El exitoso lobby que tumbó artículos clave de la Reforma al Código de Aguas

En marzo de 2011, se presentó en la Cámara de Diputados una moción parlamentaria para reformar el Código de Aguas, norma que data de 1981. Apenas se conoció el texto que entró a trámite, las alarmas se encendieron en tres sectores clave de la economía: agrícola, minero e hidroeléctrico. La razón: en varios de sus artículos propone una mayor regulación del mercado del agua, limita la sobreexplotación del recurso y le otorga un mayor rol al Estado para intervenir los derechos sin uso en manos de privados. El espíritu de la iniciativa, que busca asegurar un acceso más equitativo al agua para la población, impacta de frente los intereses de esos tres sectores productivos. De allí que rápidamente los gremios empresariales calificaran la reforma como “expropiatoria” e “inconstitucional”.

sequiaUno de los cambios que concitó el mayor rechazo del sector privado es la norma que establece que, en adelante, el Estado otorgue derechos de agua bajo la modalidad de concesiones por 30 años (y renovables), y no a perpetuidad como ha sido hasta ahora. La estimación más aceptada indica que el 90% de las reservas superficiales de agua y el 50% de las subterráneas, ya han sido entregadas a privados. A medida que la reforma avanzó en su trámite legislativo, la reacción de los gremios afectados se hizo sentir.

De acuerdo a la indagación de CIPER, entre fines de 2014 y 2017, representantes del agro, la minería y el sector hidroeléctrico se han reunido en más de 60 audiencias de lobby con ministros, autoridades de gobierno y parlamentarios para instalar sus reparos a la reforma. A ello se agregan decenas de intervenciones en sala durante el trámite legislativo, presencia masiva en medios de comunicación y una campaña a nivel nacional que incluye grandes letreros apostados en la carretera Panamericana con mensajes que califican de “mitos” los nudos que la reforma intenta corregir.

En momentos en que la reforma al Código de Aguas enfrenta semanas clave en el Senado, el despliegue realizado por los gremios empresariales rindió frutos. Hace poco más de un mes, el Ejecutivo introdujo 27 nuevas indicaciones al proyecto. Para los partidarios de la reforma –organizaciones civiles, algunas ONG y parte de los parlamentarios oficialistas– muchas de estas indicaciones fueron formuladas para aplacar la arremetida de esos tres sectores productivos (ver recuadro).

La cruzada del mundo empresarial ha sido liderada por el sector agrícola, titular de más del 70% de los derechos de agua consuntiva a nivel nacional. Sus rostros más visibles han sido Patricio Crespo Ureta, quien hasta abril de este año fue el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) –entidad que reúne a más de 50 asociaciones agrícolas– y Fernando Peralta Toro, líder de la Confederación de Canalistas de Chile (Conca), la que representa a 32 juntas de regantes, principalmente de la zona centro del país.

Peralta –quien se ha reunido una veintena de veces con senadores y diputados– es, además, miembro del directorio del capítulo chileno de la Asociación Latinoamericana de Hidrología Subterránea (Alhsud). Allí comparte asiento con quien estuvo a la cabeza de la Dirección General de Aguas (DGA) hasta marzo de 2014, Francisco Echeverría Ellsworth, y con otro ex DGA: Orlando Acosta Lancellotti, ex director regional del organismo en Tarapacá.  Entre los socios de Alhsud se cuenta a Aguas Andinas, la minera Doña Inés de Collahuasi y el estudio jurídico H2O Abogados, del que Echeverría es socio.

Patricio Crespo, ex presidente de la DGA.
Patricio Crespo, ex presidente de la SNA.

Ni Echeverría ni Acosta han sido meros espectadores en el trámite de esta reforma. En marzo pasado, el primero asistió a la Comisión de Recursos Hídricos del Senado en representación de la Asociación Gremial de Pequeños y Medianos Generadores (GPM); y en julio de 2016, Orlando Acosta se reunió con el diputado Pepe Auth (Independiente) en representación de la Asociación Gremial de Generadoras (Generadoras de Chile) para “exponer puntos de vista” sobre la reforma al Código de Aguas. A esa reunión también concurrió Jaime Espinola, gerente de Asuntos Regulatorios de esa misma entidad, y quien además es asesor de la Sofofa y miembro de la Comisión Asesora Presidencial para el estudio de un Nuevo Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, creada en abril de 2015.

Generadoras de Chile es un peso pesado en el mundo de la producción eléctrica. Entre sus socios se cuenta a la estadounidense AES Gener, titular del proyecto Alto Maipo; Colbún, ligada al grupo Matte; Enel Chile (ex Endesa), la generadora de energía eléctrica más importante del país; la francesa Engie Energía, principal generadora y transmisora eléctrica del Sistema Interconectado del Norte Grande (SING); la multinacional noruega Statkraft Pure Energy titular de las centrales hidroeléctricas La Higuera y La Confluencia;y la australiana Pacific Hydro (adquirida a fines de 2015 por capitales estatales chinos), que opera cinco centrales hidroeléctricas de pasada en la Sexta Región.   

El lobby de este influyente gremio se ha concentrado principalmente entre altos personeros del Ejecutivo. Su plana mayor ha sostenido diversas reuniones con el ex ministro de Energía, Máximo Pacheco; con los ministros Alberto Undurraga (Obras Públicas) y Luis Felipe Céspedes (Economía); y con el subsecretario de Hacienda Alejandro Micco.

Alejandro Micco es apuntado por parlamentarios del oficialismo que han seguido de cerca la tramitación del proyecto, como la caja de resonancia de los gremios productivos y también como uno de los artífices del “frenazo” de indicaciones clave de la reforma.

Otra de las asociaciones gremiales que se puso pintura de guerra contra el proyecto es el Consejo Minero, liderado por el ex presidente de Aguas Andinas, Joaquín Villarino. El consejo reúne a compañías emblemáticas del sector: Barrick, Anglo American, Codelco, BHP Billiton, Glencore, Los Pelambres y Doña Inés de Collahuasi. Ha sido el propio Villarino quien se ha reunido en más de 15 oportunidades con senadores, diputados y funcionarios de gobierno. Ello, sin contar las al menos tres intervenciones que entre 2015 y 2016 han protagonizado miembros del Consejo Minero en la Cámara de Diputados durante la tramitación de la ley.

Allí también asistieron como invitados -y en calidad de expertos-, otros dos ex directores de la DGA: Matías Desmadryl Lira y Rodrigo Weisner Lazo. Ambos abogados manifestaron sus reparos a la reforma. Weisner ha defendido al ex ministro del Interior Edmundo Pérez Yoma (en primer gobierno de Bachelet) en varios litigios por agua y asesora a la embotelladora Compañía Cervecerías Unidas (CCU), filial del Grupo Luksic, en algunos de sus proyectos más emblemáticos. Desmadryl hace lo propio con otro de los buques insignia del Grupo Luksic: minera Los Pelambres.

Weisner, ex director de la DGA entre 2006 y 2010, carga además con otra mochila de asesorías privadas: es gestor de interés ante autoridades de gobierno de empresas hidroeléctricas, agrícolas, inmobiliarias y de transporte.

EL “FRENAZO” DE HACIENDA

El 30 de agosto de 2016, Alejandro Micco intervino en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. El foco de su discurso fue la serie de modificaciones ya introducidas al proyecto de ley en las comisiones de Recursos Hídricos y Agricultura. Y enfatizó en que éstas representaban “cierto nivel de complejidad para el Ejecutivo”. El subsecretario se refirió de manera crítica a tres puntos del proyecto, los mismos sobre los que los gremios productivos han descargado su poder de fuego.

Subsecretario de Hacienda Alejandro Micco (Foto: Enagro).
Subsecretario de Hacienda Alejandro Micco (Foto: Enagro).

En el proyecto, se consagra que prevalecerá el uso de agua para el consumo humano, doméstico de subsistencia y saneamiento, por sobre las funciones productivas, “tanto en el otorgamiento como en la limitación de los derechos de aprovechamiento”. Micco señaló que el planteamiento de los usos específicos eliminaba de alguna forma la “lógica de una asignación eficiente de los recursos hídricos para las funciones productivas que sean más pertinentes para el desarrollo del país”.

También se refirió a la necesidad de revisar la indicación ya aprobada en la Cámara de Diputados sobre el establecimiento de caudales ecológicos mínimos. El problema para Micco era que esa norma garantizaba la “retroactividad”, lo que afectaba directamente a los propietarios de derechos de agua ya otorgados: mineras y empresas agrícolas. Eso significa que, en adelante, el Estado podría entrar a limitar, por ejemplo, la extracción en ecosistemas amenazados o degradados. Si bien el planteamiento de Hacienda no tuvo eco en la Cámara de Diputados, en abril pasado, finalmente, el Ejecutivo introdujo en el Senado las indicaciones que suprimen aspectos clave del caudal ecológico.

En su intervención, Alejandro Micco también criticó la modificación que obliga a las mineras a pedir autorización para explotar las aguas halladas al interior de su faena, indicación fuertemente resistida por el gremio liderado por Joaquín Villarino. El Código de Aguas de 1981 le otorga a los dueños de pertenencias mineras que encuentran agua al interior de su faena, el derecho a explotar el recurso sin informar ni pedir autorización a la DGA. El proyecto de ley no solo obligaba a dar cuenta del hallazgo en un plazo de 90 días, sino también a pedir autorización para su extracción y uso, la que podría ser denegada si ello pone en peligro la sustentabilidad de acuíferos o el derecho de terceros.

En el paquete de nuevas indicaciones introducidas por el Ejecutivo en abril pasado, se elimina la obligación de solicitar autorización a la DGA para utilizar esas aguas.

Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero.
Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero.

Al menos dos autoridades presentes en esa sesión señalaron a CIPER que se produjo una visible tensión entre el ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga (que también estuvo ese día en la comisión), y el subsecretario Micco tras su intervención.

Cuatro días después de su paso por la comisión de Hacienda, Micco asistió como expositor al Encuentro Nacional del Agro (Enagro) en Casa Piedra, instancia anual organizada por la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), liderada entonces por Patricio Crespo.

Micco, que reservó los últimos diez minutos de su presentación para ahondar en la reforma al Código de Aguas, puso paños fríos. “Nosotros entendemos que el mercado del agua tiene que seguir funcionando, que los derechos de propiedad del agua tienen que mantenerse (…) creemos que los cambios que se hagan siempre tienen que ser cambios de aquí en adelante, sin que haya efectos de retroactividad”, señaló. En palabras simples: los derechos ya otorgados –que comprometen al 90% de las aguas superficiales y al menos al 50% de las aguas  subterráneas del país– no se tocan con la reforma.

El subsecretario de Hacienda tranquilizó a los asistentes agregando que aún restaban instancias de conversación con los parlamentarios para revisar con ellos aquellas “indicaciones que pueden tener efectos colaterales que creemos no son los adecuados. Esos temas tenemos que discutirlos de manera más profunda en lo que queda del proceso legislativo”, concluyó.

El aplauso de los asistentes al centro de convenciones de Vitacura fue cerrado. Ese mismo 3 de octubre, la Federación de Productores de Fruta (Fedefruta), gremio asociado a la SNA, publicó una nota en su página web con el título ¿Se desmarca el Ejecutivo de las indicaciones más polémicas del Congreso al Código de Aguas?”, acompañada de una foto del subsecretario Micco (ver aquí).

LA ARREMETIDA DEL AGRO

El sector agrícola ha sido uno de los más activos en los intentos por torpedear los cambios clave de la reforma. En esa ofensiva ha operado a través de dos vías: la SNA y la Confederación de Canalistas (Conca).

La arremetida principal ha sido la de Patricio Crespo, en representación de la SNA, quien ha ocupado en forma persistente los medios de comunicación para instalar el mensaje de que la reforma esconde una expropiación de los derechos de agua (ver aquí). Además de varias intervenciones en sala en el Congreso, Crespo registra audiencias con el director General de Aguas, Carlos Estévez, y con el senador Ignacio Walker (DC). A esas reuniones, se suman varias otras de miembros de juntas de vigilancia y federaciones productivas del país, cuyos líderes forman parte de la mesa directiva de la SNA, con parlamentarios.

riego copesaEl 15 de marzo de 2016, asistieron a la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, los abogados constitucionalistas Juan Colombo –ex abogado integrante de la Corte Suprema y ex presidente del Tribunal Constitucional (TC)– y el también ex ministro del TC, Enrique Navarro. En síntesis, ambos concordaron que en la reforma al Código de Aguas, tal cual estaba planteada a esa fecha, subyacía un peligro latente que amenazaba la protección de la propiedad y que los cambios propuestos no podían desconocer derechos legalmente constituidos.

En una sesión anterior de la comisión de Agricultura de noviembre de 2015, Crespo había citado un estudio en derecho elaborado en marzo de ese año, precisamente por Colombo y Navarro, para dejar consignada la “inconstitucionalidad” del proyecto. Lo que no quedó registrado en las actas de esa sesión, es que ese informe jurídico fue encargado por la propia SNA, en conjunto con las otras ramas de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC).

A los abogados Juan Colombo y Enrique Navarro, se sumaron expertos de otras disciplinas invitados por la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados. El 12 de enero de 2016, asistió el especialista en Recursos Hídricos Pablo Rengifo, quien se refirió a los inconvenientes de establecer caudales ecológicos mínimos de carácter retroactivo y a la necesidad de redefinir esa indicación. Rengifo citó como apoyo un estudio realizado en 2014 por la consultora Arcadis (de capitales holandeses), donde él se desempeña como Gerente de Medio Ambiente. Así quedó consignado en el acta de la sesión.

Lo que no queda claro es a petición de quién Arcadis elaboró ese estudio. Porque Rengifo no solo es gerente de Arcadis, también es presidente de la Asociación Latinoamericana de Hidrología Subterránea (Alhsud), entidad que tiene entre sus directores a los ex DGA Francisco Echeverría y Orlando Acosta (ambos representan intereses opuestos a la reforma), y al presidente de la Conca Fernando Peralta Toro.

CAMPAÑA 360°

Si Patricio Crespo se ha instalado ante la opinión pública como la cara visible del rechazo a la reforma, Fernando Peralta ha cumplido el rol de articulador.

Votación reforma Código de Aguas en la Cámara de Diputados (Fuente: Regantes del Maule).
Votación reforma Código de Aguas en la Cámara de Diputados (Fuente: Regantes del Maule).

Al mando de la Confederación de Canalistas, Peralta fue el responsable de la campaña nacional “Canalistas por una buena reforma al Código de Aguas”, la que se lanzó el 22 de noviembre pasado, el mismo día en que la Cámara de Diputados aprobó la reforma por amplia mayoría.

La campaña está pensada en 360°, vale decir, con instancias para abordar a todas las audiencias involucradas (parlamentarios, otras autoridades, líderes de opinión, periodistas, etc.)”, informó Peralta el 18 de noviembre pasado vía correo electrónico a los 20 directores y más de 30 asociados de la Conca.

Llevamos tres apariciones destacadas en El Mercurio y próxima semana comienza ronda de prensa con otros medios”, puntualizó Peralta en su correo.

La indagación de CIPER arrojó que el presidente de la Confederación de Canalistas registra 19 audiencias de lobby con parlamentarios de todos los sectores políticos en los últimos dos años. Como líder de la campaña de la Conca, las energías de Peralta se han concentrado en la Cámara Alta, donde registra audiencias con los senadores Víctor Pérez (UDI), que ya votó en la comisión de Recursos Hídricos en contra del proyecto, Carlos Montes (PS), Juan Antonio Coloma (UDI), Alberto Espina (RN), Alejandro Guillier (Independiente), Felipe Harboe (PPD) e Iván Moreira (UDI) (ver Nota de la Redacción).

A varias de las audiencias que ha tenido con parlamentarios, Peralta ha ido acompañado de Santiago Matta, consejero de la Conca y gerente de la junta de vigilancia del río Aconcagua (tercera sección), quien además, sigue de cerca el trabajo legislativo en sala. Desde que el proyecto pasó a segundo trámite en noviembre pasado, Matta ha asistido una decena de veces a la Comisión de Recursos Hídricos del Senado, a la que ha ingresado no como consejero de la confederación, sino como director de la “Fundación Libertad”. CIPER no encontró registro de esa entidad. Consultado al respecto, Santiago Matta señaló que se trata de la “Fundación Instituto Libertad Región de Valparaíso”, la que sería un símil del Instituto Libertad, impulsada originalmente por el senador Francisco Chahuán (RN). Matta afirmó a CIPER que la fundación siempre funcionó de manera autónoma al think tank de Renovación Nacional y que actualmente Chahuán no tiene mayor vínculo con ella.

descargaEl senador Chahuán es miembro de la Comisión de Recursos Hídricos del Senado y fue uno de los parlamentarios que se abstuvo en la votación que aprobó la idea de legislar el proyecto. “En caso de ser necesario vamos a recurrir al Tribunal Constitucional”, advirtió.

La arremetida del agro en contra de la reforma al Código de Aguas no ha escatimado en medios. Fernando Peralta es el impulsor de los llamativos letreros camineros de fondo negro, apostados en distintos puntos de la Panamericana Sur, con mensajes que transmiten lo que la Conca llama los “mitos del agua”. En ellos, los canalistas califican de mito, por ejemplo, que el agua sea “una mercadería que se transe en el mercado”; que los dueños de los derechos “especulen con ellos” y que éstos hayan sido regalados a los privados (ver reportaje: La historia del discreto empresario que se transformó en el zar de las aguas en Chile).

SILLA MUSICAL: EL ROL DE LOS EX DGA

Cuatro ex altos funcionarios de la Dirección General de Aguas (DGA), han jugado un papel importante en apoyo a los gremios opositores a la reforma. Dos de ellos, Matías Desmadryl y Francisco Echeverría, fueron directores de esa entidad bajo el gobierno de Sebastián Piñera. Rodrigo Weisner, cumplió idéntico rol durante la primera administración de Michelle Bachelet; y Orlando Acosta fue director de la DGA en la Región de Tarapacá entre 2004 y 2007 (luego fue gerente de Recursos Hídricos de la minera Inés de Collahuasi y de Colbún).

Matías Desmadryl, ex director de la DGA.
Matías Desmadryl, ex director de la DGA.

Acosta ha sido clave para las compañías agrupadas bajo el paraguas de Generadoras de Chile. Como su asesor ha acompañado a los máximos directivos –entre ellos, a su vicepresidente y gerente general de Colbún, Thomas Keller– a la mayoría de las audiencias de lobby que el gremio ha sostenido con las carteras de Hacienda, Economía, Obras Públicas y Energía.

Ejecutivos de Generadoras de Chile también han participado en las comisiones de Hacienda de la Cámara de Diputados y de Recursos Hídricos del Senado, haciendo ver su preocupación por la aplicación “retroactiva” de los caudales ecológicos y por los plazos de extinción por no uso de los derechos ya otorgados. Esas son precisamente dos indicaciones que buscan asegurar la sustentabilidad del recurso y frenar la especulación del mercado del agua.

Matías Desmadryl también intervino en la Comisión de Hacienda de la Cámara, a la que asistió en calidad de abogado y profesor de Derecho de Aguas de las universidades Católica, Finis Terrae y de Los Andes. Allí se refirió a la “inconstitucionalidad” del proyecto y afirmó que la reforma en vez de solucionar los problemas existentes de acceso al recurso, los agravaba. Desmadryl es socio del estudio Carcelén, Desmadryl, Guzmán y Tapia, que asesora a la Asociación de Pequeñas y Medianas Centrales Hidroeléctricas (Apemec), otro de los gremios que ha mostrado los dientes frente a la reforma.

El director de Apemec, Rafael Loyola Domínguez, fue jefe de gabinete del ex ministro de Economía, Pablo Longueira, y seremi metropolitano de Obras Públicas en el gobierno de Sebastián Piñera. En enero de este año, Loyola se reunió con el director nacional de Aguas, Carlos Estévez, para tratar “materias hídricas”. En marzo asistió a la Comisión de Recursos Hídricos del Senado donde hizo hincapié en la incertidumbre que generan ciertos aspectos de la reforma”.

Entre los intereses que representa Desmadryl también están los de minera Los Pelambres, controlada por Antofagasta Minerals (AMSA), del Grupo Luksic. En febrero de este año, el abogado –junto a ejecutivos de AMSA– se reunió con el director de Obras Hidráulicas de Coquimbo. El motivo: exponer el plan de obras en Caimanes, localidad donde se ubica el cuestionado tranque de relaves El Mauro, propiedad de la minera.

Rodrigo Weisner, ex director de la DGA.
Rodrigo Weisner, ex director de la DGA.

Luego de dejar la dirección General de Aguas en 2010, Rodrigo Weisner se enroló en el estudio jurídico Puga Ortiz y ha defendido al ex ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma (sancionado por la DGA en 2013, ver reportaje de CIPER) en varias juicios por derechos de agua. Weisner –que también se explayó en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados sobre las “debilidades del proyecto de ley” y concurrió al Senado en representación de canalistas– también trabaja para el Grupo Luksic asesorando los proyectos de expansión de la CCU, controlada por Quiñenco (ver reportaje de CIPER).

En el último año y medio, en representación de la CCU, el abogado Weisner se ha reunido en al menos seis oportunidades con funcionarios de las DGA –su antigua repartición– y del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). A los intereses mencionados, se suman los que gestiona ante autoridades representando a la Agrícola Valle Nuevo, la Inmobiliaria Quilicura, las juntas de vigilancia de los ríos Copiapó y Choapa, la empresa de combustibles Contracar, la Hidroeléctrica Trueno –del grupo socio de Apemec, Gestión de Proyectos Eléctricos y la generadora Energía de la Patagonia y Aysén, del holding Invercap liderado hasta hace poco por Roberto de Andraca.

Francisco Echeverría fue el último director General de Aguas de la administración de Piñera. Tras su paso por la entidad, se incorporó  al estudio jurídico H20 y asumió como vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Hidrología Subterránea (Alhsud Chile). En marzo pasado, Echeverría asistió a la Comisión de Recursos Hídricos del Senado, como asesor de Carlos Barría, director Ejecutivo dela Asociación Gremial de Pequeños y Medianos Generadores (GPM). La presentación de ese día del director de la GPM se concentró en los “reparos de inconstitucionalidad” de la norma referida a caudales ecológicos, a la inconveniencia de los plazos de duración de los nuevos derechos de agua y a la extinción de estos por no uso.

LA PODA DEL EJECUTIVO EN EL SENADO

Casi cinco meses después de que la reforma al Código de Aguas fuera aprobada el 22 de noviembre por amplia mayoría en la Cámara de Diputados (63 votos a favor/32 en contra), el Ejecutivo ingresó 27 nuevas indicaciones al proyecto.

Una de las que causó mayor rechazo entre los defensores de la reforma, reemplaza la frase “otorgar a los particulares concesiones” –modalidad bajo la que serán entregados los nuevos títulos de agua por un plazo de 30 años– por “constituir derechos de aprovechamiento”. En simple, un retroceso a la redacción vigente y establecida en el Código de Aguas de 1981.

Otra indicación –la que norma las llamadas “aguas del minero”- marcó un primer logro para el Consejo Minero: el Ejecutivo eliminó la modificación que obligaba a las empresas del rubro a pedir autorización para el uso de las aguas halladas en el área de su operación.

También se introdujeron indicaciones que aumentan el margen de tiempo que tendrán los propietarios de los nuevos derechos de agua para mantenerlos en régimen de no uso –lo que abre la puerta a la especulación–, y sin que se extingan. Para los derechos consuntivos (explotados principalmente por el agro y la minería), el plazo aumenta de 4 a 5 años; y en el caso de los no consuntivos (usados por las hidroeléctricas) de 8 a 10 años.

La intervención del Ejecutivo también eliminó una de las modificaciones que causaba mayor rechazo entre los gremios agrícola, minero e hidroeléctrico: la de establecer caudales ecológicos mínimos “en áreas en que exista un ecosistema amenazado, degradado o un sitio prioritario en el que la fuente superficial puede sufrir grave deterioro o esté siendo afectada”. Asimismo, se exceptúa de cumplir con las normativas que sí quedaron en pie sobre caudal ecológico mínimo, a los titulares de derechos de agua para generación hidroeléctrica de hasta 20 mega watts.

NOTA DE LA REDACCIÓN: En el artículo se mencionó originalmente que varias de las reuniones sostenidas por Fernando Peralta habían sido gestionadas por la agencia B2O, que tiene entre sus clientes a la SNA. Desde la agencia B2O señalaron a CIPER que si bien es correcto que asesoran a la SNA, no han hecho ninguna gestión para la Confederación de Canalistas (CONCA) en el contexto de la reforma al Código de Aguas. Tal como está registrado en la página de lobby de la Cámara de Diputados, las reuniones de Peralta con varios parlamentarios fueron solicitadas por María de los Ángeles Naudon quien, de acuerdo a su página de Linkedin, se desempeña como directora de Brand Relations de la citada agencia. Sin embargo, desde B2O afirmaron a CIPER que Naudon dejó de trabajar en la agencia “hace cuatro o cinco años”. 

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Corte Suprema zanjó polémica disputa por derechos de agua en Petorca

Tras una larga batalla judicial, el 3 de mayo pasado la Corte Suprema mantuvo a firme la decisión de la Dirección General de Aguas (DGA) de revocar una serie de derechos de agua entregados en carácter de provisorios a un puñado de empresarios con negocios agrícolas en Petorca, una de las provincias que enfrenta una situación crítica de escasez de agua en Chile.

La resolución N° 1.703 de la DGA data del 13 de junio  de 2014 y en ella se dejaron sin efecto diversos derechos provisionales de agua otorgados por ese organismo sobre acuíferos de los ríos La Ligua y Petorca. El motivo: esos derechos de agua, entregados de manera provisoria, estaban afectando a los tenedores de derechos definitivos otorgados con antelación, entre ellos, pequeños agricultores de la zona.

Entre esos derechos provisorios se encontraban 104,3 litros por segundo de agua entregados entre 2004 y 2007  a la sociedad Agrícola Cóndor, propiedad del ex ministro del Interior bajo el primer gobierno de Michelle Bachelet, Edmundo Pérez Yoma. Otra de las empresas cuyos títulos de agua quedaron comprometidos por la decisión de la DGA fue Agrícola los Graneros, propiedad del cuñado del ex ministro, Osvaldo Junemann.

Ambas empresas habían sido sancionadas con antelación por la DGA (y también por la justicia) por infracciones al Código de Aguas.

Tras la resolución de la DGA, Agrícola La Loica –continuadora de Agrícola Cóndor–, y Agrícola Los Graneros interpusieron sendos recursos de reclamación ante la Corte de Apelaciones de Santiago, la que falló a su favor. Ambas sociedades fueron representadas en tribunales por el abogado Rodrigo Weisner Lazo, quien entre 2006 y 2010 se desempeñó como director de la Dirección General de Aguas (ver reportaje de CIPER).

Las causas se elevaron a la Corte Suprema luego de que la DGA presentara dos recursos de casación en el fondo buscando desestimar la sentencia anterior. El 3 de mayo, el máximo tribunal falló a favor de la DGA por lo que su decisión de revocar los derechos de agua entregados a las empresas de Edmundo Pérez Yoma y de Osvaldo Junemann se mantuvo a firme.

De acuerdo al fallo, la Dirección General de Aguas “obró en el marco de las facultades que la ley expresamente le acuerda y habiendo comprobado en forma previa, mediante Informes Técnicos que constituyen suficiente e idónea fundamentación especializada, la concurrencia del presupuesto de hecho que contempla el artículo 66 del Código de Aguas consistente en que la mantención de los derechos provisionales sí ocasiona perjuicios en los derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas constituidos con anterioridad” (ver sentencia de reemplazo).

El dictamen fue pronunciado por la Tercera Sala de la Corte Suprema, integrada por los ministros Rosa Egnem, María Eugenia Sandoval y Manuel Valderrama y por los abogados integrantes Jaime Rodríguez y Arturo Prado. Prado fue el único ministro de la sala que votó en contra de la decisión adoptada por el tribunal de alzada.

A continuación, les dejamos el reportaje de investigación publicado por CIPER el 19 de marzo de 2014 (“DGA revoca derechos de agua a ex ministro Pérez Yoma y otros empresarios en Petorca”), a pocos días de que la DGA anunciara la decisión de anular los derechos de agua provisionales entregados en Petorca.

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En Petorca el agua está cerca de acabarse. Encarna el rostro más dramático de la soterrada crisis hídrica que vive el país. A pocas horas del cambio de mando, la Dirección de Aguas dejó sin efecto los derechos provisorios de connotados empresarios y políticos ligados a la DC por perjudicar el suministro de terceros y producir el descenso en los niveles de los acuíferos. Son los mismos que han sido acusados de usurpación de agua y que han enfrentado a la justicia por distintas infracciones. Éste es sólo un nuevo capítulo de una larga disputa que no es únicamente atribuible a la falta de lluvias.

Un desierto salpicado por unos cuantos “oasis”. Esa es la imagen con la que algunos vecinos de Petorca, La Ligua y Cabildo suelen describir las consecuencias de la prolongada crisis hídrica que afecta a estas comunas de la Quinta Región. Sólo en los valles altos y las laderas de los cerros la aridez es interrumpida por algunos paños verdes de paltos y cítricos que, mirados a distancia, parecen superpuestos al seco panorama que envuelve a la provincia.

Los efectos de la crisis hídrica en Petorca.
Los efectos de la crisis hídrica en Petorca.

Fuera de esos vergeles, el escenario dominante es más bien desolador. Actualmente, son más de cuatro mil las hectáreas de propiedad de pequeños agricultores que han tenido que ser abandonadas por falta de agua y tres mil los vecinos cuyo suministro depende de camiones aljibes con agua que no viene en condiciones óptimas para el consumo. Centenares de familias han denunciado la proliferación de enfermedades estomacales producto de la mala calidad del agua repartida y que no les alcanza siquiera para satisfacer sus necesidades más básicas. Como tirar la cadena del excusado, por ejemplo.

Por ello, la decisión tomada recientemente por la Dirección General de Aguas (DGA) justo en el ocaso de la administración Piñera y que caducó numerosos derechos de agua entregados provisionalmente por afectar el suministro de terceros, fue recibida con cierto alivio por los vecinos de Petorca.

Los afectados son 27 titulares de derechos de agua, entre empresas agrícolas y personas naturales, que en total estaban autorizados para utilizar 1.057 litros por segundo y ya no podrán hacerlo.

Tal como se señala en el documento técnico Nº 17 de la DGA, enviado a la Contraloría General de la República para la toma de razón el pasado jueves 6 de marzo, “las extracciones de todos los derechos provisionales en los acuíferos La Ligua y Petorca causan perjuicios a los titulares de derechos de aprovechamiento definitivos ya constituidos”. Se agrega que “el impacto es claramente manifiesto en los descensos sostenidos y generalizados de los niveles de los acuíferos (ver resolución).

La decisión, tomada por quien fuera hasta hace unos días director general de Aguas, Francisco Echeverría, compromete directamente los intereses económicos de algunas personalidades vinculadas al gobierno entrante, principalmente a la Democracia Cristiana (DC). Consultado respecto de esta resolución de último minuto, Echeverría señaló a CIPER que ésta responde a criterios exclusivamente técnicos y no políticos.

La lista de titulares cuyos derechos provisionales de agua serán caducados por acelerar el agotamiento de las ya exiguas reservas de los acuíferos de la zona, está encabezada por quien fuera ministro del Interior de Michelle Bachelet entre  2008 y 2010, Edmundo Pérez Yoma (DC), el que en reiteradas oportunidades ha sido acusado de usurpación de agua por vecinos de Petorca. En junio de 2011, la Dirección Regional de la DGA de Valparaíso denunció ante el Juzgado de Letras de La Ligua la “existencia de un pozo que tendría vestigios de un dren” para captar agua de manera ilegal en el predio propiedad del ex secretario de Estado, entre otras irregularidades. Aunque la justicia no pudo comprobar esta acusación, sí condenó a Agrícola Cóndor Limitada, sociedad de su propiedad, al pago de 20 UTM ($825.260 valor actual) por otra infracción al Código de Aguas.

Marcha por la defensa del agua en Petorca (Fuente: Modatima).
Marcha por la defensa del agua en Petorca (Fuente: Modatima).

A Pérez Yoma se suma su cuñado Osvaldo Junemann, propietario de la Sociedad Agrícola Los Graneros Limitada y ex director de Palta Hass Chile, también multado por la justicia en 2011 por “extraer agua sin títulos”. En la lista se encuentra además el ex alcalde de Cabildo Eduardo Cerda Lecaros (DC), hijo del ex diputado por el Distrito Nº 10 en la Región de Valparaíso Eduardo Cerda García (DC). En julio de 2011, la DGA de la Quinta Región denunció a Agrícola Pililén, propiedad del ex parlamentario, su esposa e hijos, por usurpación de agua en Petorca, acusación que fue ratificada por la justicia.

Luego de una batalla de casi ocho años, dirigentes locales toman la decisión de la DGA como un pequeño triunfo. Sin embargo, manifiestan dudas respecto de si el nuevo gobierno tendrá la voluntad política para aplicar la medida tal cual fue decretada por la administración saliente.

Petorca es la provincia de Chile más golpeada por la escasez de agua. Y allí, como en varios otros lugares, la falta de lluvias no es la única responsable. Porque a estas alturas la provincia se ha convertido en una de las víctimas más emblemáticas de la débil y anodina legislación que regula desde hace más de 30 años la gestión de los recursos hídricos en el país. Falta de transparencia y regulación, asignación inequitativa del recurso, explotación indiscriminada y acumulación desmedida con fines comerciales en desmedro de las necesidades básicas de la población son sólo algunos de los perniciosos efectos inoculados por el Código de Aguas impuesto en dictadura y que hasta hoy sigue prácticamente intacto.

LOS CODICIADOS DERECHOS PROVISIONALES

Cuesta creerlo, pero la primera alerta respecto de la crítica situación que hoy viven varias comunas de la Provincia de Petorca fue encendida hace 18 años. Un estudio (minuta técnica Nº13) elaborado en 1996 por la DGA concluyó que el acuífero de Petorca se encontraba en una condición que no posibilitaba “la constitución de nuevos derechos de aprovechamiento de agua subterránea, por sobre el último expediente constituido”. Por entonces,  ya el consumo de agua superaba con creces la recarga natural de los acuíferos.

Con ese antecedente, el 15 de abril de 1997, la DGA declaró al acuífero del valle del río Petorca área de restricción para nuevas extracciones de aguas subterráneas. Años más tarde, en 2004, la misma resolución recayó sobre las aguas subterráneas del acuífero del río La Ligua. Desde entonces, ambos reservorios quedaron cerrados para la solicitud de nuevos derechos de agua.

Amparada en las facultades establecidas en el Código de Aguas –y pese a las evidencias respecto de la depredación de los acuíferos–, la DGA dejó abierta la puerta para seguir entregando derechos de agua, aunque en carácter de provisionales. A diferencia de los derechos permanentes, los provisionales pueden anularse en caso de comprobarse que causen perjuicio a terceros y al equilibrio sustentable de los caudales y acuíferos.

El informe técnico Nº 208 de 2004 dispuso la entrega de nuevos derechos de agua por 1.396 lt/seg en el acuífero de La Ligua y por 588 lt/seg en el de Petorca.

El abastecimiento de agua de 3 mil personas depende de camiones aljibes.
El abastecimiento de agua de 3 mil personas depende de camiones aljibes.

En el reparto de derechos de agua entregados de manera excepcional en la Provincia de Petorca, la sociedad Agrícola Cóndor Limitada recibió la tajada mayor: cuatro derechos por un caudal total de 98 lt/seg, los cuales le fueron entregados entre los años 2004 y 2007.

Agrícola Cóndor fue creada en abril del año 2000, justo un mes después de que su socio mayoritario, Edmundo Pérez Yoma, dejara el cargo de Ministro de Defensa del saliente gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle. El aporte inicial de capital fue de $5 millones. La inscripción de la sociedad en el Diario Oficial señala que tiene entre sus actividades “la explotación de predios agrícolas bajo cualquier forma y la importación, exportación, elaboración y comercialización de productos agrícolas, ganaderos, forestales y del agro”.

Un año más tarde, sólo días antes de iniciar sus labores como cónsul general de Chile en Bolivia bajo el gobierno de Ricardo Lagos, Pérez Yoma creó la sociedad Agrícola La Loica. El 99% del capital inicial fue aportado por Agrícola Cóndor y ascendió a $230 millones de pesos.

Agrícola Cóndor obtuvo sus dos primeros derechos de agua provisionales, por un total de 46.3 lt/seg, en diciembre de 2004. En octubre de 2006 obtuvo el tercero por 30 lt/seg y el cuarto en junio de 2007 por un 28 lt/seg.

Los dos últimos le fueron entregados por la DGA cuando oficiaba como director de la institución el abogado Rodrigo Weisner Lazo. Edmundo Pérez Yoma se desempeñaba por entonces como miembro del directorio de Televisión Nacional de Chile (TVN). Siete meses después de la entrega del último derecho de agua, Pérez Yoma fue nombrado ministro del Interior en el primer mandato de la presidenta Michelle Bachelet.

Según consta en el historial de distintos procesos judiciales, una vez que dejó su cargo en la DGA Weisner comenzó a actuar en calidad de apoderado y testigo defendiendo al ex secretario de Estado en distintas instancias judiciales. Como en aquella patrocinada en 2011 por la misma DGA (institución en la que el abogado fue director entre los años 2006 y 2010) contra Agrícola Cóndor, tras detectar en el predio que explota la empresa tres infracciones al Código de Aguas. También en la querella criminal que el mismo ex ministro interpuso contra Rodrigo Mundaca, uno de los principales activistas de Movimiento por la Defensa del Agua (MODATIMA), tras ser acusado por el dirigente de usurpar agua en la comuna.

Ex ministro Edmundo Pérez  Yoma.
Ex ministro Edmundo Pérez Yoma.

Tal como reveló CIPER en un reportaje reciente, además de defender a Pérez Yoma Rodrigo Weisner asesora actualmente a la Compañía Cervecerías Unidas S.A. (CCU), que proyecta instalar una mega planta en Paine y que necesitará extraer grandes cantidades de agua desde un acuífero que el mismo abogado declaró como área de restricción en 2008, cuando dirigía la DGA. Su trayectoria en la Dirección de Aguas y su reconocida experticia en estos temas le han valido una cotizada reputación en la defensa legal y judicial de intereses privados que comprometen el uso de agua (ver reportaje).

Hoy, Agrícola Cóndor cuenta con poco más de 120 lt/seg de agua con los que satisface las ingentes necesidades de riego de sus 104 hectáreas plantadas con paltos, naranjas y tomates. La resolución de la DGA dejaría a la empresa con poca agua para seguir operando.

Edmundo Pérez Yoma dijo a CIPER que Agrícola Cóndor también se ha visto golpeada por la sequía. Según contó, esta situación los forzó a cortar 15 hectáreas de naranjos y dejar a nivel de tocón (un pequeño tronco pegado a la raíz) 50 hectáreas de paltos. “Producto de la sequía, hace tres años Agrícola Cóndor reorientó su plan de negocios hacia la producción intensiva de tomates, los que requieren mucho menos agua”, relató. Y agregó que en esta nueva etapa productiva, dejaron de utilizar la mayoría de los derechos de agua entregados en carácter de provisionales, por lo que la medida no les afecta en lo inmediato.

-Si a futuro se produjera la recarga del acuífero por lluvias y nos viéramos en la obligación de dejar de utilizar esos derechos provisionales de agua, tendríamos que erradicar completamente las plantaciones de paltos reducidos a tocón –puntualizó Edmundo Pérez Yoma.

La resolución que dejó tramitando en Contraloría el último director de la DGA, compromete también al empresario Osvaldo Junemann Gazmuri. Entre 2006 y 2008, su empresa Agrícola Los Graneros obtuvo nueve derechos de agua por un total de 61 lt/seg.  Junemann, por su parte, obtuvo a título personal 54 lt/seg de agua en 2006.

Agrícola Santa María de Vitahue también aparece en la lista de sociedades cuyo ejercicio de derechos de agua ha afectado a terceros. La sociedad fue creada en 2001, entre otros, por Eduardo Cerda Lecaros (DC), ex alcalde de la comuna de Cabildo. Cerda transfirió en 2004 sus derechos correspondientes al 20% de la sociedad a sus dos hijas entonces menores de edad, actuando desde entonces como su representante. En 2005 Agrícola Vitahue obtuvo 27 lt/seg de agua de manos de la DGA.

MALA DECISIÓN

Luego de que Petorca comenzara a secarse, sólo algunos empresarios agrícolas lograron sortear la crisis. Según apuntan los vecinos, fueron principalmente los nuevos y grandes agricultores que cultivaron en los valles altos y las laderas de los cerros y que se vieron beneficiados por el sobre otorgamiento de agua promovido por la Dirección General de Aguas en 2004. Pérez Yoma, Junemann y Cerda Lecaros, entre otros.

sequia_3Según quien fuera hasta hace poco director de la DGA, Francisco Echeverría, todos los pozos monitoreados por la DGA han ido en continuo descenso desde que comenzaron a ejercerse los derechos provisionales que sustentaron el explosivo desarrollo de la producción agrícola en el sector, desde el 2004 en adelante. Los nuevos cultivos se extendieron sobre suelos de secano, de muy baja humedad, los que requirieron de enormes cantidades de agua para quedar aptos para la producción agrícola de mediana y gran escala.

Respecto de los derechos provisionales de agua entregados a partir de 2004 a empresas y personas naturales, el estudio técnico de la DGA señala que la extracción actual “supera ampliamente los caudales sustentables determinados para cada acuífero” y que su uso causa perjuicio a los derechos de aprovechamiento ya constituidos en La Ligua y Petorca. Concluye que el impacto es claramente manifiesto en el sostenido descenso de los acuíferos de ambas comunas (ver estudio).

Respecto de este estudio, del cual Edmundo Pérez Yoma dijo no tener mayor conocimiento, el ex ministro señaló que Agropetorca, instancia gremial que reúne a algunos productores de la zona, está estudiando acciones legales para revertir la resolución.

–Lo curioso es que hace un año y medio la DGA dijo exactamente lo contrario, es decir, que los derechos provisionales no estaban afectando al acuífero, que no existían datos que lo confirmaran. Ahora emite una opinión completamente distinta. Son dos opiniones contrapuestas emitidas por la misma institución. Si este estudio es serio, está bien hecho y se demuestra que la situación es efectiva, bueno, habrá que acatarlo –dijo a CIPER Pérez Yoma.

Para Echeverría, la entrega de estos derechos fue un error (ver recuadro) y las consecuencias las han pagado aquellos agricultores que contaban con derechos permanentes entregados con anterioridad al sobre otorgamiento de agua autorizado por la misma Dirección General de Aguas en 2004.

A la opinión de Echeverría respecto de la mala decisión de entregar nuevos derechos en Petorca, se suma un lapidario estudio publicado en 2012 por una académica de la Universidad de Reading de Reino Unido, Jessica Budds, en la Revista de Geografía Norte Grande. En él se señala que el estudio hidrogeológico que respaldó la entrega de derechos en carácter de provisionales en Petorca tuvo numerosas limitaciones:

–Primero, falló en reconocer adecuadamente el grado de exactitud en que se reproducía el sistema de agua del valle. Segundo, omitió un análisis de sensitividad y los márgenes de error en los resultados, por lo que la exactitud de las simulaciones es desconocida. Tercero, la calidad de ciertos datos aportados fue deficiente –concluye Budds (ver estudio).

Dirigentes sociales de Petorca celebran la decisión impulsada por Echeverría, aunque con cautela. “Fue durante los gobiernos de la Concertación cuando se sobre otorgaron las cuencas. No estamos seguros de que ahora ellos sean capaces de tocar a quienes hoy forman parte una vez más del gobierno”, dijo a CIPER Luis Soto, dirigente de MODATIMA.

LÍOS JUDICIALES

El sobre otorgamiento de derechos de agua en la zona es sólo una parte del problema de sequía que azota a la Provincia de Petorca. Desde hace años, los principales afectados por esta catástrofe hídrica vienen denunciando la existencia de robo y usurpación del recurso. En mayo de 2011, la DGA difundió los resultados de un estudio satelital en el que se identificó la existencia de al menos 65 drenes enterrados a varios metros de profundidad para desviar y conducir aguas desde ríos y esteros hacia algunos pozos propiedad de privados (ver informe).  En medio de las continuas acusaciones, la DGA tuvo que salir al paso e iniciar una exhaustiva fiscalización.

Tras una visita de inspección a Agrícola Cóndor realizada por personal de la DGA en febrero de 2011, se detectó una serie de irregularidades en el fundo propiedad de Edmundo Pérez Yoma. Entre ellas, vestigios de un dren para captar aguas y conducirlas hacia un pozo en el predio; la modificación del cauce del estero Los Ángeles y una captación abastecida de aguas transportadas por tuberías de aproximadamente un kilómetro de longitud.

El 5 de abril del mismo año se llevó a cabo una nueva inspección por parte de la DGA. La historia ya es conocida. Muchas de las irregularidades detectadas en la primera visita habían sido “corregidas”. Así se señala en la resolución Nº 1.529 del organismo. “Todos los dispositivos fueron removidos del lugar, por lo tanto al momento de practicarse esta última inspección, la DGA no pudo constatar la extracción de aguas desde dicha obra” (ver resolución).

EMBALSE RECOLETA005.JPGLa DGA igualmente llevó a la justicia a Agrícola Cóndor por “no contar con las autorizaciones pertinentes para ejecutar trabajos y obras en el cauce del Estero Los Ángeles”, señala el dictamen (ver documento). Utilizó como prueba la presencia de una tubería encontrada en el cauce del estero.  El 12 de marzo de 2013, la empresa de Pérez Yoma fue multada con el pago de $825.260.

–En mi propiedad no se ha encontrado ningún dren. Producto de la sequía yo le compré agua a un vecino y nosotros tiramos una cañería para traerla hacia nuestro predio. Todo de manera legal con los títulos correspondientes. A nosotros nos multaron por no pedir permiso para tirar la cañería, no por usurpar agua. Creímos de buena fe que no era necesario pedir permiso para eso y todavía lo creemos –se defiende Pérez Yoma.

Respecto de los informes de la DGA en los que primero se constatan vestigios de un dren ilegal para captar agua y llevarla a un pozo en su predio, y luego se le acusa de ocultar las pruebas, el ex ministro señala enfático: “Sólo se está sugiriendo una situación. No pueden hacer eso, es una mariconada. La justicia finalmente desechó las acusaciones y nos dio la razón”.

En julio de 2011, Agrícola Pililén, de propiedad del ex diputado DC Eduardo Cerda García y su familia, tuvo que enfrentar a la justicia por “extraer agua subterránea desde cuatro pozos por un caudal mayor al autorizado”, infringiendo 11 artículos del Código de Aguas. Mientras fue parlamentario, Cerda no tuvo problemas para integrar en la Cámara la Comisión Investigadora de extracción Ilegal de aguas y áridos en los ríos del país. Cuando se inició el proceso judicial, Cerda tuvo que inhabilitarse. Según señaló a Radio Biobio, “todo obedeció a un ataque personal, sólo por ser político” (ver nota).

En mayo de 2013, el Juzgado de Letras de La Ligua multó a Pililén con 15 UTM ($618.945, valor actual). La justicia fue clara en señalar que la empresa agrícola de propiedad de la familia Cerda Lecaros extrajo agua ilegalmente. “Sobre cerca del 600% de lo autorizado”, dice el dictamen (ver documento). La sentencia recorrió un largo camino en tribunales. Tras el rechazo por parte de la Corte Suprema de un recurso de reposición presentado por la denunciada, el 14 de marzo de este año el juzgado de La Ligua mantuvo a firme y ejecutó la sentencia de primera instancia contra Agrícola Pililén.

Suerte similar corrió Agrícola Los Graneros. En mayo de 2009, la DGA envió al Juzgado de Letras de La Ligua una resolución en la que pedía multar a la sociedad propiedad de Osvaldo Junemann por “extracción sin título de aguas subterráneas en el acuífero del río La Ligua”. En agosto de 2011 la agrícola fue condenada a pagar una multa de $825.260 a beneficio fiscal por “la extracción no autorizada de aguas subterráneas, hecho ocurrido dentro del territorio jurisdiccional del tribunal”, señala la resolución (ver documento). Tras el fallo, Agrícola Los Graneros también recurrió a instancias judiciales superiores. En mayo de 2012, la Corte Suprema desestimó por “manifiesta falta de fundamentos” un recurso de casación interpuesto por la denunciada con el que buscó anular la sentencia, según se lee en el dictamen del máximo tribunal.

Otra de las sociedades involucradas en el extenso capítulo de anomalías detectadas por la DGA en Petorca fue Agrícola Liguana, propiedad del ex intendente de Santiago, Marcelo Trivelli Oyarzún y sus hermanos. Según la Resolución Nº 1481 de la DGA, fechada el 10 de mayo de 2011, la empresa construyó un pozo y un dren alimentador sin autorización, modificando el cauce del estero Alicahue. La DGA pidió multar a la empresa por infringir el artículo Nº 32 del Código de Aguas, sin embargo la causa no prosperó en la justicia.

Francisco Echeverría, ex director de la DGA:“El Código de Aguas nos obliga a tomar esta decisión”

echeverria-¿En qué se basa la decisión de revocar los derechos provisorios?
Hicimos una serie de estudios con bastante profundidad en el sector. Estos arrojan que en todos los escenarios los derechos provisionales están afectando seriamente el ejercicio de los derechos definitivos previamente constituidos en los acuíferos.

-¿Qué impacto tendrá esta medida?

Lo que busca es que los derechos definitivos, aquellos otorgados con antelación a la resolución de zona de restricción, puedan volver a ejercerse. Y también busca la sustentabilidad del acuífero. Si bien el sobre otorgamiento de derechos de agua en la zona no lo podemos revertir con esta medida en un 100%, la situación mejora considerablemente. Lo que nosotros no podíamos hacer era dejar estos derechos provisionales en ejercicio, ya que efectivamente estaban causando perjuicio a terceros.

-¿Por qué se toma esta decisión ad portas del cambio de gobierno?
La verdad es que la DGA es un organismo técnico. No tiene que ver con una situación de cambio de gobierno. La DGA tiene que tomar decisiones en la medida en que tenga la información técnica que justifique esas decisiones. Hay que tener un sustento técnico contundente y eso apareció recién ahora con los estudios que comenzaron a realizarse varios meses atrás.

-Lo pregunto porque hay personas ligadas al actual gobierno entrante que se ven comprometidas con esta decisión.

Contamos con los informes recién ahora y nuestras decisiones siempre han sido técnicas. El artículo Nº 66 del Código de Aguas permite a la DGA limitar o dejar sin efecto los derechos de agua provisionales si es que se comprueba la afectación de derechos definitivos,  y eso es lo que ocurre en esta situación. El Código de Aguas nos obliga a tomar esta decisión.

-¿No existían ya los antecedentes para haberla tomado mucho antes? Hay personas que vienen pidiendo la revocación de estos derechos desde 2010.
La verdad es que por mucho que uno hubiera visto estas situaciones de escasez en la provincia, ciertamente uno los podría haber asociado a la sequía que ya por quinta temporada afecta al país. Lo que nosotros necesitábamos era determinar que la situación era estructural. Aquí, haya o no sequía, los derechos provisionales están afectando a los derechos definitivos.

-¿Desde cuándo el ejercicio de derechos provisionales está afectando la disponibilidad de agua en la zona?

Todos los pozos de monitoreo que hemos estudiado van en franco descenso y eso a partir de que empiezan a ejercerse los derechos provisionales y empieza a haber un desarrollo más intensivo de la producción en el sector. Hoy, los estudios nos muestran que los derechos provisionales están siendo satisfechos y los derechos definitivos no lo están siendo por culpa del ejercicio de los primeros. Y eso no lo podemos permitir desde un punto de vista técnico y jurídico.

-¿Fue un error haber entregado esos derechos provisionales?

Las modelaciones dan cuenta de que sí. A lo mejor, eso no se sabía al momento en que se otorgaron. Aquí tenemos un hecho patente basado en informes técnicos: y es que efectivamente los derechos provisionales estaban causando perjuicio y había que dejarlos sin efecto.

-¿Podría quedar esta medida sin efecto a futuro?

Mientras se mantenga como área de restricción, no deberían volver a otorgarse derechos provisionales en la zona porque el acuífero está sobre otorgado y no hay mayor disponibilidad de agua.

Empresario formalizado por “Milicogate” es proveedor estrella de Carabineros

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El elegante condominio de altos oficiales de Carabineros que no pagan contribuciones

El fraude que remece a Carabineros y que ya escala a los $16.500 millones, ha puesto el foco en una unidad clave de la policía uniformada: la Dirección de Intendencia. La investigación en curso está desnudando la existencia de una cofradía –que podría llegar a 60 uniformados y civiles– concertada para delinquir. La cifra de este mega fraude supera tres veces los ilícitos cometidos por miembros del Ejército con los fondos de la Ley Reservada del Cobre (“Milicogate”), convirtiéndose así en uno de los mayores desfalcos a una institución pública en la historia reciente de Chile.

Si se contrasta la cuantiosa cifra del desfalco con los millonarios fondos que recibe anualmente Carabineros vía Ley de Presupuestos, el ilícito adquiere otra dimensión. Porque esos $16.500 millones representan menos del 1,6% del total de los dineros aprobados por Hacienda para la institución en 2017 (más de un billón de pesos). En la última década las platas que el Fisco entrega a Carabineros se triplicaron y fue en ese océano de dineros que el robo de los hasta ahora $16.500 millones se licuó sin que nadie le pusiera freno.

Control de detencion de los 17 detenidos debido a la investigacion por fraude financiero en Carabineros.Lo grave es que, en paralelo al aumento explosivo del presupuesto de Carabineros, también crecieron las evidencias de la falta de controles y del desorden administrativo en el manejo de los fondos institucionales. De ello dan cuenta las más de 40 alertas, principalmente de la Contraloría General de la República, que advirtieron de múltiples irregularidades en distintas unidades de la policía uniformada (ver reportaje de CIPER).

Protagonista de esos informes de Contraloría ha sido la Dirección Nacional de Logística y, en particular el L3, como se conoce al Departamento de Transportes de Carabineros, unidad que maneja un presupuesto anual superior a los $7.600 millones para la reparación y mantención de los casi 10 mil vehículos –patrullas, furgones, carros blindados, lanza agua y buses, entre otros– de la institución.

En varios de esos informes aparece de manera recurrente la sociedad Inversiones y Comercio Capellán, constituida en agosto de 2009 y vinculada a Raúl Fuentes Quintanilla, dueño de un pequeño feudo de talleres mecánicos en Conchalí, cuyo principal cliente es precisamente el L3. Otro de los históricos contratistas de Fuentes Quintanilla ha sido el Ejército. Pero el negocio se vino abajo el 16 de enero de 2016: el empresario fue formalizado por el Ministerio Público por los ilícitos del “Milicogate”, al facilitar 128 facturas falsas a la institución castrense por más de $2 mil millones, las que simulaban reparaciones y ventas de repuestos para vehículos militares que nunca se materializaron.

Fuentes Quintanilla es el acusado en dos querellas del Servicio de Impuestos Internos (SII): una por su rol en el fraude del Ejército, y otra por la venta de facturas falsas a un empresario transportista. Fueron 488 los documentos sin respaldo transados por Fuentes. La operación, que se llevó a cabo entre 2007 y 2010, causó un perjuicio fiscal que el SII estima en más de $1.800 millones. “Las facturas me las entregó Raúl Fuentes Quintanilla, no recuerdo cuánto le pagué por ellas, pero sí que yo iba personalmente a retirarlas en su local en Vivaceta”, confesó el empresario transportista (ver querella del SII).

Pese a que está involucrado en dos fraudes que suman casi $4 mil millones en pérdidas para el Fisco, y que está formalizado hace más de un año por la Fiscalía Centro Norte, Fuentes Quintanilla ha seguido siendo uno de los proveedores predilectos del Departamento de Transportes de Carabineros. De hecho, los montos con los que lo ha beneficiado la policía uniformada entre 2010 y 2014 casi duplican a los del Ejército.

La ley no nos permite colocar barreras de entrada a los proveedores. Si está habilitado en Mercado Público, no podemos marginarlo –señaló a CIPER un policía del Departamento de Compras Públicas de la institución.

Inversiones y Comercio Capellán, Vivaceta 3214 (Conchalí).
Inversiones y Comercio Capellán, Vivaceta 3214 (Conchalí).

Desde que fuera formalizado en enero de 2016 por fraude reiterado al Fisco, empresas vinculadas a Fuentes Quintanilla han obtenido licitaciones del L3 por más de $460 millones. La última, adjudicada hace menos de dos semanas. Pero sus lazos con la unidad de Transportes de Carabineros son mucho más profundos: de acuerdo a la indagación de CIPER, Fuentes Quintanilla y sus hijos se han vinculado al L3 desde enero de 2006 a través de cuatro sociedades: Raúl Fuentes Quintanilla; Repuestos Automotrices; Inversiones y Comercio Capellán; y Maquinarias y Repuestos Automotores.

En total, desde 2006 a la fecha, Carabineros le ha adjudicado al clan Fuentes –que en varias ocasiones concurre con dos e incluso tres de sus empresas– 651 licitaciones por más de $3.100 millones. En promedio una licitación por semana, llegando a adjudicarse hasta media docena de contratos en un mismo día por más de $100 millones. La cifra no considera otros montos obtenidos vía trato directo por el empresario. Más del 90% de esos dineros provienen precisamente del L3, ubicado en Vivaceta 2700 (Independencia), a solo cuadras de los talleres mecánicos de la familia Fuentes.

CIPER revisó más de 600 licitaciones en las que el L3 y Carabineros favorecieron a Fuentes Quintanilla. En una treintena de casos, el L3 le validó y aprobó ofertas económicas que superaban en hasta 10 veces el valor original de la licitación. El rastreo de CIPER también detectó que en más de una decena de adjudicaciones, jugó un activo rol el capitán Francisco Estrada Castro, hoy en prisión preventiva y pieza clave de la llamada “mafia de Intendencia”, protagonista del desfalco que hoy tiene a Carabineros en una de sus peores crisis institucionales (ver recuadro).

“LAS VAY A PAGAR SAPO C…”

Al cúmulo de irregularidades detectadas en el L3 por la Contraloría y también por dos completos informes de prensa (The Clinic en diciembre de 2015 y Contacto en noviembre de 2016), se suma una querella por cohecho presentada hace algunos meses por el dueño de una de las empresas proveedoras de repuestos para el L3, Manuel Ayala Almarza.

Ayala conoce bien el L3. Fue carabinero durante 27 años y trabajó en esa misma unidad. En 2010, ya en retiro y a través de la sociedad Sumicar (de la que es socio), se convirtió en uno de sus proveedores.

Hoy Ayala evita trasladarse solo. Hace unos días –y poco después de que estallara el escándalo en Carabineros– dejó constancia en el Ministerio Público de una serie de amenazas que acusa haber recibido vía WhatsApp y que estarían vinculadas a la querella que presentó el 5 de diciembre pasado. En el escrito judicial, Ayala identificó a un puñado de funcionarios del L3 como parte de una red ilícita que se habría beneficiado en complicidad con algunos talleres mecánicos. Capellán, de Fuentes Quintanilla, sería uno de ellos.

Los mensajes anónimos enviados al teléfono de Manuel Ayala, a los que tuvo acceso CIPER, son de grueso calibre.  En uno, fechado el 15 de abril, se lee: “Maldito traidor (…) las vay (sic) a pagar todas sapo c…”.

Departamento de Transportes, Vivaceta 2700 (Independencia).
Departamento de Transportes de Carabineros, Vivaceta 2700 (Independencia).

En la querella, Ayala acusa al cabo Luis Candia, encargado de coordinar el trabajo del L3 con los talleres mecánicos, de ofrecerle abultar el monto de las facturas y repartirse el excedente. En su declaración ante el Ministerio Público, Ayala señaló: “El 13 de noviembre de 2013, se acercó el cabo Luis Candia y (me dijo) si quería aumentar mi facturación y mis ganancias, lo que hacían con los otros talleres lo podían hacer conmigo. (Para eso) tenía que pasarle la ‘Solicitud de Taller Externo’ de Carabineros, más la hoja de cobro de la empresa, que se entregaba a Carabineros con cada vehículo reparado los días jueves. Ellos modificarían la solicitud de taller externo, donde se indican los servicios requeridos, agregando nuevos servicios que nunca se iban a prestar, sino que solo tenían como objeto inflar la facturación”.

Junto con describir cómo operaba el presunto fraude en complicidad con los talleres mecánicos, Ayala consignó en su declaración que el cabo Candia le mencionó que venía de parte del suboficial Mario Ortega y del sargento Alejandro Yáñez, del Departamento de Transportes, y que el 50% del dinero obtenido por la falsa facturación se repartiría entre los tres.

En la declaración de Ayala, también surgió el nombre del coronel Luis Torres, quien se ha desempeñado como jefe subrogante del L3. El propietario de Sumicar reprodujo un diálogo que tuvo con un suboficial de Carabineros a quien el coronel Torres le habría ordenado ingresar repuestos por más de $84 millones al sistema computacional con el que se gestiona el stock de bodega del departamento, y luego simular, en el mismo sistema, el egreso de esos repuestos asociándolos a un vehículo policial que nunca los recibió.

En la querella se solicita que la Fiscalía tome declaración a los policías Candia, Ortega, Yáñez y también a quien hasta el año pasado se desempeñó como jefe del L3: el coronel Patricio Carrasco Gesche.

CIPER consultó a Carabineros si la salida del coronel Carrasco del Departamento de Transportes tuvo relación con su gestión al mando de esa unidad. La institución solo se limitó a informar que Carrasco cumplió los 29 años y seis meses válidos para su retiro. Respecto de si los otros funcionarios mencionados por Ayala continuaban en servicio, no hubo respuesta.

Lo que sí es efectivo es que Carabineros ha presentado en los últimos meses tres denuncias ante el Ministerio Público vinculadas a irregularidades que involucran a funcionarios del L3.

EL FEUDO FUENTES QUINTANILLA

La revisión de CIPER de las adjudicaciones del L3 de Carabineros a las empresas vinculadas a Raúl Fuentes Quintanilla, da cuenta que en prácticamente la totalidad de esos procesos licitatorios la unidad de transportes operó al margen de instancias superiores de control. En su mayoría son licitaciones de hasta 500 UTM (poco más de $23 millones), monto máximo establecido por la Dirección de Logística de la institución para que esa unidad licite sin que intervenga la Dirección de Compras Públicas de Carabineros. Al ser licitaciones por montos menores a las 1.000 UTM, no requieren además de toma de razón de Contraloría.

El límite de las 500 UTM no siempre se respetó. El 7 de diciembre de 2012, por ejemplo, el L3 le adjudicó a Inversiones y Comercio Capellán una licitación por $32,6 millones. La Dirección de Compras Públicas debió haber administrado ese proceso, pero no lo hizo (ver adjudicación).

Repuestos Automotrices, Independencia 4257 (Conchalí).
Repuestos Automotrices, Independencia 4257 (Conchalí).

Cuatro sociedades ligadas al clan Fuentes han operado históricamente con el L3 de Carabineros. Inversiones y Comercio Capellán se ha adjudicado 233 licitaciones por $2.300 millones entre abril de 2011 y abril de 2017. Fue constituida en agosto de 2009 por Katherine Fuentes Campusano y Nicole Fuentes Chávez (hijas de Raúl Fuentes). Una segunda sociedad es Repuestos Automotrices (A y A), creada en abril de 2004 por Raúl Fuentes Quintanilla y su hijo César Fuentes Campusano, también formalizado por el Ministerio Público en el “Milicogate”. Entre enero de 2006 y febrero de 2017, A y A ha obtenido 82 licitaciones de Carabineros por más de $244 millones. Otra de las sociedades de la familia Fuentes detectadas por CIPER es Maquinarias y Repuestos Automotores. Constituida en enero de 2012 por Katherine y Nicole Fuentes, registra 16 ventas a Carabineros, la mayoría en 2017, por $71 millones. Hasta mayo de 2011, Raúl Fuentes Quintanilla, como persona natural, también figura como proveedor del L3 de Carabineros con 321 licitaciones por más de $580 millones.

Todos los talleres de la familia Fuentes orbitan en torno al L3, ubicado en Vivaceta 2700 (Independencia). Capellán funciona en Vivaceta 3214 (Conchalí), en el mismo garaje donde se ubica Maquinarias y Repuestos Automotores, cuya numeración corresponde al 3230. El taller de A y A está a pocas cuadras de allí, en Independencia 4257 (Conchalí).

En decenas de licitaciones del Departamento de Transportes, el clan Fuentes apostó fuerte. CIPER identificó numerosos procesos en los que Fuentes Quintanilla ofertó a través de dos e incluso tres de sus empresas al mismo tiempo, construyendo una competencia artificial con la que se habría asegurado contratos. Un ejemplo: el 6 de diciembre del año pasado, Carabineros le adjudicó por trato directo un contrato a Repuestos Automotrices (A y A) para reparar un vehículo fiscal.  Además de A y A, la institución consideró la oferta de otras dos sociedades de Fuentes Quintanilla: Capellán y Maquinarias y Repuestos Automotores. A y A presentó un oferta levemente más baja y se quedó con el contrato (ver documento).

CIPER consultó a Carabineros por qué validó con puntaje máximo en al menos 30 licitaciones las ofertas de las sociedades de Fuentes, a pesar de que fueron hasta 10 veces por sobre el monto original de la licitación. El 13 de diciembre pasado, por ejemplo, Capellán concurrió a la licitación “Suministro, mantención, reparación y repuestos para la flota de autos comando de cargo de Carabineros”. El monto fijado era de $18 millones (sin IVA). Sin embargo, en el acta de evaluación Capellán aparece ofertando $248 millones y obteniendo puntaje máximo en el ítem “evaluación económica” (ver documento).

Desde la institución respondieron a través de un comunicado: “Respecto de lo que usted menciona como ‘incongruencia’ sobre la validación de la oferta, versus la adjudicación, es preciso señalar que la ley no establece que la recepción de ofertas necesariamente deba ser por el monto final de la adjudicación (500 UTM)” (ver respuesta completa de Carabineros).

Maquinarias y Repuestos Automotrices, Vivaceta 3230 (Conchalí).
Maquinarias y Repuestos Automotrices, Vivaceta 3230 (Conchalí).

En los más de 30 casos donde las ofertas de Capellán superan ampliamente el monto de la licitación, siempre la empresa de Fuentes Quintanilla obtuvo puntaje máximo. Lo extraño es que el 5 de abril pasado, en una de las últimas licitaciones que ganó Capellán, uno de los proveedores en competencia ofertó un monto por sobre el tope estipulado, tal como lo ha hecho Fuentes en decenas de oportunidades. La oferta económica de ese proveedor fue declarada inadmisible. La razón: “(la) oferta sobrepasa monto disponible $2.900.000 IVA incluido” (ver acta de evaluación).

En la declaración de Manuel Ayala ante el Ministerio Público, el ex carabinero y dueño de Sumicar apuntó a Capellán como una de las empresas cuyos empleados concurrían al L3 para evaluar los vehículos policiales y realizar diagnósticos  “a la medida”. Con esa información, el Departamento de Transportes armaba las licitaciones. “Se ganaban las licitaciones de autos que ellos mismos evaluaban”, dijo Ayala.

Quizá eso pueda explicar por qué a veces los talleres de Fuentes Quintanilla ofrecían plazos de entrega mucho más convenientes que los de su competencia. En abril del 2012, por ejemplo, Capellán ofertó tres días de entrega versus los 40 que ofrecía su competidor (ver documento).

Pese a las sirenas que suenan en el L3 desde hace varios años por distintas irregularidades, en 2016 Carabineros decidió profundizar la autonomía con la que opera ese departamento: ahora está autorizado para licitar por montos ya no de 500 sino de hasta 1.000 UTM.

DEL “MILICOGATE” AL “PACOGATE”

La recurrencia de patrones en la relación de Fuentes Quintanilla con el Ejército y Carabineros, está desde hace varios meses bajo la lupa del Ministerio Público y la Contraloría.

Contralor Jorge Bermúdez.
Contralor Jorge Bermúdez.

A mediados de 2016, el contralor Jorge Bermúdez encendió las alarmas en su intervención en la comisión de la Cámara de Diputados que investigó el fraude en el Ejército, episodio en el que Raúl Fuentes y su hijo César están formalizados por fraude al Fisco: “Existen análogas observaciones (irregularidades en la rendición de cuentas) a propósito de gastos que no derivan de la Ley Reservada del Cobre, sino que de la Ley de Presupuestos, situación que también sucede en Carabineros de Chile.

El contralor citó a Capellán como una de las empresas bajo investigación que más había vendido bienes y servicios a ambas instituciones entre 2010 y 2014, con adjudicaciones por más de $3 mil millones. En ese periodo, las compras de Carabineros a Capellán casi duplican a las del Ejército (ver informe).

En la investigación por el fraude en la institución castrense, la Fiscalía ya ha logrado acreditar que ni Capellán, ni el resto de empresas ligadas a Fuentes Quintanilla, contaban con stock de productos para atender la demanda del Ejército. Idéntica es la situación en el caso de Carabineros. Ninguna de las empresas registra, además, importaciones de repuestos.

También se ha establecido otro patrón que Fuentes replicó con calco en su relación de negocios con los militares y la policía uniformada. Sus movimientos bancarios indican que cada vez que recibía depósitos de la cuentas del Banco Estado de cualquiera de las dos instituciones, el empresario retiraba el dinero en efectivo y en montos fraccionados. En el caso del Ejército esas platas fueron a dar en cuotas a los bolsillos de al menos tres suboficiales del Ejército.

En el caso de Carabineros, la ruta final de esos dineros aún permanece en una nebulosa.

LAS LICITACIONES DEL CAPITÁN ESTRADA

Capitán Francisco Estrada Castro (Fuente: Youtube Poder Judicial)
Capitán Francisco Estrada Castro (Fuente: Poder Judicial)

Entre los funcionarios de Carabineros que aprobaron contratos para las empresas de Raúl Fuentes Quintanilla, se asoma el nombre de un policía que lleva varias semanas en los medios de prensa: el capitán Francisco Estrada Castro.

Estrada fue uno de los ocho ex uniformados que quedaron en prisión preventiva a mediados de marzo por su participación en el millonario fraude al interior de Carabineros. La Fiscalía lo identificó como uno de los principales integrantes de la “mafia de Intendencia”, el grupo que operaba en el Departamento de Finanzas de la institución.

El rol del capitán Francisco Estrada era clave. Una de sus tareas era recolectar el dinero defraudado, lo que, según la Fiscalía, lo ubica en la cúspide de la pirámide de la asociación ilícita junto al general Flavio Echeverría, el coronel Jaime Paz Meneses y el comandante Héctor Nail, todos en prisión preventiva hace más de un mes (ver reportaje de CIPER).

La indagación de CIPER indica que Estrada participó en al menos 10 licitaciones por más de $40 millones en total, adjudicadas a Inversiones Capellán, Repuestos Automotrices y Maquinarias y Repuestos (2015-2016). Su  firma quedó estampada en las actas de evaluación, el documento que califica a cada oferente según los requerimientos establecidos y entrega las pautas para seleccionar al proveedor más conveniente. En esos registros se le identifica como capitán de Intendencia y jefe de sección, aunque no se especifica de cuál.

El objeto de dichas licitaciones era reparar vehículos dependientes de la Prefectura de Fuerzas Especiales de la Zona Metropolitana. La última firma del ahora ex capitán data de noviembre de 2016, fecha en que ya había comenzado la investigación del Ministerio Público por el millonario fraude en Carabineros.

El negocio de la sequía: el puñado de empresas de camiones aljibe que se reparte $92 mil millones

La prolongada crisis hídrica que azota al país desde hace varios años –y que no es solo atribuible a la falta de lluvias (ver reportaje de CIPER)– tiene una contracara: el pujante y lucrativo negocio del transporte y distribución de agua potable. La información recogida por CIPER en la Oficina Nacional de Emergencias (Onemi) e intendencias y gobernaciones regionales, indica que entre 2010 y agosto de 2016, el Estado ha desembolsado más de $92 mil millones en el arriendo de camiones aljibe. El objetivo: suministrar agua a más de 400 mil habitantes de 175 comunas del país (ver gasto por regiones).

De esos $92 mil millones para contratar camiones aljibe, un 25% ha sido destinado a la Región del Biobío, donde la falta de agua potable afecta a más de 40 mil habitantes de 45 comunas. La indagación de CIPER detectó que en la nómina de proveedores contratados por esa intendencia regional para transportar y distribuir agua potable, solo figuran dos empresas en los últimos siete años.

Ambas empresas pertenecen al mismo dueño: un transportista e importante dirigente gremial de la zona, quien se ha visto beneficiado con contratos por más de $23 mil millones, la mayoría adjudicados por trato directo.

Esa realidad contrasta con lo que sucede en la vecina Región de La Araucanía, donde la investigación de CIPER constató contratos con más de 220 proveedores de camiones aljibe en el mismo periodo.distribucion_agua_2 No es lo único llamativo de los datos de la Región del Biobío. De la información entregada por la intendencia regional, se desprende que en 2013 se invirtieron $3.533 millones en el arriendo de camiones aljibe para abastecer a 45.341 personas. Al año siguiente (2014), el monto subió a $6.562 millones, pese a queel suministro de agua potable solo llegó a 41.784 personas, 3.500 menos que el año anterior.

No existe a la fecha ningún respaldo que acredite que ese número de personas (las de 2013) realmente existió”, contestaron por escrito desde la propia intendencia, tras ser consultados sobre las bruscas variaciones en los datos oficiales que ellos mismos entregaron a CIPER.

Diferencias sustantivas en los precios de arriendo de camiones aljibe también se detectaron en la Región del Maule, donde se han firmado contratos con 37 proveedores en el periodo 2010-2016. La comparación de los datos entregados a CIPER por las gobernaciones regionales arroja millonarias diferencias en los montos que un proveedor puede cobrar por el mismo servicio. En La Araucanía, en tanto, se detectó la adjudicación de casi 1.500 contratos a través de trato directo, los que en total suman más de $4 mil millones.

Desorden administrativo, falta de controles y millonarios gastos sin respaldo, es lo que se pudo constatar de la revisión y cruce de los miles de datos entregados por la Onemi y por las intendencias y gobernaciones de las cinco regiones del país que registran mayor gasto en arriendo de camiones aljibe: Biobío, La Araucanía, El Maule, Coquimbo y Valparaíso.

Petorca, en la Región de Valparaíso, merece capítulo aparte. En la última década, esa provincia, una de las más afectadas a nivel nacional por la escasez hídrica (ver reportaje de CIPER), se ha transformado en un emblema de la lucha por la recuperación del agua. CIPER pidió a la gobernación provincial el detalle del gasto en camiones aljibe de 2010 a 2016. Pero la información no está: la gobernación solo entregó, y de manera incompleta, los datos de los años 2015 y 2016, denegando la petición hecha por CIPER vía Ley de Transparencia para los años anteriores.

La información disponible a la que CIPER pudo acceder, también refleja sustantivas diferencias de precios en lo que cobran los proveedores de camiones aljibe en esa provincia. Los montos pueden llegar incluso a triplicarse por la prestación del mismo servicio. Un proveedor, por ejemplo, repartió en dos oportunidades casi la misma cantidad de agua en La Ligua, cobrando $209 millones y $79 millones de un año a otro. Además, tres “proveedores favoritos” se han adjudicado contratos con el gobierno regional por más de mil millones de pesos cada uno.

sequia_3La Onemi es el órgano que debe tramitar los fondos de emergencia hídrica con la Subsecretaría del Interior, y las intendencias (o gobernaciones, dependiendo del caso) son las encargadas de ejecutar esos dineros. Por ello, el gasto global en camiones aljibe reportado a nivel central (por la Onemi) y regional (por intendencias y gobernaciones) debiese arrojar cifras equivalentes. CIPER solicitó los datos por ambas vías y detectó que ello no siempre ocurre así. Mientras en 2014, por ejemplo, la Onemi informó a CIPER un gasto total de $7.234 millones en arriendo de camiones aljibe para el Biobío, la intendencia regional reportó una cifra casi mil millones inferior para el mismo año: $6.395 millones.

Desde la Subsecretaría del Interior señalaron a CIPER que las diferencias tienen una explicación: además del arriendo de camiones aljibe, la Onemi incorpora en sus rendiciones gastos que no ejecutan las intendencias, como la compra de estanques, mangueras y geomembranas. Indicaron que los montos consignados por la Onemi “no tienen necesariamente que calzar con los de las intendencias”, que solo reportan el gasto asociado a la contratación de los vehículos que distribuyen agua potable.

Pero el oficio enviado por la Onemi a CIPER con los montos invertidos en cada una de las regiones del país, señala claramente que las cifras reportadas corresponden al “arriendo de camiones aljibe por déficit hídrico”. No hay mención a otros gastos (ver documento).

BIOBÍO: EL BARÓN DEL ALJIBE

Germán Faúndez Fuentes, empresario de la Región del Biobío, sabe de éxitos económicos. Faúndez ha constituido sociedades dedicadas a distintos rubros: inversiones, construcción de obras, proyectos de ingeniería, asesorías y consultorías. Pero ninguna de esas actividades le ha traído tanto rédito como su negocio de camiones aljibe que creó en 2010.

Dos empresas de transporte pertenecientes a Faúndez son las proveedoras exclusivas de la intendencia para la distribución de agua potable en la Región del Biobío: Transportes y Logística Chile, constituida en agosto de 2010, y Empresas Antártida de Chile, creada en mayo de 2012.  En ambas figuran como propietarios Faúndez y su esposa. Además de empresario, Germán Faúndez ha sido un activo dirigente gremial ocupando cargos como presidente de la Federación de Empresarios de Transporte de Carga por Carreteras y presidente de la Asociación de Dueños de Transportadores de Contenedores de la Región del Biobío.

distribucion_agua_4En los últimos seis años, a través de sus dos empresas, Faúndez ha facturado a la Intendencia del Biobío $23.242 millones por el arriendo de sus camiones aljibe. Ese monto corresponde al total de los fondos de emergencia por déficit hídrico traspasados por la Subsecretaría del Interior a la intendencia regional entre 2010 y agosto de 2016.

A pesar que desde la Intendencia del Biobío fueron enfáticos en rechazar que bajo la actual administración se hayan adjudicado a las empresas de Faúndez “contratos por el mecanismo de trato directo”, un informe de Contraloría de noviembre de 2015 indica lo contrario. Allí se lee que desde el 2010, “atendida la emergencia producida por la escasez hídrica”, las adjudicaciones a Transportes y Logística Chile se han realizado “vía trato directo” (ver informe).

Lo anterior está avalado por un oficio (N° 932) enviado por la propia intendencia al órgano contralor en 2015. Cabe señalar que el “trato directo” es una fórmula de contratación contemplada en la ley para casos excepcionales, como el de emergencia hídrica, por ejemplo.

Desde la intendencia señalaron además, que “por el hecho de no contar con disponibilidad presupuestaria al momento de ocurrido el evento de emergencia, no es posible efectuar un llamado a licitación pública o privada, por lo que se utiliza el procedimiento regulado en la Ley denominado ‘consulta al mercado’, como la única posibilidad de acceder a un servicio conveniente y acorde a las necesidades de la institución, lo que permite la libre concurrencia de los oferentes”.

CIPER revisó en el portal Mercado Público las siete consultas realizadas por la Intendencia del Biobío en los años 2015 y 2016. En cada una de ellas, la administración regional solicitó cotizaciones de arriendo de camiones aljibe. Pese a que en la Intendencia insistieron en que esas siete consultas al mercado tuvieron como objetivo “buscar nuevos proveedores”, lo concreto es que todas fueron respondidas por un solo interesado, el que adjuntó en cada consulta una cotización por sus servicios: Germán Faúndez Fuentes (ver aquí un ejemplo).

El consultor en compras del sector público, Roberto Salas, es claro en señalar que una consulta al mercado en ningún caso es un mecanismo diseñado para cotizar: “Son consultas para saber cómo funciona una industria o las características de un producto o servicio, por ejemplo, pero no para solicitar cotizaciones. Hay otra herramienta en el sistema (Mercado Público) que sí está diseñada para cotizar, lo que indica que están ocupando mal el mecanismo”.

La autoridad regional insistió en que se han “explorado, dentro de los marcos legales, todas las alternativas para buscar proveedores que estén dispuestos a prestar el servicio de distribución de agua para consumo humano”.

biobio_gob_regionalEn los papeles eso es efectivo. En septiembre de 2015 la Intendencia del Biobío contrató a un nuevo proveedor de camiones aljibe: Antártida de Chile. Da la casualidad que Antártida de Chile y Transportes y Logística tienen los mismos dueños: Germán Faúndez y su esposa.

El alza de costos en el arriendo de camiones aljibe entre 2013 y 2014 en la Región del Biobío  (de $3.533 millones a $6.562 millones) es otro de los puntos que levantan dudas respecto de la administración y control de los fondos de emergencia en esa región. Uno de los ejemplos que relevó CIPER de la información entregada por la intendencia, es la comuna de Hualqui. Allí, Transportes y Logística recibió $194 millones por distribuir agua a 2.300 personas en 2013. Al año siguiente, la empresa de Faúndez facturó $381 millones, aunque los beneficiados fueron solo 637 personas.

En la comuna de Quirihue, la misma empresa suministró agua potable a 1.750 personas en 2013 y a otras 1.750 personas en 2014. Si en 2013 el empresario recibió $208 millones, en 2014 obtuvo $273 millones.

Las diferencias de precios como las aquí descritas se repiten en varias otras comunas de la Región del Biobío. La explicación desde la intendencia para cada una de las incongruencias detectadas en los precios de los años 2013 y 2014 fue la misma:

Hasta antes del 2014, no existe un registro que nos permita identificar quiénes eran y dónde estaban específicamente, dentro de cada comuna, los afectados por déficit hídrico, puesto que los municipios solo indicaban un número estimado de personas, situación que nos pareció irregular”.

La conclusión que se desprende de esta respuesta es que nadie –ni intendencia ni municipalidades– sabe a ciencia cierta cuántas personas recibieron efectivamente suministro de agua potable de los camiones aljibe. Lo que sí consta son los millones que recibieron las dos empresas de Germán Faúndez.

EL MAULE: MERCADO EN ALZA

En el Maule se han gastado $13.775 millones entre 2010 y 2016 (agosto) para abastecer de agua a sectores rurales de 26 de las 30 comunas de la región. A diferencia de lo que sucede en el Biobío, acá no es la intendencia, sino las gobernaciones las que ejecutan los fondos de emergencia para déficit hídrico transferidos por la Subsecretaría del Interior.

Los datos reportados a CIPER por las gobernaciones de Cauquenes, Curicó, Talca y Linares, registran a 37 proveedores prestando el servicio de distribución de agua potable en la región desde 2010 a 2016.

aljibe_1El proveedor que más se repite es Transportes y Servicios Mataquito, empresa que ha facturado más de $1.628 millones. Le sigue Jorge Devia Núñez, con casi $900 millones; Israel Roa Antilef con $831 millones; la empresa Eco Sweep, con $781 millones y Transportes Verco, con $665 millones (ver cuadro con los 10 proveedores con más adjudicaciones).

Si bien en El Maule figuran más proveedores que en el Biobío, aquí también existen varios ejemplos de millonarias diferencias en los precios que ofrece un mismo proveedor por entregar exactamente el mismo servicio.

En la comuna de Parral, por ejemplo, el proveedor Silvio Vallejo Cancino –que se ha adjudicado contratos en la región por $214 millones durante el periodo (2010-2016)­­– repartió 5.220 m3 de agua en 2014 y por ello recibió $75,8 millones­. Al año siguiente, distribuyó 5.200 m3 de agua en la misma comuna (20 mil litros menos que el año anterior), recibiendo $108 millones por sus servicios. CIPER preguntó por esa alza de precio a la Gobernación de Linares, la que al cierre de esta edición rectificó las cifras originales, aunque no envió los documentos oficiales que prueban que efectivamente hubo un error de digitación, como se argumentó.

De todas maneras, los nuevos datos entregados por la Gobernación de Linares siguen abriendo interrogantes. Un solo ejemplo: en 2015 el proveedor Juan Vergara Henríquez –con adjudicaciones por más de $600 millones en el periodo 2010-2016– repartió agua potable prácticamente todos los meses del año en la comuna de Linares. El valor/día de sus servicios fluctúa entre $150 mil y $238 mil, dependiendo del mes. En abril y octubre distribuyó la misma cantidad de agua –220 mil litros–, pero facturó distinto: $3,9 millones y $5,2 millones respectivamente. Ambos contratos fueron adjudicados con solo meses de diferencia y portrato directo.

CIPER consultó a tres funcionarios de gobierno, a nivel central y regional, sobre la fluctuación de los costos de los proveedores en periodos de emergencia hídrica. La respuesta, en sordina, apuntó a lo mismo: las emergencias, en general, traen aparejada especulación de precios.

Linares no es la única comuna donde se registran diferencias significativas de precios por la entrega del mismo servicio. La indagación de CIPER también las detectó en las comunas de Curicó, Teno, Rauco, Hualañé y Constitución, entre otras. La mayoría de las explicaciones entregadas por las gobernaciones regionales del Maule apuntan a lo mismo: el origen está en “errores de digitación” en la información oficial que entregaron ellos mismos a CIPER o se trata de “procesos de adjudicación distintos”, con meses de diferencia, en los que “siempre se privilegiaron las ofertas de menor valor”.

Para otras preguntas no hubo respuesta clarificadora. Se le consultó a la Gobernación de Talca, por ejemplo, por qué en un mismo año (2014) la Sociedad de Transportes Verco pasó de cobrar por sus servicios de distribución de agua potable en Constitución $261.000 por día a $476.000 por día por el transporte de la misma cantidad de agua (20 mil litros). La respuesta fue:

La fecha de inicio de dicha adjudicación es el 10 de marzo de 2014, por tanto, corresponde a la administración municipal y provincial anterior explicar el aumento de costos de $261.800 a $476.000 pesos diarios por la entrega de 20 mil litros”.

LA ARAUCANÍA: TRATO DIRECTO

La Araucanía (abarca 32 comunas) es otra de las regiones que está bajo emergencia hídrica. Datos entregados por la Onemi y procesados por CIPER, indican que es la segunda región en la que el Estado ha invertido más recursos en la distribución de agua potable a la población vía camiones aljibe: $17.996 millones entre 2010 y agosto de 2016.

Son 30 las comunas de la región de La Araucanía que han sido abastecidas de agua para consumo humano por camiones aljibe en ese periodo. Debido a que en la información enviada a CIPER por la intendencia regional no se identifican unidades de medida –días contratados o número de gente beneficiada–, no es posible saber si las cuantiosas diferencias de precios podrían corresponder a cobros excesivos e injustificados. Los datos muestran, por ejemplo, cómo un proveedor repartió 15 mil litros de agua más de doce veces en la comuna de Padre Las Casas –entre 2013 y 2014– cobrando entre $3,2 millones y $12,8 millones.

escasez_aguaEn la Región de la Araucanía es notoria la gran cantidad de adjudicaciones vía trato directo a proveedores. La norma establece que el trato directo es un “mecanismo excepcional de compra que implica la contratación de un solo proveedor previa resolución fundada (…) solicitando un mínimo de tres cotizaciones para contrataciones iguales o inferiores a 10 UTM, salvo las causales establecidas en el artículo 10 del reglamento de la Ley 19.886”. Entre esas causales, se consideran casos de emergencia o imprevistos.

La torta de los casi $18 mil millones desembolsados en esa región por el Estado entre 2010 y 2016 se la reparten 227 proveedores de camiones aljibe con los cuales la intendencia regional ha firmado 2.950 convenios. De ellos, la mitad (1.464) han sido adjudicados vía trato directo y suman $4.087 millones (ver nómina de mayores proveedores).

Un experto en compras públicas, que pidió reserva de su identidad, hace el punto en que si bien la contratación por trato directo está permitida bajo causal de emergencia, en la práctica no todas las emergencias responden a eventos imprevistos: “La erupción de un volcán o un terremoto no es lo mismo que una emergencia prolongada como la hídrica, que ya se extiende por varios años. Cuando la emergencia responde a una constante, el presupuesto puede ejecutarse de modo más eficiente y con una mayor planificación, sin tener que recurrir al trato directo”.

Los proveedores de la Región de La Araucanía que más se han adjudicado licitaciones de la intendencia por “trato directo” son: Luis Farías Cisternas, con $328 millones; Gustavo Ketterer Figueroa, con $300 millones (si se suman los contratos obtenidos vía licitación, es el principal proveedor de la región con ingresos por más de $466 millones); Transportes Hettich Limitada, con $202 millones; y Construcción, Ingeniería, Inmobiliaria y Servicios Newen, con $170 millones.

El caos estructural en el sistema de administración y ejecución de los fondos de emergencia para déficit hídrico fue advertido hace unos meses por la propia Subsecretaría del Interior. En agosto pasado, emitió un instructivo con los nuevos procedimientos que a contar del 31 de marzo próximo –y de manera perentoria– se pondrán en marcha para la solicitud y gasto de esos fondos de emergencia a nivel nacional.

Respecto de la gestión y uso de esos dineros, en el mismo documento se reconoce que se ha utilizado  “una diversidad de procedimientos administrativos, con escasos controles sobre el gasto de los recursos económicos asociados. Y se hace además un  llamado a todas las intendencias y gobernaciones a “implementar el mecanismo de contratación más adecuado, conforme a la normativa vigente de compras públicas (ver oficio).

PETORCA: MERCADO INFORMAL

Valores dispares entre lo que se cobraba”, fue la frase que utilizó el intendente de Valparaíso, Gabriel Aldoney, al ser consultado en febrero pasado por Biobío Chile respecto de la existencia de un mercado informal del agua en Petorca, una de las comunas más afectadas por la crisis hídrica. En ese mismo artículo, el propio seremi de Obras Públicas de la región, Miguel Saavedra, reconoció que las diferencias de precio que cobran los camiones aljibe datan de 2015. CIPER quiso ahondar en los dichos de ambas autoridades de gobierno, pero declinaron referirse al tema.

gobernacion_PetorcaEl 28 de octubre de 2016, CIPER solicitó a la Intendencia de Valparaíso la nómina de proveedores, montos adjudicados y litros de agua repartidos por camiones aljibe en las 38 comunas de la región entre 2010 y 2016. La petición fue derivada a todas las gobernaciones provinciales. La respuesta de Petorca recién llegó el 20 de enero pasado y en ella se afirma que la gobernación “no cuenta con el personal suficiente para responder adecuadamente toda la solicitud, pues implica distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales”, por lo que denegó parcialmente la información.

Sí adjuntó una nómina con las contrataciones efectuadas durante 2015 y 2016. Pero la información es ininteligible: no solo está incompleta (sin claridad sobre fechas, ni proveedores), además fragmentada.

A pesar de que la Subsecretaría del Interior ha transferido a la Quinta Región casi $12 mil millones para el arriendo de camiones aljibe en los últimos seis años, recursos que en su mayoría han ido a Petorca, en esa gobernación no hay registro actualizado ni en orden de la ejecución y rendición de esos fondos.

A solo días del cierre de esta investigación –y después de que CIPER hiciera ver los reparos por la calidad de los datos entregados– la gobernación envió una nueva planilla con información de 2014, 2015 y 2016. No hubo ni un solo dato sobre los años anteriores (2010-2013).

De acuerdo a esta última información, entre 2014 y 2016 se han gastado $6.927 millones en el arriendo de camiones aljibe para las comunas de Petorca, Cabildo, La Ligua y Zapallar. En la nómina de pagos figuran 17 proveedores, tres de ellos con montos superiores a los mil millones de pesos en adjudicaciones (ver cuadro de proveedores).

EMBALSE RECOLETA005.JPGAquí también aparecen inconsistencias en los montos facturados. En 2015, por ejemplo, Marcelo Navarro Olivares distribuyó 20.480 m3 de agua en la Ligua y por ello cobró $209 millones. Al año siguiente, el mismo proveedor repartió 22.410 m3 (2 millones de litros más), pero facturó casi un tercio: $79 millones. En la misma comuna, este año, Renato Torres Rodríguez distribuyó 10.240 m3 de agua con un costo de $67 millones. En 2015, la Sociedad de Inversiones BFJ, entregó en La Ligua solo 440 m3 más de agua que su competidor (10.680 m3), recibiendo más del doble ($160 millones).

La explicación que dio la Gobernación de Petorca fue: “La variación en los precios responde principalmente a la distancia que deben recorrer los camiones desde la fuente de abastecimiento hasta el sistema de agua potable, lo que incluso podría estar en diferente comuna”.

Actualmente, se encuentra en segundo trámite constitucional en el Congreso, un proyecto de ley que modifica el Código de Aguas de 1981, y que busca asegurar una mayor equidad en el acceso de la población al agua potable.

Corregir las inequidades no será fácil: el código redactado en dictadura entregó a los privados el dominio a perpetuidad del recurso y al mercado la tarea de asignarlo. Y ello a pesar de que es ampliamente conocido que las transacciones de agua alcanzan valores millonarios en el mercado paralelo.

El proyecto de ley busca establecer nuevas restricciones en el uso de los derechos de agua que podrían, ahora, ser entregados bajo la modalidad de concesión y, por tanto, ser recuperados por el Estado. Pero, según estimaciones oficiales, el 90% de los derechos de agua en el país ya fue entregado a empresas y personas naturales. Solo resta un 10% en manos del Estado y la nueva ley solo entraría a regular ese exiguo margen.

Nota de la Redacción (Actualización): El 15 de enero de 2019, Radio Biobío informó que el Servicio de Impuestos Internos (SII) presentó una querella por delitos tributarios en contra del empresario transportista Germán Faúndez, quien desde 2012 habría presentado facturas y declaraciones tributarias falsas, lo que le habría causado al Fisco pérdidas por $1.215 millones (ver aquí). 

Mega incendios: el historial de omisiones de las autoridades que abonó la tragedia

Vea también “La grave crisis de agua en los pueblos arrasados por el fuego

El martes 27 de diciembre de 2011 se desató en el Parque Nacional Torres del Paine (Región de Magallanes), uno de los incendios más devastadores de la última década en Chile. Vientos racheados de entre 70 y 90 kilómetros por hora azuzaron el fuego que en pocas horas se expandió sin control en esta Reserva de la Biosfera. El fuego fue extinguido recién el 8 de marzo de 2012, reduciendo a cenizas 17.606 hectáreas de flora nativa, estepas y praderas. Una catástrofe ecológica. Pero eso no fue todo. Porque el 29 de diciembre, un voraz incendio en el sector de Pichiqueime (Región del Biobío), arrasó con más de 25 mil hectáreas. Otros seis focos casi simultáneos en las regiones de La Araucanía y Valparaíso, dejaron a la temporada de incendios 2011-2012 como una de las más destructivas de la última década, con más de 90 mil hectáreas quemadas.

Ese 2012 debió haber instalado un antes y un después para Chile en materia de prevención y combate de incendios. No fue así. La indagación de CIPER indica que el mega desastre que hoy afecta a nuestro país desde las regiones de O’Higgins a La Araucanía –y que hasta ahora ha consumido cerca de 500 mil hectáreas, más de mil viviendas y ha cobrado la vida de 11 personas– sorprendió nuevamente al Estado con carencias institucionales profundas para enfrentar incendios de esa magnitud y que se arrastran desde hace más de ocho años.

Una de las carencias más graves afecta a la Corporación Nacional Forestal (CONAF), creada en 1970 para prevenir y combatir los incendios forestales, entre otras tareas. A pesar de que desde 2008 un fallo del Tribunal Constitucional (TC) dejó en evidencia la necesidad de dotarla de otro estatuto jurídico, la entidad ha permanecido con las mismas facultades y un presupuesto paupérrimo.

Incendio en Torres del Paine, 2011-2012.
Incendio en Torres del Paine, 2011-2012.

Más de ocho años han transcurrido desde que el TC rechazó por inconstitucional las nuevas facultades que la Ley de Bosque Nativo le otorgaba a la CONAF. El argumento del TC defendió la prevalencia constitucional de la propiedad: la CONAF era una entidad de derecho privado y no podía ejercer funciones, como fiscalizar al interior de terrenos de particulares, que son propias de entidades del Estado (ver documento).

En 2008 y en virtud de ese dictamen del TC, la ley que buscaba proteger el bosque nativo quedó coja. Razón más que potente para entender el precedente que se había creado: la regulación de la pujante industria forestal y el manejo eficaz de catástrofes acorde a los nuevos requerimientos, quedaba supeditado al cambio del estatus jurídico de la CONAF. Así quedó registrado en un documento interno de esa entidad de mediados de 2014: “Si no avanzamos hacia un Servicio Forestal Público no se podrán desarrollar leyes sectoriales atingentes a lo forestal, como una nueva ley de fomento o una ley de prevención de incendios forestales” (ver documento).

Autoridades de todo el espectro político tampoco asumieron la amenaza inminente que se iba acumulando en el país, con la explosión de la industria forestal, las altas temperaturas que produce el cambio climático y la agudización de la crisis de abastecimiento de agua en vastos sectores del territorio nacional.

Así, pese al cúmulo de evidencias que indican que incluso antes del incendio en Torres del Paine las condiciones de riesgo de incendios forestales en Chile han aumentado exponencialmente, desde el pronunciamiento del TC ha habido solo un intento por modificar la ambigüedad en la que hasta hoy se encuentra la CONAF. En mayo de 2012, la oposición rechazó en el Senado la idea de legislar el proyecto de ley que crea el Servicio Nacional Forestal por considerar que la iniciativa era incompleta.

Aunque los gobiernos tienen la facultad de reingresar un año después los proyectos de ley que son rechazados en el Congreso, eso no ocurrió durante la administración de Sebastián Piñera. Tampoco lo hizo la actual administración de Michelle Bachelet, pese a que de acuerdo a documentos públicos revisados por CIPER, el Ministerio de Agricultura se ha comprometido en al menos dos ocasiones a enviar el proyecto al Congreso (en 2015 y 2016).

Lamentablemente, los incendios forestales no han sido prioridad para el país”, señaló a CIPER el ingeniero forestal del Laboratorio de Incendios Forestales de la Universidad de Chile, Miguel Castillo. Diagnóstico con el que coincide el vicepresidente de la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo (AIFBN), René Reyes:

-Aquí la gran responsable es la desidia política; es la falta de voluntad para establecer regulaciones efectivas respecto del manejo del recurso forestal.

El diagnóstico es compartido entre especialistas: el mega incendio que ha consumido cientos de miles de hectáreas en las regiones de O’Higgins, El Maule, Biobío y La Araucanía no se ha alimentado únicamente de pinos, eucaliptos y otras especies pirogénicas.

onemi-conaf
Directores de ONEMI y CONAF.

Conclusiones similares quedaron consignadas en un informe elaborado por el “Consejo de Política Forestal”, instancia público-privada creada en mayo de 2015 para asesorar al Ministerio de Agricultura (Minagri) en materia forestal. El estudio, entregado al Minagri en mayo de 2016, advierte de la crítica situación en la que se encuentra la institucionalidad forestal y la propia CONAF en materia de prevención de incendios forestales:

Desde el punto de vista legal, existe una normativa antigua y dispersa que le confiere a la Corporación Nacional Forestal la función de prevenir y controlar los incendios forestales. En materia de regulación, investigación de causas y aplicación de sanciones existen vacíos legales en los ámbitos de responsabilidades y competencias, lo que redunda en una escasa efectividad en esos aspectos”, se lee en el estudio “Política Forestal 2015-2035” (ver documento).

El informe también califica de “marginales” los recursos destinados a la prevención de incendios forestales, comparados con los que se gastan en el control de éstos. Las cifras hablan por sí mismas. El presupuesto de CONAF para programar la prevención de incendios en la temporada 2016-2017, alcanzó los $26 mil millones. Según las cifras entregadas por la Corporación Nacional de la Madera (Corma) a CIPER, son más de mil millones menos de lo que invirtieron para la misma temporada dos de las empresas forestales más grandes del país: Arauco (casi $17 mil millones) y Mininco (más de $10 mil millones).

El presupuesto de la CONAF para este rubro de catástrofes aparece aún más desproporcionado si se compara la extensión de tierras que la entidad debe proteger con la que atienden las empresas forestales: mientras el presupuesto de Arauco y Mininco les permite cubrir una superficie plantada cercana al 1,5 millón de hectáreas, CONAF debe atender casi 35 millones de hectáreas.

ALERTAS FALLIDAS

En octubre de 2009, casi al término del primer gobierno de Michelle Bachelet y en el contexto de la discusión de la ley que creó el Ministerio de Medio Ambiente, el Ejecutivo ingresó una indicación para que en el plazo de un año de aprobada esa ley (12 de enero de 2010), se enviara al Congreso un proyecto para transformar a la Corporación Nacional Forestal en un “servicio público descentralizado”. Con ello, se atendía el pronunciamiento del Tribunal Constitucional de julio de 2008: dotar a la CONAF de nuevas facultades en el ámbito público requería como condición previa cambiar su estatuto de derecho privado.

En enero de 2011, Sebastián Piñera envió al Parlamento el proyecto que creaba el Servicio Nacional Forestal. El 15 de mayo, a solo meses del incendio en Torres del Paine, en el Senado se rechazó la idea de legislar. La oposición acusó que la iniciativa no abordaba el tema de manera integral y no se hacía cargo de la situación laboral de los trabajadores de la CONAF. “La propuesta del gobierno no da respuesta a aspectos clave para el desarrollo del sector”, señaló en esa oportunidad la entonces senadora Soledad Alvear (DC) (ver aquí).

Mega incendio en Valparaíso, 2014.
Mega incendio en Valparaíso, 2014.

Aun cuando la administración de Piñera tenía la facultad de insistir en el proyecto un año después de su rechazo en el Senado, no lo hizo. Y ello, a pesar de que en octubre de 2012 se conocieron las conclusiones de la Comisión Investigadora que instaló la Cámara de Diputados sobre la catástrofe ecológica provocada por el incendio en el Parque Nacional Torres del Paine. Allí se lee: La urgente necesidad de fortalecer la gestión de CONAF, estableciéndola como una entidad pública, reforzando su misión que es contribuir al desarrollo del país a través del manejo sostenible de los ecosistemas forestales y a la mitigación de los efectos del cambio climático”.

El informe fue lapidario con la gestión de la administración Piñera para enfrentar ese incendio: “la labor realizada antes de la emergencia fue insuficiente, careciendo de los elementos básicos requeridos para abordar la correcta gestión de las fases de mitigación, prevención, preparación, respuesta y recuperación” (ver documento).

La situación de la CONAF se mantuvo igual no obstante que la temporada de incendios forestales 2014-2015 marcó un nuevo récord con más de 128 mil hectáreas consumidas por las llamas. Desde 1963, año desde que se tiene registro sistematizado del número de incendios forestales y hectáreas afectadas, no se había visto tanta destrucción.

Hasta que en marzo de 2015 el problema de la falta de facultades de la CONAF reflotó. El 18 de ese mes, uno de los asesores del Ministerio de Agricultura, el ex senador Jaime Naranjo (PS), acudió a la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, que en ese momento estudiaba una moción parlamentaria sobre incendios forestales. Allí, el asesor del Minagri señaló que el Ejecutivo estaba comprometido a enviar dentro del primer semestre de ese año “el proyecto de ley que crea el Servicio Nacional Forestal, que reemplazaría a la CONAF” (ver documento).

Crédito: Claudio El Poc
El mega incendio en curso ya ha consumido más de 500 mil hectáreas (Crédito: Claudio El Poc).

Solo dos meses más tarde, el 26 de junio de 2015, se conoció el informe de la Comisión Especial del Senado que analizó las distintas aristas que provocaron el mega incendio que en abril de 2014 azotó a Valparaíso. Esa nueva catástrofe provocada por el fuego terminó con un saldo de 1.072 hectáreas quemadas y 2.500 viviendas destruidas. Una de sus conclusiones fue: “La institucionalidad vigente no responde eficientemente a las exigencias para desarrollar una buena gestión del control de incendios forestales”. Y se hace un llamado a “evaluar integralmente la gestión de control de incendios de magnitud o conflictivos” y a “fortalecer la legislación en el ámbito de los incendios forestales”.

Pese a que en 2015 las alertas sobre las carencias que arrastraba la institucionalidad forestal para prevenir incendios recrudecieron, el año terminó sin que ingresara al Congreso ni un solo proyecto que convirtiera a la CONAF en una entidad pública, dotada de nuevas facultades y otro presupuesto.

Solo en abril de 2016 el Ministerio de Agricultura pareció poner en marcha el motor que le permitiría saldar el compromiso asumido un año antes por su representante (Jaime Naranjo) en el Congreso. En la cuenta de su gestión en 2015, estableció como prioridad para 2016: “Ingresar al Congreso Nacional el proyecto de ley que crea el Servicio Nacional Forestal y de Conservación de la Naturaleza”. También se comprometió a enviar un proyecto de ley sobre fomento y regulación de la forestación en Chile, otro sobre incendios y un tercero con modificaciones a la Ley de Bosque Nativo que el dictamen del Tribunal Constitucional de 2008 había dejado coja. La aprobación de todos esos proyectos, se insistió en el informe, depende de la creación del Servicio Nacional Forestal y de Conservación de la Naturaleza” (ver documento).

El año 2016 volvió a terminar sin que ninguno de los proyectos prometidos fueran enviados por el Ejecutivo al Congreso. En cuanto al presupuesto de la CONAF, lo que ocurrió evidenció aún más la ceguera de autoridades y parlamentarios.

AUMENTO DE PRESUPUESTO: ¿PARA QUÉ?

La última alerta antes de que estallara el devastador incendio que afecta a la zona centro-sur del país, quedó consignada en un informe clave elaborado en octubre de 2016 por la gerencia de Protección contra Incendios Forestales de la CONAF. En base a pronósticos meteorológicos y al estado de la vegetación, en el informe se evalúan los escenarios de comportamiento del fuego para el periodo 2016-2017 de incendios forestales.Incendio Torres del PaineEl tenor de algunas de las conclusiones del informe es casi premonitorio: “Considerando el amplio territorio afectado por este fenómeno (Niño-Niña), es importante se evalúen opciones de reforzamiento del sistema de protección contra incendios forestales, tanto en el ámbito de la prevención como del combate de los siniestros. Lo anterior implica considerar medidas para la detección y evaluación oportuna, la priorización de necesidad de combate y del uso de los recursos disponibles”.

Poco después de que se diera a conocer este sensible informe, fechado el 12 de octubre del año pasado, comenzó en el Congreso la discusión del Presupuesto Nacional para 2017. El 17 de noviembre, la Cámara de Diputados aprobó y despachó al Senado el proyecto de presupuesto, aunque la partida del Ministerio de Agricultura fue rechazada. La preocupación que rondaba entre algunos legisladores apuntaba a los escasos recursos destinados a la CONAF.

Estamos muy preocupados por el escaso presupuesto que tiene la CONAF para el combate de los incendios forestales, en la cantidad de helicópteros, de equipamiento, que es absolutamente ineficiente y yo espero que este rechazo a la partida del Ministerio de Agricultura permita que el gobierno pueda ampliar estos presupuestos en el Senado”, señalo el diputado Matías Walker (DC) a radio Cooperativa (ver nota).

La discusión permitió que el presupuesto de CONAF para la temporada 2016-2017 aumentara en $3.892 millones, respecto del periodo anterior. Lo extraño es que esos recursos adicionales no llegaron a engrosar el programa de manejo de fuego. Se destinaron a reforzar el área administrativa y el programa de áreas silvestres protegidas. Los recursos que destina la entidad a la prevención y combate de incendios experimentaron un recorte de poco más de $28 millones, pasando de $26.044 millones a $26.016 millones (ver presupuesto histórico de CONAF). Esa cifra no considera lo que allega la Onemi cada vez que se declaran alertas por incendios forestales y que promedian los US$6 millones anuales.

En diciembre pasado, en la antesala de la última catástrofe de fuego, la Subsecretaría del Interior le entregó una partida suplementaria de dinero a la CONAF: $3.000 millones. Con ese fondo de contingencia el presupuesto de la entidad alcanzó los $29.000 millones. Una cifra similar a la suma de los montos que destinaron las forestales Arauco y Mininco  para prevenir y combatir incendios en esta temporada.

En medio de las fuertes críticas que ha recibido el gobierno por el manejo de la catástrofe que ya ha arrasado con más de 500 mil hectáreas –casi las mismas que han consumido la totalidad de incendios forestales declarados entre 2008 y 2016– La Moneda anunció que durante febrero se estudiará el proyecto para crear el Servicio Nacional Forestal (CONAF pública), el que será enviado en marzo al Congreso.

 

El exorbitante gasto fiscal por jubilaciones de FF.AA.: $3,8 billones entre 2011 y 2015

2016 marcó un hito para Codelco. No fue uno de esos que sacan aplausos. Por primera vez en su historia, y producto de la baja sostenida del precio del cobre, la principal empresa estatal tuvo que endeudarse para cumplir con sus compromisos financieros. Uno de ellos es la entrega de US$707 millones  a las FF.AA. –monto registrado a septiembre de 2016– en virtud de la Ley del Cobre (que ya no es reservada).

El hito no hizo más que graficar hasta qué punto la Ley del Cobre se ha transformado en una camisa de fuerza para Codelco. Al obligar a la cuprera a entregar el 10% de sus ventas a las FF.AA., se despoja al Estado de un caudal importante para políticas públicas. Basta mirar las cifras para cuantificar el desvío legal de recursos que se impuso bajo dictadura (al cambiar el 10% de las utilidades por el 10% de las ventas de cobre): en 2015, unos US$858 millones fueron a parar a las Fuerzas Armadas (ver nota de El Mercurio).

A la mascada que le sacan las FF.AA. al Estado por la Ley del Cobre, se suma la otra fuga de capitales que le significa al Fisco el que los uniformados haya sido el único sector que mantuviera el privilegio del antiguo sistema de pensiones, cuando en 1980 entraron en vigencia las AFP.

Cristián Rojas, vicepresidente de Capredena.
Cristián Rojas, vicepresidente de Capredena.

Según información entregada por Cristián Rojas, vicepresidente ejecutivo de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena), a la comisión de la Cámara de Diputados que investiga irregularidades en las jubilaciones de las FF.AA. y de Orden, en 2015 Capredena repartió $911 mil millones en pensiones. El 94% de esa cifra es aporte fiscal y solo el 6% restante corresponde a las cotizaciones de los uniformados. Entre 2011-2015, el Estado ha desembolsado en total cerca de $3,8 billones (millones de millones de pesos) para solventar el fondo de retiro de Capredena. La cifra equivale a 119 teletones (según recaudación 2016) o al costo de construcción de 42 hospitales con equipamiento de última generación, como el que se inauguró en Rancagua en abril de 2016 ($90 mil millones).

Con los dineros de todos los chilenos se financia un sistema que atiende a casi 107 mil ex funcionarios  de las Fuerzas Armadas (y sus familias a través de pensiones y montepíos). Todos ellos gozan de privilegios que desnudan las carencias del sistema de capitalización individual que rige para el resto de la población, donde a noviembre de este año la pensión promedio por vejez no supera los $192 mil, según la Superintendencia de Pensiones (ver aquí).

CIPER tuvo acceso a la nómina de ex oficiales del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea (FACH) que pasaron a retiro en el periodo 2006-2016 y que reciben pensiones de Capredena. Son 3.090 casos que representan el 13% –el estamento más alto– de los beneficiarios de este sistema.

El promedio de pensiones de los oficiales de las FF.AA. roza los $2,3 millones.  En la lista de oficiales pensionados de Capredena destacan 17 ex miembros de las Fuerzas Armadas con pensiones por sobre los $4 millones. La más alta corresponde a la del ex general de brigada de la FACH Patricio Franjola Buigley, quien pasó a retiro en julio de 2012 con una pensión de $5,9 millones. Debido a que por norma las pensiones de Capredena se reajustan en un 100% de acuerdo a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), lo que hoy recibe Franjola a cuatro años y medio de su retiro son $6,8 millones.

El monto de las pensiones de los oficiales de las Fuerzas Armadas, en contraste con las del mundo civil, no es lo único que salta a la vista de la nómina de más de tres mil ex oficiales revisada por CIPER. Los ingentes recursos que el Estado inyecta para sostener ese sistema previsional –un 0,9% del PIB nacional en 2012, según la Comisión Bravo– también son destinados a cubrir millonarias pensiones para ex uniformados condenados o que están siendo procesados por violaciones a los derechos humanos y por fraudes de distinto tipo. El promedio de pensiones que recibe mensualmente este grupo de 38 uniformados en retiro asciende a $2,7 millones.

En los más de tres mil casos revisados aparecen, por ejemplo, altos oficiales condenados por homicidio y secuestro calificado en el Campo de Prisioneros de Pisagua; un teniente coronel sometido a doble proceso por el homicidio calificado de cinco dirigentes del MIR en calles Janequeo y Fuente Ovejuna; un coronel involucrado en la desaparición de 14 campesinos en Paine, otro en el asesinato del cantautor Víctor Jara y un tercero en el brutal ataque contra Rodrigo Rojas de Negri y Carmen Gloria Quintana (“Caso Quemados”).

capredena-cdtesTambién figura un médico y coronel–sometido a proceso en 2002– acusado  de vigilar torturas y drogar a prisioneros cuyos paraderos aún se desconocen; secretarios privados de Pinochet condenados por malversación de caudales públicos en el “Caso Riggs”; una decena de uniformados involucrados en actos de corrupción como el “Caso Fragatas”, el “Caso Mirage” o el “Milicogate”; y hasta un capitán que se convirtió en uno de los mayores capos del narcotráfico en Chile.

Según los cálculos de CIPER, el monto anual de las pensiones que paga Capredena a estos 38 uniformados involucrados en ilícitos y que pasaron a retiro entre 2006 y 2016, asciende a más de $1.200 millones.

En la nómina de estos pensionados, CIPER identificó, además, a más de 20 ex agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y de la Central Nacional de Informaciones (CNI), organismos represores del régimen de Augusto Pinochet. Sus pensiones alcanzan en promedio $2,5 millones. Lo grave es que algunos continúan ligados a las Fuerzas Armadas, principalmente en labores de educación en distintas unidades del Ejército.

La indagación de CIPER detectó al menos media docena de ex agentes de la CNI y la DINA que figuran recontratados en la Academia de Guerra y también en la Escuela Militar como Personal a Contrata (PAC) o Profesores Civiles (PC). Eso significa que todos ellos reciben importantes remuneraciones además de sus pensiones.

Un documento interno del Ejército obtenido por CIPER da cuenta que un militar retirado con rango de general puede recibir $2,5 millones si es recontratado para cumplir labores como PAC en la institución. Un monto que se suma al de su jubilación, que para los generales en retiro se empina en promedio por sobre los $3,2 millones.

PENSIONES Y DERECHOS HUMANOS

Entre fines de septiembre de 1973 y junio de 1974 fueron ejecutadas 26 personas en el Campo de Prisioneros de Pisagua (Región de Tarapacá). Entre ellos se encontraba el joven conscripto y militante del PC, Miguel Nash Sáez, quien se opuso a reprimir a la población y fue acribillado por la espalda. Su cuerpo aún no aparece.

En enero de 2009, el coronel (r) del Ejército Roberto Ampuero Alarcón fue procesado como coautor del secuestro y homicidio calificado de Nash y otros prisioneros de Pisagua. Ampuero había pasado a retiro 10 meses antes, en marzo de 2008, con una pensión de $2,6 millones. En agosto de 2016, Ampuero fue condenado a 15 años y un día de presidio mayor en su grado máximo, como autor del delito reiterado de secuestro calificado de Nash, Jesús Cañas Cañas y Juan Jiménez Vidal. También como autor del homicidio calificado de Marcelo Guzmán Fuentes, Juan Calderón Villalón y Luis Alberto Lizardi Lizardi.

PISAGUAA la fecha, la pensión reajustada de Ampuero roza los $3,6 millones. En esos delitos también estuvo involucrado el coronel (r) Gabriel Guerrero Reeve, quien pasó a retiro en enero de 2010 con una pensión de $2,1 millones. Guerrero, también condenado en agosto pasado a 15 años y un día, recibe hoy una pensión de casi $2,6 millones. El 26 de diciembre pasado, la causa en la que están involucrados Ampuero y  Guerrero, se elevó a la Corte de Apelaciones de Santiago para su conocimiento.

En agosto de 2016 fue condenado el coronel (r) del Ejército Pedro Collado Martí, como autor del secuestro calificado de los militantes socialistas Jorge Marín Rossel y Williams Millar Sanhueza, ambos detenidos en septiembre de 1973, en Iquique. Collado, procesado en 2008 y condenado a 10 años y un día, recibe una pensión de $2,6 millones. Actualmente, el tribunal está cerrando el trámite de notificación del fallo a los condenados en esta causa.

El coronel (r) Carlos Durán Low, fue condenado en febrero de 2016 junto a otros cinco ex agentes de la CNI a 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio por el homicidio calificado del profesor y miembro del MIR, Federico Álvarez Santibáñez, en septiembre de 1979, en Santiago. Durán jubiló en marzo de 2007 y hoy recibe una pensión de $2,5 millones. En abril de 2016, el fallo fue apelado y la Corte ordenó nuevas diligencias.

El general (r) y ex miembro del Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE), Julio Cerda Carrasco, fue condenado a cinco años y un día como cómplice de los secuestros calificados de cinco integrantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) perpetrados en septiembre de 1987. Cerda, procesado desde mayo de 2007, pasó a retiro en marzo de ese mismo año y hoy goza de una pensión de $3,1 millones.  La sentencia en esta causa –en la que están involucrados  33 ex agentes de la CNI–, fue ratificada por la Corte de Apelaciones en junio de 2015 y hoy se encuentra en el máximo tribunal.

VJARAEl coronel (r) de Ejército Osvaldo Andrés Magaña Bau, fue sometido a proceso en julio de 2015 por el secuestro calificado de 14 campesinos del Asentamiento Villa el Escorial de Paine, todos ellos ejecutados entre septiembre y octubre de 1973 (Cuesta Chada). En coronel pasó a retiro en febrero de 2007 y hoy tiene una pensión de $2,6 millones. Cifra similar a la de la pensión que recibe el coronel (r) de Ejército Jorge Smith Gumucio, acusado en julio de 2015 de ser uno de los autores del secuestro y homicidio calificado de Víctor Jara y del ex director de Gendarmería, Littré Quiroga.

Fue en el mismo 2015 que la justicia procesó al coronel en servicio activo Julio Castañer González, por su presunta responsabilidad en la muerte del fotógrafo Rodrigo Rojas de Negri  y por las graves lesiones que sufrió Carmen Gloria Quintana, luego de que fueran quemados vivos en julio de 1986, en Santiago. Castañer fue acusado por un ex conscripto de ser quien encendió los cuerpos de De Negri y Quintana, luego de que fueran rociados con bencina. El coronel pasó a retiro en enero de 2016, con una pensión de $2,8 millones. En octubre de 2016, los abogados de los acusados pidieron el sobreseimiento de la causa, el que fue denegado. Se decretaron, además, nuevas diligencias.

El doctor y coronel (r) de Aviación Alejandro Forero Álvarez ha hecho una brillante carrera como cardiólogo en la Clínica Indisa. Su hoja de vida tiene un punto negro. Está acusado de ser uno de los médicos que prestó servicios al llamado “Comando Conjunto” supervisando torturas y drogando a prisioneros hoy desaparecidos. Forero fue sometido a proceso en 2002 junto a una veintena de integrantes de ese organismo represor, por asociación ilícita y la detención ilegal del militante comunista Víctor Vega Riquelme (enero de 1976). En mayo de 2002, la justicia revocó esos procesamientos, pero no porque fueran inocentes sino porque los delitos estaban prescritos. Forero pasó a retiro en agosto de 2014 y hoy recibe una pensión de $2,5 millones.

caso-fragatasEn la lista de pensionados de Capredena que obtuvo CIPER, también figura el general (r) de Ejército Víctor Lizárraga Arias, un importante oficial de la BIE. En 2010 fue condenado por integrar la asociación ilícita que participó en el asesinato del coronel y entonces jefe de adquisiciones de la Dirección de Logística del Ejército, Gerardo Huber (1992). El 18 de noviembre pasado, Lizárraga –que hoy recibe una pensión de $3,1 millones– fue condenado a 205 días de presidio efectivo como autor de cinco delitos reiterados de cohecho en el llamado “Caso Fragatas”. A Lizárraga se le acusó de sobornar a un funcionario público coreano para que la empresa de intermediación de armamento que el oficial representaba obtuviera comisiones por ventas de dispositivos bélicos al Ejército. Los ilícitos fueron cometidos entre 2007 y 2008, cuando el general ya estaba siendo procesado por el crimen de Huber.

DEL CASO MIRAGE AL MILICOGATE

El general (r) de la FACH, Florencio Dublé Pizarro, fue procesado a comienzos de 2009 como cómplice de malversación de caudales públicos en el polémico juicio por las coimas en la compra de 25 aviones Mirage. La investigación del ministro Omar Astudillo determinó que en la transacción se habrían destinado US$15 millones al pago de comisiones ilícitas y que Dublé recibió al menos una transferencia bancaria por US$60 mil. Florencio Dublé se acogió a retiro en diciembre de 2006 y hoy percibe una pensión de $3,1 millones. La sentencia de la causa debiera conocerse en los próximos días.

El nombre del coronel (r) de Ejército Clovis Montero Barra saltó a la palestra en marzo de 2015 tras estallar el último de los grandes escándalos al interior del Ejército: el fraude de casi $5.500 millones perpetrado por militares con los fondos de la Ley del Cobre (“Milicogate”).

capredenaEn febrero de 2016, Montero fue procesado por el ministro Omar Astudillo como autor del delito reiterado de fraude al fisco y falsedad documental. Montero, además, está querellado por el Servicio de Impuestos Internos (SII), por delito tributario. El coronel –pasó a retiro en mayo de 2015 y recibe una pensión de $2,5 millones– está acusado de obtener de un proveedor más de 160 facturas por cerca de $980 millones por servicios o adquisiciones inexistentes.

En esta misma causa está procesado el coronel (r) Jorge Frez Ramírez, quien se desempeñó como jefe del departamento de Finanzas de Tesorería del Ejército. Fue el propio Montero quien declaró que Frez conocía la falsedad de los documentos, acusándolo además de recibir dinero por la tramitación y el pago de las facturas falsas. Frez –quien está preso en el Regimiento de Policía Militar N°1 de Peñalolén– pasó a retiro en febrero de 2015 con una pensión de $2,5 millones.

En la nómina a la que tuvo acceso CIPER aparecen también dos altos oficiales condenados en una de las aristas del “Caso Riggs” (el fallo se encuentra en apelación). Son dos de los oficiales que fueron secretarios privados de Augusto Pinochet: los coroneles (r) Gabriel Vergara Cifuentes y Juan Mac-Lean Vergara, ambos condenados en primera instancia a cuatro años de libertad vigilada por malversación de caudales públicos. Mac-Lean pasó a retiro en abril de 2009 y hoy recibe $2,9 millones de pensión. Vergara, en tanto, lo hizo en julio de 20011 y su pensión asciende a $2,6 millones.

En julio de 2009, el capitán de Fragata (r) Jesús Sáez Luna pasó a retiro y hoy recibe una pensión de $2,1 millones. Tres años más tarde, a Sáez le incautaron 150 kilos de cocaína y pasta base en un domicilio en Valparaíso. La Fiscalía estableció que Sáez era el jefe operativo de la banda: “Es el imputado de mayor categoría que hemos logrado capturar, porque el sujeto era un verdadero capo de la mafia”, señaló el fiscal a cargo de la investigación.

La salida de Sáez de la Armada no fue con honores. Poco antes de su retiro, fue acusado del robo de una cámara hiperbárica.

LA SOMBRA DE LA DICTADURA

En diciembre de 2006, el general de Ejército Ricardo Hargreaves Butrón, fue dado de baja de la institución. A mediados de ese mes, días después de la muerte de Augusto Pinochet, en entrevista con la Prensa Austral de Punta Arenas, Hargreaves (comandante en Jefe de la V División, Región de Magallanes) se refirió al dictador en los siguientes términos: “Yo fui partícipe de la causa de Pinochet y la sigo compartiendo (…) le debemos muchas cosas, no solamente como Ejército, sino como país”.

Ricardo-Hargreaves
General (R) Ricardo Hargreaves Butrón

El comandante en Jefe del Ejército de la época, Óscar Izurieta, le pidió la renuncia. Fue una señal clara de los nuevos tiempos que corrían en la institución castrense, la que se vio reforzada en 2009, cuando Izurieta le puso término a los contratos de honorarios que mantenía un grupo de ex agentes de la DINA y CNI involucrados en juicios de derechos humanos. Se habló entonces de una limpieza al interior de la institución.

Pero la baja de Hargreaves no significó su salida del Ejército. Continuó ligado a la institución como gerente de Asuntos Corporativos de la Fábrica y Maestranzas del Ejército de Chile, FAMAE, y también como profesor de la Escuela Militar. Según la nómina de Capredena, Hargreaves pasó a retiro recién en agosto de 2014 y hoy percibe una pensión de $3,5 millones. A ese monto se agregan sus honorarios por labores académicas. Al menos hasta noviembre del año pasado, el general en retiro era presidente del Centro de Profesores de la Escuela Militar.

AL ABRIGO DE LA ACADEMIA

La Academia de Guerra del Ejército también es refugio para muchos uniformados que, una vez retirados, siguen vinculados a la institución en calidad de Personal a Contrata (PAC) o Profesor Civil (PC). Ello les permite sumar ingresos regulares a sus jubilaciones o incluso, luego de al menos tres años de servicio, reliquidar sus pensiones al alza.

Un documento reservado del Ejército al que tuvo acceso CIPER, indica que un oficial en retiro con grado de coronel o general contratado como PAC, puede ganar entre $1,5 millón y $2,5 millones mensuales. Para los generales de brigada, el sueldo como PAC, al margen de la jubilación que reciben, alcanza $2.526.910. El de un coronel, teniente coronel o mayor, llega a $1.458.112 (ver documento).

ACADEMIA GUERRAUn ex funcionario civil del Ejército que pidió reserva de su identidad, definió a la Academia de Guerra como una “caja pagadora de favores” y como una “red de protección” entre ex uniformados.

–Hay militares retirados contratados como PAC en la Academia de Guerra para labores administrativas y que, además, hacen clases y tienen contrato como profesores civiles (PC) hasta por 12 horas. Es imposible que cumplan con las funciones de los dos contratos. El sistema de control es un libro de firmas que nadie fiscaliza– señaló a CIPER un ex uniformado que conoce el funcionamiento de la Academia de Guerra.

Otro uniformado refirió a CIPER que tanto en la Academia de Guerra como en la Escuela Militar aún imparten clases o ejercen labores administrativas (en calidad de PC y PAC) ex oficiales vinculados a organismos represores de la dictadura, varios de los cuales gozan de suculentas pensiones. La indagación de CIPER detectó en las nóminas oficiales a al menos media docena de ex uniformados en esa situación.

Uno de ellos es el coronel (r) Rodolfo Ortega Prado, quien fue jefe de la CNI en Punta Arenas entre 1985 y 1989 (usaba la chapa de “Rodrigo”). El 29 de febrero de 2004, La Nación Domingo publicó un reportaje titulado “Un CNI en Madrid”. Allí Ortega aparece involucrado en la muerte en 1988 de la joven socialista de 23 años Susana Ovando Coñué, en Punta Arenas. Cuando apareció el reportaje, en el que se dice que al menos 10 ex agentes de la CNI lo identificaron como su jefe en Punta Arenas el mismo año del asesinato de Ovando, Ortega era agregado militar de Chile en la embajada de Madrid. En marzo de 2004, el coronel en retiro compareció ante la justicia como testigo por este caso.

Esta fue la versión que el coronel le entregó a La Nación sobre la muerte de Susana Ovando: “La CNI en Punta Arenas era una mínima oficina encargada de asuntos administrativos, sin capacidad operativa para detener. En el periodo que yo estuve como jefe de la CNI en Punta Arenas, nunca se detuvo a nadie”.

clase-academia-guerraOrtega pasó a retiro en febrero de 2007 y su pensión asciende a casi $2,6 millones. Pero el ex jefe de la CNI en Punta Arenas ha seguido ligado al Ejército recibiendo otros altos honorarios. Es director del magíster en Historia Militar y Pensamiento Estratégico de la Academia de Guerra. CIPER tuvo acceso a la nómina de académicos que impartirán asignaturas en la Academia de Guerra en 2017. En esa planilla Excel aparecen los nombres de los profesores, los módulos y las horas académicas contempladas para cada curso. Allí, el coronel (r) Ortega –que posee un doctorado de la Universidad Complutense de Madrid– figura como profesor en las asignaturas de “Ejecución JGS (Juegos de Guerra)” y “Geoestrategia”, las que se imparten en los módulos “Mando y Asesoría II”, “Mando y Asesoría III” y “Estrategia II”.

Otro ex CNI que también figura en la planilla de profesores de la Academia de Guerra para 2017, es el ex jefe del Estado Mayor del Ejército, general Guillermo Castro Muñoz: como Profesor Civil (PC) en labores de “investigación y publicación”. Castro es, además, presidente del Centro de Graduados de la Academia de Guerra.

El general Castro perteneció a la Central Nacional de Informaciones entre 1979 y 1982. Fue él mismo quien lo reconoció en una declaración judicial de 2003 (como testigo) en el juicio por la masacre de 22 campesinos en Paine (octubre de 1973). En enero de 2008, Castro prestó una segunda declaración en la que admitió que formó parte de una compañía de fusileros en el “Cuartel Dos” de la Escuela de Infantería de San Bernardo, utilizado como centro de detención (Cerro Chena), dotación que participó en los asesinatos de los 22 campesinos. Y afirmó que en ese cuartel nunca vio detenidos y que solo se enteró tiempo después por la prensa que sí los hubo. El general Castro no ha sido procesado por la justicia.

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En junio de 2015 pasó a retiro el coronel Carl Marowski Pilowsky, quien aparece en la nómina de miembros de la CNI que el Ejército le envió al hoy ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, cuando investigaba el crimen de Tucapel Jiménez. Son varias las labores que actualmente sigue cumpliendo Marowski en el Ejército y que le permiten abultar su pensión de $2,8 millones.

Fuentes consultadas por CIPER, señalaron que el coronel en retiro estaría contratado como PAC en el Comando de Educación y Doctrina del Ejército (División de Educación). Marowski se desempeña además como académico del Diplomado de Educación Superior Militar de la Academia de Guerra y aparece en la nómina de 2017 como “Profesor Civil” (PC) con labores de “investigación y publicación”.

En septiembre de 2016, Carl Marowski asistió a la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados. Lo hizo en calidad de “secretario general de la Academia de Guerra”.

Otro de los militares en retiro ligados a la Academia de Guerra y que perteneció al grupo escolta de Pinochet que le dio origen a la Brigada Mulchén de la DINA, es el general (r) Eduardo Ludovico Aldunate Hermann. En la planilla de profesores 2017, Aldunate –quien jubiló en julio de 2009 y hoy recibe una pensión de $3 millones– aparece con honorarios por labores de “investigación estratégica”. Aldunate fue también jefe de las tropas de Chile en Haití antes de pasar a retiro.

El coronel (r) José Francisco Enberg Castro también integró la CNI. Jubiló en febrero de 2014 y actualmente recibe una pensión de $2,8 millones. En la planilla de asignaturas que impartirá la Academia de Guerra en 2017, Enberg figura como “Profesor Civil” (PC) en “gestión docente”.

En junio de 2013 se filtró a la prensa una nómina con 1.500 uniformados y civiles ex agentes de la DINA. En esa lista, aparece el nombre del general (r) Enrique Slater Escanilla, quien pasó a retiro en septiembre de 2010.

En una nota publicada en la página web de la Escuela Militar en octubre de 2015, Slater figura como Profesor Civil (lleva más de 10 años haciendo clases en la Escuela Militar) y también como jefe del Departamento Académico de la institución. Slater, cuya pensión es hoy de $3,2 millones, aparece además como asesor (entre marzo y agosto de 2016) de la División de Educación del Ejército. Su labor: “brindar asesoría de axiología para la redacción del reglamento Ethos del Ejército de Chile”.

Piñera offshore: las inversiones en Latinoamérica de su sociedad en un paraíso fiscal

Islas Vírgenes Británicas es un paraíso para quienes disfrutan de bucear, navegar a vela, pescar o simplemente tomar sol. Lo ha sido también para cientos de miles de personas que escogen ese destino de aguas turquesa, verdes montañas y antiguas destilerías de ron con otros fines: crear sociedades de fachada amparadas en la opacidad y en un laxo sistema impositivo.

Situada al norte del Caribe, está compuesta por cerca de 60 islas e islotes donde viven poco más de 30 mil habitantes. La gran mayoría lo hace en Road Town, capital de Tórtola, la isla más grande de todas las del archipiélago, aunque la definición es engañosa: su superficie no supera los 20 kilómetros de largo por cinco de ancho. Más que como destino turístico, ese minúsculo territorio de origen volcánico es conocido principalmente por ser una de las mayores plataformas de la industria de la venta de secreto financiero.

Fue allí donde Sebastián Piñera registró el 16 de septiembre de 1997 su sociedad offshore Bancard International Investment Inc. Así se lee en los registros oficiales de la autoridad financiera de Islas Vírgenes Británicas que CIPER solicitó y obtuvo (ver registro). Bancard International es uno de los principales vehículos a través del que Piñera mueve sus inversiones en el extranjero –Perú y Colombia, especialmente– en áreas estratégicas como la pesquera, marítima, energética, infraestructura y bursátil, entre otras. Esos mismos registros indican que Bancard International figura a la fecha con un capital autorizado de US$103 millones en un refugio donde no existen impuestos sobre la renta o las ganancias de capital.

Son justamente las fichas puestas fuera de Chile, y en las que utiliza como vehículo de inversión su sociedad en Islas Vírgenes, las que tienen hoy al ex Presidente Piñera al centro de una aguda polémica sobre sus potenciales conflictos de interés.

Tal como informaron radio Biobío y El Mostrador, una parte de la fortuna que maneja Sebastián Piñera en el exterior fue invertida en 2012 en la pesquera peruana Exalmar, en la que el ex Presidente posee actualmente un 9,18% de su capital accionario. Un porcentaje de esa inversión, hoy avaluada en US$9,3 millones, se realizó mientras Piñera era Presidente y con el litigio con Perú en la Corte Internacional de Justicia de la Haya como telón de fondo.

La noticia provocó un estremecimiento entre algunos empresarios y políticos. ¿Qué habría pasado si en 2012, en el apogeo del litigio con Perú por la zona pesquera de altamar, se hubiera sabido que una sociedad de Piñera invertía precisamente en esa época en una de las principales empresas peruanas del rubro?  Ese fantasma es el que hoy está sobre la mesa. Porque a diferencia de 2009, cuando la fortuna de Piñera estaba concentrada en Chile, la situación hoy es radicalmente distinta. Este reportaje da cuenta de la diversificada cartera en que Piñera ha invertido su fortuna. Y los sectores económicos en los que apostó. Un cuadro que aumenta los riesgos de conflicto de interés si llegara a instalarse nuevamente en La Moneda. A casi un año de la elección presidencial y con Piñera liderando las encuestas, el debate toma fuerza.

Las inversiones en el exterior de Piñera sumarían cerca de US$1.800 millones, equivalentes al 72% de su fortuna, avaluada en US$2.500 millones según Forbes.

Esta infografía muestra compañías en las que Bancard International Investment  -y en menor medida el FIP Mediterráneo- tiene o ha tenido participación.
Esta infografía muestra compañías en las que Bancard International Investment -y en menor medida el FIP Mediterráneo- tiene o ha tenido participación.

La investigación de CIPER arroja que Exalmar no es la única pesquera peruana en la que Bancard International Investment Inc. ha materializado apuestas de inversión. Según un reporte de la clasificadora de riesgo Pacific Credit Rating (PCR) de julio de este año, la sociedad de Piñera con domicilio en Islas Vírgenes es la segunda mayor accionista de Austral Group S.A.A., sociedad de capitales noruegos dedicada a la pesca y comercialización de conservas, harina y aceite de pescado (ver reporte). Bancard International posee el 3,58% de la propiedad de esta empresa que en 2014 tuvo ventas por US$195,2 millones, casi US$28 millones por sobre las de Exalmar ese mismo año (ver ranking de América Economía).

La pesca peruana no es el único sector económico que coloca al ex presidente y posible candidato a La Moneda bajo potenciales conflictos de interés. Bancard International Investment es propietaria del 6,94% del holding Andino Investment, que agrupa a 16 empresas que operan en áreas estratégicas de Perú, como la marítima y de infraestructura. En 2013 adquirió también -pero esta vez a través de Mediterráneo Fondo de Inversión Privado (FIP Mediterráneo)– el 11,8% de Corporación Lindley, embotellador de Coca-Cola y una de las gigantes en la industria de las bebidas no alcohólicas de ese país, productora de la popular Inca Kola.

Colombia es otro de los destinos en donde la fortuna del ex Presidente tiene una posición relevante. En ese país, Bancard International Investment es la accionista mayoritaria de la Bolsa de Valores y sus inversiones muestran un patrón diversificado en áreas como la energética (Isagen), maderera (Tablemac), construcción (Cemex Latam), combustibles (Terpel) y transporte aéreo (Avianca).

Bancard International Investment es una de las más de 430 mil sociedades offshore –la mayoría de ellas activas– registradas a la fecha en Islas Vírgenes Británicas. Sus verdaderos beneficiarios –cuya identidad se desconoce en muchos casos– no son precisamente virgenenses. Entre ellos se cuentan a magnates chinos, oligarcas rusos y colaboradores o familiares de autoridades políticas de distintas partes del mundo, que las utilizan para administrar sus fortunas bajo estricta confidencialidad.

No es ilegal abrir sociedades en jurisdicciones consideradas paraísos fiscales. Las Islas Vírgenes Británicas no son una excepción. No obstante, el territorio de ultramar del Reino Unido ha sido una atractiva jurisdicción para estafadores asiduos al esquema “Ponzi” o “piramidal”. El caso más reciente en nuestro país es el de Alberto Chang, acusado por el Ministerio Público de lavado de activos e infracciones a la Ley General de Bancos y a la de Mercado de Valores, quien operaba con dos sociedades y ocho cuentas bancarias en esa jurisdicción.

Sociedades registradas en las Islas Vírgenes Británicas estuvieron fuertemente implicadas en el colapso de la multimillonaria trama del ex banquero Bernard Madoff, protagonista en 2008 de uno de los mayores escándalos financieros de la historia de Estados Unidos. En Argentina, al vendedor de seguros Eugenio Curatola se le acusó en 2007 de un fraude de más de US$90 millones en el que utilizó como vehículo una sociedad en ese paraíso fiscal.

ANTI-PARAÍSO

Es muy importante que los paraísos fiscales desaparezcan, porque muchas veces se utilizan para actividades reñidas con la ley o la moral (…) lavado de dineros que provienen del narcotráfico o del crimen organizado, o muchas veces se utilizan para evadir impuestos”, dijo Sebastián Piñera hace poco más de dos meses en una conferencia a la que fue invitado en Ecuador.

Con sus declaraciones, Piñera hizo eco de las críticas que desde abril de este año se extendieron como reguero de pólvora por todo el mundo tras las revelaciones de los “Panama Papers”. Por primera vez autoridades políticas, intelectuales y economistas coincidieron en que los paraísos fiscales le hacían un daño a la economía mundial. A ello se sumó que miles de ciudadanos salieron a las calles en distintos países cuando se enteraron por esa investigación que sus autoridades tenían refugiada su fortuna en esas jurisdicciones. El caso más paradigmático fue el del Primer Ministro de Islandia, Sigmundur Gunnlaugssor,  quien debió renunciar por haber ocultado su fortuna precisamente en una sociedad offshore de las Islas Vírgenes Británicas.

mapa-islas-virgenes-britanicasLas palabras de Piñera colisionan con la estructura de negocios diseñada para canalizar sus inversiones a través de la sociedad que creó en 1997 en Islas Vírgenes Británicas: Bancard International Investment. También se enfrentan con un pedazo de su historia.

En los registros públicos de Panamá –uno de los paraísos fiscales más opacos del mundo– aparecen dos sociedades vinculadas a Sebastián Piñera. Ambas fueron registradas en esa jurisdicción a mediados de los ’80 por el estudio jurídico Icaza, González, Ruiz y Alemán. En Chine Invesments S.A. e International Card Systems Inc., creadas en 1984 y 1985 respectivamente, figura Sebastián Piñera como director y en una de ellas aparece su esposa, Cecilia Morel, en la misma función. Las sociedades, según esos mismos registros, continúan vigentes aunque no estarían activas.

Tras estallar el capítulo Exalmar hace unos días, fue el abogado y asesor de Piñera, Fernando Barros, quien aportó con un dato clave para la estrategia de defensa del ex Presidente. De acuerdo a un artículo de La Tercera, el abogado informó a Piñera que desde hace un año las Islas Vírgenes Británicas ya no era considerado un paraíso fiscal por la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos).

El dato que se omitió, y que hasta ahora se desconocía, fue que Bancard International Invesment Inc. había sido registrada 18 años antes –en septiembre de 1997– en Islas Vírgenes Británicas.

El argumento del abogado Barros es discutible. Recién el año pasado la OCDE incluyó a ese territorio británico de ultramar -junto a más de 70 países y territorios- en la nómina de aquellos  que cumplen en “gran medida” con estándares de transparencia e intercambio de información bancaria. En esa lista aparece las Islas Vírgenes Británicas junto a otros paraísos fiscales, como Bahamas, Islas Caimán y Seychelles.

Para el consultor de la ONG internacional Tax Justice Network, Andrés Knobel, la calificación actual de Islas Vírgenes debe ser “tomada con pinzas”. Knobel señaló a CIPER vía correo electrónico:

–Por ejemplo, la OCDE concluye lo mismo sobre Suiza y Estados Unidos, dos de los mayores paraísos fiscales del mundo. En el caso de Islas Vírgenes Británicas, aunque su secreto bancario no sea tan grave, especialmente por su participación en el intercambio automático de información, su gran problema sigue siendo la opacidad de sus compañías y fideicomisos, que no deben registrar a sus dueños. Las Islas Vírgenes incluso ofrece los famosos fideicomisos “VISTA trusts” que pueden ser utilizados de manera abusiva.

Tax Justice Network es responsable de elaborar anualmente un índice de secreto financiero, cuya versión 2015 ubica a Islas Vírgenes Británicas en el lugar N°21 (ver reporte). De acuerdo a la legislación chilena, esa jurisdicción sigue integrando la lista de paraísos fiscales o regímenes preferenciales nocivos, según el Decreto Supremo N°628 de 2003 del Ministerio de Hacienda (ver aquí).

Los registros oficiales de la Comisión de Servicios Financieros de Islas Vírgenes que CIPER obtuvo, no dan cuenta ni de los directores ni de los accionistas de la sociedad de Sebastián Piñera. De acuerdo a las leyes locales, las compañías incorporadas a esa jurisdicción no están obligadas a entregar esa información a la autoridad competente. Tampoco sus balances anuales. Quienes deben mantener esos registros son los intermediarios –bufetes de abogados– que se encargan de hacer los trámites para que, en cosa de días y a cambio de poco menos de mil dólares, las sociedades queden oficialmente registradas en ese territorio.

Pese a la importante ofensiva iniciada por la OCDE para provocar un cambio en el secretismo de los paraísos fiscales, Tórtola, capital del archipiélago británico, sigue siendo un paraíso de moda y no precisamente como destino vacacional. Entre enero y junio de este año, se han constituido allí más de 16 mil nuevas sociedades, casi 89 por día (ver aquí).

En sus últimas declaraciones a Radio Bío Bío (Concepción), el ex presidente Sebastián Piñera señaló: “Soy expresidente y siempre voy a estar comprometido con Chile (…) si quisiera dedicar mi vida a proteger los intereses patrimoniales personales o de mi familia, jamás habría sido candidato ni presidente de Chile”. Y respecto de las inversiones de Bancard International, puntualizó: “La actividad que hicimos no está reñida ni con la moral ni con la ley (…) no tengo nada que ocultar (…) todas las inversiones que se hicieron fuera de Chile son absolutamente legítimas y legales”.

DE ISLAS VÍRGENES A ARGENTINA

Bancard International Investment Inc. fue registrada en Islas Vírgenes Británicas en 1997 por la firma Overseas Management Company Trust, una de las líderes mundiales en la constitución de sociedades en paraísos fiscales. Solo semanas después Piñera se vería salpicado por los coletazos del “Caso Chispas”. A propósito de ese episodio, en noviembre de ese año, el  senador Andrés Allamand señaló al diario La Tercera: “(Los empresarios) son valiosos para la política, pero cuando entran de lleno en ella deben dejar los negocios de verdad y no de fachada”.

Aunque fue candidato presidencial en 2005, Piñera recién daría pasos para desligarse del manejo y control de su fortuna en 2009. Pero a diferencia de sus inversiones en nuestro país que, un año antes de asumir como Presidente en 2010, quedaron a resguardo de un fideicomiso ciego, las extranjeras quedaron en manos de su círculo histórico de colaboradores y de su núcleo familiar.

Road Town, Tórtola.
Road Town, Tórtola.

Fue a través de Bancard International Invesment Inc. que el 23 de marzo de 2004, Sebastián Piñera entró a la propiedad de Southern Cone Power Argentina S.A., controladora de Central Costanera, la mayor planta termoeléctrica del país vecino. Lo hizo comprando el 70% de las acciones que Latin America Holding I y II poseían hasta entonces en esa compañía. En esa misma operación Bancard se hizo propietaria también de un paquete de acciones clase B de Central Costanera, equivalentes al 1,33% de su capital social. En virtud de esa compra, Sebastián Piñera quedó como director suplente de Central Costanera y su hermano, Pablo, como titular.

El ingreso de Bancard International a la propiedad de Costanera fue informada así por un medio local: “El atractivo para los chilenos podría ser precisamente la crisis: entrar ahora y esperar que el gobierno autorice el alza de las tarifas (de gas)”. En esa misma nota, a Piñera se le define como líder de la oposición del gobierno chileno y como un empresario “conocido por su buen olfato para los negocios”.

Para entonces (marzo de 2004), los directores de Bancard International –cuya identidad se desconoce gracias a que la legislación de Islas Vírgenes lo permite- habían aprobado el aumento del capital autorizado de la sociedad en tres oportunidades. Un nuevo aumento –junto a un cambio en el número de acciones– tendría lugar el 28 de septiembre de 2009.

No hay registro de operaciones similares realizadas por esta sociedad después de esa fecha. Su capital autorizado asciende actualmente a US$102,9 millones, según los registros oficiales que CIPER obtuvo. Sin tener a la vista la contabilidad de esa sociedad, no es posible saber si ese capital tiene hoy respaldo efectivo o no.

PERÚ: MAR, AEROPUERTOS Y BEBIDAS

Según la información financiera disponible, el ingreso de Bancard International Investment a Perú es más reciente que las inversiones de Piñera a través de esa misma sociedad offshore en Argentina. En Perú –y también en Colombia– las inversiones de Piñera se canalizaron inicialmente vía el FIP Mediterráneo, entidad gestionada por Administradora Bancorp. Fue a través de este fondo que los intereses del ex Presidente aterrizaron inicialmente en Exalmar, empresa ligada a la familia peruana Matta Curotto. No podría haber sido de otra forma. Entre 2010 y 2011, la pesquera peruana realizó dos ofertas públicas de venta de acciones. En ambas, la empresa estipuló que ningún inversionista domiciliado en paraísos fiscales podía participar de la operación. Entre ellos figuraba Islas Vírgenes Británicas, domicilio de Bancard International Investment Inc.

Lo curioso es que en esa lista de paraísos fiscales, Exalmar incluyó a Panama, jurisdicción donde tiene domicilio Caleta de Oro Holding, la sociedad que la controla.

A agosto de 2012, el FIP Mediterráneo poseía el 1,74% del capital social de la pesquera. A principios de 2015, Bancard International Investment reemplazó al FIP Mediterráneo como titular de las acciones. La sociedad de Islas Vírgenes posee actualmente el 9,18% de la propiedad de la pesquera (cerca de US$ 9,3 millones).

pescaEl FIP Mediterráneo también figura como accionista de otra pesquera peruana: Austral Group S.A.A. Un reporte de la clasificadora de riesgo Pacific Credit Rating de febrero de 2015, informa que en septiembre de 2014 Mediterráneo era el segundo mayor accionista de Austral Group con un 2,6% (ver aquí). Un segundo reporte de la misma clasificadora del 20 de julio de 2016 (con estados financieros auditados al 31 de marzo de este año), muestra que el titular de esas acciones es ahora Bancard International Invesment y que la participación de Sebastián Piñera en esa empresa aumentó desde el último informe a 3,58% (ver aquí).

Otra de las compañías peruanas donde Bancard International Invesment ha comprometido inversiones es Andino Investment, holding donde la sociedad de Islas Vírgenes Británicas figura en diciembre de 2015 con un 6,94% de las acciones. Andino Invesment Holding reúne a 16 empresas del ámbito marítimo, logístico y de infraestructura portuaria y aeroportuaria. Una de ellas es Aeropuertos Andinos del Perú (AAP), sociedad que maneja bajo contrato de concesión los aeropuertos de Arequipa, Ayacucho, Juliaca, Puerto Maldonado y Tacna.

Andino posee además el 50% de Kuntur Wasi, consorcio encargado de construir el nuevo aeropuerto de Cuzco. Paralizado desde hace meses, el Presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski –cercano a Piñera y que en 2015 figuraba como uno de los directores de Exalmar– anunció hace unos días que la construcción del proyecto podría comenzar en enero de 2017 y comprometió ayuda gubernamental para el movimiento de tierras (ver nota del Diario El Comercio).

En 1935, Corporación Lindley creó una de las marcas de bebidas más reconocidas y populares de Perú: Inca Kola. Hoy la empresa es la embotelladora oficial de Coca-Cola en ese país. El FIP Mediterráneo habría puesto los ojos sobre esta compañía en 2013. Fue a fines de ese año cuando adquirió el 11,8% de su propiedad, en una operación que habría rozado los US$60 millones.

COLOMBIA: ENERGÍA, COMBUSTIBLES Y CONSTRUCCIÓN

Una de las apuestas más fuertes de Bancard International Investment es la Bolsa de Valores de Colombia (BVC). La sociedad de Piñera en Islas Vírgenes Británicas es hoy la mayor accionista de la BVC con un 9,93% de los títulos que allí se transan.

Los registros históricos que consultó CIPER indican que el FIP Mediterráneo adquirió en junio de 2013, cuando Piñera era aún Presidente de la República, el 1,37% de la Bolsa colombiana. Un año más tarde, Mediterráneo aumentó a 2,93% su participación. A diciembre de 2014, con Piñera fuera de La Moneda, ya se ubicaba como el quinto mayor accionista con un 3,94%. Para entonces, ya no era Mediterráneo el vehículo de inversiones, sino Bancard International Investment.

En junio de 2015, la sociedad offshore de Piñera casi duplicó su peso en la Bolsa de Colombia adquiriendo el 7,91%. Y en septiembre del mismo año se convirtió en el principal accionista de esa plaza bursátil con un 9,93%, posición que se mantiene hasta hoy.

Sebastián Piñera
Sebastián Piñera

A diciembre de 2015, Bancard International aparece como el propietario del 1,63% de las acciones de Terpel, la distribuidora colombiana de productos derivados del gas y petróleo. A la misma fecha, figura también como accionista del consorcio aerocomercial Avianca Holdings, con el 0,20% de su capital social. Posición similar tiene en Cemex Latam Holdings, compañía de materiales para la industria de la construcción ligada a la gigante mexicana del mismo nombre, donde al 31 de marzo de este año figura con el 0,49% de su propiedad.

El sector energético colombiano también atrajo el interés de Bancard International Investment. En diciembre de 2015, la sociedad offshore de Piñera figuraba con el 0,23% de la propiedad de Isagen, compañía que opera siete centrales de generación de energía –principalmente hidroeléctrica–, en cuatro departamentos de Colombia. Según una versión de prensa, Piñera habría vendido sus acciones en Isagen en mayo de este año. Pero información oficial no se encontró.

En abril de 2015, Termocandelaria Power Limited, controladora de las termoeléctricas colombianas Termocandelaria y Termobarranquilla, informó a la Superintendencia de Industria y Comercio de ese país la venta del 60,7% de su capital accionario. Entre los adquirientes figuran varias sociedades. Bancard International Invesment es una de ellas, aunque no se informó del monto de la transacción, ni del número de acciones compradas.

Los estados financieros que CIPER tuvo a la vista, indican que en julio de 2013 el FIP Mediterráneo poseía el 4,11% de la propiedad de la colombiana Tablemac, dedicada a la explotación maderera.

CIPER también encontró una minúscula apuesta de Bancard International, lejos de Sudamérica. Se trata del fondo de inversión escocés ASF VI L.P., creado en julio de 2013. En abril de 2014 el FIP Mediterráneo invirtió US$1.300 en ese fondo. El 3 de diciembre del mismo año, Mediterráneo transfirió el total de sus intereses a Bancard International Investment. El monto que Piñera tenía a esa fecha invertido en el fondo escocés, no aumentó.

Studio Office Tobalaba: la otra operación inmobiliaria fallida de Natalia Compagnon

El 30 de diciembre de 2014, Natalia Compagnon acudió a la Séptima Notaría de Santiago a firmar un contrato con la empresa de servicios financieros Tanner Leasing. Ese día materializó su decisión de arrendar -con opción de compra- cinco oficinas y seis estacionamientos en un recién inaugurado proyecto inmobiliario ubicado en la intersección de Tobalaba con Eliodoro Yáñez (Providencia).

Eran días auspiciosos para CAVAL. Sus socios, Natalia Compagnon y el relacionador público Mauricio Valero, estaban a punto de recibir los $9.500 millones que les debía reportar la jugosa operación de venta de tres terrenos ubicados en una estratégica zona de Machalí (Sexta Región). CAVAL había adquirido los predios solo un año antes en $6.500 millones gracias a un préstamo del Banco de Chile y luego de que Compagnon y su esposo, Sebastián Dávalos, se reunieran por casi una hora con el controlador de la entidad financiera, Andrónico Luksic.

Los negocios de CAVAL iban en alza. También el patrimonio inmobiliario de su socia Natalia Compagnon. Cuando la nuera de la Presidenta Michelle Bachelet acudió a la notaría el penúltimo día de 2014 a firmar el contrato por las cinco oficinas de Tobalaba, no solo tenía a su haber los tres predios en Machalí. También un departamento en el quinto piso del Edificio Crucero de San Alfonso del Mar (Algarrobo, Quinta Región), avaluado en $150 millones, y 12 terrenos en la localidad de Los Choros, Cuarta Región, avaluados en $78 millones (ver reportaje de CIPER).

Mauricio Valero y Natalia Compagnon
Mauricio Valero y Natalia Compagnon

Natalia Compagnon no fue la única de su círculo que puso los ojos en ese nuevo y moderno edificio de Providencia. Los documentos del Conservador de Bienes Raíces que revisó CIPER indican que otros ejecutivos de CAVAL siguieron sus pasos: el gerente de Finanzas, la encargada de proyectos tecnológicos e innovación y la asesora inmobiliaria de la empresa compraron oficinas y estacionamientos en ese mismo inmueble con solo meses de diferencia.

Una imagen impecable para proyectar tu empresa”, señala la página web del proyecto inmobiliario. A poco más de un mes de firmado el contrato entre Compagnon y Tanner Leasing a fines de 2014, CAVAL se desplomó. El 6 de febrero de 2015, revista Qué Pasa reveló los términos del millonario negocio especulativo de tierras de CAVAL en Machalí. La onda expansiva del escándalo pegó de lleno en La Moneda y en los niveles de aprobación del gobierno de Michelle Bachelet.

La operación inmobiliaria dio pie a una investigación de la Fiscalía de Rancagua que ya tiene a más de una decena de formalizados. Entre ellos figura Natalia Compagnon, por delitos tributarios, y su socio Mauricio Valero, por el mismo delito y por cohecho.

El contrato de arriendo con opción de compra que Compagnon firmó al cierre de 2014 por las oficinas de Tobalaba, le abrió hace pocos días un nuevo flanco judicial. El 4 de noviembre, Tanner Leasing la demandó por el no pago de rentas. La empresa de servicios financieros reclama el pago de más de $265 millones por concepto de atrasos y multas. La acción judicial también va dirigida contra CAVAL, como fiadora y codeudora solidaria de Inmobiliaria e Inversiones San Lucas, que es la sociedad que aparece como titular en el contrato y de la que Natalia Compagnon y su madre son las únicas accionistas.

Es precisamente la sociedad San Lucas la que ha estado en los últimos meses al centro de las diligencias del fiscal Sergio Moya. Una de las hebras que ha tomado peso en la investigación del persecutor de Rancagua apunta a esclarecer el destino de los dineros obtenidos por la esposa de Sebastián Dávalos en su calidad de socia de CAVAL.

Tal como reveló CIPER, a solo once meses de haber sido creada en febrero de 2012, CAVAL obtuvo ingresos por sobre los $1.500 millones (ver reportaje). Casi el 90% de esos montos provinieron de diversas asesorías que tienen una fuente: el empresario rancagüino Gonzalo Vial Concha, quien se querelló en junio de 2016 por presunta estafa. La querella no individualizó responsables, pero se presentó luego de que Vial Concha declarara antes los fiscales haberse sentido engañado por CAVAL y sus asesores.

San Lucas estaba en el mapa del fiscal de Rancagua luego de que se detectara un traspaso de $25 millones desde CAVAL a esta sociedad. Se investiga si ese trasvasije de dineros realizado en 2012 fue parte de una maniobra de ocultamiento de fondos, debido a que la sociedad inmobiliaria y de inversiones de Compagnon nunca habría tenido movimiento.

De acuerdo a los registros del Servicios de Impuestos Internos (SII), San Lucas inició actividades el 6 de septiembre de 2012. A la fecha, y según la información del SII, no registra timbraje de documentos, procedimiento que permite legalizar facturas, boletas, pagarés y libros contables, entre varios otros papeles que respaldan las distintas operaciones que llevan a cabo los contribuyentes en sus actividades económicas.

STUDIO OFFICE TOBALABA

En 2011, la empresa Desarrollos Inmobiliarios 2000 compró dos terrenos en Eliodoro Yáñez (Providencia) para construir allí un edificio de oficinas: una torre de diez pisos y cuatro subterráneos, con estacionamientos y bodegas, locales comerciales y dos salas de reuniones en el primer piso. A solo pasos de la estación de Metro Cristóbal Colón, el proyecto –bautizado como Studio Office Tobalaba– ofrecía conexión “con los núcleos residenciales, corporativos, financieros y comerciales más importantes de Chile”.

Al parecer, el anuncio de venta de Studio Office Tobalaba les pareció lo suficientemente atractivo a Compagnon y Valero. De uno de los correos intercambiados entre Sebastián Dávalos y una de las ejecutivas de CAVAL, se desprende que al menos desde agosto de 2014 entre los planes de Compagnon y Valero estaba la mudanza de las oficinas de CAVAL desde la calle Nevería en Las Condes a Eliodoro Yáñez en Providencia.

Edificio Studio Office Tobalaba (Fuente: www.studioffice.cl)
Edificio Studio Office Tobalaba (Fuente: www.studioffice.cl)

El 8 de agosto, Sol Herreros le escribió un email a Sebastián Dávalos advirtiéndole que la entrega de las oficinas de Eliodoro Yáñez estaba atrasada. Herreros es amiga de Sebastián Dávalos y era a él a quien le reportaba directamente de sus labores como encargada de proyectos tecnológicos e innovación, cuando éste se desempeñaba como gerente de Proyectos de CAVAL. En el correo electrónico le señaló:

­Querido amigo, de acuerdo a lo conversado, le adjunto una copia de una de las escrituras de las propiedades de Eliodoro Yáñez, yo creo que hay una demora en la entrega de estas. Se supone que el ingreso municipal se haría a más tardar el 30 de abril de 2014 y se ingresó el 30 de mayo. Se supone que la entrega se hará en septiembre. Veamos si legalmente están cumpliendo con los plazos. Todas las escrituras de las oficinas de CAVAL, mías, la tuya y de la Nata (Natalia Compagnon) están bajo la misma situación”.

Este correo es una prueba para la Fiscalía de que Dávalos, que en ese momento encabezaba la Dirección Sociocultural de la Presidencia, seguía teniendo injerencia en las decisiones de CAVAL.

Para refrendar sus dichos sobre los plazos, en el correo electrónico enviado a Dávalos, Sol Herreros adjuntó una promesa de compraventa firmada por Desarrollos Inmobiliarios 2000 por la oficina N° 303 del edificio. Allí se lee que la inmobiliaria se compromete a terminar la construcción e ingresar la solicitud de recepción municipal a más tardar el 30 de abril.

No hay registro de que Dávalos haya respondido al correo de su amiga. Sí quedó huella de que Herreros le reenvió ese mismo correo a Natalia Compagnon un mes después, el 8 de octubre.

PATRIMONIO INMOBILIARIO

Tres meses después de que Herreros le reenviara el correo electrónico a la socia de CAVAL, Natalia Compagnon firmó el contrato con Tanner Leasing para el arriendo con opción de compra de cinco oficinas en el piso 7 del edificio Studio Office Tobalaba y seis estacionamientos. Ese 30 de diciembre, Compagnon acudió a la notaría en representación de la sociedad Inmobiliaria y de Inversiones San Lucas, constituida en agosto de 2012 y en la que también figura como socia minoritaria su madre, Margarita Soto Acevedo. Entre los objetos de San Lucas está “la adquisición, venta y enajenación a cualquier título de bienes muebles y raíces, corporales e incorporales, su explotación bajo la forma de compraventa, loteos, urbanizaciones, enajenaciones de cualquier especie, o arrendamiento y otros”.

Además de Natalia Compagnon, en el contrato figura como fiadora y codeudora solidaria la sociedad Exportadora y de Gestión CAVAL, para “garantizar a la arrendadora, el cumplimiento íntegro y oportuno de todas y cualquiera de las obligaciones que para ellos y para Inmobiliaria e Inversiones San Lucas S.A., nacen del contrato de arrendamiento con opción de compra”.

Plano referencial de oficinas de Studio Office (Fuente: www.studioffice.cl)
Plano referencial de oficinas de Studio Office (Fuente: www.studioffice.cl)

El contrato selló el arriendo con opción de compra de las oficinas N° 707, 708, 709, 710 y 711 y de los estacionamientos N° 38, 39, 48, 58, 61 y 62. Por esos bienes raíces, Compagnon debió desembolsar UF 1.343 ($33 millones, al valor de esa época) al momento de la firma del acuerdo. Además, se comprometió a cancelar mensualmente 119 rentas de arrendamiento de UF 140 ($3,7 millones, al valor actual) y otras UF 3.358 ($88,2 millones, al valor actual) a pagarse 30 días después del pago de la última renta.

Al término de periodo del contrato y en caso de que la arrendataria quisiera ejercer la opción de compra de las oficinas con sus estacionamientos, se pactó una suma única de UF 140 ($3,5 millones), a pagarse 30 días después de cancelada la última renta (ver contrato).

Además de San Lucas, otros tres miembros de CAVAL compraron a título personal oficinas en la torre de Eliodoro Yáñez. La primera en hacerlo fue Sol Herreros el 30 de enero de 2015, a pocos días de que estallara el escándalo por la operación de especulación inmobiliaria de CAVAL en Machalí (6 de febrero). De acuerdo a registros revisados por CIPER en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago, Herreros adquirió la oficina N° 304 en UF 1.667 ($40,9 millones, al valor de la época). A Herreros le siguió María Luisa Valenzuela Illanes, prima de Mauricio Valero y quien trabajó como asesora inmobiliaria de CAVAL. El 19 de febrero de 2015 compró la oficina N° 404 y el estacionamiento N° 19, en UF 2.125 ($52 millones, al valor de la época).

Quien también compró en el mismo edificio fue el entonces gerente de Finanzas de CAVAL, Marcelo Carreño Salgado. Lo hizo el 30 de marzo, fecha en la que adquirió la oficina N° 405 y el estacionamiento N° 20 en UF 2.173 ($53,5 millones, al valor de la época).    

LÍOS JUDICIALES

El 4 de noviembre pasado, el abogado de la empresa de servicios financieros Tanner presentó ante el Cuarto Juzgado Civil de Santiago una demanda de terminación inmediata de contrato por no pago de rentas contra Inmobiliaria e Inversiones San Lucas, de su representante Natalia Compagnon, y de CAVAL, como codeudora y fiadora solidaria. Tanner alega que desde junio de este año, San Lucas se encuentra “en mora en el pago de la renta correspondiente a dicho mes, y de todas las que se han devengado desde entonces hasta la fecha de esta presentación” (ver demanda).

La empresa de servicios financieros, controlada en un 52,5% por el Grupo Massú a través de Inversiones Bancarias, exige el pago de $22,1 millones correspondientes a las rentas vencidas y de otros $243,3 millones por multas, además del pago de las costas del juicio.

CIPER intentó comunicarse con el gerente general de Tanner, pero desde la empresa señalaron –en un correo electrónico- que no se referirían al tema debido a que por políticas internas “no se efectúan declaraciones de ningún tipo respecto de hechos o circunstancias que actualmente se encuentren conociendo los tribunales de justicia”.

A la luz de los datos que aporta la demanda, de diciembre de 2014 a mayo de 2016, Compagnon alcanzó a desembolsar por el arriendo de las oficinas y estacionamientos del edificio de Eliodoro Yáñez $96 millones, correspondientes a la cuota inicial del leasing ($33 millones), más 17 meses de renta ($62,9 millones).

Testimonios recogidos por CIPER entre vecinos del edificio indican que durante ese tiempo las oficinas eran frecuentadas por Mauricio Valero, Natalia Compagnon y también por Sebastián Dávalos. Según esas versiones, era el propio Valero quien se encargaba de pagar los gastos comunes de los cinco inmuebles en poder de Inmobiliaria e Inversiones San Lucas, la sociedad de Natalia Compagnon.

Luego de la formalización de Valero y Compagnon en enero pasado, las visitas al Studio Office de Providencia de los directivos y gerentes de CAVAL se hicieron cada vez más espaciadas. A quien se le siguió viendo con cierta regularidad es al abogado de Natalia Compagnon, Antonio Garafulic, quien, según los mismos testimonios, ocupaba la oficina 708.

Antonio Garafulic y Natalia Compagnon
Antonio Garafulic y Natalia Compagnon

A Marcelo Carreño y Sol Herreros tampoco se les ve por el edificio. El hombre encargado de las platas de CAVAL vendió su oficina y el estacionamiento a solo tres meses de haberlos adquirido. Hizo un buen negocio. El 8 de julio de 2015, Carreño liquidó su propiedad en UF 2.500 (62,5 millones, al valor de la época), obteniendo una ganancia de casi $9 millones.

Sol Herreros también terminó con saldo positivo luego de vender su propiedad en agosto de este año. La oficina N° 304 del edificio de Tobalaba fue adquirida en UF 2.000 ($11,4 millones por sobre su precio original) por Irina Reyes Donoso.

Irina Reyes no era una desconocida para Dávalos y su círculo. En marzo de 2014, fue nombrada por la Presidenta Michelle Bachelet como directora ejecutiva de la Fundación Chilenter, una de las organizaciones sin fines de lucro que depende de la Dirección Sociocultural de la Presidencia, entidad que por entonces estaba encabezada por su hijo, Sebastián Dávalos.

María Luisa Valenzuela, en tanto, hipotecó su propiedad –la oficina N°404– en favor del Banco Santander, luego de obtener un préstamo de esa entidad bancaria por UF 1.724 durante 2015.

La demanda de Tanner es el capítulo más reciente de una serie de líos judiciales que Natalia Compagnon ha enfrentado en los últimos meses. A principios de noviembre la empresa Bruno Fritsch también la demandó: un cheque por $410 mil girado por Compagnon a la automotora para el pago de la cuota de un vehículo fue protestado por falta de fondos.

El último revés judicial lo vivió hace menos de una semana, luego de que el Juzgado de Garantía de Rancagua rechazara la solicitud de su defensa para modificar la medida cautelar de arraigo nacional en su contra. Natalia Compagnon tenía programado un viaje con su familia a Miami entre el 20 de diciembre y la primera semana de enero.

La jueza del tribunal rancagüino consideró que la salida de Chile de la socia de CAVAL ponía en peligro la investigación del Ministerio Público, cuyo término está fijado para el 29 de enero próximo.

OAS: Las redes políticas en Chile de la empresa que pagó millonarias coimas en Brasil

¿Cuándo será definida la elección?

La primera vuelta  será el día 17/11 y es posible que se resuelva para esa fecha con la victoria de Bachelet. En caso que esto no ocurra tenemos dos situaciones distintas. Segunda vuelta Bachelet X (versus) cualquier otro candidato, sin duda Lula va a hacer un gesto por ella. Bachelet X (versus) Marco, vamos a quedar en una situación difícil.

El mensaje es parte de una conversación por WhatsApp, fechada el 6 de noviembre de 2013, entre dos de los máximos ejecutivos de la constructora brasilera OAS, la que desde hace dos años está en el centro de la diligencias de la operación “Lava Jato”, donde se investiga una gigantesca red de corrupción que tiene como protagonista a la estatal Petrobras. El Ministerio Público Federal de Curitiba acusa a OAS de haber pagado alrededor de US$8,6 millones en coimas para beneficiarse con contratos de Petrobras. La compañía también está siendo investigada –por fraudes en licitaciones y presuntos ilícitos en el financiamiento de la política– en Perú, Argentina, Uruguay y Chile.

Marco Enríquez-Ominami
Marco Enríquez-Ominami

Quien pregunta por las elecciones en Chile en ese breve diálogo es José Adelmario Pinheiro Filho –Leo Pinheiro– ex presidente de OAS, condenado en 2015 a 16 años y 4 meses de prisión por los delitos de corrupción, lavado de dinero y crimen organizado en el marco de la operación “Lava Jato”. Su interlocutor: Augusto César Ferreira e Uzeda –César Uzeda–, ex director internacional de la compañía y quien viajó en 2013 de Santiago a Sao Paulo en un jet privado junto al entonces candidato presidencial del PRO Marco Enríquez-Ominami y su asesor, Cristián Warner.

La empresa brasilera facilitó luego el avión durante tres meses a la campaña de Enríquez-Ominami y pagó $59 millones a una sociedad ligada a Warner que fue utilizada para canalizar gastos electorales. El Consejo de Defensa del Estado (CDE) los acusa a ambos de fraude al Fisco por haber pedido al Servicio Electoral (Servel) el reembolso de $170 millones para cancelar los servicios de un publicista brasilero que en realidad habrían sido pagados directamente por OAS.

CIPER, gracias a la colaboración de IDL-Reporteros de Perú, tuvo acceso a los miles de mensajes de texto que Pinheiro intercambió entre 2013 y 2014 con varios de sus colaboradores a través de tres teléfonos celulares Iphone, los que fueron incautados en noviembre de 2014 cuando fue detenido por la Policía Federal en la séptima fase de la operación “Lava Jato”.

Numerosos mensajes hacen referencia a Chile y también a un misterioso personaje apodado Brahma –en honor a la marca de cerveza del mismo nombre–, chapa con la que en ocasiones la alta dirección de la compañía brasilera se refería al ex Presidente Luiz Inacio “Lula” da Silva , según confirmó la Policía Federal. El ex mandatario está bajo investigación de la justicia de Brasil luego de que el Ministerio Público lo acusara de aceptar 3,7 millones de reales (cerca de US$1,1 millón) en sobornos que se cree provienen de las arcas de la constructora brasilera.

En el diálogo por WhatsApp, César Uzeda analizaba los escenarios electorales en Chile porque OAS estaba preparando una visita de Lula a Santiago. Pinheiro y Uzeda tiraban líneas sobre las características de la reunión que el ex presidente de Brasil sostendría en Santiago con algunos empresarios: “Brahma quiere hacer la presentación el 24, 25 o 26 de noviembre en Santiago. Sería una mesa redonda con 20 a 30 personas”, le comentó Pinheiro a Uzeda el 12 de noviembre de 2013. El director internacional de OAS le respondió: “Creo que los convidados dependerán de los resultados de las elecciones el domingo próximo, tal vez un almuerzo con participación de empresarios, políticos con orientación más de izquierda e intelectuales. Someteríamos a los convidados a la crítica previa de él”.

El resultado de las elecciones del 17 de noviembre le evitó una situación incómoda a OAS. Enríquez-Ominami no pasó a segunda vuelta y Lula visitó el comando de la entonces candidata presidencial Michelle Bachelet en el barrio Italia (Providencia) para entregarle su apoyo.

Quien también aparece mencionado en los mensajes de texto contenidos en los teléfonos de Leo Pinheiro es el recaudador de fondos para la precampaña de la Presidenta Michelle Bachelet, Giorgio Martelli, quien visitaría obras de la empresa en Río de Janeiro a fines de 2014. “Él viajó por interés personal y financió el viaje con sus propios recursos”, señaló a CIPER su abogado Claudio Pavlic. De acuerdo a los mensajes de texto a los que tuvo acceso este medio, ejecutivos de OAS pidieron al propio Leo Pinheiro que confirmara el viaje de Martelli a Río.

Leo Pinheiro
Leo Pinheiro

En una serie de mensajes enviados al ex director de OAS por el representante en nuestro país de la brasilera, Marcel Corazza, se menciona como contacto en Chile a un tal “Giorgio”. Ese nombre, junto al de “Pedro”, aparece en varias conversaciones que dan cuenta de las intensas gestiones que durante el segundo semestre de 2014 llevó a cabo OAS con miras a la licitación de la concesión del Aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago.

En ese momento el asesor jurídico de OAS en Chile era Pedro Yaconi, pero él negó ser el “Pedro” que hizo gestiones para esa licitación. El abogado de Martelli indicó que su cliente  tampoco se vinculó con ese proceso, aunque reconoció que sí sostuvo reuniones con OAS en calidad de gerente general de la Corporación para el Desarrollo Sustentable de Pudahuel (Codesup), de la que es socia la concesionaria del aeropuerto.

Martelli se encuentra formalizado por su participación en el esquema de financiamiento irregular de la precampaña de Bachelet a través de SQM, empresa que también rectificó ante el Servicio de Impuestos Internos facturas de una sociedad de Pedro Yaconi, por no tener constancia de que hubiera prestado servicios. Martelli y Yaconi se conocen al menos desde 2009, cuando participaron del equipo recaudador de la campaña de Eduardo Frei, cuyo financiamiento también está siendo investigado por el Ministerio Público, aunque los delitos estarían prescritos.

LA AGENDA DE LULA EN CHILE

La visita de Lula da Silva a Chile comenzó a tomar forma a principios de noviembre de 2013. De acuerdo al historial de mensajes de los teléfonos móviles de Leo Pinheiro a los que tuvo acceso CIPER, el 6 de noviembre el entonces mandamás de OAS le comunicó al director internacional de la compañía, César Uzeda, que Lula podía hacer una presentación en Chile el día 26 de ese mes.

El ex Presidente de Brasil ya tenía agendada para el 27 una conferencia en Santiago en el marco del seminario “Desarrollo e Integración en América Latina”, organizado por  la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Lula da Silva y Ricardo Lagos (Fuente:Cepal)
Lula da Silva y Ricardo Lagos (Fuente:Cepal)

Descontando la invitación de la Cepal, de los mensajes a los que tuvo acceso CIPER se infiere que OAS tuvo un activo rol en la organización de la agenda de actividades que Lula tuvo en Chile la última semana de noviembre.

Nuestro amigo Brahma puede hacer una presentación el día 26/11. ¿La elección será definida cuándo? ¿A quién podríamos convidar? No a un público grande. 20 a 30 personas tipo mesa redonda. Tema: relación Brasil-Chile”, le escribió Leo Pinheiro a Uzeda el 6 de noviembre.

César Uzeda respondió dos horas después indicando que la primera vuelta de la elección presidencial en Chile sería el 17 de noviembre y que era probable que se resolviera con la victoria de Michelle Bachelet. Luego detalló los escenarios posibles en caso que ello no sucediera y la situación incómoda en que estaría OAS si ella y Enríquez-Ominami pasaban a segunda vuelta.

Antes de su viaje, Lula le preguntó a Leo Pinheiro qué obras tenía OAS en Chile. Éste, a su vez, le pidió a Uzeda que le informara al respecto.

¿Estamos construyendo hoy alguna obra en Chile además del hospital? Si es positivo ¿Cuáles? Valor, etapa y localización. Brahma necesita saber.

–Construcción del Puente Chacao, entrega 4/11, mayor obra pública de Chile este año, valor 800 MM. Ejecutamos Mapocho Limpio (concluida), estamos ejecutando el Hospital de Rancagua (90%) –respondió Uzeda.

Fue también en un jet facilitado por OAS que Lula llegó a Santiago el martes 26 de noviembre de 2013. El día anterior, Pinheiro le escribió a Uzeda pidiendo detalles del viaje que estaban a punto de emprender. “Colocamos un avión a disposición de Lula para salir mañana a mediodía. Sería bueno que usted chequeara con Paulo Okamoto (presidente del Instituto Lula) si es conveniente irnos en el mismo avión. En caso contrario nos vamos el miércoles”, respondió Uzeda.

Según se desprende de los mensajes revisados por CIPER, Pinheiro y Uzeda no viajaron en el mismo avión que Lula rumbo a Santiago. Los ejecutivos despegaron 24 horas después que el ex Presidente.

Fue ese mismo 26 y a pocas horas de aterrizar en nuestro país que Lula llegó hasta el comando de la entonces candidata de la Nueva Mayoría Michelle Bachelet para entregarle su respaldo de cara a la segunda vuelta, en que enfrentaría a Evelyn Matthei. Al final de la cita, que se extendió por cerca de una hora, el ex líder sindicalista describió a Bachelet como una candidata que “tiene el corazón para cuidar a todos, en especial a las personas más pobres”.

Al día siguiente, Lula participó de la apertura del seminario de la Cepal, donde compartió una mesa con la secretaria ejecutiva del organismo, Alicia Bárcena, y el ex Presidente  Ricardo Lagos. Ambos ex mandatarios hicieron un llamado a avanzar en la integración de la región.

La mañana del 28 de noviembre Lula asistió acompañado de Leo Pinheiro a un desayuno de la CPC con 30 empresarios en el restorán Osadía, ubicado en la comuna de Vitacura. A la cita llegaron varios pesos pesados del mundo empresarial: Eliodoro Matte (CMPC), Horst Paulmann (Cencosud), Jorge Errázuriz (Celfin Capital) y Juan Eduardo Errázuriz (Sigdo Koppers), entre otros. En la foto oficial del evento, también aparecen dos emblemáticos recaudadores de fondos para campañas concertacionistas: Jorge Rosenblut, quien asistió en calidad de presidente de Endesa, y Pedro Yaconi, quien lo hizo como abogado del extinto estudio jurídico Hermosilla, Levi, Yaconi, Donoso y abogados.

Pedro Yaconi figura en las investigaciones por el financiamiento irregular de la política desde que en mayo de 2015 quedara al descubierto que una de sus sociedades, Rinvesa, emitiera una factura por $30 millones a Soquimich, la que fue rectificada ante el Servicio de Impuestos Internos. Según publicó el diario electrónico El Mostrador, el documento fue emitido en 2009, cuando Yaconi –hombre de confianza del ex Presidente Eduardo Frei– participaba del comité de finanzas del comando que buscaba sentar nuevamente en La Moneda al entonces candidato DC.

Yaconi no era un desconocido para los ejecutivos de OAS. Versiones recogidas por CIPER indican que quien se encargó de la logística y de afinar los detalles del evento cuyo protagonista estelar era Lula da Silva, fue la empresa de comunicaciones Azerta, ligada a la lobista y experta en comunicación estratégica Cristina Bitar. De hecho, Bitar también estuvo presente en el desayuno. Desde Azerta informaron a CIPER que efectivamente realizaron gestiones para organizar el desayuno y que lo hicieron por encargo del propio Yaconi. Fue el abogado quien puso a Azerta en contacto con el representante de la filial de OAS en Chile, Jaume Serret, quien actuó como contraparte de la empresa de comunicación estratégica en este tema. Azerta facturó por sus servicios a OAS Chile.

Desde la CPC informaron a CIPER que su participación en este capítulo se restringió a hacer recomendaciones, sugerir nombres y contactar a algunas personas.

El vínculo entre Pedro Yaconi y los directivos de OAS se profundizó en abril de 2014 cuando el abogado asumió como asesor jurídico de la empresa brasilera en Chile (ver reportaje de CIPER).

Lula da Silva y Michelle Bachelet
Lula da Silva y Michelle Bachelet

La tarde de ese mismo 28 de noviembre, el ex Presidente de Brasil se reunió en La Moneda y por más de una hora con el entonces Presidente Sebastián Piñera, cita en la que también estuvo presente su ministro de Relaciones Exteriores, Alfredo Moreno. También asistieron George Lamazière, embajador de Brasil en Chile, Paulo Okamoto, presidente del Instituto Lula, y Marco Aurelio García, quien fue asesor internacional de Lula y también de la ex Presidenta Dilma Rousseff.

Tal como sucedió con el evento de la CPC, en el origen de esa reunión también intervino OAS. Semanas antes de la visita, César Uzeda le había hecho ver a Pinheiro la necesidad de gestionar una reunión entre Lula y Sebastián Piñera: “Un encuentro con Piñera con nuestra presencia, también sería muy importante, somos la única empresa brasilera actuando en Chile. Tema y formato a desarrollar y sugerir”, le escribió el 6 de noviembre

En esa fecha, el consorcio conformado por OAS y las constructoras Comsa (española) y Echeverría-Izquierdo (chilena), avanzaba contrarreloj en la construcción del Hospital de Rancagua. La obra fue adjudicada por el Servicio de Salud O’Higgins en diciembre de 2009 y debió estar lista en julio de 2012. El recinto de salud pública fue inaugurado recién en abril de este año, en medio de acusaciones relacionadas a fallas estructurales en la construcción y al no pago de multas por atraso (ver aquí).

El 9 de diciembre, once días después del paso de Lula y los directivos de OAS por Chile, un consorcio compuesto por la constructora brasilera y la coreana Hyundai se adjudicó la construcción del Puente de Chacao, la mega obra que unirá a Chiloé con el continente y cuyo costo asciende a $360 mil millones. Pese a que ocho consorcios preclasificaron para participar de la licitación abierta el 21 de mayo de 2013 por el MOP, solo el consorcio en el que participa OAS presentó propuesta.

Tras estallar el escándalo de corrupción de la estatal Petrobras en Brasil, OAS se vio obligada a vender parte de sus activos para amortiguar la restricción de créditos bancarios provocada por el escándalo.

En febrero de este año, OAS –asesorada por el abogado Pedro Yaconi– finiquitó la venta del 33% que tenía en el consorcio que construía el cuestionado Hospital de Rancagua. El comprador fue la constructora Echeverría-Izquierdo, que ya integraba el mismo consorcio. En los últimos meses, Pedro Yaconi ha estado concentrado en liquidar el 49% de participación que OAS aún mantiene en el Puente de Chacao.

EL AEROPUERTO DE SANTIAGO

Según la información a la que tuvo acceso CIPER, luego de su prolífica visita a Santiago a fines de noviembre de 2013, Leo Pinheiro aterrizó en Chile en otras cinco ocasiones. La última, a pocas semanas de que fuera detenido por la Policía Federal el 14 de noviembre de 2014 en Brasil.

Pinheiro registra un paso por Chile el 18 de febrero de 2014. Al día siguiente emprendió rumbo a Lima. Allí, y según han revelado reportajes del medio de investigación peruano IDL-Reporteros, Pinheiro sostuvo negociaciones con el alcalde de Lima, Luis Castañeda (a pocos meses de ser electo), relativas al mega proyecto vial Línea Amarilla. adjudicado en 2009 a una empresa controlada por OAS.

El siguiente viaje de Leo Pinheiro a Chile tuvo lugar en abril de 2014. El mandamás de OAS llegó proveniente de Perú. No hay registro de su agenda de reuniones en nuestro país, ni tampoco de las personas que lo acompañaron en su paso por Chile ese 9 de abril.

Con la licitación del Puente de Chacao adjudicada, OAS fue por más. Los mensajes de textos de los celulares de Leo Pinheiro sugieren que durante prácticamente todo 2014, las preocupaciones de la brasilera en Chile se concentraron en otro de los proyectos emblemáticos licitados por el MOP en los últimos años: la concesión del Aeropuerto de Santiago, obra que involucra recursos por casi US$580 millones.

Pedro Yaconi (Foto: Twitter)
Pedro Yaconi (Foto: Twitter)

Por esos días Invepar, empresa que reúne las inversiones de OAS en concesiones y en cuya propiedad también participan algunos fondos de pensión brasileros, estaba en pleno proceso de recopilación de antecedentes para inscribirse en el registro especial internacional de preclasificación para ese proyecto. Los antecedentes de Invepar habrían sido presentados al MOP el 22 de abril. La filial de OAS quedó en carrera junto a otros ocho consorcios.

Tras su paso por Chile en abril, Pinheiro compartió algunas reflexiones de su visita con el hijo del dueño de OAS, Antonio Carlos Mata Pires, y con el entonces presidente de Invepar, Gustavo Rocha. Lo que les comunicó, entrega luces respecto del propósito de la visita del ex director de OAS a nuestro país: “Tuve una información hace poco con personas ligadas a la Presidenta, que el grupo controlador (chileno) del aeropuerto es de ultra derecha, no goza de la simpatía de ella. Vamos a tener cuidado”, les advirtió. Pinheiro se refería al consorcio SCL controlado por Agunsa (Agencias Universales S.A.), de propiedad de la familia Urenda.

El 14 de agosto Pinheiro volvería a Chile –previo paso por Perú– y habría sostenido reuniones con algunos arquitectos españoles por la licitación del aeropuerto. De acuerdo a los mensajes de texto contenidos en los teléfonos móviles de Leo Pinheiro, las conversaciones relativas a este proyecto se reactivaron en octubre.

El 16 de ese mes, el director operacional de OAS en Chile y Argentina, Marcel Henrique Corazza, le escribió a Pinheiro –que ese mismo día había aterrizado en Chile– señalándole que “Giorgio” y “Pedro” estarían disponibles para una reunión en Santiago el miércoles 22 de octubre por la noche. Luego le comunicó su preocupación porque los plazos de entrega de la propuesta para el aeropuerto se estrechaban: “Dr. Leo, lo que me preocupa es que la presentación de la propuesta está por mientras para el 18/11, y si de la reunión surge algo nuevo, el plazo de implementación puede ser corto”.

No hay constancia de que la reunión se haya llevado a cabo. De lo que sí hay registro es de que Pinheiro –acompañado de Antonio Carlos Mata Pires–, volvió a aterrizar en Santiago el 22 de octubre, día en que estaba programada la cena con “Giorgio” y “Pedro”.

El 24 de octubre Corazza le volvió a escribir reportándole de las gestiones que realizaba para intentar conseguir una reunión con los propietarios de Agunsa: “Dr. Leo, hablé con Giorgio respecto de la reunión con Urenda, principal accionista de Agunsa (operador actual del aeropuerto de Santiago). Él indicó que efectivamente Pedro es el mejor camino para llegar a ellos (personalmente me gustaría transmitir algunos detalles que me comentó Giorgio respecto de la situación de él). En contacto con Pedro, él confirmó que tenemos posibilidad de promover una reunión. Quería chequear contigo si utilizamos ese camino y si podemos intentar agendar para la semana que viene”.

El 30 de octubre Marcel Corazza recibió una buena noticia: la licitación del aeropuerto se había aplazado en un mes. Así se lo comunicó a Pinheiro: “Dr. Leo, hoy obtuvimos una información lateral de Pedro de que la licitación del aeropuerto será prorrogada en 30 días. Pedro todavía no ha conseguido reunión con Agunsa, pero sigue en campaña. Le mantengo actualizado”.

Desde Agunsa aseguraron a CIPER que nunca se han reunido con gente vinculada a Invepar ni a OAS,  y que tampoco fueron contactados por ellos solicitándoles una cita.

CIPER se contactó con el abogado de OAS en Chile, Pedro Yaconi, quien negó haber hecho gestiones a nombre de Invepar u OAS para la licitación de la concesión del aeropuerto de Santiago. También descartó haber intentado acercamientos con el grupo Agunsa.

EL VÍNCULO MARTELLI

El último mensaje referente a Chile contenido en los celulares de Leo Pinheiro está datado un día antes de que fuera detenido por la policía. El mensaje del 13 de noviembre de 2014 resulta clave, pues entrega pistas respecto de la identidad de “Giorgio” quien, junto a “Pedro”, hizo gestiones para Invepar y OAS de cara a la licitación del aeropuerto de Santiago.

En el mensaje, el asesor de Pinheiro, Marco Ramalho, le comunicó a su jefe que Marcel Corazza, el representante de OAS en Chile, lo contactó preguntándole si podía confirmar “la ida del Dr. Giogio (sic) Martelli a Porto Maravilha el día 26 de noviembre”. Una persona que conoce cómo opera OAS en Brasil, dijo a CIPER que la empresa acostumbraba a invitar a colaboradores de distintos países a visitar las obras de revitalización urbana que emprendía de la mano de un consorcio en Río de Janeiro con motivo de las Olimpíadas.

GIorgio Martelli
GIorgio Martelli

No hubo respuesta a ese mensaje. A las pocas horas la policía cayó sobre el director de OAS. Invepar, en tanto, se bajó de la carrera por la concesión del Aeropuerto de Santiago. La licitación fue finalmente adjudicada al consorcio ítalo-galo Nuevo Pudahuel, en febrero de 2015.

El abogado de Giorgio Martelli, Claudio Pavlic, respondió a las consultas de CIPER respecto de los vínculos del operador político con OAS. Pavlic señaló que Martelli efectivamente estuvo en algunas reuniones con la empresa brasilera en calidad de gerente general de la Corporación para el Desarrollo Sustentable de Pudahuel (Codesup), una entidad público-privada en la que participa el municipio de esa comuna y varias empresas, entre ellas la concesionaria del Aeropuerto Arturo Merino Benítez.

En las fechas en que “Giorgio” y “Pedro” hacían gestiones para OAS, el concesionario del aeropuerto de Santiago era SCL (Agunsa) y el proceso de licitación estaba en pleno desarrollo. Consultado respecto del tipo de labores que realizó Martelli para ese proyecto en el que OAS presentó antecedentes, el abogado Pavlic indicó que su cliente “no tuvo relación con esa licitación”.

El abogado confirmó la ida de su cliente a Porto Maravilha en Río de Janeiro y aseguró que Martelli cubrió el financiamiento del viaje con sus propios recursos:

–Él estuvo viviendo en Río de Janeiro en el año 2000 y visitó el proyecto por interés personal. El objetivo de la visita fue técnico, para conocer el proyecto y hacerle una propuesta de plano urbano a OAS. Finalmente nunca presentó la propuesta debido a los problemas en los que se vio involucrada la compañía en Brasil –dijo Pavlic.

MARCO, EL CHILENO

El 23 de enero de 2013, Leo Pinheiro envió un breve mensaje de texto a su asesor Marco Ramalho: “Me manda el nombre de Marco (Chileno)”.

Marco Enríquez-Ominami”, contestó Ramalho.

Según se desprende de los mensajes, Leo Pinheiro hizo la consulta mientras se reunía en Sao Paulo con Paulo Okamoto, director del Instituto Lula, quien hoy también enfrenta cargos por corrupción.

Pocas semanas después de ese breve diálogo, el 15 de febrero, Marco Enríquez-Ominami hizo un viaje relámpago a Brasil para reunirse con dos cercanos colaboradores de Lula da Silva. Se trataba de Luis Favre y Valdemir Garreta, quienes asesoraron al ex mandatario cuando obtuvo la presidencia en 2002.

Marco Enríquez-Ominami
Marco Enríquez-Ominami

En esos meses –enero y febrero de 2013– la empresa Cono Sur Research SpA, cuyo representante legal es el ex jefe de campaña de Enríquez-Ominami, Cristián Warner, emitió dos facturas a OAS, por un total de $59 millones. La información fue revelada por AhoraNoticias, al dar a conocer la declaración del contador de Cono Sur Research, Jorge Contreras Soto, en la investigación del financiamiento político irregular de SQM. Contreras también estaba a cargo de la contabilidad de Cristian Warner Comunicaciones EIRL, la que está siendo indagada por haber recibido $390 millones que fueron rectificados por SQM. Warner y Enríquez-Ominami están formalizados por delitos tributarios derivados de esos pagos. En el marco de esa investigación, que lleva el fiscal Pablo Gómez, se revisó la contabilidad de Cono Sur Research y se encontraron los registros de OAS.

Pocos meses después de que se emitieran esas facturas, y tal como reveló La Tercera, OAS le facilitaría un jet privado al candidato presidencial del PRO para sus actividades de campaña dentro de Chile. Fue el propio Uzeda quien reconoció después que la compañía le había entregado la aeronave a Enríquez-Ominami por una “amistad personal” (ver artículo de La Tercera).

Hasta entonces, el candidato del PRO insistía en que el avión lo había pagado su comando y que el gasto se había declarado ante el Servicio Electoral (Servel). Aunque el arrendamiento no figuraba en su rendición electoral, el PRO aseguraba que era parte del gasto hecho por Cono Sur Research ($170 millones) para contratar los servicios del publicista brasileño Duda Mendonça. La versión comenzó a derrumbarse tras el reconocimiento de Uzeda de que el uso del avión era una donación de OAS. Tras declarar ante el Ministerio Público en septiembre pasado, el vicepresidente del PRO, Camilo Lagos, afirmó que el partido “entendió erróneamente que el avión era parte de un servicio comunicacional que había sido pagado, y que ello también fue comunicado erróneamente a Marco Enríquez-Ominami”.

El 28 de octubre pasado, el Consejo de Defensa del Estado (CDE), presentó una querella en contra de Marco Enríquez-Ominami, Cristian Warner y Sergio Novoa (dueño de Cono Sur) acusándolos de que los $170 millones rendidos por Cono Sur Research al Servel no corresponden a servicios prestados y que la factura fue utilizada para obtener fraudulentamente la devolución del Fisco. “Existen suficientes antecedentes en la carpeta investigativa que permiten sostener que la asesoría prestada por Duda Mendonça al candidato Enríquez Ominami fue financiada directamente por una empresa extranjera, esta es, OAS S.A. Brasil y que en la realidad Cono Sur Research SpA no hizo los pagos cuyos reembolsos solicitó”, acusa el CDE en su querella.

La causa que indaga respecto de los vínculos entre Enríquez-Ominami y OAS la lleva la  fiscal jefa de la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte, Ximena Chong, quien en agosto pasado realizó un requerimiento de información a la justicia brasilera pidiendo antecedentes que puedan dar luces sobre la ramificación en Chile de uno de los mayores escándalos de corrupción ocurridos en Brasil.

Los antecedentes aún no son remitidos a Chile.

*Para este reportaje CIPER contó con la colaboración de IDL-Reporteros, de Perú.

 

Las huellas de 4 mil toneladas de concentrado de cobre de Codelco que se esfumaron en el desierto

Lunes 7 de marzo de 2011. El camión patente CJ TR 27 conducido por Eduardo Schleef Rodríguez avanza por la Ruta 5 hacia el sur. Cae la noche y en el kilómetro 1.040, a la altura de Chañaral, el Mack modelo CXU 613 color blanco desvía su trayecto y se interna en el desierto cargando 28,9 toneladas de concentrado de cobre de alta ley. Son las 21:25 y el metal, que proviene de Minera Escondida, ubicada a 160 kilómetros al sureste de Antofagasta, debiese llegar alrededor de la 01:30 de la madrugada a su destino en la Región de Atacama: la fundición Potrerillos de la División Salvador de Codelco, 600 kilómetros al sur de Escondida.

Ya fuera de ruta, el chofer del Mack detiene la máquina en una mina abandonada –sector Portezuelo Las Bombas–, un par de kilómetros al oeste de la carretera Panamericana. El vehículo se queda allí dos horas y 10 minutos. En ese lapso, las 28,9 toneladas de concentrado de cobre son sustituidas por relaves de hierro y cemento, un material casi sin valor, con apenas entre 0,9% y 1,7% de cobre. A las 23:36 el camión Mack retoma su curso. Poco más de cuatro horas después, a las 03:49, entrega la carga adulterada en la portería de Potrerillos, donde los encargados de la recepción (también involucrados en el fraude) no cuestionan el atraso.

Entre marzo de 2011 y febrero de 2014, este procedimiento se realizó a lo menos otras 145 veces, según pudo acreditar la PDI tras revisar los GPS de los camiones involucrados. Las pesquisas policiales, en todo caso, no descartaron que el robo pudiera haber comenzado antes. En total, se sustrajeron más de 4 mil toneladas de concentrado de cobre, lo que causó un perjuicio que Codelco calcula en US$10,4 millones  (equivalentes a unos $6.930 millones, al valor actual del dólar). Como referencia, la cifra supera en casi $1.500 millones el monto del fraude perpetrado por militares con los fondos de la Ley Reservada del Cobre (el “Milicogate”), estimado por el Ejército en $5.483 millones.

El robo del concentrado de cobre motivó dos investigaciones: una de la Fiscalía de Diego de Almagro (Atacama) y otra de una comisión especial de la Cámara de Diputados. La primera finalizó en abril pasado con una veintena de condenados en un juicio abreviado: choferes de la empresa Santa Marta, encargados de trasladar el material de Escondida a Potrerillos; operadores de maquinaria que hacían el trasvasije de la carga; choferes que conducían los camiones que recibían el concentrado de cobre robado y empleados de Ingecom –empresa contratista de Codelco– que dieron luz verde para el ingreso de la carga sin valor en Potrerillos.

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La otra investigación, realizada por la Cámara de Diputados, se cerró en marzo de 2015. Al igual que la de la Fiscalía, en ella no se determinó cuál fue el destino del cobre robado. Las 4 mil toneladas de concentrado de cobre se desvanecieron en el desierto. Parece inverosímil: más de 20 personas están cumpliendo condena por este fraude, pero no se sabe cuál fue el paradero de los 146 cargamentos sustraídos y en manos de quién terminaron los US$10,4 millones en que están valorizados.

De hecho, la conclusión principal del informe final de la comisión parlamentaria fue que no se pudo determinar el paradero del cobre. El mineral, que en un principio se creyó había sido comprado por Enami, sencillamente desapareció (vea el informe de la comisión). CIPER reconstruyó paso a paso la ruta de los cargamentos de concentrado de cobre. Se procesaron registros contables, bases de datos comerciales y de tráfico marítimo. Los nuevos antecedentes pueden abrir una nueva veta para dar con el paradero de este gigantesco robo de cobre.

“ALGUIEN QUE ESTÁ MÁS ARRIBA”

Gilberto Aciar Tapia, pequeño empresario minero y transportista de Copiapó, fue condenado como “líder de una organización criminal dedicada a la sustracción de concentrado de cobre” (ver sentencia). Pero nada dice su sentencia, ni la del resto de los condenados, respecto de en manos de quién quedó finalmente el cobre birlado y qué se hizo con él.

Las investigaciones de la Fiscalía y de la Cámara dejan entrever que Aciar Tapia es solo un eslabón dentro de una cadena más grande. De hecho, así lo declaró un ex trabajador de la fundición Paipote de Enami, Óscar Orellana, ante la comisión de Diputados en abril de 2014: “Detrás de esta organización ilícita hay apoyo para los veinte detenidos, les mantienen un sueldo y les recomiendan que no digan nada en los interrogatorios (…) dicha organización ha tomado todas las precauciones del caso para generar obstáculos y evitar el avance de la investigación (…) Hay alguien que está más arriba”, señaló el ex funcionario de Enami sobre la base de una conversación que tuvo con el fiscal del caso.

(Fuente: Fiscalía)
(Fuente: Fiscalía)

La Fiscalía acreditó que dos camiones Freightliner pertenecientes a Gilberto Aciar llegaban con el cargamento de relaves sin valor hasta el Portezuelo Las Bombas, donde se realizaba el trasvasije. Allí recibían el concentrado de cobre sustraído y partían con destino incierto. Ambos camiones  eran conducidos por los choferes Wilson Pastén y Carlos Celedón, también condenados por su participación en el ilícito.

De acuerdo a la indagación de CIPER, a partir de abril de 2011, a solo un mes de iniciado el ilícito, dos máquinas Freightliner de Gilberto Aciar transportaron cargas de concentrado de cobre –muy similares en volumen y pureza a las sustraídas–, hasta el kilómetro 795 de la Ruta 5, en la Región de Atacama. A poca distancia de allí, por el camino C-404, se encuentra una planta de manejo de residuos industriales –Confinor–, donde los camiones de Aciar ingresaron y depositaron ese concentrado de cobre de alta ley.

CIPER tuvo acceso a correos electrónicos internos de Confinor que indican que los camiones de Gilberto Aciar que llegaron hasta la planta de esa empresa eran conducidos por los mismos choferes que después fueron condenados como partícipes en la sustracción de la carga enviada por Escondida a Potrerillos:Wilson Pastén y Carlos Celedón.

LA PISTA DE MINEX

En el informe final de la comisión parlamentaria que investigó el robo se incluyeron declaraciones prestadas por funcionarios de la PDI. Dentro de la información proporcionada por los policías que se consigna en el informe, aparece la empresa Minex como una de las entidades que estaban bajo la lupa de Investigaciones por su posible vinculación con el ilícito. De hecho, la comisión de diputados solicitó al Servicio de Aduanas información sobre la eventual importación de concentrado de cobre realizada por Minex.

Minex apareció en el radar de las pesquisas policiales, según pudo confirmar CIPER, porque la PDI detectó en la contabilidad de Gilberto Aciar varias facturas emitidas a esa empresa.

CIPER revisó los registros públicos que contienen información sobre Minex y, según la información que aparece en el Diario Oficial, es una empresa familiar de Juan Llarlluri Llarlluri. El análisis de esa misma base de datos indica que Llarlluri es, al mismo tiempo, uno de los socios de Confinor. La investigación de CIPER también incluyó documentos de la Cámara de Comercio de Santiago, del Servicio Nacional de Aduanas y de la Contraloría que señalan que Minex y Confinor exportaron concentrado de cobre por un valor total de US$26,6 millones. Los destinos de estas exportaciones, realizadas entre marzo de 2011 y abril de 2013, fueron China y, en menor medida, Polonia.

CIPER se contactó con Gilberto Aciar y su hijo, Edgar Aciar, ambos condenados en la causa que siguió la Fiscalía de Diego de Almagro, para conocer su versión de los hechos y su relación comercial con Minex y Confinor, pero no quisieron hablar del tema. “Esto nos ha hecho mucho daño. No hay para qué revolver más el tema”, señaló Gilberto Aciar.

Minera Escondida
Minera Escondida

Entre los condenados, figuran varios ex empleados de transportes Santa Marta, la empresa contratada por Minera Escondida para llevar el concentrado de cobre desde sus faenas a la fundición Potrerillos de Codelco. El contrato entre Minera Escondida y Codelco data de enero de 2007 y en él la estatal se compromete a comprar a la compañía internacional una parte de su producción de concentrado de cobre –con una ley que oscila entre 28% y 45%–  para fundirlo, producir cátodos y exportarlos. Se especifica que el contrato tendrá una duración de cuatro años, aunque en “diciembre de cada año se agregará en forma automática un año más al contrato (…), a menos que una de las partes manifieste por escrito lo contrario” (ver contrato).

Según lo que pudo acreditar la Fiscalía de Diego de Almagro, el robo de concentrado de cobre habría comenzado en marzo de 2011 y se extendió hasta febrero de 2014. El 20 de octubre de 2015, el Juzgado de Garantía de Diego de Almagro condenó en un juicio abreviado a Gilberto Aciar Tapia y a su hijo –Edgar Aciar Bolvarán– por hurto simple, entrega fraudulenta y asociación ilícita. Las condenas quedaron a firme en abril de este año y Aciar fue sindicado como el cabecilla de una “banda criminal” compuesta por una veintena de personas encargadas de efectuar las sustituciones del cargamento.

De acuerdo a la sentencia, cada una de esas personas actuaba bajo las órdenes de Aciar y con roles definidos. Además de los choferes de Santa Marta que transportaban el mineral y los del propio Gilberto Aciar que lo sustraían, la banda estaba compuesta por operarios de maquinaria tipo “bobcat” para “realizar con mayor celeridad y precisión los trasvasijes” y también personas encargadas de “cortar los sellos utilizados por Minera Escondida para identificar adulteraciones o sustracciones de las cargas de concentrado de cobre transportado por la empresa Santa Marta (…) y sellar nuevamente la carga soldando los mismos”. Finalmente, funcionarios de Ingecom, empresa contratada por Codelco para recibir el concentrado de cobre en Potrerillos, permitían que la carga con desechos ingresara sin problema.

Cada miembro de la organización recibía en promedio entre $130 mil y $200 mil por trasvasije. Fueron 146 operaciones de sustracción las que se realizaron entre 2011 y 2014.

LAS EXPORTACIONES DE MINEX

El 9 de abril de 2014 la Cámara de Diputados aprobó la creación de la comisión investigadora para indagar sobre las “eventuales responsabilidades de Codelco y Enami, con ocasión de la sustracción de concentrados de cobre”. Una de las principales interrogantes que rondó permanentemente entre los diputados que participaron de la instancia presidida por Lautaro Carmona (PC), fue el destino del cobre robado.

Las sospechas iniciales apuntaban a que Gilberto Aciar, sindicado como el líder de la banda, lo había vendido a Enami. Sin embargo, aquello no se pudo acreditar. El entonces vicepresidente ejecutivo de Enami, Roberto de Groote, fue enfático en señalar ante la comisión que luego de realizar varios análisis no habían detectado ninguna evidencia de ello. “Si el concentrado de cobre tuviera entre 28% y 30%, no es el mineral que compra Enami que tiene un 1% o 2% de cobre”, dijo.

La ministra de Minería, Aurora Williams, refrendó en la comisión las palabras del ex vicepresidente de Enami: “El destino del concentrado no fue Enami”, señaló.

La versión que manejaban efectivos de la PDI de Chañaral era otra. Según su investigación, al menos parte del concentrado de cobre habría sido vendido por Aciar a Enami presentándolo como producto de la mina Irmita (Copiapó), de su propiedad. Meses después, la PDI de Chañaral volvió a exponer en la comisión. Y en esa segunda instancia, entregó datos clave.

En la sesión del 7 de octubre de 2014, el prefecto de la PDI de Atacama, Andrés González, señaló que de acuerdo a registros contables de la empresa de Gilberto Aciar, su equipo había logrado establecer con certeza que “una empresa llamada Minex compró algún concentrado de cobre a uno de los cabecillas de este grupo”. El dato que puso sobre la mesa González era relevante. No solo porque hasta entonces el foco había estado puesto sobre Enami. También porque, según su versión, Minex habría tenido un rol más sustantivo que el de Enami en la adquisición del cobre sustraído: “Tanta es la importancia de este hecho que, de acuerdo con el peritaje contable y conforme a las facturas que se encuentran en la carpeta investigativa, (Minex) dobló la  cantidad que compró Enami”, dijo González frente a los diputados (ver sesión de la comisión).

cobreDe acuerdo a la indagación de CIPER, en poder de Gilberto Aciar se halló el respaldo de varias facturas emitidas a Minex por montos superiores a los $20 millones, todas por concepto de venta de “piedras”.

La eventual exportación de concentrado de cobre no es un rubro ajeno para Minex S.A. Entre las actividades comerciales de Minex se cuenta: “adquirir, procesar, comercializar y exportar concentrado de cobre y todos los productos y subproductos de la minería, ya sean propios o de terceros”.

Fue tras la declaración del prefecto González que la comisión de la Cámara solicitó al Servicio Nacional de Aduanas información sobre todas las exportaciones de Minex desde 2010. En el informe, remitido a la Cámara el 22 de octubre, Aduanas detalló seis envíos de Minex de concentrado de cobre de alta ley a China (con una pureza de entre 24,2% y 29,3%), a través de los puertos de Valparaíso y San Antonio. Las exportaciones se iniciaron el 6 de abril de 2011 –casi un mes después de la sustracción del primer cargamento comprado por Codelco– y se extendieron hasta el 15 de febrero del año siguiente. Fueron 1.500 toneladas de concentrado con un valor de poco más de US$4 millones las que importó Minex (ver informe de Aduanas).

Según la indagación de CIPER, una parte de esas exportaciones habría llegado, previo transbordo en el puerto de Callao, a la ciudad de Zhanjiang, ubicada al sur de China.

Pese a las evidencias presentadas por la PDI, la comisión investigadora de la Cámara de Diputados concluyó en su informe final de marzo de 2015 que no era posible determinar el paradero del cobre sustraído: “Cómo se puede entender que se hayan robado toneladas de concentrado y que ninguna institución del Estado pueda dar con su destino final, considerando que en este ilícito se ven involucradas de las más grandes empresas en producción minera, Minera Escondida y Codelco, donde se especula que el concentrado fue exportado directamente”, señala el informe en uno de sus acápites finales.  

El proceso judicial, en tanto, se cerró sin que se dilucidara la presunta participación de personas relacionadas a Minex en la comercialización del cobre sustraído por Gilberto Aciar y sus cómplices.

DE MINEX A CONFINOR

Siguiendo la pista de Minex, CIPER revisó las actividades y exportaciones de Confinor, la segunda empresa del ámbito minero ligada al empresario Juan Llarlluri. Según esta indagación, Confinor S.A., es una empresa de manejo de residuos industriales ubicada en las cercanías de Copiapó, pero también ha operado activamente en el negocio de las exportaciones de concentrado de cobre, quintuplicando la cantidad enviada por Minex al exterior. Creada en abril de 2007, entre los accionistas de Confinor figuran Juan Llarlluri y su esposa, Nuhad Sukni Bunster, además de Jorge Plaza Vidal y su hijo, Jorge Plaza Guzmán.

De acuerdo a registros de la Cámara de Comercio de Santiago y de Aduanas, entre marzo de 2011 y abril de 2013 Confinor realizó 27 embarques de concentrado de cobre por un total de US$22,6 millones, equivalentes a casi 11 mil toneladas. Según las bases de datos a las que tuvo acceso CIPER, la ley del mineral exportado fluctuaba entre 23,6% y 33,5%.

Del total de envíos de Confinor, dos de ellos fueron exportados a Polonia y los 25 restantes a China (ver exportaciones de Confinor). Registros de tráfico marítimo internacional, indican que una parte de los embarques al Lejano Oriente –que salieron de los puertos de Valparaíso y San Antonio–, arribaron a las ciudades de Zhanjiang, Qingdao y Huansgshi, previa escala en el puerto peruano del Callao.

El primer envío de Confinor que figura en los registros consultados por CIPER se realizó en marzo de 2011. Fueron 535 toneladas de concentrado con una ley de 29,7% y un valor de US$1,4 millón, exportadas a China. El último envío de esta empresa data de abril de 2013, con destino al mismo país. Fueron 226 toneladas con una ley de 28,1%, avaluadas en US$457 mil.

Ni Minex ni Confinor tienen la capacidad instalada para producir esos volúmenes de concentrado de cobre, tampoco con esa ley. La pregunta que surge en este contexto es de dónde obtuvieron el producto que luego fue comercializado en mercados internacionales en millones de dólares.

Camión Freightliner, foto referencial.
Camión Freightliner, foto referencial.

La serie de registros internos de Confinor a los que tuvo acceso CIPER dan cuenta del ingreso reiterado de camiones de la flota de Gilberto Aciar a la planta de esa empresa en Copiapó, cargando concentrado de cobre de alta pureza en los meses de abril, mayo, septiembre, noviembre y diciembre de 2011. Cabe señalar que esos antecedentes no engloban necesariamente el total de camiones con concentrado que pudieron haber llegado a esa planta en otros meses y años.

En total, CIPER pudo rastrear 16 ingresos de máquinas de Aciar a Confinor. Los viajes a esa planta de tratamiento de residuos industriales fueron efectuados por los dos camiones cuyas patentes corresponden a máquinas marca Freightliner, una roja y la otra blanca, conducidas por los dos hombres de confianza de Aciar: Wilson Pastén y Carlos Celedón.

En la causa del robo de concentrado de cobre, tanto Pastén como Celedón fueron condenados por hurto reiterado. La sentencia señala que Pastén era “el chofer del camión marca Freightliner perteneciente a la banda criminal y quien se encargaba de llevar al lugar de trasvasije material carente de valor económico que reemplazaba la carga de concentrado de cobre”. Respecto de Celedón, la sentencia indica que era “otro de los choferes de camión ocupado en este organización. Manejaba otro camión Freightliner que se cargaba con el concentrado de cobre sustraído a minera Escondida y apropiado por la banda criminal para ser vendido a Enami o, bien, comercializado de otra forma” (ver sentencia).

En los 16 viajes pesquisados por CIPER –nueve ejecutados por Celedón y siete por Pastén– los camiones Freightliner de Gilberto Aciar lograron depositar en Confinor poco más de 461 toneladas de concentrado de cobre, con una ley de entre 26,7% y 31,9%.

Cada camión transportó un volumen promedio de 28,8 toneladas. Similar cantidad de concentrado de cobre cargaban los camiones –conducidos por los mismos choferes–, cuando salían desde el sector Portezuelo Las Bombas luego del trasvasije ilegal.

LA RESPUESTA DE CONFINOR

CIPER intentó comunicarse con los dueños y representantes de Confinor y de Minex para indagar sobre el origen del concentrado de cobre exportado a China y Polonia. Para ello se contactó a Cristián Rosselot Mora, actual presidente del directorio de Confinor y abogado de Juan Llarlluri. El jueves 13 de octubre CIPER le comunicó a Rosselot los antecedentes recopilados en el transcurso de esta investigación y le pidió los documentos que acrediten el origen y trazabilidad del concentrado de cobre exportado por Confinor. El abogado –quien fue contactado por teléfono y correo electrónico– pidió una semana para reunir los antecedentes.

El viernes 21 de octubre CIPER recibió una respuesta por escrito en la que el abogado y presidente de Confinor señala que “el concentrado de cobre, de alta ley, provino de adquisiciones sucesivas a empresas mineras, que a su vez extrajeron dicho concentrado de residuos de la gran minería”. Rosselot indicó en su respuesta que Confinor vendió el producto “en un periodo de aproximadamente 2 a 3 años, sumando exportaciones de los 25 millones de dólares (sic), dejando una utilidad neta de alrededor de un 8%”.

En su respuesta, Rosselot no identifica a las empresas a las que Confinor le habría comprado el cobre. Tampoco entregó documentación que permita establecer el origen del mineral: “Se trata de información confidencial sobre las relaciones comerciales de la compañía y también implica exhibir documentación que da cuenta de negocios hechos por terceros, conducta en la que no podemos incurrir sin violar la confidencialidad de este tipo de relaciones”. El abogado señaló que esa documentación ha sido exhibida por Confinor ante las autoridades que la han requerido –sin mencionar a esas autoridades– y sostuvo que “un medio de prensa no puede erigirse en fiscalizador de una sociedad anónima” (vea aquí la respuesta completa de Confinor).

CIPER también contactó a uno de los accionistas minoritarios de Confinor, Jorge Plaza Guzmán. Plaza se excusó de profundizar en el tema debido a que mantiene un litigio con la familia Llarlluri por la propiedad y las cuentas de Confinor. Los registros del Poder Judicial indican que este litigio se originó en octubre de 2013 luego de que Plaza interpusiera una demanda contra Juan Llarlluri por apropiación indebida. En octubre de 2014, el Ministerio Público desistió de perseverar en esa investigación. En abril de 2013 se inició otro procedimiento en el 12º Juzgado Civil de Santiago para resolver, mediante un arbitraje, las diferencias entre los socios.

CIPER tuvo acceso a documentos de la carpeta investigativa de la causa por apropiación indebida. En ella figura una pericia contable a las cuentas de Confinor fechada en enero de 2014. La pericia la realizó el auditor Carlos Correa Cruzat, quien fue consultado por CIPER acerca de si en su revisión encontró datos sobre exportaciones de concentrado de cobre realizadas por la empresa. Correa respondió que fue contratado por el entonces abogado de Confinor, Cristián Rosselot, para realizar la pericia y que solo revisó documentos que la empresa puso a su disposición, atingentes a responder los puntos en disputa por los socios. En esos papeles, dijo, no había información acerca de exportaciones de concentrado de cobre por un valor de US$22,6 millones.

El abogado Rosselot, esta vez en su calidad de presidente del directorio de Confinor, volvió a contratar a Carlos Correa para que elaborara una auditoría. El informe de esta revisión está fechado en junio de 2016 y contempló el análisis de documentos que abarcan desde diciembre de 2008 a diciembre de 2015.

CIPER le consultó también a Correa si durante la auditoría tuvo a la vista registros de las exportaciones de concentrado de cobre realizadas por Confinor entre 2011 y 2013. El auditor señaló que en esta nueva revisión tampoco tuvo a mano antecedentes de ese tipo. Según explicó, al igual que en la pericia contable anterior, su revisión se limitó a los documentos que la empresa puso a su disposición. Correa agregó que con posterioridad recibió una carta del socio minoritario, Jorge Plaza, en la que este le manifestó reparos a la auditoría porque, entre otras materias, no incluyó las exportaciones hechas por Confinor.

camiones cobreUn dato que sí consignó la auditoría son las utilidades que obtuvo Confinor en 2015. La empresa, que hasta 2013 realizó exportaciones de concentrado de cobre por millones de dólares, el año pasado registró ganancias de solo $13,5 millones. Sus activos, en tanto, no son muy distintos a los reportados para el año 2012 en la pericia realizada por Correa. Según el documento, los activos de Confinor para el 2015 ascendían a $3.615 millones.

En su respuesta por escrito a CIPER, el abogado Rosselot señaló que “todos estos negocios”, en referencia a las exportaciones de concentrado de cobre, “fueron llevados a cabo estando la administración en manos de uno de los socios minoritarios, Jorge Plaza Guzmán”.

Las exportaciones de Confinor se realizaron entre marzo de 2011 y abril de 2013. En la denuncia que presentó a la justicia, Jorge Plaza aseguró que en enero de 2012 el directorio de Confinor, dominado por Juan Llarlluri, lo apartó de todos sus cargos en la empresa. Hasta ese momento, según el escrito de su demanda, se desempeñaba como presidente del directorio y como jefe del área técnica del principal giro de la empresa (el tratamiento y disposición final de residuos de la minería), mientras que la gerencia general estaba a cargo de Llarlluri.

Todo indica que la disputa sobre quién tenía el control del negocio de las exportaciones de concentrado de cobre en Confinor a la fecha en que los camiones de Gilberto Aciar transportaban ese material hasta la planta de la empresa, debiese ser ahora dilucidada por la justicia. Esto, porque los antecedentes reseñados en esta investigación periodística ya están en manos del Consejo de Defensa del Estado y del Ministerio Público.

Actualmente, Codelco y Escondida mantienen un litigio en el Centro de Arbitraje y Mediación de Santiago (CAM), que resolverá cuál de las dos entidades deberá asumir finalmente la pérdida de los millones de dólares que se gestó en el desértico Portezuelo Las Bombas y cuyo paradero aún se desconoce.

Coimas en la Usach: Las huellas del tío de Natalia Compagnon acusado de soborno

“Nunca firma nada y no tiene casi nada a su nombre. El tipo sabe cómo moverse”. Así define a Waldo Iván Rojas Soto quien fuera su socio en uno de los varios negocios que este operador político, activo lobista y empresario ha impulsado en los últimos 25 años. La sucinta descripción de su ex compañero de negocios podría explicar por qué, por ejemplo, pese a arrastrar un pesado historial de querellas por giro doloso de cheques, estafa reiterada y asociación ilícita, Waldo Rojas –quien solo registra a su nombre un departamento en San Alfonso del Mar y una moto– ha logrado salir casi siempre indemne.

Pese a sus líos judiciales, Rojas también había logrado guardar su anonimato, hasta que en febrero de 2015 estalló el caso CAVAL, protagonizado por su sobrina Natalia Compagnon, la nuera de la Presidenta Michelle Bachelet. Entonces se conoció la cercanía entre Rojas y Compagnon, quien incluso vivió en la casa de su tío. Fue él también quien le presentó a Mauricio Valero, con quien se unió para formar CAVAL (ver recuadro).

Ahora es Rojas el que está en el centro de un nuevo problema judicial: el 20 de junio, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se querelló en su contra por soborno reiterado y el Ministerio Público estaría preparando su formalización (ver querella). “Es difícil que se libre de esta”, señala una fuente cercana al caso.

Los hechos que originaron la querella fueron dados a conocer por CIPER en abril de 2015, en un reportaje que destapó el lobby de la multinacional española Isolux-Corsán ante autoridades públicas para obtener licitaciones y las coimas que la empresa pagó al ex director de Administración y Finanzas de la Universidad de Santiago (Usach), Mauricio Carrasco Torres, para amañar un contrato para la construcción de un edificio docente por casi $9.500 millones (ver reportaje).

Mauricio Carrasco comenzó a trabajar para la Usach en junio de 2012. Según la querella presentada por el CDE, la investigación de la Fiscalía logró establecer que fue el propio Waldo Rojas quien promovió su ingreso al plantel de educación superior. En poco más de tres meses Carrasco pasó de tener un cargo marginal como funcionario a honorarios a dirigir el departamento de Administración y Finanzas, cargo de confianza del rector Juan Manuel Zolezzi. Interrogante clave y aún no resuelta en este capítulo es quién o quiénes eran los contactos de Waldo Rojas al interior del plantel de educación que facilitaron el ingreso de Carrasco y posibilitaron su explosivo ascenso.

isolux-corsanMauricio Carrasco está confeso. El 23 de septiembre pasado, el Sexto Juzgado de Garantía de Santiago lo condenó a presidio efectivo por cohecho reiterado y por el delito frustrado de fraude al Fisco (ver sentencia). Carrasco, quien apeló a la condena, reconoció que recibió coimas que hasta ahora ascienden a casi $50 millones. Buena parte de esos dineros, según reconoció Carrasco, se lo entregó el propio Waldo Rojas en efectivo y en bolsos negros, en distintos puntos de la capital. Posteriormente la ex autoridad de la Usach depositó por goteo las platas en sus cuentas de los bancos Estado y de Chile.

La ruta de los pagos ilícitos recibidos por quien llegó en tiempo récord a ser el custodio de las platas de la Usach, no solo conduce a Isolux. Hay otras tres empresas actualmente investigadas por soborno y que también se adjudicaron millonarias obras en esa universidad. Una de ellas es la filial chilena de la coreana LG Electronics. Waldo Rojas también le pagó coimas a Carrasco para que la empresa obtuviera un contrato en la Usach.

Aunque fundamental, Carrasco era solo una pieza del tablero en el que Rojas jugó su partida. El lobista operó con un séquito de colaboradores, quienes facilitaron facturas que se presume son ideológicamente falsas y que sirvieron para blanquear los pagos ilícitos provenientes de Isolux-Corsán y LG. En esa red de boleteros aparece el conocido operador político Alexis Yáñez Alvarado –funcionario de los gobiernos de la Concertación y con redes transversales en el mundo político– y el prestamista Fernando Cassorla Albagli, quien años atrás se convirtió en uno de los hombres más poderosos del fútbol. A través de su empresa de factoring, Cassorla llegó prácticamente a controlar los ingresos del club Colo-Colo justo antes de su quiebra en 2002.

Según la indagación de CIPER, las labores de Waldo Rojas Soto en representación de Isolux no se concentraron solo en la Usach. El 10 de septiembre de 2012 Rojas firmó un contrato con la trasnacional española para la “prestación de servicios en consultorías” en el que se pactaron honorarios para el lobista calculados en base a un porcentaje variable sobre el monto total de los contratos que la compañía obtuviera en Chile. Entre los proyectos de interés que se mencionan en el acuerdo se encuentran: los puentes Maule (Séptima Región) y Bicentenario (Región del Biobío); el Túnel de Agua Negra (corredor bioceánico que une el Atlántico con el Pacífico, Región de Coquimbo); el proyecto Valle de los Vientos (Región de Antofagasta); y la termoeléctrica de Concón (un proyecto de Enap en la Quinta Región).

Entre 2012 y 2014, Isolux obtuvo en Chile siete millonarias licitaciones de entidades públicas por más de $140 mil millones (ver reportaje). Entre los proyectos adjudicados por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) a Isolux en esos años y que se mencionan en el contrato de prestación de servicios de Waldo Rojas están los puentes Maule y Bicentenario. CIPER obtuvo un correo electrónico fechado el 27 de agosto de 2013 en el que altos directivos de Isolux-Corsán comentan entre sí cómo gracias a un insistente lobby pudieron “salvar” algunas licitaciones en las que habían quedado marginados.

Como te habrás enterado en los puentes Biobío y Maule se escribió el dictamen que nos dejaba fuera por las sanciones dispuestas en contra de Copasa (compañía con la que se asoció Isolux para algunos proyectos) y el lobby me llevó a sentarme con el presidente de la comisión de adjudicación de Obras Públicas, del Congreso, el director de Vialidad y con el ministro de Obras Públicas, y por ello se salvó el contrato”, escribió el presidente de Isolux para América Latina, Juan Carlos de Goycoechea, quien operaba desde Buenos aires (ver correo electrónico).

Quien encabezaba el MOP cuando se le otorgaron a Isolux esos contratos era el ex precandidato presidencial de la UDI, Laurence Golborne. El entonces jefe de gabinete del área jurídica de ese ministerio era Francisco Toyos Jofré, quien también se había desempeñado como asesor del mismo Golborne cuando éste estuvo a la cabeza de la cartera de Energía. Un dato que no deja de ser llamativo es que el 19 de julio pasado, Toyos creó la sociedad Consultora San Pancracio en sociedad con Diego Mizón Espinoza. En la querella que presentó el CDE, Mizón Espinoza es identificado como la “persona de confianza de Waldo Rojas” que retiraba desde las oficinas de Isolux los cheques de las facturas truchas facilitadas por el círculo del lobista y empresario (ver N.de la R.).

HISTORIAL DE LÍOS JUDICIALES

El polémico historial de Waldo Rojas ya arrastraba varios capítulos, como el que se escribió de la mano del proceso de disolución de la isapre Promepart, de la que fue gerente comercial y, más tarde, representante legal. A los directivos de Promepart –que se acogieron a un convenio judicial preventivo de quiebra en 2005–, se les acusó de oscuros manejos administrativos y de ejecutar operaciones ficticias con empresas relacionadas, causando millonarios perjuicios a un centenar de socios, accionistas y trabajadores.

Waldo Rojas Soto (Fuente: Facebook)
Waldo Rojas Soto (Fuente: Facebook)

La sombra de Promepart ha seguido a Waldo Rojas por varios años y en su calidad de representante legal de la comisión liquidadora de la empresa ha debido enfrentar en los últimos años juicios de cobranza. En 2008, durante un viaje de negocios a Bogotá, vivió un embarazoso episodio. Una persona cercana a Rojas recuerda que una tarde en la que éste se encontraba de compras en un centro comercial de la capital colombiana, debió irse intempestivamente del lugar. En ese mismo mall, a esa misma hora, también se encontraba ahí una inversionista colombiana a la que años antes Rojas había invitado a participar de Promepart. Según el relato, la mujer habría alcanzado a increparlo.

En un email con fecha 23 de marzo de 2009 al que tuvo acceso CIPER y que fue enviado a una de las víctimas chilenas de la desaparecida isapre, la hija de la colombiana afectada por la supuesta estafa de Rojas explica el episodio: “Mi mamá invirtió en una empresa Promepart allá en Chile, donde Waldo Rojas y sus secuaces le vendieron supuestamente una cartera de esa empresa, después le ofrecieron esta vida y la otra, pero todo fue mentira”.

CIPER se contactó por correo electrónico con la mujer que escribió el email. La respuesta, por la misma vía, fue la siguiente: “Sí, fuimos víctimas de un engaño por los señores en mención (refiriéndose a Waldo Rojas y otros directivos de Promepart)”.

A esas alturas Waldo Rojas ya estaba embarcado en un nuevo emprendimiento: Alta Dental. En una entrevista al diario La Tercera de abril de 2008, Rojas se refirió a la por entonces exitosa iniciativa respaldada por Corfo y la incubadora de negocios Octantis de la Universidad Adolfo Ibáñez: “Resolvemos los problemas odontológicos de la población más vulnerable, a precios bajos, con especialistas de excelencia y con insumos de alta calidad”.

En mayo de 2010, Rojas y su socio en Alta Dental fueron formalizados por el delito de estafa. Centenares de pacientes en Santiago, Valdivia y Concepción habían pagado por adelantado costosos tratamientos que quedaron inconclusos. El 19 de abril de 2013, Waldo Rojas, quien además era gerente general de la empresa, fue sobreseído luego de llegar a un acuerdo de suspensión condicional del procedimiento. Según El Mostrador, como salida alternativa Rojas propuso a la Fiscalía pagar un 25% de las deudas.

EL LOBISTA DE ISOLUX

A principios de junio de 2012, Mauricio Carrasco Torres fue contratado a honorarios por la Universidad de Santiago (Usach) para elaborar propuestas de implementación y seguimiento en la asignación de beneficios estudiantiles. Sus honorarios ascendían a poco más de $1,5 millones.

Pocos meses después, en octubre de 2012, Carrasco fue nombrado director de Administración y Finanzas, un puesto de alta jerarquía entre las autoridades del plantel y de absoluta confianza del rector. En seis meses el sueldo de Carrasco se triplicó ($4,5 millones).

En la querella del CDE contra Waldo Rojas, se cita como antecedente que la investigación del Ministerio Público logró establecer que Carrasco entró a trabajar en la Usach con “apoyo de su amigo Waldo Rojas Soto, a quien había conocido años antes cuando trabajaba en el Ministerio de Educación”. Lo que sugiere esa línea de investigación es que los casi $50 millones en coimas recibidas por Carrasco serían parte de una operación cuidadosamente diseñada por Rojas para extraer recursos –vía licitaciones truchas– desde el plantel estatal de educación superior.

Consultado respecto de la llegada de Carrasco a la Usach, el rector de plantel, Juan Manuel Zolezzi, entregó en abril del año pasado a CIPER una versión distinta a la acuñada por la Fiscalía:

Waldo Rojas y Luis Horacio Rojas
Waldo Rojas y Luis Horacio Rojas

–Él era el encargado de la parte de la asignación de becas y créditos en el Ministerio de Educación. Me tocó conocerlo porque a esta universidad se le quitó recursos de becas y créditos durante 2008 y 2010. Cuando salió del ministerio, le dije ándate a la universidad para ver el tema de la asignación de becas. Y aceptó. Él tenía cierta habilidad en términos de administración y se le pidió después que se hiciera cargo de la dirección de Administración y Finanzas –dijo Zolezzi, quien negó conocer a Waldo Rojas (ver entrevista).

Es sabido que Waldo Rojas tiene llegada en el mundo radical y masón. En ese círculo aparece un hombre clave: Luis Horacio Rojas Mansilla, su primo y hombre cercano al ministro de Defensa, José Antonio Gómez (PR). Rojas Mansilla fue jefe de gabinete de Gómez cuando éste se desempeñó como ministro de Justicia entre 2000 y 2003. En agosto de 2007, José Antonio Gómez y Luis Horacio Rojas, junto a un tercer socio, crearon la Inmobiliaria GKD Limitada. No era la primera aventura empresarial de Rojas Mansilla: en 1989 había constituido junto a su primo, Waldo Rojas, la sociedad Transportes y Comunicaciones Congreso y en 1992 la consultora SGE Limitada.

En los últimos meses del primer gobierno de Michelle Bachelet, Rojas Mansilla, quien también fue miembro de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) entre 2007 y 2010, volvió a aparecer por la cartera de Justicia como asesor del entonces ministro Carlos Maldonado, también de las filas del Partido Radical.

No hay niguna evidencia que vincule a Rojas Mansilla con las gestiones de su primo para favorecer a Isolux. Versiones recogidas por CIPER, sin embargo, indican que en al menos una oportunidad gestionó una reunión entre Waldo Rojas y José Antonio Gómez. La cita habría ocurrido en agosto de 2007 –cuando Gómez era senador por la Región de Antofagasta– y en ella Waldo Rojas le habría pedido ayuda para que le tendiera puentes con el Ministerio de Justicia con el fin de ofrecer los servicios de Alta Dental a Gendarmería y al Registro Civil. No hay registro de que Gómez haya realizado gestiones. Contactado por CIPER, el ministro no quiso referirse al tema, mientras que Rojas Mansilla no estuvo ubicable.

Con quien también Waldo Rojas habría labrado vínculos de cercanía –que a la larga resultarían clave– fue con el ex senador de la DC y luego líder del PRI, Adolfo Zaldívar (falleció en 2013). El puente habría sido un viejo conocido de Rojas: Juan Carlos Osega Narea, histórico hombre de confianza de Zaldívar y su jefe de gabinete cuando se desempeñó como embajador en Argentina. Además de amigos, Rojas y Osega se convirtieron en socios: en enero de 2013 crearon la sociedad Sortis SpA para ofrecer consultorías en grandes proyectos de infraestructura.

El periodo en que Zaldívar y Osega se desempeñaron en la representación diplomática en Argentina coincide con el momento en que Waldo Rojas estrechó vínculos con los máximos directivos de Isolux-Corsán, que desde Buenos Aires manejaban todas las operaciones de la compañía para el Cono Sur.

En septiembre de 2012, Rojas firmaría un contrato con Isolux-Corsán de “prestación de servicios en consultoría”, cuyos honorarios corresponderían a un porcentaje del valor total de las obras que la compañía lograra obtener con su gestión. Se trataba de un contrato “subrogable a filiales”, por lo tanto aplicable a la agencia que Isolux tiene en Chile desde 2004 (Isolux Agencia Chile).

El contrato formalizó las labores que Rojas ya venía realizando para la multinacional. Los puentes Maule y Bicentenario habían sido adjudicados por el MOP a Isolux en marzo y abril de 2012, y allí las gestiones de Waldo Rojas habían resultado decisivas.  De acuerdo al diario electrónico El Mostrador, en aquella reunión en la que el presidente de Isolux para América Latina, Juan Carlos de Goycoechea, asegura haberse sentado con el ex ministro de Obras Públicas, Laurence Golborne, para revertir la decisión que los dejaba fuera de la licitación de dos puentes, Waldo Rojas estuvo presente.

CIPER pudo comprobar que el lobista recibió cuantiosos pagos por su intervención en esos dos proyectos. El 29 de agosto de 2013 Rojas entregó a Isolux una factura –que se presume es ideológicamente falsa– por $61 millones perteneciente a la sociedad Inversiones Río Claro Limitada. En el documento (factura N°93) se señala “Movimiento de tierra y áridos de obras denominadas Puente de Maule y Puente Centenario”.

Tras esas gestiones, la energía del lobista de Isolux se concentró en la Usach.

OPERACIÓN USACH

En noviembre de 2013, la universidad le adjudicó a Isolux-Corsán una licitación por $9.500 millones para la construcción de un edificio docente de ocho pisos. Entre los miembros de la comisión que evaluó esa licitación estaba Mauricio Carrasco, quien también participó del diseño y redacción de las bases. Según un correo electrónico al que CIPER tuvo acceso, dos meses antes de que la comisión resolviera la adjudicación, Isolux ya tenía indicios de que sería favorecida con la licitación: “Un dictamen de la comisión que obra en mi poder aconseja la adjudicación a (Isolux) Corsán”, escribió el 27 de agosto de 2013 Goycoechea a sus superiores en España.

Mauricio Carrasco Torres, ex director Administración y Finanzas USACH.
Mauricio Carrasco Torres, ex director Administración y Finanzas USACH.

Tras la adjudicación, los problemas no tardaron en llegar. A mediados de 2014 la obra llevaba varios meses de atraso, sin embargo la Usach le había cursado a Isolux anticipos que no correspondían por más de $1.400 millones. Fue en junio de 2014, tal como reveló CIPER (ver reportaje), cuando Mauricio Carrasco, el encargado de autorizar los pagos, aceptó de Isolux los tickets aéreos, la estadía y las entradas para asistir junto a su cónyuge al partido por octavos de final del Mundial de Fútbol entre Chile y Brasil en Belo Horizonte.

Pero esa no fue la única “gratificación” que recibió Carrasco a cambio de favorecer a Isolux. De acuerdo a su propia confesión ante los fiscales, a fines de marzo de 2014 Waldo Rojas le había entregado $15 millones en efectivo en un bolso negro. La operación se llevó a cabo en un café de calle Huérfanos, en el centro de Santiago. A principios de junio la maniobra se repitió. Fue el mismo monto, pero está vez el lugar escogido por Rojas fue un café de avenida Apoquindo, en Las Condes.

La millonaria adjudicación en la Usach le había significado a Rojas firmar un acuerdo específico con Isolux –anexo al contrato comisionable de septiembre de 2012–, para financiar la operación y retribuirle por sus gestiones. Se pactaron $300 millones y quien aparece como contraparte de la compañía española en ese contrato, firmado los primeros días de enero de 2013, es la sociedad Tangerine S.A., propiedad del conocido prestamista Fernando Cassorla Albagli. Ese año Tangerine prestó también servicios de propaganda electoral a varias figuras políticas en época de campaña: Guido Girardi (PPD), Daniel Farcas (PPD) y Carlos Montes (PS), aparecen entre sus clientes, según la base de datos del Servicio Electoral (Servel).

El contubernio entre Waldo Rojas y Mauricio Carrasco no se limitó únicamente a la construcción del edificio docente adjudicado a Isolux. La intervención del prestamista Fernando Cassorla, también propietario de la empresa Factoring de Chile, tampoco.

DE ISOLUX A LG ELECTRONIC

A mediados de 2012, Waldo Rojas se acercó a Carrasco –quien ya era funcionario de la Usach– para ofrecerle la instalación de luminarias LED en varios recintos de la universidad. En esos momentos, además de Isolux-Corsán, el lobista Rojas tenía un acuerdo de representación con la empresa LG Electronics Inc. Chile. A principios de enero de 2013 LG obtuvo un contrato por trato directo con la Usach –autorizado por Carrasco– por $117,5 millones. Carrasco fue nuevamente premiado por Rojas: a principios de 2014, recibió de manos del lobista $8 millones en efectivo.

De acuerdo a lo que ha podido establecer el Ministerio Público, los dineros que habría recibido Rojas de parte de LG por su exitosa gestión fueron triangulados a través de la empresa Tangerine de Fernando Cassorla. El 6 de enero de 2014, Tangerine –al igual como lo hizo con Isolux– suscribió un acuerdo con la filial chilena de la multinacional coreana por asesorías. Para entonces, la sociedad de Cassorla ya le había facturado en dos oportunidades a LG por “concepto de asesoría y soporte del levantamiento técnico condiciones propuesta iluminación LED”. Los montos de ambas facturas, también bajo sospecha de ser ideológicamente falsas, suman poco más de $23 millones.

De acuerdo a correos electrónicos incautados por la Fiscalía, en ocasiones era el propio prestamista el que escribía a Isolux para apurar el pago de las facturas. Uno de esos mensajes data de fines de 2013 y en él Cassorla le escribe al contador de la multinacional española en los siguientes términos: “Consulta por facturas pendientes, entre ellas las de Waldo”.

Tal como reveló CIPER en un reportaje publicado en agosto del año pasado, el representante legal de LG en esa época era José Miguel Lira López, quien está siendo investigado por el Ministerio Público por falsificación y uso malicioso de documento privado y está acusado de haber defraudado a LG por más de $2.200 millones. Además, lo acusan de pagar cerca de $1.200 millones a asesores externos y a funcionarios municipales para ganar de forma irregular licitaciones de luminarias LED en distintos municipios del país, servicios que no están acreditados en la contabilidad de la compañía (ver reportaje).

En la investigación sobre CAVAL existe un testimonio que liga a la empresa de Natalia Compagnon y su socio Mauricio Valero con LG en la misma época en que Waldo Rojas operaba para la firma coreana. Según declaró Patricio Cordero, formalizado en la causa, Valero tenía un acuerdo con LG para comercializar luces LED.

Waldo Rojas y Sebastián Dávalos
Waldo Rojas y Sebastián Dávalos

A ese dato se suma un email con fecha 16 de octubre de 2013, enviado por Valero al gerente de proyectos de CAVAL, Sebastián Dávalos Bachelet, en el que ambos se coordinan para enviarle información de LG a un contacto en la Secretaría Comunal de Planificación (Secpla) del municipio de Peñalolén.

Seba: la info está solicitada a LG, debiéramos esta semana enviar todo a Pablo”, le escribió Valero a Dávalos. “Ok, boss”, le respondió. No hay registro de que esas negociaciones hayan prosperado.

Un tercer caso, también fraguado en los pasillos de la Usach, pesa sobre la fecunda dupla Rojas-Carrasco. A mediados de 2014, la Usach le adjudicó a la empresa Comercial e Industrial Keller Limitada una licitación por $419 millones para reparar y reforzar uno de los edificios del establecimiento. A varios meses de iniciada la obra, Carrasco autorizó pagos y omitió cobros de multas, pese al evidente atraso del contratista. A mediados de 2014, Mauricio Carrasco recibió $5 millones en efectivo de manos de uno de los socios de la empresa, Víctor Cornejo Moreno, hoy también querellado por el CDE por soborno (ver querella).

De acuerdo a la confesión de Carrasco ante los fiscales, luego de recibir el soborno de Cornejo, Waldo Rojas lo llamó por teléfono pidiéndole apurar un pago para Keller.

Una cuarta empresa está siendo investigada por la Fiscalía. Se trata de la sociedad Panco Eirl, de propiedad del constructor civil Fernando Barroilhet Díez. Ello luego de que se detectara en la cuenta vista del Banco de Chile de Carrasco el rastro de un pago por $4 millones realizado por Barroilhet. En febrero de 2014, Carrasco le había adjudicado a Panco una obra de construcción en la casa central de la universidad por $74 millones (ver querella).

TRIANGULACIONES SOSPECHOSAS

Entre las facturas que están siendo examinadas con lupa por los fiscales aparecen algunas relacionadas a dos empresas vinculadas al conocido lobista y ex operador político de la Concertación Alexis Yáñez Alvarado (ver reportaje de CIPER). Se trata de Constructora Santa Sofía de los Ángeles y de Praxis Limitada.

CIPER tuvo acceso a tres facturas emitidas por estas sociedades a Isolux-Corsán entre marzo y mayo de 2014, por un total de $190 millones. Dos de ellas detallan supuestos servicios prestados por la constructora para el proyecto de la Usach y una tercera, la de Praxis, fue emitida a la filial de la compañía española en Chile por concepto de “Asesoría profesional en el desarrollo de proyectos de construcción” (ver facturas).

Al menos en dos oportunidades los cheques emitidos por Isolux a nombre de la Constructora Santa Sofía de los Ángeles, fueron retirados por quien es sindicado en la querella del CDE como uno de los recolectores de los dineros pagados por la compañía española a Rojas. Se trata de Diego Mizón Espinoza –actual socio de Francisco Toyos, ex asesor jurídico del MOP y de Energía– quien firmó y retiró cheques por $71 millones y por $20 millones desde las oficinas de Isolux en la comuna de Providencia. Hay constancia además de que Mizón recogió un tercer cheque por $98 millones pagado contra una factura entregada por una sociedad de nombre Comercializadora Díaz Hermanos, también bajo investigación. CIPER intentó sin éxito contactarse con Mizón.

Además de Tangerine, Constructora Santa Sofía de los Ángeles, Praxis, Inversiones Río Claro y Comercializadora Díaz Hermanos, en esta red de emisores de facturas presuntamente falsas aparece una sexta empresa: Sierra Leona Construcciones.

CIPER tuvo acceso a dos facturas emitidas por Sierra Leona a Isolux en enero y febrero de 2013 por $133 millones. En el documento de la empresa dedicada a la comercialización de áridos y movimiento de tierra se detalla: “Servicio de ingeniería y preparación de oferta proyecto hospitalario Pitrufquén” (ver facturas).

El dato es relevante pues indicaría que Waldo Rojas, además de intervenir en las licitaciones de la Usach y del MOP para los puentes Biobío y Maule, también habría realizado gestiones para la obtención de esa obra, adjudicada a Isolux por el Servicio de Salud Araucanía Sur (SSAS) en diciembre de 2012 por un total de $16.700 millones.

 

TÍO Y SOBRINA

Natalia Compagnon
Natalia Compagnon

La estrecha cercanía entre el ingeniero comercial Waldo Rojas y su sobrina política Natalia Compagnon no es un misterio. Casado con Gricela Soto Acevedo, hermana de la mamá de Natalia, la impronta de Waldo Rojas se asoma en cada uno de los hitos que definieron la vida profesional de la esposa de Sebastián Dávalos. Fuentes citadas por El Mostrador indican que Rojas se jactaba de haberle pagado la universidad a Compagnon. De acuerdo a versiones recogidas por CIPER, el ingeniero comercial al menos habría influido en la decisión de la nuera de la Presidenta Michelle Bachelet de congelar sus dos años de estudio de Derecho en la Universidad Central para cambiarse a Ciencias Políticas –carrera que también estudiaba Sebastián Dávalos– en el mismo plantel de educación superior. A Waldo Rojas se le ha definido como el mentor de Natalia Compagnon en los negocios. Al cumplir los 32 años, Compagnon ya había constituido cinco sociedades: de inversión, consultoras y una inmobiliaria. En enero de 2007 creó Asesorías Asia Pacific Brokers y para ello fijó domicilio en la misma dirección de Ñuñoa donde reside el matrimonio Rojas-Soto. Compagnon también vivió allí un tiempo.

Otra de las empresas creadas por Compagnon en febrero de 2012 fue CAVAL, protagonista de uno de los mayores escándalos políticos de los últimos años. En la génesis de la cuestionada empresa, Waldo Rojas también habría tenido una cuota de participación. Fue el propio lobista quien presentó a Natalia Compagnon y a Mauricio Valero Illanes, el socio de la nuera de Michelle Bachelet en ese polémico emprendimiento.

Luego de conocerse los términos de una polémica y millonaria operación inmobiliaria en Machalí, los propietarios de CAVAL se encuentran actualmente formalizados por el Ministerio Público: ambos por delitos tributarios y Valero, además, por soborno en calidad de autor (ver reportaje de CIPER).

 

N. de la R.: Con posterioridad a la publicación de este reportaje, CIPER recibió respuesta del abogado Francisco Toyos, a quien contactamos sin éxito durante el desarrollo de esta investigación. En su respuesta, enviada por correo electrónico, Toyos indica que conoció a Diego Mizón –quien es sindicado en la investigación como la “persona de confianza de Waldo Rojas”– el segundo semestre de 2015, luego de que éste lo contactara para que asumiera su defensa penal en la causa por sobornos y cohecho en la Usach.

Agregó que en la Consultora San Pancracio, constituida en julio pasado y en la que aparece como socio junto a Diego Mizón, participa solo nominalmente y que fue su defendido quien le pidió que apareciera en su calidad de abogado, pero “sin facultades de injerencia en su administración y toma de decisiones, bajo compromiso de posteriormente ceder mi participación en las acciones de dicha sociedad”.

Las interrogantes de la hermética compra de los helicópteros Black Hawk de la FACH

La mañana del jueves 31 de marzo, en pleno desarrollo de la Feria Internacional del Aire y del Espacio (Fidae), el comandante en jefe de la Fuerza Aérea (Fach), Jorge Robles Mella, recibió la visita de tres gestores de intereses. El encuentro se concretó en el chalet C del recinto ferial de Pudahuel y se extendió por poco más de una hora. La cita quedó registrada en la plataforma de lobby de la institución, donde también se informó escuetamente sobre la materia tratada en esa reunión: “Problemas de mantenimiento del helicóptero S-70 de la Fach y saludo protocolar con motivo de la Fidae”.

De lo que no quedó rastro en el registro de la audiencia fue de a quién representaban y para quién trabajaban las personas que visitaron al general Robles. En el documento sólo se especificó que los asistentes venían en representación de sí mismos (ver registro de audiencia). Pero las tres personas que se presentaron ese día a las 09:45 en el recinto de la Fidae no asistieron únicamente como personas naturales. Dos de ellos, Adam Schierholz y Freddy Hernández, son altos ejecutivos y representantes para América Latina de la norteamericana Sikorsky (filial de la multinacional Lockheed Martin), un peso pesado en el negocio de la fabricación y venta de helicópteros, entre ellos del popular Black Hawk. El tercer integrante del comité: Patricio Campos Montecinos, ex general Fach, esposo de la ex agente civil del Comando Conjunto, Viviana Ugarte Sandoval (la “Pochi”), y quien estuvo procesado por obstrucción a la justicia por omitir información sobre detenidos desaparecidos a la Mesa de Diálogo, instancia creada en 1999 bajo el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Tras ese episodio, Campos Montecinos pasó a retiro.

 Patricio Campos Montecinos y Viviana Ugarte Sandoval (la “Pochi”)
Patricio Campos Montecinos y Viviana Ugarte Sandoval (la “Pochi”)

La cita que reunió a fines de marzo en la Fidae al general Robles con Schierholz, Hernández y Campos, sería un hecho aislado si no fuera porque justo en esos momentos la Fach analizaba las ofertas presentadas por cuatro compañías –Sikorsky, entre ellas– para concretar una millonaria compra de seis helicópteros multipropósito medianos, en un proceso formal de adquisición iniciado en septiembre de 2015. Cinco meses más tarde de esa reunión en la Fidae –y a un año de abierto el proceso de adquisición–, la Fach anunció el 3 de septiembre pasado que había concretado la compra de seis helicópteros Black Hawk S-70i a Sikorsky (ver nota).

Ya en 2009 la institución había hecho público su interés por integrar a su potencial bélico una partida de helicópteros multipropósito. Para entonces, el lobby de Sikorsky ya operaba al más alto nivel: un cable de Wikileaks muestra cómo a principios de ese año el entonces embajador de Estados Unidos en Chile, Paul Simons, hizo gestiones comerciales ante altas autoridades del país en favor de los Black Hawk.

Según un artículo de El Mostrador de julio de 2009, Patricio Campos Montecinos también habría realizado gestiones en esa fallida venta. Al ex general de la Fach ya se le identificaba como el lobista clave del proveedor de armas Conrado Ariztía O’Brien, propietario de la empresa que históricamente ha tenido la representación de Sikorsky en Chile: I-Systems. Según el registro de proveedores vigente de la Fach, I-System sigue siendo el representante oficial de Sikorsky (ver documento) y Conrado Ariztía su gerente general y representante legal (ver documento). Además de la compañía norteamericana, la empresa de Ariztía –que ha cerrado millonarios contratos con las Fuerzas Armadas y de Orden–, es la que representa en nuestro país a más de una docena de fabricantes internacionales de material de guerra (ver recuadro).

Conrado Ariztía siempre ha intentado tener un bajo perfil, condición que perdió cuando en 2003 la investigación por la polémica compra de 25 aviones Mirage identificó a una de sus sociedades offshore con domicilio en Bahamas, como una pieza del entramado financiero por el que circularon las comisiones irregulares recibidas por civiles y autoridades de la Fach.

El proceso de adquisición de la nueva flota de helicópteros Black Hawk de Sikorsky se ha mantenido en total hermetismo, pero trascendió que la operación involucrará un gasto de entre US$150 y US$180 millones. La compra será solventada con los fondos de la Ley Reservada del Cobre, fuertemente cuestionada desde que se revelara el fraude por $5.500 millones en el Ejército conocido como “Milico-Gate”.

Jorge Robles Mella
Jorge Robles Mella

El anuncio por la prensa de la decisión de la Fach levantó polvo. Representantes de una de las compañías internacionales en carrera –la italiana Finmeccannica, ex Augusta Westland–, acusaron una serie de irregularidades durante el proceso de adquisición. El 7 de septiembre pasado, los abogados de Finmeccannica presentaron un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Santiago en el que cuestionaron la transparencia del procedimiento y solicitaron invalidarlo. También pusieron los antecedentes a disposición del contralor general de la República, Jorge Bermúdez.

Pese a que la decisión de comprar los Black Hawk fue comunicada como un hecho consumado, desde la Fach señalaron a CIPER que no se referirían al tema debido a que el “proceso de adquisición aún está en ejecución con la empresa seleccionada” y a que están “a la espera de un pronunciamiento de la Contraloría respecto de una presentación que efectuó otra empresa participante”.

A la compra de estos helicópteros, se suma otra fuerte inversión anunciada a principios de marzo por el general Jorge Robles y que se materializará en el curso de los próximos dos años: la adquisición de dos aviones Basler BT-67 para reforzar los vuelos de la Fach a la Antártica, compra que rondaría los US$20 millones (ver aquí). La fabricante de los BT-67, la estadounidense Basler Turbo Conversions, también tiene intermediario en Chile. Su nombre: Patricio Campos Montecinos (ver documento).

UN LARGO PROCESO

Uno de los principales focos de atracción de la Parada Militar del 19 de septiembre pasado fue el fugaz sobrevuelo por la elipse del Parque O’Higgins del helicóptero de asalto Black Hawk S-70 de la Fuerza Aérea. Hasta ahora, es la única aeronave en su tipo con la que cuenta la Fach y fue adquirido en 1998, bajo la comandancia en jefe del ex general Fernando Rojas Vender.

Rojas Vender, que asumió su cargo en 1995, fue uno de los más cercanos contactos de Conrado Ariztía en la Fach desde que el intermediario de armas creara I-Systems en noviembre de 1985.

Fue el propio general Rojas quien en 1999 piloteó el Black Hawk adquirido un año antes a Sikorsky en un viaje histórico que conectó Punta Arenas con la base Amundsen-Scott en el Polo Sur (territorio antártico estadounidense). La proeza de Rojas Vender fue difundida por la empresa norteamericana en un comunicado en el que se aseguró que la Fuerza Aérea de Chile planeaba adquirir una nueva partida de helicópteros S-70 en los próximos años (ver nota en inglés).

Pero no fueron sólo loas las que cosechó Fernando Rojas Vender durante su mandato. Su gestión se vio empañada cuando se descubrió que el entonces comandante en jefe de la Fuerza Aérea y otros oficiales de la institución, importaron muebles de rattán para uso personal haciéndolos pasar por pertrechos militares. Un artículo del diario La Nación (2008) agrega que en ese entonces también se cuestionó que la Fach favoreciera regularmente a la agencia de viajes de Conrado Ariztía –Turismo Marina Travel, creada en 1991– con compras de pasajes aéreos para el personal de la institución.

De la adquisición de una nueva partida de helicópteros Black Hawk que Sikorsky daba como segura en 1999, no se supo más hasta diez años después. En 2009 la Fach estaba en plena campaña para adquirir helicópteros destinados a transportar tropas y a operar en tareas de rescate ante desastres naturales. Sikorsky –ya representada por la empresa de Conrado Ariztía– no se guardó municiones en su intento por vencer a su principal oponente en esa posibilidad de negocio: los Mi-17 fabricados en Rusia.

Paul Simons
Paul Simons

Un cable de Wikileaks fechado el 24 de febrero de 2009 da cuenta de las gestiones del entonces embajador de Estados Unidos en Chile, Paul Simons, ante distintas autoridades para promocionar los helicópteros de Sikorsky: “El embajador Simons ha hecho convincentes presentaciones a nombre de Blackhawk (sic) tanto al comandante en jefe de la Fach (Ricardo Ortega) como al ministro del Interior (Edmundo Pérez Yoma). Sin embargo, pareciera que la decisión no es inminente” (ver cable en inglés).

A mediados de ese mismo año, la Fach anunció que había desechado la oferta de Sikorsky en favor de los Mi-17 rusos. Según publicó El Mostrador, el secretario de Comercio  de Estados Unidos, Gary Locke, envió una misiva a la Cancillería en la que habría manifestado su descontento por la decisión. En otro cable de Wikileaks, fechado el 24 de julio de 2009, el embajador Simons se refiere al impasse diplomático: “mientras la carta expresa decepción por la falta de un proceso de licitación abierto, en la prensa (el hecho) fue caracterizado como una queja de Estados Unidos ante la elección del modelo ruso por sobre el Black Hawk” (ver cable en inglés).

La compra de los helicópteros Mi-17 nunca se concretó. Una fuente de defensa señaló a CIPER que la adquisición fue objetada por la Contraloría en la puerta del horno: la Ley Reservada del Cobre no contemplaba entonces el financiamiento de material para operaciones ante catástrofes naturales.

INVERSIÓN DE CARÁCTER SECRETO

Seis años después de la fallida compra del 2009, la Fach abrió un nuevo proceso de adquisición de helicópteros multipropósito medianos para tareas de rescate. A través de una “carta de requerimientos”, el 17 de septiembre de 2015 invitó a seis empresas a participar en el marco de un procedimiento de compra vía trato directo.

En el caso de las Fuerzas Armadas, las adquisiciones vía trato directo –sin que medie licitación pública ni privada– están reguladas por el Decreto Supremo N°124 del 2004 y son definidas como procedimientos excepcionales que sólo pueden darse bajo limitadas causales. CIPER solicitó por Ley de Transparencia conocer las bases y matriz de evaluación con las que la Fach llamó a concurso, además de la lista de participantes (proveedores) del proceso de adjudicación. En un documento enviado a este medio el 4 de agosto, la Fach justificó la contratación por trato directo señalando que se trataba de “una inversión de carácter secreto”. En ese mismo documento denegó la solicitud de información debido a que “su divulgación genera el riesgo de afectar la seguridad de la Nación y hacer público el potencial bélico de la institución, exponiendo las capacidades estratégicas propias de la defensa” (ver documento). Lo curioso es que según versiones de prensa divulgadas por la propia Fach, los helicópteros serán utilizados como apoyo para rescate en zonas afectadas por desastres naturales. Además, uno de los participantes del proceso de adquisición asegura que no se les pidió cotizar equipamiento bélico para las naves.

Según la indagación de CIPER, sólo cuatro de las seis compañías contactadas por la Fach enviaron sus propuestas: Sikorsky con los Black Hawk S-70i; la italiana Finmeccannica con los AW 149; la franco-germana-española Airbus Helicopters con los Cougar; y Rosoboron Export, que comercializa los Mi-17 fabricados por la rusa Mil.

Fuentes que participaron del proceso, afirmaron a CIPER que se sorprendieron con la “vaguedad” de los requerimientos solicitados por la Fach a las compañías que invitó a concursar. “Por ejemplo, establecieron un rango extremadamente amplio para la capacidad de carga del helicóptero: entre 6.500 y 13.000 kilos”, señaló a CIPER uno de los ejecutivos de las empresas participantes que pidió reserva de su identidad. Dentro de ese rango, explicó, algunos de los proveedores tienen más de un modelo, y no se entregaron detalles que permitieran concluir cuál era el adecuado para los requerimientos. La misma fuente aseguró que durante el proceso de selección del proveedor, la Fach evitó recibir en persona a los representantes de las empresas para “no dar señales que pudiesen malinterpretarse” y que la comunicación entre las partes se zanjó principalmente por vía remota. Desde la institución declinaron hacer comentarios.

José Antonio Gómez, Deborah Lee James y Michael Hammer
José Antonio Gómez, Deborah Lee James y Michael Hammer

Fue justo en mitad del proceso de selección (31 de marzo de 2016) que Patricio Campos Montecinos y dos altos ejecutivos de Sikorsky visitaron al comandante en jefe de la Fach, Jorge Robles, en una audiencia en la que no quedó registro de la representación que ejercían. Coincidentemente, ese mismo día, el ministro de Defensa José Antonio Gómez recibió en audiencia a la secretaria de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, Deborah Lee James, y al embajador de ese país en Chile, Michael Hammer, en una reunión que tuvo como propósito “fortalecer los lazos bilaterales”, según un comunicado de la propia cartera.

El ministro Gómez –a quien le correspondió aprobar el proyecto de adquisición de helicópteros de la Fach– no estuvo disponible para atender las consultas de CIPER. Desde su entorno aseguraron que en la reunión de fines de marzo con Deborah Lee James no se tocó el tema de los helicópteros Black Hawk.

El embajador Hammer respondió a las consultas de CIPER por escrito, poco antes de dejar la representación diplomática en Chile. No confirmó ni desmintió haber hecho gestiones en favor de Sikorsky: “Una de las principales funciones de las embajadas de Estados Unidos en el exterior es apoyar el comercio y la inversión y, en este contexto, nos reunimos habitualmente con empresas estadounidenses que buscan hacer negocios en Chile”, dijo.

El 3 de septiembre pasado, la Fach dio a conocer que la ganadora del proceso de adjudicación de los seis helicópteros multipropósito medianos había sido Sikorsky, empresa que en Chile es representada por el intermediario de armas Conrado Ariztía. Cuatro días más tarde, la italiana Finmeccannica presentó un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Santiago pidiendo que se invalidara la adjudicación. Acusó falta de transparencia en el proceso y, entre otras cosas, que en ningún momento –pese a la insistencia del fabricante italiano– la Fach dio a conocer los contenidos y fundamentos de la matriz de evaluación” que se utilizó para calificar las propuestas de los proveedores (ver escrito).

El recurso fue rechazado por la Corte de Apelaciones y será el máximo tribunal el que resolverá en última instancia. Paralelamente, los abogados de Finmeccannica presentaron los antecedentes en la Contraloría General de la República, la que en los próximos días deberá pronunciarse sobre la compra.

La decisión de la Fach también ha levantado críticas entre expertos en defensa que ponen en cuestionamiento la pertinencia de la adquisición. El analista Eduardo Santos calificó la compra de los helicópteros de Sikorsky como un error. “Desde el punto de vista técnico la Fach no ha sido muy cuidadosa con sus compras. El Black Hawk técnicamente es un muy buen helicóptero, no tengo nada que decir. Pero no es el que hoy necesita Chile, porque esa capacidad ya la tiene el Ejército con los helicópteros Cougar. Se trata de una duplicación de capacidades, con dos modelos distintos, lo que da cuenta de la falta de conducción conjunta de nuestra fuerza militar”, señaló Santos a CIPER.

LA DUPLA ARIZTÍA-CAMPOS

La reunión del ex general de aire Patricio Campos y los altos ejecutivos de Sikorsky con el general Robles en pleno proceso de selección de proveedores, agrega un nuevo capítulo al polémico historial de Conrado Ariztía, representante de la compañía norteamericana, con la Fach.

Tanto Ariztía como Campos –a quien distintas fuentes identifican como el principal lobista del intermediario de armas– no han sido personajes secundarios en el círculo de la Fuerza Aérea. El primero se ha posicionado desde los ’80 como uno de los proveedores favoritos de la Fach; el segundo llegó a ser quinta antigüedad de la institución y encabezó la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

Conrado Ariztía salió del anonimato al estallar el caso Mirage. En 1994, cuando la Fach decidía la compra de los aviones que reemplazaría a la flota de Hawker Hunter, el intermediario representaba a Sagem, empresa subsidiaria de Dassault, el fabricante francés de los aviones Mirage. Y aunque la Fuerza Aérea finalmente se decidió por los 25 aviones Mirage V de la empresa belga Sabca –también filial de Dassault y representada por el lobista checo y amigo de Ariztía, Carlos Honzik–, el negocio lo benefició de todos modos: la tecnología de los aviones belgas estaba obsoleta. Según un artículo del diario La Nación, en 1996 Sagem se ganó un contrato de más de US$20 millones para proveer a la Fuerza Aérea de esa tecnología. Entre 1995 y 1997, Ariztía recibió un total de US$1,8 millón de la empresa Sagem en cuentas en el extranjero.

black-hawk-sikorsky-wikimediaEl estallido del caso Mirage remeció a la Fuerza Aérea. La investigación del ministro Omar Astudillo sobre la compra de los Mirage belgas estableció que de los US$109 millones que pagó el Estado por ellos, hubo un sobreprecio de US$15 millones, los que fueron usados para pagar comisiones a los intermediarios de la compra y repartidos entre civiles y altos mandos.

En 2003, cuando los tribunales belgas levantaron el secreto bancario de cuentas relacionadas a algunos de los protagonistas del escándalo de los Mirage, se conoció que Conrado Ariztía había recibido US$1,7 millón en una cuenta de la sociedad offshore Intercountry Holdings de su propiedad. Quién giró esos dineros fue precisamente su amigo Carlos Honzik, encargado de repartir los US$15 millones iniciales.

Patricio Campos Montecinos era la quinta antigüedad de la Fach y director de la DGAC cuando pasó a retiro en septiembre de 2002. Hasta entonces, su carrera había avanzado sin problemas. Fue agregado aéreo en Brasil cuando Heraldo Muñoz era embajador en ese país. Fue ratificado en 1999 por Eduardo Frei como comandante en jefe de la Tercera Brigada Aérea y luego por Ricardo Lagos cuando fue nombrado director de la DGAC. El año 2000 fue designado por el entonces comandante en jefe de la Fach, Patricio Ríos, como encargado de recopilar información para la Mesa de Diálogo (constituida en 1999) sobre el paradero de los 55 detenidos desaparecidos atribuidos a la Fuerza Aérea. Dos años después fue procesado por el ministro Mario Carroza por obstrucción a la justicia, cuando se supo que, de los 23 casos que recabó, sólo entregó 18 nombres.

La información que tenía sobre los otros cinco –Juan Orellana, Ignacio González, Ricardo Weibel, Víctor Vega y José Sagredo– fue omitida y destruida por Campos. En septiembre de 2002, el diario La Nación publicó una serie de reportajes que terminarían por sepultar su carrera. En ellos se reveló la supuesta rearticulación del Comando Conjunto dentro de la Fach para desvirtuar y ocultar información sobre el paradero de detenidos desaparecidos. “Colmillo Blanco” –nombre que le dieron al agente del Comando Conjunto, Otto Trujillo, para protegerlo–, denunció además que la esposa de un general de la Fach había participado en el grupo como agente: Viviana Ugarte Sandoval, también conocida como la “Pochi”, que en agosto pasado, según informaron medios de prensa fue condenada a siete años de presidio por asociación ilícita y cómplice de los secuestros de Nicomedes Toro Bravo y Raúl Montoya Vilches en 1976.

Poco después de la publicación de La Nación, Campos Montecinos, esposo de la “Pochi”, colgó su uniforme. El ex general de la Fach fue absuelto en diciembre de 2007. En 2005, el cambio al Código Procesal Penal estableció que el delito de obstrucción a la justicia sólo correspondía a casos en que se obstaculizara la investigación del Ministerio Público, y no de los Tribunales de Justicia, como era en el momento en que se acusó e investigó a Patricio Campos (ver dictamen).

CIPER intentó contactar a Patricio Campos y a Conrado Ariztía en distintos teléfonos, sin éxito. La casa donde históricamente funcionó I-Systems (comuna de Ñuñoa), hoy está sin muebles, ni moradores. De acuerdo a la versión entregada por vecinos, esa casa se vendió hace una semana.

LAS REPRESENTACIONES DE CONRADO ARIZTÍA

El negocio de la intermediación de armas es tan competitivo como jugoso. Así lo reconoce un comerciante de material bélico, quien señaló a CIPER que normalmente la comisión que se les paga por representar los intereses de compañías internacionales asciende al 2% de la venta. “Los norteamericanos pagan un poco más, depende de cada caso”, señaló.

I-Systems es un actor relevante en este mercado. No sólo representa a la norteamericana Sikorsky, también a una decena de compañías internacionales, principalmente italianas. Entre ellas Whitehead Sistemi Subacquei, fabricante de torpedos; Oto Melara, que produce las espoletas para municiones aéreas; y Simmel Difesa, fabricante de municiones y explosivos. También es intermediario de la australiana Codan, fabricante de sistemas de comunicación, y de la alemana Linsrechts, que produce sistemas de ayuda para el aterrizaje de helicópteros (ver todas las representaciones de I-Systems).

La DGAC ha sido otro nicho rentable para la empresa de Conrado Ariztía. Según registros del portal Mercado Público, entre 2006 y 2014, el organismo dependiente de la Fach le ha adjudicado 13 licitaciones a I-Systems –principalmente equipos de comunicación y repuestos–, por más de US$ 560 mil ($373,5 millones, al valor actual). Otras de las instituciones que han requerido de los servicios de la empresa de Ariztía son Carabineros, la Armada y Gendarmería.

De todos modos, esos montos son solo la punta del iceberg del millonario negocio que montó Conrado Ariztía en las últimas tres décadas. Producto del férreo secreto que aún impera en muchas de las adquisiciones de las Fuerzas Armadas –tal como lo demuestra la reciente adquisición de helicópteros de la Fach–, no es posible aproximarse al volumen de dineros generados por sus actividades de intermediación.

Las ventas inmobiliarias de la esposa del general Fuente-Alba en una fundación del Ejército

En septiembre de 2011 la Municipalidad de las Condes recibió una oferta para comprar una propiedad de más de 2.000 m2 ubicada en Curaco N°1886. La propuesta era tentadora: UF19.500 ($433,8 millones, valor de la época) por un inmueble que el Banco BCI tasó en UF 23.113 ($507,5 millones). “No existe oferta similar en el sector”, se lee en el informe del banco.

El 8 de septiembre, el Concejo Municipal, presidido por el alcalde Francisco de la Maza (UDI), resolvió adquirir la propiedad, lo que se concretó el 6 de diciembre de 2011. El municipio de Las Condes, tal como se lee en las escrituras que revisó CIPER, pagó los $433 millones en efectivo.

Juan Manuel Fuentealba
Juan Manuel Fuentealba

Esta fue la primera de las tres ventas de propiedades que pertenecían a la Fundación de Señoras del Ejército (creada en 1984 por Lucía Hiriart),y quefueron ejecutadas entre 2011 y 2013 por su entonces presidenta: Anita María Pinochet Ribbeck, esposa del general Juan Miguel Fuente-Alba, quien fue comandante en jefe del Ejército entre 2010 y 2014. Las ventas de los tres inmuebles –todos donados por el Fisco- sumaron $928,7 millones.

El 26 de julio pasado, Anita María Pinochet debió presentarse ante el fiscal José Morales para declarar como imputada en la causa que abrió la Fiscalía Centro Norte para investigar el presunto enriquecimiento ilícito del general Fuente-Alba. Ese día, la esposa del ex comandante en jefe –quien declaró ser  “dueña de casa”- debió responder sobre su elevado registro de inversiones y gastos. Entre ellos, figuran abultadas sumas que se repiten en tiendas de lujo como Hermés, la mexicana Pineda Covalin y la de uno de los diseñadores de interior más cotizados en Chile, Enrique Concha.

En el interrogatorio se buscaron respuestas para los bienes inmuebles, vehículos e instrumentos financieros que acumula el matrimonio. Su cuantía no calza con el nivel de ingresos del militar. En ese contexto, las transacciones de la fundación que presidió Ana María Pinochet también caen bajo la lupa del Ministerio Público.

Al igual que CEMA Chile –institución a través de la cual la esposa de Pinochet se apoderó de más de 230 inmuebles de propiedad del Estado (ver reportaje de CIPER)–, la Fundación de Señoras del Ejército ha sido depositaria de un millonario patrimonio inmobiliario de origen fiscal. La indagación de CIPER arrojó que las propiedades donadas por el Estado a esta fundación suman un avalúo de $1.254 millones.

La investigación de CIPER reveló también que siendo Lucía Hiriart la presidenta de la Fundación de Señoras del Ejército, dispuso que en caso de disolución, todos sus bienes fueran traspasados a la Fundación de Apoyo Social, entidad “espejo” de CEMA, la que la entonces esposa de Pinochet creó en 1983. Cuando en marzo de 1998 Augusto Pinochet finalmente abandonó la jefatura del Ejército, esa decisión no perduró.

La Fundación de Señoras del Ejército tiene su sede central en una gran casa en Presidente Errázuriz (Las Condes), cuyo avalúo fiscal alcanza los $1.600 millones. La casa tiene historia: allí residió la familia del general Carlos Prats, quien fuera comandante en jefe del Ejército hasta agosto de 1973. En septiembre de ese año, después del Golpe, llegaron nuevos ocupantes: la familia Pinochet-Hiriart, que permaneció allí hasta 1998, cuando asumió Ricardo Izurieta la Comandancia en Jefe del Ejército. El general Izurieta no quiso utilizar el inmueble como vivienda. Desde entonces, la fundación –que es presidida por la cónyuge del comandante en jefe de turno–, opera en la casona de Las Condes.

EL ORIGEN DE LAS “SEÑORAS DEL EJÉRCITO”

La Fundación de Señoras del Ejército fue creada el 9 de marzo de 1984 por Lucía Hiriart (ver recuadro). Solo días después, el 29 de marzo, la esposa de Augusto Pinochet creó una segunda y desconocida fundación: Jardines Infantiles y Navidad (FJIN), institución que a poco andar se transformó en un nuevo botín –tal como lo era ya CEMA– para la entonces primera dama.

La historia de ambas fundaciones está íntimamente ligada tanto en su origen como en su desarrollo. Veinte años después, el 26 de marzo de 2004, la Fundación Jardines Infantiles y Navidad dejó oficialmente de existir. Los estatutos vigentes al momento de su disolución tenían un mandato claro: todos los bienes y patrimonio de la FJIN debían ser traspasados a la Fundación de Señoras del Ejército.

Sede Fundación de Señoras del Ejército, Santiago.
Sede Fundación de Señoras del Ejército, Santiago.

Fue así como la fundación ubicada en Presidente Errázuriz recibió seis propiedades avaluadas en $1.254 millones: dos propiedades en Las Condes (Curaco N° 1886 y El Trombón N° 7557); una en Providencia (Manuel Antonio Prieto N° 0115); una en Cerro Navia (entre calles Siberia y Máximo Gorki); una en La Florida (en Los Cactus N° 1885); y una en Putaendo (Ejército Libertador sin número). Todas correspondían a donaciones realizadas por el Fisco entre 1986 y 1988 a la FJIN, entidad manejada por Lucía Hiriart en calidad de presidenta nacional.

La historia pudo ser distinta. En los estatutos iniciales de la Fundación Jardines Infantiles y Navidad (1984), revisados por CIPER, queda claro cómo esta fundación también fue diseñada por Lucía Hiriart como un resorte para asegurarse un millonario patrimonio inmobiliario a futuro. Al final del acta de constitución de la FJIN (artículo 63) se señala: “En caso de disolución de la fundación, los bienes que forman su patrimonio pasarán a la Fundación de Apoyo Social”.

La Fundación de Apoyo Social o FAS es una institución “hermana” de CEMA Chile y parte de la red a través de la que Lucía Hiriart y su familia administra las cientos de propiedades de origen fiscal aún en su poder. Por mandato FAS es también la depositaria natural de parte de los bienes de CEMA en caso de que ésta se disuelva. De acuerdo a la investigación del programa Contacto (Canal 13), a diciembre de 2014, FAS registraba activos avaluados en $1.377 millones, aunque nada se sabe de las actividades que realiza.

En rigor, Jardines Infantiles y Navidad existía desde mucho antes de que Pinochet se tomara el poder. Había sido creado como comité (no fundación) bajo el gobierno del ex presidente Juan Antonio Ríos, en 1944. La FJIN creada por Lucía Hiriart reemplazó al Comité de Jardines Infantiles y Navidad: la fundación “realiza las funciones que antes cumplía el comité”, se lee en un acta de la Junta Militar del 15 de octubre de 1985, en la que se ordenó el cierre de la entidad creada en la década de los ’40.

En noviembre de 1985, el Ministerio de Justicia canceló la personalidad jurídica al Comité de Jardines Infantiles y Navidad. En ese mismo acto, se ordenó que la extinta institución traspasara todos sus bienes, franquicias y beneficios a la nueva fundación de Lucía Hiriart. Entre estos beneficios se encontraban los dineros que la Polla Chilena –según Decreto 2.413 del Ministerio de Hacienda– le entregaba desde 1978 al comité y que correspondían al 10% de lo que quedara luego del pago de premios y gastos de administración.

Las únicas instituciones que recibían más que el comité eran el Cuerpo de Bomberos de Chile (15,5%) y la fundación predilecta de Lucía Hiriart: CEMA Chile (20%).

Cuando Pinochet abandonó la Comandancia en Jefe del Ejército en marzo de 1998, las amarras que había dejado Lucía Hiriart para que los bienes de la FJIN pasaran a su Fundación de Apoyo Social, se desataron. A partir de ese año se suceden una serie de cambios en la Fundación de Jardines Infantiles y Navidad y en la Fundación de Señoras del Ejército.

Bajo la dirección de Beatriz Linzmayer, esposa del entonces comandante en jefe Ricardo Izurieta, la Fundación de Señoras del Ejército fue reestructurada (dejó de llamarse Fundación de Señoras de Oficiales del Ejército) “ampliando su ámbito de acción e integrando a todas las señoras del Ejército”, según sus memorias.

Ese no fue el único cambio. Se dispuso además que en caso de disolución los bienes de la FJIN fuesen transferidos a la Fundación de Señoras del Ejército. Y así fue. El Decreto 251 del 26 de marzo de 2004 del Ministerio de Justicia sancionó la disolución de la FJIN y con ello todos sus bienes pasaron a formar parte del patrimonio de la fundación castrense.

EL PERIODO DE PINOCHET RIBBECK

Antes de asumir en marzo de 2010 en sus nuevas labores como presidenta de la Fundación de Señoras del Ejército, Anita María Pinochet registra trabajos esporádicos como secretaria ejecutiva bilingüe y profesora de “cocina en microondas”. Ha acompañado a su marido en las diferentes destinaciones en las que se ha desempeñado en Chile (Santiago, Coihaique) y el extranjero (El Salvador, Argentina y Estados Unidos).

Salón de entrada de la fundación.
Salón de entrada de la fundación.

La llegada de Anita María Pinochet a la presidencia de la fundación significó un giro radical en la forma en cómo sus antecesoras –las esposas de los generales Ricardo Izurieta, Juan Emilio Cheyre y Óscar Izurieta– habían administrado los bienes de la institución.

A marzo de 2007, la fundación contaba con un patrimonio inmobiliario de origen fiscal compuesto por seis bienes raíces repartidos en las regiones Quinta y Metropolitana. Fue ese año cuando la fundación, a cargo de la esposa del general Óscar Izurieta, Ginetta Fornazari, decidió entregar en donación tres de sus seis propiedades a la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji): la de Putaendo, la de La Florida y la de Cerro Navia.

Las restantes tres propiedades (dos en Las Condes y una en Providencia), quedaron bajo el dominio de la fundación. Eso hasta el 6 de diciembre de 2011 cuando la fundación ya presidida por la esposa del general Fuente-Alba, decidió ofertarle a la Municipalidad de Las Condes la casa de Curaco 1886 en $433 millones.

El inmueble –que cuenta con siete salas, ocho baños, una oficina y un casino- ya era conocido para el alcalde y los concejales que aprobaron la compra: desde octubre de 2004 el municipio lo arrendaba a la fundación en $650 mil mensuales para el funcionamiento del centro del adulto mayor “El Canelo”.

Ocho meses más tarde, el 9 de agosto de 2012, la presidenta de la fundación, Anita María Pinochet, firmó una segunda escritura inmobiliaria. Se trató de la venta de la casona de El Trombón 7557 también ubicada en Las Condes, por $236,8 millones. Probablemente no haya sido el mejor negocio ejecutado por la presidenta de la fundación: la misma propiedad tiene un avalúo fiscal (siempre menor al precio comercial) de $407,8 millones. En esa propiedad funciona un centro privado que acoge a niños y jóvenes con necesidades especiales. Como propietario figura la Promotora de Industrias Valentina, sociedad ligada a Sergio Cardone Solari, presidente del grupo Mall Plaza.

Propiedad en Curaco  1886, Las Condes
Propiedad en Curaco 1886, Las Condes

La venta de la última propiedad que quedaba bajo dominio de la fundación se realizó el 11 de marzo de 2013: un inmueble de tres pisos ubicado en Manuel Antonio Prieto 0115 (Providencia). Lo adquirió en $258 millones la sociedad Consultorías e Inversiones Petrus, en la que participa el ex director de ENAP y ex vicepresidente de desarrollo de Codelco, Jorge Bande Bruck.

Fueron en total $928,7 millones los dineros recaudados por las ventas inmobiliarias realizada por Anita María Pinochet.

CIPER se contactó con la fundación para conocer más sobre su quehacer y sobre el estado actual de sus activos, pero al cierre de este reportaje no se recibió respuesta. Actualmente, los registros comerciales revisados por CIPER no muestran ningún bien raíz a nombre de la Fundación de Señoras del Ejército.

TRANSACCIONES PERSONALES

En la misma época en que la esposa del ex comandante en jefe del Ejército vendió las tres propiedades de la Fundación de Señoras del Ejército, Anita María Pinochet adquirió una serie de bienes que engrosaron el patrimonio familiar.

El 20 de diciembre de 2012, adquirió un departamento en Avenida Kennedy 5947. Se lo compró a la Inmobiliaria Vista Kennedy en $123,6 millones. El 25 de mayo de 2015, a poco más de un año de que Fuente-Alba dejara la Comandancia en Jefe del Ejército y ella la presidencia de la fundación, Pinochet Ribbeck compró un segundo departamento en Cerro Colorado 6036, en $151 millones. Ambos están pagados y actualmente en arriendo. Los dineros son depositados en una cuenta bipersonal de Pinochet y Fuente-Alba en el Banco de Chile.

A los bienes inmuebles de la esposa de Fuente-Alba, que está casada bajo el régimen de sociedad conyugal, se suman otros tres bienes raíces adquiridos por el ex comandante en jefe del Ejército en 2013, 2014 y 2015. Las tres propiedades, entre las que se cuenta la casa en las Brisas de Chicureo donde el matrimonio reside actualmente, totalizan más de $680 millones. Fuente-Alba mantiene también a su nombre un departamento en Puerto Velero, región de Coquimbo, cuyo valor comercial sobrepasa los $100 millones.

A ese patrimonio se debe agregar otros activos que el matrimonio mantiene en distintos instrumentos financieros. De acuerdo a antecedentes que CIPER tuvo a la vista, entre fondos mutuos, acciones y otros instrumentos de inversión, Fuente-Alba sumaba a marzo de 2015 más de $300 millones. Su esposa, en tanto, registra poco más de $12 millones en acciones administradas por la corredora Banchile.

KLASSIK-CARHasta 2015, el matrimonio Fuente-Alba–Pinochet mantuvo una caja de seguridad en el Banco de Chile donde quedaron a resguardo joyas, algunos relojes de oro y unas pistolas. Ante la Fiscalía, Anita María Pinochet insistió en que las joyas y los relojes eran herencias recibidas por ella y su marido, y que optaron por la caja de seguridad luego de un robo.

Los autos de lujo son una debilidad para la familia Fuente-Alba–Pinochet. A la decena de vehículos Audi que transfirió en sospechosas operaciones el general en retiro a través de Klassik Car (ver reportaje de CIPER), se suman otros cinco automóviles de lujo adquiridos por Anita María Pinochet entre 2010 y 2015.

En septiembre de 2011, la esposa del general Fuente-Alba compró en Klassik Car un Volkswagen Touareg 4.2 en $36 millones. Se desprendió de él poco más de un año después. El 3 de octubre de 2012, volvió a comprar un Touareg en la misma automotora en $38 millones, el que estuvo en su poder un año y 24 días. El 4 de diciembre de 2013 adquirió en la automotora Kaufmann un Mercedes Benz station wagon en $44,2 millones. Lo vendió el 13 de marzo de 2014 a su consuegra. Seis días después compró también en Kaufmann otro Mercedes Benz en $28,4 millones del que se desprendió en agosto de 2015.

Actualmente, Pinochet Ribbeck registra a su nombre dos vehículos: un Mercedes Benz E500 de 2005 y un Volkswagen Touareg 3.0 de 2016. De acuerdo a la versión que entregó a la Fiscalía, la esposa de Fuente-Alba aseguró que fue su marido quien siempre realizó las transacciones de los vehículos y que el Mercedes y el Volkswagen figuran actualmente a su nombre por decisión del general (r).

El historial de compra y venta del Mercedes Benz E500 llama la atención. La esposa de Fuente-Alba lo adquirió en agosto de 2007. El 9 de noviembre de 2010 lo vendió -a través de Klassik Car- en $19,6 millones. El comprador: el coronel (r) Germán García Arriagada, estrecho colaborador de Juan Miguel Fuente-Alba.

En mayo de 2013, García fue contratado a honorarios como asesor y encargado de la agenda personal de Fuente-Alba, con una remuneración de $889 mil. García fue subsecretario de Obras Públicas entre diciembre de 1987 y marzo de 1990, y luego comandante del Regimiento de Ingenieros Aconcagua, pasando a retiro en 1998.

En enero de 2014, poco antes de que Fuente-Alba abandonara la jefatura del Ejército (marzo 2014), la remuneración de García aumentó a $2,2 millones. En abril, cuando ambos cesaron en sus funciones, García Arriagada le transfirió el Mercedes Benz a Anita María Pinochet.

¿QUÉ HACEN Y CÓMO SE FINANCIAN?

La ex residencia de la familia Pinochet y actual sede de la Fundación de Señoras del Ejército, tiene 487 m2 construidos en un terreno de casi 3 mil m2, con dos pisos y un sótano. CIPER visitó el lugar y pudo comprobar que por los amplios salones con grandes ventanales y muebles antiguos, apenas circulan unas pocas señoras que rápidamente desaparecen detrás de alguna puerta.

En su exterior nada queda de los tiempos en que allí vivía la familia Pinochet y el perímetro completo era resguardado por comandos del Ejército. Hasta la puerta de acceso cambió: ya no es por Presidente Errázuriz sino por calle Asturias (N°439). Según registros de Impuestos Internos, el propietario del inmueble es el Comando de Bienestar del Ejército (COB).

logo-fundacion-senoras-del-ejercitoLas señoras del alto mando del Ejército organizan ahí actividades para recaudar fondos y cumplir con su objetivo de “apoyar a la familia militar”.

Son varias las vías que utiliza la fundación para levantar fondos. Talleres artísticos y deportivos cuya matrícula ronda los $20 mil y una mensualidad de $30 mil. También organizan eventos, como el “Encuentro entre amigas” que hicieron en el Club Militar de Lo Curro en mayo de 2014, animado por Sergio “Checho” Hirane. Según las memorias de la fundación, en ese evento se recaudó $1,3 millón. En agosto de 2015 se realizó la “Noche con el arte” en la que se remataron 226 obras de Roberto Matta, Mario Toral, Bororo, Nemesio Antúnez y Carmen Aldunate. La recaudación: $8,8 millones.

Según su sitio web, la institución administra actualmente siete filiales en el país: Arica, Iquique, Antofagasta, Concepción, Valdivia, Coihaique y Punta Arenas. En 2014, en total recaudaron $168 millones en sus campañas de “acción social” en todo el país.

Según la memoria de 2015, la Fundación de Señoras del Ejército está construyendo dos centros, uno en Pozo Almonte (Región de Tarapacá) y otro en Porvenir (Región de Magallanes).

El dinero entra también de otras fuentes. Entre marzo de 2005 y abril de 2012 la fundación recibió donaciones por $11,7 millones desde dos municipios: Providencia y La Reina. Entre 2005 y 2008 el ex alcalde Cristián Labbé les donó $10,7 millones para “contribuir al financiamiento de la compra de prótesis, oxígeno, pañales, vestuario, útiles de aseo y pelucas para pacientes con cáncer”. El millón restante lo donó la Municipalidad de La Reina en dos pagos realizados en 2011 y 2012, bajo la administración del entonces alcalde Luis Montt.

Las pistas que conectan al negocio de lavandería de Escuela Militar con Fuente-Alba

A mediados de 1990, la jefatura de la Escuela Militar decidió externalizar el servicio de lavado de ropas –uniformes, manteles, cubrecamas, entre otros–, hasta entonces a cargo de la propia institución. Fue entonces cuando la sociedad Lavados G y G, creada en 1996, obtuvo una licitación para proveer de ese servicio a la institución castrense. Una mina de oro para su dueño, el abogado Germán Korff Pfeiffer (48 años), quien en los últimos 20 años ha facturado miles de millones de pesos al Ejército.

Ubicada en Los Militares N° 4.500, al interior del mismo recinto militar, hoy la lavandería es una pieza importante en las pesquisas del Ministerio Público que investiga, bajo la figura de presunto enriquecimiento ilícito, el origen del patrimonio del ex comandante en jefe del Ejército, general (r) Juan Miguel Fuente-Alba Poblete.

Fuente-Alba y Korff son viejos conocidos. De hecho, según los antecedentes disponibles, fue el propio Korff quien inició al general en el mundo de los vehículos Audi. El primer auto de esa marca que adquirió Fuente-Alba fue en 2005: un Audi modelo A4 del 2006. Para la compra de ese auto que costó $22,8 millones, se entregó en parte de pago otro auto Audi A4, pero modelo 2004, cuyo propietario era Germán Korff, el mismo dueño de la lavandería que funciona al interior de la Escuela Militar.

Juan Miguel Fuentealba
Juan Miguel Fuentealba

La operación tuvo lugar en septiembre de 2005 en Klassik Car, automotora en la que el mismo Fuente-Alba realizó entre 2005 y 2013 una decena de operaciones de compra y venta de autos Audi. El vehículo del “lavandero” del Ejército fue tasado en $18 millones. Fuente-Alba, entonces director del Centro de Estudios e Investigaciones Militares (CESIM), abonó los $4,8 millones restantes en efectivo.

¿A título de qué Germán Korff le entregó a Fuente-Alba su Audi patente YA9083, avaluado en $18 millones, para que lo diera en parte de pago al adquirir un vehículo nuevo? Hasta ahora no hay respuesta. Pero resulta al menos extraño que Korff, quien solo entre 2007 y 2016 le ha facturado al Ejército más de $2.260 millones por sus servicios de lavado, haya convertido su auto casi nuevo en una suerte de crédito a favor del general.

Lavados G y G ha prestado servicios a la Escuela Militar; al Comando de Educación y Doctrina; al Comando de Bienestar; al Estado Mayor General; al Comando de Salud; a la Escuela de Suboficiales y a la Comandancia en Jefe.

Las dos reparticiones castrenses que han desembolsado casi la totalidad de los pagos a Korff son: la Escuela Militar con casi $1.300 millones y el Comando de Educación y Doctrina (CEDOC, ex CIDOC), que ha cancelado casi $950 millones por los servicios de G y G.

La Escuela Militar y el CEDOC son unidades del Ejército que el ex comandante en jefe conoce muy de cerca. A fines de 2001, el general (r) Fuente-Alba, fue nombrado director de la Escuela Militar y, en 2008, antes de ser designado jefe del Estado Mayor del Ejército, asumió la dirección del Comando de Educación y Doctrina (entonces llamado Institutos y Doctrina).

Entre 2010 y 2014, años en los que Juan Miguel Fuente-Alba se desempeñó como la máxima autoridad del Ejército, la lavandería de Germán Korff obtuvo ingresos por $1.288 millones con esa rama de las Fuerzas Armadas. Este no es el único vínculo de Korff con el mundo militar. También integró una sociedad agrícola con Pedro del Fierro, el comerciante de armas que inició la cuestionada negociación para la compra de los tanques Leopard adquiridos por el Ejército en 1998 y que fue acusado de intentar extorsionar al ex ministro de Defensa, Edmundo Pérez Yoma.

LA PISTA DEL AUDI

Lavados G y G fue constituida en enero de 1996 por Germán Korff Pfeiffer y el militar en retiro Gabriel Carvajal Chaparro.

G y G no fue la primera incursión de Carvajal Chaparro en el rubro de la lavandería. El militar retirado ya administraba un negocio de lavado y planchado de ropa, ubicado en Manquehue Norte con Los Militares. Germán Korff era cliente habitual de ese local. Fue allí donde le propuso a Carvajal crear Lavados G y G.

Audi A4, foto referencial.
Audi A4, foto referencial.

Casi inmediatamente después de su creación, G y G (siglas de Germán y Gabriel) obtuvo una licitación por 10 años para proveer del servicio de lavado de ropa a los cadetes y oficiales de la Escuela Militar. Y se le permitió instalarse al interior de ese recinto del Ejército. Desde entonces, la lavandería registra domicilio en Los Militares 4.500 y se ubica junto al sector de cocina y cerca de la enfermería del centro de formación militar.

Carvajal asumió como gerente general de G y G; Korff –socio mayoritario de la lavandería–, como su representante legal.

En marzo de 2001, y por desavenencias con Korff, Carvajal se retiró de la sociedad a la que ingresó ese mismo mes el padre del abogado, Horst Korff Kretschmar. Junto al cambio de socios, Lavados G y G aumentó en esa misma fecha su capital a casi $80 millones.

Fue ese mismo año cuando Juan Miguel Fuente-Alba asumió la dirección de la Escuela Militar. El general en retiro ya evidenciaba su gusto por los autos de lujo, aunque los Audi no estaban entre sus preferencias. Fue en 2005 cuando Fuente-Alba se fijó en esos vehículos de alta gama fabricados en Alemania, por las referencias que el propio Korff, propietario de uno, le dio.

La indagación de CIPER indica que Germán Korff fue quien llevó por primera vez al ex comandante del Ejército a Klassik Car, concesionaria de Audi en Chile y automotora donde Fuente-Alba ejecutó sucesivas operaciones de compra y venta de autos de esa marca, según denunció el programa Informe Especial (TVN).

Klassik Car está en la mira de la Fiscalía producto de esas sospechosas transacciones. Una de estas operaciones, desconocida hasta hoy, llama particularmente la atención. El 7 de julio de 2004, el abogado Germán Korff adquirió un Audi A4 gris plata del año, patente YA9083. En septiembre de 2005, 14 meses después, Korff se desprendió de su auto.

Justo en esas fechas Fuente-Alba adquirió su primer Audi, modelo A4 1.8 gris delfín en Klassik Car, cuyo valor fue de $22,8 millones.  En el documento de la compra del primer Audi adquirido por Fuente-Alba aparece el auto de Korff –tasado por la automotora en $18 millones– abonado en parte de pago. También allí consta que el ex comandante en jefe del Ejército entregó  $4,8 millones en efectivo para completar la compra.

Cuando Germán Korff debió dar explicaciones ante la Fiscalía por esta extraña transacción,  habría señalado que el Audi A4 se lo vendió a Fuente-Alba y que el general le habría pagado los $18 millones en efectivo. Lo concreto es que, de acuerdo a la indagación de CIPER, en el registro de propietarios del Audi A4 gris plata patente YA9083, cuyo primer dueño fue Germán Korff, no figura en ningún momento Juan Miguel Fuente-Alba –ni ninguno de sus familiares cercanos–, como propietario. Pero sí quedó el registro en el documento de la compra del nuevo Audi del general que ese auto patente YA9083 fue usado como parte de pago.

OPERACIONES SOSPECHOSAS

Esa no es la única compra y venta de autos Audi de Fuente-Alba y que tiene a Klassik Car como protagonista. A partir de 2005, Fuente-Alba hizo de Klassik Car su automotora predilecta para adquirir y reciclar vehículos.

CIPER pesquisó nueve operaciones realizadas por Juan Miguel Fuente-Alba en la automotora y los dineros involucrados en cada una. Los montos de las transacciones  iniciadas en 2005 van en aumento y retratan hasta dónde llegaba la obsesión del general por estar a la vanguardia en el mundo de los lujosos Audi.

Luego de la compra de su primer Audi A4 en Klassik Car con el abono de Korff, el ex comandante en jefe del Ejército adquirió el 31 de enero de 2007 en la misma automotora, un Audi A6 color azul en $31,6 millones. De ese vehículo se desprendió en noviembre del mismo año cuando adquirió un jeep Audi modelo Q7 3.6 color gris, cuyo costo fue de $34 millones. En la factura de Klassik Car se consigna la forma de pago que utilizó Fuente-Alba: tres cheques por un total de $6 millones y un auto en parte de pago –cuya patente y propietario no se especifica– avaluado por la automotora en $28 millones.

KLASSIK-CAREl 30 de octubre de 2008 el general en retiro se deshizo de ese auto y ese mismo día adquirió en la automotora ubicada en la comuna de Vitacura, un jeep Audi Q7 4.2 color gris en $45,9 millones. La factura registra que Fuente-Alba entregó el jeep que había adquirido en noviembre de 2007 en parte de pago. Lo extraño es que a pesar de que el general había comprado ese jeep un año antes en $34 millones, la automotora lo tasó en $35 millones.

El 27 de enero de 2010, Fuente-Alba vendió el jeep a través de Klassik Car a un particular en $41 millones. Ese mismo día, adquirió un Audi RS6 Turbo color negro por el que pagó $60,5 millones y lo tuvo hasta el 5 de abril del 2010. Ese día, Klassik Car, representada por su entonces gerente general –y reservista del Ejército–, José Miguel Donoso, firmó un peculiar contrato con Fuente-Alba respecto del Audi RS6.

Según consigna el contrato, Klassik Car le recompró al general el Audi RS6 en $66,7 millones. Es decir, a pesar de tener más de dos meses de uso, la automotora le pagó al general $6,2 millones más que el precio al que se lo había vendido. Lo llamativo es que poco después, el nuevo dueño de ese Audi fue ni más ni menos que uno de los principales proveedores de armas del Ejército: Virgilio Cartoni Maldonado (ver reportaje de CIPER).

Luego de esa particular transacción, Fuente-Alba adquirió cuatro vehículos más en Klassik Car. El 2 de septiembre de 2010, un Audi RS6 del año en $60 millones, el que vendió a través de la automotora a un particular 11 meses después en $57 millones. El 3 de septiembre de 2012 compró un Audi A8 4.2 en más de $50 millones, el que vendió ocho meses más tarde, también con Klassik Car como intermediario, a un particular en $45,5 millones.

Fue en ese mismo 2012 cuando Klassik Car hizo negocios con el Ejército. En noviembre de ese año la jefatura de adquisiciones emitió una orden de compra al entonces representante de Klassik Car, José Miguel Donoso, para la adquisición de un jeep Volkswagen Touareg 4×4, pagando $30,6 millones. En la orden de compra aparece como contacto del Ejército la funcionaria Elisabeth Vega Escobar, pareja del cabo Juan Carlos Cruz, hoy sometido a proceso por fraude reiterado al Fisco (ver orden de compra). Según reveló The Clinic, Cruz, quien trabajó en el Departamento de Planificación Financiera del Ejército, y Vega, despilfarraron $2.736 millones en el Casino Monticello entre 2008 y 2014.

El 25 de marzo de 2013, Fuente-Alba volvería a Klassik Car para adquirir un Audi S6 del año color negro, avaluado en $41,9 millones. Cuatro meses y medio después, lo vendió a través de Klassik Car a un particular en $42 millones. Ese mismo mes, agosto de 2013, el general hizo su última transacción en Klassik Car: compró un Volkswagen Passat Highline color blanco en $15,3 millones, el que vendió un mes más tarde a través de la automotora a un particular en $15,5 millones.

Klassik Car no es la única automotora a la Juan Miguel Fuente-Alba ha recurrido para saciar su apetito por los vehículos de alta gama. El 5 de septiembre de 2014 acudió a Kaufmann para adquirir un Mercedes Benz E 500 Avantgarde color gris en $58 millones. En la factura se consigna que el “modo de venta” fue “al contado”.

El general en retiro había recurrido a la misma automotora en septiembre de 2010 para comprar un Mercedes Benz S500 por el que pagó $68 millones. Solo semanas antes, Fuente-Alba había adquirido en $60 millones el Audi RS6 en Klassik Car.

LA LAVANDERÍA DEL EJÉRCITO

Los contratos que ha firmado Lavados G y G con el Ejército le han reportado a su propietario, el abogado Germán Korff, ingresos por miles de millones. Su principal cliente ha sido la Escuela Militar, institución que solo en los últimos nueve años (2007-2016) le ha pagado a Lavados G y G $1.298 millones por sus servicios. Le sigue el Comando de Educación y Doctrina (CEDOC), ubicado en el Campo Militar de la comuna de La Reina: de 2007 a la fecha, G y G ha facturado $948 millones al CEDOC.

La lavandería de Korff también ha obtenido en varias oportunidades licitaciones del Comando de Bienestar del Ejército (COB), cuya oficina central se ubica en Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N°260. La última, con fecha 14 de enero de 2016, fue por $30 millones (ver adjudicación) para proveer del servicio de lavandería al Club Militar de Campo Peñalolén (dependiente de la zona de Bienestar Región Metropolitana).

escmilEn octubre de 2014, Lavados G y G ya se había adjudicado una licitación para proveer del servicio de lavandería a ese mismo centro militar de recreación por $15,3 millones (ver adjudicación). Otra de las unidades del Ejército –dependientes del COB– a la que la lavandería del abogado Korff presta servicio es al Centro Recreacional Farellones (CRF). En el portal Mercado Público aparecen dos licitaciones adjudicadas por esta unidad a Lavados G y G. Una en julio de 2014 y otra en abril de 2015 por un total de $8,3 millones.

La empresa de Korff también ha tenido como cliente –aunque por montos bastante menores– al Estado Mayor General del Ejército, a la Comandancia en Jefe, al Comando de Salud y a la Escuela de Suboficiales. Entre los clientes de la lavandería también aparece la Fuerza Aérea (FACH) y la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN). Con esta última repartición, Lavados G y G obtuvo una licitación de $3,5 millones en marzo de 2015 (ver adjudicación).

Lavados G y G también atiende a público externo y para ello ofrece retiro (y entrega) a domicilio de prendas en algunas comunas del sector oriente de la capital.

Además de los contratos por el servicio de lavado de ropa entre G y G y el Comando de Bienestar, a comienzos de 2014 el abogado Korff firmó un contrato de arriendo por un inmueble fiscal ubicado en calle Los Artilleros N°4596 de la Villa Militar Este (Las Condes), administrado por el COB (ver contrato). La Villa Militar Este, está enclavada a pocos metros de la Escuela Militar, casi enfrente del acceso norte del recinto por avenida Presidente Riesco.

El contrato está fechado el 4 de febrero –solo meses antes de que G y G obtuviera en julio y octubre dos licitaciones con el COB por casi $20 millones– y en él Korff se compromete a utilizar el inmueble únicamente para explotar un “local comercial de lavandería”, a cambio del pago mensual de UF 14,4 ($375 mil al valor actual).

En el mismo lugar, cerca del minimarket de la Villa Militar Este, hoy existe una peluquería. Versiones recogidas en ese lugar por CIPER señalan que G y G tuvo allí una sucursal hasta aproximadamente un año.

Lavados G y  G también participa de una sociedad de inversiones. En octubre de 2007, Germán Korff creó la sociedad Inversiones Geko con un capital de $200 millones. Sus accionistas en partes iguales son Korff, la lavandería y una sociedad de transportes también perteneciente al abogado. La sociedad de inversiones de Korff tiene bajo su dominio media docena de propiedades cuyo avalúo fiscal supera los $320 millones.

NEXO CON UN COMERCIANTE DE ARMAS

Lavados G y G no fue el primer emprendimiento del abogado Germán Korff Pfeiffer, quien también ha participado,a través de una decena de sociedades, en los negocios inmobiliario, agrícola, ganadero, electrónico y de transporte.

A mediados de 1996, y luego de crear la lavandería junto al ex militar Gabriel Carvajal, Korff se asoció a otro hombre vinculado a las Fuerzas Armadas: el empresario, periodista y comerciante de armas, Pedro del Fierro Carmona (falleció a fines de mayo pasado). En octubre de 1996, Korff y del Fierro (quien fue militante del PS), crearon con un capital de $10 millones la Sociedad Agrícola, Ganadera y Forestal Tres Lirios.

Tanque Leopard, foto referencial.
Tanque Leopard, foto referencial.

Fue en esos precisos años cuando el Ejército negociaba la polémica compra de una partida de 202 tanques Leopard I con el Ejército Real Holandés. La operación, que se saldó en 1998 por un total de US$80 millones, le valió en 2016 al ex directorde la Fábrica y Maestranzas del Ejército (FAMAE), Luis Iracabal Lobo, y a su gerente comercial, Gustavo Latorre Vásquez –ambos acusados de recibir coimas por un total de US$600 mil–, una condena a firme por el delito de malversación de caudales públicos.

Desde mayo de 1994, Pedro del Fierro, quien también fue cadete de la Escuela Militar a principios de 1970, representaba en Chile a la empresa holandesa RDM Technology, también interesada en venderle al Ejército los tanques Leopard. Finalmente el negocio se zanjó directamente entre RDM y FAMAE en 1998.

En las indagatorias del llamado Caso Leopard también aparecieron dos pagos por US$ 1,6 millones realizados por RDM a quien fuera el albacea de Augusto Pinochet, Óscar Aitken Lavanchy. Los dineros, que Aitken reconoció haber recibido a cambio de asesorar legalmente a la empresa holandesa en la venta de los tanques, fueron depositados en una cuenta de la sociedad offshore Cornwall Overseas, vinculada a Pinochet.

Si bien Pedro del Fierro -el socio de Germán Korff- quedó al margen del pago de comisiones irregulares en el negocio de los tanques Leopard, su nombre volvió a aparecer años después envuelto en un supuesto escándalo de chantaje ligado al mismo negocio. En 2009 Del Fierro y su abogado, Héctor Salazar, fueron formalizados por el Ministerio Público por “amenazas condicionadas” tras ser acusados de querer extorsionar al ex ministro de Defensa Edmundo Pérez Yoma. Del Fierro habría ofrecido al ex ministro no revelar ante el magistrado que investigaba las irregularidades en la compra de los Leopard, Manuel Antonio Valderrama, una serie de antecedentes que perjudicarían a autoridades de gobierno y del Ejército a cambio del pago de US$500 mil.

Los negocios al límite del concejal-operador de Lo Barnechea

Mucho antes de convertirse en concejal de Lo Barnechea en 2012, René Barba Rondanelli (UDI) quiso ser diputado. En 2005 compitió en el distrito N°42 (Octava Región), obteniendo poco menos de 4 mil votos. Barba compartía sede de campaña con el entonces candidato a senador Carlos Bombal. Fue en ese comando donde el OS-7 de Carabineros incautó 670 gramos de marihuana, un revólver calibre 38 y una docena de balas. Un brigadista fue detenido y Barba admitió que no conocía los antecedentes de quienes trabajaban en su comando.

Barba perdió esa elección pese a que era un candidato con experiencia en campañas, lo que le había permitido convertir la propaganda callejera en un redituable negocio. Arrastra la chapa de operador político de la UDI desde que se hiciera cargo, a principios de la década pasada, de la logística y distribución de la propaganda electoral de distintos candidatos del partido. Paralelamente a su trabajo en campañas políticas, el concejal por Lo Barnechea fue un histórico proveedor de la Fundación Teletón, institución que hasta 2014 le delegó la distribución, instalación y retiro de “palomas” y “posteras” en la vía pública, de norte a sur del país.

800px-Letrero_Teleton_2008Los 12 años de Barba como proveedor de la Teletón registran capítulos polémicos. Un antiguo y estrecho colaborador de Barba, que pidió reserva de su identidad, acusa que junto a un puñado de personas del círculo cercano del concejal UDI emitió en varias oportunidades boletas de honorarios para la Teletón, por trabajos que nunca realizaron. CIPER tuvo a la vista tres documentos por “servicios publicitarios” que asegura nunca prestó. En la contabilidad de la Teletón aparecen además varias boletas emitidas por la ex señora de René Barba, por su contador, por la esposa de éste y por al menos tres ex administrativos del colegio que dirige, ubicado en Lo Barnechea.

La UDI inscribió a Barba para competir por la reelección en esa comuna en octubre próximo. En 2012, de los seis concejales electos fue el que obtuvo menos votos. Al interior del municipio del sector oriente hay quienes señalan que Barba se transformó al poco tiempo en una de las autoridades comunales más cercanas al alcalde Felipe Guevara Stephens (RN).

Sus redes políticas las consolidó trabajando en la propaganda callejera de candidatos emblemáticos de la derecha. Participó activamente de las campañas de los ex alcaldes de Santiago, Raúl Alcaíno y Pablo Zalaquett. También trabajó en 2009 en la campaña del ex presidente de la UDI, Ernesto Silva, cuando resultó electo diputado por Las Condes, Lo Barnechea y Vitacura. Tras ello, fue nombrado presidente distrital de la UDI (en las mismas comunas de Silva), lo que le allanó el camino para asumir luego como jefe de gabinete de la entonces senadora por Santiago Oriente, Ena von Baer (designada en 2011 por el partido, tras la renuncia de Pablo Longueira).

En paralelo a sus actividades políticas participa de dos proyectos educacionales: dirige el colegio privado Bertait en La Dehesa (fundado por su madre) y es vicepresidente ejecutivo de la Fundación Universidad Internacional de la Empresa (FUIE), institución ubicada en el mismo terreno donde está el colegio y vinculada a una escuela de negocios española ESERP.

En 2014 el colegio Bertait fue multado por la Superintendencia de Educación (Superduc) por graves faltas, mientras que Contraloría detectó en 2015 serias irregularidades en un millonario contrato adjudicado a la FUIE por el destituido edil de Zapallar Nicolás Cox Urrejola (RN).

Como concejal de Lo Barnechea, Barba registra misteriosos viajes al extranjero financiados por el municipio administrado por Guevara. Uno de ellos en 2014 a Nueva York, para asistir a un seminario organizado por una institución educacional norteamericana que un año después acreditó a su propio colegio Bertait.

La ESERP, ligada a la fundación de Barba, también galardonó al Bertait en junio de 2015 con “Medalla de Oro” por su labor educacional, momento en el que la escuela española aprovechó de condecorar al edil Guevara con otra presea. El ESERP también cursó una invitación al alcalde de Colina, Mario Olavarría Rodríguez (UDI), para asistir en julio de 2013 a un programa de gestión educacional en Barcelona.

Es precisamente en el municipio administrado por Olavarría –quien es cercano a Barba–, donde la FUIE se ha adjudicado contratos por $166 millones en los últimos cuatro años. Montos que se suman a otros $490 millones facturados por una segunda empresa –Executive S.A–, vinculada a miembros de la FUIE, y cuyo representante legal es un director de la misma fundación (ver adjudicaciones y montos).

LOS HONORARIOS DE LA TELETÓN

En el currículum de René Barba que cuelga de una página web de la Fundación Universitaria Internacional de la Empresa se señala que el concejal es colaborador de la Teletón y que hoy “desarrolla su vocación y aporte social de más de dos décadas” en la FUIE (ver aquí). Desde la institución dedicada a la rehabilitación de niños y jóvenes con discapacidad, desmienten que Barba haya sido colaborador: “Fue solo un proveedor”, recalcan.

René Barba se hizo cargo de la propaganda callejera de la Teletón en 2002. Ya llevaba un tiempo como responsable del despliegue de publicidad en terreno de candidatos de la entonces Alianza por Chile. En esas labores, y de acuerdo a distintas fuentes consultadas por CIPER, cuenta con un equipo propio de colaboradores, que incluye a ex barras bravas.

propaganda calle“La pelea en las calles es con todo, cada uno defiende su territorio. Yo salía con pistola para que no nos ‘botaran’ los brigadistas rivales”, dijo a CIPER un ex miembro del equipo de Barba en este negocio, que pidió reserva de su identidad.

La misma fuente señala que uno de los brigadistas que ha trabajado con el concejal de Lo Barnechea en épocas de campaña ha sido el ex líder del piño “Los Spectros” de la Garra Blanca, Rubén Olea. El mismo que aparece en una foto junto a Francisco Muñoz, alias “Pancho Malo”, acompañando a Augusto Pinochet tras su arresto en Londres (se declara su gran admirador en redes sociales), y en otra junto al secretario general de RN, Mario Desbordes, durante un acto de cierre de campaña del ex Presidente Piñera en 2009.

René Barba trabajó durante 12 años como proveedor de la Teletón. Cuentan en la institución que, con el correr de los años, el servicio que el militante de la UDI prestaba fue empeorando, hasta que en 2014 ya no dio para más: “Habían carteles en el suelo y eso, para los auspiciadores que nos dan su respaldo, resulta inviable”, dijeron.

CIPER recogió el testimonio de un antiguo colaborador de René Barba quien asegura que el concejal le pedía emitir todos los años a un grupo personas de su confianza –varios ligados a su colegio Bertait–, boletas de honorarios para la Fundación Teletón por montos que iban desde los $2 millones hasta los $15 millones.

Para respaldar sus dichos, mostró tres boletas por $12 millones emitidas en 2006 y 2008 por “servicios publicitarios” (ver boletas), reconociendo no haber realizado ningún tipo de trabajo para la Teletón. Varias de las personas supuestamente implicadas en esta “red de boleteros”, dice el ex colaborador de Barba, tampoco prestaron servicios. “Cobrábamos el dinero en la sucursal del Banco de Chile en el Cantagallo (Las Condes) y luego se lo entregábamos a él. Nosotros nos quedábamos con la retención”, señala.

René Barba declinó hablar con CIPER para aclarar esta acusación. Desde la Teletón confirmaron que hasta el 2010, el concejal de Lo Barnechea nunca facturó por sus servicios a través de una empresa y que efectivamente la institución recibía boletas de una docena de personas que supuestamente trabajaban con él en esas labores.

“Eran los supervisores que trabajaban con Barba. Estaban encargados de coordinar y vigilar que la propaganda se mantuviera en buen estado”, señalaron a CIPER en la Teletón. Frente a la pregunta de por qué no se le pidió a Barba que facturara a la institución a través de una sociedad, señalaron: “En el 2010 formalizamos el tema y le exigimos que desde ese año en adelante nos facturara como persona jurídica, a través de una sociedad, y que él se hiciera cargo de pagar a quienes trabajaban con él”.

Y así fue. En 2010 el concejal comenzó a facturar a través de la sociedad Diolre S.A., dueña del terreno donde está el Bertait College y en la que, además de Barba, participa su madre.

CIPER pudo comprobar que los registros contables de la Teletón consignan los pagos hechos a René Barba –antes de que facturara a través de su sociedad familiar– y a sus colaboradores.

Llama la atención que entre los “supervisores” a los que se les pagó figuren tres ex empleados del colegio Bertait (dirigido por René Barba y su madre), entre ellos una inspectora y un administrativo. Este último negó tajantemente a CIPER haber emitido boletas a la Teletón. Sin embargo, los registros contables sí consignan que recibió al menos un pago de la institución por $5,5 millones en 2004.

teleton-edificioEn los registros también aparece el actual director de Finanzas del establecimiento educacional y estrecho colaborador del concejal, el contador Víctor Ojeda Huenchuñir. CIPER habló por teléfono con Ojeda, quien también negó haber entregado boletas de honorarios a la institución. Los registros contables de la entidad consignan, sin embargo, pagos a nombre del contador en 2003, 2004, 2007 y 2008, por montos entre $2,5 y $5,5 millones.

En la nómina de pagos cursados por la Teletón entre 2003 y 2008 figuran también la ex esposa de René Barba y la cónyuge de Víctor Ojeda, quienes emitieron boletas a la institución por montos entre $5,5 millones y $12,5 millones.

“Nunca se pagó más de lo que correspondía por contrato y constantemente evaluamos que el servicio se hiciera a precio de mercado. Nuestra preocupación era que los pagos por estos trabajos cuadraran con el presupuesto destinado a este ítem y así fue todos los años. No se le entregó ningún peso de más a este proveedor”, recalcan en la Fundación Teletón, donde se mostraron sorprendidos con la situación.

Abraham Ovalle Ureta, empresario transportista que trabajó con René Barba en distintas campañas, para la Teletón y para candidatos de la extinta Alianza por Chile, tiene una opinión distinta. Dice haber estado presente en una reunión a la que asistió Barba y en la que un funcionario de la Teletón recriminó al concejal por una supuesta alza injustificada en el costo de su servicio. “La excusa que le dio a la fundación fue que había que colocar más gente en la calle porque se rompía mucho material”, recuerda Ovalle, quien además acusa a Barba de haber mal utilizado dos facturas de su empresa.

Según Ovalle, en 2003 le entregó dos facturas en blanco a Barba para que éste las remitiera a la Teletón con el fin de que la fundación le cancelara el servicio de transporte que prestó durante la campaña de ese año. Pero las facturas, acusa el transportista y también militante de la UDI, jamás llegaron a la fundación. A través de cartas enviadas a directivos de la tienda de calle Suecia y a la propia fundación, Ovalle acusó que Barba no solo no habría enviado los documentos, sino que los utilizó sin su consentimiento para facturar a otra empresa por trabajos no realizados (ver aquí).

EXCELLENCE IN EDUCATION

Ubicado en La Dehesa en un terreno de 10 mil m2, en el Bertait College, además de Barba, participa su madre, la ex rectora de la desaparecida Universidad Las Condes, Olga Rondanelli Hidalgo. Fundada en 1987 entre otros por el ex general de Carabineros César Mendoza y Olga Rondanelli –esposa del también ex general de la institución y ex ministro de Bienes Nacionales de Augusto Pinochet, Diego Barba Valdés–, la Universidad Las Condes fue clausurada por el Ministerio de Educación a fines de los ’90, por “no encontrarse en condiciones de avanzar autónoma y responsablemente en la tarea de cumplir sus propósitos institucionales”. En 1998 fue comprada en US$ 8 millones por la Universidad del Desarrollo, fundada por un puñado de influyentes militantes de la UDI: Luis Ernesto Silva Bafalluy, Joaquín Lavín, Alfredo Valdés, Federico Valdés y Cristián Larroulet.

Fuentes consultadas por CIPER contaron que en la extinta universidad René Barba Rondanelli estuvo a cargo de la Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE). Pocos meses después de que se hundiera el proyecto universitario de Rondanelli y Mendoza (fallecido en 1996), el Bertait College ya estaba en funcionamiento.

René Barba y Ena von Baer
René Barba y Ena von Baer (Fuente: Colegio Bertait)

El Bertait se define como un proyecto educativo incluyente “centrado en la búsqueda permanente de la felicidad de los estudiantes”. En agosto de 2014, la Superintendencia de Educación (Supereduc) impugnó el carácter inclusivo del proyecto y sancionó al colegio con una multa de 501 UTM ($22 millones). “Se concluye que el colegio no tiene proyecto de integración”, se lee en el documento de la Supereduc al que CIPER tuvo acceso y en el que se constatan otras irregularidades, entre ellas que el colegio desde marzo de 2014 –cuando se inauguró su nueva sede en Avenida El Rodeo N° 13.710 (La Dehesa)–, funcionaba sin permiso de la Seremi de Educación (ver documento).

Actualmente la superintendencia tiene bajo revisión una segunda denuncia contra el colegio, al que se le acusa de no contar con reglamento interno ajustado a la normativa y de que parte de su personal asistente no contaría con el perfil moral ni sicológicamente idóneo para cumplir con su tarea (ver documento).

El nuevo campus del Bertait, que se extiende sobre un terreno cuyo avalúo fiscal supera los $1.500 millones, fue inaugurado el 24 de marzo de 2014 en una ceremonia que tuvo una invitada especial: la senadora y miembro de la Comisión de Educación de la Cámara Alta, Ena von Baer, de quien Barba fue jefe de gabinete. No es la única vez que figuras del gremialismo han visitado el colegio. En diciembre de ese mismo año, el Bertait College fue sede de un seminario de liderazgo organizado por la juventud de la UDI, encabezado por el diputado Ernesto Silva Méndez y al que también fue invitado como expositor Juan Antonio Coloma (ver aquí). “No es raro que se realicen reuniones o eventos de la UDI en el colegio”, señala un ex profesor del establecimiento.

Los cargos formulados por la Supereduc en agosto de 2014 no fueron impedimento para que 10 meses después, en junio de 2015, Bertait College fuera galardonado con la “Medalla de Oro”, otorgada por la escuela de negocios catalana ESERP, por la “creación de un modelo educativo innovador que acoge, exige y forma personas integrales” (ver aquí). Es la misma institución española vinculada a la FUIE, la fundación de René Barba.

En los resultados del SIMCE de ese mismo año 2015, los alumnos de segundo medio del Bertait College promediaron 203 puntos en comprensión de lectura (78 puntos por debajo del promedio nacional en su grupo socioeconómico); 218 puntos en matemáticas (111 puntos por debajo del promedio) y 93 puntos en historia, geografía y ciencias sociales (93 puntos por debajo del promedio).

Fue el director del ESERP José Daniel Barquero, quien ese mismo mes de junio también aprovechó de condecorar al alcalde de Lo Barnechea, Felipe Guevara, con la “Medalla al Mérito Institucional” por la “creación de un modelo de desarrollo que marca tendencia en diferentes ámbitos de la sociedad” (ver aquí). La ceremonia de reconocimiento a la labor del alcalde Guevara apareció en la sección de Vida Social de El Mercurio. En una página web de la FUIE, José Daniel Barquero aparece como miembro del consejo consultivo internacional de la fundación ligada a Barba (ver aquí).

Otro de los reconocimientos que el Bertait College atesora en su palmarés es el que le otorgó en abril de este año el Centro de Innovación Educacional de Nueva York (CEI): “Excellence in Education” (Distinguished Program Award 2016). En palabras de los propios directivos del Bertait, con esta distinción el establecimiento se puso “a la vanguardia educacional a nivel latinoamericano” (ver aquí).

Alcalde Guevara recibe reconocimiento de ESERP
Alcalde Guevara recibe reconocimiento de ESERP

Lo llamativo de este galardón es que casi un año antes (marzo de 2015), las autoridades edilicias de Lo Barnechea autorizaron un viaje costeado por el municipio para que Barba viajara a Nueva York en representación del concejo para participar del seminario: “Reforma educacional: las lecciones de la experiencia norteamericana”. El evento, que tuvo lugar en abril de ese año, fue organizado por el CEI, el mismo centro de innovación norteamericano que 12 meses después acreditó al Bertait College. En viático y pasajes el municipio desembolsó casi $4 millones (ver decreto alcaldicio).

Ese no es el único viaje al extranjero de Barba como autoridad edilicia. Un decreto alcaldicio del 15 de enero de este año autorizó a los concejales René Barba y Paula Phillips a representar al municipio en el programa cultural “Conociendo China a través de la experiencia”, invitación extendida por la agencia Asia Latina (ver documento). El municipio aportó $3,5 millones en viáticos para este viaje por Beijing y Shanghai, destinado a “adquirir conocimientos en temas de adulto mayor, urbanismo y otros”.

Al mes siguiente, la página web de la Fundación Universidad Internacional de la Empresa (FUIE), publicó la noticia de que su vicepresidente ejecutivo, René Barba Rondanelli, había realizado en febrero una “visita de intercambio” a Shanghai con el propósito de conocer su cultura milenaria “y su modelo educativo escolar y superior” (ver publicación).

LOS CUESTIONADOS CONTRATOS DE FUIE

La Fundación Universidad Internacional de la Empresa (FUIE) obtuvo personalidad jurídica el 1 de marzo de 2012. Su directorio quedó conformado por Francisca Schulze Lepe, en calidad de presidenta; Francisco Javier Garrido Morales –esposo de Schulze– como director; y René Barba como vicepresidente ejecutivo, entre otros (ver directiva).

La FUIE tiene domicilio en el mismo paño donde funciona el colegio Bertait (El Rodeo N° 13.710, Lo Barnechea). El terreno donde operan ambas instituciones es propiedad de Diolre S.A., sociedad constituida en 1998 por el concejal Barba y su madre.

zapallarFue ella, como representante de Diolre, quien en enero de 2014 firmó un contrato con el municipio de Lo Barnechea para el arriendo por tres meses de un sector del terreno donde está el colegio para el funcionamiento del jardín infantil municipal El Trébol. En el contrato, al que accedió CIPER (ver aquí), no aparecen los montos de la transacción, aunque fuentes al interior del municipio señalaron que ésta ascendió a $7,6 millones. Días después, la Municipalidad de Lo Barnechea adjudicó dos licitaciones por un total de $8 millones para efectuar allí labores de remodelación y habilitación de espacios, salas y baños.

La Fundación Universidad Internacional de la Empresa se ha adjudicado millonarios contratos con distintos municipios, entre ellos el de Zapallar, Las Condes y Colina.

El paso de la FUIE por el municipio costero de la Región de Valparaíso fue duramente cuestionado por la Contraloría en un informe de octubre de 2015. Fueron tres contratos (junio de 2012, y abril y mayo de 2013) por un total de $64 millones los que autorizó el ex alcalde de Zapallar, Nicolás Cox Urrejola (RN), para la realización de un “diplomado en Administración de Empresas” dirigido a funcionarios.

La adjudicación se hizo por trato directo, con el resquicio de que supuestamente había un solo proveedor de ese servicio. El edil Cox tampoco consultó al concejo municipal, pese a que el primer contrato superaba las 500 UTM, lo que por norma obliga a los alcaldes a contar con el acuerdo del resto de las autoridades edilicias (ver informe de Contraloría).

El pasado 6 de julio, Nicolás Cox fue destituido de su cargo por el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) “por notable abandono de deberes”.En un acta del Consejo municipal de Zapallar del 23 de octubre de 2015, uno de los concejales cuestionó en duros términos las asesorías prestadas por la FUIE y consideró agregar estas irregularidades a la acusación por abandono de deberes contra el alcalde: “esto fue a un precio absolutamente fuera de mercado en relación a productos similares por la cantidad de horas que se dio el curso y por la calidad de éste” (ver acta del concejo).

La FUIE también ha ejecutado asesorías en la Municipalidad de las Condes liderada por Francisco de la Maza (UDI). En septiembre de 2015 y enero de 2016 la Corporación de Educación y Salud de la comuna le adjudicó dos contratos por $13 millones para “implementar el modelo de aprendizaje quíntuple” entre profesores de colegios municipales y un taller de “Liderazgo y trabajo en equipo”.

PASANTÍA TURÍSTICA

Es en el municipio de Colina, encabezado por el alcalde Mario Olavarría, donde René Barba y sus colaboradores en la FUIE han logrado los mayores réditos. La fundación de Barba ha facturado a la Corporación Municipal de Desarrollo Social de esa comuna más de $166 millones en capacitaciones, entre las que destacan: cursos de inglés, diplomados y capacitaciones a funcionarios y docentes, algunas financiadas con fondos de la Subvención Escolar Preferencial (SEP) y vía ley de donaciones culturales.

Otro de los clientes recurrentes de la Corporación de Colina ha sido Executive S.A., empresa cuyo representante legal es el académico chileno Francisco Javier Garrido Morales, miembro de la Real Academia de Doctores de España, doctor honoris causa de la Lishui University of China y uno de los directores de la FUIE. Entre 2011 y 2014, Executive ha obtenido contratos por casi $490 millones por asesorías en gestión estratégica, coaching y administración avanzada para directivos y técnicos de los establecimientos educacionales de la comuna.

René Barba y Mario Olavarría
René Barba y Mario Olavarría

Además de vincularse como directores de la FUIE, Barba y Garrido han compartido labores también en Executive. Entre 2007 y 2009 el ahora concejal de Lo Barnechea aparece como director de la revista “Executive Business Review”, marca registrada de la empresa Executive S.A. (ver aquí). Fue en su edición “Summer 2009” donde se anunció que el MBA que ofrecía la Executive Business School –en asociación con la Universidad Mayor–había sido incluido junto a los de las universidades Católica, de Chile y Adolfo Ibáñez en un libro que compilaba los 120 mejores master de negocios del mundo. Lo que no dice la nota de la revista dirigida por Barba es que ese libro forma parte de una colección (“Elegir un MBA”) editada en España y dirigida por el profesor Garrido.

La Executive Business School (antes “Schulze y Garrido Limitada”) o EBS, también opera en ocasiones de la mano con la FUIE. En el cuestionado diplomado dictado en Zapallar por la fundación de Barba, por ejemplo, se ofreció homologación del curso en España. Los diplomas internacionales entregados a los alumnos vienen con el logo de la EBS y también con el de la ESERP de Barcelona en su encabezado. Abajo se incluyen las firmas del decano de la Executive Business School, Francisco Javier Garrido, y de la coordinadora académica, Francisca Schulze (ver diploma).

Executive S.A. también ha sido objeto de severos cuestionamientos de Contraloría por una de sus asesorías en Colina. Un informe de 2014, halló una decena de graves irregularidades en un contrato de febrero de 2011 por $82,5 millones entre la corporación municipal de esa comuna y Executive para la capacitación de “directores y jefes de unidades técnicas”. Los fondos fueron entregados al municipio por el Ministerio de Educación (Mineduc) para mejorar su gestión educacional.

Casi dos meses antes de que el Mineduc aprobara los fondos, la Corporación ya había firmado contrato con Executive para llevar a cabo la iniciativa consistente en un diplomado internacional en Administración, con una pasantía en España y certificación de la ESERP de Barcelona: “El contrato fue adjudicado antes de obtener la aprobación del programa”, dice el informe del organismo contralor que, además, calificó la pasantía en España como un viaje “eminentemente turístico”.

El municipio recibió cuatro cotizaciones. Dos de ellas, en base a las cuales finalmente se eligió la oferta, corresponden a la ya mencionada Executive S.A. y a la empresa EBS Consulting, también vinculada a Francisco Javier Garrido.

La Contraloría estimó que prácticamente ninguno de los objetivos del programa impartido por Executive se cumplió. El más importante decía relación con confeccionar un “plan estratégico por establecimiento” (educacional). Como el plan nunca se realizó, la corporación municipal adjudicó con posterioridad un segundo contrato a Executive por $75 millones para elaborarlo, con cargo a los fondos SEP, destinados a la educación de alumnos vulnerables.

Barcelona
Ciudad de Barcelona

A modo de conclusión, el informe de Contraloría señala las siguientes irregularidades: “incumplimiento del objetivo del programa al no presentar el plan estratégico por establecimiento, que aparece solventado con otra fuente de financiamiento también del Mineduc; el programa internacional no concuerda con el nudo crítico de la iniciativa relativo a obtener un nuevo grado académico para el equipo de profesionales; inconsistencia entre las actividades y la iniciativa aprobada; contratación efectuada con dos meses de anticipación a la aprobación del programa por parte del Mineduc; falta de acreditación de las clases que se habrían realizado en Chile y que parte importante del tiempo considerado en el programa en España fue destinado a actividades turísticas en Barcelona” (ver informe).

En vista del mar de irregularidades, la Contraloría exigió a la corporación el reintegro de los dineros al Mineduc.

En el programa del diplomado aparece el alcalde de Colina, Mario Olavarría, como uno de los encargados de entregar a los asistentes de la cuestionada pasantía los certificados y diplomas en la sede de la ESERP en Barcelona. Dos años después, en mayo de 2013, Olavarría aceptó una invitación extendida por la misma escuela de negocios para participar de un programa de dirección y gestión educacional en la ciudad catalana (ver documento).

Tras la invitación, la corporación de ese municipio entregó una decena de nuevos contratos a Barba y su equipo. Los últimos datan de marzo de este año y fueron adjudicados a la FUIE. A diferencia de los contratos anteriores en Colina, en los que el concejal Barba firma como representante legal de la fundación, estos últimos llevan la firma de Francisco Javier Garrido, con quien CIPER intentó contactarse sin éxito.

CIPER habló con René Barba la tarde del miércoles 20 de julio. El concejal se mostró abierto a conversar y agendó una entrevista para el día siguiente en un café de Lo Barnechea. Dos horas antes del encuentro, y a través de un tercero, Barba canceló la cita.

El historial de irregularidades del proyecto estrella de SQM en el negocio del yodo

El 6 de junio pasado la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) formuló ocho cargos contra el proyecto Pampa Hermosa de Soquimich. Aprobado en 2010, este proyecto no es un número más entre los 63 que SQM ha sometido a evaluación ambiental en los últimos 20 años. Este mega-proyecto, con una inversión de más de mil millones de dólares, duplica la producción de yodo de la compañía y es una viga maestra para el futuro de la minera que controla Julio Ponce Lerou. CIPER reconstruyó paso a paso cómo se tramitó el proyecto más importante y costoso de SQM desde su ingreso al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) en 2008. Ese ejercicio muestra cómo Pampa Hermosa se evaluó, se aprobó y se puso en marcha en los mismos años en que la minera repartió más de US$11 millones en aportes ilegales para todo el arco político (ver reportaje de CIPER).

La reciente resolución de la SMA podría ser una bala de plata para SQM, pues uno de los cargos fue tipificado como “gravísimo” y puede paralizar el proyecto: la minera no implementó las medidas de mitigación comprometidas en la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) que autorizó la operación.

–No descartamos ninguna sanción a priori –señaló a CIPER el superintendente de Medio Ambiente, Cristián Franz.

La radiografía que le hizo CIPER a la evaluación y fiscalización del proyecto Pampa Hermosa, que comenzó a operar en 2011, arroja datos interesantes. Uno de ellos es que la SMA supo de las irregularidades que arrastraba a lo menos dos años antes de que formulara los cargos. Facultada para actuar de oficio, en todo ese tiempo no lo hizo. Recién inició una investigación en abril de 2015, cuando el Consejo Regional (CORE) de Tarapacá presentó una denuncia.

CIPER también recogió testimonios y antecedentes de  las presiones que se ejercieron para aprobar el proyecto y luego para frenar la denuncia del CORE. Aquí se asoma la mano del ex ministro Enrique Correa, propietario de la empresa de lobby Imaginacción. También aparece la figura de un estrecho colaborador del senador Fulvio Rossi (PS), Luis Guzmán Contreras.

INSTITUCIONAL SMANo son estos los únicos nombres de políticos con huella en Pampa Hermosa. En 2011, cuando la iniciativa ya estaba aprobada, la entonces presidenta del PPD, Carolina Tohá, visitó el Salar de Llamara, sector donde se produjeron los incumplimientos ambientales. Según un reportaje de La Tercera, la alcaldesa de Santiago fue invitada por el gerente general de la minera, Patricio Contesse, poco después de que SQM firmara un convenio con la ONG Chile Ambiente -dirigida por Patricio Rodrigo, miembro del círculo íntimo del senador Guido Girardi-, operación que encubrió un aporte cercano a los $50 millones para las arcas del PPD.

Presentado en dos oportunidades para su aprobación (2006 y 2008), Pampa Hermosa desde un comienzo enfrentó cuestionamientos por su alta demanda de agua en los acuíferos de dos zonas de alta escasez hídrica: la Pampa del Tamarugal y el Salar de Llamara. En su primera presentación, el proyecto se denominó Soronal y comprometía una demanda de agua de 395 lt/seg., pero la empresa desistió de su tramitación ante el inminente rechazo de la autoridad ambiental. El proyecto ingresó de nuevo en 2008, bajo el nombre de Pampa Hermosa, y su demanda de agua casi se duplicó: 735 lt/seg.

Muchos de los derechos de agua que SQM consiguió para operar su proyecto, fueron entregados por la Dirección General de Aguas (DGA) basada en una serie de informes pagados por la misma minera y elaborados por el DICTUC de la Universidad Católica. Una parte de esos informes se hizo cuando el DICTUC era dirigido por Hernán de Solminihac, luego ministro de Obras Públicas y de Minería de Sebastián Piñera, bajo cuyo gobierno se aprobó Pampa Hermosa. El ex director del DICTUC es hermano del actual gerente general de SQM, Patricio de Solminihac, quien en esa época se desempeñaba en la subgerencia general de la minera.

Los cargos de la SMA abren un nuevo y delicado flanco para la empresa de Julio Ponce Lerou. A este problema que amaga con afectar su operación de yodo en Tarapacá, se suma el litigio que mantiene con Corfo por la explotación de litio y potasio en el Salar de Atacama, cuyos resultados se conocerían en diciembre. Corfo busca poner término anticipado al contrato de concesión que tiene con la minera (ver reportaje de CIPER).

De Pampa Hermosa y del Salar de Atacama dependen tres de los negocios más importantes para Soquimich. Mientras en 2015 la venta de yodo le reportó ingresos cercanos a los US$262 millones, la explotación de potasio y de litio en el Salar de Atacama significaron ventas por US$430 millones y US$223 millones, respectivamente.

DAÑO IRREVERSIBLE

El 2 de febrero de 2006, SQM Industrial, filial de Soquimich, presentó en la Comisión Nacional de Medio Ambiente (Conama, hoy Servicio de Evaluación Ambiental), un ambicioso proyecto para incrementar su producción anual de yodo de 4.500 a 10.500 toneladas en sus instalaciones de Nueva Victoria (Región de Tarapacá). El entonces proyecto Soronal, consideraba además la construcción de una nueva planta con una capacidad de 900 mil toneladas anuales de nitrato de sodio.

En octubre de ese mismo año, la minera se desistió del proyecto. La Dirección General de Aguas (DGA), el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y la Corporación Nacional Forestal (Conaf), entre otros organismos, manifestaron serios reparos al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) presentado por SQM. Los principales cuestionamientos se concentraban en un aspecto clave para la minería del norte: el agua.

pampa tamarugalSoronal contemplaba extraer 395 lt/seg desde 11 pozos, cuatro de ellos en el Salar de Llamara, ecosistema de alto valor por la presencia del último bosque de tamarugos de origen completamente natural (los restantes han sido replantados) y por afloramientos de agua llamados puquíos. También por ser uno de los pocos lugares en el mundo con formaciones de estromatolitos, células fosilizadas a las que se atribuye ser las primeras oxigenadoras de la atmósfera.

La situación actual de la Pampa del Tamarugal ya es frágil (…) aprobar nuevos caudales de extracción significa en gran medida acelerar un proceso irreversible”, señaló la Conaf en un informe del 31 de marzo de 2006 (ver informe).

A estos reparos se sumó la preocupación de que Soronal afectara también al río Loa. La extracción de agua desde la zona de Quebrada Amarga ponía bajo amenaza ese curso fluvial que atraviesa las regiones de Tarapacá y Antofagasta. Hasta ese momento, Soronal jugaba sin contratiempos en el área chica de la Comisión Regional de Medio Ambiente (Corema) de Tarapacá. Pero cuando los efectos del proyecto se expandieron a dos regiones, la evaluadora de la Conama central que hacía el seguimiento del proceso desde Santiago, Pilar Valenzuela Delpiano, hizo una solicitud que cambiaría drásticamente el curso de los acontecimientos.

La norma establece que cuando un proyecto afecta a más de una región, debe ser evaluado por la autoridad ambiental en Santiago. En esa regla se basó Pilar Valenzuela para pedir que Soronal fuera analizado a nivel central como proyecto birregional.

ENRIQUE CORREA: “HOLA COMPAÑERA”

Cuando la Conama pidió que Soronal fuese tramitado en Santiago, en Soquimich se encendió la alerta. A mediados de 2006, un grupo de ejecutivos de la minera llegó a las dependencias de la Conama en Santiago. Entre los miembros de ese grupo estaba la vicepresidenta de Personas y Sustentabilidad de SQM, Paulina de Vidts Sabelle, y el ingeniero Carlos Prado Castillo, propietario de la consultora Pramar Ambiental, encargada de la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental de Soronal. Fueron recibidos por Pilar Valenzuela y por el jefe de Evaluación y Seguimiento Ambiental, Jorge Lagos Rodríguez.

En la reunión, Soquimich defendió el carácter regional del proyecto para mantener el proceso en Iquique y expuso antecedentes que apuntaban a que no se afectarían los tamarugos. La respuesta de Pilar Valenzuela fue que el proyecto sería visto en Santiago.

Poco después de esa reunión, la evaluadora recibió un inesperado llamado.

–“Hola compañera” –cuenta Pilar Valenzuela que escuchó del otro lado del teléfono.

–“¿Quién es?” –respondió ella.

–“Enrique Correa”.

Enrique Correa
Enrique Correa

Pilar Valenzuela recuerda que el llamado del ex ministro y lobista tenía un objetivo preciso: “Me preguntó si él podía hacer algo para ayudar a facilitar la aprobación del proyecto Soronal. ‘Por ningún motivo’, le dije, y de inmediato me cortó. No dijo nada más, ni siquiera se despidió”, contó a CIPER.

De acuerdo al libro de compras de Soquimich, entre 2009 y 2014, Imaginacción, la empresa de Enrique Correa, ha facturado $994 millones a la minera.

CIPER intentó hablar sin éxito con Correa para que diera su versión sobre ese llamado. Quien sí respondió fue el gerente de Asuntos Corporativos de Imaginacción, Moisés Valenzuela:

–Soquimich es cliente de Imaginacción desde hace más de una década (…). Nuestras solicitudes a distintos organismos siempre están en el marco de lo que por ley se puede solicitar y si ese llamado existió, fue para ver, dentro de los conductos regulares y de lo que permite la normativa, si se podía hacer algo (…). Si se quiere esgrimir que hubo algo irregular para torcer la ley, lo descarto absolutamente.

Soronal se fue al tacho poco después de esas gestiones para “facilitar” su aprobación. SQM desistió y lo retiró en octubre de 2006.

SORONAL “ENCHULADO”

La minera volvió a la carga un año y medio después. El 5 de agosto de 2008 presentó Pampa Hermosa. En la práctica se trataba del mismo proyecto, aunque con una leve diferencia en los volúmenes de producción: 11.500 toneladas por año de yodo y 1,2 millón de toneladas anuales de nitrato (versus las 10.500 y 900 mil toneladas, respectivamente, de Soronal).

Pese a que los objetivos eran básicamente los mismos, la inversión contemplada para Pampa Hermosa aumentó casi en cinco veces. Si Soronal comprometía recursos por US$231 millones, este nuevo proyecto alcanzaba los US$1.033 millones.

Desde 1994 Soquimich y sus filiales han presentado 63 proyectos al Sistema de Evaluación Ambiental (SEA). De ellos, 55 han sido aprobados, totalizando US$3.884 millones en inversiones.Pampa Hermosa ha sido el más costoso (ver tabla con proyectos y sus valores).

(Fuente: www.capa9.net)
(Fuente: www.capa9.net)

El monto de inversión no fue lo único que varió drásticamente en la reformulación del proyecto estrella de Soquimich. También lo hizo la demanda de agua. Si en Soronal se contemplaba extraer el recurso desde 11 pozos en los que SQM tenía derechos constituidos por 395 lt/seg., para Pampa Hermosa se anunció la extracción desde 22 pozos haciendo uso de derechos constituidos o en trámite de constitución por casi el doble: 735 lt/seg. Durante el proceso de evaluación y frente a los cuestionamientos de los detractores del proyecto, SQM se comprometió a hacer una extracción escalonada de agua desde Llamara hasta completar 124 lt/seg.

El EIA presentado por Soquimich identificó 49 tipos de impacto sobre el entorno. En ese documento, ninguno de ellos fue calificado de importancia mayor.

Pese a los fuertes reparos que se habían levantado años antes con el proyecto Soronal, la mega inversión de Soquimich fue aprobada por la autoridad ambiental el 1 de septiembre de 2010. En la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) que le dio luz verde quedaron sancionadas las medidas de mitigación que la minera debía implementar para minimizar el impacto por la enorme extracción de agua en esta desértica zona.

Soquimich se comprometió a implementar una “barrera hidráulica”, consistente en la inyección de agua en el sector de los puquíos para mantenerlos sin alteraciones. Esa medida se complementaría con un Plan de Alerta Temprana (PAT) que se activaría en caso de falla de la barrera y que incluía monitorear los niveles del acuífero en nueve pozos.

ALERTAS TEMPRANAS

El 20 de junio de 2011 Pampa Hermosa inició su fase operativa. Casi seis meses después (enero de 2012) la DGA envió un oficio al jefe de la división de Evaluación Ambiental y Participación Ciudadana del SEA, Juan Carlos Monckeberg, con los resultados de la revisión del primer informe de seguimiento de Pampa Hermosa entregado por Soquimich. En el documento se señala que, si bien “la mayoría de los pozos presentaban profundidades estables y una tendencia al equilibrio”, había dos pozos de bombeo en los que se evidenciaban “ascensos y descensos bruscos de nivel”. Se le pidió a la minera explicar “con más detalle el comportamiento observado” en ambos pozos (ver documento).

En diciembre de 2012 la DGA envió un nuevo informe al SEA con el análisis del monitoreo semestral que debía hacer la minera, el que resultó más preocupante. En dos pozos se mantenía la tendencia al decrecimiento del nivel del agua; en 10 de ellos se observó un aumento de temperatura por sobre los valores históricos y en siete, un incremento de arsénico por encima de los niveles regulares (ver documento).

Un tercer informe de la DGA, de marzo de 2013, enviado esta vez al fiscalizador de la SMA, José Bastías Gajardo, añadió nuevas irregularidades. Allí se acusa que Soquimich alteró los valores de medición de los niveles de agua de los puquíos. Eso significa que SQM alteró unilateralmente los valores comprometidos en la calificación ambiental, lo que ocultó que los niveles reportados eran inferiores a los autorizados. Finalmente el informe consigna que SQM no implementó a tiempo la medida de mitigación consistente en inyectar agua para compensar los efectos adversos (ver documento).

Una nueva evaluación de la DGA llegó en enero de 2014 al SEA. En ella se insistió en parte de las observaciones de los informes anteriores (ver documento).

Cuando la DGA ya había enviado los tres primeros informes alertando sobre la grave situación hídrica, el Salar de Llamara hizo noticia por otra vía. En agosto de 2013, el Ministerio de Bienes Nacionales decretó la incorporación de las 24 mil hectáreas del salar a la Reserva Pampa del Tamarugal, las que se convirtieron en un “sitio prioritario de conservación y protección de interés mundial”.

Ese mismo mes de agosto de 2013, la Subsecretaría de Medio Ambiente realizó una inspección cuyo informe fue enviado al SEA en enero de 2014. La subsecretaría detectó que algunos de los pozos de los que SQM debía extraer el agua que sería inyectada a los puquios estaban en sectores distintos a los autorizados (ver documento).

LOS TIEMPOS DE LA SMA

Desde las primeras alertas de la DGA en enero de 2012, pasaron cuatro años y medio antes de que la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) formulara cargos contra SQM. Durante todo ese periodo Pampa Hermosa apenas registra dos inspecciones de la SMA. La primera, en agosto de 2013, del fiscalizador José Bastías, el mismo destinatario del preocupante informe de la DGA de marzo de 2013. Cinco meses después, en la primera fiscalización de la SMA a Pampa Hermosa, Bastías solo se ocupó de la flora y fauna, sin controlar en qué estaba el déficit hídrico.

El segundo informe de fiscalización de la SMA realizado con apoyo del Sernageomin, la Conaf y el SAG, en noviembre de 2013, solo identificó como principal incumplimiento una falla en el sistema de riego del vivero de tamarugos. Y solo al paso deslizó una alerta por el descenso de algunos pozos y la no activación del plan de alerta temprana por la disminución sostenida del acuífero de Llamara.

Cristián Franz
Cristián Franz

A pesar de las evidencias, la SMA solo resolvió iniciar una investigación después de que en abril de 2015 el Consejo Regional de Tarapacá presentara una denuncia. La acusación recogió las mismas irregularidades constatadas por la DGA en sus informes de 2012 a 2014.

Consultado el superintendente de Medio Ambiente, Cristián Franz, sobrepor qué la SMA se demoró más de tres años, desde las primeras alertas, para investigar los incumplimientos de SQM en Pampa Hermosa, dijo:

–La Contraloría ha señalado en reiteradas oportunidades que la Ley 20.417 le entrega la discrecionalidad o autonomía a la SMA para determinar en qué casos fiscaliza y en qué casos inicia procesos sancionatorios. No tenemos un plazo establecido en la ley y no tenemos la obligación legal de formular cargos respecto de todas las denuncias que recibamos.

Franz agregó: “La información se nos presenta en 2015 y a los pocos meses, en agosto, iniciamos las actividades de inspección en terreno”.

Lo que señala Cristián Franz no es correcto: los antecedentes estaban en conocimiento de la SMA desde al menos marzo de 2013, cuando la DGA le envió a ese organismo su tercer informe -quizás el más crítico- sobre las irregularidades en Pampa Hermosa.

CIPER también le preguntó al superintendente Franz sobre la razón del amplio plazo que se tomó la SMA para investigar desde que se presentó la denuncia, en abril de 2015, hasta que se formularon cargos el 6 de junio pasado:

–La denuncia ingresa en abril y gatilla una actividad de inspección ambiental cuatro meses después. Me parece razonable. Además, la ley no exige un plazo para pronunciarse (formular cargos) respecto de los contenidos de una denuncia.

La opinión de Cristián Franz es rebatida por algunos abogados ambientalistas, quienes señalaron a CIPER que si bien la normativa ambiental (Ley 20.417) no estipula plazos para este tipo de procedimientos, debe aplicarse de forma supletoria la Ley 19.880, que establece un plazo máximo de seis meses para todo procedimiento administrativo de un organismo público.

Catorce meses pasaron desde la denuncia del CORE hasta la formulación de cargos contra Pampa Hermosa.

ORO LÍQUIDO

Hasta mediados de los años 90 las aguas subterráneas del Salar de Llamara no eran de propiedad privada. Entre enero y mayo de 1996, Soquimich ingresó a la DGA siete solicitudes para constituir derechos en ese lugar, los que fueron otorgados en 1997 por un total de 244,7 lt/seg. La autorización de la DGA se basó en un estudio sobre la disponibilidad de agua en la zona elaborado en 1994 por la Universidad Católica.

Lo llamativo es que el mandante del estudio de la UC fue la misma Soquimich. “Es usual que la DGA evalúe recursos hídricos en una zona a petición de una parte interesada”, señaló a CIPER un abogado especialista en medio ambiente.

Puquíos de Llamara
Puquíos de Llamara

En diciembre de 2006 la DGA volvió a pronunciarse sobre los “derechos de agua factibles de constituir en el Salar de Llamara”. Y nuevamente lo hizo basado en un estudio del DICTUC de la Universidad  Católica encargado en 2003 por Soquimich. La conclusión fue que en esa zona había más agua disponible.

Pese a que en 1997 la propia DGA había cerrado la posibilidad de otorgar más agua en Llamara, el organismo aceptó entregar nuevos derechos definitivos por “un volumen anual de 1.371.028 m3.

En esos momentos SQM tramitaba una veintena de derechos de agua en la zona.

En septiembre de 2009 la DGA volvió a pronunciarse  a favor de entregar nuevos derechos de agua en Llamara en respuesta a otros cinco estudios del DICTUC de la UC, todos encargados por SQM. Este informe de la DGA señaló que aún restaba “la posibilidad de entregar 36 lt/seg.”.

Recién en enero de 2012, cuando el proyecto Pampa Hermosa ya operaba, la DGA declaró al Salar de Llamara área de restricción para la entrega de nuevos derechos: “La demanda de aguas subterráneas comprometida al 30 de junio de 2011 supera el volumen sustentable” (ver documento).

Actualmente Soquimich posee en la Región de Tarapacá cerca de 50 derechos de agua subterránea por un total de 838 lt/seg (según registros de la DGA).

UN MUNDO PEQUEÑO

Mientras la DGA reevaluaba en septiembre de 2009 la entrega de nuevos derechos de agua en el Salar de Llamara, basada en estudios del DICTUC, pagados por SQM, en paralelo la filial de la UC trabajaba para la misma Dirección General de Aguas. El DICTUC estaba haciendo para la DGA un levantamiento hidrogeológico de todo el norte del país.

A cargo del estudio del DICTUC para la DGA estaban los hidrogeólogos José Muñoz Pardo y Pablo Rengifo Oyarce. Ambos nombres se repiten en el estudio que pagó SQM al DICTUC y que se entregó a la DGA para reevaluar el otorgamiento de nuevos derechos de agua en Llamara. A esta tarea se sumó el ingeniero Cristián Ortiz Astete.

El equipo de Muñoz, Rengifo y Ortiz, siguió prestando servicios a SQM y a la DGA, pero ya no desde el DICTUC. En diciembre de 2005, Muñoz creó Geohidrología Consultores, sociedad a la que en 2007 se unieron Rengifo y Ortiz. Según el libro de compras de Soquimich, entre 2009 y 2014 la minera pagó $1.114 millones a Geohidrología por distintos servicios.

El gran salto de Geohidrología vino en 2013, cuando la transnacional holandesa Arcadis, que ya estaba instalada en Chile, compró la consultora.

sancionamosDesde que opera en Chile (fines de los ’80), Arcadis ha sido “lugar de abrigo” para varios ex funcionarios de gobierno. El actual superintendente de Medio Ambiente, Cristián Franz, por ejemplo, fue su jefe de Proyectos entre 1996 y 2001. En 1997 figuró también como jefe de Proyectos de Arcadis un viejo conocido de Franz: Pablo Pisani Codoceo, actual gerente de Sustentabilidad de Soquimich. Antes de integrarse a Arcadis, Pisani fue asesor entre 1992 y 1994 de la Conama. En 2007 asumió como gerente de Medio Ambiente y Comunidad de la minera.

Otra ex autoridad que registra paso por Arcadis es el ex director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental (2010-2013), Ignacio Toro Labbé. Tras su salida del servicio –donde evaluó la aprobación de Pampa Hermosa– Toro ingresó a Arcadis como gerente de Planificación Ambiental.

La abogada y jefa de la división de Sanción y Cumplimiento de la SMA, Marie Claude Plumer, también trabajó en Arcadis. Entre octubre de 2012 y diciembre de 2013, fue gerente de Cumplimiento Ambiental de la consultora. Antes de Arcadis, la abogada fue fiscal de la SMA (2011 y 2012).

PRESIONES INDEBIDAS

En febrero de 2015, el ministro Rodrigo Peñailillo presionaba soterradamente por impedir que  Soquimich fuera investigada por el financiamiento político ilegal. Fue en esos mismos días que un grupo de ambientalistas se acercó al Consejo Regional de Tarapacá. El presidente del CORE, Richard Godoy (DC), cuenta que la información que proporcionaron era preocupante: en los últimos tres años la DGA había emitido informes categóricos contra el proyecto Pampa Hermosa de SQM y la autoridad ambiental hacía oídos sordos en Santiago.

Godoy relata que fue el presidente de la Comisión de Medio Ambiente del CORE, Jorge Antonio Zavala, quien alertó a sus colegas sobre la gravedad de la situación y quien impulsó poner en la tabla del Consejo la votación de una denuncia contra SQM en la Superintendencia de Medio Ambiente.

Consejeros consultados por CIPER indicaron que, cuando se aproximaba la votación, un reconocido operador político del senador Fulvio Rossi, Luis Guzmán, tomó contacto con un miembro del CORE para que advirtiera al resto del consejo sobre la inconveniencia de enfrentar a SQM. Guzmán, quien fue director regional de la Conama en los años en que se evaluó Pampa Hermosa, habría argumentado que Soquimich es una fuente importante de empleos para la zona y que invertía en iniciativas de interés social y cultural.

Fulvio Rossi
Fulvio Rossi

En esos días Luis Guzmán era director regional de Corfo, cargo que perdió a fines de 2015 tras protagonizar el escándalo de los “Iquiqueleaks”, la filtración de mensajes de whatsapp del círculo de hierro del senador Rossi. Fue uno de esos mensajes, en el que pedía un mayor compromiso de los funcionarios públicos con Rossi, el que dio notoriedad a Guzmán: “Son muy pocos los que se han ocupado de fortalecer y defender la imagen, obra pública del senador e intendente, recordar que gracias a ambos cada uno de nosotros estamos en nuestros cargos (o se creen técnicos o que es por su CV)”.

Como la primera advertencia de Guzmán al CORE no obtuvo resultados, el mensaje del hombre de Fulvio Rossi se endureció: enfrentarse con SQM tendría un duro costo para los que promovieran la acusación. No obstante, los miembros del CORE acogieron de manera unánime seguir adelante con la denuncia.

El senador Rossi se ha visto involucrado en los aportes ilegales de Soquimich debido a que tres de sus cercanos –René Madariaga, Mariela Molina y Valentina Martínez– hicieron boletas para la minera por un total de $29,5 millones. Respecto de la intervención de Guzmán ante el CORE, el parlamentario dijo a CIPER que no tenía relación alguna con este tema. Rossi desestimó esta versión, la atribuyó a rencillas políticas locales y facilitó el contacto de CIPER con el propio Guzmán.

Luis Guzmán desmintió haber realizado estas gestiones: “Jamás he intervenido en asuntos que no son de mi competencia. En ese momento yo estaba en Corfo y no tenía nada que ver con este tema”, dijo a CIPER. Agregó que como ex jefe de la Conama regional tampoco se relacionó con el proyecto Pampa Hermosa, porque su evaluación, sostuvo, se hizo íntegramente en Santiago. A su juicio, estas versiones surgen porque ha sido objeto de una “persecución política” por parte del CORE.

BORRÓN Y CUENTA NUEVA

El 6 de junio pasado, a más de un año de presentada la denuncia del CORE, la SMA formuló cargos contra SQM. Son ocho las imputaciones a Pampa Hermosa: una gravísima, dos graves y cinco leves.

El informe de fiscalización identifica como falta gravísima la modificación de las medidas de mitigación del proyecto –la “barrera hidráulica” y el “Plan de Alerta Temprana”–sin contar con autorización.

La SMA acusa a Soquimich de no haber implementado estas medidas de mitigación, no obstante haberse detectado descensos de agua en varios de los puquíos (ver documento).

Una infracción gravísima puede ser castigada con una multa de 5 mil hasta de 10 mil UTA (casi $5.400 millones) o con la revocación de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA).

CIPER consultó al superintendente Franz sobre la posibilidad de que se revoque la RCA de Pampa Hermosa. Aunque no descartó ninguna sanción, puntualizó: “Hemos formulado cargos gravísimos en muchas oportunidades. La existencia de un cargo gravísimo no significa necesariamente que se traduzca en una revocación”.

Si es frecuente que se formulen cargos gravísimos, ¿es también frecuente que el titular de un proyecto no implemente las medidas de mitigación a las que se comprometió?

–En el caso de la minería metálica, donde tenemos más datos consolidados, diría que en el universo total de incumplimientos, el 40% corresponde a un incumplimiento que tiene que ver con no implementar una medida de mitigación.

-Pero acá no estamos hablando de una medida de mitigación accesoria. El recurso agua es el eje del proyecto Pampa Hermosa y no se implementó la barrera hidráulica para evitar la disminución de los niveles de los puquíos. Vuelvo a preguntar, ¿es eso frecuente?

Es gravísimo.

-¿Es frecuente?

Sucede, pero no es frecuente.

-¿Y es frecuente que se alteren parámetros de la RCA para demostrar cumplimiento? Lo pregunto por el cambio de los valores de medición…

Eso, en particular, me atrevería a decir que no lo habíamos visto.

Ahora Soquimich tiene dos opciones. Impugnar las imputaciones y en un plazo de 15 días hábiles presentar sus descargos o reconocer los cargos y en diez días presentar un programa de cumplimiento. Si se acoge a esta última opción –la que ofrece amplias garantías al infractor– y la SMA considera que ejecuta satisfactoriamente su nuevo programa de cumplimiento, la minera podría librarse de cualquier multa o sanción, obviando el daño ambiental que pudo haber hecho. Borrón y cuenta nueva.

Al cierre de este reportaje, la SMA aún no recibía respuesta de Soquimich.

Nota de la redacción: Ver carta de la Asociación de Funcionarios de la Superintendencia de Medio Ambiente