacer conforme a los conocimientos que tiene, a la experiencia y a principios generales de derecho que están algunos escritos y otros no escritos”.

En ese contexto, la pregunta que se hacen muchos en los tribunales es si la llegada de Muñoz a la presidencia podría inhibir su protagonismo en materias jurisdiccionales, obligándolo a dejar de reinterpretar la forma de ejercer el derecho en el país. Si para algunos lo anterior es una incógnita por resolver, para la mayoría de los ministros de la Suprema esa no es una disyuntiva. Así lo expresó a CIPER el ministro Lamberto Cisternas, quien afirmó que los temas ambientales responden a decisiones propias de un tribunal, como acoger o rechazar recursos de protección o casaciones (trámite con el se busca buscan anular una sentencia judicial); pero en ningún caso corresponden a un desafío que debe resolver el presidente de la Corte: “Él debe abocarse fundamentalmente a la labor de gobierno, de  coordinación. Y es la Sala Constitucional la que debe estudiar los antecedentes en esas materias”.

Para el ex presidente de la Suprema y actual presidente de la Sala Penal, Milton Juica, el plan estratégico del Poder Judicial que concluye en 2015 es la “hoja de ruta que los presidentes deben seguir naturalmente con asentimiento de la Corte Suprema, porque él es su representante y ejecutor de lo que decida el máximo tribunal. Pese a tener mucha autonomía en varios aspectos, él es la voz  de la Corte Suprema”.

Mientras La Moneda insiste en nombrar a Aránguiz, la oposición apoya a Cerda para llegar a la Suprema.

Si el ministro Muñoz es elegido presidente, como todo lo indica, debería por tanto y a pesar de su conocido perfil díscolo, navegar con el timón de la Suprema de acuerdo a una hoja de ruta muy bien delineada. Pero todos saben que Muñoz no llegará a la presidencia para marcar el paso. Cambios habrá, innovaciones también y nuevas exigencias para todos. Para ello cuenta con una experiencia que pocos tienen en el manejo interno, la que profundizó en su paso por la Corporación Administrativa del Poder Judicial y en el Tribunal Calificador de Elecciones, entidad que presidió entre 2008 y 2012. Y también con un ritmo que pocos pueden seguir, lo que grafica su imbatible récord de eficiencia, una característica que es ratificada por su colega, el ministro Juan Araya:

-Al ministro Sergio Muñoz le corresponde y se merece con creces asumir la presidencia de la Corte Suprema. Él será un gran presidente pues tiene una gran capacidad de trabajo e inteligencia, además de un gran sentido de la justicia.

El entusiasmo del ministro Araya por la casi segura llegada de Sergio Muñoz a la presidencia fue ratificado por otros ministros a CIPER sin que entregaran mayores argumentos. Aunque también fueron varios los que dijeron que no habría ningún trauma si esta vez no se respeta la antigüedad.

-En relación a las presidencias, nunca ha sido traumatizante el tema. Hay una secuencia histórica y tradicional de que asume la presidencia el más antiguo. En muy pocas oportunidades ha sido modificado, no por vetos, sino porque ha habido personas que anticipadamente han manifestado que no están en condiciones de asumir ese cargo -dijo Milton Juica.

Este es precisamente el caso, pues el ministro Segura ha depuesto su opción por antigüedad, lo que dejó el campo libre para que se eligiera a Muñoz, pero con algún grado de incertidumbre. Así lo grafica el ministro Lamberto Cisternas:

-Para ser bien honrado, en este tema no ha habido conversaciones, entonces no podría decir si alguien tiene antecedentes de otro tipo o si se ha propuesto a otro colega (que no sea Sergio Muñoz). Tal como están las cosas las aguas caminan hacia allá, pero siempre las instituciones tienen un período de conversación, de reflexión y eso no se ha dado. Aquí no son 13 millones de votantes, sino somos bien poquitos, entonces podemos conversar unos días antes. El Código es muy claro en el sentido que el presidente lo eligen los ministros de la Corte, por lo tanto podrán elegir a cualquiera de los ministros.

Ajeno a todos los rumores y conversaciones entre los supremos sobre su destino inmediato, el ministro Sergio Muñoz ha permanecido fuera del país en las últimas dos semanas y seguirá ausente. Hasta el domingo 1 de diciembre estuvo en Colombia representando al Poder Judicial en el seminario “Gobierno y disciplina del juez: un modelo constitucional en expansión”, y el martes 3 volvió a viajar, esta vez a Bolivia, para participar en la reunión preparatoria de la Cumbre Judicial Iberoamericana, que tendrá lugar en Chile en abril de 2015 y de la que es coordinador nacional. Fiel a su costumbre, ha sido impenetrable a entregar cualquier opinión sobre lo que ocurrirá el miércoles 18 de diciembre. Pero quienes han seguido sus polémicos votos de minoría en el pleno saben que ya tiene su plan de trabajo bien diseñado.

EL PRONTUARIO FINANCIERO DE PINOCHET

Durante sus años de escolar del Liceo Blanco Encalada de Talca y luego en el Internado Nacional Barros Arana de Santiago, nadie habría imaginado que el Chico Muñoz sería quien echaría abajo la imagen del dictador “probo” que hasta el año 2004 circulaba entre los  seguidores de Pinochet al responsabilizarlo solo de “los excesos” cometidos en dictadura, pero no de haberse enriquecido ilícitamente.

Todo se inició en 2004 con la investigación realizada por el Congreso de Estados Unidos por los atentados del 11-S, que permitió descubrir que Pinochet abrió cuentas en el Banco Riggs desde 1985, por una suma que ascendía inicialmente entre 4 a 8 millones de dólares (ver Washington Post). El escándalo estalló de inmediato en Chile. La acuciosidad mostrada por Muñoz en otras investigaciones hizo que las cuentas secretas de Pinochet fueran a parar directamente a su escritorio.

El juez logró en poco tiempo descubrir que Pinochet encubrió una serie de cuentas utilizando nombres falsos -como Daniel López, John Long, José Ramón Ugarte, J.D. Ugarte, José Ugarte, J.Ugarte, entre otros-, ocultando una fortuna que calculó en más de US$21 millones, dinero que provenía principalmente de comisiones por venta y compra de armas. En sus fallos se detalla el resultado de los más de 20 exhortos internacionales con los que logró reunir toda la documentación de los contratos, pagos y seguros relacionados con el Proyecto Rayo, desarrollado por Royal Ordenance en conjunto con la Fábrica y Maestranza del Ejército de Chile (FAMAE); y las distintas cuentas que Pinochet fue abriendo en distintos bancos y paraísos fiscales para recoger las comisiones ilícitas. En su investigación, Muñoz logró hacer una exhaustiva contabilidad de los dineros de Pinochet, desmenuzando cuáles correspondían al uso indebido de gastos reservados y cuáles a comisiones por armas.

También descubrió a sus cómplices financieros (familiares, colaboradores del Ejército y particulares), como el gerente del Banco de Chile en Nueva York, Hernán Donoso Lira, quien debió abandonar su cargo en diciembre de 2004, tras ser multado con US$200 mil por la Superintendencia de Bancos de Estados Unidos por ocultar las cuentas de Pinochet.

Entre las múltiples diligencias, Muñoz solicitó a Scotland Yard los registros fílmicos y documentales de las vigilancias y control de identidad de personas que ingresaron a los domicilios de Pinochet, mientras permaneció privado de libertad en Virginia Waters, en las afueras  de Londres. Todos esos registros están hoy en tribunales.

 

El via crucis de la derecha y el reordenamiento con miras al 2017

“Sí, se puede”, alentaba entusiasmado el senador de Renovación Nacional Francisco Chahuán la noche del domingo 17 de noviembre, improvisando una consigna que se transformaría en el slogan de la candidata Evelyn Matthei para la segunda vuelta presidencial. Mientras un puñado de dirigentes y ministros de segunda línea celebraban en el hotel Intercontinental el tener la posibilidad de ir al balotaje, gran parte de la atención estaba centrada en los comandos de Andrés Allamand y de Manuel José Ossandón, quienes a esa hora disputaban los últimos votos para erigirse como los dos senadores electos por Santiago Poniente y Oriente, respectivamente.

Dos figuras que brillaron y brillarán por su ausencia -de hecho se tomaron vacaciones- durante esta nueva fase de la campaña de Matthei. Hay quienes les atribuyen cierta responsabilidad en la baja votación de la candidata, pero hoy Allamand y Ossandón emergen como cartas presidenciales para el 2017. La mayor sorpresa la dio Ossandón, quien no estaba contemplado entre las opciones de RN, pero que con su triunfo quedó catapultado la noche del 17 como una figura con posibilidades, tras remontar una derrota que parecía segura y desplazar a Laurence Golborne. Él mismo se encargó de confirmar que está dispuesto a disputar la carrera presidencial y que lo hará con quien sea necesario (ver entrevista en La Tercera). En la UDI, en cambio, coinciden en que no emergió en esta elección ningún presidenciable para el 2017. Laurence Golborne, derrotado por Ossandón, entró en una suerte de “pausa” y no se sabe si logrará emerger de ella como una figura con futuro político.

Francisco Chahuán entusiasmado por haber pasado a segunda vuelta en la "celebración" del domingo.

Con los resultados electorales en la mano, lo que se viene es un importante reacomodo al interior de las filas de ambos partidos de la Alianza. Eso en el mediano plazo, porque hoy las urgencias están puestas en salir a la caza de los votos que necesita Matthei para alcanzar, dicen, “un umbral digno” frente a Bachelet y evitar una “paliza” el 15 de diciembre, en un escenario más que adverso para la centroderecha en el Congreso.

La misión de la derecha debe al menos estrechar la diferencia entre los 2 millones 245 mil 114 votos obtenidos en las parlamentarias y el millón 645 mil 271 sufragios que Matthei consiguió en la primera vuelta.

El reciente encuentro del senador Antonio Horvath (RN) con Michelle Bachelet para poner a disposición el programa de gobierno de Franco Parisi, activó la preocupación en la Alianza. De acuerdo al propio Horvarth (ver entrevista), Bachelet acogió sus propuestas programáticas, lo que podría traducirse en dos hechos: sumar parte del 10% para el balotaje que obtuvo Parisi en primera vuelta y también añadir un voto para la Nueva Mayoría en el Senado. De este modo, la hoy oposición podría acercarse a la mayoría necesaria para aprobar las reformas que necesitan de más quórum, como el fin al sistema binominal. Tiene 21 votos y sumando a Horvath y eventualmente al independiente Carlos Bianchi, podría sumar 23.  Eso si la Alianza no logra retenerlo.

De todos modos las cuentas no son muy auspiciosas para la derecha en el Congreso frente a, por ejemplo, interpelaciones y acusaciones constitucionales contra ministros en un próximo gobierno de Bachelet, pues tienen 50 diputados y requieren 48 para aprobar un libelo. Si tres de ellos llegaran a resfriarse, esa alternativa se viene al suelo de inmediato.

DUPLA EXPLOSIVA

En medio de este reacomodo político, el vía crucis de la derecha se proyecta con más estaciones que el simple balotaje. Vendrán las pasadas de cuentas por la inminente pérdida del gobierno; proliferarán papers y congresos doctrinarios que sacarán lecciones de la derrota presidencial por no haber sabido “leer” los cambios que la sociedad chilena estaba experimentando. Luego se renovarán las mesas directivas de los dos partidos de la Alianza.

En la UDI anuncian el “cobro de cuentas” a la actual directiva que encabeza Patricio Melero, dado que el partido perdió 9 diputados y los dos senadores por Santiago –Pablo Zalaquett y Laurence Golborne– , aunque mantiene su número en la Cámara Alta por los triunfos de Iván Moreira y Jacqueline van Rysselberghe. Los diputados de la nueva generación en la UDI ya hablan de necesario recambio pero “en un esquema acordado”. Es decir, están por generar cambios desde dentro. Al estilo UDI.

Ya comenzó la disputa entre Allamand y Ossandón por posicionarse en la carrera de 2017.

En RN se avecina un consejo general en mayo y una segura elección interna, donde la salida de Carlos Larraín es un hecho, para dar paso a un nuevo presidente, que algunos aventuran podría ser Andrés Allamand, como trampolín para las elecciones de 2017. Algunos parlamentarios dan por sentado que “pretenderá tomarse el partido”. Pero saldrá competencia al ruedo, ya lo anuncian internamente. El senador Alberto Espina estaría decidido a presentar su candidatura a la presidencia del partido, en lo que podría ser la contraparte más cercana a Piñera, en RN.

Si Allamand recibe el apoyo de Carlos Larraín, tendría a su favor el traspaso de una “maquinaria aceitada”, como grafica un diputado la influencia que ejerce el actual presidente del partido sobre los militantes. Aun cuando los resultados de las últimas parlamentarias no fueron auspiciosos, el triunfo de las dos senadurías en Santiago y el aumento en 3 diputados aplacó las derrotas en la Región de Los Lagos, Biobío Cordillera y Costa.

Otro parlamentario apunta que “no tenemos nada contra la figura de Allamand, pero la dupla con Carlos Larraín sería explosiva, porque la bancada más joven no quiere más ese viejo estilo de conducción. En ese escenario, lo más probable es que surja una lista paralela, o muchos simplemente pueden tomar el camino de renunciar al partido y formar un nuevo referente como lo fue Evópoli en su momento”. En esa línea, mencionan el triunfo de Felipe Kast como un ejemplo de que “ya no es un pecado” no tener partido y que “el precio de la división bajó”, más aún cuando los diputados ya fueron elegidos y en teoría, no necesitan del apoyo financiero del partido dentro de los próximos cuatro años.

¿UNA NUEVA DERECHA?

De cara a la segunda vuelta de diciembre, las voces de la Alianza piden a gritos un cambio de estilo y de discurso de la candidata Evelyn Matthei. “Se necesita un cambio de switch total, dejar de lado el discurso confrontacional y agresivo y volverse más amable, menos severa”, comenta un parlamentario de RN. No sólo para atraer nuevos electores, sino pensando en sentar las bases de lo que viene para este sector, una redefinición profunda del proyecto que ofrecen al país, a la luz de los pálidos resultados electorales.

–Me impresionan las caras de fiesta que hay en el comando –comentó a CIPER el domingo un militante UDI– cuando la realidad es que los resultados fueron malos y cuanto antes hagamos la autocrítica, mejor.

Felipe Kast, junto a Hernán Larraín e Ignacio Rivadeneira, es el único Evópoli que estará en el Congreso.

En este punto, emergen las dos almas de la Alianza. En la UDI hay quienes aseguran que esta nueva elección es una oportunidad para marcar el proyecto de continuidad con el gobierno de Piñera y no de abrirse a la conquista a un centro político cada vez mas diluido. “Con Piñera no ganamos en clave política, sino en clave social, pero la gente tiene que saber qué ofrecemos acá”. Otro parlamentario apunta al contenido de la campaña: “Un 7 para Chile no habla de un proyecto, es sinónimo de eficiencia, pero eso ya no convoca. Tenemos que ser más concretos con lo que vamos a plantear”.

En una postura más transversal a los dos partidos están quienes sostienen que “tenemos que hacernos cargo y asumir el brutal descontento que se expresa con el mundo político, tenemos que ser más directos con nuestras propuestas y asumir las responsabilidades que correspondan, no eludirlas porque así nos vamos a quedar empantanados”.

En medio de este proceso, la llamada “nueva derecha” comienza a incomodar a algunos. Precisamente ese mismo nombre era el que le había puesto el senador RN Francisco Chahuán al libro que viene escribiendo desde hace un año y medio y en el que intenta dar cuenta de las profundas transformaciones experimentadas en Chile.

–En 2011 se produjo un quiebre de crisis institucional, acompañado de un empoderamiento ciudadano, que generó un cambio en las expectativas, con una ciudadanía más demandante. La tesis de mi libro es que la derecha no fue capaz de generar una visión en base a sus principios. Y eso se tradujo en que frente a las consignas de la izquierda no hubo posibilidad de contrastarlas con la acción política eficaz y oportuna del gobierno. Las consignas de la izquierda fueron generando un cambio de eje y ese es el mayor tema que la Alianza deberá enfrentar ahora–, reseña Chahuán.

Su visión se enfrenta abiertamente con la de los defensores del modelo económico que se aglutinan principalmente en la UDI, como el histórico dirigente Gonzalo Cordero.

–La centroderecha en Chile, cualquiera sean los partidos en que se articule, debe tener una opción de defender, sostener, impulsar nuestro modelo de desarrollo, un modelo de economía libre, de valoración del emprendimiento y de las libertades individuales que debe ser muy fuerte, nítido y claro, y que no lo ha tenido en los últimos años y eso ha hecho que más que un problema electoral para la derecha se trate de un problema cultural–, dijo Cordero al diario Pulso (ver entrevista).

GENERACIÓN DE RECAMBIO

Ese choque de posiciones estará presente en los próximos meses en la Alianza y marcará el futuro del sector, independientemente de los resultados de la segunda vuelta. Todos apuestan a que la discusión se torne más intensa, especialmente con el recambio generacional de los hijos de los dirigentes de la derecha, como el Horizontal Hernán Larraín Matte, quien desde ese think tank intenta establecer una plataforma de ideas y de políticas públicas, en una convergencia desde el mundo liberal de centroderecha al mundo liberal de centro y eventualmente al sector que podría escindirse de la Nueva Mayoría, si Michelle Bachelet realiza un giro hacia al estatismo, según indican a CIPER en ese centro de estudio.

“Hay muchos jóvenes del gobierno de Piñera que no quieren volver a la Bolsa, si no mantenerse en el mundo público”, aseguran en Horizontal, centro en el trabajan solo ocho personas y que proyecta, en un eventual gobierno de Bachelet, realizar estudios respecto de temas estratégicos, como son las reformas que ha levantado la Nueva Mayoría.

Parte de esos sectores liberales, representado en Evolución Política (Evópoli) por su líder Felipe Kast, han tomado el pulso a la radiografía del nuevo Chile a partir de las últimas encuestas con especial interés. Y advierten que es indispensable realizar un giro en cómo la derecha se aproxima a esos cambios. Ya la última encuesta del CEP reveló que un 86% de los encuestados está de acuerdo con la protección a los consumidores; un 85% con reducir la diferencia de ingresos; un 83% con la nacionalización del cobre; y un 36% con el matrimonio entre parejas del mismo sexo (ver lámina).

La victoria de Felipe Kast sobre la UDI Mónica Zalaquett activó a la generación que busca posicionar a una nueva derecha.

El sondeo a jóvenes de la Universidad Diego Portales revela que el 64% está de acuerdo con el matrimonio igualitario y el 79% con legalizar el consumo de la marihuana. Es precisamente en estos últimos temas donde la candidata presidencial de la Alianza aparece más distante de la opinión de la ciudadanía. Para algunos analistas de su sector, tal distanciamiento no sería real, sino más bien se trata de imperiosa necesidad de amarrar el hasta ahora huidizo voto duro de la derecha. “Si nosotros aceptáramos el matrimonio homosexual, ¿tendríamos que aceptar que dos mujeres convivan con un hombre y se casen los tres? Tengo amigos homosexuales, todo el respeto y el cariño para ellos, si quieren tener un nuevo estado lo tendrán. Pero el matrimonio es entre un hombre y una mujer”, fue la categórica respuesta de Matthei en una de sus últimas performances televisivas en el programa de Las Caras de La Moneda conducido por Mario Kreutzberger.

Los sondeos de opinión desde hace años venían evidenciando las transformaciones asumidas en el ideario colectivo de los chilenos, que se ha visto impactado por los escándalos de la colusión de las farmacias, del lucro en las universidades y del abuso del retail, frente a un Estado condescendiente frente al poder de los grupos económicos.  Por lo mismo, quienes ven en peligro la continuidad de la Alianza ante el rumbo que está teniendo la población, plantean la necesidad de que ese sector tome las banderas de los “progresistas sociales” para terminar con la verdadera vergüenza moral de la distribución en Chile y ser capaces así de generar mayor igualdad de oportunidades, dejando atrás la vetusta discusión de libertad versus igualdad. “Debemos establecer regulaciones en un sistema de libertades, de manera de disminuir la sensación de abusos y desprotección que se ha ido instalando en la sociedad chilena. Ese nudo debe ser resuelto y será tarea de la derecha hacerse cargo”, advierte el senador Francisco Chahuán.

En Evópoli la lectura que hacen es diametralmente distinta, pues consideran que no se ha agotado el modelo, sino una generación que fue incapaz de evolucionar y profundizar un proyecto político, que pudiera mantenerse en el tiempo y no ser solo un paréntesis de cuatro años. “Piñera tuvo en sus manos proyectar lo realizado, pero por responsabilidades compartidas del propio Presidente y de dos partidos sin cultura interna que le hicieron la vida imposible al gobierno, ello no ocurrió”, es la conclusión de los jóvenes líderes de la derecha.

Este último escenario es desestimado por el diputado UDI Javier Macaya, quien sostiene que es “una lógica equivocada ningunear la labor que por décadas ha tenido RN y la UDI. Obviamente el recambio generacional es positivo, pero no deben existir vetos para nadie: ni a jóvenes ni a militantes de trayectoria”.

Empresarios ligados al piñerismo agregan su visión al afirmar que mientras Chile cambió, algunos partidos como la UDI y el sector que comanda el presidente de Renovación Nacional, Carlos Larraín, se mantienen agarrados a un ideario que ya no les permitirá volver al poder.

CIPER conversó con un hombre de negocio y amigo de Sebastián Piñera, quien confía en que el mandatario podría posicionarse como la carta post Bachelet, pero para eso no necesitaría de RN, ni de la UDI, ni tampoco de una nueva fundación o partido. “Sólo debe esperar en Apoquindo 3000 (edificio donde Piñera tiene sus oficinas privadas) a que pasen los cuatro años de Bachelet, y seguramente llegarán en peregrinación a pedirle que vuelva a apostar por la empresa que más lo ha motivado en estos últimos años”, afirma.

Las elecciones parlamentarias reacomodaron el naipe de poder de la derecha chilena.

Sin embargo, no todos en el círculo de amigos de Piñera opinan lo mismo. Otro empresario que tiene una gran cercanía con el mandatario discrepa en que deba esperar pasivamente en sus oficinas y levanta la tesis de la conformación de un nuevo referente político. Esto porque el Presidente ya habría realizado “la sepultura de la derecha tradicional” en septiembre, cuando se distanció de su sector y acuñó el término “cómplices pasivos”, cerró el Penal Cordillera y trasladó a los militares violadores de derechos humanos a Punta Peuco. Al dar ese paso, rompió con la derecha tradicional y se anotó en la historia de Chile como el primer Presidente de la Alianza que reconocía una verdad escondida por generaciones, añade el estrecho amigo del mandatario.

No entiende cómo los símbolos partidistas, al menos de Renovación Nacional, aún se mantienen vigentes, rememorando al jarpismo de inicio de los ´90 y que, a su juicio, no identifican al nuevo electorado. Se requiere de un “referente fresco” que esté dispuesto a votar nuevamente por Piñera, porque la derecha conservadora no volverá a hacerlo, añade.

MATAR AL PADRE

Para el coordinador de políticas públicas del Instituto Libertad y Desarrolo, José Francisco García, la “nueva derecha” instaló la idea de un proyecto de renovación, pero más ligado a la edad, por lo que sería inviable que Sebastián Piñera pudiera liderarlo. Y aunque admite que el jefe de Estado entregó un legado a la centroderecha, a través de una mirada progresista en estos cuatro años de gobierno, el desafío de las nuevas generaciones implicará –en términos freudianos– matar al padre. Ello, sin duda, significa levantar una candidatura propia que se oponga a la de Piñera y al menos competirle testimonialmente en las primarias del sector.

José Francisco García.

La nómina de los Edipos es extensa y –de acuerdo a dirigentes de la UDI– ésta podría ir desde el diputado de ese partido Ernesto Silva al representante y candidato de Evópoli por Santiago, Felipe Kast. Para este independiente que fue ministro de Estado y luego se desempeñó como delegado presidencial para los campamentos que ocupaban los damnificados del terremoto de febrero de 2010, esa posibilidad es un hecho de la causa después de haber aplastado electoralmente a la diputada UDI Mónica Zalaquett. Hoy el economista de 36 años se transformó en un gran ganador, en medio de un escenario adverso, donde fue capaz de levantar un movimiento y sin partido. Por lo mismo, algunos en el sector miran a Evópoli como la posibilidad cierta de transformarse en una colectividad más de la Alianza, aunque hay otros que plantean que le será difícil pues Kast fue el único de los seis candidatos que resultó electo, de manera que es cosa de meses para que comprenda que deberá incorporarse a un comité de bancada. Y lo más probable es que Renovación Nacional sea su opción final, considerando que el cupo le fue entregado por el partido de Carlos Larraín.

EL ARTICULADOR

El rol que desempeñará Andrés Allamand en el Congreso ya es un hecho y estará determinado por la salida de históricos dirigentes de la Alianza que hicieron las veces de articuladores con la oposición.  Lo que está por verse es si le permitirán capitanear Renovación Nacional, tienda en la que Carlos Larraín pasaría a tener un rol secundario, aunque no alejado del mecenazgo que durante su administración y antes también, ha ejercido.

Andrés Allamand se proyecta como uno de los nombres para suceder a Carlos Larraín en la presidencia de RN.

La victoria de Allamand sobre Zalaquett frenó este domingo 17 de noviembre que los liberales se apoderaran de RN, en la repetición del mismo sueño que mantuvo unida a la noventera Patrulla Juvenil, integrada por Matthei, Alberto Espina, Piñera y Allamand. Aunque 20 años después, la rueda de la fortuna nuevamente podría sorprender a algunos en RN que esperan que Cristián y Nicolás Monckeberg, José Manuel Edwards, Pedro Browne y Karla Rubilar se tomen el partido, ya libre de las ataduras del pasado y con una visión distinta para el futuro.

Quienes querían jubilar a Allamand –por, entre otras cosas, no atreverse a decir dictadura en los foros– y a Carlos Larraín, ven con buenos ojos también a Lily Pérez, como una carta adecuada que podría congregar a parte del sector liberal.

EMPRESARIOS: “BACHELET NO ES EVO”

Mientras la derecha realiza todo tipo de cálculo electoral de cómo remontar en la segunda vuelta, los empresarios también sacan sus cuentas y se aproximan a cómo sería el nuevo gobierno y al binomio que más le preocupa: estabilidad y crecimiento económico. El presidente de Celfin-Capital y amigo de Piñera, Jorge Errázuriz, afirma sin remilgos que si Michelle Bachelet regresa a La Moneda, el país no variará demasiado.

Jorge Errázuriz.

“Aquí no pasará nada que ya no hayamos visto. A La Moneda no llegará Evo Morales, ni tampoco se producirá una sensación de inestabilidad. Bachelet no es una outsider. No va a desarmar el país. En materia parlamentaria, la Nueva Mayoría tendrá mayoría, pero ésta no será abrumadora y las transformaciones que se hagan en el país deberán ser con acuerdos de los distintos sectores”, dijo a CIPER.

Lo que sí llama Errázuriz al próximo gobierno es “a evitar exacerbar el odio, pues lo que nos ocurrió en los años 70 con la demonización del otro fue muy grave y no puede volver a repetirse”.

El empresario no ve problemas en la eventual subida de impuestos para las empresas, de 20% a 25%, siempre y cuando ese aumento no afecte la inversión. “Es un tema en que nos podemos poner de acuerdo, pero el futuro gobierno deberá identificar qué es lo que persigue con la subida de los impuestos y explicitarlo”. Y es en ese punto precisamente en el que Errázuriz insiste en su temor que ya evidenció en julio a CIPER: “Ya no se habla de expropiarte la casa, los campos o la industria, sino la propuesta de la izquierda quiere expropiar los flujos, a través de los impuestos” (ver entrevista).

PÉRDIDA DE PARLAMENTARIOS

Mientras los análisis sobre el eventual control de daños se desatan en las filas de la derecha, el esfuerzo de esta nueva fase de la campaña se concentrará en apuntalar las regiones donde Evelyn Matthei resultó perdedora. Cada parlamentario electo asumirá un rol destacado en esta segunda vuelta. Y ya sin la camisa de fuerza de las parlamentarias, en el comando esperan que puedan volcarse a la campaña presidencial.

La pérdida de 9 diputados en la UDI impactó al gremialismo, pues es la primera vez desde 1989 en que declinó su ascendente curva electoral. Ese año tuvo 11 escaños en la Cámara Baja y en la elección de 2009 consiguió 38 diputados, convirtiéndose en la bancada con mayor número de representantes. En marzo tendrá 29. En el Senado, la UDI partió con dos y en 2010 llegó a tener ocho senadores, el mismo número que mantiene hoy.

RN, en cambio, ha tenido una suerte distinta, pues partió con 29 diputados, pero en 2009 solo obtuvo 18. Contando a Felipe Kast, hoy tendría 20 diputados y si Antonio Horvath no se aleja de RN se mantendrá con 8 senadores. El panorama de la derecha comenzará a resolverse a partir del 15 de diciembre, cuando las directivas de sus dos partidos concluyan la evaluación del proceso electoral. Y lo más seguro es que luego del balotaje tengan que empezar a planear lo que harán como oposición a la Nueva Mayoría.

Carlos Larraín: “Allamand tiene experiencia, pero Ossandón conecta con los pobres”

En reemplazo de Andrés Allamand, Carlos Larraín llegó al Senado hace poco menos de tres años en momentos en que Sebastián Piñera cambió el rumbo de su gobierno y decidió copar algunos ministerios con dirigentes políticos históricos de la derecha.

En los próximos meses, Larraín dejará la presidencia de Renovación Nacional y una de sus cartas de reemplazo es Allamand, la dupla con la que pretende defender en un eventual gobierno de Michelle Bachelet el ideario de su sector, aquel que no tiene nada que ver con el de la “entelequia fantasmagórica de la nueva derecha”.

Usted no pasó al Tribunal de Disciplina a Antonio Horvarth por haber respaldado a Franco Parisi en la primera vuelta.

Yo no ando echando gente del partido. Si alguien se quiere ir, es distinto. Antonio Horvarth me cae bien y soy su amigo, por lo tanto no iba a hacer ninguna cosa disciplinaria contra un senador por una cuestión de 25 días. Lo de Franco Parisi fue flor de un día. Antonio tiene claridad en temas centrales: es enemigo del aborto y del matrimonio homosexual. Yo detecto en la derecha alguna desafección y Parisi en alguna medida es antena de eso. Lo de Franco Parisi tampoco es pura gana de molestar, pues hay gente que no está contenta con lo que está ocurriendo. A esa gente hay que dejarla existir políticamente.

Matthei dijo que saldrá a buscar votos del regionalismo, uno de los temas asumidos por Israel y también por Parisi.

El tema del regionalismo hay que apalancarlo. Evidentemente no se puede seguir con una cuestión concentrada entre Santiago y Valparaíso. Antonio Horvath ha representado este tema muy bien.

La candidata de la Alianza también planteó que es necesario convocar a quienes levantan las banderas ecologistas. ¿Usted se siente cercano o lejano a ese tema?

El tema ecologista lo entiendo porque soy jardinero. Entiendo el argumento ecologista, pero la discrepancia con Sfeir es que está un poco cargado hacia el inmovilismo y yo, en cambio, creo que hay que hacer un desarrollo, pero bien hecho, por lo que en ese tema hay una semi coincidencia con él.

Entonces coincide con Matthei en que hay que extraer los puntos positivos de cada una de las candidaturas y atraer esos votos.

Obvio, pero no solo para esta campaña, pues a lo más va a durar 20 días, sino para el futuro de la derecha.

Y respecto del futuro de RN y de la Alianza, ¿existe un acuerdo entre usted y Andrés Allamand para que en el próximo período haya una directiva presidida por él?

La próxima directiva del partido va a emerger de cómo se conduzcan los personajes individuales.

Usted fue presidente de RN fuera del Congreso y dentro de él, de modo que ahora puede evaluar cuán positivo es que un dirigente esté en el Senado o en la Cámara, especialmente a la hora de llegar a acuerdos.

Al comienzo yo pensaba que no era importante, pero ahora creo que sí lo es, puesto que aquí (en el Congreso) pasan muchas cosas.

Entonces, ¿Allamand es una buena carta?

Claro, pero hay otros más.

¿Entre esos también incluye a Alberto Espina o no?

Él tiene un cierto tope porque es visto muy próximo a Sebastián Piñera y el piñerismo no está con los bonos muy altos en Renovación Nacional.

Por descarte, Allamand debería ser el hombre del recambio, considerando que se trata de un senador articulador, con manejo político y que se proyecta para el 2017.

Tiene las patas, tiene experiencia, tiene predicamento como se dice en Argentina, tiene inteligencia. Y tiene capacidad de anticipación, cosa que los políticos de derecha muy rara vez poseen. Pero Cote Ossandón conecta con los pobres, cosa que muy pocos políticos de derecha tienen. No es lo mismo contactar con la pobreza que con los pobres. Eso es muy potente. De modo que a los dos los pongo a la par. Los dos tienen habilidades. Hace mucho tiempo atrás dije que nosotros tenemos una hilera de figuras y entre estos también está Francisco Chahuán, quien es un torbellino y es muy capaz.

¿Le gustaría ver a Felipe Kast incorporado al comité de la bancada RN?

Trabajamos junto a él mucho en la campaña, por lo que lo más lógico es que trabaje con nosotros.

Cuando se discuta la reforma educacional en el Congreso, ¿hasta dónde usted podría aceptar esos cambios?

Yo sería partidario de hacer una reforma blanda o mejor dicho una reforma parcial de la Ley General de Educación. Así podríamos salvar lo central.

A su juicio, ¿qué es lo central en educación?

La subsistencia de un sistema de educación particular subvencionado. Eso es valioso.

Ese sistema se confronta con el lucro en la educación…

Pero lucra el profesor, el administrativo, el que pagó el edificio, el promotor del proyecto que además paga los intereses de la deuda que se tiene para comprar el edificio y los computadores. Esta redefinición de la palabra lucro que se sacó a trajín en Chile derogó el diccionario de la Real Academia. Lucrar consiste en ganar.

Pero no a costa de la calidad de la educación, porque con eso solo aumenta la brecha de la desigualdad social.

Bueno, otra cosa es ser deshonesto, que es muy distinto.

¿Está de acuerdo con aprobar una reforma que ponga fin a la municipalización de los colegios?

A mí eso me preocupa bastante menos.

¿Lo ve viable?

Sí, yo creo viable la idea de agrupar escuelas, de agrupar corporaciones nacionales que reúnan a varios municipios. Por lo demás, hay municipios para los cuales la educación es un tema muy difícil de manejar, pero también en aras del equilibrio del argumento todos los contenidos educativos son manejados desde el ministerio de Educación. Y se le pide a los municipios enfrentar todo, sin embargo no le dan cómo hacerlo. Y cuando ocurren las llamadas malversaciones, no son más que redireccionamientos de fondos municipales para el objetivo A al objetivo B. Son técnicamente desvíos de fondos fiscales, pero en el fondo ocurren porque a los municipios los ponen en una situación muy difícil de manejar: les piden y no les dan con qué. Es por esto que el fin de la municipalización no me mata.

¿Qué de verdad le mata?

A mí me mata la posibilidad de que no haya educación particular subvencionada como ha existido en Chile desde hace 100 años y la posibilidad del copago. Francisco Vidal me decía que la familia chilena destina 500 millones de dólares a copago y que el Estado debiera pagarlo. Yo le contesté: ponte otros 500 millones pero deja que los papás gasten la plata en lo que quieran ¿o tú prefieres que compren plasmas? ¡Qué tiene por amor de Dios! La subsistencia de la libertad de enseñanza es muy básica, lo demás es secundario, es más manejable.

Y hablando de la nueva derecha, ¿es hora ya de que su sector corra las banderas hacia el centro para evitar la jibarización de la Alianza?

Voy a responder con una pregunta. ¿Con qué parte del lastre cultural de la derecha nos quedamos y cuál botamos? El mercado es sagrado, pero ¿la defensa del matrimonio o lo que queda del matrimonio no es sagrado también?

¿La nueva derecha es para usted una mera entelequia?

La nueva derecha, siempre lo he dicho, la veo muy cerca del barrio Alonso de Córdova.

 

Antonio Horvath: “Se pueden integrar los programas de Bachelet y Parisi”

El martes 19 de noviembre, miembros del comando de Evelyn Matthei  pensaban ofrecerle al senador Antonio Horvath que se transformara en el vocero de medio ambiente de esa candidatura, pero nadie se percató de que ese mismo día el díscolo jefe programático de Franco Parisi grabaría en los jardines del Congreso un saludo para un nuevo Partido Regional Independiente, en el que eventualmente él podría aterrizar.

En entrevista con CIPER, confesó cómo ha vivido estos meses desde que asumió la jefatura programática de una candidatura que se enfrentó a la de Matthei y las consecuencias que ha tenido para él y para su familia, como un supuesto intervencionismo electoral a favor del contendor de su hijo, que fue candidato a diputado. “Me han dado durísimo y hay un límite para eso”, remata.

¿A quién apoyará usted en esta segunda vuelta? El comando de Matthei estaba esperanzado en que haría de puente con los votantes de Parisi, pero por lo visto esa no será su decisión.

Hasta el comando de Bachelet llegó el senador Antonio Horvath y de inmediato las alarmas se encendieron en RN.

Como jefe programático y tal cual lo planteó en su minuto el candidato Franco Parisi, los electores que lo apoyaron, quedan en libertad de acción. Y yo lo dije antes, durante y ahora: “vamos a intentar acercamientos del programa con las dos candidatas, en el sentido de que esto no está al mejor postor, lo que a nosotros nos interesa es que los ejes fundamentales del programa de gobierno de Parisi, sean incorporados por las dos candidatas. Y cuando yo me planteé de puente, es para que la Alianza crezca de una vez por todas hacia el centro político, porque lo que he visto es que crece hacia la derecha, hacia Evópolis, hacia jóvenes que los respeto mucho pero que no son de centro, ni de centroderecha. Ese vacío que tenemos en este momento y que permitió independiente de las críticas que uno tenga y los beneficios que le encuentre al actual gobierno en 2009 llegar a ser gobierno por una Coalición por el Cambio, que efectivamente estuvo en el centro político del país, con lazos concretos y eso hoy no existe.

Mientras tanto, ¿usted está acercándose al Partido Regional Independiente? ¿Piensa militar en él?
Lo que estoy haciendo es apoyar al Partido Regional Independiente, puesto que lo que yo pretendo es exactamente la misma línea: un regionalismo de verdad, que haya regiones que estén con pantalones y faldas como corresponde y que esto no sea una vez más un compromiso que no se cumpla, Esto no es un cheque en blanco para ningún sector. Ahora, en lo personal,  nosotros sufrimos bastante en la Región de Aysén, particularmente mi hijo quien se ve afectado en su candidatura a diputado solo por el hecho de ser el hijo del jefe programático de Franco Parisi. Él fue lisa y llanamente atropellado por el gobierno.

¿Está diciendo que hubo una intervención electoral de parte del gobierno para favorecer al candidato electo de la UDI, David Sandoval?
Hubo un franco intervencionismo. Lo estamos investigando. Es realmente preocupante que a los electores se les de subsidios o bonos de leña, canasta e incluso al parecer dinero. Eso no puede pasar inadvertido.

¿Quién repartía esos bonos de leña?
Los servicios públicos. Gente vinculada al gobierno estuvo en eso y me parece muy grave. Nosotros tenemos que ser capaces de crear un acuerdo político, una ley que prohíba que cualquiera que sea el gobierno, un mes antes de la elección, esté inaugurando, entregando subsidios, beneficios.

¿Usted se ve de verdad en la Alianza por Chile o cree que llegó el momento de abandonar ese sector?
Yo siempre he tenido conversaciones muy francas con la directiva de RN y particularmente con el senador Carlos Larraín. Pero insisto en que hay temas en los cuales claramente vamos avanzar en contacto hacia el centro y habilitaremos movimientos o partidos políticos como el caso del PRI, o impulsaremos temas que son sensibles para el partido y para la directiva, como el programa de Franco Parisi. Se requieren puntos de acuerdo, eso me parece bien, pero tenemos casi 30 días entremedio para poder trabajar, aunque lo repito: esto no es un cheque en blanco para ninguna candidata. Eso no corresponde, sería faltarle al respeto no solo a los electores sino a una cadena de miles de voluntarios que trabajaron realmente por una confianza para romper el duopolio político en Chile.

Parisi ya dijo que Matthei es mala y adelantó que Bachelet será la futura Presidenta. ¿Esa fue una clara señal a sus electores o no?

Horvath justifica la visión negativa expresada por Parisi sobre Evelyn Matthei.

Es una lectura y me parece legítimo en una persona desde el punto de vista humano, que fue atacado en forma inmisericorde en una suerte de complicidad con medios de comunicación a nivel nacional, que trataron de destruirlo por el emprendimiento de dos colegios, y que efectivamente mediante declaración se reconocía la necesidad de hacer el pago previsional. El problema era dirimir quién lo tenía que pagar y para eso hay un juicio, pero presumir de culpable a una persona sin los procedimientos adecuados, no guarda ninguna proporción. Parisi, en consecuencia, dijo lo que sentía.

Para nosotros el programa es lo que nos rige y la idea es generar un Centro de Estudios, para que haya un grupo de personas que lo piense, lo trabaje y trate de incorporarlo en el quehacer chileno. Por lo mismo, nos debemos asociar con movimientos políticos cercanos, como el PRI, el Partido Liberal, que de alguna manera requieren de una expresión política.

¿No resulta contradictorio su planteamiento cuando Parisi despotricó en la campaña contra los partidos políticos?
Entiendo el discurso anti político de Franco Parisi y las personas que lo siguen, pero es el discurso que está en contra de estos acuerdos que se arman entre cuatro paredes y dejan los intereses de las personas de lado. Ejemplo, las concesiones eléctricas. Las concesiones se negociaron entre dos partidos con la participación del gobierno y dejaron de lado toda la expresión ciudadana por otros proyectos que ahora van a ser atropellados por las concesionarias eléctricas y nosotros llevamos esto al Tribunal Constitucional y nos contestaron por un tema meramente formal, como si fuera un plazo que hubiera vencido. O sea la concentración política, a consecuencia de la concentración económica de nuestro país, no da para más.

¿Qué piensa de RN? ¿Puede seguir como está para nuevamente en el 2017 intentar llegar a La Moneda?
El partido está tremendamente atomizado, o sea había un  movimiento conservador, un movimiento liberal. Ahora se ha gestado sobre él un movimiento piñerista, hay bastante fracciones por así decirlo, un allamancismo. Pero ninguno de estos movimientos, en forma clara y explícita, habiendo una intendenta de RN, hizo algún contacto real, en terreno en Aysén para poder parar el intervencionismo político a favor del candidato de la UDI. Por lo tanto, eso es un tema que uno limpiamiente tiene que ponerlo arriba de la mesa, es algo que no se puede aceptar. Es más, en el caso mío personal, durante estos últimos tres años y medio he sido objeto de persecuciones de la más variada índole

¿Usted se refiere a atentados?
Que se me queme la casa, que me la rompan cuatro veces, que se hagan acusaciones digamos con montaje, utilizando nombres seudo anónimos no son cosas menores. Hay una operación de inteligencia detrás de eso y no lo puedo dejar pasar.

¿Qué significa eso en concreto? Usted dice “esto no lo puedo tolerar”. Se lo pregunto nuevamente ¿usted está pensado renunciar a RN?
Yo fui 12 años independiente, entré a RN porque encontré que era un partido diverso, en el cual se podían hacer acuerdos en beneficio de los temas que uno tiene a nivel nacional y particularmente a nivel regional. Eso se ha perdido. En este momento ha entrado una fuerza que tiene características especiales como Andrés Allamand y José Manuel Ossandón, quienes podrían “abrir” nuevas expectativas. Expectativas con las que hay que tener cuidado, porque en las primarias Andrés Allamand apareció casi hermanado con Pablo Longueira. Eso nadie lo creyó y le jugó finalmente en contra, perdiendo las primarias. Entonces uno tiene que agotar ciertas instancias dentro del partido. Pero estamos en el límite. Ahora, yo no me he movido de una trayectoria, no solamente política, sino que ambiental, regionalista que viene de más de 40 años. Es el partido que se ha movido, se ha dispersado y se ha derechizado. La Nueva Mayoría se ha aliado con el PC y se corrió a la izquierda. La Alianza se abrió con Evópolis y se ha corrido a la derecha. Y el centro político al que es el que todos aspiramos, se mantiene ahí. Entonces si no hay una correlación con lo que está haciendo RN, es algo que hay que debe ser meditado, pero yo también estoy amenazado por mi manera de ser, así que hay que poner esto en la balanza…

¿Amenazado?
Por mi cercanía con Franco Parisi. En su minuto, hubo un intento de llevarme al tribunal pero Carlos Larraín no anda con cálculos políticos.

¿Qué pasaría si hoy que se están buscando vocerías temáticas, le dijeran necesitamos que Antonio Horvath asuma una vocería de medioambiente en la candidatura de Evelyn Matthei? ¿Aceptaría?

Horvath: "Me han dado durísimo y hay un límite para eso".

Para que eso se dé tiene que haber un acuerdo programático, es decir, energías renovables no convencionales pero de verdad, no un discurso. Decir no a los mega proyectos hidroeléctricos, particularmente a HidroAysen, sacar el tema de los transgénicos en Chile, la ley Monsanto; evitar la enorme concentración económica en el país; generar más fondos para ciencia y cultura; que el Estado tenga ciertos roles que no necesariamente tiene que traspasar al sector privado, sabemos que se ha privatizado todo; recuperar el agua, no solo como una simple nacionalización, sino a través de un proceso gradual del manejo integrado de cuenca que son instrumentos participativos en el cual uno recupera las aguas para los distintos usos y funciones incluida la conservación en los distintos valles de Chile. Y si eso pasa por tener que recuperar un agua que ha sido entregada, bueno hay que hacer el esfuerzo.

Su respuesta es clara. Usted no lo aceptaría, pues todos esos condicionamientos el comando de Matthei no los recogerá.
Habrá que verlo primero. Yo no podría ser el vocero de un programa que está en contra de cosas que hemos trabajado 40 años.

LA REUNIÓN CON BACHELET

La segunda parte de la entrevista fue realizada telefónicamente el jueves 21 de noviembre, tras la reunión de Antonio Horvarth con Bachelet en el comando de Avenida Italia.

Usted fue el protagonista de la jornada al reunirse con la Presidenta Bachelet.
Más que protagonismo, se trata de mantenerse en consistencia con los temas y objetivos que hemos peleado por tantas décadas. Y tal como se lo adelanté, tenía previsto reunirme con ambas candidaturas para presentarle el programa. Lo que ocurrió es que el equipo programático de doña Michelle me llevó a  hablar con ella, porque ellos se comprometieron al instante en este tema y eso es un avance importante.

Usted mismo twitteó que tiene una buena sintonía con el programa de Bachelet. ¿Eso significa que el 15 de diciembre va a votar por ella?
Creo que se pueden integrar los programas. Eso fue lo que conversamos con las personas que llevan el programa de la Nueva Mayoría y con la ex presidenta. Conversamos punto por punto: un camino continuo, sin trasbordo; el camino austral y la conectividad austral completa bimodal entre Aysén y Magallanes, o sea fibra óptica, camino sin trasbordos.

Y respecto a Patagonia sin represas. ¿Bachelet está de acuerdo?

Horvath y Carlos Larraín son contrarios al matrimonio igualitario y al aborto terapéutico.

Sí, el segundo capítulo tratado fue una Patagonia sin represas, sin línea de trasmisión y con energías renovables no convencionales. Nosotros no queremos que con cargo a las leyes y programas de gobierno se financien o “se resuelvan” los problemas que generan estos mega proyectos y sus líneas eléctricas. También abordamos la necesidad de Chile sin transgénicos y un ordenamiento territorial para armonizar las distintas opciones del uso del territorio y borde costero. Y finalmente una universidad estatal para la región de Aysén y otra para la del Libertador Bernardo O’Higgins.

Considerando que estos puntos se aproximan mucho más a lo que usted plantea, ¿los dos programas se podrían fusionar o se trata de su mera opción presidencial?
Yo no estoy hablando de apoyos personales, sino de convergencia de programas y hay convergencia en estos puntos sensibles y en otros más, como la Reforma Constitucional, fin al binominalismo, no al lucro en la educación subvencionada y en la educación pública.

En los temas valóricos, usted no está de acuerdo con el programa de la Nueva Mayoría, pues se opone al matrimonio igualitario y al aborto.
Eso es un tema que conversé con la ex presidenta y desde luego que ahí no tenemos acuerdos. Yo no apoyo el matrimonio de mismo sexo, pero sí el acuerdo de vida en pareja. Pero la ex presidenta me dice que el matrimonio igualitario va a ser un tema de debate. Ellos no lo tienen en el programa.

¿Cuándo se reunirá con el otro comando?
En la tarde, en el Congreso. Para allá voy. Y recién hablé con el vicepresidente Baldo Prokurica y ellos me piden que conversemos. Pero yo también quiero ser bien sincero: durante estos años, por mis posiciones que tengo hace décadas, me han dado durísimo. Y hay un límite para esto. Yo no estoy de acuerdo en aceptar que atenten contra mi familia, contra mi casa, que hagan montajes. Se pasaron de raya.

Hace dos días le pregunté si estaba evaluando su permanencia dentro del partido….
Eso lo tengo que conversar con el partido, es lo mínimo. No se pueden enterar por la prensa de ninguna decisión mía. Eso lo voy a conversar con ellos.

 

Tras esta entrevista, Horvath se reunió con Karla Rubilar y Lily Pérez, mañana lo haría con Evelyn Matthei. En el comando aliancista se mostraron dispuestos a incorporar ideas del programa de Parisi con tal de retener a Horvath. Para este viernes se contempla una reunión con la directiva de Renovación Nacional.

 

Hosaín Sabag: votos, pagos e indicaciones que favorecen sus negocios

Por estos días el senador (DC) Hosaín Sabag tiene sus ojos puestos en la Corte Suprema. Su preocupación es financiera y personal, ya que de la sentencia que redacta el abogado integrante de la Primera Sala de la Corte Suprema, Emilio Pfeffer, depende el futuro de la Central Hidroeléctrica de Pasada Trupán (Octava Región), cuyo proyecto ha liderado su hijo mayor, Patricio Sabag Villalobos. Será la justicia la que dirimirá el choque entre la Dirección General de Aguas (DGA) y la Asociación de Canalistas del Canal Zañartu, que preside el hijo del senador y candidato a la reelección, ahora por la Región del Bíobío Cordillera. La controversia significó la paralización de la central hidroeléctrica en 2007 al no obtener la autorización de la DGA para modificar cauces naturales de las aguas del Río Huepi.

Los problemas con la justicia no son nuevos para Hosaín Sabag y tampoco para su hijo menor, el diputado (DC) Jorge Sabag, quien también postula a la reelección por el distrito 42 de la Región del Bíobío. Allí se ubica Cabrero, el corazón de los negocios de la familia Sabag, la más importante de la zona. Fue precisamente en Cabrero donde surgió el cuestionamiento a los pagos que el diputado Sabag ordenó a la Cámara de Diputados a cuenta de sus asignaciones parlamentarias y que iban directo a la cuenta corriente de las empresas de la familia (Ver recuadro). Eso le significó ser imputado por fraude al Fisco, juicio que terminó con el diputado Sabag sobreseído pero que no confirmó su inocencia.

El diputado Jorge Sabag fue formalizado por fraude al fisco, pero finalmente fue sobreseído.

Para muchos, el fin de ese juicio tuvo relación con el poder que ha ido acumulando en la región el senador Sabag desde que en 1990, apenas se recuperó la democracia, ingresara al Congreso, primero como diputado por el mismo distrito que representa ahora su hijo; y desde 1998 como senador. En total, han sido 23 años de parlamentario y representante de la Democracia Cristiana, en los que Sabag ha llegado a tener un rol gravitante en distintas comisiones del Congreso, todas ligadas con sus inversiones. De allí que haya sido protagonista en distintos momentos de conflictos de interés tanto en el rubro energético como forestal.

En cada una de las comisiones parlamentarias que ha integrado y también en la sala ha defendido férreamente la energía hidroeléctrica, pese a que tanto él como su hijo Patricio han comprado derechos de agua para energía y Patricio lidera un proyecto en el rubro en su calidad de presidente de la Asociación de Canalistas del Canal Zañartu. Según consta en el diario oficial del 1 de julio de 2013, fue Patricio Sabag quien solicitó la aprobación del proyecto de las obras hidráulicas de la Central Hidroeléctrica de Pasada Trupán (ver documento).

El senador Sabag debió abstenerse de votar la Ley de Concesiones Eléctricas y otra que simplifica los trámites de regularización de títulos de agua. No lo hizo, violando la Ley Orgánica Constitucional del Congreso que, en su artículo 5º B, establece que “los miembros de cada una de las Cámaras no podrán promover ni votar ningún asunto que interese directa o personalmente a ellos o a sus cónyuges, ascendientes, descendientes o colaterales hasta el tercer grado de consanguinidad y el segundo de afinidad, inclusive, o a las personas ligadas a ellos por adopción”.

Respecto de la construcción de la Central Trupán, el conflicto de interés del senador Sabag está nítidamente planteado por ser su hijo quien lidera un proyecto hidroeléctrico. A ello se agrega que ese hijo, Patricio Sabag, es el controlador de todas las empresas del grupo familiar de las que él mismo es el principal accionista.

Los negocios de la familia Sabag son cuantiosos. En su declaración de patrimonio de 2006, el parlamentario precisa que a diciembre del año anterior su capital propio tributario ascendía a $8. 417 millones, equivalentes a unos US$15,4 millones. Sólo la Inmobiliaria Nabatieh fue constituida en 2004 con un capital de $2.104.202.100. En 2010, Sabag actualizó su declaración y entregó una nómina de 62 propiedades. El valor de avalúo fiscal de los predios forestales del senador asciende a $793.259.551. De acuerdo al mismo registro, todas las propiedades del senador suman un avalúo fiscal superior a los $3 mil millones. En Cabrero se ubican 47 de esos predios e inmuebles.

EL VOTO QUE LE SIGNIFICÓ $29 MILLONES

El de energía y eléctricidad no es el único sector donde el senador Hosaín Sabag ha violado la Ley Orgánica Constitucional del Congreso. Otro ejemplo de conflicto de interés detectado por CIPER ocurrió durante la discusión de la Ley de Fomento Forestal. Sabag no se inhabilitó de participar en la modificación del Decreto Ley Nº 701, publicada en mayo de 1998, pese a que, en su declaración jurada de intereses (ver documento), indica que la actividad forestal es una de las tantas que desarrolla junto a la agrícola, ganadera, bienes inmuebles y transporte para actividades propias.

Los beneficios que recibió Sabag son más que hipotéticos. De hecho, el 18 de marzo de 2005, el senador postuló y recibió una bonificación forestal para la recuperación de suelos degradados en Cabrero (ver) por $28.905.616, un subsidio contemplado en dicha ley.

Parte de los 29 millones de bonificación forestal fue utilizado en plantación de eucaliptus.

En esa fecha, los controles internos del Congreso eran muchos más laxos, no existía la Ley de Transparencia, por lo cual presentar conflictos de interés no representaba una preocupación real para muchos legisladores. Hoy es un tema que ha comenzado a instalarse en amplios sectores de la sociedad que demandan mayor transparencia a sus representantes. Por eso, en la nueva tramitación de la Ley de Fomento forestal –actualmente en el Congreso– Sabag se comprometió a abstenerse. Así lo anunció a El Dínamo: “Cuando vuelva de las comisiones no la voy a votar, eso lo dejo claro”. El Dinamo agregó: Cuando el Senado votó en general el proyecto, el pasado 12 de junio, Sabag también se abstuvo de votar. Sin embargo, en la misma sesión, el senador sí opinó: “En mi región existen más de un millón de hectáreas de suelo absolutamente erosionado, grandes barrancas que si no se detienen con apoyo del Estado, es evidente que la desertificación va a ser cada vez mayor. Por eso que al ser esto altamente necesario y de interés nacional, evidentemente que yo no puedo estar en contra”.

“LOMOS DE TORO”

Sabag nunca se ha inhabilitado en proyectos vinculados con la energía hidroeléctrica y cada vez que puede respalda su uso en aquellos proyectos de ley relacionados, como el de Concesiones Eléctricas, donde participó así en la comisión respectiva: “Por fortuna, hemos ido subsanando esos muy difíciles ‘lomos de toro’ por la vía legislativa. Hoy día se pueden construir pequeñas centrales de pasada para la generación y la explotación eléctrica”.

El mismo Hosaín Sabag apoyó la Ley 20.017 que modificó el Código de Aguas y cuya reforma más sustantiva fue el cobro de una patente para los titulares de derechos de aguas que no las usaban. Se buscaba así inhibir la acumulación ociosa de esos derechos, de tal modo que el poseedor del dominio pagara una multa por no utilizar las aguas o bien terminara vendiendo su derecho para que otro lo pusiera en uso. “Lo que pretendemos es que este recurso, de tanta utilidad para el país, se ocupe en beneficio de la Nación y que los derechos de aprovechamiento no se conviertan sólo en acaparamiento o que algunos más despiertos pretendan obtener pingües utilidades, traspasándolos posteriormente”, manifestó el 13 de mayo de 1997 el entonces diputado Hosaín Sabag durante la discusión en sala.

Cuando la primera gran reforma al Código de Aguas fue publicada en junio de 2005, incluida la introducción de las patentes para las aguas, Hosaín Sabag, ya senador, fue uno de los primeros que se benefició con la indicación legal promovida por él mismo. Al mes de publicada la ley, Sabag comenzó a comprar derechos de aguas que estaban siendo liberados y que corresponden precisamente a los recursos hídricos que van a alimentar a la central de pasada Trupán (ver documento). Los derechos corresponden a aguas de los afluentes del Río Diguillín, donde se encuentra el Canal Zañartu y cuyo agotamiento rige desde julio de 1994 (ver resolución de la DGA).

Una de estas compras tuvo lugar el 22 de julio de 2005, cuando Hosaín Sabag adquirió derechos de aguas por $4.850.000, correspondientes al Canal Colicheo, cuya bocatoma se ubica en la ribera norte del río Laja. La superficie total bajo riego es de 21.000 hectáreas. El canal está en servicio desde 1928 y la entidad que administra esta obra es la Asociación de Canalistas del Canal Zañartu, precisamente la entidad que preside su hijo Patricio. CIPER encontró otras dos adquisiciones de derechos de agua de los Sabag, relacionadas con el Canal Zañartu: la primera fue hecha por el propio senador el 20 de diciembre de 2012, por $55 millones; la segunda la concretó su hijo Patricio el 8 de junio de 2011, por $3.000.000 (ver compras).

LA NEGATIVA DE LA DGA

La legislación vigente obliga a quienes pretenden construir una central hidroeléctrica de pasada a tener sus títulos de aprovechamiento de aguas debidamente actualizados debido a que muchos fueron otorgados en el siglo pasado. Ello significa que los títulos de dominio deben estar regularizados en la Dirección General de Aguas (DGA), con todas sus características técnicas.

La dupla Sabag va a la reelección como senador y diputado este 17 de noviembre

Allí debe figurar el nombre del titular y la ubicación del acuífero; la provincia en que se sitúa la captación y la restitución, en el caso de las centrales; el caudal de acuerdo al Código de Aguas y aquellas características con que se otorga o reconoce el derecho. Además debe establecerse si se trata de un derecho de ejercicio permanente o eventual; o de ejercicio continuo, discontinuo o alternado entre varias personas. Por último, también es necesario precisar si son derechos consuntivos (el agua se usa y no se devuelve, como en actividades de riesgo) o no consuntivos (el agua se debe devolver como ocurre en las centrales).

El registro de todas las anteriores precisiones es imprescindible para completar el proceso de inscripción de derechos en el Catastro Público de Aguas. Sólo así los proyectos hidroeléctricos pueden avanzar. De lo contrario, se paralizan, como ha ocurrido con la Central Hidroeléctrica de Pasada Trupán.

En efecto, la solicitud de aprobación para la obra hidráulica de la central hidroeléctrica Trupán, fue rechazada por la dirección regional del Biobío de la DGA.  Como se ha dicho, la petición fue presentada por Patricio Sabag, como presidente de la Asociación de Canalistas Zañartu, la que cuenta con una inscripción de dominio de un derecho de aprovechamiento de aguas por 45m3/s., otorgado en 1930. La solicitud de perfeccionamiento de título aspiraba a obtener derechos por 65m3/s. La petición ha sido rechazada en dos instancias judiciales. Uno de los argumentos legales esgrimidos para rechazarla es que la demanda fue iniciada por la asociación de canalistas, cuando lo que corresponde es que la ingrese cada uno de sus miembros.

El rechazo de la DGA se sostiene en que el Canal Zañartu, si bien tiene un derecho de agua en el río Laja, los caudales que ha extraído históricamente son muy inferiores a los que pretende con su demanda: 65 m3/s. En la respuesta de esa entidad a CIPER, se indicó que hay disposición a reconocer el derecho de agua que tienen los canalistas que preside Patricio Sabag, siempre y cuando se limiten al caudal que era capaz de captar y conducir a la fecha en que se presentó la demanda: 24,2 m3/s (en vez de 65 m3/s.).

La disputa entre la DGA y la Asociación de Canalistas del Canal Zañartu, se trasladó al 22º Juzgado Civil de Santiago (Ver documento). Allí quedó estampada la denuncia contra la Dirección General de Aguas, que presentó Patricio Sabag Villalobos, en nombre de los canalistas, el 14 de diciembre de 2007.

La respuesta fue adversa para Patricio Sabag y la asociación de canalistas. El tribunal estimó que los títulos se encontraban incompletos y que no se indicaban las características esenciales de cada derecho. Sabag pasó nuevamente a la ofensiva y apeló por lo que el conflicto llegó a la Corte de Apelaciones. Fue peor. El 17 de abril de 2012 la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones dictaminó: “No se ha acreditado la titularidad de los derechos de aprovechamiento de aguas” y “los títulos no aparecen vinculados a los estatutos de la Asociación, la que a su vez no presenta certificado de vigencia” (ver fallo).

Al problema suscitado por los dos fallos judiciales adversos, se agregó entonces una nueva dificultad a la instalación de la central hidroeléctrica de los Sabag y sus socios. El proyecto está siendo cuestionado por la Asociación de Canalistas del Laja “debido al riesgo que se produzca una merma significativa del agua disponible en el río Laja, que sirven para regar al menos a 120 mil hectáreas entre las provincias de Biobío y Ñuble”. Los más catastrofistas incluso advierten que, de ponerse en marcha la central, los Saltos del Laja podrían verse afectados, con el consiguiente deterioro para el turismo en esa postal de Chile.

LEY PARA PERFECCIONAR TÍTULOS DE AGUAS

Mientras el conflicto entre la DGA y la Asociación de Canalistas de Canal Zañartu se dirimía en los tribunales, el Ejecutivo presentó el 13 de septiembre de 2012 un proyecto de ley que cambia las reglas de la regularización o perfeccionamiento de los títulos de derechos de aprovechamiento de aguas. Una ley que aún no ha sido promulgada. Por ello, hasta ahora, la regularización corre por cuenta de cada uno de los titulares de derechos a través de un proceso tan engorroso como caro. Si una asociación de regantes tiene mil socios, se necesitan mil presentaciones para regularizar los títulos. Con la nueva ley se requerirá solo de una, previo acuerdo adoptado por los dos tercios de los votos emitidos en una junta extraordinaria de la asociación respectiva. El proyecto busca que sean las comunidades de agua y juntas de vigilancia las que representen a los titulares de los derechos de aguas.

Una central hidroeléctrica como la que muestra la foto, tiene enfrentado a la DGA con la Asociación del canal Zañaru.

La nueva ley podría ser la solución mágica que le permita a la Asociación de Canalistas del Canal Zañartu resolver los dos fallos judiciales adversos y concretar su proyecto: la Central Hidroeléctrica Trupán. Como la indispensable regularización de títulos de dominio no fue otorgada por la DGA, una vez que la nueva ley esté promulgada –lo que podría ocurrir en los próximos meses–, bastará con que la Asociación del Canal Zañartu se reúna en una asamblea, para conseguir el nuevo requisito. En la práctica, la nueva ley se convertirá en un verdadero fast track para la Central Hidroeléctrica Trupán.

Al examinar la tramitación de esa ley, CIPER detectó que fue el escaño del senador Hosaín Sabag el que le permitió presentar las indicaciones que lo favorecían, no obstante que ya no formaba parte de la comisión de Obras Públicas del Senado. La indicación clave que modificaría los procedimientos para la regularización de derechos de agua lleva la firma de Sabag.

Otra de sus indicaciones pretendía dar el visto bueno a la edificación de centrales antes de que el proceso de regularización de derechos hubiese finalizado. Su visión pro-centrales, la morigeró al plantear al menos que la recepción de las obras sólo podrá otorgarse una vez inscrito los correspondientes derechos de aprovechamiento de aguas. Su “contribución” al proyecto fue tal, que dos de sus indicaciones (ver indicaciones) se mantuvieron en la ley que pronto será promulgada por el Presidente Sebastián Piñera.

El senador ha celebrado las iniciativas que favorecen las centrales de pasada. En junio de 2013, Sabag felicitó a sus colegas por llegar a un acuerdo para destrabar los proyectos de Concesiones Eléctricas y de Energías Renovables No Contaminantes (ERNC). Junto con exhortar a las autoridades a no paralizar las obras en estas materias, aseguró que no le preocupa que “la energía eléctrica se concentre en dos o tres grandes compañías, pero sí que se diversifique la matriz energética y puedan participar muchas pequeñas empresas, con centrales de pasada de 5, 10 o 20 megawatts”. (La capacidad máxima instalada de la Central Hidroeléctrica de Pasada Trupán es de 36 megawatts).

El diputado (DC) Jorge Sabag, hijo del senador, también aprobó esa moción. El 18 de julio de 2013 señaló en la Cámara que el proyecto “es de gran impacto para los sectores rurales y está llamado a facilitar de gran manera el desarrollo de la industria campesina… Lo ideal es dar una pronta aprobación al mismo, sobre todo considerando que hay miles de pequeños agricultores que están esperando la promulgación de esta iniciativa”.

ABOGADOS CON DOBLES FUNCIONES

CIPER revisó los documentos que acompañan el juicio iniciado por la Asociación de Canalistas del Canal Zañartu, con su demanda contra la DGA (ver documento). Tras cruzar algunos nombres con los que aparecen en la página del Senado sobre asignaciones parlamentarias, encontramos que uno de los abogados demandantes, Sergio Muñoz Cartes, ha sido también asesor legislativo del senador Sabag. Un asesor importante a juzgar por los montos pagados con dineros del Senado. En octubre de 2007, Muñoz recibió la suma de $8.500.000, cifra que subió a $17.703.221 en 2008, distribuidos entre agosto, $8.888.888; octubre, $3.333.333 y diciembre, $5.481.000, (ver asignaciones parlamentarias 2007, 2008).

Es decir, el año 2008, cuando Sergio Muñoz era abogado de los Sabag en su demanda particular contra la DGA, recibió paralelamente del Senado más de $17 millones como asesor parlamentario de Hosaín Sabag. No fueron esos los únicos pagos que recibió el abogado Muñoz como “asesor” del senador.

En la página de Transparencia del Senado aparece que el abogado Sergio Muñoz Cartes recibió en 2009 un total de $20.300.462, como asesor de Hosaín Sabag (distribuidos entre marzo, agosto, noviembre y diciembre). En 2010, cobró $14.290.000 y en 20011, $18.800.000. Sus servicios abarcan diversas materias. En enero de 2011, por ejemplo, el abogado Muñoz realizó una asesoría por el proyecto de reforma educacional, por la que Sabag le pagó $2.640.000. En marzo de ese mismo año cobró $2.700.000 por un estudio sobre la creación del Ministerio de Desarrollo Social.

Hasta 2008 los senadores no debían justificar la labor realizada en las asesorías parlamentarias que se pagaban con dineros del Congreso. Fue en 2009 -con la promulgación de la Ley de Transparencia-, que se puso límite a la discrecionalidad que les permitía abultar esos pagos, como quedó demostrado con el escándalo por el abuso de las asignaciones parlamentarias en la Cámara de Diputados, que terminó con Maximiano Errázuriz como único condenado de los cuatro diputados que malversaron asignaciones parlamentarias. Entre ellos figura el diputado Jorge Sabag. (ver reportaje).

Sergio Muñoz, uno de los abogados que tramitó la demanda de Patricio Sabag contra la DGA por el proyecto de la Central Trupán, no es el único que ha tenido un doble rol en el Senado. El proyecto de ley que simplifica los procedimientos para regularizar los títulos de aprovechamiento de aguas fue presentado por el entonces ministro de Obras Públicas, Laurence Golborne, y entre los invitados a la comisión destacó la presencia del profesor de Derecho Económico de la Universidad de Chile, Gustavo Manríquez Lobos. El profesor respaldó la iniciativa y aseguró que en alguna forma aliviará la situación de miles de usuarios de agua, cuyos derechos de aprovechamiento carecen de algunas de las menciones que exige el reglamento del catastro. Gustavo Manríquez propuso también incluir a las asociaciones de canalistas entre los beneficiados, a las que el proyecto no mencionaba. Sus sugerencias fueron aceptadas.

Lo que no quedó consignado en el acta de sesiones es que el abogado Gustavo Manríquez es el mismo que ha jugado el rol principal en todos los recursos judiciales que ha presentado Patricio Sabag, como presidente de la Asociación de Canalistas del Canal Zañartu, contra la DGA, para sacar adelante el proyecto de la Central Hidroeléctrica Trupán. CIPER quiso preguntarle al senador Sabag sobre la relación con estos asesores y los otros temas tocados en este reportaje, pero no respondió a nuestra petición de entrevista.

LA DEFENSA DE SABAG A SU HIJO DIPUTADO

Después de un reportaje de Contacto, difundido por Canal 13 hace algunos meses, el presidente del Senado, Jorge Pizarro, anunció que se le dará mayores atribuciones a la Comisión de Ética para regular eventuales conflictos de interés. Entonces también admitió: “No es fácil hacer eso, pues existe un tema de interpretación. Hoy depende del parlamentario decidir si se inhabilita” (ver nota en La Tercera).

Hosaín Sabag ocupó su sillón en el Senado para defender a su hijo diputado.

El senador Hosaín Sabag es uno de aquellos parlamentarios que no percibe los límites éticos al votar en proyectos de ley que benefician sus negocios personales o a su familia. Después de las investigaciones del Ministerio Público por fraude al Fisco en el llamado escándalo de las asignaciones parlamentarias, en el que se vio involucrado junto a sus hijos Patricio y Jorge, tampoco se inhibió de actuar a pesar de los datos que quedaron plasmados en el juicio. Desde marzo de 2006 y hasta julio de 2009, la Cámara de Diputados, con cargo a fondos públicos, pagó $22.669.830 a la inmobiliaria Navatieh S.A., de propiedad de Hosaín Sabag y de la cual su hijo Patricio (el mismo que es presidente de la Asociación de Canalistas del Canal Zañartu) es gerente.

Durante casi todo el primer período del diputado Jorge Sabag, la Cámara pagó $558.045 mensuales a su familia por un arriendo supuestamente destinado a sede distrital, ubicada en Río Claro 1050 de Cabrero, correspondiendo el local al conocido aserradero del clan Sabag. Aunque el diputado llegó a ser formalizado por fraude al fisco, finalmente fue sobreseído (ver el reportaje de CIPER que gatilló la investigación judicial).

Fue entonces que el senador Hosaín Sabag ocupó su sillón para defender a su hijo, el diputado, y mostró que no se inhibe a la hora de legislar para los suyos y favorecer a su clan. El senador se preocupó personalmente de incluir en la Ley de Presupuesto 2010 una glosa que especifica que los fondos aprobados por las comisiones de régimen son de libre disposición. Con ello Sabag pretendió demostrar que a los parlamentarios no se les debía aplicar las sanciones penales relativas a los funcionarios públicos, una interpretación que afectaba directamente a Jorge Sabag, investigado por el fiscal de Valparaíso por “negociación incompatible” (ver reportaje).

 

La devastadora noticia que opacó la celebración de la Premio Nacional de Educación 2013

Dos noticias han conmocionado a la destacada académica Beatrice Ávalos Davidson en los dos últimos meses. Sólo tres semanas antes de que le entregaran el Premio Nacional de Educación 2013, se enteró que su nombre había sido postulado para esa distinción. Su sorpresa fue mayúscula ya que ella ya había firmado para que este año el premio recayera en José Joaquín Brunner. Tampoco imaginaba hasta hace poco más de un mes que el ritual realizado en 1992 para dar sepultura a los restos de su hermano Alejandro, detenido y desparecido en noviembre de 1975, había sido un error y que las osamentas encontradas entonces en un ex cuartel del Ejército, no correspondían a las de su hermano, profesor de Inglés de la Universidad Católica, quien estuvo detenido en Villa Grimaldi. Ahora, a 40 años del Golpe de Estado, ella debe asumir que Alejandro Dávalos Davidson sigue siendo un desaparecido.

Esta es la primera vez que Beatrice Ávalos cuenta públicamente ese fatídico episodio que la hizo dar un giro radical a su vida y que la llevó a alejarse de Chile por dos décadas, realizando una exitosa carrera académica por Gales, Canadá y Nueva Guinea. De ese último país, aún conserva en su departamento artesanía, pinturas y regalos que sus alumnos le obsequiaron. Pero fundamentalmente mantiene el orgullo de haber trabajado para mejorar la Educación en un país en desarrollo, proceso que continuó luego en Chile y que sigue realizando en el Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile.

La UC entregó tras 40 años el título póstumo de Alejandro Ávalos, hermano de la Premio Nacional de Educación.

Usted inició su carrera docente en 1962 como profesora part-time de Historia y Geografía en el Colegio Mariano, trabajó como profesora en las universidades Católica de Chile y de Valparaíso hasta 1974. Luego estuvo 20 años fuera del país. ¿Las razones de su partida fueron académicas-profesionales o también personales?
Yo me fui de Chile en la década del inicio de la dictadura y no fui despedida ni maltratada personalmente. Trabajaba en un centro que habíamos creado, el PIIE (Programa Interdisciplinario de Investigaciones en Educación), y en ese tiempo, tuve la oportunidad de ir a Inglaterra por dos años por una invitación de un decano de Educación y allá decidí que no tenía muchas ganas de estar haciendo clases en una universidad en la que no sabía si tenía espías entre los alumnos o no podía enseñar cómo pensaba. Pero lo más importante fue que, a fines de 1975, en el momento en que yo debí haber vuelto a Chile, desapareció mi hermano Alejandro, con quien yo vivía en un departamento en Almirante Barroso con Agustinas. Mi madre, que era inglesa, entre todos los dramas y esfuerzos para recibir apoyo y encontrar a mi hermano, estableció contacto con la embajada británica y fue ésta la que me aconsejó no volver. Y en la Universidad Católica me advirtieron que, si no volvía, me despedían. No volví.

-¿Usted estaba fuera del país cuando desapareció su hermano, Alejandro Ávalos Davidson?
Accidentalmente yo estaba acá cuando él desapareció. Me habían invitado a un congreso en Lima y pasé antes por Chile para visitar a mi madre y a mi hermano. Luego, cuando regresé a hacer la conexión, mi hermano desapareció a la semana siguiente. Me quedé en Chile para ayudar a mi madre y hermana en las primeras búsquedas, lo que fue atroz.

-¿Hubo alguna señal o algún rastro que les indicara qué había pasado con él?
La historia es increíble. Creímos haber encontrado sus restos a comienzos de los ‘90. En 1992 el Servicio Médico Legal los identificó como pertenecientes a Alejandro Ávalos. Yo volví a Chile, todavía estaba fuera, e hicimos un funeral… Pero el año pasado, las dos familias de las personas que habían sido encontradas junto a mi hermano en un predio que había pertenecido al Ejército, pidieron una prueba de ADN. Yo también la pedí a través del ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Alejandro Solís. Pues bien, hace poco más de un mes me comunicaron que esos no son los restos de mi hermano. Mi hermano sigue siendo un detenido desaparecido.

-¿Qué información ha podido recabar de las últimas horas de vida de su hermano Alejandro Ávalos Davidson?
En el proceso se llegó a constatar que al menos hay 20 personas que lo vieron vivo en Villa Grimaldi y que fue detenido por la DINA.

-¿Qué hacía su hermano cuando desapareció?
Era militante comunista y había terminado de estudiar Pedagogía en Inglés en la Universidad Católica en Santiago. Había egresado y estaba trabajando en Inacap. Con el Golpe de Estado, perdió inmediatamente  ese trabajo. Luego comenzó a buscar otros trabajos y se capacitó para ser controlador aéreo  en LAN, pero al final no lo dejaron por ser comunista. Lo mismo le pasó en el Instituto Chileno Norteamericano, donde terminó la capacitación hasta que lo llamó el director y le dijo que tenía información de que había ido a Alemania Oriental y que lo lamentaba mucho, pero no lo iba a emplear. Ante esa situación y como en el PIIE necesitábamos ayudantes, él fue a trabajar allá en un proyecto grande junto a Ernesto Schiefelbein. Desde ahí desaparece.

-¿Cuáles son los antecedentes que recogieron para concluir que había sido detenido por la DINA?
Todo está en el juicio respectivo. Hay registro de que la DINA fue a la Universidad Católica y pidió hablar con el entonces rector delegado Jorge Sweet, a quien le pidieron antecedentes del profesor Ávalos. El rector a su vez llamó a su asistente, que era Carlos Bombal, y lo instruyó para que les entregaran toda la información solicitada. En el juicio, Bombal declaró que él quiso llamar a Alejandro al PIIE, pero los agentes de la DINA le dijeron que no podía hacerlo, porque tenían órdenes de detenerlo sin testigos. Carlos Bombal no declaró espontáneamente, fue mi madre la que se enteró de su participación y de cómo ocurrieron los hechos cuando se lo comunicó el secretario general de la Universidad Católica de esa época, Francisco Bulnes Ripamonti (padre del ex ministro de Justicia y Educación del gobierno de Sebastián Piñera, Felipe Bulnes). Es por eso que sabemos con plena seguridad que él fue detenido por la DINA, que desapareció en noviembre de 1975, que estuvo en Villa Grimaldi y que se le vio hasta febrero del año siguiente en ese recinto. Esas son las razones por las que luego no volví a Chile. Además, las personas que trabajaban en el PIIE fueron todas despedidas.

-¿Su hermano se alcanzó a titular de profesor de Inglés?
No, no se alcanzó a titular, aunque había escrito su tesis y solo le faltó defenderla. Hace pocos días hubo una titulación póstuma en la Universidad Católica y me entregaron su título a mí y a otros treinta y tantos familiares de aquellos alumnos que fueron detenidos desaparecidos o ejecutados. Esto se hizo el 5 de septiembre en el Campus San Joaquín, en un hermoso acto organizado por el colectivo Memoria de la Universidad Católica y que cuenta con el respaldo de la FEUC. También estuvo presente el rector Ignacio Sánchez, quien ha asumido esta noble tarea.

EL IMPACTO DE LA ERA THATCHER

-¿Por qué en las publicaciones suyas en el extranjero su nombre es Beatrice Ávalos-Bevan?
Yo me casé en Gran Bretaña, en Gales, y en general las mujeres inglesas adoptan el apellido del marido. Entonces, cuando el oficial del Registro Civil me preguntó si iba a adoptar el apellido de mi marido, yo le pregunté si me podría poner un guión y añadir a mi apellido el de mi marido, porque todos me conocen como Beatrice Ávalos y no quería desaparecer del mundo. Él me respondió: “póngase lo que quiera”. De ahí que el apellido Ávalos-Bevan lo mantengo en los mails, pero en Chile no lo uso. En mi pasaporte inglés sí aparece Bevan.

-¿Su marido también se dedicó a la investigación en Educación?
Sí, él era profesor universitario y llegó a ser rector de la Universidad de Cardiff en Gales.  Estuvimos casados hasta que él murió a fines de los ‘80.

Beatrice Ávalos exhibe título póstumo de su hermano desaparecido.

-¿Por qué abandona Reino Unido y se traslada a Nueva Guinea a trabajar, donde lo hace entre 1988 y 1994?
Lo que ocurre es que mi marido jubiló en ese tiempo. Él era mayor que yo y hacia finales de los ‘80 comienza el gobierno de Margaret Thatcher en Inglaterra, quien empieza a hacerle la vida imposible a las universidades. En la que yo estaba trabajando, por ejemplo, ordena el traslado de la Facultad de Educación. Mucha gente se fue y como mi marido había trabajado en África, tenía experiencia en países en desarrollo y como yo también lo había hecho en una organización que se dedica a esos temas en Canadá, decidimos irnos y hacer otra cosa…

-Es decir, salieron arrancando de la era Thatcher.
Bueno, mi marido estaba jubilado, no tenía más que hacer y yo no estaba comprometida con el nuevo proyecto de la universidad. Fue entonces cuando apareció la posibilidad de una cátedra de Educación en la Universidad de Nueva Guinea. Competí contra una académica australiana y me dieron a mí la cátedra. Es por eso que nos mudamos allá. Él murió al poco tiempo de embolia en Inglaterra. Yo me quedé en Nueva Guinea hasta 1994. Llegó la democracia a Chile, yo había venido antes a mi país y Cristián Cox me preguntó si quería volver y hacerme cargo como coordinadora del Programa Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación (MECE). Acepté y me quedé en el Ministerio de Educación hasta 2008. Pero luego la Universidad de Chile me pidió que postulara a un proyecto grande en el Centro de Investigación Avanzada en Educación, CIAE.

“LOS PROFESORES HABÍAN SIDO TIRADOS A LA BASURA”

-Más allá de sus méritos académicos, ¿por qué cree que se ganó el Premio Nacional de Educación? ¿Pude haber influido su labor en formación docente?
Creo que la razón principal por la que los rectores me apoyaron en la entrega de este premio es que a mí me identifican mucho con la formación docente. En la época del Presidente Frei Ruiz-Tagle se destinó una gran cantidad de dinero a mejorar la formación inicial docente, que de verdad a mediados de los ‘90 era malísima. Los profesores habían sido tirados a la basura en la época militar y la formación sufrió un zigzagueo y un maltrato tremendo, bajándola a nivel de instituto y luego subiéndola al de universidad. Los profesores que hacían clases en la dictadura tenían poco contacto con la investigación internacional, con la academia. Había que hacer algo y a mí me encargaron con esos dineros armar un proyecto que se llamó Programa de Fortalecimiento de la Formación Inicial Docente, que cubrió casi el 80% de estudiantes de Pedagogía que estaban en 17 universidades. Esto partió en 1997 y concluyó en 2002, en el gobierno de Ricardo Lagos. A mi juicio, este proyecto debió haber continuado, pero no se hizo una segunda fase, lo que fue un error. No sé si la decisión vino de la entonces ministra Mariana Aylwin o fue una decisión del Ministerio de Hacienda.

-¿Ese programa logró algunos de los cambios deseados?
Sí, el programa logró mover la valla, entraron mejores postulantes a Pedagogía. La carrera estaba a la baja e incluso aumentaron los alumnos. Podría decir que ese éxito provocó que las universidades privadas empezaran a abrir programas de Pedagogía y volvió a producirse un problema de calidad por una apertura desregulada.

LA REFORMA UNIVERSITARIA DE LOS AÑOS 60

-Usted fue una de las fundadoras de Programa Interdisciplinario de Investigaciones en Educación (PIIE), pero también le correspondió ser parte de la Reforma Universitaria en la década de los 60 en la Universidad Católica. ¿Cómo recuerda esa época?
Todos los años nos reunimos y este año lo hicimos en mi casa para conmemorar el 11 de septiembre y para recordar a Fernando Castillo Velasco, quien acaba de fallecer y  fue un rector maravilloso de la Universidad Católica en el período de la reforma. Fue el mejor momento de nuestras vidas, íbamos a transformar la universidad en una institución moderna, participativa, abierta a la sociedad y con conciencia crítica de la nación. Ese era el gran lema.

-Por esos tiempos se definía la educación como una “herramienta fundamental para transformar la sociedad, contribuir al desarrollo de los seres humanos y ayudar a la liberación del hombre”. Transcurridos 40 años de aquello, ¿cuál es la resta y la suma que hace de ese objetivo trazado?
La educación efectivamente tiene un rol de cambio, pero a su vez sufre el embate de la sociedad y el potencial de la educación muchas veces es coartado por fuerzas sociales y políticas que la obstruyen. Ese es el tremendo problema que enfrentamos no solo en Chile: la instrumentalización de la educación para producir el tipo de persona necesaria para el desarrollo económico y para la competitividad. Esa contradicción es la que enfrentan actualmente las políticas en Educación. Por un lado deben entender el rol de cambio de la Educación; pero por otro, estar empujados por esta noción de Educación al servicio del desarrollo económico y del mercado. Y es en esa lógica en la que se inserta nuestro sistema educacional competitivo, con el financiamiento de los vouchers. De hecho, los alumnos de la educación pública municipalizada se mueven a la particular subvencionada. Y ésta adquiere un financiamiento compartido que los ayuda a ser mejores.

-El problema es que esos establecimientos educacionales subvencionados no pueden lucrar y muchos de ellos lo hacen…
No todos lucran, pero el copago les permite tener mejores condiciones que la escuela municipal.

-Y así el Estado se va desligando de la educación pública. En 1981, la educación municipal alcanzaba el 79% de la matrícula total; en 1990 el 56%; y en 2012, el 38%.
Esa es la lógica del famoso economista Milton Friedman: competitividad da lo mismo por donde, pero mejora los procesos y en el caso de la Educación solo lo hace excluyendo a algunos.

EL “FANTASMA” DEL SIMCE

-Eso es lo que hace justamente la prueba SIMCE: promover la comparación de resultados de aprendizaje y clasificar a los buenos colegios, excluyendo a los malos.
La prueba SIMCE (Sistema de la Calidad de la Educación) supuestamente es un test de diagnóstico, pero hoy se ha convertido en una especie de fantasma que persigue a los profesores, padres y alumnos. Hace unos días hablé con Erika Himmel, quien recibió el anterior Premio Nacional de Educación y quien fue una de las personas que contribuyó a la creación del SIMCE en 1988. Ella está de acuerdo con que hemos exacerbado el rol de esta prueba y que éste no es el sentido, sino el diagnóstico. Pero reconoce que sus resultados sirven para la subvención escolar preferencial, pues al saber cuáles son los colegios más débiles se les puede focalizar los recursos, como se hizo con el programa de las 900 escuelas.

-Los gobiernos han contribuido a exacerbar la importancia del SIMCE. En el de Eduardo Frei Ruiz-Tagle se comenzó en 1995 a publicar sus puntajes y cuando Joaquín Lavín fue ministro de Educación llegó al paroxismo de tratar de implementar una herramienta de información basada en el semáforo para identificar la calidad de los colegios.
El semáforo de Joaquín Lavín fue definitivamente horrible, pero terminó rápido. Ahora se ha aumentado a cuatro las pruebas: en Segundo, Cuarto, Octavo y Segundo Medio. Entonces, lo que ocurre es que los colegios arman el curriculum para contestar estas pruebas y eso constituye una reducción de la Educación a lo que mide el SIMCE.

-Usted firmó una carta por un nuevo sistema de evaluación educacional y le dio sustento a una crítica que desde hace algún tiempo se venía haciendo al SIMCE. ¿Dudó en suscribirla o fue una acción espontánea teniendo en cuenta su experiencia como académica e investigadora?
Un joven investigador, quien es uno de mis ayudantes, Felipe Acuña, se acercó y me pidió que firmara la carta, dándome la posibilidad de cambiar lo que quisiera. En la primera parte estuve de acuerdo, pero no me gustó una sección que terminaba con “rechazamos”. La cambié y relativicé ese término por “señalamos nuestra oposición a”. Esta carta se origina en un grupo de investigadores jóvenes de los cuales hay algunos que han levantado el movimiento “Alto al SIMCE” en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile.

NUEVO CICLO A PARTIR DE 2018

-Su labor en educación va desde la sala de clases hasta la consultoría internacional, pasando por la investigación, la docencia universitaria y las políticas públicas. ¿En cuáles de esas áreas siente que Chile está más débil?
Hay un problema en la formación docente y Chile aparece débil porque no rinde bien en las evaluaciones internacionales. A mí me tocó coordinar la administración de una prueba sobre formación inicial docente con énfasis en Matemáticas, cuyos datos se recogieron a fines de 2008 y la versión chilena fue publicada en un libro que saqué en 2010. Los resultados fueron muy malos.

-¿Qué tan malos en comparación con otros países?
Quedamos penúltimos, sólo estuvimos mejor que Georgia. Este estudio fue solo en base a encuestas, pero incluía preguntas abiertas y situaciones sobre las que los profesores tenían que opinar y el resultado fue malo en conocimientos matemáticos y pedagógicos.

-¿Cuáles podrían ser las razones de tan mala formación docente?
La formación primaria docente es generalista, los alumnos aprenden de todo. Y si a esto se suma que la formación de educación media para los grupos sociales de clase media y bajos, que son mayoritariamente los que estudian Pedagogía, no es buena; además que la universidad no logra corregir lo que no aprendieron de matemáticas o de ciencias, tenemos un grave problema. Además, la segunda parte de la educación básica en Chile, de sexto a octavo, corresponde a media inferior en otros países donde tienen otro tipo de enseñanza, un curriculum y una formación mejor.

-¿Qué conclusiones sacó de ese estudio?
A raíz de esa investigación, me di cuenta que el sistema educacional tenía que cambiar. Mantener esta estructura de ocho años, que respondió a la época de 1965 donde había que extender la obligatoriedad a ochos años para que los alumnos se mantuvieran en el sistema, hoy no es necesario, ni tampoco continuar con la formación generalista. Desde ahí, la Ley General de Educación cambió la estructura del sistema y a partir de 2018 tendremos seis años de enseñanza básica y seis de media, lo que hace que las universidades tengan que preparar profesores para ciclos de seis años.

-Promover que aquellos estudiantes que obtienen sobre 600 puntos en la PSU puedan estudiar gratuitamente, ¿podría ayudar a mejorar la formación docente o aún es muy pronto para sacar esa conclusión?
La Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE) tiene un alto porcentaje de sus estudiantes con becas y son los mejores alumnos de colegios municipalizados y subvencionados, pero hasta ahora no sabemos su efecto y si esos futuros profesores serán buenos. Lo que sí suponemos es que tienen vocación.

"La educación superior gratuita y de calidad va a ser difícil..." advierte Beatrice Ávalos.

-Usted dice que un maestro bien preparado debe tener comprensión de las áreas curriculares, pero la prueba INICIA reveló que el 60% de los egresados de Pedagogía no domina conocimientos básicos de su disciplina.
Sí, pero solo el 14% de los egresados dieron la prueba, por lo que no es fácil sacar conclusiones apresuradas. Además, yo tengo problemas con la forma en cómo ha sido aplicada la prueba INICIA. Es difícil, a mi juicio, establecer que la Educación es mala o buena sobre la base de esta prueba.

-¿Qué cree que pasará con el nuevo gobierno respecto del cuestionado SIMCE y de otras áreas de la Educación en las que se necesita reingeniería? ¿Se han contactado con ustedes algunos de los comandos presidenciales para analizar estas materias?
No, no lo han hecho. Pero lo que ocurra con el SIMCE va a depender mucho de a quién se nombra ministro, con qué gente trabaja y cómo se enfrentan las distintas presiones educacionales, pues este mundo no es homogéneo.

LAS “PIÑERICOSAS”

-Luego que la dictadura consolidó la municipalización y el financiamiento vía subvención, creó el SIMCE en 1988  bajo la misma lógica de mercado. Y el sistema ha tendido a la concentración de los estudiantes más capaces en algunos liceos de excelencia y al confinamiento en liceos o escuelas de los alumnos más desventajados. Bajo esa lógica, ¿cómo es posible tener educación de calidad?
Lo peor que se puede hacer es “descremar” los establecimientos. Ese es el temor que tiene el investigador Pablo Valenzuela, quien ha demostrado en sus estudios el problema del “descreme” producido por los liceos Bicentenarios. Está comprobado en educación que el efecto pares es importante y si tienes mezcla el conjunto mejora, porque hay competencia dentro pero ayuda también.

-¿Ve factible que se concrete el anhelo de una educación gratuita y de calidad en Chile?
Creo que en la educación superior gratuita y de calidad va a ser difícil, dado lo complejo que es financiar las universidades, salvo que el Estado ponga un montón de plata. Lo veo a partir del propio Centro de Investigación Avanzada en Educación, CIAE, que recibe financiamiento básico de Conicyt, pero que necesita más, por lo que termina vendiendo servicios. Y estos se pueden vender a los buenos y a los malos. Pero esto en sí no es lucro, es dinero que sirve para mantener a los investigadores, para tener áreas de investigaciones que no se financian.

-Bueno, el mismo Presidente Sebastián Piñera se refirió a la Educación como un bien de consumo.
Creo que eso fue un Piñericosas, se le debe haber ido y no lo debe haber pensado dos veces, aunque lo crea. Todo el mundo reaccionó en contra, lo que demuestra que todavía hay una visión humanista de la Educación y que no se entiende como un bien de consumo, como algo que se vende y se compra en el mercado.

-¿Cree usted que el origen de esa afirmación es muy distinto a la declaración que hizo el mismo Piñera respecto de los “cómplices pasivos” de la dictadura, lo que le ha costado grandes críticas en su sector?
Sí, esa afirmación no puede haberla dicho sin pensarla, porque sabía lo que se le venía encima de su mismo sector. Y a mí me pareció positivo que frente al tema de los derechos humanos haya tenido ese planteamiento, como algunos han dicho, que haya mostrado la posibilidad de que hay una derecha distinta, con la que se puede conversar aunque uno no esté de acuerdo con ellos. Eso ha sido lo bueno de esta conmemoración de los 40 años del Golpe.

 

Los testimonios que desnudaron los errores del censo ante la comisión externa

A partir de las declaraciones que recibió la comisión y del análisis de datos que hizo -antecedentes que fueron difundidos por el INE este viernes 30-, el grupo de especialistas concluyó que el porcentaje de omisión alcanzó un 9,3% y la forma en que se contabilizó la población fue errada, por lo que sus datos no pueden ser usados como herramienta para la elaboración de políticas públicas. La comisión estuvo integrada por David Bravo, director Centro de Microdatos de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile; Osvaldo Larrañaga, oficial del Programa de Reducción de la Pobreza y de la Desigualdad del PNUD; Isabel Millán, jefa de la división Observatorio Social del Ministerio de Desarrollo Social; Magda Ruiz, coordinadora Área Demografía e Información sobre Población, Celade y Felipe Zamorano, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

En los anexos entregados por la comisión al actual director del INE, Juan Eduardo Coeymans, se aborda quiénes estuvieron detrás de esas decisiones, cómo se generó el quiebre del equipo técnico del censo y como se fraguó la entrega de la abultada cifra de personas censadas. Labbé no reconoce que hubo un intento de manipular los datos al presentar a los efectivamente censados mezclados con los “moradores ausentes” y solo lo atribuye a un “error comunicacional o de redacción”, pero Mariana Alcérreca detalla cómo se dio curso a esa operación.

A continuación CIPER reproduce textualmente los párrafos destacados de las declaraciones, tal como estas aparecen citadas en el informe de la comisión. En la pestaña “Documentos asociados” pueden descargarse las declaraciones completas.

1- El apresurado cambio de modalidad del censo

 

Francisco Labbé (ex director del INE)

Entre julio y agosto de 2011, Labbé dice que empezaron junto a Mariana Alcérrecaa meterse a Internet, a averiguar respecto del cuál podría ser una metodología menos artesanal que la de un censo de hecho. Fue entonces cuando habló por teléfono con un asesor internacional del INE, que fue Director de Statistics Canada, Jacob Ryten, quien le explicó que estaba la opción de un censo de derecho. Comenzaron a averiguar y se encontraron con que en A.Latina no más de 4 o 5 países seguían haciendo un censo de hecho; todos habían migrado hacia un censo más profesional. En ese momento Uruguay estaba optando por esta modalidad y venía Paraguay. Estaban quedando en la modalidad anterior Argentina, Bolivia, Guatemala, Panamá. México y Brasil hicieron un censo combinado (para caracterizar a la población utilizaron muestras con un formulario grande y uno más resumido para todo el país).En ese momento, entonces, tomando las virtudes y defectos de cada tipo de censo, él toma la decisión. (Ver declaración completa de Francisco Labbé )

Mariana Alcérreca (ex gerenta del INE)

Mariana Alcérreca indica que la presentación hecha al Ministro (de Economía, Pablo Longueira) la hizo ella, que no es experta técnica sino en gestión, incluyendo la lámina con la comparación del censo de hecho versus el de derecho. El punto habría sido que el director (Labbé) no quería que nadie supiera sobre esto porque temía que se fuera a malinterpretar políticamente si es que se cambiaba la modalidad del censo por el tema del conflicto estudiantil y por ello prefería que nadie supiera y que posteriormente solo se comunicara del cambio. De allí que esta situación solo habría sido manejada por los tres, Labbé, Eduardo Carrasco (jefe del proyecto Censo 2012) y Alcérreca.

La posición del Ministerio fue solicitar que se prepararan por parte del INE las minutas técnicas. Estas minutas fueron preparadas por Mariana Alcérreca leyendo desde Internet básicamente todos los documentos que encontró, incluyendo recomendaciones de CELADE. Leyó los documentos escritos por Juan Chackiel y con quien consiguieron una entrevista. De ese modo, indica Mariana Alcérreca, se fueron sintiendo más tranquilos de que podían hacer este cambio (a un censo de derecho). (Ver declaración completa de Mariana Alcérreca )

Marcela Cabezas (ex subdirectora técnica del INE)

Marcela Cabezas asegura que el primer roce surge porque la subdirección de operaciones y la subdirección técnica consideraron que los números de censistas estaban subestimados. El director ante estas críticas pensó que estábamos contrarios al cambio pero eso no fue así, de hecho no recuerda alguien que se haya opuesto una vez que se les comunicó. Ahora bien, sí consideró que fue muy “amateur” la forma en que se tomó la decisión. No se tomó con la gente adecuada, no se vieron las implicancias, si había que pedir más tiempo o más presupuesto; la estimación presupuestaria se hizo sin hablar con nadie que tuviera la experiencia dentro del INE. Su equipo había hecho pruebas en terreno del cuestionario porque estaban en una discusión con Paula Jara (jefa de operaciones del censo) puesto que ella consideraba que era muy largo. Y por ello estaban claros que los cálculos que tenían, número de personas y presupuesto, no daban. Tampoco nadie le consultó a Paula Jara sobre el presupuesto y número de personas. (Ver declaración completa de Marcela Cabezas)

Paula Jara (jefa de operaciones del Censo)

La jefa de operaciones del Censo, Paula Jara, señala que en septiembre del 2011 son informados “abruptamente” por parte de la dirección del INE del cambio de metodología de censo de hecho a censo de derecho. No hubo participación de profesionales calificados del INE en esta decisión.

A partir de esta fecha se empieza a trabajar en una modalidad de 14 horas diarias de trabajo para tratar de acometer todos los desafíos que supone el cambio de metodología en el corto tiempo que se dispone antes del inicio de levantamiento de datos. Hubo que reorganizar a los equipos de trabajo que venían trabajando en el proceso censal en la modalidad de hecho. Se organizan grupos de trabajo según funciones a realizar, incluyendo la revisión de la cartilla censal (cuestionario) para adaptarla el censo de derecho y la figura central del residente habitual de las viviendas.

Se da también inicio a un proceso “intensivo y desordenado” de recopilación de antecedentes sobre los censos de derechos, para los cuales no había experiencia ni conocimientos en el país

La estimación de requerimientos adicionales de recursos se hizo a puerta cerrada por parte de la dirección del INE, resultando un monto de 6500 millones de pesos de los cuales se obtuvieron 6.000 millones. Sin embargo, hay un déficit del orden 1800 millones y no hubo voluntad de la dirección para solicitar los fondos faltantes. La dirección del INE no quiso pedir mayores recursos al gobierno “por no reconocer el error en la estimación previa”. (Ver declaración completa de Paula Jara )

2- Los errores que según Labbe fueron sólo “comunicacionales”

Francisco Labbé

La comisión revisora le consulta a Labbé por los errores en la publicación de presentación de los resultados del Censo 2012 y le hace ver que en ella se refiere a población censada de manera incorrecta, pues fueron sumados los efectivamente censados junto a los moradores ausentes.

La respuesta es poco clara. Indica que los datos de la población del país que se usan no son los datos censados sino que los que posteriormente trabajan INE y CELADE. El censo sirve para, primero, caracterizar la población para hacer las políticas públicas y para preparar el gran marco muestral con que se hacen las encuestas posteriores. Los datos en 2002 fueron 15,1 millones y las cifras finales fueron las de CELADE, de 15,7 millones. Finalmente, atribuye a un “error comunicacional o de redacción” la publicación y versión oficial entregada por el mismo Presidente Sebastián Piñera.

Eduardo Carrasco (ex jefe del Censo)

Sobre la publicación de presentación de resultados, se le indica a Eduardo Carrasco que en ella se refiere a población censada de manera incorrecta. Consultado sobre si esa publicación no era responsabilidad del jefe del censo, dice que sí era responsabilidad del Director del INE y de él y que fue un error comunicacional, pero asume su responsabilidad. (Ver declaración completa de Eduardo Carrasco )

3.- La improvisación afectó la preparación de los censistas

Eduardo Carrasco

Preguntado si el aspecto crucial en el cambio de metodología influyó la paralización de estudiantes y las tomas de colegios, Carrasco responde afirmativamente pero, por sobre todo, porque se preveía no poder llegar a contar con los casi 650 mil voluntarios.

Francisco Labbé

Preguntado si con el cambio de metodología fue necesario realizar una prueba piloto, Labbé indica que no fue un tema relevante en la discusión que tuvieron. Frente al cambio de modalidad desechando los voluntarios, se llamó a licitación y se adjudicó a trabajando.com para contratar a los censistas. Su preocupación principal era no tener postulantes suficientes porque la tasa de cesantía era baja. Se decidió pagar una cifra de $300 mil mensuales para censistas y $330 mil mensuales para supervisores. La primera sorpresa es que, contrariamente a lo que se pensaba, se tiene un total de 312mil postulantes (para 12 o 13 mil censistas y 2 a 3 mil supervisores). Labbé indicó que cambió la planificación y también hubo cambios en la capacitación de los censistas.

Se tomó la decisión de comenzar el 9 o el 12 de abril. Y se planificó en conjunto con los directores regionales. El piensa que ahí se cometió un error al dividir Santiago en 4 zonas pensando que eran equivalentes a 4 regiones. Pero en el proceso se dieron cuenta que en las regiones los encargados tenían su “ejército”, sus propios funcionarios, y no así en el caso de los encargados en la Región Metropolitana. Y se comenzó a notar el problema básicamente en el Barrio Alto de Santiago, tanto por el problema de la planificación anterior, como por problemas con la persona encargada de esa zona. A los 20 días ya se detectó el problema y además de cambiar al encargado, se dividió la Región Metropolitana en 8 zonas y se puso a personal del INE.

No era lo mismo ir a censar a zonas de clase media o popular que en el barrio alto. Las personas más humildes abren la puerta con facilidad. En el Barrio Alto es distinto; hay temor, cuidado.

Mariana Alcérreca

Relata que fue inesperado el número de postulaciones que tuvieron. Pero, añade, considera que hicieron muy mala gestión y tuvieron muy poco tiempo para llamarlos a la capacitación. (…) Llamaban 50 personas y llegaban cinco. Y en ese momento comenzaron a asustarse porque estaban muy encima de la fecha del levantamiento y porque había que hacer las credenciales por una cuestión de seguridad y había que hacerles contrato. Se dieron cuenta, entonces, que si bien el proceso estaba bien diseñado conceptualmente, en la práctica no resultó; si bien no se iba a recibir a quienes no llegaran con los papeles requeridos el primer día, en la práctica no se les podía dejar fuera. Se recorrió a toda la lista de personas que cumplían los requisitos y habían postulado; luego se usó la base de datos de trabajando.com y luego se recurrió a las OMIL (Oficinas Municipales de Información Laboral); al final, se buscó a quien quisiera trabajar e incluso hacia el final del proceso se pidió apoyo a las Fuerzas Armadas.

Marcela Cabezas

Según Marcela Cabezas, no había estructura de gestión en el censo. En la mitad de este proceso se dieron cuenta que las zonas de la Región Metropolitana eran muy grandes y tuvieron que subdividirlas. Por otra parte, nunca llegaron a contar con la cantidad de personas para el trabajo en terreno que se había determinado como óptimo.

Ante los problemas detectados, se dio la orden hacia el final del proceso de levantar las primeras preguntas del cuestionario y olvidarse del resto. Además, las altas tasas de viviendas desocupadas hacen sospechar que se pueden estar incluyendo en esta categoría a viviendas ocupadas con moradores ausentes.

Paula Jara

De acuerdo a la entrevistada, el INE fue “desbordado” por el gran número de postulantes que se presenta al llamado para buscar censistas, supervisores y jefes de local. Ello da lugar a una discusión interna respecto de cómo realizar la selección de aquellos que debieran ser capacitados; entre las iniciativas consideradas está la aplicación de un test de capacidad lectora pero se desecha por falta de presupuesto.

Por otra parte, un conjunto de actividades que habían sido incluidas en la planificación del Censo tuvieron que ser descartadas por insuficiencia de recursos. Entre ellas se cuenta un programa de educación a la población, que es una práctica habitualmente seguida en los censos para facilitar la cooperación de la población en el levantamiento de datos. También se descarte un sistema de control en base a celulares.

Finalizada la capacitación y a pocos días del inicio del trabajo de terreno se recibe un correo electrónico que reduce en un 10% el presupuesto disponible para censistas y supervisores, lo que obliga a reducir su número y redefinir toda la organización que existía para acometer el trabajo de terreno. Todo lo planificado “se desarma”.

La entrevistada señala que hubo demasiado poco tiempo y escasez de recursos para preparar adecuadamente el censo de derecho. A pesar de ello, el censo se realizó y se pudo censar a 15, 7 millones de personas, lo que se considera un logro porque dada las circunstancias habidas el censo podría haber resultado en un “gran fracaso”.

4.-El censo piloto que no fue

Eduardo Carrasco

Preguntado sobre si se hizo algún piloto para el nuevo cuestionario, Carrasco indicó que se probó el concepto de hogar. El grupo a cargo de este trabajo (y que luego firmó la carta) nunca entregó un informe de esto y tampoco tenía experiencia en censos. Cree que las pruebas efectivamente fueron insuficientes para residencia habitual. Requerido por qué no se había hecho un censo piloto como es recomendado y realizado por otros países, para probar todos los aspectos logísticos, y así haber evitado los problemas posteriores, Carrasco indicó que no veía los problemas. Por ejemplo, no se probó el sistema pero se tuvo un número excesivo de postulantes, pero habría sido problema si se hubiera tenido un número inferior. Evidentemente, señala, hubo problemas en la II Región porque los censistas podían tener mejores remuneraciones en otros trabajos. Aquí se usó mucha gente del INE de terreno y se amplió el período de levantamiento hasta julio en la zona.

5.- Las fracturas internas

Marcela Cabezas

Jacob Ryten, el consultor internacional, en su visita, citó a Marcela Cabezas y habló aparte con ella un día sábado unas 4 horas; Cabezas señala que Ryten le dijo que veía negra la situación del censo. Y, además, Ryten le preguntó si creía si podía resultar el censo en caso que Eduardo Carrasco se fuera en ese momento y ella respondió afirmativamente.

Eduardo Carrasco

Preguntado por su autocrítica como encargado del censo, señala que volviendo a junio 2011 no habría hecho nada distinto. Sí cree que podría haber hecho más si es que se hubiera hecho cargo antes. Indica que aquí se perdió tiempo en el período inter-censal, con un equipo que hubiera permitido tener una unidad censal que recogiera la experiencia previa. Carrasco señala que heredó equipos que no tenían experiencia ni en el INE ni en censos. El único cambio que hizo fue el jefe de informática, y colocó a Alejandro Sabag con quien había trabajado previamente. Indica que “si se pone a una persona a manejar una micro y no sabe hacerlo, va a chocar y eso es lo que pasó aquí”.

Mariana Alcérreca

Mariana Alcérreca indica que Eduardo Carrasco siempre tuvo conflictos con el equipo técnico (el Departamento de Estudios Sociales); siempre trató de opacarlo y no quiso que éste tuviera control sobre el proceso, porque este grupo era el único que podía hacerle contrapeso. Esto, porque ellos ya habían alertado que no se iba a alcanzar a terminar con la cantidad de personas que se había decidido contratar y esto había sido comunicado a Labbé.

Eduardo Carrasco le da la instrucción a Mariana Alcérreca que el equipo técnico no tuviera claves de acceso al SPCP (el software con la información del censo). Alcérreca indica que desobedeció estas instrucciones y que le pasó sus claves a este equipo con el objeto que pudieran alertarla a diario a ella de sus análisis puesto que ella no tenía el conocimiento técnico.

El 9 de julio de 2012, el equipo técnico pide una reunión con FJL a la que asisten Marcela Cabezas, Julia Ortúzar y Andrés Bustamante, y llevan un documento el que después se lo envían por correo electrónico. Este documento alertaba del alto porcentaje de moradores ausentes y viviendas desocupadas a la fecha.

Un segundo punto de ese documento señalaba que a esa fecha, 9 de julio, según el SPCP se podía registrar una población de 15,1 millones, y señalaba que se podía proyectar, con las curvas de rendimiento, una población total censada de 15,78 millones. Con esto, estimaban que la población total de Chile ascendería a 16,3 millones (incluyendo estimación de moradores ausentes), muy lejana de las proyecciones de población de 17,4 millones. Adicionalmente, en esa minuta y correo, se le explicitan a Labbé las recomendaciones de las Naciones Unidas respecto a que debía reportarse de manera explícita la población censada.

Esta fue la primera vez que se pone sobre la mesa un cuestionamiento a la calidad del censo.A partir de esta reunión, señala Mariana Alcérreca, es cuando queda “literalmente la escoba” y es al día siguiente que Labbé le comenta, por primera vez, que va a echar a Marcela Cabezas. El entonces director piensa e interpreta este documento, como que este equipo está boicoteando el censo. Ella trata de calmar las aguas pero el equipo técnico sale completamente del censo luego de esta reunión.

6.- Algo anda mal con el mejor censo de la historia

Mariana Alcérreca

Se llega a más del 100% de cobertura según los informes del sistema (SPCP). La información se la provee Alejandro Sabag el día 2 de agosto, por correo electrónico. Mirando el cuadro con actualización de rezagados, se tenía un número de viviendas del pre-censo de 5.580.816 y viviendas levantadas 5.637.957, por lo que, ¿cómo se explica que hubiera una cobertura de 101,02%?

Indica que había dos explicaciones posibles: una, que el pre-censo no tuvo buena calidad, cuestión sobre la que había evidencia; y dos, que había habido crecimiento en las viviendas entre el pre-censo y el censo.

Cuando se hace la presentación del balance del levantamiento, efectivamente se apunta a la segunda explicación y para ello se hace una estimación del crecimiento de viviendas entre el pre-censo y el censo por comuna, que en promedio a nivel nacional dio 2,73%. Con este método se llega a un total de 5.733.172 viviendas estimadas con lo que las viviendas levantadas representan una proporción de 98,34%; con esta cobertura, se plantea entonces que es el mejor censo de la historia. La estimación fue realizada por Eduardo Carrasco y Alejandro Sabag.

Alcérreca indica que siempre cuestionó que se hablara del mejor censo de la historia porque de hecho no pudieron encontrar ningún país en el mundo que midiera la cobertura a nivel de viviendas (y de hecho, no todos los países hacen pre-censo).

Indica que no tenía problema en presentar los datos del modo en que se hizo. Su problema, más bien, era que se lanzaran frases sin respaldo: el argumento era “el mejor censo de la historia” y así se dijo.

Cuando se construye el documento de Resultados Preliminares, se produce una discusión relevante (alrededor del 15 de agosto de 2012). Se decide mostrar el 98,3% de cobertura de viviendas, para decir que se trataba del mejor censo de la historia. El problema es qué se mostraba como viviendas censadas. En este punto tienen una discusión en la sala de reuniones (estaban presentes Labbé, Carrasco, Raúl Sepúlveda, Sebastián Mathews -jefe de comunicaciones estratégicas del INE- y Alcérreca) donde tanto Carrasco como Alcérreca son partidarios de mostrar las viviendas efectivamente censadas mientras que el director quería mostrar el total de viviendas y considerar el total de población.

Labbé argumentaba que esas viviendas y esa población existían por lo que había que darlas a conocer; mientras que ella y Carrasco indicaban que no estaban censadas (no se sabía dónde estaban ni quiénes eran).

¿Por qué se negó Labbé a mostrar la información diferenciando censados y no censados? Según Alcérreca, el tema es que la polémica sobre la encuesta Casen había surgido hacía unos 15 días. Se había dicho que era el mejor censo de la historia por lo que Labbé quería acercarse lo más posible a los 17,4 millones porque si no “le iban a atacar su censo”.

7.- Imputaciones: Las diferencias de Labbé con su equipo

Francisco Labbé

Preguntado por la magnitud que alcanzaron las viviendas desocupadas, Labbé indicó que también fue objeto de su preocupación y que puede haber algún error ahí, pero también le pareció coherente con el caso de un país que se estaba desarrollando. Indica que hay un trabajo de Juan Chackiel, en el que indica que en muchos censos de América Latina se presenta como censada la población estimada. Preguntado nuevamente por qué no se dijo en la presentación de resultados esta vez de agosto de 2012, recién terminado el censo, que estas cifras incluían las imputaciones, Labbé señala que ha buscado en todos los censos de los países grandes de América Latina y en ninguno de ellos ha encontrado información sobre los moradores ausentes.

Eduardo Carrasco

Carrasco indica que el procedimiento sobre las imputaciones está escrito. Se puede discutir la metodología aplicada para la imputación de moradores ausentes, pero indica que lo que él nunca transó es que las bases de datos debían establecer claramente un código que permitiera su identificación.

Ahora bien, en relación con la imputación en las denominadas viviendas no logradas, señala que nunca estuvo de acuerdo. En su opinión, para él era importante que hubiera habido una discusión internacional, lo cual aquí no había ocurrido.

Mariana Alcérreca

La primera vez que tuvo información sobre un dato censal fue el 14 de marzo. El director Labbé  estaba en Arica y Carrasco se acerca a ella y le dice que con todo el proceso de imputación de moradores ausentes la población llegaba a 16,3 millones (sin las viviendas adicionales) y pregunta qué hacer. Le dice que estaba complicado porque está el tema de las viviendas adicionales y él no estaba de acuerdo. Alcérreca le dice que hay que informarlo de inmediato al director, lo que ocurre el día 15 de marzo de 2013 cuando ella lo hace de manera directa en su oficina.

Labbé le indica que “no puede ser” y le pide llamar a Carrasco. Alcérreca indica que estaba preocupada de cumplir la fecha del 28 de marzo porque si no se le caía el bono al personal del INE asociado al cumplimiento del PMG (Programa de Mejoramiento de Gestión).

Carrasco le da la explicación y Labbé indica que se debía agregar la población que faltaba a través de la estimación de viviendas no alcanzadas. Carrasco y Alcérreca le dicen que eso no se hace. El director les dice: “esta decisión queda entre los tres”.

Alcérreca dice que Carrasco acató, que no le cabe duda que esta decisión fue de Labbé, pero comenta que a esas alturas estaban detrás de las decisiones del director Sebastián Mathews y Maximiliano Raide (asesor no contratado por el INE), quienes lo tenían convencido “que después del censo le iban a hacer un monumento”, por lo que Labbé no quiso mostrar algo distinto.

8.-Jefe del censo reconoce alta omisión

Eduardo Carrasco

Carrasco afirma que se tendrá finalmente una omisión censal de alrededor del 8% (considerando una población total de 17,2 millones).

Preguntado respecto de que esta situación ya se habría sabido en julio de 2012, al momento de tener los resultados preliminares, y de si no fue una situación en dicho momento que se considerara un shock al interior del INE Eduardo Carrasco, indica que: i) es claro que en la omisión se incluye todo y que las bases de datos deben considerar solo los datos de los censados; ii) hablar de un 2% de omisión era absurdo porque se trataba de un censo de derecho; y esta distorsión comunicacional surgió de la lectura de la cobertura de viviendas. Por ello cree que ha habido mucha gente que ha opinado por ignorancia pero también al mismo tiempo por mala intención.

Carrasco indica que haber llegado al 92% es un logro y refleja un esfuerzo gigantesco.

Marcela Cabezas

A nadie dentro del INE se le transparenta que se estaba imputando población. La prueba de ello es la base de datos que se le pasa al consultor Arriaga, que no contiene las marcas que permitan diferenciar población imputada de la censada.

Marcela Cabezas indica que Arriaga le dijo al director que la omisión superaba el 4% aún sin tener los datos correctos, a partir de lo cual no se puede explicar cómo haya declarado que se trataba del mejor censo de la historia.

9.- Las alertas al gobierno

Mariana Alcérreca

Señala que logra entonces que se decide bajar al Presidente y al Ministro de la comunicación de resultados. Su postura era que el INE se debía hacer cargo del tema, considerando además que el INE no estaba transparentando la metodología respecto a cómo se llegaron a esos resultados. Lamentablemente a la semana siguiente los citan a una reunión de comunicaciones en el Ministerio de Economía y ahí tiene su primera pelea con Vicente Correa (jefe de gabinete del Ministro). Alcérreca reconoce que no fue capaz de decirle la verdad pero sí indicó que las autoridades no debían entregar los datos pues era un año de elecciones y porque las cifras eran lo que más se había usado para atacar al Gobierno. Vicente Correa contraargumenta diciendo que habíamos hecho el mejor censo de la historia y añade una frase “a no ser que haya alguna información que yo no tenga”.

De vuelta de dicha reunión, Alcérreca se encierra con Labbé en su oficina y le dice “ud. tiene que decir la verdad” porque Vicente Correa ya había dejado la advertencia. Labbé se niega y a esas alturas ella indica que estaba desesperada.

Ahí es cuando decide llamar a la fiscal del Ministerio de Economía, con quien había tenido interacción por los proyectos de ley del INE. No llamó a Vicente Correa porque no tenía buena relación con él y porque éste se había hecho amigo de Max Raide; de hecho, indica, a partir de entonces se acabó la comunicación entre Labbé y el Subsecretario de Economía, pues siempre operó a través de Max Raide. Por ello, indica, que el Subsecretario nunca estuvo enterado de toda esta situación.

Alcérreca habla con la fiscal desde el estacionamiento, le pide que la ayude a parar esto, que no era el mejor censo de la historia y que, al menos, había 200 mil hombres perdidos y 4,8% de omisión. Ella le dice que va a ver qué puede hacer. Alcérreca sube y directamente renuncia con Labbé en presencia de Marcela Martínez y Raúl Sotomayor. Labbé le dice que no puede renunciar en ese momento porque dejaría en evidencia que hay un problema y le pregunta qué requiere para no renunciar, ante lo que Alcérreca le exigió que dijera la verdad.

Alcérreca le pide a Labbé que llame al Ministro, quien recién había regresado de Nueva Zelandia; no lo encontró y le contesta Vicente Correa. Labbé le cuenta que hay un informe de un consultor que dice que al parecer el censo no estaba tan bueno como creía y que faltaban 200 mil hombres y es todo lo que cuenta. Según lo que Labbé le dice, Vicente Correa le indicó que el acto iba igual porque se estaba estimando una omisión pequeña.

Labbé le insiste a Alcérreca que ella no puede renunciar y finalmente señala que no logró cambiar la situación. Indica que del Ministerio de Economía llamaron al director Labbé y le dijeron que alguien había hablado y que esa persona había dicho que Alcérreca había renunciado y que “era una histérica porque le faltaban 200 mil hombres”. Y esa, indica Alcérreca, fue la respuesta con la que se quedó Labbé.

 

INE: Las sospechas de triangulación de dinero que complican al asesor más cercano a Labbé

La relación contractual del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) con uno de los asesores del ex director Francisco Labbé comenzó el día de los inocentes, el 28 de diciembre de 2012. Fue en esa fecha de la tradición judeo cristiana en que Juan Pablo Raide firmó el contrato por el que comenzó a recibir un sueldo que -de acuerdo a la primera investigación de CIPER sobre el Censo 2012- en realidad habría sido para su hermano Maximiliano Raide, el joven líder que impresionó a Labbé cuando era decano de la Facultad de Economía de la Universidad Andrés Bello.

Como presidente ejecutivo de la agrupación Jóvenes Líderes, Maximiliano Raide demostró alto poder de convocatoria de personalidades, desde el entonces ministro Laurence Golborne al tenista Fernando González, a quienes logró llevar a actos con cientos de alumnos de la Andrés Bello. Esto causó una buena impresión en Labbé.  Según relató en la investigación que sigue la fiscalía de alta complejidad Centro Norte, estas redes fueron decisivas para que Raide aterrizara en el instituto de estadísticas, ocupando un importante lugar y desplazando a profesionales del círculo más estrecho de Labbé.

Maximiliano Raide se convertiría en uno de los más cercanos asesores que tuvo el ex director del INE, especialmente en la última etapa de su administración, y fue ganando terreno a medida que la crisis institucional se expandía en el organismo y que los directores, de perfil técnico, iban siendo marginados de la toma de decisiones clave en temas del Censo 2012, como el cambio de metodología. Ese poder era coherente con el acceso a ciertos privilegios que, en la administración pública, resultan indiscutibles a la hora de ostentar, como por ejemplo un estacionamiento exclusivo de automóvil. “Max” Raide tenía el suyo y eso marcaba poderío entre los funcionarios.

La pregunta que hasta ahora no es posible aclarar es por qué contaba con esa regalía en dependencias del INE, si ni siquiera había firmado contrato con el instituto. Y por qué no recibía remuneraciones formales por los servicios entregados a Francisco Labbé. Esta arista ha sido poco explorada en la investigación que dirige el fiscal José Morales, pero ha despertado gran interés en la comisión investigadora que abrió la Cámara de Diputados sobre las irregularidades cometidas en el INE, y que se hicieron públicas tras el primer reportaje de CIPER, que daban cuenta de la manipulación de las cifras del Censo 2012.

Además, al interior del INE existen dos sumarios administrativos que involucran al grupo de asesores cercanos a Labbé y que se mantienen abiertos. Una para determinar la eventual responsabilidad administrativa en la filtración de datos censales a medios de comunicación, antes de su publicación oficial. Esta se inició como una investigación sumaria con el  número 1805 y es sobre la filtración de las cifras del Censo a El Mercurio el día antes de la entrega oficial en el cerro Santa Lucía, evento que fue presidido por Sebastián Piñera y el entonces ministro de Economía, Pablo Longueira. Funcionarios del INE han apuntado hacia el ex asesor y encargado de las comunicaciones estratégicas del INE, Sebastián Mathews, como uno de los responsables.
Dicha filtración fue denunciada por la entonces directora de Comunicaciones del INE, Marcela Martínez, a Labbé, en un correo del 1 de abril de 2013, en el que afirmó que ese diario publicaría las cifras del Censo al día siguiente. “Acaban de llamarme para confirmar varios datos. Yo no confirmé nada y nunca he entregado información. Dentro de los datos me llamó la atención que estaba la cifra de cobertura. Esa cifra la sacamos de sus palabras en la presentación debido a que usted mismo me pidió eliminarlas”, dijo la periodista, quien días después fue despedida.

La segunda investigación sumaria es la Nº1906, por eventuales irregularidades en el proyecto Censo 2012 y por contrataciones de personal, donde los nombres de Maximiliano Raide, su hermano Juan Pablo, y Antonio Hartmann vuelven a ser centro de la indagación.

A través del departamento de comunicaciones del INE se informó que “mediante Resolución Exenta n° 2738/2013, se pone término a las referidas investigaciones y se elevan a sumario administrativo los hechos investigados, por cuanto se constata que revisten mayor gravedad de la estimada al inicio de las investigaciones”.

Además, se designó a Cristian Romero Cocuy, funcionario de la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño, para que siga con el sumario administrativo para esclarecer los hechos relativos al Proyecto de Censo de Población y Vivienda 2012.

LAS TRIANGULACIONES

Aunque Labbé lo niega, es la ex gerenta del INE, Mariana Alcérreca, quien lo acusa de dar las instrucciones de que el sueldo de Maximiliano Raide debía triangularse a través de terceros. Así lo relató al fiscal José Morales: “Maximiliano Raide era un asesor permanente del director, pero no pagado directamente por el INE. El sueldo de Maximiliano se pagaba a través de Juan Pablo Raide y Antonio Hartmann en el año 2013. El 2012 a través de Antonio Hartmann y Constance Pooley. Para contratar a estas personas me dio las instrucciones el director Labbé”.

Pese a que “Max” Raide registra estudios de Derecho en la Universidad de Los Andes, no tiene título profesional, por lo que no habría podido recibir los casi $4 millones por conceptos de honorarios si se le hubiese contratado de acuerdo a sus pergaminos académicos. Los ingenieros comerciales que sirvieron de intermediarios habrían sido, entonces, la solución para que Labbé conservara los servicios de Raide.

Sin embargo, en la comisión investigadora el diputado Felipe Harboe denunció que si bien Juan Pablo Raide firmó una declaración jurada diciendo que es ingeniero comercial, había un documento de la Universidad del Desarrollo donde se lo certifica como alumno regular y por lo tanto aún no titulado. El parlamentario cuestionó también que Labbé certificara su idoneidad como relacionador público pese a que no tenía experiencia en ese ámbito. Además, reveló que las referencias para certificar su idoneidad eran dadas por su amigo Antonio Hartmann y por una tía.

De confirmarse la triangulación, hasta abril de este año el “joven líder” Maximiliano Raide habría recibido un “sueldo” de $3.900.000, a través de su hermano Juan Pablo, quien tenía honorarios por $1.674.001 por desempeñarse como relacionador público; y a través de Antonio Hartmann Ramírez, quien ganaba  $2.225.522 como asesor económico, realizando “asesorías para la estratificación de empresas para la clasificación en las próximas etapas del IPC”.

En 2012, las triangulaciones habrían sido prácticamente por la misma cantidad de dinero ($3.896.000), pero a través de Constance Pooley Toplai, relacionadora pública, con $1.670.111; y a través de Hartmann, con honorarios que ascendían a $2.225.522.

Raide fue consultado por CIPER y solo respondió que los dineros nunca fueron triangulados hacia él y aseguró que trabajó en el INE pero en funciones que no fueron remuneradas, pues su intención era “hacer un aporte al país”.

LA “AMISTAD” ENTRE RAIDE Y LABBÉ

En sus declaraciones al fiscal José Morales, Labbé insistió en que Maximiliano Raide no recibía remuneraciones, pero al hacerlo destapó un flanco mayor. El hecho de que Maximiliano Raide no trabajara oficialmente en el INE implica que no existía un contrato que lo obligara a mantener la confidencialidad de los datos que pudo conocer gracias a su cercanía con el ex director.

En su declaración ante el fiscal, Labbé explicó que contrató a Raide cuando trabajaba en la Universidad Andrés Bello. Durante cuatro años, Raide llevó invitados que hablaban a los alumnos acerca de su experiencia profesional. “En ese contexto hicimos algún grado de amistad. Es una persona muy joven y muy capaz, con relaciones políticas muy transversales”, dijo el ex director del INE a Morales.

Maximiliano Raide y Antonio Hartmann formaban parte de Jóvenes Líderes, organización integrada por estudiantes de nivel socioeconómico alto que desde mediados del 2000 mantuvo cierto protagonismo en los medios, donde publicitaban sus encuentros con destacados políticos como Sebastián Piñera y empresarios de la talla de Ricardo Claro para intercambiar opiniones sobre la contingencia nacional e internacional.

Al momento de explicar su rol en el instituto, el relato es más ambiguo. Primero Labbé afirmó que fichó a la organización de Raide para incentivar a los jóvenes a participar como voluntarios en el Censo 2012, cuando aún se pensaba que éste sería “de hecho”, es decir se haría durante un día festivo con encuestadores no remunerados. En el documento que el ex director del INE envió a la Cámara de Diputados tras declinar la invitación para asistir a la comisión investigadora, Labbé dedica uno de los cuatro “capítulos” a explicar estas contrataciones. Ahí fecha en agosto de 2011 el momento en que Raide y Hartman empiezan a colaborar “con el objetivo de contribuyeran a reclutar a más de 600.000 jóvenes universitarios para desarrollar el Censo y realizar actividades en terreno de difusión”. Sin embargo, fue justamente en esa fecha que Labbé decidió que el censo fuera “de derecho” y por lo tanto no se necesitaba reclutar voluntarios.

Fue en septiembre, dice Labbé en su declaración escrita, que Raide pasó a integrar el nuevo Comité de Comunicaciones y Extensión creado cuando se decidió que el censo fuera “de derecho”. Ante el fiscal definió el rol de Raide de una manera más amplia: “Después de unas reuniones acordamos que Antonio Hartmann se integrara pero Raide dijo que no podía porque era una organización transversal. Le solicité me ayudara con sus redes políticas pero él no podía aparecer. Por eso Max Raide se integró y asistía a las reuniones de comunicaciones. Él asistía una media hora y después iba a reunirse conmigo”.

En el escrito ante la Cámara, Labbé deja ver que es consciente de las contradicciones entre las razones de la contratación y el trabajo realizado por el grupo de Raide, así como de los cuestionamientos: “Ninguna de las personas mencionadas, tuvieron acceso a información reservada en relación al Censo ni al INE. Su participación fue siempre en el aspecto comunicacional y de extensión, sin perjuicio de lo dicho respecto del origen de la contratación”. Labbé hace ver además que Raide no sólo trabajó ad-honorem en el INE, sino que antes ya lo había hecho para el ex subsecretario del Trabajo Marcelo Soto.

Consultado por el rol que Raide desempeñaba en la institución, el jefe del Proyecto Censo, Eduardo Carrasco, dijo al fiscal Morales que se trataba “de una persona amiga del director, pero enfocada a la parte de difusión”.

Ante el fiscal Morales, el ex director del INE relató otra función más de Raide y dijo que lo presentaba como su asesor en la relación con el gobierno. “Él me buscaba relaciones o contactos con el gobierno para ciertas cosas. La colaboración de Raide con el INE fue hasta el último día de mi trabajo como director”, agregó Labbé, quien insistió que el joven no recibió ninguna remuneración.

El fiscal Morales también le preguntó a Labbé en calidad de qué aparece Raide sentado a su lado en una foto publicada por CIPER. Labbé dijo no recordarlo, pero posteriormente le asignó un rol muy importante en la modernización del INE y en que se abriera hacia las universidades. Labbé volvió sobre este punto cuando el fiscal Morales le preguntó por Juan Pablo Raide, el hermano de su asesor. Según Labbé, Juan Pablo era quien contactaba a las universidades para los convenios. Sin embargo, este último no tenía oficina, ni horario, ni correo institucional del INE.

El jefe de gabinete de Labbé, Raúl Sepúlveda, confirmó que Maximiliano Raide no recibía sueldo porque no quería ser contratado por el INE y que quienes sí lo hacían –Antonio Hartmann, Juan Pablo Raide y antes Constance Pooley– sí asistían al comité de comunicaciones que se realizaba los miércoles. En todo caso, Sepúlveda enfatizó que era la ingeniera comercial y asesora del director del INE, Mariana Alcérreca, quien veía todos los temas de presupuestarios relativos a contrataciones.

En la red social profesional Linkedin, Maximiliano Raide registró ser “asesor Director en INE”, pero una vez que se destapó el conflicto en el organismo eliminó esa función.  El hermano de Raide, Juan Pablo, y Hartmann presentaron sus cartas de renuncia el 29 de abril, un día hábil después de la salida de Labbé del INE. Y un dato curioso es que ambos textos son idénticos (ver cartas de Raide y Hartmann).

EL TESTIMONIO CLAVE DE ALCÉRRECA

De acuerdo a lo expresado por el presidente de la Comisión Investigadora del Investigadora del INE, diputado Juan Carlos Latorre, el testimonio de Mariana Alcérreca este miércoles 28 de agosto será de gran aporte para la indagación que hasta ahora han levantado los parlamentarios. En la sesión del martes 27 de agosto decidieron invitar a  Maximiliano Raide y Sebastián Mathews, informó Latorre.

“Maximiliano Raide tuvo acceso a la información del Censo. Tuvo acceso a la síntesis de la información”, le dijo Alcérreca al fiscal, en uno de los temas más delicados de la ambigua relación de Maximiliano Raide con el INE. Esta versión debería ser ratificada por la profesional en la comisión investigadora y, de acuerdo a los parlamentarios que la integran, esperan que también clarifique la manipulación de las cifras del Censo 2012.

Mariana Alcérreca es un personaje clave en esta investigación, pues en su entrevista a CIPER aseguró que Labbé fue quien materializó la manipulación de los datos del Censo 2012 y reveló que incluso la instruyó a publicar que habían sido censados realmente 16 millones 600 mil personas en vez de los 15 millones 800 mil. Ella no aceptó la orden y le representó que había “engaño” al incluir a los moradores ausentes y viviendas desocupadas a la cifra de los realmente censados.

La arista de la manipulación de los datos del Censo fue abordada en la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados del lunes 26 de agosto. En esa ocasión, el jefe de departamento de estudios sociales del INE, el sociólogo Andrés Bustamante, aseguró en forma insistente que se le advirtió a Labbé que por recomendación de Naciones Unidas no se podía incorporar en la información definitiva del censo de población una estimación de crecimiento, de acuerdo a las nuevas casas construidas luego del pre censo.

“Quiero ser explícito en mencionar que el señor Labbé tomó la decisión de no transparentar la diferencia entre población censada y población imputada, pese a haber sido advertido en innumerables ocasiones respecto de que esto se tenía que hacer. Incluso, pese a recibir una minuta, una cita textual de la recomendación de Naciones Unidas, donde se decía que esto tenía que ser trasparentado. Por lo tanto, aquí no se puede decir que esto no se sabía”, sostuvo Bustamante.

Al día siguiente la comisión recibió la carta de Francisco Labbé, en que refuta todas las irregularidades de las que lo han acusado (ver carta).

COMITÉ DIRECTIVO PARALELO

Cuando la crisis del INE ya había sido destapada por los directivos que se quejaron públicamente de las decisiones que se estaban adoptando por no responder a criterios técnicos, el círculo de asesores de Labbé se estrechó aún más, quedando confinado al jefe del Proyecto Censo Eduardo Carrasco; al jefe comunicacional del INE, Sebastián Mathews; y a Maximiliano Raide. En palabras de Andrés Bustamante ante la comisión de la Cármara, “en un momento en el INE la forma de conducir las decisiones por los canales formales se fue perdiendo y se instaló una suerte de comité directivo paralelo donde estaban el señor Labbé a la cabeza, el señor Raide, el señor Mathews y el señor Eduardo Carrasco”.  Aseguró que incluso dentro del mismo comité directivo, personas que cumplían una función de asesoría directa –como el caso de Mariana Alcérreca o como Raúl Sepúlveda, que era su jefe de gabinete–, tendían a ser aislados de las decisiones más importantes”.

En lo que hasta ahora pocos han puesto el acento es en el secreto de confidencialidad que los profesionales del INE están obligados a cumplir y en la alta gravitación que puede generar en el mercado financiero la filtración de datos como los de la tasa de IPC. En la última sesión de la Comisión investigadora del INE se le consultó a Gerzo Gallardo, ingeniero comercial y jefe de Departamento de Estudios Económicos, si efectivamente Sebastián Mathews, a cargo de las comunicaciones estratégicas, pidió en una ocasión, anticipadamente los resultados de la medición del IPC. La respuesta fue categórica del profesional: “Sí, lo hizo, pero se le fue negado, por la relevancia que podría tener para especulaciones financieras”.

El tema de las filtraciones es particularmente sensible para los funcionarios del INE. Incluso el que dos diarios hayan publicado datos del censo el día del informe oficial, es considerado gravísimo. “El tema del censo es tremendo, pero que se filtraran las cifras es peor, porque el INE vive de la confianza. Si a usted le dicen el IPC es tanto, usted tiene que creerlo para que el país funcione”, explicó el 14 de agosto pasado a los diputados Juan Radrigán, jefe de Infraestructura Estadística del INE.

 

El curioso rol del diputado Edwards

Los diputados de la Concertación Juan Carlos Latorre –quien preside la comisión investigadora–, Ramón Farías y Felipe Harboe han sido los más activos en interrogar a los invitados sobre la manipulación de las cifras del censo y los contratos de Raide. En la otra trinchera ha llamado la atención la actuación del diputado RN José Manuel Edwards, quien si bien ha hecho un gran número de preguntas técnicas, ha levantado objeciones que han sido interpretadas no como una forma de proteger al gobierno, sino derechamente a Labbé y a Raide.

Durante la sesión del 14 de agosto, Harboe propuso que la investigación se separara en tres “cuadernos”: la arista principal de la manipulación de los datos del censo, la filtración y los contratos. De inmediato Edwards se paró a hablar con el secretario de comisión y luego opinó que los dos cuadernos secundarios excedían el mandato de la comisión. Al menos en dos oportunidades cuestionó que se investigara la filtración y los contratos.

Sin embargo, cuando CIPER le mencionó que su intervención había sido interpretada como una forma de proteger a Raide, Edwards aseguró que él sólo consideraba que la filtración estaba fuera del mandato y que si bien no entendía bien cuál era el reclamo respecto a los contratos, creía que estaba dentro del ámbito de la investigación: “Si hubiese triangulación de plata, yo creería que eso estaría dentro del mandato”, dijo Edwards a CIPER.

Edwards dijo que no conoce a Raide, aunque admitió que tal vez fue compañero de su hermano menor en el Colegio Apoquindo y no lo recuerda. Además, relató que pese a no conocerlo, Raide lo llamó para explicarle que no había nada irregular en su rol en el INE y le envió un documento con sus argumentos. Documento que Edwards aseguró no haber leído.

En la misma sesión del 14 de agosto, Edwards tuvo una intervención bastante curiosa: le pidió a los funcionarios del INE Radrigán y Gallardo que moderaran sus comentarios hacia Labbé: “Es tanta la subjetividad con que hablan del señor Labbé, a quien yo no conozco, que se ve como si le estuvieran pasando la cuenta”. Acto seguido, les pidió ser más “equilibrados” en sus apreciaciones.

Según consigna en su curriculum, el diputado Edwards es hijo del síndico del mismo nombre, quien tuvo a cargo la quiebra del club de fútbol de la Universidad de Chile. Su padre es académico de la Facultad de Economía de la Universidad Andrés Bello, donde según La Tercera fue uno de los profesores “que más sintonía tuvo” con Labbé. “No tengo una opinión sobre cómo lo ha hecho en lo comunicacional en estos momentos de crisis”, dijo entonces, “pero de que Labbé es un hombre serio, honorable, lo es. Su nominación como director del INE tenía mucho sentido, era el profesional indicado”.

 

 

Carlos Tudela: el lobista DC de los notarios y de Paulmann en la Cámara de Diputados

En el año 2005 quiso ocupar uno de los 120 asientos de la Cámara de Diputados y aunque no lo logró, pues perdió frente a su compañero de lista, el socialista Fidel Espinoza, Carlos Tudela Aroca (60) es hoy un habitante más del Congreso Nacional. No puede ingresar a la Sala de Sesiones, pero sí lo hace a los recintos claves de la Cámara de Diputados: las salas de las comisiones, allí donde se deciden las modificaciones y agregados de las leyes que luego serán votadas por el conjunto de los diputados. A esas salas ingresa acompañando a diputados de la Democracia Cristiana y hace pesar sus puntos de vista como asesor legislativo. Con su credencial en el bolsillo, Tudela se desplaza con propiedad por los vericuetos del elefante blanco de más de 43 mil metros cuadrados. Cada vez que almuerza en el piso 14 de la Cámara, disfruta al igual que los parlamentarios de la privilegiada vista del litoral central. Entre las autoridades de gobierno y entre sus propios “camaradas”, Tudela es un reconocido lobista.

Carlos Tudela estudió derecho en la Universidad de Chile y formó parte del sector guatón de la Democracia Cristiana, por lo que mantiene importantes redes con militantes de ese partido. De hecho, fue embajador en Singapur durante el gobierno de Eduardo Frei e intendente de Los Lagos por seis meses en la administración de Ricardo Lagos.

En 2008 quiso convertirse en alcalde de Llanquihue, pero la suerte le jugó nuevamente una mala pasada al perder por poco menos de mil votos.  Por ese mismo período -noviembre de 2008 y diciembre de 2009- se desempeñó como  asesor de la división de Relaciones Políticas e Institucionales del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

DIPUTADOS ASESORADOS POR LA FAMILIA TUDELA

La gestión que dice realizar Carlos Tudela en el Congreso abarca una variedad de materias en asesorías legislativas. “En general son temas de toda índole, fundamentalmente para ayudar a que se logren acuerdos y esto uno lo hace con parlamentarios de gobierno, de oposición, con entidades públicas y privadas. También tengo relaciones con algunos subsecretarios desde tiempos de colegio, entonces uno trata de buscar que se puedan encontrar las partes para que puedan llegar a acuerdos, más que buscar votaciones que de repente son inútiles y demoran la tramitación de los proyectos”, explicó Tudela a CIPER (Ver entrevista).

Aunque actualmente solo asesora en forma directa al diputado (DC) Roberto León , la sociedad que el 23 de Octubre de 2012 creó junto a sus hijos Carlos y Daniela, “Servicios de Visión y Gestión estratégica Limitada”, presta también asesorías a los diputados DC Víctor Torres, Jorge Sabag, y Eduardo Cerda. De los 19 diputados de la Democracia Cristiana, cuatro son asesorados por la familia Tudela, un 21% de la bancada DC. Cada uno de estos últimos parlamentarios le cancela mensualmente entre uno y dos millones de pesos, platas que salen de los dineros que el Estado provee para las asignaciones parlamentarias.

El diputado Víctor Torres destina $1.056.000 para el mismo tipo de informes. “No sé quién prepara los papers. Yo solo los pido, pero no tengo contacto con Carlos Tudela”, afirma Torres.

Hasta la semana pasada en el sitio web de la Cámara aparecía también el diputado Ricardo Rincón pagando mensualmente $2.072.291 a Tudela por la elaboración de informes temáticos. Pero desde la corporación informaron que se trató de un error que fue enmendado apenas el diputado Rincón se quejó por dicha información.

Al ser consultado por la sociedad que creó en 2012 con sus hijos, Tudela respondió que efectivamente inició actividades con ellos, “como lo hace cualquier padre cuando sus hijos quieren empezar una actividad nueva. Pero ahora son independientes y esa empresa es de ellos”.

EL SALVATAJE DE PAULMANN

En la conversación con CIPER, Tudela ahondó en la labor que realiza, de la que se siente orgulloso, pero se excusó de entregar información sobre sus clientes del retail, porque –asegura- debe guardar secreto profesional y solo puntualizó que trabaja para instituciones privadas, personas naturales o jurídicas y hace asesorías legales.

La consulta es pertinente, pues en 2011 un grupo de ocho diputados de la Democracia Cristiana,  Partido Por la Democracia, Socialista y Comunista presentaron un proyecto de ley  para revocar la nacionalidad otorgada en octubre de 2006, por gracia, al empresario y controlador del holding Cencosud, Horst Paulmann, el segundo hombre más rico de Chile.

Los autores de la iniciativa, que logró ingresar a primer trámite constitucional, fueron Enrique Accorsi (PPD), Lautaro Carmona (PC), Fidel Espinoza (PS), Hugo Gutiérrez (PC) y los democratacristianos Gabriel Ascencio, Roberto León, Sergio Ojeda y Gabriel Silber. De inmediato las luces de alerta se encendieron en Cencosud pues “el rey del retail en América Latina” -como lo definió la revista Forbes- o algunos de sus ejecutivos top podrían ser sentados en el banquillo de los acusados debido a que Cencosud estaba siendo investigado por el eventual fraude aduanero realizado al comerciar mercancías que fueron ingresadas al país como “ayuda humanitaria” tras el terremoto del 27 de febrero de 2010.

Aprovechando el caos y la escasez de algunos alimentos básicos, especialmente en el sur del país, Cencosud internó de forma irregular 183 camiones con mercancía caratulada como “ayuda humanitaria” (botellas de agua, pañales, tallarines, arroz, harina, pilas, sacos de dormir), la que supuestamente iría en beneficio de los afectados por el terremoto. La trampa fue que, al declararlos como donaciones, esos productos no pagaron impuestos a su ingreso a Chile, a pesar de que, finalmente Cencosud comercializó parte de esos productos.

De acuerdo a lo establecido por la fiscalía, los altos directivos del Cencosud Retail S.A., tanto en Chile como en Argentina, planificaron la operación comercial, utilizando artificiosamente las comunicaciones gubernamentales emitidas y entregadas en uno y otro país, sobre las enormes necesidades de abastecimiento del país, para “hacer aparecer una compraventa comercial, de carácter urgente, y los documentos aduaneros respectivos como si fuese de ayuda humanitaria o de donación, sin pago de derechos e impuestos”. En esta defraudación los principales involucrados son Daniel Rodríguez Cofré, gerente corporativo de Cencosud S.A. y Carolina Reinoso, gerente de importaciones.

La molestia de los diputados contra Horst Paulmann fue in crescendo luego de la demanda interpuesta por el Sernac contra Cencosud, por los cobros en sus tarjetas y el aumento en las comisiones. Fue entonces que el diputado (DC) Gabriel Ascencio tomó la iniciativa y lideró la moción de quitarle la nacionalidad. Hoy el proyecto de acuerdo se encuentra paralizado en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara pero, según lo que Ascencio adelantó a CIPER, será reactivado en los próximos días.

En la audiencia de formalización contra los ejecutivos de Cencosud, que tuvo lugar en enero de este año, el Ministerio Público determinó que con la internación de los 183 camiones con “ayuda humanitaria” se dejaron de percibir derechos e impuestos en diez importaciones por un monto total de US$ 89.972 (ajustándose el valor aduanero de US$4.254.236). A lo que se suma la importación fraudulenta de un camión completo con leche en polvo por US$14.916.

Dada la certificación oficial de defraudación al Fisco y también a los más de 600 mil clientes a los que se les aumentaron unilateralmente las comisiones de sus tarjetas de crédito, el futuro de la nacionalidad chilena de Paulmann corría peligro. Fue entonces que sus asesores decidieron actuar en forma rápida para desactivar la iniciativa de los diputados de quitarle la nacionalidad. La mejor opción fue tratar de convencer a los parlamentarios de la Democracia Cristiana de no castigar al dueño de París, JUMBO, Easy, Johnson´s y Costanera Center, entre otros. Para ello era necesario tender un puente con la bancada DC y qué mejor para esa gestión que el lobbista Carlos Tudela.

Al abogado no le costó mucho realizar las tratativas. Tudela contactó al jefe de la bancada del partido, Jorge Burgos, y facilitó la reunión clave con el gerente general de Cencosud, Daniel Rodríguez. Esta tuvo lugar en la oficina del parlamentario, ubicada en la comuna de Providencia.

CIPER le consultó al diputado Jorge Burgos desde cuándo conoce a Carlos Tudela y qué información tenía de la labor que realiza éste en el Congreso en el momento en que él lo contactó para reunirse con el ejecutivo de Cencusud.

-Lo conozco desde hace mucho tiempo. Tengo entendido que realiza asesorías a diputados de la bancada DC. Es militante de la Democracia Cristiana, más o menos de mi misma generación.

-¿Cómo se gestionó la reunión con el gerente general de Cencosud en su oficina parlamentaria?
Tengo el recuerdo que mientras yo era jefe de bancada en una oportunidad me dijo que el gerente general de Cencosud quería plantearme su preocupación por una moción parlamentaria, patrocinada, entre otros, por diputados DC, para quitarle la nacionalidad a Horst Paulmann. Todo esto con ocasión de una acusación que aún está en Aduana y que resultó bastante delicada pues se trata de una donación para el terremoto que no fue tal.

-¿Qué le dijo usted al ejecutivo de Cencosud en esa oportunidad?
Le manifesté que esa moción no representaba en general la opinión de los diputados DC. Yo fui contrario a la nacionalización del empresario, no la voté a favor, pero quitarle la nacionalidad me parecía propio de un régimen totalitario. A mí no me gusta regalar nacionalidades vía gracia, pero me parece aún peor quitárselas a quienes se las han dado. Esto fue un proyecto de ley en el gobierno de Lagos. Cuando me consultó Tudela, le dije que si quería yo le explicaba eso, que no tenía problema. Fue con él a mi oficina parlamentaria. Le adelanté que era una moción que no iba a prosperar y él estaba muy preocupado que fuera una decisión de la bancada DC. Aprovechó además de darme explicaciones por la causa ante los tribunales aduaneros y me dijo que efectivamente no había sido una donación. Fue ahí entonces que le respondí que ese tema no me competía, sino que serían los tribunales quienes deberían resolver.

-¿Regularmente ve a Carlos Tudela en el Congreso?
Sí, lo suelo ver constantemente en el Congreso. En una ocasión fue a la Comisión de Constitución de la Cámara, cuando discutíamos un proyecto de la deuda consolidada. Le pregunté en representación de quién estaba y me dijo que lo hacía en condición de asesor de un diputado. Yo quería saber si estaba en representación del retail, pero me dijo que no.

EL LOBBY DE LOS NOTARIOS

Durante el año 2012 y en plena tramitación de la Ley de Pesca, hubo otro proyecto de ley que también sufrió un fuerte lobby durante su discusión: la Ley Nº 20.659 sobre Constitución de Sociedades, aprobada el 23 de enero de 2013, y que permite iniciar una empresa en un día y a costo cero, basado en un registro electrónico en www.tuempresaenundia.cl. A través de ese sitio web es posible constituir una sociedad, obtener un RUT e iniciar actividades, sin necesidad de recurrir a un notario. Apenas se supo de esta norma legal, los notarios y conservadores vieron afectados sus intereses y comenzaron a trazar el camino para paralizar el proyecto.

La estrategia no fue fácil, pues el entonces ministro Pablo Longueira estaba convencido de la necesidad de sacar adelante esa ley, por ser ésta parte del programa de gobierno para mejorar el emprendimiento y la competitividad. En medio de la discusión, un grupo de diputados decidió presentar ante el Tribunal Constitucional (TC) un requerimiento con el que se buscó ponerle lápida al proyecto.  Fue entonces que la Asociación de Emprendedores de Chile (Asech) acusó de un “feroz lobby” a los notarios y entregó a sus afiliados una base de datos con los e-mails, cuentas de Twitter y teléfonos de los 30 diputados que suscribieron el requerimiento: Roberto León, Aldo Cornejo, Ricardo Rincón, Gabriel Silber, Sergio Ojeda, Pablo Lorenzini, Patricio Vallespín, Juan Carlos Latorre, Mario Venegas, Fuad Chahin, Víctor Torres, Felipe Harboe, Eduardo Cerda, José Pérez, Tucapel Jiménez, Ramón Farías, Marco Antonio Núñez, Alberto Robles, Orlando Vargas, Marcelo Schilling, René Saffirio, Carlos Abel Jarpa, Juan Luis Castro, Manuel Monsalve, Marcos Espinosa, Enrique Jaramillo, Ximena Vidal, Joaquín Tuma, Carlos Montes, Denise Pascal, Lautaro Carmona.

Hasta antes de ese contragolpe de los emprendedores, los notarios y conservadores cantaban victoria. Nunca pensaron que, tras el envío del requerimiento al TC, algunos diputados se “bajarían” y con ello no se cumpliría la exigencia legal de contar con al menos 30 solicitantes. Sólo consiguieron 28, por lo que el intento fracasó y la ley finalmente entró en vigencia el 2 de mayo de este año.

Lo que no se sabe hasta ahora es por qué algunos diputados, como Patricio Vallespín y Felipe Harboe, retiraron sus firmas del requerimiento. Ambos aseguraron a CIPER que nunca supieron que sus nombres iban ser a ser utilizados para ser presentadas ante el Tribunal Constitucional. El diputado Harboe, quien mantuvo una opinión contraria al proyecto por extremar la facilidad para construir sociedades y facilitar la elusión de impuestos, afirmó que nunca estuvo en su intención presentar el requerimiento ante el TC. “Lamentablemente fui sorprendido, puesto que se me pidió la firma para apoyar un proyecto de acuerdo, y después, al igual que otros colegas diputados, aparecimos suscribiendo este requerimiento”.

-¿Qué hizo cuando supo que su nombre estaba entre los 30 diputados que firmaron?
Me acerqué al diputado Ricardo Rincón, que coordinaba este requerimiento y le manifesté mi molestia y sorpresa por haber aparecido suscribiéndolo sin haber sido consultado. Me respondió que consideraba que, como yo estaba en contra del proyecto, podría suscribirlo. Él asumió su error.

-Lo que usted está diciendo es que se trató de una adulteración de firmas. Eso es gravísimo.
Mi percepción es que ellos tomaron el listado de firmas y lo utilizaron para esto otro. No quiero atribuir malas intenciones pero, tal como lo dijo Ricardo Rincón, él asumió un error y yo parto del principio de la buena fe. Como era reversible, lo que hice fue presentar el retiro de la firma del requerimiento y con eso se generaron los impactos desde el punto de vista jurídico, es decir excluirme de ese proceso que no compartía. Y como fueron varios diputados que hicieron lo mismo, permitió que se cayera el requerimiento.

La versión del diputado Rincón contradice a Harboe y a Vallespín: “Es efectivo que yo lideré (junto al Diputado Aldo Cornejo) la presentación del dicho requerimiento, pero no es efectivo que no haya informado a mis dos colegas del contenido de lo que estaban firmando. Si lo han señalado, lo encuentro lamentable. Las decisiones las tomo yo en el ámbito de mis facultades constitucionales y legales”. El diputado reafirmó su postura frente a la ley de creación de empresas en un día, argumentando: “El gobierno generó registros paralelos extrañamente inútiles, con costo fiscal, para una actividad no precisamente social o de apoyo o los más débiles como el emprendimiento”.

TUDELA, ZARKO LUKSIC Y MACARENA CARVALLO

La Asociación de Emprendedores de Chile, a través de su encargada de contenidos, Constanza Anguita, acusó a Carlos Tudela, al ex diputado (DC) Zarko Luksic y a la ex subsecretaria de Previsión Social Macarena Carvallo de actuar como lobbistas de los notarios. Tudela lo desmiente. Afirma que no trabajaron para los notarios, aunque admite que él y Luksic tienen sus estudios jurídicos y “puntualmente los notarios nos piden algunos informes en derecho, opiniones jurídicas sobre la materia”.

La información que maneja el subsecretario de Economía, Tomás Flores, es distinta, pues asegura que Tudela acudía a las comisiones, cuando se estaba discutiendo el proyecto de ley, como representante gremial de los notarios. Pero como también asesora a algunos parlamentarios, ese otro rol se diluía en la acción legislativa.

Para impedir precisamente situaciones ambiguas y oscuras se requiere con urgencia un proyecto de ley que regule el lobby en Chile. Y ese proyecto está en el Congreso y desde hace 10 años “algo” impide que culmine su tramitación. La Sala de Diputados debiera votarlo en la semana del 12 de agosto y, en líneas generales, la iniciativa regula el cabildeo que se realiza entre funcionarios públicos y ante ciertas autoridades, de tal forma de asegurar que haya transparencia en la función pública y que además se conozca quienes toman contacto con las autoridades para promover intereses particulares.

A última hora del martes 13 de agosto, un grupo de diputados, liberados por el socialista Marcelo Díaz, logró reunir más de 20 firmas para incorporar uno de los puntos esenciales del proyecto que había sido sacrificado: la idea de contar con un registro de lobbistas. Asimismo, la Secretaría General de la Presidencia será el ministerio que deberá producir una nómina de lobbistas en forma trimestral, consolidando la información de quienes cumplen esta actividad en el país, que genera un considerable flujo de dineros.

 

CARLOS TUDELA: “POR RAZONES PROFESIONALES TENGO QUE GUARDAR EL SECRETO DE MIS CLIENTES”

-Usted asesora como persona al diputado Roberto León, pero la empresa que usted formó en 2012 con dos de sus hijos también presta asesorías a otros tres parlamentarios: Eduardo Cerda, Víctor Torres y Jorge Sabag.
Efectivamente, yo inicié actividades con mis hijos, como lo hace cualquier padre cuando ellos quieren empezar una actividad nueva. Pero son independientes y esa empresa es de ellos. Yo sigo como abogado haciendo asesorías legislativas a los parlamentarios que usted nombra, haciendo seguimientos de temas, acompañándolos a comisiones, yendo a regiones, haciendo cosas en Santiago encargadas por los parlamentarios.

-¿Cuáles son sus especialidades? ¿O trabaja en las líneas que los diputados le piden?
Son todos los temas, de toda índole, fundamentalmente para ayudar a que se logren acuerdos y esto uno lo hace con parlamentarios de gobierno, de oposición, con entidades públicas y privadas. También tengo relaciones con algunos subsecretarios desde tiempos de colegio, entonces uno trata de buscar que se puedan encontrar las partes para que puedan llegar a acuerdos más que buscar votaciones que de repente son inútiles y demoran la tramitación de los proyectos.

-Usted actuó también para paralizar un proyecto de algunos diputados que quisieron quitarle la nacionalidad a Horst Paulmann. ¿Lo hizo porque trabaja para Cencosud?
Jamás he trabajado para Cencosud. No tengo ningún contrato, no tengo ninguna vinculación de ninguna especie con ellos.

-¿Por qué entonces generó una reunión entre el gerente general de Cencosud y el entonces presidente de la bancada de la DC, Jorge Burgos?
Me pidieron que viéramos la posibilidad de conversar con Jorge Burgos y él accedió. Recibió al gerente general en su oficina de Providencia. Yo lo acompañé y eso fue todo. Fue para evitar quitarle la nacionalidad a raíz de unas aguas que se trajeron desde Argentina por el terremoto cuando estábamos sin agua en Concepción. Aparentemente, el Ministerio del Interior autorizó que entraran esos camiones, pero Cencosud habría cometido algunos errores administrativos…

-Comercializando la “ayuda humanitaria”.
No sé si vendiendo esas aguas, pero algo hizo que no se ajustaba a derecho, pero nunca con  una mala intención. Entiendo que Cencosud con Aduana arregló el problema y se pagaron las multas, supongo. El hecho concreto es que yo ayudé a que el diputado Burgos recibiera al gerente general de Cencosud y él quedó muy conforme con la explicación que le dio. Esas son las facilitaciones que uno tiene que tratar de hacer.

-¿Esas facilitaciones las realiza a partir de su red de contactos que ha tenido a lo largo de su vida política y profesional?
Sí, claro porque a uno lo conocen y le dicen “oye veme este tema”; o cuando es una materia más profesional me solicitan un paper en derecho sobre un tema particular.

-Pasemos al requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC) para paralizar el proyecto de ley que permite la creación de sociedades en un día, sin necesidad de recurrir a los notarios. Hubo varios diputados que retiraron su firma pues aseguran que tomaron sus nombres sin su consentimiento y sin saber que se recurriría al TC.
Este fue un requerimiento que presentaron parlamentarios de todas las bancadas. Y la solicitud de la firma la hicieron los diputados entre ellos. Yo no tengo nada que ver en ese tema. Lo que pasa es que en ese momento el presidente de la Asociación de Notarios, Alfredo Martin, con quien soy muy amigo, ya que fuimos compañeros de curso de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, me llamó y me dijo: “Mira en lo que estamos metidos.  Ve cómo tú puedes conversar con alguna gente para que nos ayude”.  Y eso fue todo lo que hice. Esto se origina porque el Ministerio de Economía, a través de su ministro Pablo Longueira, se le metió entre ceja y ceja hacer estas famosas empresas express en un día. Yo no sé cuál ha sido el resultado. Aparentemente, en el sistema financiero no funcionan, porque nadie te va a dar un crédito de consumo o un hipotecario pues constituyen un cierto riesgo y de certeza jurídica. Yo estaba convencido de esta situación porque esto se presta para formar sociedades de papel, lavado de dinero. Cuando la presidenta del Colegio de Abogados, Olga Feliú, fue a la Comisión de Constitución, entregó lapidarios argumentos sobre esto. Yo ayudé entregando argumentos jurídicos y asistí a algunas comisiones.

-¿Ese apoyo lo hizo como representante gremial de los notarios, tal cual lo señaló a CIPER el subsecretario de Economía, Tomás Flores?
No, yo no representé a los notarios. Yo hablé con el subsecretario Flores, con quien me une una amistad pues los dos somos maristas, ex alumnos del Instituto O´Higgins de Rancagua, y le expliqué mi tesis: que el Ministerio de Economía se sentara con los notarios a conversar porque en un momento podría fracasar la ley y para qué se iban a exponer. El Ministerio de Economía decidió pasar la aplanadora y después en el Senado esta ley se empató dos veces. Hubo dos senadores del gobierno que votaron en contra del proyecto. En ese momento les dieron ganar de ir al baño y salieron de la sala y con eso se perdió el proyecto.

-No, el proyecto fue aprobado.
Sí, se aprobó.  Yo le he hecho unos papers, algunos estudios en derecho a la asociación de notarios, pero no tengo una relación contractual con ellos.

-La encargada de contenidos de la Asociación de Emprendedores de Chile, Constanza Anguita, afirma que usted, Zarko Luksic y Macarena Carvallo trabajaron para los notarios haciendo  lobby en el proyecto de ley.
No trabajamos para los notarios. Zarko tiene su estudio jurídico igual que yo y puntualmente no piden algunos informes en derecho, opiniones jurídicas sobre la materia.

-Pero, derechamente, ¿usted trabajó o no para echar abajo el proyecto?
No, los notarios llevaron a las comisiones profesores de Derecho Comercial de la Universidad Católica y de Chile para argumentar su postura. Pero el lobby del Ministerio de Economía fue muy fuerte. En el recurso de inconstitucionalidad ante el TC puede comprobar que las firmas que se retiraron de los diputados fueron llevadas por abogados del propio Ministerio de Economía. No acudieron los diputados y eso lo puede ratificar la secretaria del TC.

-¿Usted está diciendo que los diputados fueron cooptados por el Ministerio de Economía para retirar las firmas?
No sé si en todos los casos, pero concretamente en algunos casos, sí.

-Sin embargo, los diputados Felipe Harboe y Patricio Vallespín aseguran que ellos nunca firmaron para presentar el requerimiento ante el TC y que sus nombres aparecieron en ese documento sin que se les hubiese preguntado.
No lo sé, porque eso no lo puede hacer uno. Eso se hace entre colegas parlamentarios. Siempre están pidiéndose la firma por distintas cosas, proyectos de acuerdo.

-Después de haber analizado el proyecto de ley, sus impresiones a las que llegó debe habérselas trasmitido a sus clientes diputados.
Bueno, yo les hice saber mi opinión a quienes me preguntaron, pues asesorar, ayudar, argumentar, demostrar con antecedentes serios lo bueno que puede tener un proyecto de ley o lo perjudicial, como estas sociedades express, que son altamente peligrosas, sobre todo por el lavado de dinero que se puede dar, es parte de mi labor. Y en este materia de seguridad jurídica, evidentemente que yo di mi opinión. Ahora que eso haya tenido alguna vinculación contractual con la asociación de notarios, ninguna.

-En el proyecto de ley de la consolidación de la deuda, ¿usted mantiene relación con la Cámara de Comercio?
No, yo no tengo ninguna relación contractual con la cámara.

-¿No conoce al presidente de la Cámara de Comercio, Peter Hill?
A él lo conozco, porque él es el representante comercial de Singapur en Chile y como yo fui embajador en Singapur, lo conozco por esa relación. Pero por la Cámara (de Comercio), nada.

-¿No ha trabajado con autoridades comerciales relacionadas con el retail?
Yo con algunos clientes hago papers y algunos informes.

-¿Quiénes son esos clientes del retail?
Me encantaría hablar más de esto, pero por razones profesionales tengo que guardar el secreto de mis clientes. Pero si me pregunta “usted trabajaba para instituciones privadas o personas naturales o jurídicas y hace asesorías legales”, sí lo hago. En este país tenemos que transparentar este tema que al final se llama lobby. Otros le llaman asesorías. Y debiera haber una ley de lobby muy pronto y abierta para que todos sepan que este señor es lobbista, como existe en todos los países desarrollados.

-¿Está de acuerdo en que se consolide la deuda y la banca tenga acceso a las base de datos que maneja el retail?
En Estados Unidos la crisis subprime se produjo porque se abrieron todos los datos. Aquí es al revés. Este es un conflicto de intereses entre la banca y el retail. Los bancos quieren los datos del retail, porque a ellos les interesa tomar esa clientela. El retail tiene ABC 1 pero también gente de menores recursos. Ellos han tomado el riesgo y se han abocado a la gente de clase media, de clase media baja a quienes les han otorgado la posibilidad del acceso a una serie de bienes que antes no tenían, con algunos riesgos de mayor endeudamiento. Creo que aquí lo que falta es una superintendencia para el retail, pues no tiene ningún órgano regulador. Por ahí iría la solución más que unificar la deuda.

-¿Está de acuerdo que el proyecto de ley transparente quiénes hacen lobby a través de un listado?
Sí, debiera haber un listado absolutamente público

-De manera que se sepa que quien ingresa al Congreso en qué calidad lo hace y así evitar que los lobbistas se camuflen entre los funcionarios del Congreso.
En algunas comisiones se ha pedido que las personas expliciten en calidad de qué asisten. Pero es una cosa ocasional y tampoco es obligatorio, es voluntario. Debería ser transparente.

-Usted les ha dicho a los diputados que asesora que ese listado debiera ser público. Se lo pregunto porque hasta ahora el proyecto no considera publicar una nómina con los lobbistas.
Sí, claro que sí. Si no existe listado será un proyecto de ley inútil, incompleto. Nadie va a saber quiénes son los lobbistas y por qué. En Estados Unidos y en Europa, los listados son públicos. Los ministros, los parlamentarios llevan registros de quienes reciben y no existe ningún inconveniente sobre esa materia.

-¿Está de acuerdo en que existe un gran manto de duda sobre las asesorías parlamentarias?
Las asesorías hoy están reguladas por el Comité de Auditoría Parlamentaria. Los diputados y senadores pueden contratar asesorías y los trabajos se entregan. Eso ha sido un avance importante, sin perjuicio de lo cual todavía hay cosas que deben avanzar. Estos temas parecieran que fueran tabú, pero se deben abrir. Hay que transparentar y lo mejor es actuar con la verdad y hacerlo de cara a la gente. Y eso es lo que yo hago.

 

INCREMENTO DE SOCIEDADES ALCANZA UN 42%
 

La evaluación del ministerio de Economía respecto de la Ley que facilita los trámites para crear una empresa en un día es altamente positiva, pues –aseguran- el portal donde deben inscribirse o modificar las propiedades de las nuevas empresas es una gran herramienta para las Pymes. Hoy el capital promedio de las empresas creadas en el registro es de cinco millones de pesos, muy por debajo del promedio de las sociedades constituidas en el sistema tradicional, que dependía de los notarios. A juicio del gobierno, el portal es una herramienta que estaría siendo utilizada principalmente por los emprendedores Pymes.

Como el registro del Ministerio de Economía es online, las cifras de creación, modificación y disolución varían minuto a minuto. Pero hasta el 31de julio se habían constituido 6.086 sociedades, se han modificado 458 y se han disuelto 12.

La apuesta del gobierno con la nueva Ley era que muchas empresas que existían informalmente se formalizaran y estiman que ello ha ocurrido, pues hasta antes de la creación del portal el promedio mensual de constitución de sociedades era cercano a las 5 mil, con algunas variaciones estacionales. Hoy el incremento es de un 42% (ver informe).

Nota de la Redacción: Este artículo fue corregido a las 18:05 del martes 13 de agosto.