Nuevo subsecretario de Minería es gerente de empresa que cumplió 50 días en huelga

La designación de Ignacio Moreno Fernández (PPD) como subsecretario de Minería llega en un momento agitado para el licenciado en ciencias económicas. Moreno se desempeña desde enero de 2012 como gerente general de Cerro Dominador, minera propiedad de la familia Callejas y que enfrenta una huelga que se extendió por 50 días tras un fallido proceso de negociación colectiva con sus trabajadores.

El 10 de diciembre de 2013, 44 de los 60 trabajadores de la planta Santa Margarita (Región de Antofagasta) paralizaron sus labores y desde entonces no las han vuelto a retomar en busca de mejoras salariales. El 28 de enero pasado, a instancias de una mediación por una denuncia de prácticas antisindicales interpuesta en la Inspección del Trabajo de Antofagasta, la empresa y los trabajadores se volvieron a ver las caras.

Milton Vergara, dirigente sindical de la planta Santa Margarita, señaló a CIPER que tras 50 días la huelga se hizo insostenible y que por ello ese mismo día se vieron forzados a aceptar las condiciones de la minera, entre las que se contempla un pago de $2.620.000 para cada trabajador, los que se cancelarán en cuatro pagos diferidos hasta enero de 2015. El acuerdo además obligó a los empleados a retirar la demanda interpuesta en la Inspección del Trabajo. Como medida de presión, los trabajadores llegaron a tomarse la catedral de Antofagasta y realizaron una huelga de hambre.

Ignacio Moreno Fernández

Vergara anunció que la deposición definitiva de la huelga se hará efectiva el 31 de enero. “Cerro Dominador tiene multirut y eso complica a todos los trabajadores porque las negociaciones se hacen de manera parcelada y los movimientos se fragmentan, se debilitan”, señala Vergara. Poner fin a la práctica conocida como “multirut”, que permite a las empresas usar distintas razones sociales para debilitar la capacidad de negociación de los sindicatos, es una de las reformas más contundentes en materia laboral anunciadas por el gobierno del que próximamente el nuevo subsecretario pasará a formar parte.

Consultado por el rol que jugó Ignacio Moreno para destrabar el conflicto laboral, el dirigente sindical señaló que durante la huelga y en las rondas de negociación no tuvieron contacto con él. “En todo este tiempo el señor Moreno, que es el gerente general de la empresa, ni se apareció”, señaló Vergara, quien no ve con buenos ojos su designación como subsecretario.

Vergara agrega que la huelga fue también motivada por el deterioro de las instalaciones y la maquinaria de la minera, situación que estaría poniendo en riesgo la seguridad y salud de los trabajadores. En marzo de 2013 el sindicato de trabajadores ya había denunciado que la maquinaria de faena estaba en mal estado, con “parabrisas, asientos y sistemas de freno defectuosos”. En junio del mismo año reclamaron por las deficientes condiciones de higiene, tras una masiva intoxicación alimentaria ocurrida al interior del casino de comidas de la empresa. El episodio dio origen a un sumario sanitario por parte de la Seremi de Salud de Antofagasta.

La versión de Moreno

El nuevo subsecretario Ignacio Moreno declaró a CIPER que la huelga se extendió más de la cuenta porque las demandas de los trabajadores no se adecuaban a la realidad de la compañía: “Esta es una empresa mediana y ha tenido pérdidas en los últimos cuatro años. Sólo el año pasado perdió más de US$10 millones. Cuando la empresa gana plata hay que intentar repartir la torta para todos, pero este no es el caso”.

Consultado respecto a las acusaciones de presiones antisindicales que recaen sobre la empresa, el economista señaló que todos los trabajadores de Cerro Dominador trabajan bajo el mismo RUT, descartando que se utilice la práctica del “multirut”.

-Los funcionaros son todos trabajadores de minera Cerro Dominador, por lo tanto no hay una práctica de multirut para nadie –dijo Moreno.

El nuevo subsecretario señaló que la empresa manejó el conflicto a través de un equipo negociador compuesto por el gerente de recursos humanos de la compañía, un fiscal y el gerente de planta, quienes le reportaban directamente a él.

Este no es el único conflicto laboral que enfrentó Moreno en Cerro Dominador. En abril de 2012, un tribunal laboral de Antofagasta ordenó el embargo de bienes de la familia Callejas por $140 millones. Los trabajadores habían recurrido a tribunales porque tras vencerse el plazo de una autorización para que la empresa operara con jornadas laborales excepcionales, se les adeudaban los pagos por horas extraordinarias (ver nota de Radio BioBio).

Minería pública y privada

Ignacio Moreno Fernández tiene nacionalidad franco-chilena y realizó sus estudios primarios, secundarios y de pre grado en Francia. Es economista de la Universidad de Montpellier I y posee estudios avanzados en administración de empresas en la Universidad de Bradford (Inglaterra). Ha sido profesor a media jornada de auditoría en la Universidad de Chile, en la Universidad Central y en la Universidad de Talca. A partir de 1993 trabajó como representante adjunto del Banque Nationale de Paris (BNP) en Chile. En 1998 llegó a la Corporación Chilena del Cobre (Cochilco) como director de Evaluación de Gestión Estratégica hasta 2001, año en el que ingresó al Centro de Investigación Minera y Metalúrgica (CIMM) como director ejecutivo.

Desde 2005 se desempeñó como subgerente de desarrollo de la Empresa Nacional de Minería (Enami). Antes de ocupar su cargo actual en Minera Cerro Dominador, trabajó como gerente comercial de la minera Catania Verde S.A., perteneciente al grupo de capitales chinos Sinocop.

Con 16 años en el sector de la minería se ha posicionado como consultor experto en temas de inversión, valorización de activos mineros y negociación comercial.

La consultora Kalkos, dedicada a prestar servicios comerciales, logísticos y financieros a la industria minera, lo cuenta entre sus directores asociados. Entre los clientes a los que Kalkos ha asesorado figuran: Grupo Minero Las Cenizas, Grupo Minero Carola, Compañía Minera Kan Kan (Grupo Copec), Compañía Minera San Gerónimo, Compañía Minera Cerro Negro, Cal Chile y Metal Challenge (China). Moreno señaló a CIPER que desde que entró a trabajar a minera Cerro Dominador cortó su vínculo laboral con Kalkos.

El nuevo subsecretario aparece también asociado a la empresa minera Petrok como consultor permanente. Petrok Mining Company es una empresa que desarrolla proyectos mineros y energéticos en etapa exploratoria para ofrecer oportunidades de inversión en negocios de “alta rentabilidad”, según se menciona en la web de la empresa. Actualmente Petrok se encontraría desarrollando cuatro unidades de negocios: el proyecto cuprífero Huampulla (Coquimbo), el proyecto aurífero Veta Trazadora (Calama) y los proyectos geotérmicos Volcán Tacora y Licancura (ambos en Arica y Parinacota).

El nuevo subsecretario señaló que mantiene una relación de amistad de mucho tiempo con el propietario de Petrok y que no tiene una relación formal de trabajo con esta empresa, pese a que “cada vez que tienen preguntas yo se las contesto”, dijo.

En abril de 2011 Ignacio Moreno creó la sociedad “Rimac Minería Limitada”, dedicada a “la compra, venta, arrendamiento, explotación de toda clase de propiedades mineras, metálicas y no metálicas  y a la exploración, procesamiento y comercialización de todo tipo de metales, productos intermedios o subproductos”, entre otras actividades. Rimac posee una pertenencia minera de siete hectáreas en la comuna de Cabildo (Región de Valparaíso) la que se encuentra actualmente inactiva. Al respecto, Moreno señaló que la mina de derivados de cobre sólo fue explotada en 2011 durante cuatro meses bajo un contrato de arrendamiento a particulares y que luego de eso no ha vuelto a producir. “Nunca la hemos explotado directamente y no tengo muy claro qué sucederá con ella en el futuro. Es una mina antigua y puede ser que no entre más en operación”, señaló.

Otra de las sociedades en las que figura Ignacio Moreno es la “Sociedad Minera, Agrícola y Forestal Corinto Limitada”, la que formó en 1996 junto al actual alcalde de Melipilla, el también PPD Mario Gebauer. Entre sus actividades destaca la explotación, producción y desarrollo de actividades mineras, forestales y agrícolas, así como la compraventa de bienes relacionados con dicha área”. Según explicó Moreno esta empresa nunca tramitó RUT, por lo que “no ha facturado ningún peso”.

De acuerdo con el programa de gobierno de Michelle Bachelet, entre los desafíos más importantes que tendrá Ignacio Moreno en su calidad de segunda autoridad de la cartera de Minería, que dirigirá la radical Aurora Williams, están el avanzar en la formación de recursos humanos especializados y en el desarrollo tecnológico de la industria; entregar mayores atribuciones a Cochilco para que pueda resguardar los intereses del Estado en sus empresas mineras; fortalecer el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) para que desarrolle su labor de control de la seguridad en las faenas mineras; perfeccionar el sistema de concesiones mineras y liderar el desarrollo de una política nacional del litio que permita una eficiente y efectiva explotación de ese mineral.

 

 

Alsacia al límite: Futuro del mayor operador del Transantiago está en manos del gobierno

El operador más importante del Transantiago y responsable del traslado de 1.200.000 pasajeros diarios en 30 comunas de la capital está a un paso de fundir sus motores. Inversiones Alsacia S.A. requiere con extrema urgencia una multimillonaria inyección de dinero para pagar las obligaciones pactadas con sus acreedores. Mientras sus 1.600 buses siguen en marcha, sus finanzas arriesgan quedarse sin combustible y del Ministerio de Transportes depende abrir o cerrar la llave de los recursos. La cartera debería pagar US$ 15,2 millones a Alsacia a fines de este mes, pero para recibir ese balón de oxígeno la compañía debe demostrar que sus buses han cumplido con el piso mínimo establecido para dos indicadores de desempeño: “frecuencia” y “regularidad”. Y en ambos la empresa transita al borde de la nota roja, según las estadísticas que registra el Directorio de Transporte Público Metropolitano (DTPM).

La precaria situación de Inversiones Alsacia S.A. está acreditada por diversos informes de entidades financieras emitidos en los últimos 12 meses, los que indican que tal como están las cosas, hasta este minuto no es sustentable en el tiempo la operación del concesionario. Por eso requiere que se concrete el pago comprometido por el ministerio para asegurar la continuidad de su gestión en los troncales 1 y 4, los que opera a través de sus empresas Alsacia (buses celestes, servicios 100 y 408) y Express de Santiago Uno (buses naranjos, servicios 400 – D).

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Bus de la empresa Alsacia que opera en el Troncal 1 del Transantiago (Fuente: Memoria Alsacia Express 2012).

La compañía registra pérdidas recurrentes en sus operaciones, pérdidas acumuladas y tiene un déficit patrimonial, lo que genera una duda importante acerca de su capacidad para continuar como una empresa en marcha”. Así de lapidarias fueron las conclusiones que en abril de este año emitió Ernst & Young tras revisar los estados financieros anuales de la empresa, correspondientes a 2012. Ese fue el último informe de la auditora antes de que Inversiones Alsacia S.A. prescindiera de sus servicios.

El 18 de febrero de 2014 es la fecha prevista para saber si la empresa efectivamente logrará salir de la UTI con vida. Inversiones Alsacia S.A., de propiedad de la polémica familia colombiana Ríos Velilla (aplicacion conocer gente nueva), tiene plazo hasta ese día para cancelar una cuota anual de US$ 51,6 millones a sus acreedores. El pago es para amortizar la deuda que contrajo en 2011, cuando consiguió colocar un bono por US$ 464 millones, crédito que le ha permitido financiar sus operaciones.

El próximo 31 de enero, apenas unas semanas antes de la fecha marcada para el vencimiento de la deuda, el Ministerio de Transportes debiese cursar el pago de los US$ 15,2 millones ($7.697.551.100) a Alsacia. Se trata de la indemnización destinada a la compañía por el término anticipado del primer contrato para operar el troncal 4. En mayo de 2012 entraron en vigencia los nuevos contratos que regulan al Transantiago y todos los operadores fueron resarcidos por el cierre de los antiguos convenios. Pero, debido a su histórico incumplimiento de los indicadores de calidad del servicio, a la empresa concesionaria del troncal 4 –Express de Santiago Uno, que ahora pertenece a Inversiones Alsacia S.A.- no solo se le fraccionó el pago de la indemnización en cinco cuotas, sino que la cancelación de ellas quedó condicionada a que lograra levantar sus alicaídos índices de desempeño y respetara los compromisos con sus acreedores.

De esta manera, en abril de 2012 Alsacia recibió más de $ 9 mil millones, de una vez, como indemnización por el fin del contrato para operar el troncal 1. Pero, por el troncal 4 sólo obtuvo una promesa de casi $ 31 mil millones, divididos en cinco pagos, cuya cuota inicial debiese cancelarse ahora.

Demoledor cambio de contratos

Las modificaciones al régimen de negocios del Transantiago introducidas en 2012 con los nuevos contratos fueron demoledoras para Alsacia S.A. Las prebendas establecidas en los convenios originales que en 2003 firmó el Estado eran ampliamente beneficiosas para los operadores. A las empresas se les aseguraba un piso de 80% de los ingresos proyectados, podían operar con menos buses de los pactados sin sufrir grandes sanciones y, además, el Estado se hacía responsable del costo por la evasión en el pago de los pasajes. Esas condiciones explican, en gran medida, el desastroso inicio del Transantiago en 2007, pues los operadores tenían más incentivos económicos para dejar a la deriva a los usuarios que para otorgarles un servicio de calidad (vea el reportaje publicado ese año por CIPER: “El recorte que mató al Transantiago”).

Bajo ese régimen Alsacia consiguió seducir a los inversionistas que le facilitaron los US$ 464 millones en 2011. Pero esas condiciones de ensueño para los operadores se acabaron en 2012 con los cambios de contrato y Alsacia se ha visto obligada a recaudar los recursos para pagar a sus acreedores en un marco mucho más duro para su negocio.

Hoy el 70% de los ingresos de los operadores depende de la cantidad de pasajeros que logren transportar.

La orden que salió de La Moneda fue que el ministro de Transportes, Pedro Pablo Errázuriz, negociara los nuevos contratos bajo la modalidad “full variable”: los ingresos ya no están garantizados y varían de acuerdo al desempeño de la empresa tanto en número de pasajeros transportados como en calidad del servicio. Hoy, el 70% de los ingresos de los operadores depende de la cantidad de pasajeros que logren transportar y se les traspasó la responsabilidad de controlar la evasión, por lo que están obligados a ser más eficientes.

Bajo el nuevo esquema, las autoridades no solo llevan el conteo de los pasajeros transportados, sino también un registro detallado del desempeño de cada operador para determinar si ha cumplido con los estándares de calidad exigidos para las variables de “frecuencia” y “regularidad”. La primera mide la cantidad de buses en las calles (en distintos horarios) y la segunda, la puntualidad de los vehículos para pasar por los paraderos conforme al cronograma previsto. Lo que arrojan esas mediciones determina el dinero que se entrega a cada empresa.

El registro de estos datos depende del Directorio de Transporte Público Metropolitano (DTPM). Por estos días, en las dependencias del DTPM la situación financiera y operacional de Inversiones Alsacia S.A. es un tema altamente sensible y produce una evidente tensión. De esa repartición es desde donde debe salir a fines de enero el informe técnico que dé luz verde o frene el pago indemnizatorio.

Vasos comunicantes

Los avances del informe del DTPM están bajo reserva. Los rankings de desempeño de los operadores, sin embargo, son públicos. En ellos se aprecia que Express de Santiago Uno ha ido elevando sus estándares desde julio de 2012, situándose levemente por sobre el mínimo satisfactorio. Visto así, pareciera que corresponde proceder al pago de la indemnización prometida. No obstante, hay dos factores que introducen un matiz de duda. El primero es que, al momento de cerrar este reportaje, la evaluación de calidad del trimestre octubre-diciembre de 2013 aún no se conocía y ese dato podría afectar el resultado final. El segundo es que si bien Express ha mejorado sus indicadores, la historia ha sido muy distinta para su empresa hermana que opera el Troncal 1: Alsacia lleva 15 meses funcionando de manera deficiente. Sus índices de desempeño se encuentran por debajo del mínimo y son por lejos los peores de entre las siete empresas que operan el Transantiago.

Algunos operadores de la competencia estiman que las autoridades podrían evaluar a Inversiones Alsacia S.A. como un todo, debido a que ha dado muestras de que no puede ser eficiente en los dos troncales. En los hechos, si bien ha mejorado uno, ha descuidado el otro. Aunque es una incógnita si el informe técnico va a abordar los efectos de esta duplicidad, desde el DTPM adelantaron a CIPER que “son dos contratos distintos”.

Un ejecutivo de Inversiones Alsacia que pidió la reserva de su identidad, dijo a CIPER que el aumento en los indicadores de Express en nada tiene que ver con el deterioro de la operación de Alsacia. Según dijo, no se han transferido recursos de Alsacia a Express para asegurar el pago de la indemnización en el Troncal 4 a costa de entregar un mal servicio en el Troncal 1: “Las operaciones son distintas y no se pueden transferir recursos de una a otra”.

Sin embargo, en la Memoria 2012 de Inversiones Alsacia S.A. se señala que los flujos de caja de Alsacia y Express se administran de manera centralizada y que los fondos de una compañía pueden utilizarse para cubrir gastos de la otra si es necesario. Así, el apartado “Nota 2 – Resumen de las principales políticas contables” de ese texto, se lee:

“La Sociedad Inversiones Alsacia S.A. tiene la calidad de emisor de un bono emitido en el año 2011 en Nueva York (USA) bajo la regulación 144-A, el cuál es su principal obligación financiera con terceros.

El contrato de emisión de dicho bono establece una administración centralizada en Alsacia de los flujos de caja de Alsacia y Express de Santiago Uno S.A. En su artículo 4 establece que todos los dineros recaudados por Alsacia y Express deberán ser recibidos en una cuenta única denominada “Revenue Account” que es administrada por la sociedad.

Los fondos recaudados en la cuenta “Revenue Account” son posteriormente distribuidos a ambas sociedades para cubrir sus gastos. De esta forma se establece una solidaridad, ya que fondos de una compañía pueden utilizarse para cubrir gastos de la otra si es necesario. Esto queda explicito en la clausula 4.02 d) (iv) donde se indica que los fondos de las “O&M Accounts” pueden traspasarse entre compañías de acuerdo a las necesidades de los “Concesionarios”.

(…) Por lo tanto, para un mejor entendimiento de los estados financieros de la Sociedad y evitar interpretaciones erróneas, éstos deben ser leídos y analizados en conjunto con los de la empresa relacionada Express de Santiago Uno S.A.”.

Alsacia: Incumplimiento crónico

En las cinco evaluaciones trimestrales realizadas por la DTPM a todos los operadores del Transantiago, entre julio de 2012 y septiembre de 2013, Express de Santiago Uno marcó niveles insatisfactorios de frecuencia (número de buses en la calle) en el horario “punta tarde” en los trimestres julio-septiembre y octubre- diciembre de 2012. En esos mismos trimestres también mostró falencias en regularidad (puntualidad de los buses en los paraderos) en los horarios “punta mañana”, “punta tarde” y “día completo”. No obstante, desde enero de 2013 Express evidenció una mejora progresiva de ambos indicadores, los cuales se ubicaron por sobre el mínimo aceptable en las evaluaciones de los tres trimestres restantes.

A diferencia de Express, el operador Alsacia recibió su indemnización completa en abril de 2012 y no quedó sujeto a cumplir parámetros para recibir dinero por ese concepto. Desde entonces los indicadores de Alsacia, hasta septiembre de 2013, el último mes evaluado, fueron en franco deterioro.
Alsacia muestra niveles insatisfactorios de frecuencia en cuatro de los cincos trimestres evaluados en el horario de “punta tarde”. Sus números para este indicador son los peores de las siete empresas que operan en el Transantiago. El mínimo aceptable que establece la DTPM es un 90% de cumplimiento para este indicador. En el trimestre julio-septiembre de 2012, Alsacia llega a 87,7% en horario “punta tarde”; en el periodo octubre-diciembre 2012, a 86,8%; en abril-junio de 2013, a 89,4%, y en julio-septiembre del mismo año a 89,1%. Todas faltas cometidas en la hora peak de la tarde.

450 mil personas son afectadas por la fallas de regularidad y frecuencia que presenta Alsacia.

La situación de Alsacia es aún más grave en el caso de los indicadores de regularidad: todos los porcentajes de cumplimiento para “punta mañana”, “punta tarde” y “día completo”, se encuentran bajo los estándares básicos de calidad en los cinco trimestres evaluados. Para este indicador Alsacia es también el peor de los operadores, siendo el único que se encuentra con todos sus números en rojo.

Respecto de la “regularidad”, el porcentaje mínimo de cumplimiento que establece el DTPM es de 80%. Casi todos los porcentajes de Alsacia en los cinco trimestres no superan el 78% en los tres segmentos de tiempo evaluados (punta mañana, punta tarde y día completo). Sólo uno se empina hasta un 79,4%. El más bajo cae a 73% (vea una tabla comparativa con indicadores de “frecuencia” y “regularidad” de los operadores).

En resumen, las 450.000 personas que utilizan el servicio de Alsacia en el Troncal 1 del Transantiago cuentan durante las tardes con una menor disponibilidad de buses que el resto de los usuarios del sistema. Además, deben esperar más en los paraderos pues el intervalo de tiempo entre un bus y otro es mucho mayor que para el resto de los usuarios del sistema. Durante los 15 meses que abarca la evaluación, Alsacia no conoce de puntualidad en ningún momento del día.

Las constantes infracciones cursadas a Alsacia por violar los indicadores de “frecuencia” y “regularidad” no ponen en peligro su titularidad como concesionario. Sin embargo, han significado que la DTPM le haya aplicado cuantiosos descuentos que han mermado sus ingresos regulares en $4.776 millones desde que comenzaron a operar los nuevos contratos.

“Dolor de cabeza”

Personeros del Ministerio de Transportes reconocen que las operaciones de Inversiones Alsacia S.A. han sido un constante dolor de cabeza para la cartera. No obstante, comienza a tomar cuerpo la idea de que el gobierno no dejará caer a la empresa pues La Moneda no estaría dispuesta a “reflotar” un tema emblemático de mala gestión pública, como lo es Transantiago, a escasas semanas del cambio de mando.

Si el informe técnico fuese desfavorable y se rechaza el pago de la indemnización, Inversiones Alsacia S.A. dejaría de ser una empresa viable y el ministerio de Transportes tendría que nombrar un interventor que, en nombre del Estado, administre sus casi 3 mil trabajadores, opere sus 1.600 buses y dé servicio al 30% de los usuarios del sistema, al menos hasta realizar una nueva licitación. Sería, sin duda, un problema de proporciones que inundaría la prensa.

Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Pedro Pablo Errázuriz.

Al mismo tiempo, sería un traspié en la gestión del ministro Pedro Pablo Errázuriz, la que en términos generales es percibida positivamente al interior de la cartera y del gobierno. A principios de este año se dio a conocer una encuesta encargada por el Ministerio de Transporte en la que los usuarios del Transantiago evaluaron al sistema con un 4,4 (sobre 7), la mejor nota obtenida en los últimos 18 meses.

Asimismo, la percepción de la gestión del ministro Errázuriz desde el inicio de los nuevos contratos, cuando contaba con sólo 36% de aprobación, ha aumentado seis puntos según la última encuesta de evaluación del gobierno elaborada por Adimark.

Fue Errázuriz el que llevó las duras negociaciones que obligaron a los operadores a mejorar la calidad del servicio si querían ver ganancias. Hasta mayo de 2012, fecha en la que comenzaron a regir los nuevos contratos impulsados por el ministro, Transantiago era un negocio sobre ruedas para los operadores y sus inversionistas. Por eso, el bono que colocó Alsacia en 2011, con las reglas antiguas del Transantiago, fue un caramelo para el mercado.

La ruta del bono

En marzo de 2011, Inversiones Alsacia S.A. –que por entonces controlaba Alsacia y solo tenía una participación minoritaria en Express– asumió su desafío más grande. Colocó un bono por US$ 464 millones de dólares, pagadero a 7,5 años y con una atractiva tasa anual de 8% para entusiasmar a los inversionistas. La compañía ocuparía esos fondos para adquirir el 100% de Inversiones Eco Uno, dueña de Express de Santiago Uno y pagar otras deudas. Entre ellas, un préstamo a la sociedad offshore Panamerican Investment, con sede en islas Bermudas y que entonces era propietaria del 60% de las acciones de Express de Santiago Uno.

La motivación de los propietarios de Inversiones Alsacia S.A. para comprar Express fue lograr una economía de escala. Ya llevaba algunos años funcionando con Alsacia y operar un nuevo troncal le significaba, al menos en el papel, asumir una tarea en la que parte de los costos –aquellos no relacionados a infraestructura– ya estaban hechos. A partir de entonces se transformó en el operador más grande del servicio de transporte metropolitano, con las líneas troncales 1 y 4.

Apenas se conoció la noticia de la colocación de bonos de Inversiones Alsacia S.A. a fines de febrero de 2011, la clasificadora de riesgo Fitch Ratings los evaluó con calificación “BB”, lo que para los analistas financieros ya era indicativo de que se trataba de una inversión especulativa. En todo caso, a los bonos de Alsacia se les atribuyó una “perspectiva estable” en ese informe de Fitch Ratings: “La sustentabilidad de la calificación dependerá principalmente de la capacidad que demuestre Alsacia para mantener su eficiencia operacional y para, al mismo tiempo, transformar a Express en una concesionaria más eficiente”.

Fitch Ratings enumeró como fortalezas de la compañía las sinergias que ahora las dos empresas manejadas por el mismo grupo podrían lograr y una exposición limitada al riesgo de demanda, debido al piso de ganancias que aseguraba el primer contrato con el gobierno. Pero ello no ocurrió. La clasificadora de riesgo, por entonces, no tenía cómo saber que a fines de ese mismo año habría otro rayado de cancha, con nuevos contratos y que la exposición al riesgo de demanda dejaría de ser limitada. Tampoco que Inversiones Alsacia S.A. no lograría las sinergias en el tiempo esperado. Porque desde entonces la historia de la empresa, más que de sinergias, habla de tropiezos financieros y operacionales.

Alsacia se va a la B

En febrero de 2013, dos años después de haber conseguido el préstamo por US$ 464 millones, Fitch Ratings anunció que Inversiones Alsacia S.A. se hallaba bajo vigilancia y que la calificación de su bono podría modificarse negativamente. La creciente dependencia de la demanda de pasajeros –debido a las reformas introducidas por los nuevos contratos– y la demora de la empresa en alcanzar las eficiencias operacionales tras la incorporación de Express, hicieron a la clasificadora cambiar su perspectiva.

En agosto de este año, se cumplieron los pronósticos hechos por la clasificadora en febrero. Los bonos de Inversiones Alsacia S.A. ahora obtenían calificación “B”, esto es, un negocio altamente especulativo y con significativo riesgo crediticio. Según el argot financiero, los papeles entraron en la categoría de lo que se conoce informalmente como “bonos basura”.

Según consta en los registros de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), ese mismo mes Inversiones Alsacia S.A. tuvo que renegociar con sus acreedores “algunas disposiciones contractuales” comprometiéndose con ellos a cumplir íntegramente con los plazos pactados para el pago de su deuda. Se informó, además, que la sociedad controladora de Alsacia (Global Public Services), se comprometía a aportar US$ 5 millones en caso que su filial “no pudiese cumplir con el pago completo y oportuno de los bonos en las épocas convenidas”.

A fines de octubre, la agencia degradó aún más la calificación de Alsacia S.A. y la colocó en niveles de probable default, esto es, con riesgo de no cumplir sus compromisos en las próximas fechas de pago: “El pago de la deuda de febrero de 2014 depende en gran medida de que Alsacia reciba la compensación del Gobierno por US$ 15.2 millones en enero de 2014 el cual está sujeto al logro de ciertos compromisos financieros y operacionales; el uso de los fondos disponibles en la cuenta de reserva para el pago de la deuda –que asciende a US$ 9,7 millones y que quedará agotado luego de esta operación– y también de una inyección de dinero ofrecida por el grupo GPS”, señala el documento de la calificadora.

El análisis de Moody’s, otra importante clasificadora de riesgo estadounidense, no es muy distinto. El 16 de octubre de este año bajó su calificación a nota Caa2, esto es: “Calidad de crédito de extrema pobreza y probabilidad de suspensión de pagos”. Ello gatillado por el deterioro continuo de su condición financiera. Al igual que Ficht Ratings, condicionó el riesgo de default a que el gobierno efectivamente dé luz verde al pago de la primera cuota de indemnización.

Los propietarios y financistas de Inversiones Alsacia

 

Alberto, uno de los hermanos del clan Ríos Velilla (Fuente: La Silla Vacía).

Inversiones Alsacia S.A., es una empresa de capitales colombianos, propiedad de Global Public Services S.A.(GPS), holding perteneciente a la familia medellinense Ríos Velilla, compuesta por los hermanos Carlos, Rubén, Alberto y Javier. Los hermanos Ríos participan a través de distintas sociedades de diversos negocios tanto en Colombia como en el extranjero. GPS fue constituida en Panamá y se ha especializado en operar concesiones de servicios públicos en Colombia, Chile, Perú, Panamá y Estados Unidos.

Alberto Ríos ha hecho fortuna en negocios energéticos, como Enerpereira y Enertolima, además de operar Aseo Capital, una de las firmas que participa del negocio de la recolección de basura en Bogotá y otras ciudades de su país. En 2011, Enerpereira y Enertolima fueron investigadas por la Contraloría General colombiana por un supuesto lavado de activos. También participa como socio mayoritario del holding Servigenerales, dedicado a prestar a través de distintas sociedades servicios de alumbrado público, de recolección y tratamiento de residuos y de limpieza urbana. La administradora principal de Servigenerales es Luz Elena Ríos Velilla.

Carlos y Javier se han concentrado en Ecocapital S.A., firma dedicada a la recolección y tratamiento de residuos peligrosos. Ambos participan, junto a Rubén, de la administración de Inversiones Alsacia S.A., la que a su vez es propietario en un 100 % de Inversiones Lorena SPA, empresa dedicada a la “inversión, administración y explotación de toda clase de bienes, como la participación en toda clase de sociedad”.

Rubén, por su parte, aparece como presidente y representante legal de Aseo Capital S.A. en Panamá. En 2007 la empresa firmó un contrato por 20 años con la Municipalidad de Arraijan, localidad situada en la provincia de Panamá Oeste, para la recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos.

En 2010, Carlos y Javier, compraron el 60% de la propiedad de Seceyco Chile Ltda., dedicada a proveer de cemento a obras en altura y que ha sido proveedor de materia prima para la construcción del edificio Costanera Center.

Los Ríos Velilla participaron también de Transmilenio, el sistema de transporte bogotano que inspiró al Transantiago y que entró en funcionamiento en 2000. Hasta hace algunos años mantuvieron acciones en las empresas Express del Futuro, Consorcio Express y Transporte Alimentador de Occidente.

En los estados financieros de Inversiones Alsacia S.A., aparecen otras empresas relacionadas a los Ríos Velilla o a parientes cercanos, los Ríos Arango: EDTM Konsultores, Rioma LTD, Data Tool y Desarrollo y Soluciones Informáticas S.A. La mayoría de ellas tuvieron hasta 2011 un porcentaje de participación en Alsacia S.A., el que finalmente fue adquirido por GPS.

En septiembre de 2010, los estados financieros de la compañía registran numerosas transacciones asignadas al pago de intereses y cuotas por préstamos realizados por varias de sus sociedades relacionadas: Data Tools, Aseo Capital, Desarrollo y Soluciones Informáticas, EDTM, Rioma y Seceyco. Entre las sociedades acreedoras, aparece Dakota SPA, cuyo propietario es el ex ministro y ex candidato Laurence Golborne.

 

Cómo se fraguó la insólita legislación que tiene a Chile al borde del colapso hídrico

En marzo de este año, Chile aprovechó su condición de anfitrión de la feria Water Week Latinoamérica, para lanzar el documento que define la hoja de ruta a seguir para la gestión de las aguas en nuestro país por los próximos 12 años: La Estrategia Nacional de Recursos Hídricos 2012–2025.

Entre coloridos gráficos, tablas y medidas diseñadas para enfrentar los desafíos actuales y futuros, el crudo diagnóstico –incluido casi de soslayo– pasó prácticamente inadvertido en medio de los aplausos de los asistentes: Chile se está secando. “La disponibilidad natural del agua y su demanda en las distintas regiones del país, nos permite concluir que ya al año 2010, desde la Región Metropolitana al norte la demanda superaba con creces la disponibilidad de este recurso. En esta zona del país se observa un déficit en la disponibilidad de agua que en algunas regiones es cercano al 100%”, consigna el documento de cuarenta páginas preparado por el Ministerio de Obras Públicas (MOP)(ver documento).

El crítico diagnóstico del MOP no resiste ambigüedades. Pese a ello, todos los ejes estratégicos propuestos por la institución –entre los que destaca favorecer la equidad social en términos de acceso, el nudo más crítico del actual sistema– proponen correcciones que pasan por alto la piedra angular que ha condicionado por más de 30 años el manejo y la asignación del agua en Chile: el Código de Aguas de 1981.

La normativa, redactada en dictadura entregó a privados el dominio sobre el agua a través de derechos de aprovechamiento cedidos de manera gratuita, ilimitada y a perpetuidad, dejándole al mercado la responsabilidad de asignar el recurso. También desbarató los mecanismos reguladores y fiscalizadores del Estado. Ello permitió la emergencia y consolidación de un robusto mercado de aguas en Chile en el que los derechos de agua, desde entonces transables, pueden reportarles multimillonarias ganancias a sus propietarios. Así lo demostró CIPER en la primera entrega de esta serie con la historia del discreto e influyente empresario Isidoro Quiroga. Sus efectos son tan crudos como el diagnóstico del MOP.

La dramática realidad que enfrenta el Valle del Limarí

Sólo en el transcurso de 2013, la Dirección General de Aguas (DGA) ha decretado zona de catástrofe en las comunas de Salamanca, Illapel, Canela, Andacollo y La Higuera, en la Cuarta Región, las que se suman a la Ligua, Petorca y Cabildo, en la Quinta Región, que ya se encontraban en esa condición. Asimismo, entre las regiones de Copiapó y El Maule, la DGA ha declarado zona de escasez en cinco provincias, seis comunas y tres cuencas. Al término de 2012 y según datos del Ministerio de Agricultura, 108 comunas de Chile (31% del total nacional) se hallaban en condición de emergencia agrícola producto del déficit hídrico, el doble de las registradas en 2011. Y la situación no sólo se remite a la zona centro–norte: 41 comunas de la Región del Biobío sufren de escasez de agua, la que afecta incluso el consumo humano, según denunció recientemente el presidente de la Asociación de Municipalidades de esa región.

La dramática situación que se vive en varias regiones del país, tiene su origen, en parte, en un lucrativo mercado paralelo de los derechos de agua cuyas transacciones millonarias no han dejado de crecer en los últimos años. Así lo establece un informe de 2011 del Banco Mundial -encargado por la DGA-, el que estima que entre 2005 y 2008, se realizaron casi 25 mil transacciones de compra y venta de derechos de agua entre privados por un valor anual cercano a los US$ 1.2 billones (mil doscientos millones de dólares). La cifra que anualmente mueve el mercado de las aguas en Chile, y que deja en el bolsillo de muchos de los que allí intervienen exuberantes utilidades, es igual a la que fue destinada para la reparación de caminos, puentes, puertos, aeropuertos y edificios públicos tras el terremoto de febrero de 2010 o al incremento del presupuesto en educación durante 2013.

Agricultores de la Región del Maule en problemas por escasez hídrica.

Chile se enfrenta a una de las crisis más graves de su historia en lo que respecta a disponibilidad y acceso de la población al agua. Y la falta de lluvia no es la única responsable. Problemas estructurales de gestión y regulación; aumento explosivo de la demanda por agua, principalmente para abastecer la expansión de la inversión minera y agrícola exportadora; inmovilidad política y una férrea defensa de intereses privados de por medio, han llevado a Chile a las puertas del “colapso hídrico”, según algunos expertos.

–El término correcto para explicar el colapso hídrico que hoy vive Chile es el de escasez más que el de sequía. Lo que aquí sucede es que la demanda supera con creces la oferta y los derechos otorgados a particulares en muchas partes están muy por sobre la disponibilidad real de agua, lo que ha producido el agotamiento del recurso. El problema es grave porque no hay agua para sustentar el modelo de desarrollo que se instaló en Chile en los años ‘80. A partir de entonces nos estamos consumiendo la línea de crédito -señaló a CIPER el hidrogeólogo y profesor de la Universidad de Chile, Raúl Campillo.

Jorge Núñez, investigador del Centro del Agua para Zonas Áridas y Semiáridas para América Latina y el Caribe de la UNESCO, es claro en señalar que si bien es posible constatar una intensificación de la aridez en algunas zonas, tal como ha ocurrido en otras épocas, lo que determina la actual crisis hídrica es el explosivo incremento en la demanda por agua de las últimas décadas y un aumento de la desprotección de las personas frente a la disponibilidad del recurso.

­–Todos los eventos más importantes de déficit de agua registrados en la historia de Chile desde 1650 en adelante, coinciden con la condición climática que vivimos hoy. Pero nunca la demanda por agua fue tan significativa como lo ha sido en los últimos treinta años. Por ello, los impactos económicos y sociales pueden ser ahora muchísimo mayores que en el pasado. Al incremento exponencial en la demanda de agua, hay que agregar un incremento de la vulnerabilidad frente al déficit hídrico en la última década –señala Núñez.

UNA LEGISLACIÓN A FAVOR DEL LUCRO

La legislación sobre aguas vigente en Chile arrastra falencias desde hace más de 30 años.

Con anterioridad a 1981, el Código de Aguas de 1951 –la primera codificación en la materia existente en Chile– le entregaba al Estado diversas herramientas para ejercer un efectivo control sobre las aguas y sus posibles usos. El Estado podía caducar derechos que no se utilizaran; priorizar el uso del agua cuando dos o más personas lo requerían; las peticiones de derechos debían explicitar su uso sin poder ser alterado una vez otorgado el aprovechamiento; y los derechos de agua estaban indisolublemente asociados a la propiedad de la tierra. En 1967, se introdujo una reforma constitucional que declaró las aguas chilenas de dominio nacional y expropiables en caso de que se requiriera conforme a los cambios de tenencia y uso de la tierra que impulsaba la reforma agraria en curso.

El código de 1981 demolió la institucionalidad vigente introduciendo un modelo único de gestión de aguas a nivel mundial, caracterizado por la nula regulación y una débil fiscalización institucional. El agua se separó de la propiedad de la tierra, lo que fomentó la creación de un mercado paralelo estimulado por la entrega de agua gratuita, a perpetuidad y sin restricción de volumen a particulares.

–Uno de los errores más grandes fue haber entendido al agua como un bien económico, algo que no se ve en otra parte del mundo. Si aumenta la demanda, aumentas la oferta, eso uno lo puede entender si lo que se comercializa son calcetines ¡Pero estamos hablando de agua! -señala Campillo.

En 1992,  el ex presidente Patricio Aylwin ingresó al parlamento una moción para modificar aspectos claves del Código de Aguas. “La acumulación de derechos de aguas en forma desmesurada sin que exista un uso actual o futuro previsible, sino únicamente la posibilidad de lucrar con ellos, no obstante su obtención original gratuita, constituye el germen de dificultades muy graves para el desarrollo futuro del país”, señalaba el mensaje del Ejecutivo. En lo sustancial, se buscó establecer límites a la concesión de derechos de aprovechamiento de aguas y que éstos, una vez entregados, volvieran a manos del Estado en caso que el titular no les diera uso. Tal como ocurría antes de 1981.

Pese a la urgencia de la moción, los parlamentarios se lo tomaron con calma. Tanta, que el proyecto de ley demoró trece años en el Congreso. Fue a mitad de este distendido trámite, cuando el ex presidente Eduardo Frei comenzó la enajenación y venta de la propiedad de las sanitarias -Essal, Esval y Emos- hasta entonces en manos del Estado, a grandes consorcios extranjeros y que concluyó bajo el gobierno actual tras la venta de las últimas acciones que conservaba el fisco en la propiedad del agua potable en Chile.

El ex presidente Eduardo Frei fue quien inició la venta de las sanitarias a capitales privados.

La Ley 20.017 que modifica el Código de Aguas recién vio la luz el 2005. Tras fuertes presiones del mundo privado –entre los que se encontraba ENDESA que por entonces ya poseía el 60% de las aguas para generación hidroeléctrica del país– y también de algunos legisladores que calificaron el proyecto como un retorno a las “recetas socialistas”, lo que de allí salió fue una reforme cosmética. La moción de restitución de derechos al Estado no fue atendida y fue reemplazada por el cobro anual de una “patente por no uso“, cuyo fin era desincentivar la acumulación ociosa de agua. También tuvo la intención de que los propietarios de los derechos efectivamente los usaran con fines productivos.  Pero una vez más se creó una excepción a nivel mundial en la gestión de las aguas en Chile: la regla general en la mayoría de los países es que se cobre por usar el agua y no por no utilizarla.

–Es llamativo el camino de cobro por no uso del agua que se adoptó en Chile.  Porque ese enfoque de abundancia de los recursos hídricos, se decidió en un contexto internacional donde predomina el enfoque de escasez a través del cobro por uso o tenencia del agua -señala a CIPER el ingeniero en recursos naturales e investigador del Heidelberg Center para América Latina, Christian Valenzuela.

A ocho años de la entrada en vigencia de la única reforma realizada al Código de Aguas de 1981, los hechos demuestran que no ha logrado corregir uno de los principales vicios del sistema: el acaparamiento especulativo del agua. Si bien lo castiga en algún grado, no lo elimina, porque por regla general el valor de la patente es muy inferior a la rentabilidad que alcanza el precio del agua en el mercado y que, producto de la escasez, ha ido en aumento año tras año.

Según una investigación del propio Christian Valenzuela, publicada este año en la Revista de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL), en regiones como Coquimbo, Valparaíso y la Metropolitana, el precio mercado del agua es entre 17 y 22 veces mayor que el valor de la multa por no uso. Antes que renunciar a sus derechos de agua, los titulares prefieren pagar la multa, mantener sus derechos y venderlos sin apuro al mejor postor conforme aumentan los precios año a año. En Antofagasta y Atacama, el precio mercado del agua puede llegar a ser 100 veces superior a la multa por no utilizar el recurso. Así, el mecanismo que supuestamente castiga a quienes acaparan agua de manera ociosa para especular y venderla ni siquiera rasguña a quienes lucran con el recurso.

Lo que en un principio fue planteado como una cirugía mayor terminó siendo, luego de más de una década de trámite en el Congreso, una reforma ambulatoria detrás de la cual aún persisten las insólitas falencias que arrastra el sistema desde su creación: distribución inequitativa del recurso; sobre otorgamiento de derechos; acumulación de agua en manos de privados con fines especulativos; consolidación de un mercado de compra–venta desregulado y poco transparente y debilidad institucional para ejercer una fiscalización efectiva, por nombrar sólo algunas.

–Hace un tiempo, en un congreso latinoamericano de hidrogeólogos, me encontré con unos uruguayos a quienes el Estado les pidió introducir modificaciones a su Código de Aguas. Les pusieron una sola condición: no hagan nada que se parezca al código chileno –indica Campillo.

 

CHILE VIOLA DERECHO HUMANO AL AGUA

El Estado chileno no cumple siquiera con los estándares mínimos a nivel internacional que protegen y aseguran el derecho humano al agua, es lo que se desprende del Informe de Derechos Humanos en Chile de la Universidad Diego Portales que este año incluyó a Petorca y la grave escasez de agua que vive la provincia, como uno de los casos emblemáticos de violación a los derechos humanos en Chile.

En la asignación del agua debe concederse prioridad al derecho de utilizarla para fines de consumo personal y doméstico. Asimismo, debe darse prioridad a los recursos hídricos necesarios para evitar el hambre y las enfermedades”, es lo que establece el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas entre sus normativas a las que nuestro país adscribe.

Movilización en Vaparaíso, 21 de mayo 2013 (Fuente: Blog "Una mirada de la realidad")

En Petorca, actualmente son cerca de 3 mil las personas cuyo suministro depende de camiones aljibes con agua que no viene en condiciones óptimas para el consumo y son más de 4 mil las hectáreas de cultivo de propiedad de pequeños agricultores que han sido abandonadas por no tener cómo regarlas. Asimismo, se han reportado casos de familias que no cuentan siquiera con agua para satisfacer necesidades higiénicas básicas.

–Si es que se quisiera remediar la legislación chilena para cumplir con los estándares internacionales, tendríamos que volver al Código de Aguas de 1951. Allí existía un orden de prelación que debía seguir la DGA al momento en que se le solicitaran derechos de agua. Y en ese esquema la prioridad era entregar el agua para consumo humano. Ni la Constitución ni el Código de Aguas actual regulan los derechos de aprovechamiento de aguas de acuerdo a los estándares del derecho Internacional de los Derechos Humanos, señala el abogado Matías Guiloff, responsable del capítulo sobre Petorca en el informe de la Universidad Diego Portales.

En la práctica, las contradicciones que ha introducido el Código de Aguas chileno se ven reflejadas, por ejemplo, en el hecho de que, pese a la dramática situación que viven muchas familias en Petorca, a fines de 2012 existían 50 derechos de agua en esa misma zona, en manos de privados, por un caudal total de más de 600 litros por segundo sin ser utilizados al menos desde hace tres años. Así se desprende de las bases de datos de la DGA con las listas de personas y empresas afectas al pago de patente por no uso.

–Al evaluar una solicitud de derechos de aprovechamiento de aguas, la Dirección General de Aguas no está facultada para denegarla si es que quisiera resguardar las necesidades de consumo doméstico de la población. A los únicos factores que debe atender es que exista disponibilidad suficiente en el respectivo curso de agua y que su otorgamiento sea legalmente procedente -señala el abogado Guiloff.

Un segundo informe oficial, publicado recientemente por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), incluyó un preocupante capítulo sobre la crítica situación del agua en Chile, donde insiste en las inequidades existentes en la población respecto a la disponibilidad y su acceso. “Los resultados de estas políticas (de Estado) –en lo que refiere a sectores vulnerados: pequeños agricultores, campesinos e indígenas, y comunidades agrícolas– evidencian que, a pesar de estos programas y de la inversión pública, persiste la brecha de acceso para estos sectores, debido al rezago con que han accedido a la titularidad de derechos de agua y que está directamente asociado a la concentración de estos derechos”, señala el documento (ver informe).

En el mapa de conflictos socioambientales que presenta el INDH en su página web (ver mapa), de los casi 100 casos descritos a lo largo de todo Chile, más del 70% involucran directa o indirectamente tensiones relativas a acceso, disponibilidad y uso de agua.

La historia del discreto empresario que se transformó en el zar de las aguas en Chile

A menos de 10 años de haber sido constituida con un capital de sólo $2millones, Asesorías en Recursos Hídricos S.A. logró lo que para cualquier empresa de ese tamaño es prácticamente imposible: hizo crecer en 6.500 veces su patrimonio inicial. Y para ello le bastó una sola jugada. Fue en junio de 2008 cuando se saldó la operación más jugosa de su breve y meteórica historia, dejándole a su dueño –el discreto e influyente empresario Isidoro Quiroga Moreno (62 años)– ganancias por casi $13 mil millones en tiempo récord.

El acelerado desarrollo minero en Atacama y la rampante demanda por agua para sostener la expansión de esa industria, llevó a Quiroga y sus socios a presentar en la Dirección General de Aguas (DGA) entre el 2004 y el 2006 cinco solicitudes para constituir derechos de agua -a través de Asesorías en Recursos Hídricos y otras sociedades relacionadas– en las provincias de Huasco, Chañaral y Copiapó (Tercera Región). Al año siguiente de la última solicitud, la DGA le entregó derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas por un volumen total anual de 3.894.696 m3. Así consta en escritura pública con fecha 22 de abril (ver escritura).

Tramo donde el río Copiapó se secó

A partir de ahí, sólo hubo que esperar. Y no fue tanto, porque a los 14 meses la operación rindió frutos. Andina Minerals, de capitales canadienses, le compró hasta la última gota de agua -la misma que Quiroga había obtenido gratuitamente de manos del Estado-, para abastecer su proyecto aurífero Volcán, en la Región de Atacama. La transacción, que en ese momento se concretó mediante un traspaso de acciones correspondientes al 8,4% de la propiedad de la minera, le reportó a Asesorías en Recursos Hídricos S.A., una vez que liquidó los títulos al año siguiente, la suma de 25.795.000 dólares canadienses ($13 mil millones). Negocio redondo en una de las zonas del país más azotadas por la sequía y en la que la DGA ha otorgado derechos que al menos cuadruplican la disponibilidad real de agua dejando en serios aprietos el consumo humano y agrícola, tal como reveló CIPER en la serie de reportajes “Se muere el río Copiapó”, publicados en 2009.

Ese fue el gran despegue de Isidoro Quiroga luego de su aterrizaje en el mercado de las aguas en Chile y en el que opera a través de un complejo entramado de sociedades que se extienden de norte a sur del país. Asesorías en Recursos Hídricos S.A. es tan sólo una de al menos ocho sociedades ligadas a Quiroga que intervienen en este mercado y que acaparan desde hace al menos cinco años derechos de agua sin utilizar por más de 273.000 litros por segundo desde la Provincia del Loa, en el norte, hasta la de Palena, en plena Patagonia.

Fue allí, en Palena, donde en enero de este año Quiroga obtuvo su última gran victoria al doblarle la mano al Estado de Chile y tumbar en tribunales un decreto del Ministerio de Obras Públicas (MOP) –instruido por la entonces presidenta Michelle Bachelet– que prohibía la entrega de derechos de aprovechamiento de agua sobre los ríos Palena y Cisnes por ser “zona excepcional y de interés nacional”. Al momento de dictarse el decreto en 2009, una de las sociedades de Quiroga tramitaba la obtención de 643 m3 por segundo de agua sobre el prístino Palena. La reciente resolución judicial dejó al río desprotegido y a merced de los intereses privados.

La férrea arremetida de Quiroga para derogar el decreto en la justicia coincide con la creciente inversión de numerosas mineras –entre ellas Minera Fuego, propiedad del mismo empresario– que, atraídas por la llamada “fiebre del oro” en la Provincia de Palena, han puesto sigilosamente sus intereses en la zona.

Lo llamativo de esta historia es que, según la legislación vigente sobre aguas en Chile, Isidoro Quiroga no viola la ley. Esto porque el Código de Aguas de 1981 entregó de manera gratuita, ilimitada y a perpetuidad la propiedad sobre el agua a privados, dejándole al mercado la tarea de asignar el recurso. Hoy en Chile el derecho al agua no está asegurado por la Constitución de la República. Bajo los mecanismos establecidos por el código redactado en dictadura, el agua no necesariamente va a dar a manos de quienes la necesitan, sino a las de aquellos que tienen los medios económicos para hacerse de su propiedad.

A más de 30 años de su entrada en vigencia, el Código de Aguas chileno se desmorona a pedazos. No sólo es considerado una excepción a nivel mundial por diversos estudios, sino también un “anti-ejemplo” sobre cómo llevar a cabo la gestión de los recursos hídricos en un país. Falta de transparencia y regulación, asignación inequitativa del recurso, explotación indiscriminada y acumulación ociosa con fines especulativos en desmedro de las necesidades básicas de la población, son sólo algunas de las graves falencias que en buena parte explican la actual crisis hídrica que vive el país.

EL DIVERSIFICADO HOLDING DE ISIDORO QUIROGA

Isidoro Ernesto Quiroga Moreno egresó de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile en 1974. Dio sus primeros pasos como empresario al alero de la producción frutícola en Los Andes (Quinta Región), introduciendo a principios de los ’80 el cultivo de kiwis en Chile. Es un empresario de bajo perfil y son muy pocos los que conocen sus movimientos. Nunca ha dado entrevistas. CIPER intentó comunicarse con él en cuatro oportunidades, pero rechazó todo contacto.

La producción de kiwis fue la primera semilla de lo que a la larga se transformaría en un gran imperio que abarca principalmente el sector agrícola, minero, eléctrico, inmobiliario, bursátil y alimenticio. Aunque es difícil hacer una estimación de su patrimonio con exactitud, atendiendo a sus inversiones y operaciones financieras éste rondaría los US$ 500 millones. Su peso específico en el mercado lo ubica entre los empresarios más adinerados de Chile. Y si bien rechaza toda figuración pública, no adopta la misma actitud a la hora de ejercer influencia política. Son públicas al menos dos reuniones en las que ha participado junto a otros empresarios de renombre (Rafael Guilisasti, Lázaro Calderón, Julio Ponce, Juan José y Enrique Cueto, por nombrar algunos) con el ex presidente Ricardo Lagos. La primera, en 2008, en un inmueble de Valle Escondido, sociedad de la que Quiroga es accionista. La segunda, en marzo de 2012, en casa del influyente abogado Darío Calderón. En ambas se trataron temas ligados al clima político y al futuro económico del país. En la última se insistió en la necesidad de colaborar en la construcción de consensos transversales que permitieran evitar la inestabilidad económica y la ausencia de “reglas del juego claras”, según consignó la revista Qué Pasa.

Quiroga y su directorio de Australis Seafood (Fuente: australis-seafoods.com)

Isidoro Quiroga fue director de Soquimich entre 1996 y el 2002, compañía en la cual poseía acciones desde 1988 y en la cual fraguó una sólida amistad con Julio Ponce Lerou. En 1995 ingresó al directorio de la Empresa Eléctrica Pilmaiquén S.A., de la que posee el 10,82% de las acciones. Pilmaiquén estrenó a fines de 2012 su central hidroeléctrica de pasada Rucatayo, ubicada entre las regiones de Los Ríos y Los Lagos, en medio de la fuerte oposición de las comunidades mapuche y huilliche que habitan la zona.

La mayoría de las empresas de Isidoro Quiroga están agrupadas en el holding Asesorías e Inversiones Benjamín S.A. Constituido en 1987, este holding agrupa a las sociedades de inversión El Aromo, Lago Colico, Safora, Kinacu, Río Loa Limitada, Jemad, Mavimadoqui, BP y el fondo de inversión privado Australis, entre otras. También a las sociedades agrícolas Los Pinos y El Canelo de Santa Teresa de Los Andes; la inmobiliaria San Manuel S.A. y la sociedad Educacional San Esteban Limitada.

Quiroga participa también del rubro minero con Minera Fuego, la sexta en Chile con mayor cantidad de suelo concesionado para exploración, con 438.700 hectáreas, según datos del Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN). Andacollo Gold, mina de oro que opera en una zona de 22 mil hectáreas ubicada en la provincia de Neuquén, Argentina, y que produce cerca de 500 toneladas de concentrado diariamente, también forma parte de la cartera de empresas del holding Asesorías e Inversiones Benjamín S.A. Andacollo no es el único negocio de Quiroga en Argentina. A través de Asesorías e Inversiones Lago Ranco posee más del 50% de la propiedad de Agroamerican, productora de aceite de oliva, uvas y vino en Mendoza.

Otra de las empresas mineras de Isidoro Quiroga es Junior Investment Company, que registra inversiones mineras en Australia y que, a su vez, es la accionista principal de Inversiones Kinacu Limitada, que cuenta con un capital de $9 mil millones.

Uno de los negocios que más le ha quitado el sueño a Quiroga es el de los salmones, industria en la que de a poco ha ido adquiriendo una posición más que relevante.  Australis Seafood, una de sus pocas empresas –junto a Pilmaiquén– que transa en la Bolsa de Comercio de Santiago, posee un capital cercano a los US$185 millones según registra la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS).

Michelle Bachelet da su apoyo a defensores del río Achibueno

Rucatayo ha sido casi la única satisfacción que ha tenido Quiroga en el rubro de la generación eléctrica. Porque el dinero y el tiempo dedicado al proyecto “Central Hidroeléctrica Achibueno”, impulsado por otra de las empresas de Quiroga, Electro Austral, hasta ahora no ha rendido frutos. Se trata de dos centrales de pasada –Castillo y Centinela– que intervendrían 430 hectáreas de bosques nativos en la Región de El Maule, desviando la mayor parte del caudal del río en un tramo de 44 kilómetros. La zona fue declarada uno de los cinco sitios prioritarios de conservación de la biodiversidad en la Región del Maule por la Comisión Nacional de Medio Ambiente (CONAMA), en 2002. Un informe evacuado por el Ministerio de Medio Ambiente en junio de 2012, por solicitud del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), fue categórico al señalar que el proyecto tal como está concebido, además de poner en peligro cientos de hectáreas de bosque nativo, va a producir la pérdida de vegetación endémica y flora nativa; de especies de flora en categoría de conservación; mortalidad de fauna nativa de vertebrados terrestres y de peces en estado de conservación crítica, entre varios otros perjuicios. (ver informe).

Al rechazo transversal que concita el proyecto en la comunidad agrupada en el movimiento “Salvemos el Río Achibueno”, se ha sumado el público cuestionamiento hecho por la candidata presidencial Michelle Bachelet en una visita a Linares en septiembre pasado. “Vengo a comprometerme con ustedes, si soy electa presidenta, en mi gobierno no vamos a apoyar el proyecto hidroeléctrico en la cuenca del río Achibueno, porque no cumple ni con los estándares técnicos, ni procedimentales y mucho menos con los estándares de participación ciudadana”, señaló Bachelet, dejando en suspenso el futuro de uno de los proyectos más emblemático de Quiroga.

EL TURBIO MERCADO DEL AGUA

Poco antes de la suculenta venta de derechos de agua a Andina Minerals, Quiroga estuvo a punto de cerrar otro multimillonario negocio. BHP Billiton tramitaba el permiso medioambiental para poner en marcha un proyecto para satisfacer la creciente demanda de agua que requería la expansión de Minera Escondida en la Segunda Región. El proyecto necesitaba la extracción de 1.027 litros de agua por segundo desde acuíferos situados en pleno Altiplano, en el sector de Pampa Colorada, a 160 kilómetros de San Pedro de Atacama. La propiedad de esas aguas subterráneas estaba entonces­ en manos de Exploraciones, Inversiones y Asesorías Mundo S.A (EMSA), otra de las sociedades de Quiroga que opera en el Norte Grande. La oposición de las comunidades aledañas de Socaire, Talabre y Peine, donde el agua no alcanza para satisfacer las necesidades de consumo y riego de todos sus habitantes, no se hizo esperar. Después de un año, en 2007, la Comisión Regional de Medio Ambiente de Antofagasta rechazó el proyecto y Escondida detuvo la compra de los derechos de agua de Quiroga.

La decisión de la autoridad significó el fin de un millonario negocio para Quiroga, quien desde entonces, a través de su empresa EMSA, mantiene derechos de agua sin utilizar por 1.022 litros por segundo en la provincia de El Loa, una zona de escasez declarada y en la que la unidad (1 lt/seg) puede alcanzar los $70 millones.

CIPER revisó archivos de la Dirección General de Aguas (DGA) desde 2008 a 2012 con la información de empresas o personas naturales que pagaron patente por no uso para identificar quiénes son los que acumulan mayores cantidades de agua sin ser utilizada. Para ello, se tomó en cuenta a los propietarios de derechos de agua consuntivos (el agua se extrae y no se devuelve al caudal) y no consuntivos (el agua utilizada se debe devolver al caudal). El ejercicio buscó conocer cuáles son las empresas o los particulares –después de los ya conocidos Endesa, Colbún y Aes Gener- que se inscriben en la nómina de los mayores titulares de derechos de agua no consuntiva en el país y que participan del mercado de las aguas en Chile, acaparando el recurso con fines presumiblemente especulativos.

La revisión permitió identificar numerosas empresas a lo largo de todo Chile que a diciembre de 2012 acumulaban de manera ociosa miles de litros de agua por lo menos desde hace cinco años. Entre ellas destacan: Exploraciones, Inversiones y Asesorías Mundo S.A, que opera principalmente en el norte; Exploraciones, Inversiones y Asesorías Arlequín S.A., que opera en el centro-sur; y Exploraciones, Inversiones y Asesorías Huturi S.A., que lo hace en el sur y extremo sur de Chile. Todas ellas pertenecen a los mismos propietarios: Isidoro Quiroga y sus dos hermanas, María Victoria y María Dolores Quiroga Moreno, según consta en las escrituras de cada una de estas sociedades.

Inversiones Mundo S.A. fue creada en 2001 y su propietario es Asesorías e Inversiones Benjamín  S.A, holding de Quiroga. Acumula derechos de agua de tipo consuntivo por 1.022 litros por segundo en la provincia de El Loa, tal como se señaló. Inversiones Arlequín S.A. se constituyó en 1998 con un capital inicial de $5 millones aportado por María Victoria y María Dolores Quiroga. Es Arlequín, a su vez, el propietario de Asesorías en Recursos Hídricos S.A. protagonista del multimillonario negocio con Andina Minerals. Arlequín acumula a la fecha derechos de aprovechamiento de agua de tipo consuntivo por 13.414 litros por segundo, los que no ha utilizado desde al menos el año 2008, y que están repartidos por las provincias de El Loa, Limarí, San Felipe, San Antonio, Melipilla y Malleco.

Inversiones Huturi S.A., constituida en 2002, es controlada por Asesorías e Inversiones Benjamín S.A. e Inversiones El Aromo S.A. Actualmente cuenta con derechos de tipo no consuntivo por 259.290 litros de agua por segundo, gran parte de los cuales no se han utilizado para ningún fin desde 2009. Los derechos están repartidos por las provincias de Bíobío, Ñuble, Cautín, Malleco, Valdivia, Ranco, Llanquihue, Puerto Montt y Palena.

A estas grandes sociedades se añaden otras más pequeñas: Exploraciones, Inversiones y Asesorías Yaku S.A (2002) y Exploraciones, Inversiones y Asesorías Intiyaka S.A (2002), de las que si bien hay registros de decenas de peticiones de derechos de agua en el Diario Oficial, la DGA no las registra con derechos constituidos. A ellas se agregan, Exploraciones, Inversiones y Asesorías Pachingo S.A. (2002), que en diciembre de 2011 obtuvo 245.000 litros por segundo de agua sobre los ríos Mañihuales y Nireguao en Aysén; y Exploraciones, Inversiones y Asesorías Manantiales S.A. (2004), la que posee 3.010 litros de agua por segundo en Melipilla, sin utilizar desde 2008.

Todas ellas son controladas por Asesorías e Inversiones Benjamín S.A. e Inversiones El Aromo S.A. y están dedicadas “al estudio y ejecución de todo tipo de proyectos relacionados directa o indirectamente con constitución, ejercicio, transferencia o extinción de toda clase de derechos de aprovechamiento de aguas, así como su explotación y comercialización”. El Diario Oficial registra cientos de peticiones a la DGA para constituir derechos de aprovechamiento de aguas superficiales y subterráneas, de tipo consuntivo y no consuntivo, realizadas por las distintas sociedades de inversión de Quiroga a lo largo de todo Chile.

En Chile, las transacciones de compra y venta de derechos de agua deben quedar registradas en el Conservador de Bienes Raíces de la localidad en la que se llevó a cabo la operación. Sin embargo, un porcentaje de ellas se realiza de manera informal sin dejar huella. Otras quedan registradas en los conservadores pero no son informadas a la DGA y unas cuantas son informadas de manera incompleta sin mencionar el monto ni el destinatario de la transacción. Teniendo en cuenta ese hecho, CIPER indagó en las bases de datos de la Dirección General de Aguas para rastrear cuáles han sido las últimas operaciones de venta de agua de las sociedades ligadas a Quiroga, además de aquella por $13 mil millones realizada por Asesorías en Recursos Hídricos S.A. a Andina Minerals en 2008.

Entre el 2005 y 2012, Inversiones Arlequín registra ventas de derechos de agua de tipo consuntivo sobre los ríos Maipo y Rapel principalmente, que en total ascienden a $300.612.549. Tuvo como compradores a personas naturales, empresas agrícolas y un fondo inmobiliario.

Inversiones Manantiales S.A. registra cinco ventas entre 2008 y 2011 por $239.935.000. Se trató de derechos consuntivos sobre el río Maipo que fueron a parar a manos de una sociedad agrícola y una minera.

Inversiones Huturi S.A. vendió derechos de agua de tipo no consuntivo entre 2009 y 2012 por $16.276.400 sobre los ríos Las Damas (Osorno), Butamalal (Bíobío) y Cayucupil (Arauco) a dos hidroeléctricas y una constructora.

Sólo el total de las operaciones de ventas de derechos de aguas ejecutadas por las empresas de Isidoro Quiroga en los últimos cinco años y que CIPER pudo rastrear, supera los US$25 millones.

AL ACECHO DEL RIO PALENA

El 16 de diciembre de 2009 los habitantes de La Junta y de Alto Palena, en la Región de Aysén, respiraron tranquilos. Ese día la ex presidenta Michelle Bachelet –previo análisis de dos informes técnicos de la DGA ( informe 1informe 2)– instruyó al Ministerio de Obras Públicas -vía decreto exento Nº 2.270- denegar cualquier solicitud de derechos de aprovechamiento de agua sobre el río Palena. Con temor sus habitantes habían visto cómo la región se estaba transformando en la “pila de Chile”, como la llaman con ironía algunos lugareños, debido al creciente interés minero en la zona que amenaza severamente el ecosistema de la Patagonia.

Río Palena (Fotografo: Francisco Pardo)

“El rol del Estado es garantizar el bienestar de la sociedad en su conjunto por sobre el interés particular y privado”, señala el decreto, agregando que “una de las cuencas en que se dan las condiciones de circunstancias excepcionales e interés nacional es la del río Palena (…) el cual presenta condiciones ecológicas y ambientales particulares, con mínima intervención antrópica y con importantes expectativas para el desarrollo local” (ver documento).

Cabe señalar que el río Palena cruza por dos reservas y dos parques nacionales: la Reserva Nacional Lago Palena, con una superficie de 49.415 hectáreas; la Reserva Nacional Lago Rosselot, con 12.750 hectáreas; el Parque Nacional Queulat, con 154 mil hectáreas y el Parque Nacional Corcovado, con 295 mil hectáreas.

El decreto fue tajante “al denegar las solicitudes de aprovechamiento no consuntivos de aguas superficiales y corrientes de los cauces ubicados en la provincia de Palena de la Región de Los Lagos y en las provincias de Aysén y Coihaique de la Región de Aysén, formuladas por personas naturales y jurídicas” a partir de esa fecha.

Al momento de conocerse el decreto, Exploraciones, Inversiones y Asesorías Huturi S.A. tramitaba la obtención de 12 derechos de agua de tipo no consuntivo por 643 m3 por segundo sobre la cuenca del río Palena en las provincias de Palena, Aysén y Coihaique. El decreto dejó sin efecto la solicitud.

La arremetida de Quiroga en la justicia no se hizo esperar y lo hizo por partida triple. Entre los reclamantes –tres en total– no sólo figura Inversiones Huturi S.A, también Exploraciones, Inversiones y Asesorías Pachingo S.A., otra de las sociedades de Quiroga y que acaba de obtener 245.000 litros por segundo en dos ríos de Aysén. El tercer reclamante fue Rodrigo Arriagada Astrosa, brazo derecho de Isidoro Quiroga en Asesorías e Inversiones Benjamín S.A., quien actuó en representación de Sur Electricidad y Energía S.A. (SURELEC). En el otro extremo del país, Arriagada registra desde 2009 casi una veintena de peticiones a la Dirección General de Aguas de alumbramiento y posterior constitución de derechos consuntivos de agua en San Pedro de Atacama, El Loa, Taltal, Chañaral, Copiapó y Vallenar, por un total equivalente a 3.000 litros por segundo de agua subterránea.

Los abogados de Isidoro Quiroga cumplieron su misión en tribunales con eficiencia. Porque el 25 de enero de este año, la Corte de Apelaciones de Santiago desestimó la medida impuesta por la DGA que prohibía la cesión o entrega de derechos de agua sobre los ríos Palena y Cisnes. “Del análisis que hace esta Corte de los aspectos de forma y de procedimiento que llevaron a la dictación de los decretos que se reclaman (…) es suficiente para advertir la concurrencia de un conjunto de defectos e infracciones en la dictación de los decretos (…) que sólo son subsanables por la vía de dejarlos sin efecto”, señala el dictamen (ver resolución).

Uno de estos errores procedimentales que inclinaron la decisión judicial de los jueces a favor de las empresas de Quiroga dice relación con que, al ser un decreto presidencial, éste debía venir con la firma del Presidente de la República y no únicamente con la de los funcionarios del MOP, cartera desde la cual fue finalmente expedido. Desde entonces, las solicitudes hechas por Inversiones Huturi S.A. volvieron a activarse, sin que el presidente Sebastián Piñera –el único que por sus facultades puede volver a validar la medida– se haya manifestado hasta hoy respecto a la reposición del decreto.

Ribera del río Palena

La embestida de Quiroga contra el decreto presidencial puede ser explicada en parte por el creciente interés minero en la zona. De hecho, de las más de 430.000 hectáreas concesionadas a Minera Fuego –de propiedad de Quiroga– a lo largo de todo Chile para exploración minera, cerca de 50 mil están ubicadas en la Región de Aysén, en la zona de los lagos Pollux y Castor. Allí Minera Fuego pretende iniciar actividades extractivas de oro y plata, según reveló un especial de minería publicado por El Mercurio en noviembre de este año. Al interés minero del dueño del holding Asesorías e Inversiones Benjamín S.A. se suma el de las canadienses Kinross y Mandalay Resources Co., la suiza Glencore Xstrata y la británica Patagonia Gold plc.

Según cuentan habitantes de la zona, en los últimos años ha sido frecuente el desembarco de representantes de consultoras que, sin explicitar para quién trabajan, no han escatimado esfuerzos por impulsar el desarrollo explosivo de la minería, industria que requiere como condición esencial para su operación de agua y energía.

 

Guerrilla colombiana acusa a empresa forestal de Italo Zunino de usurpación de tierras

Este martes 5 de noviembre, el Ejército de Liberación Nacional de Colombia (ELN) anunció la inminente liberación “por razones humanitarias” del ingeniero forestal León Montes Ceballos, quien al momento de su secuestro, el 30 de julio de 2012,  trabajaba para la empresa de capitales chilenos Compañía Agrícola de la Sierra (CAS), instalada desde 2006 en Colombia.  Desde hace un año y medio, el ELN le exige a la empresa forestal –de propiedad del empresario chileno Ítalo Zunino–, que congele sus operaciones y se retire de la zona de modo que las tierras que hoy están bajo su dominio –y que según el ELN habría conseguido de manera fraudulenta– sean devueltas a los campesinos.

Las condiciones impuestas por la guerrilla contra la CAS se fundamentan, según un comunicado, en el hecho de haberse apropiado “con artimañas de 22.000 hectáreas de tierra de campesinos pobres (…) 6.800 están sembradas con pino y árbol no nativo, generando un gran impacto ambiental y social en el territorio”.

El anuncio se hizo en medio del diálogo que intenta entablar el gobierno y el ELN –la segunda guerrilla en Colombia, luego de las FARC– con miras a emprender un proceso de paz en el que ambos ya han dado señales concretas de avance y que, por lo mismo, ha generado expectativas tanto en Colombia como en algunos organismos internacionales.

Juan Manuel Santos, presidente de Colombia

El acercamiento entre el gobierno y la guerrilla ha sido objeto de duras críticas desde la oposición. Las más fuertes han salido desde el mismo expresidente Álvaro Uribe quien en agosto del 2012 calificó de “bofetada a la democracia” el inicio de diálogo formal con las FARC impulsado por el Presidente Juan Manuel Santos. Recientemente Uribe llegó incluso a acusar la supuesta responsabilidad penal que le cabe a aquellos que se reúnen a dialogar con grupos armados fuera de la ley. Ayer miércoles y luego de cinco meses de discusión, el gobierno y las FARC alcanzaron un acuerdo parcial para garantizar la participación del grupo rebelde en política. Este era el segundo de los cinco puntos a negociar en medio de las conversaciones de paz iniciadas en noviembre del año pasado en La Habana.

El último disparo de Uribe contra Santos fue a propósito de la Ley de Restitución de Tierras impulsada por el gobierno, acusándolo de generar “nuevos odios contra los empresarios del campo”. El expresidente Uribe ha sido acusado de favorecer durante su mandato a empresarios y a ex funcionarios de su gobierno en la compra masiva de tierras a bajo costo. En el marco de la Ley de Restitución, la justicia ya ha ordenado la devolución a campesinos de varios predios usurpados por paramilitares, grupos armados que adquirieron mayor poder bajo el gobierno de Uribe y con quienes mantuvo fuertes vínculos según se ha comprobado en la justicia de Colombia y de Estados Unidos. Parte del proceso de usurpación de tierras en Colombia está relatado en el reportaje publicado por CIPER “La ruta del despojo” de Ginna Morelo, reciente ganador del premio nacional de periodismo de Colombia.

En este contexto, el secuestro de Montes Ceballos en Antioquia y la exigencia de restitución de tierras hecha por la guerrilla a la empresa de Zunino, agrega otro foco de tensión al clima político de Colombia y en particular a esa región (Antioquia), zona altamente conflictiva con presencia de las FARC, el ELN y brigadas paramilitares.

EL ATERRIZAJE DE ZUNINO EN COLOMBIA

La Compañía Agrícola de la Sierra S.A., constituida por capitales chilenos, fue inscrita en Panamá el 19 de septiembre de 2006. El aporte de capital inicial fue de US$ 18 millones, el cual fue dividido en 100 acciones comunes con un valor de US$ 180.000 cada una.

Monocultivo de pinos Comaco. (Foto: www.comacoforestal.com)

Ítalo Zunino Muratori, uno de los hombres fuertes de la sociedad, es dueño del holding de empresas madereras Comaco Forestal, que en Chile cuenta con 121.030 hectáreas de pino, eucaliptus y bosque nativo, diseminadas entre la Sexta y la Décima Región. Comaco –continuadora de la Compañía Astilladora de Concepción– fue constituida en agosto de 1998 con un capital inicial de $2 mil millones. Su objeto: “La actividad forestal en todas sus formas, pudiendo especialmente manejar, plantar y explotar todo tipo de bosques, sean naturales o artificiales (…) y la industrialización de la madera en todas sus formas, especialmente la producción, adquisición, comercialización y exportación de astillas o chips de madera destinada a la fabricación de celulosa u otros fines”.

Las favorables condiciones existentes en Colombia y principalmente en Antioquia para la producción forestal –3 millones de hectáreas aptas para reforestación e ingentes subsidios estatales a la producción– hicieron que Zunino y sus socios, los empresarios Alejandro Sáenz y Antonio Tuset, pusieran su interés financiero en el país cafetero.

A sólo un mes de haber sido constituida en Panamá, la empresa quedó registrada en la Cámara de Comercio de Colombia con el nombre de Compañía Agrícola de la Sierra Colombia S.A., bajo el tipo de sociedad “sucursal extranjera” y dedicada “al desarrollo de actividades forestales, establecimiento y aprovechamiento de plantaciones forestales”.

A 2012, según se consigna en una presentación comercial de la compañía, se habían invertido cerca de US$40 millones en compras de suelos que abarcaron 23.100 hectáreas repartidas en siete zonas del departamento de Antioquia. La explotación del suelo ha ido en rápido incremento desde el 2008, cuando tenían sólo 76 hectáreas plantadas con coníferas. El 2010 contaban ya con 2.320 y al 2012 alcanzaron las 7 mil. El objetivo de la compañía es llegar a 20 mil hectáreas plantadas en una superficie de 30 mil hectáreas. Hasta el momento ha sido sólo inversión. La empresa espera generar utilidades sostenidas a partir del 2030.

La CAS se encuentra entre los socios fundadores de la Cámara de Comercio e Industria Colombo Chilena, junto a otras forestales como Celulosa Arauco, a través de Arauco Colombia S.A., CMPC, que opera a través de sus filiales Protisa y Drypers, y empresas de retail como Falabella y La Polar, entre otras.

CAS: “NO NOS PRONUNCIAREMOS AL RESPECTO”

El ingeniero forestal León Montes proviene de una familia de esfuerzo. Su padre es conductor de bus y su madre profesora pensionada. Por ello, desde un comienzo supieron que el secuestro de su hijo no buscaba extorsionarlos a ellos. Montes fue capturado el 30 de julio de 2012, mientras cumplía sus labores en la CAS en el territorio del municipio de Amalfi (Antioquia). Al día siguiente, la camioneta blanca que manejaba cuando fue detenido por el ELN, y que era propiedad de la compañía agrícola, apareció completamente quemada. Desde entonces no lo volvieron a ver.

Dos semanas más tarde, la empresa y la familia de Montes recibieron un video en el que el mismo ingeniero aclaraba el móvil del secuestro. El ELN pedía a la CAS una gran suma de dinero –entre 2 a 3 millones de dólares, según reconoce la misma compañía– por su liberación o bien que la compañía dejara de operar y se fuera de Colombia. Se acusó a la Compañía Agrícola de la Sierra S.A. de depredar los recursos nacionales y de haber conseguido tierras mediante “artimañas” perjudicando a los campesinos de la zona.

Días más tarde, fue el padre de Montes quien recibió dos llamados en el que le pedían que intercediera ante la empresa para que cumplieran la petición y así lograr la liberación de su hijo.

–No se preocupen. Ustedes no tienen problema con nosotros. El problema lo tiene la empresa en la que trabaja –le dijeron al padre.

Frente a la inminente liberación de Montes tras varios meses de captura, el ELN señaló que esperaría un pronunciamiento de la empresa forestal respecto de sus demandas antes de conformar la comisión humanitaria encargada de recibirlo tras su liberación. Acusaron también a la compañía de no haber mostrado voluntad alguna para “resarcir los perjuicios ocasionados al ambiente y las comunidades de la región”.

Desde la CAS señalaron a CIPER que por ningún motivo se pronunciarían al respecto y que, luego del anuncio del martes del ELN, no han sido contactados por la organización guerrillera.

León Montes Ceballos, secuestrado por el ELN.

-No nos vamos a pronunciar bajo ningún punto de vista sobre esta interpelación. No lo vamos a hacer con una institución irregular. Para nosotros no es un interlocutor válido. Su lógica ha sido: a esta empresa que llega a ordenar el desorden, le vamos a cobrar, la vamos a extorsionar. Responder a esto sería reconocerlos como institución válida. Darles dinero, significaría someternos, como un cajero automático -dijo a CIPER Mauricio Henríquez, asesor de responsabilidad social de la Compañía Agrícola de la Sierra.

Henríquez cuenta que hasta antes del martes, el ELN había dado sólo una prueba de vida del ingeniero secuestrado y que esta sería la segunda vez que dan señales al respecto: “En el último año y medio he estado trabajando exclusivamente en este caso. En todo este tiempo he recibido cerca de seis correos de extorsión, en los que se exige siempre lo mismo: el pago de una suma de dinero y nuestra salida de Colombia”.

Consultado respecto al por qué de las acusaciones que les hace la organización guerrillera, esto es, apropiación indebida de predios y depredación medioambiental, Henríquez señaló que la CAS ha recibido desde un comienzo múltiples extorsiones, pues su actividad, “que ha generado empleo y riqueza para la zona”, molesta a quienes están en actividades irregulares.

El ejecutivo de la CAS anunció que frente a la inminente liberación de Montes, la empresa le prestaría ayuda psicológica por el tiempo que sea necesario para que se pueda reintegrar a sus labores. Sobre el curso de acción que tomará la empresa frente al anuncio de este martes, Henríquez señaló: “Nos alegramos de la posición humanitaria del ELN al liberar a Montes. Estamos listos para participar en proyectos en función de la paz de Colombia, pero siempre a través de la vía legal”.

LA MINERA CANADIENSE QUE SE FUE DE ANTIOQUIA

El conflicto que involucra a la empresa de Italo Zunino ha tomado aún más fuerza con la reciente paralización de actividades y posterior salida de Colombia de la minera canadiense Braewal Mining Corporation, tras la liberación de uno de sus altos ejecutivos secuestrado por el ELN desde el 18 de enero pasado. Gernot Wobert, de 47 años, se desempeñaba como vicepresidente de exploración de la minera. La canadiense había adquirido tiempo atrás terrenos en Antioquia con el objeto de iniciar la exploración y extracción de oro de las minas Casa de Barro y Mina Seca.

El 8 de mayo, la organización guerrillera condicionó públicamente la liberación del ejecutivo canadiense a que Braewal Mining Corporation devolviera los títulos mineros “que despojó a las comunidades de la zona de la serranía de San Lucas”. El secuestro se enmarcaba, tal como ocurre en el caso de Montes, en una acción de “defensa de los recursos naturales de Colombia”.

Sobre el ciudadano canadiense debemos reiterar que fue retenido por nuestras unidades guerrilleras, debido a que su empresa obtuvo mediante sobornos y de manera fraudulenta cuatro títulos mineros de una extensión de 1643.23 hectáreas, lesionando de manera flagrante los derechos de propiedad de las comunidades en dicha región. Dicho ciudadano es portador de documentación irregular que lo inhabilita para desempeñarse en las funciones que desarrollaba al frente de la obra donde fue retenido”, señaló el ELN en su momento en un intercambio epistolar que sostuvo con la organización “Colombianas y Colombianos por la paz”. Respecto a la documentación irregular, se acusó a Wobert de ejercer sus labores sin el permiso correspondiente y sólo haciendo uso de una visa de turista.

El 23 de julio, poco más de un mes antes de la liberación de Wobert, la compañía minera canadiense anunció mediante un comunicado (ver documento) el congelamiento y cancelación de sus planes de inversión en Colombia. No mencionó, sin embargo, la situación de secuestro del ejecutivo, aduciendo “condiciones de mercado desfavorables”.

Luego de 221 días cautivo, el 27 de agosto Wobert fue liberado. El mismo día, Nicolás Rodríguez Bautista, primer comandante del ELN, señaló en un video subido a la página web de la organización: “Estamos de acuerdo con una amplia mayoría de colombianos que consideran que el impulso de los procesos productivos del país deben dignificar a toda la sociedad en particular a quienes no ejercen el poder y que dichos procesos productivos no pueden ir en la dirección que degraden la naturaleza”.

 

El norovirus pone a prueba la institucionalidad sanitaria tras masivas intoxicaciones

A principios de septiembre, 5.470 personas debieron atenderse en centros hospitalarios de Ovalle afectadas por un masivo brote de gastroenteritis provocado por norovirus. Esto equivale al 5% de la población de esa ciudad. Los estudios científicos que permiten dimensionar la gravedad de la masiva intoxicación, indican que en estos casos sólo un 10% de los afectados concurre a hospitales. El mismo norovirus fue el que desató en marzo de 2010, en Antofagasta, una epidemia que afectó a 31.036 personas (el 9% de la población de la capital de la Segunda Región), sin contar a quienes no asistieron a centros hospitalarios en busca de atención. Ambos episodios han puesto el agua tratada y comercializada por operadores sanitarios privados en el centro de la polémica. Aguas del Valle en Ovalle y Bayesa en Antofagasta, las dos sujetas al sistema de comodato por 30 años que el Estado licitó a capitales privados entre los años 90 y comienzos del ‘2000.

Ambos contratos, que reportan jugosas utilidades para quienes operan la concesión, son administrados por Econssa Chile S.A. (Empresa Concesionaria de Servicios Sanitarios), cuyo propietario es el Estado, a través de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO).

Las epidemias de norovirus en Ovalle y Antofagasta no sólo han dejado en evidencia negligencias en los procedimientos de las sanitarias involucradas. También han desnudado las contradicciones entre los organismos que por ley están encargados de fiscalizar el adecuado tratamiento de las aguas, así como las diferencias en las sanciones que es posible aplicar a cada sanitaria que viola la norma. En el caso de la intoxicación en Ovalle, la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Salud de Coquimbo aplicó la multa máxima a la empresa Aguas del Valle S.A.: 1.000 UTM ($40.528.000 pesos), por generar “una amenaza y afectación grave a la salud, (ver resolución). En Antofagasta, la sanción a Bayesa fue objeto de un complejo proceso.

El Código Sanitario, publicado en 1968 y que ha sido objeto de múltiples modificaciones, le confiere a las secretarías regionales ministeriales de salud facultades y atribuciones para ejercer “vigilancia sanitaria sobre provisiones o plantas de agua destinadas al uso del hombre, como asimismo de las plantas depuradoras de aguas servidas y de residuos industriales o mineros”, pudiendo sancionar a los infractores y en algunos casos “intervenir directamente en la explotación de estos servicios”. Dependiendo de la falta, las multas pueden ir desde 1 UTM ($40.528) hasta 1.000 UTM ($40.528.000), tal como ocurrió en la resolución reciente contra Aguas del Valle S.A.

La Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), organismo creado en 1989 para normar y fiscalizar a las empresas sanitarias que operan en el país, también tiene entre sus facultades el cursar sanciones frente a infracciones de distinta índole, entre ellas, las que pongan en peligro o afecten gravemente la salud de la población. En su caso, el techo de la multa es mucho mayor: 1.000 UTA ($488.772.000), con un mínimo de 51 UTA ($24.927.372).

En Ovalle, el mismo día que la Seremi de Salud de la Cuarta Región -tras el análisis de una serie de muestras tomadas en algunos domicilios- identificaba al agua potable distribuida por Aguas del Valle como la responsable del brote epidémico, la SISS llamaba a la calma descartando que el agua para consumo de la población hubiese estado contaminada. Días más tarde, con los resultados en mano de un análisis encargado a un laboratorio certificado, la SISS volvió a insistir en la pureza del agua señalando que, según el estudio, los parámetros en la red de distribución de Aguas del Valle estaban en norma. Y anunció el inicio de una investigación sumaria con el fin de esclarecer responsabilidades. Sus resultados hasta hoy no se conocen.

En 2010, cuando se produjo la epidemia en Antofagasta, la SISS no sancionó a Bayesa. Según explican ahora, estaba fuera de su ámbito de fiscalización. La empresa sí debió pagar una multa de 500 UTM ($20.264.000, valor actual) que le aplicó la Seremi de Salud por su responsabilidad en el estallido de la epidemia, lo que fue ratificado en tres instancias por la justicia. La estatal Econssa, entidad que debe vigilar que se cumplan las cláusulas de los contratos de concesión y que tiene la facultad, en ciertos casos, de ponerles término de manera anticipada ante faltas graves de los operadores, le caducó la concesión a Bayesa. Antes de un año firmó con la misma empresa un nuevo contrato (hasta 2024).  En el caso de Aguas del Valle, en cambio, no tiene atribuciones para dar término al contrato de concesión.

NOROVIRUS: SÓLO DOS CASOS “CONOCIDOS”  EN CHILE

Aunque menos violento que el rotavirus, el norovirus afecta a personas de todas las edades y no existe vacuna para prevenirlo. Este agente patógeno es causante de diarreas, vómitos, fiebre, dolor abdominal y, en algunos casos, de muertes por deshidratación en niños y ancianos.

El norovirus está presente en las heces humanas. En 1 gramo de deposición de una persona infectada puede haber hasta cinco billones de partículas virales. Basta ingerir 10 a 100 partículas para enfermar. Luego, la transmisión persona a persona es fulminante. Según los especialistas, es uno de los virus más contagiosos entre los que causan gastroenteritis.

Entre 19 y 21 millones de personas enferman cada año de gastroenteritis por norovirus en Estados Unidos. De ellas, entre 1.7 y 1.9 millones buscan atención médica; entre 56 y 71 mil quedan hospitalizadas; y entre 570 y 800 mueren, según estadísticas del Center for Disease Control and Prevention (CDC). En ese país, el virus y su propagación está mayormente asociado a contaminación persona a persona en espacios cerrados o semicerrados, como centros de atención médica, restaurantes, hogares de ancianos, colegios y otros.

La epidemia de norovirus de Antofagasta en 2010 y la de Ovalle más recientemente, son los dos únicos casos conocidos en Chile, al menos los dos únicos a los que se ha rotulado con esa etiqueta. “El norovirus no es un virus cultivable. No es un virus que yo pueda tomarlo, jugar con él, lo que hace mucho más difícil su investigación. Es un virus endémico, no es que sea nuevo ni que haya llegado para quedarse. Está permanentemente dando vuelta. Lo que pasa es que ahora lo detectamos porque contamos con la tecnología adecuada”, señaló a CIPER el doctor Miguel O’Ryan, director de Investigación de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile.

OVALLE: ¿AGUA POTABLE APTA PARA EL CONSUMO?

El 5 de septiembre, cuando la epidemia en Ovalle alcanzó su peak con 833 casos registrados el mismo día, la superintendencia hizo un llamado a la calma descartando que el origen de las intoxicaciones fuera el agua potable (ver comunicado). Ese mismo día, el Seremi de Salud, Osvaldo Iribarren, llamaba a la población a “hervir el agua por al menos cinco minutos antes de tomarla”. Lo hizo en base al análisis de 10 muestras de agua potable recogidas el 3 de septiembre en distintos hogares de Ovalle, las que presentaron niveles de cloro libre residual bajo los parámetros exigidos por la norma que vela por su aptitud para el consumo humano.

La norma chilena oficial NCh 409/1 (ver documento) instruye que “el agua potable distribuida por redes debe ser sometida a un proceso de desinfección, debiendo existir una concentración residual de desinfectante activo en la red de forma permanente”. En el instructivo se establecen los parámetros mínimo y máximo de cloro libre residual en cualquier punto de red: 0,2 mg/lt y 2,0 mg/lt, respectivamente. Siete de las 10 muestras tomadas en Ovalle estaban bajo la norma. Seis de ellas con 0,0 mg/lt y una con 0,1 mg/lt.

Paralelamente, la Seremi tomó muestras de alimentos, principalmente hortalizas y mariscos, para descartar que la epidemia se hubiese producido por consumo de verduras regadas con agua contaminada (como sucedió en Antofagasta) o por consumo de mariscos contaminados con aguas servidas dispuestas al mar. Todas esas muestras salieron negativas para norovirus.

La SISS solicitó a Cesmec, laboratorio acreditado, el análisis de 10 muestras de agua tomadas el 5 y 6 de septiembre en distintos puntos de la red de distribución de Ovalle. Los resultados fueron informados el 10 de septiembre: se descartó la presencia de virus en el agua y se confirmó que la cantidad de cloro libre residual en la red de agua potable estaba en norma (ver comunicado). Las muestras tomadas por la Seremi se recogieron dos y tres días antes que las analizadas por Cesmec y, según un reporte del organismo de salud, se habría dado aviso a Aguas del Valle S.A. el mismo 3 de septiembre para que aumentara el nivel de cloro libre residual en la red de distribución de agua potable.

Sólo dos días después de la entrega de resultados de la SISS, Aguas del Valle S.A. emitió un comunicado desestimando los análisis de la Seremi y avalando los de la superintendencia. En el comunicado se acusó a la autoridad sanitaria de utilizar instrumentos de medición obsoletos: “Hay diferencias entre las mediciones de cloro residual realizadas por la Seremía de Salud y las nuestras. Sólo las de Aguas del Valle y la SISS siguen los estándares de la industria sanitaria. La metodología de muestreo y análisis de Salud es completamente diferente y, en este caso, no cumple el protocolo establecido por la industria”.

En medio de los contradictorios mensajes respecto de la calidad del agua potable, uno de los grandes beneficiados fue el comercio. Durante el brote, según denunciaron algunos vecinos, el precio del agua embotellada se disparó al doble. La crisis de confianza instalada en la población se extiende hasta hoy.

-Yo abrí la llave y venía contaminada. Me enfermé y se enfermó mi familia. Hasta hoy sigo comprando agua embotellada al igual que muchas otras personas –dijo a CIPER Pedro Vargas, vecino de Ovalle, quien aún sigue preocupado por el agua que bebe su familia.

El Instituto de Salud Pública (ISP) fue el encargado de confirmar, a partir de 42 muestras clínicas de deposiciones de pacientes contagiados, que efectivamente se trataba de norovirus. Del total de muestras, 55% salieron positivas. Al mismo tiempo, sus expertos analizaron el agua cruda, es decir antes de ser potabilizada, en varios puntos de captación del río Limarí, encontrando dos muestras positivas para norovirus. Una de ellas correspondió al pozo de captación de la planta Los Peñones y su genogrupo corresponde al encontrado en las muestras de deposición de los afectados.

Los análisis del ISP permitieron llegar al origen del problema. El domingo 1 de septiembre, dos días antes de que estallara la epidemia, se realizó la fiesta religiosa del Niño Dios de Sotaquí, localidad ubicada 7,5 kilómetros aguas arriba de Ovalle, la que reunió a cerca de 10 mil personas. Durante la celebración, se habría producido la descarga de aguas no tratadas en el exiguo caudal del río Limarí, el que alimenta posteriormente a la planta procesadora de agua potable de la comuna.

Con todos esos antecedentes, la Seremi evacuó un informe preliminar el 30 de septiembre, en el que ya se podía vislumbrar que la mano desde la vereda de salud se venía firme para Aguas del Valle:“De acuerdo a las características propias del norovirus, como su resistencia al cloro (1 ppm), su pequeño tamaño (0,7 micrones), la gran cantidad de partículas virales que se eliminan en las fecas de los enfermos (5 billones de partículas virales por gramo de fecas) y el tipo de tratamiento que se realiza en la planta de agua potable de Ovalle, se puede suponer fundadamente que el virus atravesó el lecho filtrante en los drenes de captación de agua, y el nivel de cloración aplicado en los estanques de tratamiento fue insuficiente para eliminar la totalidad de las partículas virales, distribuyéndose en la red de agua potable de Ovalle una cantidad suficiente para iniciar el brote”. (ver informe).

El resultado del sumario entregado este 22 de octubre no hizo más que confirmar la hipótesis levantada por la Seremi el 30 de septiembre. La resolución es taxativa al momento de atribuir la responsabilidad de la epidemia a la sanitaria.  “No puede sino imputarse responsabilidad a la concesionaria (…) por la insuficiencia de nivel de cloración, el que de haber estado dentro de los márgenes legales, podría haber producido la neutralización del virus, labor que le corresponde al sumariado como encargado del abastecimiento de agua potable de la población de Ovalle (…) Dada la repercusión epidemiológica, materializada en más de 4.000 casos, el tipo de actividad ejercida por la infractora y el impacto social causado, la conducta investigada debe ser sancionada con el máximo legal permitido”.

Aguas del Valle S.A. se hizo del contrato de explotación sanitaria para la Cuarta Región en el 2003, por un periodo de 30 años. El derecho de explotación incluyó producción y distribución de agua potable, además de la recolección y disposición de aguas servidas. Según el Sistema de Empresas del Estado (SEP), por esta operación el Estado recaudó un monto total de 3.177.000 UF (más de $53 mil millones, valor UF 2003).

Aguas del Valle S.A. es propiedad de ESVAL S.A. (99%) y Servicios Sanitarios Las Vegas Ltda. (1%). El principal controlador de ESVAL es OTPPB Chile III Ltda., con el 94,19% de las acciones. OTPPB (Ontario Teacher’s Pension Plan Board) es una sociedad canadiense que administra los planes de pensión de cerca de 285.000 profesores activos y retirados de la Provincia de Ontario. Actualmente, la sanitaria cubre las necesidades de 198.636 clientes. Las ganancias de Aguas del Valle solo en 2012 alcanzaron los $8.719 millones, según informa la SISS en su última memoria.

ANTOFAGASTA: BAYESA Y SU “CONDUCTA NEGLIGENTE”

Según un informe del Instituto de Salud Pública (ISP) de agosto de 2010, fueron 31.036 los casos de gastroenteritis aguda por norovirus reportados por los hospitales y consultorios de Antofagasta desde principios de marzo hasta que el virus se batió en retirada al cabo de dos meses.

La resolución sanitaria Nº 1280 del 4 de mayo de 2010 (ver documento), emitida por el Departamento Jurídico de la Seremi de Salud de la Segunda Región, fue lapidaria para Bayesa S.A. Niveles de cloración de agua muy por debajo del estándar y exceso de coliformes fecales detectados en la misma planta de tratamiento de aguas residuales, entre otros puntos de medición. El nivel de coliformes alcanzaba los 1.600 NMP, en circunstancias de que la norma exige niveles bajo 1.000 NMP. Por ello, la empresa fue multada por la Seremi con 500 UTM ($20.365.500, valor actual).

A diferencia de lo que sucedió en Ovalle, el origen de la epidemia en Antofagasta no estuvo asociado al agua potable, sino al consumo de hortalizas crudas regadas con agua residual tratada y que fue suministrada por Bayesa a los agricultores del sector de La Chimba.

Oficinas Bayesa S.A. (Foto: cascal.cl)

Aunque cueste creerlo, el terremoto del 27/F –cuyo epicentro se localizó a casi 1.800 kilómetros de Antofagasta– conspiró indirectamente en el estallido de la epidemia. En Talcahuano, la fábrica de uno de los principales proveedores de hipoclorito de sodio, compuesto necesario para desinfectar el agua servida que Bayesa vende a terceros luego de ser tratada –entre ellos los agricultores de La Chimba–, se vino abajo con el remezón. La situación fue informada por el proveedor a Bayesa el 8 de marzo de 2010. Según consta en el sumario de la Seremi, recién el 15 de marzo la sanitaria puso en aviso a la autoridad de salud, solicitándole permiso para bajar la concentración de cloro de modo de “extender la duración del stock disponible” hasta que se normalice el suministro. Antes de la respuesta de la autoridad, la que increíblemente tardó 14 días y en la que se denegaba la solicitud, Bayesa decidió unilateralmente hacer una prueba “ajustando a la baja la adición de desinfectante a niveles que permitieran mantener los resultados de coliformes fecales por debajo de la norma”.

En agosto de 2010 y tras el análisis de una serie de muestras de agua tomadas en distintos puntos de Antofagasta –realizado junto a expertos de la Food and Drug Administration (FDA) de Estados Unidos– el Instituto de Salud Pública identificó la presencia de norovirus en el afluente y el efluente de la planta de tratamiento de agua servida Bayesa S.A., y también en agua del mar. “Los resultados de laboratorio permiten establecer una relación entre el brote en la población, el agua de una de las plantas de tratamiento de aguas servidas para riego de Antofagasta y el agua de mar, configurándose así una recirculación del agente que habría contribuido a la magnitud del brote en la comunidad”, señala el informe (ver documento).

Para impugnar la multa, la que calificó de “desproporcionada”, Bayesa S.A. inició en el 4º Juzgado de Letras de Antofagasta una acción judicial que luego siguió en la Corte de Apelaciones y finalmente en la Corte Suprema. El fallo emitido en primera instancia el 30 de septiembre de 2011, confirmó la sanción decretada por la Seremi (ver fallo). Lo mismo hizo el 29 de junio de 2012 la Corte de Apelaciones de Antofagasta, al dictaminar que Bayesa incurrió en una conducta manifiestamente negligente que afectó su deber primario de entregar un producto en condiciones mínimas de consumo y la potencialidad de afectar a un gran número de personas” (ver fallo). Finalmente, el 23 de octubre de 2012, la Corte Suprema desestimó el recurso de casación interpuesto por la sanitaria en su último intento por aminorar la multa (ver fallo).

Tanto el sumario de la Seremi como los análisis del ISP fueron contundentes al señalar las irregularidades en la calidad del agua procesada en la misma planta de tratamiento de aguas servidas de Bayesa (avenida Edmundo Pérez Zujovic Nº 6.444). “La baja en la dosificación del desinfectante realizada por Bayesa de forma apresurada, sin esperar respuesta de la Autoridad Sanitaria, provocó el sobrepaso de coliformes permitidos por la normativa sanitaria NCh 1333 of. 78”, sentencia el sumario de salud a partir de seis muestras tomadas en la misma planta de tratamiento el 11 y 18 de marzo de 2010.

Respecto de la fiscalización de las aguas residuales, a la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) le corresponde velar por el cumplimiento de la NCh 1333, la que regula los requisitos de calidad de agua para distintos usos. Allí se establece que los requisitos bacteriológicos del agua de riego destinada al cultivo de verduras y frutas que crecen a ras de suelo -y que habitualmente se consumen en estado crudo- debe ser menor o igual a 1.000 coliformes fecales/100 ml (ver documento). En uno de sus comunicados la SISS señala que el agua evacuada desde los efluentes de las plantas de tratamiento debe ser controlada mediante exámenes periódicos que fiscaliza la SISS (Ordenanza Nº 1817/95)”.

Pese a lo explícito del instructivo, la SISS no sancionó a la sanitaria. Desde la superintendencia se informó a CIPER que el lugar donde se identificó el brote epidémico en Antofagasta, no pertenece al sistema público sanitario por lo que está fuera de su competencia fiscalizadora: “Bayesa tiene dos plantas en el mismo recinto. La del sistema público sanitario es una planta de pre-tratamiento y emisario submarino que es fiscalizada por la SISS. Además, otra pequeña planta que entrega agua para uso industrial y a parceleros, en su oportunidad. La sanción de Salud fue en lo correspondiente a la entrega a parceleros. Esta planta pequeña es fiscalizada, de acuerdo con su competencia, por el Servicio de Salud, quien le ha fijado requerimientos de análisis y frecuencia de muestreo para su control”.

Al cierre de este reportaje, CIPER aún no recibía respuesta de parte de la superintendencia respecto a qué es lo que determina que una planta de tratamiento de aguas servidas pertenezca al sistema público o no y, en definitiva, cuántas son las plantas de tratamiento de agua residual en el país que operan al margen de su fiscalización.

BAYESA MANTIENE LA CONCESIÓN HASTA 2024

Un capítulo aparte fue el que protagonizó Bayesa con la Empresa Concesionaria de Servicios Sanitarios (Econssa) en esta crisis sanitaria. Si bien Bayesa no logró doblarle la mano a la Seremi, sí logró evitar que Econssa finiquitara anticipadamente el contrato que le otorga la concesión para comercializar aguas servidas tratadas con distintos compradores de la región. Una decisión que habría cortado el flujo de las cuantiosas ganancias que le reporta el negocio.

En el punto más álgido de la crisis sanitaria –y semanas antes de que se conociera la resolución sanitaria de la Seremi– representantes de Econssa llegaron hasta la planta de tratamiento de Bayesa en Antofagasta con la intención de rescindir el contrato. Harían efectiva una las cláusulas que la faculta para terminar la concesión de manera anticipada y sin derecho a indemnización. Tal como fue informado a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) el 26 de abril de 2010, Econssa acusaba a Bayesa de graves incumplimientos y de haber incurrido en “actuaciones dolosas” al comercializar aguas servidas tratadas fuera de norma, razones por las cuales pedía el término del contrato(ver documento).

Al día siguiente, Bayesa informó a la SVS que la pretensión de terminar la concesión se basaba en hechos falsos y que llegarían hasta el final si es que el árbitro (Cámara de Comercio) le entregaba la razón a Econssa (ver documento).

Sorpresivamente, el 1 de febrero de 2011 –y luego de llegar a conciliación– Bayesa y Econssa firmaron un nuevo contrato (ver documento) que confirmó al cuestionado operador sanitario hasta el año 2024. Luego de tres dictámenes de la justicia que confirmaron la responsabilidad de Bayesa en la epidemia de norovirus en Antofagasta, la sanitaria -entonces en manos de la inglesa Biwater, hoy propiedad de Sembcorp de Singapur– sigue operando el tratamiento de agua servida en esa ciudad.

Desde Econssa informaron a CIPER que se estuvo dispuesto a seguir con el operador porque se comprometió a cumplir con nuevas condiciones, entre ellas, someterse a un sistema de multas más estricto y poner en marcha un plan de desarrollo. Las cuantiosas utilidades de la empresa han ido en alza. Así lo reflejan sus estados financieros de 2012: Sembcorp Aguas del Norte S.A. (ex Bayesa) tuvo ingresos por $2.492 millones, de los cuales $366 millones correspondieron a utilidades netas.

A diferencia de lo que sucede con Bayesa, el contrato de Econssa con Aguas del Valle es de Transferencia de Explotación (CTE): no contempla sanciones y las cláusulas de caducidad no están sujetas a actuaciones dolosas, sino únicamente a situaciones que inhabiliten al operador para seguir funcionando, tales como quiebra o disolución. Por ello, la epidemia de norovirus que afectó a Ovalle, de responsabilidad de la empresa Aguas del Valle según la autoridad sanitaria, no facultó a Econssa a exigir el término anticipado del contrato.

Es al Presidente de la República, de acuerdo a las facultades de la Ley 19.549 sobre concesiones sanitarias y a un informe técnico elaborado por la SISS, a quien corresponde caducar los contratos de explotación de aquellas sanitarias cuyo servicio “no corresponda a las exigencias establecidas en la ley o en sus reglamentos o a las condiciones estipuladas en el decreto de concesión respectivo”, tal cual instruye el artículo 26 del cuerpo normativo.