El club de asesores que ganó millones alimentando los miedos del empresario Gonzalo Vial Concha

El miércoles 21 de marzo Sebastián Dávalos pidió “sentidas disculpas” por haber calificado al Ministerio Público de “corrupto”. Dávalos habló cuando la Corte Suprema revisaba el sobreseimiento que lo favoreció y que dictó la Corte de Apelaciones de Rancagua el 2 de enero sobre su rol en el negocio inmobiliario en Machalí que dio origen al “Caso CAVAL”. Es probable que el máximo tribunal confirme el sobreseimiento del hijo de la ex presidenta Michelle Bachelet, pero el 28 de marzo tendrá lugar una audiencia en Rancagua que le abre a él y a su esposa, Natalia Compagnon, un complejo escenario.

Ese día, los dueños de CAVAL, Compagnon y Mauricio Valero, además de Dávalos, enfrentarán una nueva audiencia de formalización tras la querella por estafa presentada en junio de 2016 por el empresario rancagüino Gonzalo Vial Concha.

La figura de Vial Concha, dueño del holding Graneles del Sur, está estrechamente atada a CAVAL. Desde su creación en febrero de 2012, Vial fue prácticamente el único cliente de esa empresa, con pagos solo ese año de más de $1.200 millones por asesorías mineras, portuarias e inmobiliarias (ver reportaje de CIPER). Con el correr de los meses, Natalia Compagnon se ganó su confianza y a las asesorías ya mencionadas, se sumaron otras en seguridad informática.

Natalia Compagnon y Sebastián Dávalos
Natalia Compagnon y Sebastián Dávalos

La seguridad, en su más amplio espectro, ha sido la gran obsesión de Gonzalo Vial Concha en la última década y, a la vez, su talón de Aquiles. CIPER indagó en esa cara poco explorada del empresario rancagüino y tiró de un hilo que lleva a lo menos a 2008, cuando el dueño de Graneles del Sur comenzó a pagar altas sumas de dinero para hacer frente a supuestas amenazas de secuestro, fraudes y feroces conspiraciones en contra suya, de su familia y de sus negocios.

Acicateado por alertas que le anunciaban el posible rapto de uno de sus hijos, en 2010 Vial Concha tomó la decisión de dejar Rancagua y trasladarse junto a su familia a vivir a Santiago. En 2012 dio por verídicos los informes que le proporcionó un asesor sobre el supuesto complot que altos ejecutivos de Agrosuper –la empresa de su progenitor, Gonzalo Vial Vial–, maquinaban para enemistarlo con su padre. El episodio terminó por quebrar la compleja relación entre ambos.

Casi en paralelo, Vial Concha se convenció de la existencia de un mega fraude al interior de Agrosuper –donde él y sus hermanas también tienen participación– el que amenazaba con extenderse a su holding Graneles del Sur. Fue entonces que le dio luz verde a CAVAL para que con expertos informáticos llevaran a cabo una exhaustiva auditoría para identificar a los responsables.

En su querella por estafa, Vial Concha acusó a Natalia Compagnon de haberle entregado más de 300 correos electrónicos con información que apuntaba a esa estafa. En los correos –que fueron revisados por CIPER- aparecen supuestas comunicaciones entre ejecutivos de Agrosuper en las que se habla de millonarios desvíos de dinero hacia cuentas en el paraíso fiscal de Panamá; adulteraciones de balances y estados financieros, y hasta se sugieren líos amorosos entre trabajadores. En ese “complot” también se incluye a un ex alto ejecutivo de Graneles del Sur.

Hoy el empresario rancagüino afirma que esos emails fueron manipulados e incluso “falsos”. Pero en 2012 esa información incendió sus miedos e inseguridades llevándolas al paroxismo. Y si el fuego prendió rápido fue porque Vial Concha venía lidiando desde hace años con la sombra de intrigas en su contra.

En esa trama febril aparece un personaje que hasta ahora ha pasado inadvertido: Roberto Standen Pérez, empresario penquista experto en seguridad, amigo de Vial, y su asesor desde 2008. Reconocido por su estilo “militar” al interior de Graneles del Sur, poco después de que Vial Concha lo instalara en la cúpula gerencial de su holding, Standen se transformó en un poder omnipresente.

Gonzalo Vial Concha
Gonzalo Vial Concha

Fueron sus alertas las que hicieron que el empresario de los granos abandonara Rancagua. Y bajo su influencia Graneles del Sur sufrió una completa reestructuración que incluyó –además de guardias y cámaras– la creación de un departamento para indagar fraudes con auditorías confidenciales y también el cambio de ejecutivos.

Con carta blanca para operar, Standen llevó a la compañía de Vial Concha a un informático responsable del área de sistemas. Lo que el dueño de Graneles del Sur probablemente no supo, fue que la persona que su asesor en seguridad introdujo en su compañía había sido condenada poco antes por estafa cibernética.

No contento con eso, a mediados de 2012 Vial Concha le pidió a CAVAL ejecutar una completa auditoría en seguridad informática en su compañía. “La empresa se encuentra altamente expuesta y completamente vulnerable”, se lee en las conclusiones de ese informe que, según el rastreo de CIPER, fue revisado por Sebastián Dávalos, quien era entonces gerente de Proyectos de CAVAL.

El intento de Vial Concha por quitarse de encima la sombra de la traición le ha costado caro. A Standen le pagó varios millones y aunque el empresario reconoció que la empresa de Compagnon y Valero no le cobró por los reportes de asesoría informática (la auditoría y los más de 300 emails), sí dijo que estuvo dispuesto a desembolsar “cifras importantes por los otros trabajos realizados por CAVAL (…) solo en función de esos informes que me hacían llegar de manera reservada”.

Cuando en marzo de 2013 cortó relaciones comerciales con CAVAL, Vial Concha siguió obsesionado con obtener información de inteligencia para enfrentar supuestas maquinaciones en el corazón de sus negocios.

Así, a comienzos de 2015, contrató directamente a Victorino Arrepol Garrido, quien había sido hasta pocos meses antes asesor de CAVAL y uno de los responsables de los más de 300 correos electrónicos adulterados que Vial asegura le entregó Natalia Compagnon. El contrato firmado por Arrepol y Vial fijó un pago de $122 millones anuales (UF 5.000), cifra que llevada a 12 meses es similar al sueldo de una alta autoridad de la República.

En esas labores y con la venia de Vial Concha, Arrepol realizó espionaje informático a ejecutivos de su holding. Una carpeta con cientos de correos electrónicos del gerente general de Graneles del Sur, Juan Pablo Correa, y que habrían sido interceptados durante varios meses por Arrepol cuando ya trabajaba directamente para Vial, evidencia que las desconfianzas del empresario rancagüino habían llegado a un punto de no retorno.

1er ACTO: NOTICIAS DE UN SECUESTRO

En su declaración de enero pasado, Natalia Compagnon reveló detalles desconocidos de la vida de Gonzalo Vial. Relató que el empresario acostumbraba a portar en la guantera de su camioneta Mercedes Benz una pistola “para su seguridad”.

El dato entregado por la socia de CAVAL resulta verosímil a la luz de antecedentes recabados para esta investigación. Todos los testimonios recogidos por CIPER apuntan a que, desde al menos 2008, el dueño de Graneles del Sur había sido advertido por su asesor de seguridad, Roberto Standen, de fraudes, complots e intrigas en su contra. Esas alertas no solo lo llevaron a creer que su patrimonio estaba en riesgo, también la seguridad de su familia.

Roberto Standen (Fuente: caballoyrodeo.cl)
Roberto Standen (Fuente: caballoyrodeo.cl)

Dos fuentes consultadas por CIPER indicaron que Roberto Standen le advirtió al empresario que ejecutivos de Agrosuper lo “querían cagar”. También que algunos sindicalistas de la empresa de su padre habrían estado planeando el rapto de uno de sus cinco hijos.

Esas amenazas que Vial Concha creyó como ciertas, lo hicieron tomar la decisión de emigrar en 2010 junto a su familia desde su casa en la apacible comuna de Doñihue a un departamento en Santiago, en Santa María de Manquehue. La tesis del secuestro levantada por Standen también lo llevó a pensar que la seguridad de su padre, Gonzalo Vial Vial, estaba en riesgo. Fue así como, para la celebración de uno de los campeonatos nacionales de rodeo en Rancagua (Champion), puso a un guardia a seguirle los pasos sin que su progenitor lo supiera.

Fue precisamente la afición por el rodeo la que juntó a Vial y Standen. Ambos son dueños de criaderos de caballos. En 2008, Vial Concha asumió como presidente de la nueva Federación Chilena de Rodeo y Pruebas Ecuestres y Standen como vicepresidente. Esa organización se creó como entidad paralela a la Federación del Rodeo Chileno, fundada en 1961 y con su padre, Gonzalo Vial Vial, como presidente honorario. Un tercer nombre se sumó a esa lista como tesorero: el del empresario agrícola Pedro Santa María Torrealba, también amigo de Vial Concha, y cuyo nombre –como se verá– reflota misteriosamente en el contexto de la millonaria asesoría de Arrepol al dueño de Graneles del Sur en 2015.

A través de su empresa de seguridad Conmax, integrada por ex carabineros y militares en retiro, cuya sede está en Concepción, Roberto Standen le presta servicios de vigilancia a empresas forestales, entre ellas a Arauco, propiedad del Grupo Angelini. Comuneros mapuche con tierras en litigio con esa forestal han denunciado constantes hostigamientos por parte de los guardias de la empresa de Standen para desalojarlos. “Se pasean por fuera de nuestra rucas sacando fotos… nos disparan cuando pasamos por caminos interiores del fundo”, acusó uno de los afectados (ver aquí).

Quienes lo conocen confirman que una de las prácticas comunes de Standen es hacer seguimiento fotográfico a las personas que tiene bajo su lupa. Hay quienes incluso aseguran que esa información la utiliza para “juegos peligrosos”. “En su teléfono anda con una especie de catálogo de mujeres que le gusta exhibir sin que nadie se lo pida”, dice alguien que compartió reuniones con el empresario de la seguridad privada.

Roberto Standense transformó con el tiempo en el asesor más próximo de Vial Concha y terminó blindando a Graneles del Sur con guardias, cámaras y una serie de protocolos de seguridad. También con guardaespaldas para su resguardo y el de su familia.

“Vial le pagó muchísima plata a Standen”, contó a CIPER un ex trabajador de la compañía que asegura que la influencia que tuvo sobre Vial llegó a tal punto que incluso trajo a profesionales de su confianza –la mayoría de Concepción– para que ocuparan puestos claves en Graneles del Sur.

A esas alturas, Standen, quien de acuerdo a la indagación de CIPER comenzó a facturarle a Vial Concha por sus trabajos de seguridad en 2008, aparcaba su vehículo de turno (principalmente un Porsche) en uno de los tres estacionamientos reservados para la plana mayor del holding (junto a Vial y al gerente general Juan Pablo Correa).

PROVOCA TEMOR EN LA GENTE

Julio Escobar Hornung, quien trabajaba con Roberto Standen desde 2004, fue uno de los profesionales que el asesor en seguridad incorporó a la compañía de Vial a mediados de 2012. Llegó a Graneles del Sur como auditor interno de Tecnologías de la Información con la misión de adaptar, revisar y supervisar “el comportamiento de las políticas de seguridad de la información que rigen a nivel de holding”.

Escobar Hornung –quien entre agosto de 2014 y febrero de 2015 asumió como jefe de Sistemas y Tecnologías de la Información– no se presentaba en Graneles con sus papeles limpios. Un expediente judicial revisado por CIPER muestra que poco antes, en abril de 2011, Escobar había sido condenado como autor de delitos informáticos por un tribunal de Concepción. Diseñó una página web ficticia del Banco Santander para robar el dinero de clientes que ingresaban sus datos personales y bancarios creyendo que era el sitio oficial de la entidad financiera.

graneles_del_surOtro de los profesionales que Standen incorporó en 2012 a Graneles del Sur fue el contador auditor Pablo Cabello Medina, quien estuvo en esa compañía hasta julio de 2014. Lo llevó para liderar la nueva área de contraloría financiera corporativa, responsable de elaborar reportes de detección de fraudes al interior de Graneles del Sur.

CIPER revisó parte de esos reportes, todos marcados con un timbre “confidencial”. En uno de ellos se cuestiona los bonos de desempeño autorizados por el gerente general, Juan Pablo Correa, a un jefe zonal de la compañía. “Se solicitó a través de correo electrónico explicación de estos pagos al gerente general del holding (…) a la fecha de este reporte nuestra área no ha tenido respuesta alguna”, dice el informe.

En otro documento interno del holding de Vial y que tiene fecha de creación el 16 de junio de 2012, se da cuenta de los problemas organizacionales provocados por la “metodología militar”, la “agenda propiay el “concurso de despidos” de Standen. “[Standen] provoca temor en la gente, eso está bien en términos de controles, pero no en la administración del día a día (…) al estar bajo la espada de Damócles se nos puede ir gente que no queremos que se vaya”, se lee en ese archivo que habría sido elaborado por Juan Pablo Correa en el contexto de una reunión con Vial Concha y otros gerentes.

La tensión creada por el rol de Standen al interior de Graneles del Sur llegó a su climax en septiembre de 2014, cuando el gerente general Juan Pablo Correa puso su cargo a disposición ante Vial Concha. Su renuncia no se hizo efectiva y Correa continuó en su cargo, aunque probablemente sin saber que para entonces su correo institucional estaba siendo intervenido y manipulado por terceros.

El empresario de seguridad privada Roberto Standen ya no trabaja para Vial. La información recogida por CIPER indica que se mantiene cierta cercanía entre ambos, pese a que la familia de Vial Concha “no puede ver” al empresario penquista.

–Es demasiada la información que maneja Standen sobre él y sus empresas como para que Gonzalo (Vial Concha) rompa ese vínculo de un día para otro –acota un cercano al empresario.

Al menos en 2012, las asesorías de seguridad informática de Standen y CAVAL para el holding de Gonzalo Vial se traslapan, sin que CIPER haya podido establecer un vínculo explícito entre ambos actores. En la declaración que prestó en Fiscalía el 16 de enero pasado, Natalia Compagnon dejó huella de que al menos conocía a Standen: solicitó que se periciaran las cuentas de correo electrónico de varias personas, standen@maxcon.cl fue una de las que listó.

Con información bajo el brazo levantada por sus asesores en seguridad, la que le informaba de una supuesta cofradía de ejecutivos de Agrosuper que quería estafarlo y además enemistarlo con su padre, el empresario rancagüino visitó en 2012 a su progenitor Gonzalo Vial Vial. Allí le expuso los antecedentes: la reunión, lejos de lo que esperaba Vial hijo, dinamitó la relación entre ambos a tal punto que se dejaron de hablar.

Hay quienes ven en el origen de las inseguridades de Vial Concha –el menor y único hombre de cuatro hermanos– la tensa relación que arrastra desde hace mucho con su progenitor del mismo nombre y creador de unos de los imperios alimenticios más grandes y exitosos de Chile: Agrosuper. Una figura paterna omnipresente contra la que también tuvo que lidiar en el entorno de otra de sus pasiones: el rodeo. Así lo evidencia la decisión de Vial Concha de retirarse en 2008 de la principal organización de ese deporte en Chile, de la cual es presidente honorario su padre, para crear una nueva federación.

2do ACTO: FRAUDE EN CIERNES

La indagación de CIPER arrojó que en paralelo a la llegada a Graneles del Sur de Julio Escobar, el informático de confianza de su asesor Roberto Standen, Gonzalo Vial Concha le entregó a CAVAL la tarea de ejecutar una auditoría al sistema informático de su compañía.

La infraestructura estudiada posee muchas falencias que podrían interrumpir las operaciones de la empresa”, es la principal conclusión del informe que le entregó CAVAL a Vial una vez hecho su análisis. Allí identificó ocho puntos con riesgo “alto” que alertaban sobre la completa vulnerabilidad de su sistema contable y de gestión, y está firmado por el jefe de Sistemas de la empresa de Compagnon y Valero, Humberto López (dueño también de la empresa Advantec).

El documento –que lleva el nombre Informe Graneles de Chile v2– figura adjunto en un correo electrónico enviado el 16 de octubre de 2012por el esposo de Compagnon, Sebastián Dávalos,a la encargada de Proyectos Tecnológicos de CAVAL, Sol Herreros.

 

Parte de la auditoría informática de CAVAL (el subrayado es de CIPER).
Parte del informe de auditoría informática de CAVAL (el subrayado es de CIPER).

Los temores de Vial Concha sobre el supuesto complot en su contra y estafa a su padre que fueron alimentados por su asesor Roberto Standen, cobraron mayor fuerza con las auditorías informáticas de CAVAL. Y es allí donde irrumpe otro personaje importante de esta trama: Victorino Arrepol Garrido. El asesor de CAVAL y oriundo de Concepción, es sindicado como el responsable de realizar barridos informáticos a correos de ejecutivos de Agropesur para obtener información que, una vez manipulada, captara el interés de Gonzalo Vial Concha y reforzara su convicción de que era víctima de una conspiración.

Natalia Compagnon me pedía que nos juntáramos porque me tenía un ‘dulcecito’ y me entregaba un conjunto de papeles (…) me fui armando la idea de que efectivamente había un fraude al interior de mi empresa”, acusó Vial Concha en su declaración de diciembre ante los fiscales.

Agregó también que varias de las reuniones entre él y Compagnon tenían lugar en un café de la comuna de la Reina, en el restaurant peruano Barandarián en Manuel Montt (Providencia) y en el Hotel Hyatt (Las Condes).

Quienes supieron de esas reuniones señalan que Vial solía utilizar apodos para referirse a esos lugares, bajo la sospecha de que su teléfono estaba intervenido. Al Barandarián le llamaba “el pulpo”, en alusión a uno de las preparaciones estrella de ese restorán –y aparentemente uno de los platillos más solicitados por el dueño de Graneles– y al Hyatt lo solía denominar “el redondo”, por la forma característica de ese hotel.

Tenía motivos para cuidar sus pasos. En los emails manipuladosque CAVAL le habría entregado –así como en la información que periódicamente le proporcionaba Standen– figuran múltiples conspiraciones en contra de sus negocios y los de su padre.

CACHORRO CAE COMO PIEDRA

En la mayoría de los más de 300 correos electrónicos (impresiones de pantalla de supuestos emails) que Gonzalo Vial depositó en la Fiscalía afirmando que le fueron entregados por CAVAL, no aparecen nombres. Sus interlocutores figuran con chapas: 00, JG, F1, F3, F6, F7, F11, son algunas.

Solo en un puñado de ellos sus autores aparecen identificados así como las fechas en que fueron enviados. El más antiguo data del 12 de enero de 2012 y dice: “Supe que quieren revisar los informes (…) no creo que sea para algo bueno. Hay que maquillar ahora mismo y salir de esta pronto”. Pocos días después aparece otro en el que se lee: “Debemos esperar que las cosas se calmen para meter mano. En otro del mismo día se habla de “cubrir lo faltante” y luego de que se habían “inflado” los valores porque se debía “generar capital a como dé lugar”.

En esos correos electrónicos adulterados figura como autor José Guzmán, gerente general de Agrosuper; y como destinatario Felipe del Solar, director de Relaciones Políticas y Administrativas de Extend, empresa de comunicación estratégica que tiene a la compañía de Gonzalo Vial padre como cliente.

Natalia Compagnon
Natalia Compagnon

Los correos electrónicos que Vial dice que Compagnon le entregó y que le informaban sobre la “estafa” del que era víctima la empresa de su padre, cobraron ese año 2012 más fuerza frente a la difícil situación financiera que atravesaba su propia compañía, Graneles del Sur. De hecho, en 2014 Gonzalo Vial Concha tuvo que renegociar los pasivos de sus empresas (cerca de US$200 millones) con la banca, proceso en el que fue asistido por Herman Chadwick Larraín, el mismo síndico que tuvo a cargo la venta de los terrenos de Machalí que dieron origen al “Caso CAVAL”.

Dos años antes de que el empresario llegara a ese descalabro financiero, el temor de que el supuesto complot de los ejecutivos de la empresa de su padre (Agrosuper) penetrara también en su holding, creció.

En los correos electrónicos, además de los ya mencionados José Guzmán y Felipe Del Solar, se involucra también como destinatarios a Luis Felipe Fuenzalida, gerente de Administración y Finanzas de Agrosuper y a Rodrigo Errázuriz, ex miembro del consejo directivo de esa compañía y hasta 2011 gerente general de Graneles del Sur (actual director ejecutivo de Copesa).

Les dije, el cacho [Vial Concha] es tan relajado y pienza (sic) que todos lo están cagando… su defecto fortaleza pa (sic) nosotros…”; “cachorro [Vial Concha] cae como piedra”; “se espera un viaje de Vial y ese debe ser el momento para hacer los movimientos bancarios y así no se den cuenta”; los traspasos hay que hacerlos de 200 en 200, más que eso generaría alerta”, dicen correos electrónicos fechados en marzo y abril de 2012.

EL “GRUPO 201271

El guión trazado en los correos electrónicos que Vial Concha asegura recibió de CAVAL, sugiere que en agosto de 2012 los supuestos conjurados de Agrosuper comenzaron a sospechar que sus comunicaciones estaban siendo intervenidas. “Borra todo lo que tengas en tu correo, posible robo de información”; “hay un hacker…ojo”; “se están filtrando cosas. Ni una palabra más”, son parte de los intercambios plasmados en los últimos emails que figuran con nombre y fecha.

Tras esas alertas y de acuerdo a la trama plasmada en los correos, los ejecutivos que protagonizaban el fraude ficticio dejaron de utilizar sus correos institucionales y crearon un grupo de mensajería electrónica identificado como “201271”. Las nuevas instrucciones fueron: no utilizar nombres y escribir con faltas de ortografía, para protegerse en caso de ser descubiertos.

En esta nueva serie de emails encriptada artesanalmente se detallan los circuitos por los que transitaría el botín robado. Se hace referencia a la apertura de una cuenta bancaria en Panamá –en el Global Bank– y a la necesidad de seguir una “estrategia de pirámide bancaria” para mover los fondos.

Ciudad de Panamá
Ciudad de Panamá

Global Capital Investment Corporation nos presta asesoría y nos acepta facturas de empresas de terceros sin informar a USA; Global Valores opera un puesto en la bolsa de Panamá, esto nos ayudará mucho cuando viela (Gonzalo Vial padre) ingrese a la bolsa en Chilellegar y ganar; Global Bank Overseas nos recibirá los documentos sin pedir informe alguno y los colocarán de tal forma que no se pueda hacer seguimiento”, se lee en uno de esos correos.

Los emails también dan cuenta de supuestas maniobras de ese grupo para azuzar el conflicto que en esos momentos tenía Agrosuper con su planta de cerdos en la comuna de Freirina (Región de Atacama). La idea era mantener ocupados a los Vial (padre e hijo) para continuar sin trabas con el desfalco: “Freirina… dio resultados… la prensa nuevamente se enfocó al tema… se estaba enfriando… los mandamos a Copiapó a levantar un poco de humo… mientras seguimos con el plan original”.

La telenovela digital que consumió Vial Concha a través de esos correos es parte de la trama de la querella por estafa presentada por Vial Concha en junio de 2016. El empresario además de hacer mención a esos correos electrónicos, los que califica de falsos, se refiere a ocho informes mineros que le fueron entregados por CAVAL. Vial Concha asegura que los más de mil millones de pesos que aparecen en la contabilidad de CAVAL como pagados por él, corresponden principalmente a esos informes. Y acusa a la empresa de Compagnon y Valero de haberlos plagiado de Internet, de trabajos de Cochilco.

Sobre esa supuesta estafa ya existe un informe policial. En junio de 2016 el Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) concluyó que no se puede establecer la ocurrencia de ese delito, porque no existe evidencia de que Vial Concha haya pagado por los “informes mineros” que hizo CAVAL. Los pagos “corresponden a otros estudios y asesorías”, concluye Labocar.

Y es en este punto donde surge una gran interrogante: si los $1.200 millones que efectivamente pagó Vial Concha a CAVAL en 2012, incluyeron también las asesorías de seguridad informática que le pidió a Natalia Compagnon.

Lo que sí ha logrado comprobar la Fiscalía de Rancagua es que esos $1.200 millones no son los únicos dineros que el empresario le pagó a la socia de CAVAL. El dueño de Graneles de Chile aseguró en su declaración que le entregó “de su bolsillo y en efectivo” otros $400 millones a Natalia Compagnon para “arreglar el tema que tenía Agrosuper en Freirina”. Mencionó además otros $70 millones que le habría proporcionado como préstamo para que solucionara un problema pendiente con Impuestos Internos.

Personas que tuvieron acceso a las cuentas personales de Vial Concha aseguraron a CIPER que el monto en efectivo entregado por el empresario rancagüino a Compagnon fue mucho más y bordearía los $700 millones. Y que una pericia policial a sus cuentas puede corroborarlo.

Sobre los más de 300 correos electrónicos adulterados que alimentaron el complot y que Vial asegura le fueron entregados por CAVAL, no hay certeza hasta hoy de quién es su autor material e intelectual. Natalia Compagnon y Mauricio Valero han apuntado a Victorino Arrepol. Una aseveración que Arrepol refuta. En sus declaraciones, aseguró que los correos fueron manipulados, pero afirmó que él solo se limitaba a recopilar la información desde la red y que era Compagnon quien “la preparaba para entregársela a Gonzalo Vial”. Y agregó que, antes de entregársela a Vial, “le ponían y le sacaban cosas”.

3er ACTO: VIAL “ME NECESITA

El tema es un poco complicado… gonzalo vial siempre ha pedido información a caval… ahora la persona q provehia de esta informacion era yo… nesesitamos llegar a el… esta complicado y me nesesita… pero caval le cobra muy caro!!! (sic)”.

ARREPOL 2Ese fue el correo que le mandó el miércoles 9 de julio de 2014, Victorino Arrepol a Sergio Bustos (otro de los asesores de CAVAL en la compraventa de los terrenos de Machalí y quien destapó el escándalo). En ese correo (verídico) Arrepol le propuso a su viejo amigo y socio saltarse a la empresa de Compagnon y Valero y continuar con los barridos informáticos, pero ahora entregándoselos directamente al dueño de Graneles del Sur.

Arrepol Garrido saldaba así un plan añorado por meses: apropiarse sin intermediarios del botín que Vial Concha estaba dispuesto a pagar para aplacar sus temores. En otro correo electrónico del mismo día enviado también a Bustos, Arrepol le insiste que si llegan a Vial de “manera directa”, ganarían “unas buenas lukas”.

Arrepol consiguió lo que quería. Porque el propio Vial Concha reconoció haberle pagado en 2014 al menos $5 millones por algunos trabajos y haber puesto a su disposición un vehículo.

2014 es el año en el que las dudas del empresario sobre la lealtad de sus ejecutivos fueron llevadas a niveles alarmantes por los informes “confidenciales” que le reportaba la nueva área de detección de fraudes montada por Roberto Standen.

Como parte del trabajo inicial que le encargó Vial Concha, esta vez directamente a Victorino Arrepol, hay cientos de emails de 2014 (fotos con impresiones de pantalla) que éste capturó desde la cuenta de correo electrónico institucional del gerente general de Graneles del Sur, Juan Pablo Correa.

Esos emails –que incluyen hasta información de las cartolas bancarias personales del ejecutivo– no dan cuenta de ninguna irregularidad, más bien evidencian la gestión propia de un gerente general.

La confianza que llegó a depositar Vial Concha en Arrepol llegó al punto de que su nuevo asesor no tuvo empacho a fines de 2014 en solicitarle una préstamo de $20 millones para cubrir deudas personales generadas, según él, en dineros que CAVAL le adeudaba. “Ojalá me pueda ayudar, ya que este tema me superó y no me deja concentrarme en lo que estoy haciendo”, se lee en un documento del 5 de diciembre de 2014.

El gran salto de Victorino Arrepol vino a fines de enero de 2015, solo días antes de que el 6 de febrero estallara el “Caso CAVAL” en revista Qué Pasa. El 27 de ese mes, Arrepol firmó un contrato con Gonzalo Vial Concha por UF 5.000 anuales ($122 millones) para “la búsqueda de información dentro del ámbito de internet”. Según Arrepol, Vial Concha quería “antecedentes que le permitieran saber con meridiana exactitud todo lo que pasaba en sus empresas” (ver contrato).

En ese contrato se estipula que Arrepol también recopilara información “del empresario Gonzalo Vial Vial” y de su empresa Agrosuper.

JP CORREA PCDel contrato no solo sorprenden los montos. También que a la firma de ese acuerdo Vial Concha haya concurrido como representante de una empresa que no le pertenece: la sociedad frutícola La Purísima Limitada, cuyo dueño es su amigo –y ex socio en Puerto Panul, otra de las empresas de Vial– Pedro Santa María Torrealba, tesorero de la federación de rodeo que Vial creó junto a Roberto Standen en 2008.

El 28 de enero de 2015, Arrepol emitió una boleta de honorarios por $41 millones brutos a La Purísima con la glosa “Asesoría y recopilación de información”. Vial Concha le entregó el dinero en efectivo (ver boleta).

Según la versión de Victorino Arrepol, tres meses más tarde, en marzo de 2015, Vial Concha le ordenó anular esa boleta ya que había “un error contable”. Pero como la factura ya había sido emitida, la huella quedó.

Es probable que la decisión de Vial Concha haya sido provocada por el estallido del “Caso CAVAL” que por esos días copaba los titulares. Arrepol anuló la boleta y el pago que le hizo Gonzalo Vial quedó sin respaldo contable, al igual que los $470 millones que el empresario dice haberle entregado a Natalia Compagnon.

Las tareas de seguridad informática que cumplió Victorino Arrepol para Gonzalo Vial Concha, incluyeron desplazamientos fuera del país. De hecho, apenas se hizo público el negocio inmobiliario de CAVAL, el asesor informático tuvo que regresar de emergencia desde Colombia donde se encontraba cotizando –“por instrucciones de Vial Concha”, dijo– un “software de seguimiento para clonar y poder entrar a cualquier red”.

Las esquirlas del escándalo político provocado por el negocio inmobiliario de CAVAL, también golpearon a Arrepol, cuando surgió su nombre entre los protagonistas de esa trama. El último capítulo de la peculiar relación entre el empresario rancagüino y el “asesor informático” ocurrió el 3 de noviembre de 2015. Ese día, Arrepol demandó a Vial Concha por incumplimiento de contrato, acusándolo de no pagarle el saldo restante de las UF 5.000 que estipulaba el contrato. Y aseguró en su demanda que el trabajo que le pidió Vial Concha se hizo. Y entregó pruebas de ello.

CIPER intentó conversar con Victorino Arrepol. Su abogado en esta causa, Marcelo Valenzuela, comunicó a través de su secretaria que ni él ni su cliente hablarían con la prensa. A través del estudio jurídico del abogado Luis Hermosilla, que defiende a Vial Concha, también se solicitó entrevista con el empresario. No hubo respuesta.

CIPER también intentó comunicarse con el empresario penquista Roberto Standen por teléfono y correo electrónico. Fue inútil. No tuvimos respuesta.

El día que presentó la demanda, Arrepol decidió dejar un pendrive con todo el material que recopiló en un sobre bajo custodia judicial. Parte de la información supuestamente obtenida por el asesor informático mientras trabajó exclusivamente para Vial Concha, permanece en secreto. También la cifra exacta de los cientos de millones que el dueño de Graneles ha desembolsado en los últimos diez años para intentar conciliar el sueño.

Los factores que gatillaron la crisis de credibilidad del lucrativo negocio de las encuestas

– ¿Se derrumbó la candidatura de Beatriz Sánchez como dicen algunos? –preguntó Iván Valenzuela.

El domingo 29 de octubre la carta presidencial del Frente Amplio se desplomó por las pantallas de Canal 13. Esa mañana, los panelistas del programa En buen chileno desmenuzaron los últimos resultados de la encuesta CEP, la que le daba a Sebastián Piñera un 44,4% y a Sánchez un 8,5%. Los acompañaba Roberto Izikson, gerente de Asuntos Públicos de CADEM, empresa cuyas mediciones electorales –presentadas semana a semana y en exclusiva en ese mismo programa– están ahora en entredicho.

–Se derrumbó, sí –respondió Izikson, agregando que los datos de CADEM y del CEP revelaban similar tendencia.

Solo 21 días después, el 19 de noviembre, el conteo de votos mostraría una kilométrica brecha entre la realidad y el “clima electoral” que los números de esas encuestas instalaron en la opinión pública. A contrapelo de los pronósticos, lo que terminó por derrumbarse la noche de ese caluroso domingo de elecciones fue la credibilidad de las propias encuestadoras.

Pero no todas las mediciones fallaron. CIPER tuvo a la vista una encuesta basal de 1.600 casos aplicada cara a cara en hogares de todas las regiones del país y que a fines de octubre arrojaba una “realidad paralela” a la que por esos mismos días la CEP y la CADEM mostraban al electorado. En esa “foto” Sebastián Piñera aparecía con 32,8%, Alejandro Guillier con 24% y Beatriz Sánchez con 17,6%.

–Las encuestas no son predictivas, lo primero que uno aprende es que ninguna encuesta define lo que va a pasar. Cuando están bien hechas, su objetivo es entregar información –dijo a CIPER el jefe de comunicaciones del comando de Alejandro Guillier y responsable de esa encuesta, Juan Forch.

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El viernes 17 de noviembre, a menos de 48 horas de la elección, una nueva proyección de los datos de Forch encendió las alarmas en el comando del abanderado del pacto “Fuerza de la Mayoría”. Sánchez (20,6%) se acercaba peligrosamente a Guillier (23,5%). Piñera, en tanto, obtenía el 34,6%. Una foto casi idéntica a lo que dos días después comunicó el Servel.

Forch, con una docena de campañas presidenciales en Chile y el extranjero a cuestas, terminaría por ganarse el mote de “Gandalf” –el sabio hechicero de la saga de Tolkien– entre los miembros del círculo más íntimo del candidato Guillier.

El fracaso de las encuestas públicas dejó un mar de interrogantes post elecciones. ¿Qué hubiese pasado si…? Es la pregunta que hasta hoy algunos mastican en el Frente Amplio. “Hay gente que nos dice que nosotros estábamos muy abajo y como no querían que saliera Piñera, prefirieron votar por Guillier”, dijo a CIPER el coordinador de la campaña de Beatriz Sánchez, Sebastián Depolo.

En pleno control de daños la “encuestología” insiste en que los estudios de opinión no influyen en la decisión de los votantes. Tesis que académicos consultados para este reportaje ponen en duda por la enorme cobertura que las encuestas –CEP y CADEM, principalmente– reciben en la prensa y el impacto que pueden alcanzar en el llamado “votante estratégico”, aquél que decide casi a boca de urna.

En los dos días posteriores a la publicación de la encuesta CEP el 25 de octubre, CIPER contabilizó (utilizando un sistema de clipping) la aparición de 103 notas periodísticas en diarios de alcance nacional y regional, en sitios web de noticias, en revistas y en televisión, que informaron con distintos énfasis del abrumador respaldo hacia Piñera con un 44,4% y de la “caída” de Sánchez a 8,5%.

En la defensa de sus métodos y procedimientos, las encuestadoras se juegan mucho más que su prestigio de cara a la ciudadanía. Tras la ciencia de medir y estudiar el pulso y preferencias de la opinión pública, se esconde un negocio cuyos ingresos podrían llegar a los US$100 millones anuales (unos $63 mil millones), de acuerdo a la estimación de dos expertos vinculados hace más de 15 años a la industria. Y en esa torta el Estado aparece como un cliente de peso.

Datos de Mercado Público recogidos por CIPER indican que desde 2010 a la fecha cinco de las empresas de encuestas más relevantes del mercado –todas publicaron resultados para esta elección–, le han vendido servicios por más de $11 mil millones a distintas reparticiones públicas. La lista la encabeza CADEM, la que junto a ICCOM (ambas se fusionaron en 2012), registran ventas al Estado que suman más de $6 mil millones en los últimos siete años.

Hoy a CADEM no solo se le cuestionan sus resultados y el uso de técnicas no probabilísticas para la captura de información. Post elecciones y desde distintos sectores –incluyendo la derecha dura de José Antonio Kast–, también se ha puesto en duda su independencia.

A los ya conocidos vínculos de Roberto Izikson con el piñerismo –antes de ingresar a CADEM trabajó en la Secom en el gobierno del ex mandatario (ver reportaje de El Mostrador)–, se suman los profusos nexos comerciales que esa empresa ha tejido con gremios empresariales que se oponen a las reformas que impulsan los sectores progresistas. De acuerdo al rastreo de CIPER, entre los clientes de CADEM figuran la Sofofa; la Asociación de AFP; la Asociación de Isapres; la Cámara Chilena de la Construcción y la Asociación de Alimentos y Bebidas.

Con datos producidos por CADEM, esas mismas asociaciones han impulsado campañas comunicacionales para intentar desactivar las leyes y reformas que tocan el nervio más sensible de sus negocios.

ENCUESTAS LÍQUIDAS

El escenario electoral “líquido” que impuso la inscripción automática y el voto voluntario en 2013; la prohibición legal de publicar resultados en los 15 días anteriores a una elección; que las encuestas son solo “una foto del momento”. Son varios los escudos que las encuestadoras han levantado para cubrirse de la ráfaga de críticas tras quedar en evidencia el grueso error de sus pronósticos.

Tanto la CEP como la CADEM –esta última además le hace el trabajo de campo a la primera– se han referido públicamente a eventuales “fallas” o “imprecisiones” para perfilar correctamente al votante probable, aquél porcentaje del total de encuestados que se muestra más proclive a ir a votar.

La construcción de un modelo efectivo para calcular, perfilar y capturar la opinión del votante probable en todos los países en los que existe voto voluntario es crucial para lograr estimaciones correctas y por ello ha sido objeto de debate metodológico a nivel internacional. No existe un “manual” que diga cómo construirlo, solo recetas. Una la entrega el Pew Research Center, think tank dedicado al estudio de la opinión pública con sede en Washington: el modelamiento del votante probable debiera considerar, entre otros factores, una batería de siete preguntas al encuestado, incluyendo además variables demográficas e ideológicas.

“La cantidad de preguntas no hace que esto sea más o menos preciso. Lo importante es tener información que provenga de una historia larga de elecciones de las mismas características”, respondió a CIPER el coordinador de Opinión Pública del CEP, Ricardo González.

Ricardo González
Ricardo González

Para la selección del votante probable tanto el CEP como la CADEM consideraron solo tres preguntas, casi idénticas: ¿Va a ir a votar con seguridad en la próxima elección?; ¿votó en la elección pasada?; ¿cuán interesado está en la elección?

–Una vez que está hecha la muestra, la clave está en cómo recalculas quiénes son tus votantes probables. Si le hiciste 17 preguntas para esos efectos, en vez de tres o cuatro, te acercas a una muestra mucho más confiable –dijo a CIPER el decano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo (UDD), Eugenio Guzmán, quien además es responsable de la Encuesta UDD-El Mercurio, cuyos números a principios de octubre se acercaron razonablemente a los resultados del 19 de noviembre.

La visión de algunos expertos es que el fallo en la interpretación del votante probable podría estar en el origen de por qué dos encuestas tan distintas como la CEP y CADEM –la primera es probabilística, la otra no completamente– mostraron números incorrectos, pero similares.

–Si bien es cierto que las encuestas cara a cara y probabilísticas en todas sus etapas (como la CEP) tienen mayor rigor científico y son las que utilizamos para escribir nuestros papers que se envían a revistas académicas, en términos de proyecciones ambas fallaron casi en la misma proporción–señaló a CIPER el cientista político Mauricio Morales.

Para el académico de la Universidad de Talca, las preguntas que hizo CEP y CADEM para definir al votante probable no bastan para calibrar la intención de ir a votar del segmento más joven de la población, pues son en su mayoría “preguntas sobre su conducta electoral pasada”.

Ricardo González indicó a CIPER que el CEP está a la espera de que el Servel libere datos respecto a la composición del votante (sexo y edad) para identificar el fallo. Agregó que de todos modos iniciarían un proceso de revisión general de la encuesta, incluyendo el marco muestral y el rol de las empresas que le hacen los trabajos de terreno (CADEM) y verificación de datos (STATCOM), “de manera de asegurarnos que para el ciclo político que viene tengamos un instrumento razonablemente preciso”.

EL MÉTODO FORCH

La metodología utilizada por el equipo a cargo de Juan Forch está más cerca del CEP que de CADEM. “Lo que hace (CADEM) es mezclar encuestas por teléfono y presenciales. No puedes mezclar muestras de esa manera, es un sacrilegio”, dice Forch.

El jefe de comunicaciones del comando de Guillier se refiere a la práctica de la encuestadora de Roberto Izikson de recoger datos en puntos de afluencia (como estaciones de Metro y servicios públicos), técnica que al no ser probabilística ha sido extensamente criticada por los eventuales sesgos que introduciría en la muestra. “Para efectos electorales es un chiste metodológico. Tiene un tercio de sus casos sin aleatoriedad y usa teléfonos fijos cuando Chile tiene 23 millones de celulares”, señaló a CIPER la directora de la encuestadora Mori Chile, Marta Lagos.

Frente a la ola de cuestionamientos a los métodos de CADEM, Roberto Izikson no se inquieta: “Cuando hicimos la muestra, nos dimos cuenta de que había segmentos a los que no podíamos llegar, el ABC1 y el D. A mí no me importa realmente cómo llegar a la persona, sino que llegar a esa persona y que sea representativa de una cuota”, dijo Izikson a CIPER.

Juan Forch (Fuente: twitter.com)
Juan Forch (Fuente: twitter.com)

De acuerdo a los expertos consultados para este reportaje, la técnica cara a cara en hogares sigue siendo por lejos la más validada desde el punto de vista científico. Esa fue la ruta que siguió el equipo a cargo de Juan Forch. Con una muestra de 1.600 casos hicieron una encuesta basal, cara a cara, en hogares de todas las regiones de Chile, a excepción de zonas rurales. La encuesta constaba de 70 preguntas y las respuestas eran consignadas en una tablet que reportaba la información online.

–Calcular al votante probable es un ejercicio de adivinación. La gente no te dice “mire, yo soy un votante probable”. Hicimos cinco o seis preguntas para determinar quién era para nosotros el votante probable –cuenta Forch, quien agrega que la definición del votante probable, así como sus preferencias electorales perfiladas en la encuesta basal, se alimentó también de focus group, encuestas flash y un sistema de tracking poll –un sondeo diario– que les permitió ir siguiendo el pulso a las preferencias del electorado.

–Hicimos las preguntas correctas y gracias a eso logramos sospechar el resultado con anticipación. Digo sospechar porque cuando vimos nuestra medición el viernes previo a las elecciones, no sabíamos si ese iba a ser el resultado.

Otro de los argumentos que han entregado públicamente las encuestadoras para explicar la brecha entre sus resultados y la realidad, es la norma que les prohíbe publicar mediciones en los 15 días que anteceden a las elecciones, lo que les impediría tomar con exactitud el pulso de una parte del electorado que decide prácticamente cuando se enfrenta al voto. Las encuestas son solo “una foto del momento”, han remarcado los responsables de algunas de ellas.

Lo concreto es que la “foto” que mostraban los números de Forch a fines de octubre era diametralmente distinta a las que en ese momento dieron a conocer la CEP y CADEM, con diferencias de hasta 10 puntos porcentuales en el caso de Piñera y Sánchez.

IMPACTO NO MEDIDO

Ni González del CEP ni Izikson de CADEM creen que las encuestas tengan incidencia en el resultado de una elección. “Si tuvieran ese poder y dicen que Piñera va a sacar 43%, ¿por qué sacó 37%?”, dijo a CIPER el gerente de Asuntos Públicos de CADEM.

Lo cierto es que la encuesta CEP genera centenares de titulares cada vez que se dan a conocer sus resultados. Durante toda la campaña el “efecto CADEM” en la prensa, semana a semana, fue igual de potente.

Un ejemplo: el 4 de septiembre los resultados de esa encuesta generaron más de 30 artículos solo en medios escritos (papel y online), la mayoría centrados en la baja de cuatro puntos que arrojaba esa medición para Beatriz Sánchez. La “foto” de CADEM había sido dada a conocer en exclusiva el día anterior –tal como se hizo durante varios domingos– en el programa En buen chileno de Canal 13, que ese día marcó 3,6 puntos de rating online, superando a su competencia Estado Nacional (TVN).

–La mayoría te va a decir que las encuestas no inciden en los votantes. No lo hacen si el voto es obligatorio, pero si es voluntario sí podrían impactar. Piensa en un votante de Beatriz Sánchez que ve cómo su candidata va a la baja según estas encuestas y que no tiene posibilidades de avanzar a segunda vuelta. Ese votante, con voto voluntario, que quizá no es muy ideológico ni entusiasmado, perfectamente se pudo quedar en casa. Ese es el votante estratégico y su existencia está probada en la literatura –dice Mauricio Morales de la Universidad de Talca.

Sebastián Depolo
Sebastián Depolo

Donde se sintió fuerte el impacto de las encuestas fue en el Frente Amplio. “No teníamos plata para hacer encuestas propias, así que lo que hicimos fue mirarlas todas. Sacarnos de encima el pencazo de la CEP fue difícil”, cuenta Sebastián Depolo. Recuerda con nitidez el titular que el 25 de octubre apareció en La Segunda con los resultados de esa encuesta: “Se acabó la magia”, fue lo que llevó en portada el vespertino con una foto de Sánchez.

Al día siguiente los líderes del Frente Amplio plantearon una nueva hoja de ruta para el último tramo de campaña y en la misma coalición se escucharon fuertes críticas respecto de qué tan efectivo estaba siendo el despliegue territorial y la estrategia del comando.

Depolo cree que las encuestas también golpearon el financiamiento de la campaña. Con los sondeos que mostraban a Beatriz Sánchez a la baja hicieron las proyecciones de voto que presentaron al Banco Estado, a principios de septiembre, para solicitar el crédito que le daría fondos a la candidatura. La principal garantía de pago del préstamo es el reembolso que hace el Estado por cada sufragio que consigue el candidato, por eso la proyección de los votos es crucial.

–Nos pidieron una hipoteca o depósito a plazo, revisaron los datos del Servel de las primarias y miraron todas las encuestas, que al final funcionan como un indicador de riesgo. Pensando que íbamos a sacar al menos 600 mil votos, fuimos muy conservadores en lo que pedimos ($500 millones) –afirmó Depolo, quien agregó que tuvieron que dejar como garantía la hipoteca de la casa de la abanderada del Frente Amplio. Al final, la candidata sumó más de 1,3 millón de votos, con lo que podría haber conseguido mayores recursos.

Otro de los efectos que pudieron tener las encuestas en el desempeño del Frente Amplio es en los donantes. Así lo sostiene quien se desempeñó como jefe de estrategia de la campaña de Beatriz Sánchez, Sebastián Kraljevich:

–Si bajas 10 puntos se generan ruidos y eso afecta a los donantes. Si la narrativa a nivel de medios decía que seguíamos peleando palo a palo la segunda vuelta, las donaciones hubiesen sido mayores. Claramente, no es lo mismo donarle a una campaña competitiva que a una que no lo es.

Kraljevich, encargado de analizar la intención de voto para el Frente Amplio, no tiene duda de que las encuestas sí afectaron la decisión electoral de un segmento de la población.

–El simpatizante del Frente Amplio en general tiene menos hábito de ir a votar. Los resultados de las encuestas son especialmente sensibles con este tipo de personas, porque son las que hay que convencer de ir a votar –sostiene.

En medio de todos estos cuestionamientos, CADEM difundió el lunes 27 de noviembre su sondeo para la segunda vuelta. Esta vez tomó un resguardo: publicó los resultados considerando el total de la muestra, sin calcular las preferencias de los votantes probables. La nueva “foto” mostró un empate técnico: 39,8% para Piñera y 37,3% para Guillier.

El sondeo no provocó la fiebre periodística que desataba antes y fue presentado por la prensa con cierto recelo. “¿Confiar en las encuestas?: Cadem muestra empate técnico entre Piñera y Guillier de cara a la segunda vuelta”, tituló Emol.

EL NEGOCIO DE LA CREDIBILIDAD

Que las encuestas generan titulares es algo que los principales gremios empresariales entendieron tempranamente. En medio del encendido debate sobre la reforma al sistema de AFP y a una semana de que la Presidenta Michelle Bachelet anunciara por cadena nacional el aumento gradual de 5% de la tasa de cotización, varios medios de comunicación dieron a conocer los resultados de una encuesta que arrojaba que un 52% de la población creía que ese porcentaje adicional debía ir en su totalidad a la cuenta individual de cada persona.

Roberto Izikson
Roberto Izikson

La encuesta fue encargada por la Asociación de AFP a CADEM, la consultora que hoy hace noticia por sus cuestionados métodos de predicción electoral. Con esos números, el presidente de ese gremio, Rodrigo Pérez (ex ministro de Sebastián Piñera), declaró a El Mercurio: “En su gran mayoría, la gente quiere que su pensión futura dependa de su propio esfuerzo, trabajo y sacrificio” (ver aquí).

También acudió a CADEM la Asociación de Alimentos y Bebidas, presidida por el ex diputado y ex ministro de Sebastián Piñera, Rodrigo Álvarez, para dar una dura pelea contra la Ley de Etiquetado de Alimentos, la que obliga a poner en los envases de productos con altos índices de nutrientes críticos (sodio, calorías, azúcar y grasas saturadas) sellos negros que alerten al consumidor.

De acuerdo a una encuesta de CADEM encargada por ese gremio, el 56% de los consultados señaló que seguía comprando alimentos a pesar de que tuvieran sellos. Además, un 60% sostuvo que no creía que estas etiquetas tendrían éxito en reducir la obesidad.

En esa oportunidad, Álvarez señaló a El Mercurio: “La Ley de Etiquetado no está cumpliendo con el objetivo para el que fue creada. No está educando ni generando una cultura de alimentación más saludable, ya que no está siendo un criterio de selección al momento de la compra“.

Esos mismos números sirvieron de base para que la Asociación de Alimentos y Bebidas lanzara una campaña (“Hagámoslo bien”) contra el etiquetado.

En junio de 2015, la Sofofa contrató a CADEM para medir periódicamente la percepción pública sobre las empresas y los empresarios en medio de la crisis de confianza que desataron los casos Penta y Soquimich. La última medición fue el 25 de octubre pasado, cuando el propio Izikson presentó sus resultados ante el consejo general del gremio presidido por Bernardo Larraín Matte.

CADEM también presta servicios a la Cámara Chilena de la Construcción y a la Asociación de Isapres. Con este último gremio  trabaja desde 2004 midiendo el grado de satisfacción de los usuarios del sistema privado de salud. Esas encuestas también han originado titulares en la prensa. El 4 de octubre El Mercurio publicó: Usuarios de isapres están satisfechos, aunque perciben menos beneficios que hace cuatro años”. En el artículo se mencionaba que una gran mayoría señaló sentirse satisfecho con su Isapre y que antes que reformar el sistema de salud privado había que hacer cambios en el sistema público.

Otro de los clientes estratégicos de CADEM es el Estado y allí compite con pesos pesados de la industria de las encuestas. Entre 2010 y 2017, CADEM e ICCOM, que se fusionaron en 2012, le han vendido al menos 116 encuestas y estudios de opinión a distintas reparticiones públicas por un total de $6.073.053.766 (ICCOM $$3.286.500.634 y CADEM $2.786.553.132).

En los últimos siete años el Estado ha contratado servicios por un total de $11.106.150.948 condistintas encuestadoras de la plaza. GFK Adimark se lleva casi $3.800 millones de esa torta (81 contratos); CERC-Mori $508 millones (44 contratos); Criteria Research $376 millones (34 contratos) y la Universidad del Desarrollo $361 millones (seis contratos).

Alsacia Express: Los secretos en Islas Bermudas del mayor operador del Transantiago

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El futuro de Inversiones Alsacia, el mayor operador del Transantiago, pende de un hilo. Tras años de déficit patrimonial, problemas operacionales e incumplimientos con sus acreedores, la compañía de capitales colombianos se acogió en octubre de 2014 a un plan de reestructuración para organizar sus pasivos ante un tribunal de quiebras de Estados Unidos, país donde en 2011 emitió un bono de US$464 millones para financiar su operación en Chile.

Dos años y medio más tarde, en marzo de 2017, anunció en Chile un proceso de reorganización y liquidación de deudas –que aún no se concreta–, responsabilizando al Ministerio de Transportes de su agonía financiera.

La tensión con el gobierno escaló al máximo en junio pasado cuando la operadora, propiedad de la familia Ríos Velilla, demandó al Estado de Chile ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, por “incumplimiento de contrato”.

Alsacia transporta diariamente 1 millón 300 mil personas en sus troncales 1 (buses celeste) y 4, en manos de su filial Express de Santiago (buses naranja). Desde hace años es el concesionario peor evaluado por frecuencia y regularidad de sus buses, lo que significa para sus pasajeros largos tiempos de espera y hacinamiento en los viajes.

Un capítulo oculto de la trama financiera de Inversiones Alsacia se escribe a miles de kilómetros de Santiago y tiene como centro las Islas Bermudas, uno de los paraísos fiscales más opacos y agresivos del mundo (ver aquí).

Varios documentos que evidencian cómo la concesionaria de capitales colombianos ha ocupado esa isla –apetecida por su política “cero impuesto”– como pivote para sus negocios en Chile, aparecen entre los 6,8 millones de archivos del bufete Appleby filtrados al Süddeutsche Zeitung y compartido por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) con 95 medios, CIPER entre ellos.

La contracara del deterioro financiero que alega Inversiones Alsacia, y que la llevó a acogerse a reestructuraciones y a exigirle al Estado de Chile más inyección de recursos, está dada por las millonarias y poco conocidas transacciones de la propia concesionaria con distintas empresas relacionadas que le ofrecen servicios y que también operan en nuestro país.

Debido a que el Transantiago es un sistema que recibe fuertes subsidios por parte del Estado, fuentes consultadas por CIPER indicaron que los negocios de Alsacia con sus empresas relacionadas encendieron las alarmas en el Ministerio de Transportes, cartera que estaría analizando el detalle de esas transacciones.

Y ello, porque el volumen de los dineros que mueve Alsacia a sus empresas satélite no se condice con la crítica situación financiera que en el papel experimenta la concesionaria.

Entre 2013 y 2016, los montos que pagó Alsacia a empresas de su misma propiedad por servicios complementarios al giro de transporte de pasajeros, se dispararon de $7.979 millones (US$12,6 millones) a $35 mil millones (US$55,2 millones).

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Un dato clave aparece entre los documentos filtrados de Appleby analizados por CIPER: el vínculo de Inversiones Alsacia con el paraíso fiscal de Bermudas. Registros chilenos revisados para esta investigación evidencian el nexo de esta compañía y sus empresas chilenas relacionadas con otros paraísos offshore.

A mediados de 2009, la operadora colombiana registró en Hamilton, la capital de Bermudas, dos sociedades de papel: Panamerican Investments Ltd. y Jersey Re Ltd. Ambas fueron inscritas como “exempt companies”, es decir, entidades creadas para hacer negocios fuera de Bermudas y que no cuentan con empleados ni oficinas.

Panamerican y Jersey se crearon cuando el Transantiago era negocio redondo para la mayoría de las operadoras. En 2012, con la modificación de contratos y el término de un piso asegurado de ingresos, todo cambió. Desde entonces, Alsacia se transformó en un dolor de cabeza para el Ministerio de Transportes y también para sus acreedores.

Con Panamerican Investments los Ríos Velilla tomaron el control en 2011 de  Inversiones Eco Uno, matriz de Express de Santiago Uno, la línea de buses naranja que circula por el Troncal 4. Respecto de Jersey Re, no hay claridad total de la utilidad que esa sociedad ha prestado a su negocio en Chile.

Los dueños de Alsacia, los hermanos colombianos Carlos y Francisco Javier Ríos Velilla, respondieron a CIPER y medios asociados que Jersey había sido creada para realizar negocios en Lima (Perú) los que “no se llevaron a cabo con éxito”.

Pero los registros de Appleby indican que Jersey fue constituida con otros fines: reasegurar la operación chilena de Alsacia Express.

Jersey es una reaseguradora que en el mundo offshore se conoce como “compañía cautiva” (captive insurance companies).

Una cautiva permite que una compañía pueda reasegurar su patrimonio a través de la creación de una sociedad de su misma propiedad. Una forma de ahorrar los costos que se pagan a las aseguradoras del mercado tradicional, asumiendo las mismas compañías el riesgo a través de una offshore que funciona como filial y que recibe finalmente el pago de primas.

Al tratarse de una operación “intra-compañía”, es decir, entre una matriz y su filial que actúa como reaseguradora, los dineros que se pagan por el seguro quedan al interior del mismo grupo. Así, las cautivas pueden ser usadas como fachada para encubrir el retiro de utilidades que, vestidas como pago de primas, salen con una tasa impositiva preferencial desde los países donde las compañías operan. Como son sociedades offshore, esos dineros quedan refugiados en paraísos fiscales exentos de impuestos.

TRONCAL BERMUDAS

El 2009 fue redondo para Alsacia. Los más de $6.500 millones (US$10,2 millones) en utilidades que arrojó ese año la operación –$1.000 millones (US$1,5 millones) por sobre el año anterior– permitieron a la compañía cumplir con sus compromisos financieros y afirmarse como uno de los operadores dominantes del Transantiago.

El 2009 fue un año de consolidación, no solo del sistema Transantiago, sino también de Inversiones Alsacia (…). Este periodo arroja un resultado positivo que refleja el grado de compromiso y esfuerzo por hacer las cosas cada día mejor”, comunicó el presidente de Inversiones Alsacia, Carlos Ríos Velilla, en la entrega de resultados anual de la empresa.

En julio de ese año, Alsacia informaba en un hecho esencial a la SVS: el Ministerio de Transportes había acordado la extensión del plazo de su licitación de 48 a 108 meses adicionales. Una situación diametralmente opuesta a la que enfrenta actualmente la concesionaria.

Bermudas (Foto: Hidefumi Nogami, del Asahi Shimbun, Japón)
Bermudas (Foto: Hidefumi Nogami, del Asahi Shimbun, Japón)

La luna de miel de Alsacia con las autoridades de turno tenía una explicación. Los contratos que firmó el Estado en 2003 resultaban ampliamente beneficiosos para los operadores del sistema. A las empresas se les aseguraba un piso de 80% de los ingresos proyectados, podían operar con menos buses de los pactados sin sufrir grandes sanciones y, además, el Estado se hacía responsable del costo por la evasión del pago de sus usuarios.

En ese contexto de bonanza los Ríos Velilla miraron hacia Bermudas. El 13 de agosto de 2009 registraron allí Panamerican Investments, filial de la panameña Global Public Services (GPS), el brazo de inversiones del grupo colombiano. Su propósito: actuar como holding de inversiones.

En noviembre de 2010, poco más de un año después de su creación, la sociedad de Bermudas abrió una agencia en Chile: Panamerican Investments Chile. Con la creación de Panamerican en Bermudas y de su filial chilena, Inversiones Alsacia se preparó para dar el salto: la toma de Inversiones Eco Uno, matriz de Express de Santiago Uno (Troncal 4). Hasta entonces, Eco Uno era controlada por el conglomerado Express del Futuro, del que participaban los Ríos Velilla en conjunto con las familias colombianas Hernández (Transportes Panamericana) y Gutiérrez (Commalmicros).

En la puja por el control del 100% de Eco Uno, los Ríos Velilla requerían de liquidez, la que llegó vía emisión de un bono en Estados Unidos por US$464 millones (más de $260 mil millones) y que fue adquirido por empresas de seguros y por fondos de pensiones y de inversión de ese país.

Fue una operación compleja. Producto de la incapacidad de endeudamiento de Inversiones Alsacia –lo que la inhabilitaba para emitir el bono–, los Ríos Velilla crearon una nueva entidad independiente para que operara como emisora temporal de los bonos: BRT Escrow Corporation, constituida el 3 de febrero de 2011 en Chile por dos sociedades matrices: BRT I y BRT II, ambas registradas ese mismo año en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes Británicas.

BRT Escrow Corporation tuvo corta vida. El 1 de marzo de 2011 –a menos de un mes de su creación– fue disuelta y absorbida por Inversiones Alsacia, que asumió sus obligaciones en calidad de deudora.

Con dinero fresco en mano, Inversiones Alsacia tomó el control de Eco Uno. Pero no lo hizo directamente. Acudió a su sociedad de papel en Bermudas, Panamerican Investments, a la que hizo un préstamo con los dineros del bono de US$72,1 millones ($38.726 millones) con una tasa de interés de 8,05% y con vencimiento en agosto de 2018. Desde el paraíso fiscal de Bermudas, los Ríos Velilla se hicieron del total de la propiedad de Inversiones Eco Uno (el 40% ya era de ellos).

Fue así como, en marzo de 2011, a través de una madeja de sociedades y sucesivas operaciones financieras que tuvieron como escenario Nueva York, Islas Vírgenes, Santiago y Bermudas, los Ríos Velilla pasaron a controlar sin contrapeso dos de los troncales más importantes del Transantiago.

LA MISTERIOSA CAUTIVA

Tres meses antes de que Appleby registrara Panamerican Investments en Bermudas, los Ríos Velilla habían inscrito otra sociedad en esa jurisdicción: Jersey Re Ltd., constituida el 4 de mayo de 2009. Su negocio: aseguro y reaseguro de riesgos. Así quedó consignado en la ficha interna de Appleby a la que tuvo acceso CIPER.

Entre los directores de Jersey aparecen los hermanos Carlos y Francisco Javier Ríos Velilla. La entidad se constituyó con un capital de US$120 mil ($75 millones) aportados por ambos en partes iguales. De eso dan cuenta dos certificados de acciones nominativas emitidos por Appleby el 9 de marzo de 2011, solo pocos días después de que los hermanos tomaran control del 100% de Inversiones Eco Uno a través de Panamerican Investments.

CIPER y medios asociados a ICIJ le consultaron a los hermanos Ríos Velilla sobre la función de Jersey. En carta fechada el 18 de septiembre, los controladores de Alsacia señalaron que esa sociedad estaba “en proceso de disolución” y que había sido creada para realizar negocios que “no se llevaron a cabo con éxito”. Esos negocios, precisaron, estaban relacionados a “diversas licitaciones de Protransporte”, entidad administrada por la Municipalidad de Lima. Sin entregar más detalles, informaron que Jersey habría cumplido con “todas sus obligaciones tributarias, societarias y regulatorias, tanto en Colombia como en el extranjero”.

La respuesta abre una interrogante, porque los papeles de Appleby revisados por CIPER indican que en su origen el “negocio” de Jersey es otro: “Aceptar el reaseguro cedido por las aseguradoras chilenas de Alsacia/Express”, se lee en la inscripción de esa sociedad.

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En ese documento aparece también el nombre de la corredora de seguros JLT Insurance Management (Bermuda) Ltd., la que figura allí como la “representante principal” de Jersey Re.

Si, tal como declararon sus dueños, Jersey se creó para materializar negocios que nunca vieron la luz, llama la atención que esa sociedad de papel registrada en mayo de 2009 esté después de ocho años recién en proceso de disolución.

Mantener una sociedad en un paraíso fiscal cuesta dinero. En enero de cada año, las sociedades registradas en Bermudas deben pagarle una anualidad al gobierno de esa jurisdicción para evitar que sean desactivadas. Tratándose de sociedades filiales de grandes corporaciones internacionales los montos pueden parecer insignificantes, aunque la suma cuenta.

En diciembre de 2010, la offshore Jersey de los Ríos Velilla pagó US$4.070 a Bermudas. Si la sociedad ha continuado vigente por ocho años, los colombianos han desembolsado más de US$30.ooo por su mantención. Eso, al margen de las tarifas que anualmente cobra Appleby, en calidad de intermediario, por la administración.

Un ejemplo: en diciembre de 2011, el bufete de Bermudas cobró US$7.250 por los “servicios de administración corporativa” prestados a Jersey.

EL BENEFICIO DE LAS CAUTIVAS

Jersey no es un offshore tradicional. Los papeles de Appleby indican que, a diferencia del resto de sociedades de fachada que intervienen en el control de Inversiones Alsacia, esta entidad se constituyó para cumplir el rol de reaseguradora. En el opaco mundo offshore son conocidas como “aseguradoras cautivas” y Bermudas es uno de los principales centros proveedores de estas estructuras a nivel mundial.

–Una “cautiva” es una entidad corporativa creada y controlada por una sociedad madre, una asociación profesional o un grupo de empresas, cuyo propósito es proveer cobertura sobre los riesgos de estas sociedades y, en algunos casos, servir como instrumento de planificación tributaria internacional. A priori, no se podría aseverar que todas estas entidades son dañinas per se –señaló a CIPER el abogado tributarista y ex miembro del equipo de fiscalización internacional del Servicio de Impuestos Internos (SII), Claudio Salcedo.

Oficinas de Appleby en Bermudas (Foto: Hidefumi Nogami, reportero del Asahi Shimbun, Japón)
Oficinas de Appleby en Bermudas (Foto: Hidefumi Nogami, reportero del Asahi Shimbun, Japón)

Lo que usualmente está detrás de operaciones de cesión de riesgos desde una compañía de seguros a una offshore cautiva es la figura del “fronting”. En una operación de este tipo, una aseguradora “tradicional” localizada en el mismo territorio donde el riesgo debe ser cubierto (“aseguradora fronting”) expide una póliza al asegurado, para luego transferir parte o la totalidad de ese riesgo a una compañía cautiva a través de un acuerdo de reaseguro. El riesgo de esa cobertura, por tanto, es asumido finalmente por la sociedad cautiva que recibe un porcentaje de la prima que se le paga a la “aseguradora fronting”.

En síntesis, la empresa transnacional se asegura a sí misma, por medio de una sociedad de papel afincada en un paraíso fiscal, a la que le transfiere dineros como “primas”. Estas sociedades cautivas quedan fuera del alcance de los organismos tributarios y reguladores, como el Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), que solo controlan a la “fronting”.

¿Qué hizo que la mayor concesionaria del Transantiago quisiera trasladar parte o la totalidad del riesgo de su operación, pagando los costos de su mantención, a una offshore cautiva de su propiedad en Bermudas? La pregunta no tiene respuesta. Tampoco está claro si la reaseguradora Jersey cumplió con ese rol o si, tal como lo declaran los controladores de Alsacia, nunca se utilizó.

Lo concreto es que las cautivas ofrecen varios beneficios. Uno de ellos es que las primas transferidas por la matriz a su filial offshore son consideradas gastos necesarios para producir renta, lo que permite reducir la base imponible. De esta forma, Alsacia pudo haber pagado menos impuestos al SII, rebajando de su base tributable los pagos a Jersey.

Eso no es todo. El tributarista Salcedo explica que, en términos generales, el contar con una reaseguradora en el extranjero permite ahorrarse hasta un 20% de impuestos en el pago de primas. Si el seguro se toma con una empresa internacional del mercado tradicional, se aplica un tributo de 22% (como Impuesto Adicional) al dinero que se envía al extranjero para pagar la prima. En cambio, si el pago se hace a una reaseguradora cautiva, solo se paga un 2%.

En el caso de Bermudas, una aseguradora cautiva puede además acumular grandes cantidades de dinero libres del pago de impuestos.

–En la medida en que no exista un componente real de negocio, estas figuras podrían verse tremendamente cuestionadas. Particularmente en los casos en que la razón del negocio sea simplemente una planificación tributaria internacional para allegar recursos a países de baja o nula tributación– advierte el abogado Salcedo.

Este tipo de transacciones entre partes relacionadas ya están bajo la lupa de la OCDE, el club de los países “desarrollados” del que Chile es miembro junto a otras 34 naciones. A través del plan de acción BEPS (Erosión de la Base Imponible y Traslado de Beneficios), la OCDE intenta evitar que las utilidades que generan las empresas en los países donde operan “desaparezcan de la base imponible o bien sean desviadas a jurisdicciones de baja o nula tributación”. Según datos del mismo organismo, maniobras de este tipo significan cada año una merma en la recaudación de impuestos que, a nivel global, puede llegar a US$240 mil millones, cifra equivalente al Producto Interno Bruto (PIB) de Chile.

LA OTRA MADEJA OFFSHORE DE ALSACIA

Inversiones Alsacia se constituyó en Chile en noviembre de 2004, luego de adjudicarse la licitación del Troncal 1. Desde entonces, la operadora colombiana ha tejido una trama de sociedades offshore que participan directa o indirectamente de su propiedad.

Alsacia-2-709x532Bermudas no es el único paraíso fiscal en el que ha refugiado sus inversiones la familia Ríos Velilla. Aguas arriba de Inversiones Alsacia y en el centro del esquema societario de los Ríos Velilla, se encuentra la sociedad Global Public Services (GPS), brazo de inversiones de los colombianos a través del cual han participado en múltiples concesiones de servicios públicos en Latinoamérica.

GPS fue constituida en septiembre de 2010 en Panamá, jurisdicción considerada paraíso fiscal por la autoridad tributaria chilena (ver aquí). Actualmente, es la matriz de Inversiones Alsacia, con el 99,9% de sus acciones.

Panamá parece una jurisdicción cómoda para los intereses de los dueños del mayor operador del Transantiago. Otras tres sociedades registradas en ese país figuran en el esquema de control de Alsacia.

Ursus Corporation Inc. fue creada en noviembre de 2004 y posee el 2% de la propiedad de Inversiones Eco Uno, sociedad chilena que controla el 99,9% de Express de Santiago Uno, la operadora del Troncal 4.

Otra sociedad panameña que participa en Eco Uno es Ferroaluminios Limitada, a través de la cual los Ríos Velilla poseen el 10% de la matriz de Express.

En octubre de 2009, los accionistas de Ferroaluminios acordaron un aumento de capital, el que pasó de US$10 mil a US$2,5 millones ($1.582 millones). Aunque no se pudo precisar el origen de esos dineros, el vínculo de esta sociedad panameña con Chile es directo: su presidente es un chileno, Gibrán Harcha, quien participó como asesor del gobierno de Ricardo Lagos en el diseño del Transantiago (ver recuadro). Además, algunas de las sesiones de directorio de Ferroaluminios se han legalizado en la 42a notaría de Santiago.

Registrada en agosto de 2012, Staton Place Limited es otra de las sociedades panameñas relacionadas a Alsacia. Hasta 2014 era dueña del 8,33% de Global Public Services, el holding de la familia colombiana.

A_UNO_004605Hasta al menos 2015, la panameña Staton también era titular del 20% de las acciones de la chilena Camden Servicios SpA, creada en 2010 para “prestar servicios de mantenimiento integral de vehículos de transporte”.

En sus balances financieros de 2016, Inversiones Alsacia (Alsacia y Express) reportó transacciones con su sociedad relacionada Camden por más de $30 mil millones (US$47,3 millones) por la “compra de repuestos y administración logística”.

Camden, a su vez, posee el 15% de las acciones de la sociedad chilena Recticenter SpA, con la que Inversiones Alsacia tuvo transacciones en 2016 por más de $3.815 millones (US$6 millones). Controladora de Recticenter, es la agencia GPS International of Panamá Chile, la que posee el 55% de su propiedad. Esta última, registrada en Chile en febrero de 2010, es filial de otra sociedad panameña de los Ríos Velilla: GPS International of Panamá.

Recticenter no solo presta servicios a su matriz Alsacia, también a varias reparticiones públicas. La sociedad registra ventas por más de $3.700 millones (US$5,8 millones) a Carabineros, Fuerza Aérea, Gendarmería y distintos municipios de la Región Metropolitana (ver aquí).

La filial chilena de la panameña GPS International of Panamá, además es dueña de Lavabus Chile SpA, constituida para prestarle servicios a Alsacia y Express. En 2016, Lavabus facturó $1.811 millones (US$2,8 millones) a Inversiones Alsacia por el “aseo de buses”.

Otras sociedades constituidas en Chile de las que participa GPS International son: Instituto de Gestión del Transporte SpA; Cityservicing SpA y Sky Bombas SpA.

En la propiedad de Inversiones Eco Uno participa también la sociedad colombiana EDTM Konsultores EU. Actualmente posee el 6,1% de la controladora de Express de Santiago Uno. EDTM está vinculada a la sociedad Doers Transportation Ltd., registrada en abril de 2001 en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes Británicas.

*NOTA DE LA REDACCIÓN: Al día siguiente de la publicación de este reportaje (7 de noviembre), la ministra de Transportes, Paola Tapia, acompañada del director de Transporte Público Metropolitano, Guillermo Muñoz, se reunió con el director (s) del Servicio de Impuestos Internos (SII), Víctor Villalón, para entregar los antecedentes expuestos en la investigación de CIPER con el fin de esclarecer “las posibles irregularidades en el sistema tributario y financiero de la operadora Alsacia Express”. Vea aquí la declaración pública del Ministerio de Transportes.

PUERTA GIRATORIA

Quien figura recurrentemente como director de varias de las sociedades offshore de los Ríos Velilla es un chileno de la mayor confianza de los hermanos colombianos: Gibrán Harcha Sarras.

Entre febrero de 2003 y abril de 2005 –a poco de que se iniciara la marcha blanca del Transantiago– Gibrán Harcha se desempeñó como asesor del Ministerio de Obras Públicas y trabajó a honorarios en la subsecretaría de esa cartera en la formulación y desarrollo de proyectos asociados precisamente a la “gestión del Plan de Transporte Urbano de Santiago”.

El mismo 2005, Harcha cruzó la vereda y asumió como gerente de Planificación y Control de Inversiones Alsacia. Luego ocuparía los cargos de director de Express de Santiago Uno y de gerente general de Global Public Services.

Gibrán Harcha figura en la nómina de directores de las sociedades Panamerican Investments (Bermudas), Ursus Corporation (Panamá), Global Public Services (Panamá), GPS International (Panamá) y Ferroaluminios Ltda. (Panamá).

Quien también cruzó la vereda, aunque en dirección opuesta, fue el ex ministro y ex precandidato presidencial de la UDI, Laurence Golborne. En abril de 2009 fue nombrado director de Alsacia, cargo al que renunció el 26 de febrero de 2010 para integrarse al nuevo gobierno de Sebastián Piñera como ministro de Minería. En el lapso en que ejerció como director de Alsacia, Golborne hizo un préstamo de más de $4 mil millones (US$6,3 millones) a la concesionaria de los colombianos. Lo hizo a través de su sociedad Dakota SpA.

En el papel era un negocio redondo para el futuro ministro, pues se pactó con una tasa de interés anual de 12,5% y pagadero en 110 cuotas mensuales a contar de enero de 2010 (dos meses antes de que asumiera en el gabinete de Sebastián Piñera). El préstamo se pagó por adelantado.

Así como sus antiguos empleadores de Alsacia, Golborne también puso un pie en paraísos fiscales. De hecho, su participación en una sociedad en Islas Vírgenes que no había transparentado (Sunford Management Corp.), puso fin tempranamente a sus aspiraciones presidenciales en 2013.

La ruta de los US$534 millones de Glencore Chile enviados como “préstamo” a Bermudas

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El 21 de octubre de 2014 un correo electrónico con carácter de urgente llegó a las oficinas del bufete de abogados Appleby en Islas Bermudas. Se solicitaba diligencia para inscribir dos sociedades offshore en ese paraíso tributario, las que debían estar activas cuanto antes para una operación que se materializaría en pocas semanas: el 29 de noviembre.

Para los ejecutivos de Appleby esa solicitud no podía esperar. El email había salido de la casa matriz en Suiza de uno de sus clientes más importantes, el gigante mundial de los commodities Glencore. Con 90 oficinas en 50 países, más de 200 mil empleados y cerca de 150 operaciones mineras, agrícolas y petroleras en los cinco continentes, la multinacional anglo-suiza es una de las productoras e intermediarias de materias primas –cobre, zinc, cobalto, carbón, petróleo y trigo, entre otras– más grandes del mundo, con ingresos cercanos a los US$170 mil millones en 2016.

APPLEBY CAIMAN INTERIOR (arch-godfrey.com)Solo 35 minutos se demoraron los ejecutivos de Appleby en responder: “Gestionaremos inmediatamente la reserva de los nombres”.

Luego de tomar el control de la multinacional minera Xstrata en mayo de 2013, Glencore puso en marcha una compleja reestructuración de sus activos a nivel global, sujeta a un cronograma de fusiones, millonarias transferencias y tomas de control accionario, que utilizaría como centro neurálgico el paraíso fiscal de Bermudas. El objetivo: reducir su nivel de deuda a través de una nueva estructura organizacional y tributaria. Así quedó expuesto en los documentos del bufete Appleby sobre Glencore, a los que tuvo acceso CIPER.

En los engranajes de ese plan, montado como las piezas de un reloj, cumplieron un rol estratégico las operaciones en Chile de la multinacional anglo-suiza.

El detalle de las maniobras tributarias que utilizó Glencore y su subsidiaria corporativa chilena para ejecutar su ambicioso plan, se encuentra en un centenar de registros entre los 6,8 millones de documentos del bufete Appleby filtrados al diario alemán Süddeutsche Zeitung y compartido con CIPER y otros 94 medios de 67 países por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

En Chile y tras un cambio societario en 2014, la multinacional dejó a Glencore Inversiones Chile SpA como controladora de sus operaciones cupríferas Lomas Bayas, Altonorte y Punitaqui. Aparte de lo que puso en manos de esta subsidiaria chilena, Glencore posee además el 44% de la minera Inés de Collahuasi y el 66% de Energía Austral, un joint venture que se creó para desarrollar el ambicioso y polémico proyecto hidroeléctrico Río Cuervo, en Aysén.

Bermudas (Foto: Hidefumi Nogami, del Asahi Shimbun, Japón)
Bermudas (Foto: Hidefumi Nogami, del Asahi Shimbun, Japón)

Cumpliendo como un reloj suizo con el plan diseñado, el 29 de noviembre de 2014, Glencore Inversiones Chile SpA envió US$534 millones a una sociedad offshore que acababa de ser constituida por Appleby en Bermudas: Ronlis Limited, una de las dos sociedades que habían solicitado inscribir en esa jurisdicción y con premura ejecutivos de Glencore a fines de octubre.

Ronlis quedó inscrita en los registros de Bermudas como una compañía de exploración de petróleo. En los hechos, tras recibir los dineros desde Chile, actuó como pivote para la ejecución de sucesivas transferencias de acciones entre varias filiales de Glencore en Australia.

Glencore Inversiones Chile SpA había sido constituida, solo meses antes de la millonaria operación, por otra offshore de Bermudas: Glencore Holdings (Bermuda) Limited, la misma que quedó como controladora de Ronlis, la destinataria de los millonarios fondos que salieron de Chile.

El Diario Oficial y los registros del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, indican que Glencore Inversiones Chile fue constituida con un capital de US$10 mil. A comienzos de noviembre de 2014, pocas semanas antes del envío de los US$534 millones a Bermudas, Glencore Holdings (Bermuda) Limited aumentó el capital de Glencore Inversiones Chile a US$582 millones. Registros notariales en Santiago muestran que los dineros de la súbita capitalización provinieron de las operaciones chilenas de la poderosa firma minera y agrícola.

Un acta del directorio de Ronlis –a la que tuvo acceso CIPER–, indica que apenas 24 días después de la inyección de los US$582 millones a Glencore Inversiones Chile, US$534 millones fueron transferidos como préstamo desde esa subsidiaria chilena a Ronlis, la nueva sociedad creada en Bermudas.

Los documentos de Appleby filtrados indican que el “préstamo” de US$534 millones debía hacerse con “excedentes” de las operaciones chilenas de la transnacional. Esa es la instrucción detallada en un cronograma preparado por el staff de asesores tributarios de Glencore: La compañía holding de Chile prestará US$ 534 millones de sus excedentes de caja a Ronlis.

GlencorePara efectos tributarios, lo que hizo Glencore fue convertir parte del excedente de sus operaciones en Chile en un “préstamo” para la offshore Ronlis, el que quedó registrado en nuestro país como una cuenta por cobrar. Dos expertos tributarios consultados por CIPER señalaron que esta operación amerita ser revisada con lupa por el Servicio de Impuestos Internos (SII), porque podría estar encubriendo un retiro de utilidades por el que no se pagaron tributos.

Alimentan esa sospecha dos factores. El primero es que aún no se ha pagado el “préstamo”, pese a que originalmente se estipuló que esa deuda debía ser saldada antes del 31 de julio de 2015, según registros de Appleby. El segundo factor, es que los documentos filtrados indican que los US$534 millones fueron ocupados por la sociedad constituida en Bermudas (Ronlis) para adquirir acciones de una empresa australiana de la misma multinacional.

Según los tributaristas consultados por CIPER, este movimiento entre Chile y Australia, con escala en un paraíso fiscal, pareciera tener un objetivo: disminuir la carga tributaria.

En la práctica, dijo uno de los especialistas, al presentar la operación como un préstamo, la subsidiaria chilena aparece cambiando un activo por otro. De esta manera, aunque el dinero fue enviado a un paraíso fiscal, sigue contabilizándose en Chile como una deuda por cobrar. Pero si en realidad fue un retiro de utilidades, debió pagar el impuesto correspondiente: en Chile esta figura se grava con una tasa del 35%.

Glencore cumple con sus obligaciones tributarias en línea con las leyes y regulaciones de los países y territorios donde opera”, señalaron a CIPER desde la compañía.

TEMIBLE PARAÍSO

Ubicada en el Atlántico, Bermudas es uno de los vértices del infame triángulo donde se ha perdido el rastro de decenas de aviones y barcos. Para muchos, un lugar temible.

Flag of Bermuda1Pero para la industria de la defensa de la riqueza, este territorio británico de ultramar es todo lo contrario: un paraíso para la ejecución de sofisticados esquemas de planificación tributaria que minimizan el pago de impuestos.

En Bermudas –una jurisdicción cero impuesto, calificada como el paraíso fiscal más “agresivo” del mundo (ver aquí)– cuantiosos flujos de dinero también “desaparecen” y quedan fuera de los radares de las autoridades tributarias. Google, en 2014, se ahorró varios miles de millones en impuestos triangulando dineros desde una filial holandesa a una sociedad de fachada en Bermudas.

A diciembre de 2014, Glencore contaba con 14 sociedades en paraísos fiscales, 11 de ellas en Bermudas. CIPER consultó a la compañía sobre la utilidad que le han prestado a sus inversiones en Chile las sociedades en ese paraíso fiscal. Desde Glencore señalaron que la decisión de utilizar esas entidades offshore era anterior a la compra de Xstrata en 2013, “por lo tanto, no estamos en condiciones de informar las motivaciones originales de esta decisión de inversión”.

Lo concreto, es que tras la adquisición de Xstrata en mayo de 2013, Glencore siguió creando sociedades en esa jurisdicción. Así sucedió con Ronlis Limited, inscrita a principios de noviembre de 2014 por los abogados del bufete Appleby, a petición de Glencore. Su capital autorizado: US$100 millones. Una segunda sociedad quedó inscrita en fecha idéntica en Bermudas: Glencore International Investment Limited (GIIL), con un capital autorizado de US$10 mil millones.

La respuesta de Glencore a CIPER abre más interrogantes. Fue en julio de 2014 –más de un año después de la fusión con Xstrata– que Glencore Inversiones Chile SpA quedo inscrita en la 22ª Notaría de Santiago. Como único accionista de esa sociedad aparece Glencore Holdings (Bermuda) Limited, lo que evidencia que la firma suiza sí tomó una decisión al respecto: continuar gestionando sus inversiones en Chile utilizando ese paraíso fiscal con posterioridad a 2013.

Glencore pagó US$4.307 al bufete Appleby por la creación de la offshore Ronlis. Una vez activa y de acuerdo al plan de reestructuración de la transnacional, esa sociedad debía recibir dinero para adquirir acciones en una filial australiana. La instrucción desde la matriz fue clara: “Utilizar los fondos de excedente de la operación chilena para Glencore Queensland”, según se lee en un documento de los archivos filtrados de Appleby.

Altonorte (Fuente: Glencore).
Altonorte (Fuente: Glencore).

El plan se cumplió con precisión. CIPER siguió la ruta de los US$534 millones enviados a Bermudas el 29 de noviembre de 2014, para identificar el origen de los dineros. Una escritura de Glencore Inversiones Chile da cuenta que 24 días antes del envío a Bermudas (5 de noviembre), esa filial aumentó su capital de US$10 mil a más de US$582 millones.

En esa misma escritura se detalla que esos dineros en su mayoría provinieron de aportes hechos por cuatro de sus operaciones mineras en Chile: Glencore Exploraciones Limitada (US$232,5 millones); Energía e Inversiones Limitada (US$157,7 millones); Complejo Metalúrgico Altonorte (US$175,7 millones) y Compañía Minera Lomas Bayas (US$8,4 millones).

La primera reunión de directorio de Ronlis Limited se llevó a cabo 15 días después de ese aumento de capital, el 20 de noviembre de 2014. Tuvo lugar en las oficinas de Glencore en Londres y en ella participó parte de la plana mayor de la multinacional, entre ellos los jefes de finanzas e impuestos.

En la reunión de ese directorio se resolvió que la nueva sociedad offshore Ronlis Limited recibiera en calidad de “préstamo” US$534 millones de la recientemente capitalizada Glencore Inversiones Chile SpA. Así se lee en el acta respectiva, a la que tuvo acceso CIPER. En otro documento interno quedó establecido que la operación financiera debía materializarse el 29 de noviembre, antes que cayera la medianoche en Sydney (Australia). Y así se hizo.

Con los dineros de esa operación –denominada internamente “Chile Holdco Transaction” (transacción del holding de compañías chilenas)–, se ejecutó la compleja reestructuración de los activos de Glencore en Australia, utilizando a la bermudeña Ronlis como bisagra y a la subsidiaria chilena como caja.

EL CIRCUITO AUSTRALIANO

Una vez que los dineros chilenos estuvieron bajo el control de Ronlis, la sociedad de Bermudas partió por suscribir 169 millones de acciones clase “B” en la australiana Glencore Queensland (GQL), las que fueron adquiridas a otra filial de la multinacional de nombre GHP 104 160 689 Pty Limited.

Operación de Glencore en Australia (Fuente: Glencore).
Operación de Glencore en Australia (Fuente: Glencore).

A través de sucesivas operaciones de intercambio de acciones, Ronlis transfirió sus títulos en GQL a Glencore Investments Australia (GIHA), a cambio de acciones en esa misma compañía. Luego intercambió sus títulos en GIHA por acciones en una tercera sociedad, Glencore Investments Pty Limited (GIPL). Finalmente, GIPL transfirió sus 18 compañías filiales a una nueva sociedad matriz (GOH 128 115 140  PtyLimited). Esta fue la punta del iceberg que terminó por reunir los activos de Glencore en Australia, completando el proceso iniciado con el “préstamo” chileno.

En el set de documentos filtrados desde el bufete Appleby que dan cuenta de la operación, quedó consignado que la deuda de US$534 millones originada en Chile, debía ser pagada por Ronlis antes del 31 de julio de 2015. En el intertanto, el crédito quedaría sujeto a una tasa de interés igual a 6 meses Libor, más un 0,88%”, lo que equivale a 1,35%.

De acuerdo a la indagación de CIPER, el préstamo aún no se paga. “La deuda se mantiene vigente, devenga intereses a tasas de mercado y será repagada por Ronlis Ltd en su fecha de maduración”, confirmaron desde las oficinas de Glencore en Santiago. Respuesta similar se recibió desde su casa matriz en Suiza, tras las consultas enviadas por ICIJ, CIPER y medios asociados.

BERMUDAS CON ESCALA EN PANAMÁ

Respecto del uso del paraíso fiscal de Islas Bermudas como plataforma de inversión del gigante de las materias primas, Glencore aseguró no haber “desviado beneficios imponibles desde Chile a sus accionistas” y que “Glencore Holdings (Bermuda) Ltd. ya no cuenta con acciones en Glencore Inversiones Chile SpA”.

En sus respuestas, la multinacional aseguró que había re-domiciliado todas las entidades que tenía en Bermudas –con excepción de tres–, “las que ahora son residentes fiscales en Suiza o Reino Unido” (ver respuesta completa de Glencore Chile).

Ciudad de Panamá
Ciudad de Panamá

Tal como indicaron desde la compañía, la sociedad que desde Bermudas controlaba a Glencore Inversiones Chile SpA, ya no tiene injerencia sobre sus operaciones en este país. Pero hay un matiz: el control de Glencore Inversiones Chile fue trasladado desde Bermudas a Panamá, paraíso fiscal que en 2016 –y tras la investigación global de los “Papeles de Panamá”– quedó expuesto y fuertemente cuestionado por su secretismo y privilegios tributarios (ver aquí).

En julio de este año, la sociedad panameña Lixul S.A.(también denominada Panamá Chile) tomó control de la filial corporativa de Glencore en Chile. Documentos oficiales del Registro Público de Panamá, indican que Lixul fue inscrita en esa jurisdicción el 30 de diciembre de 2016, por la firma de abogados Patton, Moreno & Asvat y que surgió de la división de la sociedad Glencore Holdings (Panamá) S.A.

En las escrituras de constitución de Lixul figura como accionista mayoritario (99,9% de las acciones) Glencore International Investments Limited (GIIL), la misma sociedad que, junto a Ronlis, fue creada con urgencia en Bermudas en octubre de 2014, al inicio del plan de restructuración.

EL LOBBY POR RÍO CUERVO

Fundada en 1974 por el fallecido magnate Marc Rich –quien por años estuvo en la lista de los más buscados del FBI–, Glencore carga con un negro historial ambiental y laboral en Latinoamérica y África. Ha sido además investigada por presunta evasión tributaria en Italia, Australia y Zambia, entre otros países (ver “Las operaciones para adueñarse de una mina en la República Democrática del Congo”).

Verónica Baraona
Verónica Baraona

Capítulo aparte merece el agresivo lobby que ha desplegado en los países donde mantiene activos. Chile no es la excepción. Entre los principales ejecutivos chilenos de la multinacional figura la abogada Verónica Baraona, quien, a su vez, ocupa desde 2014 un asiento en el directorio de la minera estatal Enami, en representación de la Presidenta Michelle Bachelet.

Baraona, quien en los registros de Appleby figura como PEP (Persona Políticamente Expuesta), asistió como gestora de interés de Glencore a una reunión con la ministra de Minería (y presidenta del directorio de Enami), Aurora Williams, en pleno trámite de aprobación ambiental de Río Cuervo.

La central Río Cuervo (US$730 millones de inversión) fue aprobada en septiembre de 2013 por la Comisión de Evaluación Ambiental de Aysén. Dos años antes, en noviembre de 2011, el abogado chileno de Glencore, Carlos Prat, contactó al Appleby para la inscripción de una sociedad en Bermudas. “Estamos contra el tiempo”, se lee en un correo electrónico enviado el 22 de ese mes al cuartel de ese bufete en Hamilton (capital de Bermudas) desde las oficinas de Glencore en Las Condes (Chile).

South America Energy (Bermuda) Limited, quedó inscrita a los pocos días en esa jurisdicción, convirtiéndose en la matriz de la sociedad Energía Austral Joint Venture Limited (conformada por Glencore y la australiana Origin Energy), titular del mega proyecto hidroeléctrico Río Cuervo, en la Patagonia chilena.

Después de la aprobación inicial de Río Cuervo en 2013 a nivel regional, el proyecto escaló al Comité de Ministros tras una serie de reclamaciones de agrupaciones regionales.

Las alarmas se activaron en Glencore. El comité estaba en plena etapa de análisis y deliberación, cuando ejecutivos de la multinacional fueron recibidos por tres de los ministros clave que integran esa instancia.

El primero fue el entonces ministro de Medio Ambiente Pablo Badenier, quien el 19 de octubre de 2015 recibió al abogado Carlos Prat. El motivo de la audiencia de lobby: revisar el “estado actual del proyecto central Río Cuervo y potencial desarrollo futuro”.

Tras Badenier fue el turno de la ministra de Minería Aurora Williams, quien recibió a ejecutivos de Glencore el 10 de noviembre. Carlos Prat concurrió esta vez acompañado de la abogada de la compañía Verónica Baraona. No hubo mayor presentación. Baraona y Williams compartían mesa en el directorio de Enami desde mayo de 2014.

Baraona conoce bien el engranaje del Estado. Entre 1993 y el 2000, fue jefa de Gabinete de Marta Larraechea, esposa del entonces presidente Eduardo Frei y, en paralelo, trabajó en Enami. En el año 2000, el nuevo presidente (Ricardo Lagos) la designó superintendenta de Servicios Eléctricos, cargo que ejerció solo siete meses. Renunció al negarse a devolver la indemnización que recibió por haber trabajado 10 años en Enami, lo que fue calificado como irregular. A pesar de ello, en 2006 la entonces presidenta Bachelet la nombró subsecretaria de Justicia y luego, en 2008, asumió como subsecretaria de Minería. En 2014, la mandataria la puso en el directorio de Enami.

Comité de Ministros
Comité de Ministros durante trámite de Río Cuervo

La última reunión de lobby oficial de Glencore tuvo lugar el 5 de enero de 2016. El entonces ministro de Energía, Máximo Pacheco, recibió a quien ejercía como vicepresidente de proyectos de Glencore, Donald Brown, acompañado del abogado Prat. El motivo de la cita: “Avances y análisis de la línea de transmisión (central Cuervo)”.

Solo 13 días más tarde (18 de enero), el Comité de Ministros integrado por Badenier, Williams, Pacheco y los titulares de Economía, Agricultura y Salud, resolvieron mantener la luz verde al cuestionado proyecto. No estaba dicha la última palabra. Nuevas reclamaciones de agrupaciones de Aysén fueron acogidas por el Tribunal Ambiental de Valdivia, la instancia definitiva.

El lobby no se concentró solo en Santiago. En agosto de 2014, Energía Austral le entregó $8 millones a la Municipalidad de Aysén para financiar un viaje de dirigentes sociales a la laguna de San Rafael. Acompañados de un ejecutivo de la filial de Glencore, participaron en la travesía el alcalde de Aysén, Óscar Catalán (UDI), cuatro funcionarios municipales y dos concejales. En la nómina de invitados figuraba también el diputado por la zona, David Sandoval (UDI).

Como la Municipalidad de Aysén también participa del proceso de evaluación de Río Cuervo, la Contraloría impugnó en dos oportunidades las donaciones que ha recibido de la filial de Glencore. A diciembre de 2014, los dineros entregados al municipio sumaban más de $45 millones (cifra obtenida por CIPER vía Ley de Transparencia).

En septiembre pasado, antes de que el Tribunal Ambiental de Valdivia se pronunciara, Energía Austral anunció ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) que se desistía del proyecto hidroeléctrico.

Hay total hermetismo sobre las razones de esa decisión. El mismo que hasta hoy pesaba sobre los secretos tributarios de la multinacional en Chile y que los millones de documentos del bufete Appleby permiten sacar a la luz.

Los pagos de SQM a proveedores de la campaña de Sebastián Piñera en 2009

Fueron $103,3 millones los que Soquimich (SQM) rectificó en 2015 ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) por servicios presuntamente no prestados a esa minera por cuatro proveedores –personas naturales y jurídicas– que en paralelo participaron en la campaña electoral que llevó en 2010 a Sebastián Piñera a La Moneda. Estas boletas forman parte de una larga nómina que fue rectificada por SQM después de que la fiscalía comenzó a investigar a esa empresa por haber proporcionado financiamiento ilegal para la política.

sqmUna fracción de ese monto, $4,9 millones, corresponde a un pago realizado en mayo de 2010 por SQM a la productora Pandemia Producciones Limitada, propiedad de la periodista María Inés Alliende Barbera. Tal como reveló El Mercurio de este martes 26, a principios de agosto pasado Alliende concurrió a la fiscalía en calidad de imputada en el caso que lleva el fiscal Pablo Gómez por las platas políticas de Soquimich. Interrogada por este pago, la periodista explicó:

Las facturas dan cuenta de servicios que prestamos a Piñera para su campaña y para el cambio de mando, aunque se hayan emitido a una persona distinta de aquella a la que le prestamos los servicios, en el caso de la factura emitida a SQM”, declaró ante las fiscales  Carmen Gloria Segura y Paola Castiglione, según consigna el matutino.

La información difundida por El Mercurio sacudió al mundo político, pues por primera vez se vinculó de manera directa la campaña 2009 de Piñera con financiamiento ilegal proporcionado por la minera que controla el ex yerno de Augusto Pinochet, Julio Ponce Lerou.

CIPER revisó todas las rectificaciones hechas por SQM y las comparó con las rendiciones del gasto electoral que hizo Piñera en 2009. Cuatro son los proveedores de la última campaña del ex Presidente que figuran en los gastos reconocidos por su comando ante el Servicio Electoral y que al mismo tiempo recibieron pagos que la minera después corrigió ante el SII: Pandemia Producciones, Trama Impresores, el transportista Juan Carlos Petit Oggero y el ex concejal de la UDI en Antofagasta y encargado de realizar trabajos en terreno para la campaña de Piñera, Robert Araya Alquinta.

VÍNCULO VIGENTE

La socia de Pandemia, María Inés Alliende, es esposa del reconocido director de televisión Reinaldo Sepúlveda Urzúa, quien jugó un rol estratégico en la puesta en escena de la campaña de Piñera de 2009. Ese vínculo sigue vigente, pues Sepúlveda es parte del equipo que desarrolló la nueva franja de propaganda electoral del ex mandatario, según informó La Tercera el 16 de julio pasado.

Pandemia Producciones fue constituida con un capital de $4 millones en junio de 2009, tres meses antes de que se diera inicio oficial a las campañas de los aspirantes a La Moneda en las elecciones de fines de ese año.

En septiembre de 2009, el entonces candidato Sebastián Piñera lanzó su campaña ante 13 mil personas en el centro de eventos Movistar Arena. La proclamación del abanderado de la coalición de centro derecha –que finalmente saldría electo en segunda vuelta, el 17 de enero de 2010– fue sucedida por un show musical con Américo y los Charros de Lumaco como protagonistas. El encargado de grabar el masivo evento fue Reinaldo Sepúlveda, quien hoy cumple labores similares en la carrera que tiene a Sebastián Piñera liderando las encuestas de cara a la elección presidencial del próximo 19 de noviembre.

Ya con Piñera en La Moneda, Sepúlveda se desempeñó como jefe de televisión del Departamento de Producción Presidencial. El realizador fue el encargado de transmitir el rescate de los 33 mineros atrapados en la Mina San José, evento que tuvo a más de mil millones de personas pegadas a la pantalla siguiendo la televisación en directo del rescate.

TRANSPORTISTAS E IMPRESORES

Pandemia no es la única empresa involucrada en la campaña de 2009 de Piñera que recibió pagos de SQM. De acuerdo a la indagación de CIPER, otros tres proveedores del comando facturaron trabajos para la minera que luego fueron rectificados. Sumados a los dineros cancelados a Pandemia Producciones, el monto rectificado asciende a $103,3 millones.

sebastian-pinera-en-campana-2Información del Servicio Electoral (Servel) sobre gastos de campaña para las elecciones presidenciales de 2009, consigna que Trama Impresores prestó servicios “de propaganda” por $22,6 millones para la campaña de Sebastián Piñera. Los trabajos que se detallan en las planillas del Servel refieren a impresión de palomas y monumentales o gigantografías.

De acuerdo a la nómina de pagos no justificados que presentó Soquimich al Servicio de Impuestos Internos, la minera rectificó $46,8 millones pagados en 2009 a esa sociedad encargada de producir el material para el despliegue en terreno de la propaganda.

Trama no es un actor desconocido en el mundo de las campañas políticas. Al menos en las parlamentarias de 2013 prestó servicios a 21 candidatos de todo el espectro político. Joel Chávez, ex asesor de la actual presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, declaró ante la fiscalía en agosto de 2016 que la UDI le abrió un cupo a la actual senadora por $100 millones en Trama Impresores. Pero ese gasto no figuró en la rendición de la campaña de Van Rysselberghe ante el Servel (ver reportaje de CIPER).

Otro de los proveedores que figura en ambas nóminas –la del Servel y la que rectificó SQM– es el empresario transportista Juan Carlos Petit Oggero. La información del Servel indica que Petit prestó servicios para Piñera en la primera y segunda vuelta por $44,4 millones. Petit estuvo encargado del traslado de la propaganda desde Santiago a distintas ciudades del país entre Arica y Puerto Montt. Soquimich rectificó seis boletas pagadas al empresario transportista en 2010 por un total de $39,4 millones.

Robert Araya Alquinta fue concejal de la UDI por Antofagasta (también candidato a alcalde) y en 2009 cumplió un rol estratégico en el trabajo territorial que el comando de Piñera desplegó en esa región, principalmente en el Distrito 4 (Antofagasta, Mejillones, Sierra Gorda y Taltal). Por esa labor, y de acuerdo a los datos del Servel, Araya recibió poco más de $3,5 millones. Pero Robert Araya también figura en la nómina de rectificaciones de Soquimich con seis boletas cuyo pago asciende a $16,6 millones.

OTRAS RECTIFICACIONES

 

Santiago Valdés
Santiago Valdés

SQM no es la única empresa que ha concretado rectificaciones ante el Servicio de Impuestos Internos que involucran al círculo cercano del ex Presidente y hoy candidato Sebastián Piñera. Aguas Andinas, la sanitaria que abastece de agua potable a los habitantes de la Región Metropolitana, ingresó dos ante el SII, reconociendo que no existía respaldo para justificar algunos pagos.

Entre estas rectificaciones figuran los $76 millones girados por la sanitaria a los entonces ejecutivos de Chilevisión Jaime de Aguirre y Mario Conca. Ambos emitieron facturas falsas a Aguas Andinas por solicitud de Santiago Valdés, ex gerente de Administración y Finanzas de Bancard, sociedad de propiedad de Sebastián Piñera, quien esa época controlaba ese canal de televisión.

Santiago Valdés, quien además fue administrador electoral de la campaña de Piñera en 2009, ha sido formalizado en dos ocasiones por el Ministerio Público, en octubre de 2015 y agosto de 2016. La fiscalía le indaga por la comisión de eventuales delitos tributarios relacionados con facturas emitidas para SQM, las que se presumen falsas, por cerca de $400 millones. Esas facturas corresponden a Administradora Bancorp y Vox Populi, ambas sociedades vinculadas a Piñera al momento de concretarse estas operaciones. Además, Valdés es investigado por la fiscalía debido a contratos a futuro o forwards  fraudulentos suscritos con el Grupo Penta (ver reportaje de CIPER).

Caja negra bajo sospecha: las millonarias donaciones de mineras a municipios

Vea también: Municipios mineros I: Los millones de los Pelambres que se esfumaron en Salamanca

Letra muerta. En eso se han convertido los sucesivos dictámenes de la Contraloría General de la República que desde al menos 2005 prohíben a las municipalidades aceptar donaciones de privados que comprometan su imparcialidad a la hora de resolver asuntos en los que esté involucrado el benefactor.

En marzo de 2010, el ente contralor dictaminó que las municipalidades debían abstenerse de recibir aportes o firmar convenios de colaboración con empresas o personas naturales “que tengan o puedan tener interés en asuntos que deban ser analizados, conocidos o resueltos por las entidades edilicias” (ver dictamen).

Si para usted resulta obvio que vulnerar esa normativa genera un conflicto de interés, la evidencia indica que para varios alcaldes no es así.

MAPA.FINALCIPER solicitó vía Ley de Transparencia a 41 municipios del norte, centro y sur del país un listado con todas las donaciones recibidas entre 2010 y 2016 de compañías mineras que operan en sus jurisdicciones territoriales. De esas 41 municipalidades, 22 reportaron donaciones, 15 señalaron no haber recibido aportes y cuatro –Freirina, Salamanca, Arica y La Higuera (donde se ubica el polémico proyecto minero Dominga, de Andes Iron)– desatendieron su obligación legal y no respondieron a la solicitud cumplido el plazo (vea el listado aquí).

CIPER cruzó la información de esos aportes con los oficios que los propios municipios han remitido al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) pronunciándose sobre proyectos mineros en trámite en el mismo periodo de tiempo (2010-2016). En ese proceso, las municipalidades juegan un rol clave en determinar si los proyectos se ajustan a los planes de desarrollo comunal y si, entre otras cosas, presentan riesgos para la salud de la población o los recursos naturales, como el agua o el aire.

Producto de los cuestionamientos que arrastra el sistema de evaluación ambiental –y que escalaron recientemente tras el rechazo del Comité de Ministros al proyecto Dominga–, el gobierno se encuentra ad portas de introducirle modificaciones en base a una veintena de propuestas presentadas por los especialistas que conformaron la comisión asesora creada en 2015 para esos fines.

La indagación de CIPER detectó una zona gris que el Ejecutivo deberá mirar con lupa cuando implemente los cambios: una larga lista de municipios no se ha abstenido de recibir cuantiosas donaciones de compañías mineras con proyectos en pleno trámite ambiental ante el SEA.Varios de los pronunciamientos de las municipalidades –en su mayoría expresando “conformidad” sobre costosas iniciativas de instalación, mejora o ampliación de faenas– fueron presentados a la autoridad ambiental a solo días o meses de que esas mismas administraciones comunales aceptaran los dineros.

La lista de municipalidades que más concentran donaciones de mineras la encabeza Tierra Amarilla (Región de Atacama) con $15.767 millones; le sigue Calama (Región de Antofagasta) con $8.104 millonesSalamanca (Región de Coquimbo) con $7.200 millones; Lo Barnechea (Región Metropolitana) con $2.960 millones; Sierra Gorda (Región de Antofagasta) con $2.669 millones; Illapel (Región de Coquimbo) con $2.253 millones; Chañaral (Región de Atacama) con $1.363 millones y Andacollo (Región de Coquimbo) con $1.010 millones (ver todas las donaciones reportadas).

El monto total de los dineros traspasados por mineras a municipios que CIPER pudo rastrear a nivel nacional supera los $44 mil millones. Con esos mismos fondos los jefes comunales dicen financiar becas de estudio u obras de infraestructura, cortan cintas en actos públicos, pagan remuneraciones y deudas municipales, organizan carnavales y ofrecen celebraciones de aniversario, Año Nuevo o Navidad para los vecinos. Los fines son diversos y, en ocasiones, el interés del donante es explícito. En Machalí, por ejemplo, Codelco le traspasó al municipio de esa comuna $70 millones en 2014 para que se tramitara el cambio de uso de suelo donde opera la División El Teniente, propiedad de la estatal.

Los alcaldes, a su vez, pueden jugar un rol clave como mediadores entre las mineras y las comunidades, utilizando su capital político para desactivar conflictos sociales derivados de las crisis ambientales que las propias compañías benefactoras generan en los lugares donde operan.

Gerardo Rojas, ex alcalde de Salamanca.
Gerardo Rojas, ex alcalde de Salamanca.

Tal es la magnitud de la danza de millones, que municipios con presupuestos exiguos o deudas de arrastre terminan dependiendo de esos dineros para funcionar. Así sucedió en la Municipalidad de Salamanca, donde bajo la gestión del ex alcalde Gerardo Rojas (PPD) se utilizaron buena parte de los millonarios recursos que le entregaba Minera Los Pelambres para pagar remuneraciones y cuentas básicas.

Pese a que ese municipio no entregó en el plazo legal la información solicitada por Ley de Transparencia sobre donaciones, CIPER pudo reconstruir los montos de los aportes y detectar que existen más de $2 mil millones de la minera del Grupo Luksic con los que se solventaron gastos municipales (ver reportaje de CIPER).

La revisión de la información da cuenta que los aportes de las mineras se dan bajo tres modalidades: donación con un fin específico; convenios marco para la ejecución de una línea de proyectos y fondos de libre disposición, una suerte de “cheque en blanco” para ser gastado en lo que el alcalde estime conveniente.

Sea cual sea la modalidad, en varios de esos acuerdos se estipula que las mineras buscarán obtener beneficios tributarios con las donaciones que realizan. Así ocurre con un convenio firmado por la Municipalidad de Tierra Amarilla y una minera, donde se establece que se buscará que los aportes “puedan rebajarse legítimamente como gastos tributarios y/o puedan imputarse como crédito en contra del impuesto de primera categoría”.

Tierra Amarilla ha sido precisamente una de las municipalidades beneficiadas con el formato de donación de libre disposición. En noviembre de 2015, Minera Candelaria (de Lundin Mining y Sumitomo) le transfirió más de $2 mil millones para ser utilizados bajo ese concepto. Para dimensionar hasta qué punto ese volumen de dineros impactó en las finanzas municipales, basta citar un dato: el presupuesto de salud aprobado por esa administración comunal para ese mismo año fue de $1.478 millones, $500 millones menos de lo que transfirió a la cuenta corriente municipal la minera controlada por capitales canadienses. Según informaron a CIPER desde la municipalidad, las autoridades de Tierra Amarilla utilizaron parte de los fondos de libre disposición de Candelaria para pagar deudas en dos áreas estratégicas de gestión: educación ($505 millones) y salud ($200 millones).

TRONADURAS EN ANDACOLLO

El 6 de agosto de 2013, una nube de polvo envolvió a varias localidades de la comuna de Andacollo (Región de Coquimbo). Pasadas las 10 de la mañana, el aire adquirió un tono amarillento y se hizo irrespirable. Ese día, la minera Teck Carmen de Andacollo realizó una tronadura en su faena. El viento esparció por varios kilómetros el polvillo tóxico que produjo la detonación. No era el primer episodio de ese tipo protagonizado por la cuprífera canadiense.

COQUIMBO.FINALEntre 2010 y 2016 la Municipalidad de Andacollo –que desde 2008 es liderada por Juan Carlos Alfaro (PS)- ha recibido $1.010 millones en donaciones mineras (parte de esos dineros no pasaron por las arcas municipales y fueron directamente a organizaciones comunales). Más del 95% de ese monto fue desembolsado por Teck y el saldo restante por Dayton, compañía de capitales australianos que extrae oro desde una mina a rajo abierto.

En 2009, un Decreto Supremo declaró a Andacollo zona saturada por Material Particulado Respirable. Pese a ello, las tronaduras no autorizadas de ambas mineras siguieron causando estragos. Por esos hechos, en diciembre de 2014 y junio de 2015, Dayton y Teck respectivamente, fueron sancionadas por la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA). Respecto de Teck, la SMA identificó cerca de 70 tronaduras ejecutadas en circunstancias desfavorables, “con condiciones de viento que evidencian un compromiso de afectación con polvo a sectores de la comunidad aledaña a la faena minera” (ver documento).

El informe sancionatorio de la SMA indica que las detonaciones se llevaron a cabo entre enero de 2013 y diciembre de 2014. En el transcurso de esos mismos 24 meses, la minera canadiense hizo donaciones al municipio por más de $117 millones, monto que esa municipalidad dice haber invertido en infraestructura e insumos educativos para liceos y escuelas de la comuna. Los fondos de Teck también han permitido financiar una de las actividades más emblemáticas de Andacollo: el festival “La Voz de la Montaña”, organizado cada año por el área cultural del municipio y que en su última versión contó con la participación de Luis Dimas, Manuel García y el trío Natalino. Todos fueron pagados con los $30 millones que la minera aportó para esos fines.

En octubre de 2014, la Contraloría cuestionó en duros términos el manejo que hizo el municipio de los dineros que le transfirió la minera Teck. “No fue posible obtener los convenios de colaboración u otros antecedentes que dieran cuenta de la naturaleza de los acuerdos entre la municipalidad y la empresa minera (…) razones por las que se desconocen, entre otros, los procedimientos establecidos para la selección de los proyectos, contratación, ejecución y pagos, además de no contar con la documentación fuente que permita efectuar el análisis de su pertinencia y legalidad” (ver documento).

Juan Carlos Alfaro, alcalde de Andacollo.
Juan Carlos Alfaro, alcalde de Andacollo.

La Municipalidad de Andacollo solo registra un pronunciamiento sobre estudios o declaraciones de impacto ambiental ingresados por Teck al SEA entre 2010 y 2016. Tras introducir algunas observaciones iniciales al proyecto de la minera para recuperar suelos contaminados, el 17 de julio de 2012 la administración edilicia se pronunció conforme. El municipio recibió dos donaciones de la minera en fechas cercanas: una el 14 de julio y la otra el 30 del mismo mes, por un total de $12 millones.

El capítulo más delicado de la relación entre la minera y la Municipalidad de Andacollo se da en otra instancia. En 2010 el SEA dio luz verde al proyecto de Teck que le permitió modificar y optimizar sus procesos productivos. En la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) que lo autorizó, quedó establecido que el municipio debía ejercer un rol fiscalizador respecto de la minera: “(Teck) realizará reuniones trimestrales con la comunidad (Municipalidad y Unión Comunal de Juntas de Vecinos) donde se presentarán los resultados del monitoreo y el avance en la implementación de los compromisos ambientales del proyecto”.

ZONA ROJA: ATACAMA

En septiembre de 2016 se inauguró en Caldera la “Feria Entre Rieles”, un proyecto en el que se construyeron 28 módulos para que mujeres emprendedoras de la comuna comercializaran sus productos. “Estos son los compromisos que como alcaldesa entrego a mi comunidad, porque siempre estamos y estaremos al servicio de nuestra comunidad”, dijo en el acto de corte de cinta la entonces alcaldesa Patricia González (independiente, pacto Alianza).

La obra tuvo un costo de $152 millones, los que fueron aportados íntegramente por Minera Candelaria.Los dineros habían sido traspasados por la empresa al municipio en diciembre de 2015. Cinco meses antes, la administración edilicia se había pronunciado sobre un proyecto ingresado por Candelaria al Servicio de Evaluación Ambiental para extender su operación hasta 2030, con una inversión de US$400 millones. “Se revisó el informe consolidado de evaluación del proyecto (…) Este órgano de la administración del Estado no tiene observaciones que realizar”, se lee en el oficio municipal enviado al SEA.

AATACAMA.FINALdemás de ese aporte, Candelaria registra otras siete donaciones a ese municipio por un total de $150 millones. No es la única minera que le ha transferido dineros. También lo han hecho la Compañía Minera del Pacífico (de CAP y MC Inversiones), Minera Casale (de Barrick Gold y Kinross Gold), Águila del Sur (vinculada a Gonzalo Vial Concha), Lumina Copper (de Pan Pacific Copper y Mitsui & Co) y Minera Santa Fe, ligada al empresario Leonardo Farkas. En total el municipio ha recibido más de $624 millones de empresas mineras entre 2010 y 2016.

En julio de 2011, ese municipio debió revisar un proyecto ingresado al SEA por la Compañía Minera del Pacífico para aumentar la capacidad de acopio y embarque de hierro y cobre en el Puerto Punta Totoralillo. La administración de la alcaldesa Brunilda González (PPD, estuvo en ese cargo entre 2002 y 2012 y fue nuevamente electa en 2016), se pronunció conforme. Tres meses antes, en abril de 2011, Caldera había recibido $50 millones de la minera para financiar su gestión en salud y educación. La donación se materializó luego de que en enero de ese año el municipio manifestara no tener observaciones sobre otro proyecto de la minera ingresado al SEA (“Uso temporal cancha acopio en Puerto Punta Totoralillo”).

La Municipalidad de Copiapó ha recibido más de $320 millones en donaciones de compañías mineras con intereses en esa comuna: Candelaria, Carola y Ojos del Salado (las tres de Lundin Mining y Sumitomo), Hierro Atacama (CAP), Barrick (Barrick Gold), Atacama Kozan (Nittetsu Mining), Punta del Cobre (Pacífico Quinta Región) y Kinross (Kinross Gold Corp.).

Una tajada importante de esa torta de recursos ha ido a financiar el “Gran Rodeo de la Minería”, evento que anualmente reúne a 300 colleras de distintas partes del país y que en 2014 fue catalogado como “Evento de Interés Turístico” por el Sernatur.

El 28 de febrero de 2012, la Municipalidad de Copiapó envió un oficio al Servicio de Evaluación Ambiental manifestando su conformidad con el proyecto “Prospecciones geológicas Mantos de Oro”, de la minera Kinross. La aprobación quedó condicionada, eso sí, a que la minera diera “cumplimiento a los compromisos establecidos” y a que generara “una instancia de participación e información a la ciudadanía respecto de los avances del proyecto y las medidas de mitigación”.

La información recabada por CIPER, indica que Kinross le donó $10 millones al municipio solo dos meses antes de ese pronunciamiento, los que fueron destinados al financiamiento de “actividades recreativas y culturales de Navidad y Año Nuevo”. La misma minera registra aportes al municipio en agosto de 2011 y agosto de 2012.

En marzo de 2016, la Superintendencia de Medio Ambiente formuló siete cargos contra la minera Mantos de Oro de Kinross, dos de ellos catalogados como graves y relacionados a contaminación de pozos de extracción de agua.

Patricia González, ex alcaldesa de Caldera.
Patricia González, ex alcaldesa de Caldera (Fuente: elregional.cl).

Los municipios de Chañaral y Mejillones también se han beneficiado con donaciones mineras. El último registra más de $320 millones provenientes de las mineras Michilla y Esperanza (operadas al momento de los aportes por Antofagasta Minerals), y Minera Escondida (BHP Billiton).

Chañaral, en tanto, ha recibido más de $1.363 millones en donaciones y ha firmado una serie de convenios con mineras en los que no se detallan montos. En junio de 2017, por ejemplo, la Municipalidad de Chañaral firmó un convenio con la minera Manto Verde (Mantos Copper) en el que la cuprífera se comprometió a “aportar fondos que permitan financiar proyectos en beneficio de zonas cercanas a la operación”. Cuatro meses antes, la compañía había ingresado al SEA el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) “Proyecto Desarrollo Mantoverde”, con una inversión de más de US$830 millones.

En marzo pasado, el municipio se pronunció conforme con  ese proyecto –que incluye la construcción de un tranque de relaves–, aunque pidió algunas aclaraciones. A fines de ese mismo mes, ratificó su aceptación, solicitando que la minera “realizara una invitación formal al evaluador del proyecto a una instancia de participación ciudadana a realizarse en el balneario de Flamenco”.

En reiteradas oportunidades los vecinos de Flamenco –localidad ubicada a unos 30 kilómetros de donde se planea construir el tranque de relaves–, se han manifestado en contra de la iniciativa de la minera. El proyecto aún está en trámite de evaluación ambiental en el SEA.

De todos los municipios de los que CIPER recibió respuesta a su solicitud de información, Tierra Amarilla (Región de Atacama) es el que concentra a nivel nacional el pozo mayor en donaciones mineras: $15.767 millones. Casi la totalidad de esos fondos tiene el mismo origen: Minera Candelaria (también han hecho aportes Minera Carola, Lumina Copper y Punta del Cobre).

portada 1En septiembre de 2013, Candelaria ingresó al Servicio de Evaluación Ambiental un proyecto de US$460 millones para extender la vida útil de sus operaciones hasta 2030 (inicialmente su cierre era 2018). Desde el primer momento, la administración del alcalde Osvaldo Delgado (PRO) se manifestó en contra del proyecto. Tenía razones de sobra: suelos contaminados con cromo, cobre y mercurio; la abrupta disminución del caudal del río Copiapó y la gigantesca montaña de estériles de la mina, ubicada a unos 30 metros del cementerio municipal, ya eran parte habitual del paisaje comunal (ver reportaje de CIPER).

Cinco veces el municipio rechazó ante el SEA ese proyecto. “El proyecto minero Candelaria ha afectado negativamente la calidad de vida de los habitantes”, se dice en uno de los oficios de respuesta del municipio al requerimiento de la autoridad ambiental.

El 23 de julio de 2015, el proyecto de Candelaria obtuvo su Resolución de Calificación Ambiental. Un mes y medio más tarde, el alcalde Delgado firmó con la minera un convenio formalizando una donación de $11.386 millones. El 19 de noviembre, recibiría otros $2.070 millones como aporte de “libre disposición”.

Justo un año después, la Superintendencia de Medio Ambiente sancionó a Candelaria con una multa de $2.800 millones por graves infracciones ambientales: no rebajar el consumo de agua fresca tal como estaba comprometido en la RCA, situación que se mantuvo por 15 años; descenso en el nivel de agua de algunos pozos; utilizar para la faena una superficie de territorio mayor a la autorizada y disponer residuos líquidos en zona de playa (ver documento).

ANTOFAGASTA: EL FESTÍN DE SIERRA GORDA

De los $2.669 millones que ha recibido en donaciones mineras la Municipalidad de Sierra Gorda (Región de Antofagasta), $432 millones se han ocupado para celebrar fiestas diversas: comidas para el día de la madre, regalos para el de la mujer, colaciones para el del niño; fiestas para el aniversario de la comuna, pinos para Navidad, campeonatos de cueca, alojamientos y traslados para adultos mayores, obras de teatro y la semana de la minería, entre otras.

ANTOFAGASTA.FINAL (2)El caudal de fondos que ha recibido ese municipio ha sido alimentado por Antofagasta Minerals (AMSA) y filiales;  Sierra Gorda SCM (de la estatal polaca KGHM y los japoneses de Sumitomo); Minera Spence (BHP Billiton); y Lomas Bayas (de la suiza Glencore).

No todo ha sido fiesta en Sierra Gorda. Los dineros de las mineras también han ido a mejorar el sistema de luminaria pública de la comuna, arreglar plazas y comprar vacunas antigripales.

Ese municipio ha debido pronunciarse en varias ocasiones ante el Servicio de Evaluación Ambiental por proyectos en los que están involucrados los intereses de sus benefactoras. Debido a que la información entregada a CIPER por Sierra Gorda solo consigna el año de la donación –que coincide con los años de los pronunciamientos del municipio ante el SEA–, no se pudo establecer con qué distancia de los aportes fueron emitidos.

San Pedro de Atacama es otra de las comunas de la Región de Antofagasta que registra montos importantes en donaciones de mineras. Entre 2010 y 2016, Minera Escondida (BHP Billiton); Minera Gaby (Codelco); Soquimich y Rockwood Lithium (Albemarle) le han allegado recursos por más de $733 millones.

El Servicio de Evaluación Ambiental registra pronunciamientos del municipio de San Pedro en cinco proyectos ingresados por Soquimich para su evaluación.

En marzo de 2010 la minera controlada por Julio Ponce Lerou traspasó $5 millones a San Pedro de Atacama bajo el concepto “Fondos concursables 2009”. En esos momentos la autoridad ambiental evaluaba la implementación de una nueva planta de cloruro de potasio de SQM. Luego de una resolución con observaciones, el 3 de septiembre de 2010 ese municipio manifestó su conformidad ante el SEA.

En noviembre de ese mismo año, la Municipalidad de San Pedro de Atacama volvió a pronunciarse ante el SEA por un proyecto de SQM Salar: “Aumento de capacidad de procesamiento de carnalita de Potasio”. Y solicitó que la minera aclarara tres puntos de su Declaración de Impacto Ambiental, entre ellos, si afectaba el valor de la zona como centro astronómico producto de una posible “interrupción lumínica”.

A pesar de ello, poco después, el 14 de diciembre el municipio declaró ante el SEA su aprobación. Nueve días más tarde, la minera le transfirió a la municipalidad $11,3 millones, que fueron consignados como “Fondos concursables SQM”.

En la Región de Antofagasta, la Municipalidad de Calama es la que concentra el monto mayor en donaciones de mineras entre 2010 y 2016: $8.104 millones. Casi la totalidad de esos dineros proviene de las operaciones que la estatal Codelco tiene en la zona: Ministro Hales, Gaby y Radomiro Tomic.

Los fondos han sido utilizados por la administración comunal para diversos fines: atención odontológica, recuperación de plazas, pavimentación de calles y espectáculos pirotécnicos, entre otros.

El cruce de las fechas de las donaciones con las ocasiones en las que el municipio se ha pronunciado ante el SEA evaluando proyectos de esas tres divisiones de Codelco, también da cuenta de la existencia de conflicto de interés.

El 15 de diciembre de 2011 el municipio recibió más de $300 millones de la División Radomiro Tomic para la construcción de una micro central hidroeléctrica. En esos momentos, la minera tramitaba ante el Servicio de Evaluación Ambiental un proyecto para ampliar el proceso de lixiviación de ripios. El municipio se pronunció en dos ocasiones ante el SEA, manifestando su aprobación definitiva en enero de 2012, casi un mes después de la donación.

Tres días antes de ese pronunciamiento, el 6 de enero, la División Radomiro Tomic había depositado otros $239 millones en la cuenta municipal para ejecutar una “cartera de proyectos” (diseño de parque, memorial e inspección de pavimentación).

En 2011, la División Ministro Hales ingresó al SEA un proyecto para optimizar el procesamiento de concentrado de cobre. El municipio se pronunció en dos oportunidades frente a esta iniciativa ante la autoridad ambiental: el 23 de diciembre de 2011 (con observaciones) y el 7 de agosto de 2012 (conforme). El 10 de abril de 2012, en medio de ambos pronunciamientos, la Municipalidad de Calama recibió de la División Ministro Hales $100 millones bajo el concepto “Fondos de inversión social”.

EL CENTRO-SUR MINERO

Cerca de Machalí (Región de O’Higgins), está el yacimiento de cobre subterráneo más grande del mundo: El Teniente (Codelco). Entre 2012 y 2014 el municipio de esa comuna ha recibido $314,5 millones de la empresa estatal. En ese lapso, la administración municipal se ha pronunciado tres veces ante el Servicio de Evaluación Ambiental sobre proyectos de la cuprífera.

RM-OHIGGINS.FINALEl 8 de agosto de 2012 el alcalde de la comuna, José Miguel Urrutia (UDI), firmó un convenio para la “implementación de especialidad técnico profesional de explotación minera” con Codelco, el que no informa los recursos involucrados. Doce días después el municipio hizo observaciones al proyecto “Explotación Pacífico Superior” de la misma minera. El 26 de octubre volvió a pronunciarse a favor. Seis meses después el municipio recibió otras dos donaciones: $243 millones para la “adquisición e instalación de módulos liceo Machalí” y $1,5 millón para la celebración de actividades comunales.

Entre los traspasos de dinero de El Teniente a la administración del alcalde José Miguel Urrutia, figura uno por $70 millones realizado el 1 de diciembre de 2014. En rigor, no se trató de una donación, sino de un aporte con elástico. Lo que buscaba Codelco era que con esos dineros el municipio contratara una consultora para acelerar los trámites de cambio de uso de suelo (de rural a industrial) en la zona de Alto Coya, donde precisamente El Teniente tiene sus operaciones.

División El Teniente ha buscado regularizar esta situación, de manera que se reconozca el carácter industrial del área en la que funciona”, informaron a CIPER desde la minera estatal. Agregaron que la transferencia se materializó luego de que el municipio les hiciera ver que esa gestión no estaba entre sus prioridades y que no contaba con recursos para llevarla a cabo (ver respuesta de Codelco).

Lo Barnechea (Región Metropolitana) es otro de los municipios que registra ingentes donaciones de mineras en el centro del país. Entre 2010 y 2016 ha recibido más de $2.960 millones de Anglo American, dueña de la faena minera Los Bronces, la que ha sido reiteradamente cuestionada por la destrucción de glaciares en Los Andes centrales. La empresa ha sido sancionada dos veces (ambas en mayo de 2015) por la SMA por diversas infracciones ambientales.

En distintas oportunidades el alcalde Felipe Guevara (RN) ha manifestado reparos a los proyectos presentados ante el SEA por la minera, aunque no se ha inhibido a la hora de recibir aportes de esa compañía en momentos cruciales. Un ejemplo: en pleno proceso de evaluación del proyecto “Fase 7 Los Bronces”, que involucra una inversión de US$112 millones para sostener sus niveles de producción, el municipio recibió aportes por casi $260 millones de Anglo American.

La nómina de municipalidades con aportes de mineras se extiende hasta el extremo sur del país. El 29 de mayo de 2010, el equipo de paramédicos de la posta de Río Verde (Región de Magallanes), recibió de regalo una camioneta 4×4 habilitada como ambulancia.

El vehículo costó $13 millones, los que fueron transferidos a la Municipalidad de Río Verde por la Sociedad Minera Isla Riesco –de los grupos Angelini y Von Appen– titular del proyecto de explotación carbonífera Mina Invierno.

Faena Mina Invierno (Fuente: alertaislariesco.cl)
Faena Mina Invierno (Fuente: alertaislariesco.cl)

Cuando se materializó la donación, en mayo de 2010, el proyecto carbonífero de casi US$180 millones en inversión, buscaba su aprobación ante el Servicio de Evaluación Ambiental.

En febrero de 2011, la alcaldesa de Río Verde, Tatiana Vásquez Barrientos (UDI, en el cargo desde 1992), manifestó su conformidad con el proyecto ante la autoridad ambiental. Al mes siguiente, el SEA le otorgó a Mina Invierno la autorización para operar.

No fue el único pronunciamiento de la alcaldesa Vásquez. En marzo de 2015, Mina Invierno volvió a iniciar trámites ante el SEA para la aprobación de un proyecto para incorporar tronaduras como método de extracción de material estéril de la mina.

El proyecto, cuestionado por varios vecinos y agrupaciones sociales, fue aprobado por la Comisión de Evaluación del SEA, luego de que en abril de 2015 el municipio diera su visto bueno. Pero en marzo de 2017 la Corte Suprema obligó a abrir un proceso de participación ciudadana, el que había sido obviado en etapas de evaluación anteriores.

Entre la presentación ante el SEA del Estudio de Impacto Ambiental que autorizó la operación de Mina Invierno (2010) y el ingreso a evaluación del polémico proyecto de tronaduras (2015), la Municipalidad de Río Verde recibió otras tres donaciones por un total de $30,6 millones, monto que fue destinado a equipar la posta rural.

(Imagen de portada: chilesustentable.net)

Municipios mineros I: los millones de Los Pelambres que se esfumaron en Salamanca

En mayo pasado las sirenas de peligro en la faena de Minera Los Pelambres volvieron a sonar. Esta vez no se trataba de derrames de desechos, ni tampoco de cortes de caminos provocados por opositores a la mega faena de cobre y molibdeno del Grupo Luksic. A principios de ese mes, los ejecutivos de la minera fueron notificados por la nueva administración de la Municipalidad de Salamanca, comuna ubicada a 45 kilómetros de Los Pelambres (Región de Coquimbo), que un monto significativo de los más de $5.200 millones que transfirió a las arcas de la entidad entre 2015 y 2016 se habían esfumado.

La búsqueda de esos dineros –que hoy ha dado paso a una exhaustiva investigación en Los Pelambres, la Municipalidad de Salamanca y la Contraloría– es solo la superficie de una caja que esconde el destino de otros millonarios traspasos desde la minera al municipio. La indagación de CIPER arroja que entre 2010 y 2016 Minera Los Pelambres inyectó a la Municipalidad de Salamanca $7.200 millones en donaciones. Para graficar el impacto de ese monto en las finanzas municipales, basta citar un ejemplo: los $3.255 millones que Los Pelambres traspasó a la administración edilicia en 2016 representaron más del 16% del presupuesto municipal, superando en $1.200 millones el monto disponible para la gestión de salud en toda la comuna.

Gerardo Rojas Escudero, ex alcalde de Salamanca (Fuente: ppd.cl)
Gerardo Rojas Escudero, ex alcalde de Salamanca (Fuente: ppd.cl)

El protagonista central de los más de $2 mil millones investigados es uno de los históricos aliados de Minera Los Pelambres: Gerardo Rojas Escudero (PPD), quien fue desde 2004 y hasta 2016 alcalde de Salamanca. Rojas, con estudios de Derecho, también ocupó el sillón edilicio entre 1992 y 1994. Versiones recogidas para este reportaje indican que entre ambos periodos el ex alcalde trabajó algunos años para la propia minera como asesor jurídico.

Pese a la danza de millones que recibió el gobierno local bajo el mandato de Gerardo Rojas, hoy la Municipalidad de Salamanca arrastra un hoyo financiero que sobrepasa los $5 mil millones. Eso no es todo. El arqueo que hizo la nueva administración edilicia arroja que, del total de dineros que Los Pelambres depositó en las arcas municipales entre 2015 y 2016 –y que debían ir en beneficio de los vecinos–, hay al menos $2 mil millones que fueron desviados al pago de remuneraciones de funcionarios y a cubrir la operación del municipio.

En otras palabras: la gestión del ex alcalde Gerardo Rojas ha dependido en buena medida de los recursos de Los Pelambres. Los traspasos también le han permitido a la minera obtener beneficios tributarios en virtud de la Ley de Donaciones.

No solo beneficios tributarios ha conseguido Los Pelambres con sus aportes millonarios a Salamanca. Los traspasos de dinero están estrechamente ligados a los sucesivos problemas medioambientales protagonizados por la minera y que han sacudido a sus más de 25 mil habitantes.

PRONTUARIO MEDIOAMBIENTAL

El año 2008 fue fatídico para los habitantes de Salamanca. El 28 de noviembre, la rotura de un ducto de Minera Los Pelambres originó el derrame de 12 mil litros de petróleo. No era el primer episodio de contaminación de la mega operación controlada por Antofagasta Minerals (AMSA), el brazo minero del Grupo Luksic. En agosto de ese mismo año, aguas residuales de la faena minera habían escurrido al río Cuncumén y al estero Las Camisas. Un año después, 13 mil litros de concentrado de cobre cayeron al río Choapa.

Por esos eventos Los Pelambres fue multada por la autoridad ambiental en 2009 con $82,5 millones, el 0,02% de sus utilidades de ese año que, en el atardecer del “superciclo” del cobre, sobrepasaron los $480 mil millones.

El prontuario socio ambiental de Los Pelambres incluye la remoción de glaciares rocosos, estrés hídrico, polvo en suspensión y la construcción de El Mauro, uno de los tranques de relaves más grandes de Sudamérica, a pocos kilómetros del pueblo de Caimanes. La lista se engrosó con nuevos episodios de derrame en 2012, 2015 y con los cargos que presentó en su contra la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) en 2016 por varias infracciones calificadas como graves.

Lo anterior no ha sido obstáculo para que la minera se haya granjeado el férreo apoyo de autoridades de Salamanca y de la región, entre ellas el del ex alcalde Gerardo Rojas, cuya gestión municipal está hoy bajo la lupa de la Contraloría General de la República.

El default del municipio es vox populi en Salamanca y hace algunos meses la noticia llegó a las oficinas de la minera que, en mayo pasado, encargó una auditoría a Pricewaterhouse Coopers (PWC) para conocer el destino de las platas entregadas al municipio en los dos últimos años de gobierno del ex alcalde. El informe ya está terminado y será presentado a las autoridades de Salamanca en el transcurso de esta semana.

Alertas anteriores por el mal uso de los aportes de la minera por parte de la administración de Rojas eran conocidas. En 2009, por ejemplo, la Contraloría advirtió que desde al menos 2007 la municipalidad había destinado fondos de la minera al pago de remuneraciones y cuentas del municipio. Esos hechos “podrían revestir carácter de delito”, concluyó la investigación.

(Fuente: martagimenoa.wordpress.com)
(Fuente: martagimenoa.wordpress.com)

Pese a lo lapidario del informe, los dineros remesados por Los Pelambres a las arcas municipales aumentaron vertiginosamente año a año. En 2016, cayó una nueva advertencia de Contraloría sobre el desvío de fondos de la administración del ex alcalde PPD.

“Pelambres ayudaba a la Municipalidad de Salamanca con recursos porque el alcalde le paraba los conflictos, gestionaba con los vecinos que no se le opusieran, entonces por ahí partieron esos proyectos”, señaló una autoridad de la región que pidió reserva de su identidad.

Históricamente, Gerardo Rojas ha jugado un rol clave como mediador entre la comunidad de Salamanca y la minera. “Si se cierra Minera Los Pelambres los indicadores económicos se van a las pailas”, señaló a la prensa en marzo de 2015 tras el fallo de primera instancia que ordenó la demolición de El Mauro, el gigantesco contenedor donde la minera deposita sus relaves. Las últimas estimaciones indican que el índice de pobreza en la comuna de Salamanca alcanza 19%, casi cinco puntos arriba de la media nacional.

Bajo el mandato de Rojas la alcaldía ha tenido que pronunciarse formalmente sobre los planes de expansión de la faena del Grupo Luksic. Así ocurrió en 2012, cuando el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) le pidió a ese municipio analizar la compatibilidad territorial de un proyecto para aumentar la capacidad productiva de Los Pelambres. La entidad edilicia se manifestó “conforme” (ver documento). No debió hacerlo.

Un dictamen de Contraloría del 5 de marzo de 2010 instruye que las municipalidades tienen la obligación de no suscribir convenios o recibir aportes de empresas o personas que “tengan o puedan tener interés en asuntos que deban ser analizados, conocidos o resueltos por la entidad edilicia”. Ese dictamen se hizo para efectos de impugnar las donaciones a municipios de Aysén realizadas por empresas que controlaban dos proyectos hidroeléctricos en esa región que en ese momento eran evaluados por el SEA (ver documento).

Desde Antofagasta Minerals negaron que Minera Los Pelambres haya vulnerado alguna vez ese dictamen de Contraloría y agregaron que están avanzando en un modelo de gestión en el que quienes reciban los aportes no sean los municipios, sino terceros expertos en ejecución de proyectos.

DERRAME DE PLATA

CIPER pudo rastrear parte importante de los montos traspasados por la minera a la cuenta del municipio desde 2010 en adelante: son al menos $7.200 millones en los últimos siete años. Aunque no se pudo conocer con exactitud la cifra total de aportes anteriores a esa fecha, hay evidencias de traspasos de dineros desde al menos 2007.

Más de la mitad de los $7.200 millones inyectados desde 2010 por Los Pelambres fueron transferidos en los dos últimos años de la gestión de Gerardo Rojas, quien después de 12 años en el cargo fue derrotado en las elecciones de octubre de 2016. A partir de abril de 2015, la mayoría de las donaciones comenzaron a ejecutarse al alero del programa “Viva Salamanca”. El acuerdo, firmado entre el municipio y la minera, debía formalizar y canalizar los cuantiosos aportes en proyectos que prometían “mejorar la calidad de vida de los vecinos”.

Firma del convenio "Viva Salamanca"
Firma del convenio “Viva Salamanca”

“Viva Salamanca” es parte de un proyecto más amplio de Los Pelambres llamado “Somos Choapa”, a través del cual desde hace un par de años se gestionan las donaciones de la minera a todas las comunas de esa provincia. La metodología de “Somos Choapa” fue diseñada a la medida de Los Pelambres por la empresa de comunicaciones del sociólogo Eugenio Tironi.

El acuerdo que selló el programa “Viva Salamanca” en abril de 2015 es explícito en que los fondos de la minera debían ser usados “única y exclusivamente para los objetos mencionados (…) y, por ende, no pueden ser destinados para fines que no estén indicados en el presente convenio”.

Pero eso no ocurrió. Según los antecedentes que CIPER tuvo a la vista, de los $5.258 millones que entre 2015 y 2016 la administración edilicia recibió de la minera, al menos $2.103 millones no figuran en la cuenta corriente municipal y no cuentan con documentación de respaldo. Esos millonarios fondos no se han traducido en ninguna obra que vaya en beneficio de los salamanquinos.

POZO SIN FONDO

La investigación de CIPER arroja que una tajada considerable del dinero que históricamente ha fluido desde Los Pelambres a la alcaldía, ha ido a tapar los hoyos de la escuálida caja municipal. Con esos fondos se montó una bicicleta financiera que hace poco colapsó. Lo que sí está claro por ahora, es que por años ese flujo de dinero le permitió a  Gerardo Rojas solventar los gastos operacionales de su administración.

El edil electo de Salamanca, Fernando Gallardo (Independiente por Chile Vamos), reconoció a CIPER que la deuda municipal asciende actualmente a $5.080 millones.

El descalabro financiero que afecta a la alcaldía de Salamanca quedó registrado en el acta del Concejo Municipal del 12 de junio pasado. Allí, el jefe de Finanzas del municipio y quien fuera brazo derecho de Rojas,  Rodrigo Muñoz, reconoció ante los concejales que “durante largo tiempo la administración anterior funcionó con fondos del convenio Viva Salamanca” (ver acta).

Municipalidad de Salamanca (Fuente: salamancachile.cl)
Municipalidad de Salamanca (Fuente: salamancachile.cl)

Según expuso Muñoz, a medida que llegaban las platas de Minera Los Pelambres, estas se iban utilizando para cubrir otros gastos. Y entregó detalles: $654 millones para el pago de honorarios; $312 millones usados como “aporte a educación”; $599 millones en “gasto corriente”; $181 millones en actividades municipales, entre otros.

Esto continuó, relató Muñoz, hasta que “fue imposible revertir el saldo a estado positivo”. El jefe de Finanzas municipal no titubeó cuando una concejala consultó sobre el conocimiento de la administración anterior sobre la precaria situación de la entidad: “La unidad de Finanzas siempre mantuvo informado de este déficit de caja al ex alcalde Rojas (…) todos los días le entregábamos el estado de fondos para que tomara conocimiento”, dijo.

El alcalde Gallardo transparentó a CIPER que aún no ha sido posible determinar con exactitud el destino de parte de las donaciones de la minera: “Yo creo que aquí hay una malversación clarísima, porque los aportes de Los Pelambres eran para hacer proyectos, pero esos proyectos no se hicieron. Entonces, ¿dónde quedó la plata?”, se pregunta.

El alcalde se refiere a obras inexistentes, como la construcción de una plaza en el barrio Santa Rosa de la comuna; la pavimentación de caminos en el sector de Tranquilla; cuatro plazas en la localidad de Chillepín y la habilitación de un centro cultural.

Uno de los mayores problemas que deberá resolver el alcalde Fernando Gallardo en los meses venideros es cómo pagarle a proveedores que fueron contratados por el municipio con platas de la minera:

-En el proyecto de soterramiento de cables en la Avenida Infante, una de las arterias principales de la ciudad, hay un avance de un 95%, pero le debemos a la empresa constructora unos $1.150 millones -señaló Gallardo a CIPER.

El nuevo alcalde espera que el municipio siga recibiendo aportes de Minera Los Pelambres. Consultado respecto del tratamiento que en adelante le dará la nueva administración a estas donaciones, el alcalde fue categórico: “Los aportes de la minera no me amarran”.

CIPER intentó comunicarse en reiteradas oportunidades, aunque sin éxito, con el ex alcalde Gerardo Rojas para conocer su versión. El jueves 17 de agosto se logró contactar a su esposa, la que señaló que Rojas devolvería el llamado. Al cierre de esta edición eso no ocurría.

OÍDOS SORDOS

Antes que se hiciera público el colapso financiero que hoy tiene a la Municipalidad de Salamanca sin fondos, hace ocho años la Contraloría ya había hecho reparos al uso que el municipio hacía de los recursos que le donaba Los Pelambres.

Un informe de la Contraloría de 2009 constató que casi la mitad de los $226 millones traspasados por la minera en 2007 para la compra de un terreno y el diseño de construcción de un liceo técnico profesional, habían sido ocupados por la alcaldía para el pago de remuneraciones de funcionarios. La situación se repitió en 2008 y 2009 (ver informe).

Fueron los años en que Los Pelambres protagonizó una decena de incidentes medioambientales: vertimientos de aguas de proceso, petróleo y hasta concentrado de cobre que en ocasiones escurrieron a esteros y al mismo río Choapa, la arteria de la economía agrícola de la zona. No solo las aguas del río se vieron afectadas por la extracción minera. En 2008 se dio a conocer un informe de la Universidad de Waterloo (Canadá) que denunció que Los Pelambres había removido glaciares rocosos cercanos a su operación, los que contenían reservas de agua de entre 1,89 y 2,84 millones de metros cúbicos. Esa cantidad equivale a entre 48 y 72 veces el total de agua potable facturada por la sanitaria Aguas del Valle en toda la Región de Coquimbo en 2015.

Las intervenciones de glaciares rocosos no fueron anunciadas por Pelambres en ninguno de lo estudios ambientales presentados a la autoridad entre 1997 y 2004. Sin embargo, se conocía de su existencia (…) por causas que desconocemos se omitió esa información”, señalaron los expertos de Waterloo (ver documento).

Glaciares rocosos afectados por Minera Los Pelambres entre los años 1997 y 2006 (Fuente: Informe Universidad de Waterloo)
Glaciares rocosos afectados por Minera Los Pelambres entre los años 1997 y 2006, según estudio de la Universidad de Waterloo.

En medio de la seguidilla de episodios de daño ambiental protagonizada por Los Pelambres, la preocupación del entonces alcalde Rojas estaba puesta en responder a los cuestionamientos de la Contraloría por los desvíos de dinero. Su argumento fue uno solo: el municipio arrastraba una deuda estructural. Y el mal uso de los recursos de la minera se debía a situaciones “urgentes” y que “una vez que se contaba con los fondos suficientes, estos se reponían”.

Para el organismo contralor la respuesta fue insuficiente: “Además de vulnerar la normativa sobre donaciones, constituye una falta a las obligaciones del alcalde (…) Considerando que los hechos podrían revestir carácter de delito, la Contraloría formulará la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público, consignó.

Por razones que se desconocen la vía penal fue desestimada. CIPER contactó a la Fiscalía de Coquimbo donde afirmaron no haber recibido antecedentes sobre esta situación, ni de Contraloría ni de ningún otro organismo público.

El terremoto que en 2015 remeció al norte del país originó un nuevo cuestionamiento. En noviembre de 2016 la Contraloría impugnó que el municipio utilizara $43,4 millones donados por la minera en la reparación de viviendas. El problema: el compromiso era hacerlo con 47 casas y solo “alcanzó” para 18.

Rojas explicó entonces que “al momento de la suscripción del convenio se entregó una propuesta estimativa del costo de las soluciones, sin un proyecto de respaldo que las justificara”.

El informe volvió a desnudar el caos en las arcas edilicias: el municipio llevaba siete meses sin hacer una conciliación de sus cuentas y había diferencias de más de $214 millones entre los registros contables vigentes. También se constató la inexistencia de documentación que respaldara algunas compras y servicios prestados al municipio (ver documento).

Llama la atención que las alertas de Contraloría sobre el mal uso de los millones aportados por Los Pelambres a Salamanca no tuvieran ningún efecto ni en el municipio ni en la minera. Y ello, porque  entre 2009 y 2016, años del primer y último informe del organismo, el flujo de recursos de la minera no hizo más que aumentar. Las cifras que CIPER pudo pesquisar indican que las donaciones alcanzaron $1.075 millones en 2013; $1.132 millones en 2014; $2.151 millones en 2015 y $3.255 millones en 2016. Dependiendo del año, los montos representan entre el 0,2% y el 2% de las utilidades de Los Pelambres.

–Nosotros no conocíamos el informe de Contraloría de 2009. No teníamos información respecto de su existencia. Si lo hubiésemos tenido a la vista, algo hubiéramos hecho en esa época –indicó a CIPER el gerente de Asuntos Públicos de Antofagasta Minerals, Andrés Morán.

Cristina Farías, presidenta de la Junta de Vecinos Arboleda Grande de Salamanca, ha sido crítica de los aportes de Los Pelambres y de la relación del ex alcalde Rojas con la minera:

–Gerardo Rojas jamás hizo un levantamiento del impacto de las operaciones de la minera. Cuando las comunidades tenían conflictos con Los Pelambres el municipio jamás estuvo a la cabeza apoyando.Tampoco se preocupó de exigirles el cumplimiento de la resolución de calificación ambiental ante los servicios competentes, para disminuir el impacto que produce su actividad extractiva en la población –dijo a CIPER.

Casi un mes antes del pronunciamiento de Contraloría sobre la gestión de recursos del municipio tras el terremoto, la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) había emitido un lapidario informe. Su destinatario: Minera Los Pelambres.

CAMIONESEn ese documento, fechado el 13 de octubre de 2016, la SMA formuló a la minera nueve cargos –cinco catalogados como “graves”– por diversas violaciones a las resoluciones de calificación ambiental que le dieron luz verde a su operación. Entre las infracciones se detectaron bombeos desde pozos donde la minera no contaba con derechos de agua establecidos, lo que podría “estar afectando los derechos de terceros” en la cuenca del estero Pupío, e incumplimientos de medidas de compensación asociadas a la reforestación de especies arbóreas (canelos, guayacanes y algarrobos), todas ellas diezmadas por la construcción del tranque de relaves El Mauro (ver documento).

La profesora Ana Leyton, directora del Centro Cultural del Choapa en Illapel, ha sido testigo de las transformaciones que introdujo en la década de los ’90 la actividad minera en toda la provincia. También es crítica respecto de los métodos que ha empleado Los Pelambres para implantar su faena e insertarse en la región:

–Nosotros somos sacrificados ambientales y esto fue decidido por las propias autoridades regionales de Coquimbo. Pelambres destruyó la vida agrícola en gran parte del valle. Dígame usted, ¿por qué tendría uno que estar agradeciéndole sus donaciones a una empresa extractivista que destruye el valle? –cuenta en conversación con CIPER.

MÁS ALLÁ DE SALAMANCA

Los históricos aportes de Minera Los Pelambres a la Municipalidad de Salamanca no son los únicos cuestionados por Contraloría. En mayo de 2015, el organismo emitió un informe que indagó en la relación entre la Gobernación de Choapa y la minera. En su investigación, el ente fiscalizador detectó que durante la administración del entonces gobernador, Iván Cisternas (RN), se suscribieron diversos convenios de colaboración con la compañía. El problema es que la Gobernación no tiene las facultades legales para hacerlo, pues ese rol le compete a la Intendencia (ver Nota de la Redacción).

En dos convenios se centraron los reparos del ente contralor: un programa de “seguridad pública” y otro de “seguridad ambiental”. Para ambos Los Pelambres allegó recursos a la gobernación con el propósito de que se contratara personal a honorarios para su funcionamiento, entre otros ítems. Entre las irregularidades detectadas por la Contraloría figura un abogado remunerado con dineros de la minera realizando labores distintas a las estipuladas en el convenio. También, obras de “ampliación y mejoramiento” del edificio de la gobernación. No hubo licitación para la ejecución de esas obras.

Minera Los Pelambres busca coordinar sus acciones con los diversos organismos públicos y privados y comunitarios preocupados del desarrollo y crecimiento de la provincia del Choapa, motivo por el cual otorgó el financiamiento de las obras ejecutadas en el inmueble de la gobernación con el objeto que los recursos humanos contratados con cargo al convenio de colaboración, tuvieran los equipamientos y espacios físicos necesarios para la ejecución de las tareas propias del convenio”, fue la respuesta del gobernador consignada en el informe (ver documento).

PELAMBRES1Los aportes financieros y nexos con políticos en las zonas donde Antofagasta Minerals (AMSA) tiene sus inversiones, han sido motivo de cuestionamientos y polémicas. La más bullada fue la renuncia a su cargo que debió presentar en junio de 2015 el entonces ministro Secretario General de la Presidencia, Jorge Insunza (PPD), tras conocerse que mientras era diputado le vendía a la minera del Grupo Luksic informes a cambio de un pago mensual de $2,2 millones. Insunza, quien presidió además la Comisión de Minería de la Cámara, reconoció que el trabajo que hacía para la minera a través de una consultora, venía desde antes de 2014, cuando asumió como diputado precisamente por el Distrito 9, correspondiente a las comunas de Salamanca, Illapel y Los Vilos, entre otras.

La minera también se ha involucrado en el financiamiento de campañas políticas en la región. Así lo reconoció el ex gobernador de Choapa, Iván Cisternas, a una radio de Salamanca a principios del año pasado. Cisternas acudió a las oficinas centrales de la minera en Santiago a pedir apoyo financiero, cuando se presentó en 2013 como candidato a diputado por el Distrito 9.

El gerente de Asuntos Públicos de AMSA, Andrés Morán, dijo a CIPER que la minera nunca ha recibido a candidatos en sus oficinas:

–Nosotros efectivamente hacíamos aportes a campañas políticas bajo la norma vigente en la época. Se hacían como aportes reservados de modo estrictamente legal. No me puedo hacer cargo de lo que dijo Iván Cisternas, porque no nos reunimos con candidatos para escuchar sus necesidades de financiamiento de campaña.

Pero Cisternas insistió en sus dichos en conversación con CIPER: “A mí me dieron $10 millones, por la vía legal a través del Servel”. Consultado respecto de cómo supo la identidad del donante de esos dineros si se trata de aportes reservados, afirmó:

-Cualquiera que te diga que no sabe de dónde vienen los millones te está mintiendo. Nadie los regala, llegan de algún lado de donde tú fuiste a pasar el sombrero. Yo fui a Pelambres, pedí plata, me dijeron ok, te vamos a depositar tanto, tal como le vamos a dar al resto”.

Iván Cisternas perdió la elección parlamentaria en 2013. Los dineros de la minera, esa vez, no bastaron.

NOTA DE LA REDACCIÓN: En el artículo original se dijo que los convenios entre la Gobernación de Choapa y Minera Los Pelambres habían sido suscritos bajo la administración del actual gobernador Álex Trigo. Fue un error, pues el convenio original data de 2010, como lo confirmó a CIPER la Gobernación de Choapa, cuando el gobernador era Iván Cisternas (RN). En abril de 2014, cuando el gobernador era Álex Trigo, se firmó una última adenda a ese convenio. Le pedimos excusas a nuestros lectores. Mónica González.

El negocio de la sequía II: Las redes políticas del “barón del aljibe” en el Biobío

Vea también: El negocio de la sequía: el puñado de empresas de camiones aljibe que se reparte $92 mil millones

Como ustedes saben, todos los problemas se vinieron a raíz del reportaje de CIPER, que fue un reportaje que nos perjudicó como empresa (…) Tenemos que cambiarle el rumbo al enfoque y eso significa que vamos a repartir estanques a familias (…) vamos a beneficiar con estanques de 200 y 500 litros (…) Con unos 100 estanques repartidos en la región le vamos a cambiar la cara a este reportaje perjudicial y de ser, según el reportaje, una empresa de lucro, pasamos a ser una empresa de lucro igual, pero una empresa que se preocupa de la gente.

La cita corresponde a un audio revelado el 6 de junio por el diario La Tribuna (Biobío). Allí se escucha a una ejecutiva de la sociedad Antártida de Chile,  dedicada a la distribución de agua potable en camiones aljibe y propiedad del empresario penquista Germán Faúndez Fuentes, instruir a un grupo de choferes repartir gratuitamente estanques de almacenamiento de agua a un centenar de vecinos de la región.

Entrega-de-aguaUna estrategia para sacudirse de un reportaje de CIPER publicado el 21 de marzo, en el que se reveló que de los $92 mil millones que el Estado ha invertido en los últimos siete años para contratar camiones aljibe que suministren agua a 400 mil personas, $23 mil millones habían ido a dar a manos de Germán Faúndez, a través de dos de sus empresas: Antártida de Chile y Transporte y Logística Chile.

Faúndez –quien desde al menos 2010 concentra el 25% del gasto fiscal a nivel nacional en este ítem– opera como el titular exclusivo de los millonarios contratos que la Intendencia del Biobío ha adjudicado para el reparto de agua en todas las comunas de la región (ver reportaje).

El reportaje de CIPER también provocó una reacción de la Intendencia del Biobío. A fines de mayo pasado, y por primera vez en los últimos siete años, el gobierno regional le adjudicó un contrato de transporte y distribución de agua potable a una empresa que no pertenece a Faúndez. A la Constructora Regional Chile y por $800 millones se le entregó el suministro de agua potable con camiones aljibe (por tres meses) a los vecinos de las comunas de Arauco, Lebu, Cañete, Los Álamos y Tirúa.

Ese contrato le significó a Faúndez perder cinco de las más de 40 comunas donde el millonario negocio de reparto de agua está bajo su control. La pérdida del monopolio no duró mucho tiempo. Un mes después de la adjudicación, el contrato con Constructora Regional fue revocado. La decisión fue confirmada a CIPER por autoridades de la Intendencia del Biobío, las que acusan a la empresa de “incumplimientos”. Los representantes de esa empresa declinaron referirse al tema.

Tras el abrupto término de ese contrato, la indagación de CIPER arroja que la distribución de agua potable en esas comunas fue reasignada a empresas de Germán Faúndez.

Faúndez, controlador de más de una decena de sociedades, la mayoría constituidas en los últimos cinco años, es un empresario influyente en la Octava Región. Desde hace varios años lidera la Federación de Empresarios de Transporte de Carga por Carreteras y la Asociación de Dueños de Transportadores de Contenedores de la Región del Biobío. Desde su posición de empresario y dirigente gremial, Germán Faúndez ha forjado vínculos con distintas autoridades de la región, entre los que destacan el diputado Cristián Campos (PPD) y el senador Alejandro Navarro (PAIS), ambos parlamentarios por la Octava Región.

Diputado Cristián Campos.
Diputado Cristián Campos.

Esas redes políticas le han dado frutos. En 2015, por ejemplo, Cristián Campos envió un oficio a la Contraloríapara que el órgano fiscalizador se pronunciara sobre los motivos por los que la Intendencia y el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) del Biobío, mantenían millonarias deudas (cerca de $7 mil millones) con dos empresas de Concepción: Transporte y Logística Chile, dedicada a la distribución de agua potable en camiones aljibe y de propiedad de Faúndez, e Inversiones Chile. El dueño de esta última, que opera en el rubro de la construcción y que figura con dos contratos por cerca de $1.000 millones con el Serviu regional, es el mismo Faúndez (ver el oficio).

-Faúndez me comentó que se había reunido con varias autoridades y que tenía un conflicto, porque se le adeudaban dineros por unos servicios que había prestado y, obviamente, así como hago tantos oficios para otras personas, también lo hice para él -puntualizó el diputado Campos a CIPER.

Cristián Campos -44 años y diputado desde 2010- ha tejido una vasta red de nexos políticos en la Región del Biobío, los que cruzan al Seremi de Transporte y llegan hasta la propia intendencia, donde su cuñada es jefa de Administración y Finanzas (también concejala PPD, el mismo partido de Campos, por Talcahuano), área que gestiona y fiscaliza los millonarios contratos con Faúndez para la distribución de agua potable en las cuatro provincias de la región.

FIN AL MONOPOLIO

El 31 de mayo pasado, la empresa Constructora Regional fue seleccionada por la Intendencia del Biobío para proveer el abastecimiento de agua en camiones aljibe en las comunas de Arauco, Cañete, Lebu, Los Álamos y Tirúa. En el portal Mercado Público aparece que esa empresa presentó su propuesta el 18 de mayo, quedando en evaluación junto a otras dos ofertas, una de ellas del empresario transportista Germán Faúndez.

Desde 2010 y hasta esa fecha, la totalidad de los contratos para la distribución de agua en la región –una de las más golpeadas por la crisis hídrica que desde hace años azota al país– fueron adjudicados por trato directo a dos empresas de propiedad del dirigente gremial Germán Faúndez: Transporte y Logística Chile y Empresas Antártida de Chile.

distribucion_agua_4Solo entre ambas concentraron más del 25% de los $92 mil millones que el Estado ha invertido a nivel nacional en los últimos siete años para enfrentar la falta de agua en 175 comunas de todo el país. Lo grave es que la indagación de CIPER indica que en esos mismos siete años la Intendencia del Biobío no ha ejercido control sobre los recursos invertidos para el pago de camiones aljibe en la región. Un ejemplo: según datos entregados por la propia intendencia a CIPER, en 2013 se gastaron $3.533 millones en el arriendo de camiones aljibe para abastecer a 45.341 personas con agua potable. Al año siguiente, el monto casi se duplicó –llegó a $6.562 millones–, pese a que el suministro solo cubrió a 41.784 personas, 3.500 menos que en 2013.

Tras la publicación de la primera parte de este reportaje, CIPER solicitó por Ley de Transparencia la copia de todos los contratos adjudicados por la Intendencia del Biobío a Germán Faúndez. La revisión de esos documentos arrojó nuevos datos.

La primera sorpresa fue que Faúndez no solo consolidó su monopolio sobre la distribución de agua potable con camiones aljibes a través de dos de sus empresas (Transporte y Logística Chile y Antártida de Chile). Desde septiembre de 2016, el empresario penquista opera en ese negocio del agua con una tercera sociedad: Tierra de Chile, constituida en agosto de 2015 con su esposa y su hijo, con un capital de $50 millones. El 21 de septiembre de 2016 la Intendencia y Tierra de Chile firmaron contrato para el reparto de agua durante tres meses (septiembre, octubre y noviembre), en 11 comunas de las provincias de Concepción y Arauco. El monto del contrato, entregado al margen de licitación pública, fue de $662,5 millones (ver documento).

En ese contexto, el ingreso de Constructora Regional al mercado rompía el histórico monopolio del clan Faúndez en el negocio del reparto de agua en el Biobío. El 30 de junio, sin embargo, la intendencia decidió rescindirles el contrato. CIPER consultó por los motivos de la decisión y la respuesta fue que la empresa no había acreditado una serie de exigencias, y que “algunos documentos se encontraban vencidos, tales como revisiones técnicas de los vehículos y certificados de sanitización” (ver respuesta de la Intendencia del Biobío).

Desde la intendencia señalaron que el contrato había sido readjudicado a la empresa que en el proceso original de postulación había quedado “en segundo lugar”: Tierra de Chile, propiedad de Germán Faúndez.

ALJIBES, CAMPAMENTOS Y ALDEAS

La nueva indagatoria de CIPER arrojó otras sorpresas respecto de sus contratos con instituciones del Estado. Además de hacerse del monopolio del lucrativo negocio de la distribución de agua potable en el Biobío, su especialidad son los “trabajos de emergencia” para organismos públicos. De ello da cuenta un contrato adjudicado por el Serviu a Inversiones Chile en noviembre de 2012 para la erradicación y cierre de 67 aldeas en varias comunas de la región. El monto: $1.140 millones, fondos que le fueron asignados por trato directo, al igual que los más de $23 mil millones transferidos a tres empresas de Faúndez desde la intendencia para el reparto de agua.

Germán Faúndez en una reunión en la Intendencia del Biobío.
Germán Faúndez en una reunión en la Intendencia del Biobío.

CIPER encontró además un segundo contrato entre Inversiones Chile y el Serviu regional: en agosto de 2013 se benefició de una licitación pública por $150 millones para la “Mantención y Reparación de Aldeas” en las comunas de Arauco, Cañete y Lebu (ver documento). A esa licitación, Faúndez se presentó señalando que su empresa, constituida dos años antes (junio de 2011), contaba con “amplia experiencia en trabajos de emergencia, tanto en aldeas como en campamentos, y otras tareas encomendadas por la Onemi”.

La “experiencia” invocada por Faúndez quedó en entredicho en la ejecución de los trabajos. La Contraloría levantó una serie de cuestionamientos que quedaron consignados en el informe con el que respondió al requerimiento ya mencionado del diputado Campos sobre las razones del no pago de deudas a dos empresas de Faúndez.  En ese informe (3 de noviembre de 2015) se señala que Inversiones Chile ejecutó los trabajos ordenados por el Serviu en noviembre de 2012 sin haber formalizado contrato alguno con la entidad pública.

“El Serviu de la Región del Biobío, durante el año 2013 utilizó los servicios de la empresa en análisis, sin formalizar administrativamente el respectivo requerimiento”, se lee en el informe.

No obstante operar al margen de la regulación administrativa, el 8 de julio de 2014 Inversiones Chile emitió una factura por $1.140 millones, la que fue aprobada por el Serviu del Biobío. Pero la factura no pasó los controles de la intendencia regional, responsable de allegar los fondos al Serviu para el pago. La razón: “La ausencia de un contrato de ejecución de obras en el que se establecieran los trabajos a desarrollar, la cantidad y el precio, entre otros, sin lo cual no era posible determinar el monto a pagar por las labores efectivamente ejecutadas”.

Tras el rechazo de la intendencia a finiquitar el pago, se procedió a verificar la ejecución de los trabajos. “Algunas aldeas no se encuentran erradicadas en su totalidad, quedando obras no terminadas”, fue una de las principales conclusiones del informe técnico realizado. En virtud de las carencias y errores en la ejecución del contrato, finalmente, Faúndez solo recibió $851 millones de los $1.140 millones que había facturado.

PADRINO POLÍTICO

Pamela Cortés Cisternas es jefa de Administración y Finanzas de la Intendencia del Biobío, una pieza clave en la gestión de los contratos del gobierno regional con proveedores. Uno de ellos es Germán Faúndez, con adjudicaciones por más de $23 mil millones. La indagación de CIPER indica que fue esa misma funcionaria quien notificó a los representantes de Constructora Regional el cese de su contrato a fines del mes pasado, lo que dio paso una vez más a la entrega de ese  trabajo a Faúndez.

Pamela Cortés (al centro), junto al diputado Campos (a su izquierda).
Pamela Cortés (al centro), junto al diputado Campos (a su izquierda).

Pamela Cortés es cuñada del diputado Cristián Campos (PPD), quien haciendo uso de sus facultades parlamentarias envió en 2015 un oficio a la Contraloría para destrabar los millonarios pagos que dos entidades públicas de la región adeudaban a Germán Faúndez. El vínculo de Campos y Cortés no es solo familiar. La jefa de Administración y Finanzas de la intendencia es también concejala PPD por Talcahuano y el diputado fungió como su “padrino político” durante la exitosa campaña que en 2016 la convirtió en autoridad edilicia de esa comuna de la Octava Región.

Pamela Cortés está emparejada con el Seremi de Transportes del Biobío, César Arriagada (PPD), un histórico colaborador de Cristian Campos. De hecho, Arriagada relevó a Campos en su rol como administrador de la Municipalidad de Hualpén, cuando el hoy diputado se postuló en 2009 al Congreso.

Fue precisamente en el ejercicio de sus labores como administrador municipal de Hualpén que Cristian Campos fue acusado por el Ministerio Público de apropiarse de dineros fiscales por la vía del pago de horas extraordinarias sin respaldo. Fue formalizado en agosto de 2014, cuando pactó con la Fiscalía la suspensión condicional del proceso, tras la devolución de $4,6 millones.

El diputado Cristián Campos fue consultado por CIPER sobre su relación con el empresario Germán Faúndez, calificada por varios actores importantes de la región como “fluida”. Junto con descartar un nexo “especial” con Faúndez, Campos afirmó:

-Lo que pasa es que conozco a todos los actores de la región. Él es el presidente del gremio de los camioneros, y si me pregunta por el presidente de la Cámara de Comercio también lo conozco. Los conozco a todos.

Respecto del oficio que envió a Contraloría solicitando respuesta por los millonarios pagos adeudados a Faúndez, Campos señala que en el ejercicio de su cargo es usual que reciba a personas de la región para conocer sus inquietudes:

Germán Faúndez (Fuente:  Revista Nos)
Germán Faúndez (Fuente: Revista Nos)

-Faúndez me pidió una audiencia. Yo atiendo lunes y viernes a todo el mundo, así que no tengo problema en hacer ese tipo de consultas y peticiones, más allá de la persona que lo esté solicitando. Usted puede revisar, he enviado cerca de 200 oficios consultando por cosas específicas para distintas personas que me lo han solicitado.

La página web de la Cámara de Diputados registra todas las audiencias públicas de Campos desde marzo de 2015 a la fecha (cumpliendo con el dictamen de la Ley de Lobby). En ese periodo no hay registro de que el diputado haya recibido a Germán Faúndez.

A pesar de no aparecer registrado en sus audiencias, el diputado Campos también afirmó a CIPER que algunas veces ha recibido al empresario Faúndez acompañado de Juan Araya (presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones), quienes le plantearon el tema “del impuesto específico” y que, en el último tiempo, había escuchado su postura sobre “el tema del cobro de los peajes, de cómo eso afecta la actividad que ellos realizan”.

Cristián Campos insistió que no tiene mayor vínculo con Faúndez, aunque dijo conocerlo incluso desde antes de que fuese electo diputado (2009). Versiones recogidas por CIPER señalan haberlos visto comiendo junto a otras personas en el “Tiralomo”,  una conocida parrillada de Concepción:

-Yo he ido a reuniones con Germán, pero también con otros empresarios del mismo sector, Marcos Vergara, por ejemplo, que lo conozco muy bien y que es del mismo rubro. No tengo problema en decir que como Concepción es tan chica, las reuniones se han hecho en mi oficina o en un restorán.

PARA EVENTOS SOLIDARIOS RECURRIMOS A ÉL

El senador por la Octava Costa, Alejandro Navarro (PAIS), conoce a Germán Faúndez desde aproximadamente una década. “Esporádicamente, en temas especiales que tienen que ver con eventos solidarios en beneficio de los  habitantes de la región, recurrimos a él”, dijo a CIPER.

Senador Alejandro Navarro.
Senador Alejandro Navarro.

A fines de 2014, el senador hizo entrega de sillas de ruedas en Concepción y Chillán, las que fueron donadas a la comunidad por una fundación estadounidense. En el acto de entrega en Chillán, el senador agradeció a Germán Faúndez: “Las sillas fueron traídas desde Estados Unidos y gracias al apoyo del dirigente Germán Faúndez, presidente de la Federación de Transportistas de la Región del Biobío, llegaron hasta acá”, dijo en esa oportunidad.

Navarro, a su vez, ha apoyado causas del dirigente transportista en varias instancias. Figura junto a Faúndez en una demanda por $150 millones –a la que también se sumó la Asociación de Defensa de los Derechos de los Consumidores del Biobío– contra la sociedad Camino de la Madera, por el mal estado de la carretera del mismo nombre que está bajo su concesión. También, desde al menos 2011, ha acusado la existencia de un “cartel del combustible” en la Región del Biobío, problema que fue tratado en una sesión especial del Senado el 19 de abril de 2012. Al día siguiente, en Concepción, Navarro dio una vocería junto a Germán Faúndez donde criticaron “la fijación y regulación de precios”.

Meses antes, en diciembre de 2011, Navarro y Faúndez se habían reunido para “dar a conocer los beneficios de la aprobada ley de reintegro de impuesto específico del petróleo diesel para empresas de transporte de carga”, según la propia página web del senador (ver aquí).

Consultado respecto de los millonarios dineros transferidos por la intendencia a empresas ligadas a Faúndez para el reparto de agua en camiones aljibe, Navarro señaló: “He sido crítico de esa transferencia”.

Aun así, el senador Navarro acompañó en 2015 a Faúndez y otros transportistas a una reunión con el intendente del Biobío, Rodrigo Díaz Worner, para que el organismo público acelerara los pagos que se le adeudaban al empresario por trabajos de distribución de agua. “Fui a esa reunión para evitar un corte del servicio producto del no pago”, señaló a CIPER.